TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

El objeto del presente convenio es establecer y desarrollar un marco de colaboración entre el Tribunal Constitucional del Reino de España y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en línea de continuidad con el convenio de 23 de septiembre de 2015.

Tres años, prorrogables previo acuerdo de las partes.

Sin obligaciones económicas, salvo los costes de las actuaciones que cada parte deba realizar.

Establecer las condiciones en las que estudiantes de la UCM realizarán un programa de prácticas externas así como del Trabajo de Fin de Grado/Máster (en adelante TFG/TFM) de cualquier enseñanza impartida por la Universidad Complutense de Madrid, tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo en el Tribunal Constitucional, así como de acuerdo con lo manifestado en la memoria justificativa que acompaña al presente convenio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

La duración del presente convenio se circunscribe al curso académico 2018-2019

La creación del marco de actuación institucional entre las dos partes firmantes, que permita el impulso de servicios públicos electrónicos del Tribunal Constitucional, a través de la extensión al ámbito de competencias del Tribunal Constitucional de la Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM para su uso por las diferentes Administraciones.

4 años, desde el día 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2022

Promover la cooperación institucional de acuerdo con las leyes y reglamentos propios, con el propósito de seguir desarrollando, mejorando los procedimientos jurisdiccionales y comprensión del interés mutuo con respecto a las cuestiones jurisdiccionales existentes

Indefinido

Deposito y conservación en el Archivo del Tribunal Constitucional de documentación privada de don Francisco Rubio Llorente

Indefinido

Promover el intercambio y la cooperación bilateral, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, con el propósito de alcanzar un mayor desarrollo de ambas instituciones, de mejorar los procedimientos jurisdiccionales y de ampliar los conocimientos de mutuo interés.

Cooperación interbibliotecaria.

Cuatro años. Podrá ser renovado, por períodos sucesivos de igual duración, mediante acuerdo expreso de las partes.

Editar de manera conjunta la obra "Democracia constitucional y diversidad cultural" (Actas de las XXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional), en la colección “Cuadernos y Debates” del CEPC

Hasta el 31 de diciembre de 2017 y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en la coedición de la obra.

El TC y el CEPC abonarán al 50 % el coste de esta coedición, hasta una cantidad máxima de dos mil quinientos euros (2.500 euros), IVA incluido.

La integración del Tribunal Constitucional como usuario del Servicio LexNET para permitir la interacción telemática y el envío de documentos electrónicos entre el Tribunal Constitucional y los operadores jurídicos que intervengan en los procedimientos que se tramitan ante el mismo, así como entre el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales radicados en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia y, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia que sean usuarios de LexNET.

Hasta el 31 de diciembre de 2017, pudiendose acordar de manera expresa y unánime su prórroga por un periodo máximo de cuatro años, si ninguna de las partes lo denunciara, lo que se comunicará con 2 meses de antelación a la fecha en que se pretenda dar por finalizado.

El presente convenio no comporta gastos ni obligaciones financieras para las partes en el momento de su firma.

Establecer las bases generales de cooperación recíproca entre las partes para definir los niveles de coordinación, colaboración e intercambio conjunto en temas de justicia constitucional, control de convencionalidad, protección de los derechos humanos, entre otros. Asimismo ejecutar todo tipo de actividades de interés común que coadyuven al desarrollo y fortalecimiento de ambos sistemas jurisdiccionales, al perfeccionamiento de sus recursos humanos y a la modernización de los servicios de la justicia constitucional en los países a que pertenecen ambas instituciones.

Tres años, prorrogables por iguales periodos, salvo expresión contraria de algunas de las partes.

Sin obligaciones económicas, salvo los costes de las actuaciones que cada parte deba realizar.

Establecer líneas de colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Tribunal Constitucional para la realización de las prácticas académicas externas de los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos, en la sede del Tribunal Constitucional.

Anual, prorrogándose automáticamente para años sucesivos, de no existir manifestación en contrario por alguna de las partes.

Sin obligaciones económicas, salvo los costes de las actuaciones que cada parte deba realizar.

Cesión gratuita por la Universidad de Murcia del software de digitalización certificada “FACTUM” y del software “Archivo de Oficina”, así como los componentes y colaboración que sean necesarios para su correcto funcionamiento

Bienal, prorrogable tácitamente por períodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes

En su caso, el Tribunal Constitucional asumirá los costes de desplazamiento del equipo técnico de la Universidad de Murcia responsable del soporte, para la integración, formación y análisis de las aplicaciones antes indicadas

Editar de manera conjunta la obra “El derecho a la privacidad en un nuevo entorno tecnológico” (Actas de las XX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional), en la colección “Cuadernos y Debates” del CEPC

Hasta el 31 de diciembre de 2016 y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en la coedición de la obra

El TC y el CEPC abonarán al 50 % el coste de esta coedición, hasta una cantidad máxima de tres mil cuatrocientos cincuenta euros (3.450 euros), IVA incluido

Establecer y desarrollar un marco de colaboración para la realización de actividades relacionadas en el ámbito de sus competencias, tales como el intercambio de información y documentación, la colaboración en publicaciones, el asesoramiento técnico y la realización de seminarios, jornadas o eventos.

Tres años, prorrogables previo acuerdo de las partes.

Sin obligaciones económicas, salvo los costes de las actuaciones que cada parte deba realizar.

Establecer y desarrollar un marco de colaboración para la realización de actividades relacionadas en el ámbito de sus competencias, tales como el intercambio de información y documentación, la colaboración en publicaciones, el asesoramiento técnico y la realización de seminarios, jornadas o eventos.

Tres años, prorrogables previo acuerdo de las partes

Establecer y desarrollar un marco de colaboración para la realización de actividades relacionadas en el ámbito de sus competencias, tales como el intercambio de información y documentación, la colaboración en publicaciones, el asesoramiento técnico y la realización de seminarios, jornadas o eventos.

Tres años, prorrogables previo acuerdo de las partes.

Sin obligaciones económicas, salvo los costes de las actuaciones que cada parte deba realizar.

Dos estancias prácticas en el Servicio de Doctrina Constitucional en el marco del Programa Erasmus.

Prorrogado a los cursos académicos 2016/17 y 2017/18, con posibilidad de prórroga a futuros años académicos.

Sin obligaciones económicas.

Colaboración documental y jurisprudencial.

Un año, prorrogable anualmente por acuerdo expreso.

Sin obligaciones económicas.

Servicio de alojamiento de página web y del “fichero de asociados” para su tratamiento y adopción de medidas de seguridad.

Un año, prorrogable anualmente, salvo denuncia.

Sin obligaciones económicas.

Cesión de los derechos de uso de la imagen de la sede del Tribunal Constitucional diseñada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Indefinido.

Sin obligaciones económicas.

Coedición de la Jurisprudencia constitucional en papel, en CD Rom y mediante acceso en internet.

Un año, prorrogable anualmente, salvo denuncia.

Abono por el Tribunal Constitucional del coste de los ejemplares entregados por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Aplicación de la Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM.

Cuatro años, prorrogable hasta dos años más.

28.552,05 € anuales (servicios básicos), incrementado en el 85% del IPC del mes de diciembre de 2012.

Cesión del uso del software de @firma para la prestación de servicios de validación y firma electrónica.

Indefinido.

Sin obligaciones económicas.

Realización de prácticas en el marco del Practicum del Master de Gobernanza y Derechos Humanos.

Un año, prorrogándose anualmente salvo denuncia.

Sin obligaciones económicas.

Conexión a la Red SARA, acceso a los servicios de verificación de datos de identidad y residencia de ciudadanos, servicios de validación y firma electrónica @firma y servicios de Dirección Electrónica única y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras

Tres años con prórrogas anuales automáticas, salvo denuncia de una de las partes

Establecimiento de una relación de cooperación entre ambas jurisdicciones.

Indefinido.

Sin obligaciones económicas.

Establecimiento de una relación de cooperación entre ambas jurisdicciones

Indefinido

Sin obligaciones económicas

Intercambio de conocimientos y de estudios a través de visitas recíprocas de Magistrados constitucionales y creación de becas de estudio para Letrados y funcionarios asimilados.

Cinco años, prorrogable anualmente, salvo denuncia.

Los gastos de viaje serán a cargo del Tribunal al que pertenezcan los visitantes. Los gastos de estancia de los Magistrados serán de cargo del Tribunal de visita. Las becas de estudio serán a cargo del Tribunal de visita por el importe a fijar en el correspondiente programa anual.

Instituir el “Premio Francisco Tomás y Valiente de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional”

Un año, prorrogable anualmente, salvo denuncia