Una delegación del Tribunal Constitucional ha participado en la XI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), un foro de colaboración en el que participan representantes de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de los 22 países de habla española y portuguesa que lo integran. En la undécima edición del encuentro, que ha tenido lugar del 28 de junio al 1 de julio en Perú, ha participado una representación del Tribunal Constitucional encabezada por su Presidente, Francisco Pérez de los Cobos, e integrada por la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, y por el Magistrado Pedro González-Trevijano. Este último ha sido nombrado nuevo Secretario Permanente de la conferencia, cargo que ocupaba desde 2012 Francisco Pérez de los Cobos.
Bajo el título "Estado constitucional y desarrollo económico", los participantes en la Conferencia han tenido la ocasión de debatir, entre otros asuntos, sobre los principios constitucionales que rigen la constitución económica y las garantías fundamentales del régimen económico; sobre la jurisdicción constitucional y sus efectos en el desarrollo económico; y sobre la incidencia del medioambiente o la dinámica de género en el régimen económico.
La ponencia inaugural ha corrido a cargo del Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quien ha destacado que uno de los mayores retos a los que en la actualidad se enfrenta el constitucionalismo es el de definir el papel de la Constitución y de las instituciones, incluidos los tribunales, en la economía; y hacerlo desde una perspectiva que incluya, por su enorme importancia, la protección del medio ambiente.
La Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, ha sido la encargada de moderar el panel titulado "Dinámica de género y su incidencia en el régimen económico"; por su parte, el Magistrado Pedro González-Trevijano ha moderado la mesa "Estado y régimen económico".
En la Declaración Final, los miembros de la Conferencia han expresado su compromiso para "garantizar la primacía normativa de sus respectivas Constituciones y los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos", siempre desde la diversidad de los modelos económicos existentes en los distintos estados iberoamericanos y desde el respeto a la esfera de competencia de cada legislador.
Enlace a la Declaración Final
Asimismo, declaran que "corresponde a la justicia constitucional tutelar los derechos económicos, sociales y culturales de las presentes y futuras generaciones, que se sustentan en la armonización del crecimiento económico con el desarrollo humano y el uso de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, haciendo posible el desarrollo sostenible de nuestras sociedades".
La Conferencia acogió el ofrecimiento de Panamá para albergar la celebración de este encuentro dentro de dos años.
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