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Las solicitudes de acceso a la información, cuyo contenido es accesible en el apartado correspondiente a “Resoluciones dictadas”, han versado sobre una variada tipología de materias, siendo las más frecuentes las que se indican a continuación: a) Información sobre la tramitación y resolución de concretos procesos constitucionales; b) Información relativa a los datos profesionales, retributivos y/o estatutarios de los miembros del Tribunal Constitucional, del personal a su servicio y de los Magistrados eméritos; c) Información y asesoramiento para promover denuncias, acciones en la vía judicial ordinaria o para iniciar procesos constitucionales; d) Información y datos estadísticos sobre los distintos procesos constitucionales; e) Información sobre actos institucionales o conmemorativos; f) Información sobre la identificación y condiciones de utilización de las sentencias del Tribunal Constitucional; g) Información sobre la cancelación de datos personales en las resoluciones publicadas en la página web del Tribunal Constitucional; h) Información sobre el acceso a las notas de prensa del Tribunal Constitucional; i) Información sobre la jurisprudencia constitucional existente en determinada materia.

Como queda reflejado en el párrafo anterior, una de las materias sobre las que se ha hecho un mayor número de solicitudes es la relativa a la información sobre la tramitación, resoluciones, actuaciones y documentos de concretos procesos constitucionales. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el derecho de acceso a la información pública, que regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, está previsto exclusivamente en relación con las actividades del Tribunal Constitucional sujetas al derecho administrativo [art. 2.1.f) Ley 19/2013], de manera que no se extiende a la información sobre la tramitación, resoluciones, actuaciones y documentos relativos a los distintos procesos constitucionales de los que conoce el Tribunal Constitucional en el ejercicio de su función jurisdiccional, la cual debe dirigirse, a través del correspondiente representante procesal, a las Secretarias de Justicia del Tribunal Constitucional.

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