TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Present​ación

Cándido Conde-Pumpido Tourón

La Memoria de actividades que, por cuarto año consecutivo, tengo el honor de presentar, me permite trasladar a la sociedad española y a las instituciones del Estado una visión muy completa de las principales actuaciones llevadas a cabo por el Tribunal Constitucional del Reino de España a lo largo de 2025 y, más en concreto, de su labor jurisdiccional.

De esta forma, queremos acercar las actividades de nuestra institución a todos aquellos que tengan interés en saber cómo el Tribunal Constitucional cumple con la alta misión que le encomienda la Constitución española.

En estas primeras palabras de presentación de la Memoria me gustaría recordar las directrices que han guiado mi mandato como Presidente del Tribunal Constitucional.

El primer gran objetivo que me marqué cuando fui elegido presidente, en el mes de enero de 2023, fue el de que el Tribunal cumpliera en plenitud el papel que le otorga el título IX de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, resolviendo los procedimientos constitucionales en un plazo razonable.

El segundo gran objetivo que me propuse fue el de trabajar denodadamente para que el Tribunal Constitucional resultase verdaderamente útil, tanto para la ciudadanía española como para los poderes públicos, a través de una eficaz y eficiente impartición de la justicia constitucional, con atención prioritaria a aquellos asuntos de relevante impacto social.

Por último, quise también impulsar resueltamente un proceso íntegro de modernización, apertura y transparencia, tanto interno, en la tramitación y resolución de los procedimientos, como de puertas hacia afuera.

Aludimos a la consecución de estos tres objetivos con la expresión «Plan de choque» y, durante el pasado año 2025, hemos seguido avanzando en la senda iniciada en 2023, al comienzo de mi presidencia, con la puesta al día en la resolución de los procedimientos constitucionales.

Constituye para mí un orgullo anunciar que el esfuerzo realizado ha dado sus frutos y que, por tercer año consecutivo, el Tribunal Constitucional del Reino de España ha ido reduciendo paulatinamente el número de asuntos pendientes y ha avanzado resueltamente en la resolución de los procedimientos constitucionales, ya sean estos recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, ya sean recursos de amparo, habiéndose dictado durante estos últimos tres años más de 500 sentencias.

El objetivo final siempre ha sido el mismo, es decir, por un lado, reducir notablemente el tiempo que se invierte en resolver sobre la admisión o inadmisión de los recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad y, por otro, dedicar una mayor atención a la creación de jurisprudencia sobre aquellos aspectos novedosos que se hayan podido producir en materia de derechos fundamentales y libertades públicas y que estuvieran carentes, a día de hoy, de una jurisprudencia constitucional consolidada, sin olvidar, como es obvio, la importancia primordial que revisten los recursos de inconstitucionalidad de las leyes.

Para finalizar estas primeras palabras introductorias, no podemos dejar de aludir al gran éxito que para nuestro Tribunal, y para España en general, supuso la celebración en Madrid, el pasado mes de octubre, del Sexto Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, dedicado al estudio y debate de «Los derechos fundamentales de las generaciones futuras». Congreso que fue brillantemente clausurado por su S. M. el Rey de España.

* * *

Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, el Tribunal registró la presentación de 9.089 recursos de amparo, habiéndose admitido a trámite cincuenta y nueve e inadmitido 9.336. Por otra parte, durante el pasado año se han dictado, por el Pleno y las salas, una declaración en requerimiento sobre la constitucionalidad de tratados internacionales, 192 sentencias, 122 autos y 9.620 providencias.

Centrándonos en la actividad jurisdiccional, cabe mencionar, en primer lugar, las doce sentencias dictadas por el Pleno en relación con la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. En lo esencial, la doctrina al respecto se sentó en la STC 137/2025, de 26 de junio, a la que se formularon cuatro votos particulares.

En la STC 137/2025, el Pleno del Tribunal descartó el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y subsidiaria de suspensión del proceso hasta tanto se resuelvan las suscitadas en relación con la Ley Orgánica de amnistía. En particular, porque la ausencia de correlación entre el objeto del juicio abstracto de constitucionalidad requerido al Tribunal a través del recurso de inconstitucionalidad (juicio de validez) y la eventual inaplicabilidad de la norma, supuesta su incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea (juicio de aplicabilidad), conducía a no apreciar la pertinencia del reenvío.

Entrando en el fondo de los problemas planteados, la STC 137/2025 incardinó el otorgamiento de la amnistía en el ejercicio de la potestad legislativa reconocida a las Cortes Generales, quienes pueden regular cualquier materia que la Constitución no les prohíba explícita o implícitamente, como es el caso de la medida controvertida. La sentencia hizo hincapié en que la ausencia de referencias a la amnistía en la ley fundamental no puede identificarse sin más con su prohibición. Examinada la cuestión desde la perspectiva de la regulación constitucional de las medidas de gracia, la STC 137/2025 subrayó que indultos y amnistías son instituciones jurídicas distintas: aquellos extinguen total o parcialmente una pena ya impuesta y son otorgados por el jefe de Estado; estas extinguen la responsabilidad penal y solo pueden ser concedidas por el legislador. De modo que la prohibición constitucional expresa de otorgar indultos generales no puede extenderse a la amnistía, medida no equivalente.

En el caso concreto de la Ley Orgánica 1/2024, la sentencia no apreció que en su tramitación parlamentaria se hubiera incurrido en ninguna irregularidad invalidante. Descartó igualmente la aplicabilidad de la doctrina constitucional relativa a las leyes singulares, al no tratarse de una norma legal que realice funciones materialmente administrativas, ni hurte el ejercicio de la función jurisdiccional a jueces y magistrados. No compartió el Pleno la caracterización de la medida controvertida como autoamnistía contraria al artículo 102.3 de la Constitución y puso el acento en la exigencia de que la amnistía responda a una situación excepcional cuya apreciación motivada corresponde al legislador; en este caso, la crisis política y constitucional vivida en Cataluña en el período en el que se desarrolló el proceso secesionista.

Por todo ello, la STC 137/2025 descartó la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica. A mayor abundamiento, concluyó que la Ley Orgánica 1/2024 no vulneró la reserva de jurisdicción, porque no entra en las funciones de cognición y ejecución, sino que extingue las consecuencias punitivas de determinados hechos ilícitos cometidos en el pasado, sin alterar su carácter antijurídico ni cuestionar las declaraciones de culpabilidad existentes.

La sentencia declaró inconstitucional la delimitación legal del ámbito objetivo de aplicación de la amnistía en cuanto que excluía, sin una explicación objetiva y razonable, los actos ilícitos que, estando comprendidos entre aquellos que pudieran beneficiarse de la medida, se hubieran llevado a cabo con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña o a la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 o el 1 de octubre de 2017. La reparación de la lesión constitucional se concretó en la extensión a estos supuestos de la aplicabilidad de la amnistía.

También se declaró la nulidad del precepto legal que prolongaba indefinidamente el ámbito temporal de las conductas susceptibles de beneficiarse de la medida. La STC 137/2025 puso de relieve que esta previsión equivalía a la habilitación para continuar desarrollando un comportamiento ilícito ya iniciado.

Finalmente, la sentencia estableció la interpretación conforme de la regulación legal del procedimiento aplicable a las resoluciones administrativas de exigencia de responsabilidades sancionadoras o contables. Concretamente, la STC 137/2025 dispuso que la previsión de audiencia en ese procedimiento del Ministerio Fiscal y de las entidades públicas perjudicadas no excluye la preceptiva intervención del resto de partes.

En proceso de inconstitucionalidad, la STC 63/2025, de 12 de marzo, a la que se formuló un voto particular, declaró la nulidad del precepto del Reglamento del Senado que atribuía a la mesa de la Cámara la potestad para decidir sobre la aplicación del procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley. Esta sentencia concluyó que la controvertida reforma del reglamento parlamentario contravenía lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Constitución, donde el término «proyectos de ley» debe entenderse referido al conjunto de iniciativas parlamentarias que eventualmente concluyan con la aprobación de una ley.

También en procesos de inconstitucionalidad destacan las sentencias en las que se enjuiciaron diversas normas legales relativas al derecho a la vivienda. Es el caso de las SSTC 25/2025, de 29 de enero —que declaró la nulidad del precepto legal autonómico que prevé la expropiación-sanción por incumplimiento de la función social de la vivienda—; 26/2025, de 29 de enero —que declaró la nulidad parcial de los preceptos de la Ley por el derecho a la vivienda que regulan la inadmisión de demandas de desahucio cuando el actor tenga la condición de gran tenedor—; 64/2025, de 13 de marzo —que confirmó la constitucionalidad del precepto legal autonómico que supedita la posibilidad de destinar viviendas para uso turístico a la previsión expresa en el planeamiento urbanístico y la obtención de licencia administrativa previa—; y 190/2025, de 16 de noviembre, que declaró la constitucionalidad de las previsiones de la Ley por el derecho a la vivienda relativos al régimen de las viviendas dotacionales públicas y a los requisitos de admisibilidad de las demandas de desahucio presentadas por quienes tengan la condición de grandes tenedores de vivienda.

El año 2025 ha sido también el de la tercera declaración del Tribunal Constitucional en respuesta a un requerimiento, en este caso formulado por el Senado, acerca de la constitucionalidad de un tratado internacional. La denegación del Congreso a autorizar la prestación del consentimiento al Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023, uno de cuyos preceptos se cuestionaba, determinó la pérdida sobrevenida de objeto del proceso constitucional y su consiguiente extinción.

En lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, destacan las ochenta y seis sentencias en las que este Tribunal resolvió otros tantos recursos de amparo de madres en familias monoparentales que solicitaban disfrutar de la prestación por nacimiento y cuidado de hijo menor en los términos que había establecido anteriormente la STC 140/2024, de 6 de noviembre. En la práctica totalidad de estas sentencias se preservó el derecho que asistía a las demandantes de amparo a disfrutar de su permiso, ampliando su duración hasta comprender el tiempo que correspondería al otro progenitor, caso de existir.

En dos sentencias (SSTC 126/2025, de 9 de junio, y 154/2025, de 6 de octubre), el Tribunal otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la vida respecto de sendas investigaciones de muertes violentas que no habían satisfecho el canon exigido por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este mismo Tribunal acerca del deber de suficiencia en la averiguación de los hechos. En otras dos (SSTC 86/2025, de 7 de abril, y 188/2025, de 15 de diciembre), se estimaron los recursos formulados por quienes no habían podido instar adecuadamente un habeas corpus porque no les fueron proporcionados los elementos esenciales de su privación de libertad con los que poder contradecir la medida cuestionada.

En la STC 161/2025, de 7 de octubre, se otorgó el amparo a quien había visto lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, como consecuencia de una interpretación rigorista del ámbito de cognición de un proceso contencioso-administrativo. El órgano judicial a quo limitó ese ámbito a la cuestión y alegaciones formuladas por la parte actora en la demanda, impidiendo que la parte codemandada invocara argumentos nuevos en defensa de la legalidad del acto administrativo impugnado. También en relación con el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cabe destacar la STC 184/2025, de 2 de diciembre, donde el Pleno, con dos votos particulares parcialmente discrepantes, declaró vulnerado el derecho a la legalidad sancionadora de un alumno de la Escuela Nacional de Policía y acordó la nulidad del precepto reglamentario donde, sin cobertura legal suficiente, se tipificaba el ilícito cuya comisión había dado lugar a la imposición de la sanción controvertida.

En materia parlamentaria, el Tribunal dictó tres sentencias sobre el estatuto jurídico del diputado no adscrito en asambleas legislativas autonómicas (SSTC 14/2025 y 15/2025, de 27 de enero, y 167/2025, de 17 de noviembre) y una sobre diputados del grupo mixto (STC 97/2025, de 28 de abril). En dos sentencias se desestimaron sendos recursos de amparo en los que se controvertían las conclusiones alcanzadas por una comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados, al no apreciar en ellas lesión alguna del derecho al honor y de las garantías procesales o del derecho a la presunción de inocencia como regla de trato (SSTC 107/2025 y 108/2025, de 12 de mayo). En otras tres sentencias se confirmó la constitucionalidad de la convalidación de decretos-leyes autonómicos por la diputación permanente de la asamblea legislativa correspondiente en un contexto de pandemia (SSTC 40/2025, de 11 de febrero, dictada en un recurso de inconstitucionalidad y 52/2025 y 53/2025, de 10 de marzo, dictadas en procesos de amparo; a todas ellas se formuló algún voto particular). En fin, en una se amparó a una diputada que había sido dada de baja en su grupo parlamentario como consecuencia de la expulsión del partido en cuyas listas había concurrido a las elecciones, siendo así que esta sanción no estaba contemplada en el reglamentario parlamentario (STC 167/2025, de 17 de noviembre); y en otra se amparó a un diputado a quien se había impedido la formulación de una pregunta con respuesta oral en Pleno de manera contradictoria con los precedentes existentes en la Cámara (STC 171/2025, de 17 de noviembre).

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Entrando ahora en el ámbito de la actividad institucional y representativa, durante el año 2025 este Tribunal ha llevado a cabo una actividad muy intensa, tanto a nivel nacional, como internacional.

Desde una perspectiva nacional, el Tribunal Constitucional y yo mismo, como Presidente, hemos mantenido excelentes relaciones de colaboración con todos los órganos e instituciones del Estado, participando en diversos actos y eventos.

Por citar sólo algunos de los más relevantes, el 5 de marzo conmemoramos en la sede de nuestro Tribunal el Día Internacional de la Mujer, mediante la celebración de un acto institucional en reconocimiento de los logros de las mujeres en la historia. Este acto se concibe como una reivindicación del papel protagonista que las mujeres juristas han tenido y siguen teniendo en el avance de la igualdad de género y de la democracia en todo el mundo, gracias a trayectorias prestigiosas y altas posiciones jurisdiccionales. En esta ocasión contamos con la presencia como invitada de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Nancy Hernández.

Asimismo, el 18 de marzo de 2025 el Tribunal Constitucional celebró un Pleno extraordinario en la ciudad de Cádiz. La reunión tuvo lugar concretamente en el Oratorio de San Felipe Neri, donde el 19 de marzo de 1812 las Cortes de Cádiz habían aprobado la primera Constitución propiamente española, conocida popularmente como la Pepa. Este Pleno extraordinario se enmarca en el afán del Tribunal de acercar nuestra institución al pueblo español, titular de la soberanía nacional de la que emanan todos los poderes del Estado.

Sin dejar el ámbito interno, tuve el honor de participar en la Conmemoración del XL Aniversario del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Un acto que estuvo presidido por Su Majestad el Rey de España y que se celebró en el Palacio Real.

En el mes de septiembre asistí a la ceremonia de entrega del premio «Nueva Economía Fórum al Desarrollo Económico y Social» otorgado al presidente del Consejo Europeo, don Antonio Costa.

Y en el mes de noviembre se celebraron en Tarragona las XXXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, que este año estuvieron dedicadas al estudio de la «Inteligencia artificial y derechos fundamentales» y cuya sesión inaugural tuve el honor de presidir.

Si nos detenemos ahora en el ámbito internacional, lo primero que quiero decir es que, por su propia proyección internacional, europeísta e impulsora de los derechos fundamentales y libertades públicas, el Tribunal Constitucional español ha continuado durante este último año con su activa participación en diferentes foros, conferencias y cumbres, profundizando así en nuestras relaciones con otros tribunales homólogos e instituciones relacionadas.

En enero acudimos a Estrasburgo con motivo de la apertura solemne del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución con la que este Tribunal mantiene una estrecha vinculación.

Asimismo, cabe destacar nuestra asistencia al XXIX Congreso Mundial del Derecho organizado por la World Jurist Association y celebrado en el mes de mayo en la República Dominicana, con la presencia de Su Majestad el Rey de España.

En el mes de septiembre participamos activamente en la conferencia internacional EUnited in Diversity III, celebrada en Sofía (Bulgaria), encuentro de magistrados que cada tres años organiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objeto de intercambiar de forma cercana inquietudes, opiniones y sugerencias entre magistrados del Alto Tribunal de Luxemburgo y magistrados de los distintos tribunales constitucionales de los estados miembros de la Unión Europea, fomentando con ello el debate y el diálogo recíprocos.

Ese mismo mes de septiembre, correspondiendo a una invitación formal, mantuvimos un encuentro bilateral con el Tribunal Constitucional de la República Checa, en la ciudad de Brno.

En el mes de noviembre, en París, celebramos la VI Reunión Cuatrilateral de las Jurisdicciones Constitucionales de España, Francia, Italia y Portugal, en la que abordamos el tema «Los Tribunales Constitucionales frente a las críticas del gobierno de los jueces».

En el área iberoamericana y, en especial, en materia de cooperación internacional, como es conocido, nuestro Tribunal se ha mantenido muy activo. En tal sentido se ha continuado trabajando intensamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organizando un seminario en Cartagena de Indias (Colombia), que versó sobre «El control de constitucionalidad y de convencionalidad en la lucha contra la discriminación de los colectivos vulnerables»; y dos seminarios más en Montevideo (Uruguay) sobre «La víctima del delito desde la perspectiva constitucional» y «La diversidad idiomática en la justicia».

Desde otra perspectiva, durante el pasado año hemos recibido también numerosas visitas institucionales de tribunales Constitucionales de otros estados, en esa búsqueda constante de intercambio de experiencias.

Un ejemplo de ello son las visitas institucionales al Tribunal de las delegaciones del Tribunal Constitucional de Mongolia y del Tribunal Constitucional de Chile. En el marco de dichas visitas, se firmó un convenio de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero si, como ya se ha dicho, hemos de destacar por encima de los demás un evento internacional que ha marcado la historia del Tribunal Constitucional, ese ha sido sin duda la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que celebramos en Madrid del 28 al 30 de octubre, bajo el título «Los derechos humanos de las generaciones futuras».

Durante tres días, más de 300 participantes, representantes de 85 tribunales y cortes constitucionales, nos reunimos en la capital de España para tratar cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, el acceso al conocimiento científico y las nuevas tecnologías y la independencia de los tribunales constitucionales y su proyección para las nuevas generaciones.

Además, en el marco del Congreso, se firmaron otros dos convenios de cooperación. Uno con el Tribunal Constitucional de Perú y, el otro, con el Tribunal Constitucional de Kazajistán.

El Congreso finalizó con un «Comunicado de Madrid» en el que se destacó que las amenazas a la independencia de los tribunales constitucionales no son ni hipotéticas, ni aisladas y se reafirmó que la justicia constitucional sólo puede cumplir su función cuando se garantiza plenamente la autonomía y la independencia de los tribunales constitucionales como condición indispensable para garantizar la supremacía de la Constitución.

Como ya hemos dicho, este Congreso contó con una altísima representación de los tribunales y cortes constitucionales de todo el mundo y fue solemnemente clausurado por Su Majestad el Rey de España el 30 de octubre de 2025.

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El Gabinete de Prensa, integrado en el Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional, es el órgano encargado de diseñar, coordinar y ejecutar la comunicación pública e institucional del Tribunal Constitucional. En 2025 ha continuado con su objetivo de dar a conocer la actividad jurisdiccional e institucional de nuestro Tribunal bajo los principios de neutralidad, igualdad, rigor informativo, transparencia y rapidez.

Una de sus principales funciones es la publicación de notas de prensa. En este 2025 se han elaborado 107 notas de prensa con lo que, por noveno año consecutivo, se supera el centenar de comunicados de prensa emitidos. Esta cifra reafirma el compromiso del Tribunal con la transparencia y el acercamiento de su actividad a la ciudadanía, en tanto que, de forma rigurosa, clara y con la máxima celeridad, se informa a la sociedad de las principales decisiones de la institución.

La mayor parte de las notas de prensa son referidas a las sentencias, autos y providencias que dicta el Tribunal Constitucional, pero también se difunden las actividades internacionales e institucionales del presidente y magistrados. Las notas informativas además se divulgan en múltiples canales: envío directo a los medios de comunicación, la página web del Tribunal Constitucional y las redes sociales.

En este mismo sentido, se publican también los órdenes del día del Pleno y de las salas, donde se pueden consultar qué recursos se deliberarán. Y posteriormente, se dan a conocer los resultados, en los que se hace público el fallo de cada asunto.

La página web del Tribunal Constitucional se actualiza de forma constante por parte del Gabinete de Prensa. Además de las notas informativas y de los órdenes del día y sus resultados, se divulgan sentencias, autos y providencias e imágenes de los actos, viajes y visitas institucionales. Esto permite que cualquier persona física o jurídica interesada en el Tribunal pueda tener acceso directo a la información oficial actualizada.

En 2025, el Tribunal Constitucional ha estado presente en las redes sociales, en X (más de 41.250 seguidores), en Instagram (más de 5.450 seguidores) y en YouTube. Se han compartido más de 340 publicaciones en X y más de 85 en Instagram sobre la actividad jurisdiccional, institucional e internacional del Tribunal.

Bajo la dirección del Jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional, el Gabinete de Prensa es el responsable de la relación con los medios de comunicación. De forma diaria, se atienden consultas de periodistas y se les presta asistencia y colaboración con el fin de que se informe correctamente del funcionamiento y competencias del Tribunal Constitucional.

De este último año cabe destacar además la labor comunicativa realizada con motivo de los actos institucionales del Tribunal Constitucional, como el Día de la Mujer o la celebración del pleno extraordinario en Cádiz, donde se organizó una rueda de prensa en la que compareció el presidente y la vicepresidenta y a la que asistieron numerosos medios naciones y locales.

El ya mencionado VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional exigió un plan específico de comunicación. Entre otras acciones, se llevó a cabo un vídeo promocional del evento, la creación de una página web, un desayuno informativo para los medios de comunicación, una rueda de prensa y una serie de entrevistas por parte del Presidente del Tribunal Constitucional, tanto en medios escritos, como radiofónicos y televisivos, con el fin de explicar la relevancia para España de un acto internacional con más 85 países representados en defensa de la democracia, la jurisdicción constitucional y el Estado de Derecho. Gracias a este plan de comunicación, la repercusión e impacto en medios de comunicación del Congreso fue excelente.

* * *

No quisiera terminar estas palabras sin antes dar las gracias. Soy plenamente consciente del magnífico trabajo realizado por todos los que conforman este Tribunal para lograr todas las metas alcanzadas en 2025. La tarea no ha sido fácil.

En nombre de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional del Reino de España, quisiera reconocer la meritoria y valiosa labor de todos los trabajadores y trabajadoras de esta institución, así como de los demás profesionales que colaboran con esta casa. Desde aquí, les traslado mi más sincero agradecimiento y reconocimiento.

Con la presentación de esta Memoria de actividades confío en haber alcanzado el objetivo de ofrecer a la ciudadanía y a las instituciones del Estado un documento útil, a la par que completo y accesible, que refleje fielmente la actividad jurisdiccional, gubernativa, institucional, representativa y de comunicación llevada a cabo por este Tribunal a lo largo de 2025.

Espero haber contribuido durante este último año a alcanzar la principal misión del Tribunal Constitucional, su verdadera razón de ser, que no es otra que servir a los ciudadanos y, en suma, al Estado, de forma eficiente y eficaz, defendiendo e interpretando la Constitución de 1978, que garantiza nuestra Democracia.

Madrid, 19 de marzo de 2025

I. Composición del Tribunal​

El Presidente del Tribunal comunicó al del Senado, por oficio de 25 de julio de 2025, que el siguiente 17 de diciembre iba a expirar el periodo por el que fueron nombrados, a propuesta del Senado, cuatro de sus magistrados: don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ricardo Enríquez Sancho y doña María Luisa Balaguer Callejón, nombrados por Reales Decretos de 10 de marzo de 2017; y don Jose María Macías Castaño, nombrado por Real Decreto 757/2024, de 29 de julio, tras el cese, por renuncia al cargo, de don Alfredo Montoya Melgar. Solicitando, de conformidad con el ar­tículo 17.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, que se inicie el procedimiento de designación, en su día, de los cuatro magistrados de este Tribunal cuya propuesta de nombramiento a S. M. el Rey corresponde hacer al Senado.

Por Real Decreto 10/2023, de 11 de enero (BOE núm. 10, de 12 de enero), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón. Mediante Real Decreto 11/2023, de 11 de enero (BOE núm. 10, de 12 de enero), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Presidente [1].

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas, Vicepresidenta [2].

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho [3].

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón [4].

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel [5].

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla [6].

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera [7].

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga [8].

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño [9].

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno [10].

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso [11].

Excmo. Sr. don José María Macías Castaño [12].

Por acuerdo de 17 de enero de 2023 (BOE núm. 16, de 19 de enero), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la distribución de sus miembros en salas y secciones. El acuerdo de 31 de julio de 2024 (BOE núm. 190, de 7 de agosto) lo modificó para adaptarlo a la incorporación del magistrado Sr. Macías Castaño.

La organización del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Presidente.

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho.

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera.

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno.

Excmo. Sr. don José María Macías Castaño.

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas, Presidenta.

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón.

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño.

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso.

Sección Primera

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Presidente.

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera.

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho, Presidente.

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno.

Excmo. Sr. don José María Macías Castaño.

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas, Presidenta.

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño.

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso.

Sección Cuarta

Excma. Sra. María Luisa Balaguer Callejón, Presidenta.

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Datos personales

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón.

A Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo.

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas.

Iznalloz (Granada), 1959.

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho.

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo.

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón.

Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional.

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Madrid, 1957.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Madrid, 1957.

Catedrático de Derecho Constitucional.

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera.

Madrid, 1959.

Magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Valladolid, 1950.

Magistrada del Tribunal Supremo.

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño.

Santa María la Real de Nieva, Segovia, 1957.

Magistrado del Tribunal Supremo.

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno.

Osuna, Sevilla, 1961.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso.

Barcelona, 1969.

Catedrática de Derecho Constitucional.

Excmo. Sr. don José María Macías Castaño.

Barcelona, 1964.

Abogado.

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por acuerdos de 21 de julio de 2017, 18 de junio de 2020 y 5 de julio de 2023, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Javier García Roca.

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez.

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta.

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación.

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés.

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez.

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional.

Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández.

Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Don Francisco Barrios Manrique de Lara.

Magistrado titular de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

– Don Jesús Broto Cartagena.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 60 de Madrid.

– Doña Belén Tomás Herruzo.

Magistrada titular del Juzgado de lo Social núm. 41 de Madrid.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Doña Milagros Aparicio Avendaño.

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Antonio Arroyo Gil.

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Margarita Beladíez Rojo.

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Alejandra Boto Álvarez.

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro.

Magistrada de la Sala de lo Social, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

– Doña Itziar Gómez Fernández.

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Miguel Hernández Serna.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Don Juan Manuel Alcoceba Gil.

Profesor ayudante doctor de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Roberto Alonso Buzo.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Mérida.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón.

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Doña Lucía Arozamena Baró.

Fiscal de la Fiscalía en l’Hospitalet de Llobregat.

– Don Andrés Barragán Andino.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

– Doña María Jesús Blanco Quintana.

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Cabañas García.

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Don Nicolás Cabezudo Rodríguez.

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidadde Valladolid.

– Don Gonzalo Camarero González.

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Doña Ana Belén Casares Marcos.

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León.

– Don Pablo Colomina Cerezo.

Magistrado de la Audiencia Provincial de León.

– Doña Nieves Corte Heredero.

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María Curto Izquierdo.

Abogada del Estado.

– Doña Carmen Delgado Echevarría.

Magistrada titular de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña María Díaz Grego.

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá.

– Doña Gema María Díez-Picazo Giménez.

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva.

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña María Ángeles García Frías.

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

– Don Guillermo García-Panasco Morales.

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid.

– Doña María José García-Valdecasas Dorrego.

Abogada del Estado.

– Doña Alicia González Alonso.

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Daniel González Uriel.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instanciae Instrucción núm. 2 de Noia (A Coruña).

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

– Doña Caridad Hernández García.

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Pedro Ibáñez Buil.

Administrador Civil del Estado.

– Doña Cristina Izquierdo Sans.

Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Carmelo Jiménez Segado.

Magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Torrejón de Ardoz.

– Don Herminio Losada González.

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Don Álvaro Mañas de Orduña.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña María Martín Lorenzo.

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Celia Martínez Escribano.

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

– Don José Vicente Mediavilla Cabo.

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Burgos.

– Don Luis Felipe Medina Rey.

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos Ortega Carballo.

Letrado del Tribunal de Cuentas.

– Don Carlos Ortega Santiago.

Letrado de las Cortes de Castilla y León.

– Don Fernando de la Peña Pita.

Abogado del Estado.

– Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don José Luis Ramírez Ortiz.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla.

– Don Ignacio Rodríguez Fernández.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Josefa Dolores Ruiz Resa.

Catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada.

– Doña Gemma Sala Galvañ.

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia.

– Don Carlos Sánchez Martín.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Alcobendas.

– Don Ángel Sánchez Navarro.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don José Miguel Sánchez Tomás.

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván.

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don Ignacio Ulloa Rubio.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Segovia.

– Don José María Utande San Juan.

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Doña María Dolores Utrilla Fernández-Bermejo.

Profesora Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Javier Zaragoza Tejada.

Fiscal de la Fiscalía de Alcalá de Henares.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, magistrado, nombrado el 29 de abril de 2024.

Secretarías de Justicia

Secretario de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y doña Carmen Martínez Montijano.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: don Miguel Marcos Ayjón y don Carlos Gutiérrez Lucas.

Gerencia

El Gerente del Tribunal es don Carlos Fernández-Peinado Martínez, del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado.

Intervención

La Interventora del Tribunal Constitucional es doña Marta Carolina Hidalgo López, del cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado.​​​

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general 1

El Pleno del Tribunal Constitucional, por acuerdo de 30 de abril de 2025, suspendió los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante el Tribunal los días 28 y 29 de abril de 2025, a raíz del apagón que sufrió España el lunes 28 de abril.

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2025 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 9.155 asuntos jurisdiccionales nuevos, es decir, 716 asuntos menos que en 2024, año en el que habían ingresado 9.871 demandas de justicia constitucional. Esta disminución del 7,25 por 100 trae causa de la reducción de las demandas de amparo, que pasaron de 9.796 en 2024 a 9.089, esto es, 707 menos. Los recursos de inconstitucionalidad subieron ligeramente, de treinta a treinta y tres, en tanto que las cuestiones de inconstitucionalidad bajaron de treinta y siete a veinte. Se plantearon dos conflictos positivos de competencia (idéntico número en 2024, como también en 2023); nueve conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales (dos en 2024); un requerimiento sobre la constitucionalidad de un tratado internacional y una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales.

Las cifras ratifican la preponderancia de los recursos de amparo: 9.089, el 99,28 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso (un porcentaje sustancialmente idéntico, por lo demás, al de 2024, cuando se situó en el 99,24 por 100). La práctica totalidad de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 9.046, de los cuales 8.358 fueron interpuestos por personas físicas y 688 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos presentaron cuarenta y una demandas de amparo (dieciséis en 2024) y el Ministerio Fiscal, una. El Defensor del Pueblo no interpuso ningún recurso de amparo.

Con respecto a su origen, persiste el ya tradicional predominio de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 4.631, el 50,95 por 100, con un notable ascenso respecto de 2024, cuando fueron 4.340, el 44,30 por 100. Se redujo muy notablemente el número de recursos procedentes de la jurisdicción civil (1.494, el 16,44 por 100 frente a 2.057, el 21 por 100, en 2024) y en menor medida el de demandas promovidas a partir de resoluciones dictadas por órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (2.537, el 27,92 por 100, cuando en 2024 fueron 2.807, el 28,65 por 100); del orden jurisdiccional social (404, el 4,44 por 100; en 2024 fueron 537, el 5,48 por 100); e incluso las procedentes de la jurisdicción militar (apenas siete frente a las diecisiete de 2024, o las dieciocho de 2023). Se promovieron igualmente dieciséis recursos de amparo frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley planteados por el cauce del art. 42 LOTC, un número sensiblemente inferior al de 2024, cuando fueron treinta y tres los recursos de amparo de procedencia parlamentaria.

La mayoría de los recursos de amparo se interpuso tras un proceso judicial finalizado con resolución del Tribunal Supremo (5.633, el 61,98 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (1.865 un 20,52 por 100) y los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.012, el 11,13 por 100), seguidos por los tribunales superiores de justicia (280, el 3,08 por 100) y la Audiencia Nacional (181, el 1,99 por 100). Una demanda de amparo se promovió tras un pronunciamiento definitivo del Tribunal Militar Central y dos después de sendas resoluciones de tribunales militares territoriales.

En 8.060 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 88,68 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad, reconocido en el artícu­lo 14 de la Constitución, fue invocado en 1.490 demandas de amparo (16,39 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 925 invocaciones del derecho a la legalidad penal (10,18 por 100); las 598 del derecho a la libertad y seguridad (6,58 por 100); las 353 de los derechos del artículo 18 de la Constitución (3,88 por 100) y las 321 de los derechos del artículo 15 (3,53 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 7.738 demandas de amparo constitucional (85,13 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE debemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías fue, un año más, el que mayores invocaciones recibió (fue invocado en 4.887 demandas), seguido del derecho a la defensa y a la asistencia letrada (2.182 invocaciones) y del derecho a la presunción de inocencia (1.845 invocaciones).

Se interpusieron treinta y tres nuevos recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos, trece, fueron planteados por asambleas legislativas y gobiernos autonómicos frente a leyes estatales; el presidente del Gobierno interpuso nueve frente a leyes autonómicas y lo mismo hicieron las fracciones parlamentarias, que interpusieron tres recursos de inconstitucionalidad frente a leyes estatales y otros cinco respecto de leyes autonómicas. El Defensor del Pueblo promovió un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley estatal y otros dos respecto de leyes autonómicas.

Los órganos judiciales plantearon veinte cuestiones de inconstitucionalidad a lo largo de 2025. Los tribunales superiores de justicia elevaron nueve de ellas (cinco en relación con leyes del Estado y otras cuatro respecto de preceptos autonómicos con rango de ley); otras tantas —y con idéntica distribución— los juzgados unipersonales y dos la Audiencia Nacional en relación con leyes estatales.

El Gobierno de la Nación planteó un conflicto positivo de competencia y lo mismo hizo un Ejecutivo autonómico. También se suscitaron nueve conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales.

B) Declaración y sentencias

El Tribunal Constitucional dictó una declaración y 192 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó la declaración y cincuenta y seis de las sentencias, distribuidas del siguiente modo: treinta y cuatro en procesos de inconstitucionalidad (veintitrés en recursos de inconstitucionalidad y once en cuestiones de inconstitucionalidad, una de ellas, cuestión interna elevada por la Sala Segunda), tres en conflictos constitucionales (dos en conflictos positivos de competencia y una en conflicto entre órganos constitucionales), una resolutoria de una impugnación de disposiciones autonómicas y dieciocho en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno. Las salas dictaron 136 sentencias: la Sala Primera dictó sesenta sentencias, todas ellas en procesos de amparo, y la Sala Segunda pronunció setenta y seis, una de las cuales resolvió una cuestión de inconstitucionalidad cuyo conocimiento no se había reservado para sí el Pleno en fase de admisión (STC 98/2025, de 28 de abril).

En treinta y nueve de estas sentencias se formuló algún voto particular. En la fundamentación jurídica de veintiséis sentencias se cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el desglose de las citas arroja el siguiente resultado: veinte menciones de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diez de la establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las memorias anuales del Tribunal, damos sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 122 autos. El Pleno dictó sesenta y uno de ellos, las salas cuarenta y tres (diecinueve la Sala Primera y veinticuatro la Sala Segunda) y las secciones dieciocho (cinco la Sección Primera, siete la Segunda y tres cada una de las dos secciones de la Sala Segunda).

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de cuatro autos: tres del Pleno y uno de la Sección Cuarta. En tres de ellos se formuló algún voto particular: AATC 28/2025, de 25 de marzo, y 88/2025, de 9 de septiembre, del Pleno, y 8/2025, de 27 de enero, de la Sección Cuarta.

En dos de estos autos se acordó la inadmisión a trámite de sendos recursos de amparo promovidos en causas penales (AATC 8/2025, de 27 de enero, y 28/2025, de 25 de marzo). Los otros se dictaron en el incidente de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas autonómicas impugnadas por el presidente del Gobierno en recurso de inconstitucionalidad con invocación expresa del art. 161.2 CE: En el ATC 84/2025, de 22 de julio, el Pleno levantó la suspensión del artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid; en tanto que en el ATC 88/2025, de 9 de septiembre, mantuvo parcialmente la suspensión de diversos preceptos de la Ley 5/2024, de 26 de julio, de concordia de la Comunitat Valenciana.

Por auto, el Pleno inadmitió once cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 10/2025, de 28 de enero; 13/2025, de 11 de febrero; 19/2025 y 20/2025, de 26 de febrero; 24/2025, de 11 de marzo; 29/2025, de 25 de marzo; 32/2025, de 8 de abril; 55/2025 y 59/2025, de 27 de mayo; 89/2025, de 9 de septiembre, y 95/2025, de 23 de septiembre), una cuestión prejudicial de validez sobre una norma foral fiscal del territorio histórico de Álava (ATC 113/2025, de 18 de noviembre) y dos recursos de amparo (AATC 28/2025, de 25 de marzo, y 101/2025, de 7 de octubre). Admitió otros tres recursos de amparo (AATC 4/2025 y 5/2025, de 14 de enero, y 11/2025, de 28 de enero). La Sección Cuarta inadmitió a trámite por auto un recurso de amparo (ATC 8/2025, de 27 de enero).

El Pleno aceptó el desistimiento en un conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de la Nación (ATC 96/2025, de 23 de septiembre) y la Sala Primera hizo lo propio en un proceso de amparo que había sido previamente admitido a trámite (ATC 2/2025, de 13 de enero). La Sección Segunda, en el ATC 7/2025, de 16 de enero, declaró la terminación, por desaparición sobrevenida de su objeto, de un recurso de amparo en procedimiento parlamentario. Lo mismo hizo la Sala Segunda, en el ATC 9/2025, de 27 de enero, respecto de un recurso de amparo promovido en litigio social.

Por lo que a las medidas cautelares se refiere, el Pleno dictó tres autos sobre mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE. En el ATC 64/2025, de 10 de junio, mantuvo la suspensión de la Ley cántabra 1/2024, de 8 de noviembre, de derogación de la Ley 8/2021, de 17 de noviembre, de memoria histórica y democrática de Cantabria; en el ATC 84/2025, de 22 de julio, levantó la suspensión de un precepto de la Ley madrileña 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, y en el ATC 88/2025, de 9 de septiembre, acordó el mantenimiento parcial de los preceptos de la de la Ley valenciana 5/2024, de 26 de julio, de concordia de la Comunitat Valenciana. Asimismo, en el ATC 103/2025, de 7 de octubre, denegó la suspensión de una resolución de la Administración General del Estado interesada por la Comunidad de Madrid en un conflicto positivo de competencia.

En procesos de amparo, el Pleno dictó tres autos denegando la medida cautelar solicitada por la parte actora (AATC 119/2025 a 121/2025, de 16 de diciembre); la Sala Primera hizo otro tanto en el ATC 112/2025, de 17 de noviembre, y la Sala Segunda dictó cinco autos sobre medidas cautelares: Otorgó la suspensión en los AATC 18/2025, de 24 de febrero, y 108/2025, de 4 de noviembre; mantuvo la suspensión en su momento acordada como medida cautelarísima en el ATC 21/2025, de 10 de marzo, y la denegó en el ATC 116/2025, de 2 de diciembre. En el ATC 9/2025, de 27 de enero, esta misma Sala acordó el archivo de la pieza separada.

Se dictaron ocho autos que resolvieron recursos de súplica. El Pleno dictó cuatro de ellos: En el ATC 35/2025, de 13 de mayo, desestimó el recurso de súplica interpuesto en relación con el ATC 12/2025, de 29 de enero, que había extendido los efectos de una recusación acordada en diversos procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña; en el ATC 78/2025, de 8 de julio, hizo lo propio respecto del recurso de súplica interpuesto frente a la providencia que había rechazado una solicitud de abstención en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6436-2024, promovido por más de cincuenta diputados y cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con la misma ley orgánica; y en los AATC 79/2025 y 80/2025, de 8 de julio, declaró la pérdida de objeto en el recurso de súplica interpuesto frente al ATC 65/2025, de 11 de junio, que había desestimado diversas solicitudes planteadas en ese mismo recurso de inconstitucionalidad. La Sección Segunda estimó el recurso de súplica e inadmitió el recurso de amparo en los AATC 67/2025, de 24 de junio; 107/2025, de 21 de octubre, y 109/2025, de 5 de noviembre. En el ATC 118/2025, de 10 de diciembre, desestimó el recurso de súplica y confirmó la providencia de inadmisión en sus propios términos.

La Sección Primera dictó un auto —ATC 22/2025, de 11 de marzo— denegando la aclaración y rectificación de un auto previo que había denegado la revisión de una diligencia de ordenación. A su vez, la Sala Primera, en el ATC 68/2025, de 7 de julio, rectificó un error material padecido en la STC 126/2025, de 9 de junio, dictada en proceso de amparo.

En materia de abstenciones y recusaciones, el Pleno dictó veintiséis autos. Aceptó las abstenciones planteadas en ocho procesos de amparo (AATC 3/2025, de 14 de enero; 14/2025, 15/2025 y 17/2025, de 12 de febrero; 25/2025 a 27/2025, de 11 de marzo; 100/2025, de 7 de octubre) y tres cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 82/2025, de 8 de julio; 114/2025 y 115/2025, de 18 de noviembre). La Sala Primera hizo lo propio en dos casos (AATC 87/2025, de 8 de septiembre, y 111/2025, de 17 de noviembre) y las secciones dictaron nueve autos aceptando la abstención en fase de admisión de otros tantos recursos de amparo: la Sección Primera dictó los AATC 1/2025, de 7 de enero; 85/2025, de 2 de septiembre, y 122/2025, de 19 de diciembre; la Sección Segunda, los AATC 66/2025, de 16 de junio; 83/2025, de 15 de julio; la Sección Tercera, los AATC 104/2025 a 106/2025, de 20 de octubre; y la Sección Cuarta el ATC 90/2025, de 19 de septiembre.

En el ATC 6/2025, de 15 de enero, el Pleno acordó una recusación en cuestión de inconstitucionalidad; los efectos de esta recusación se extendieron a otros procesos de inconstitucionalidad por el ATC 12/2025, de 29 de enero, confirmado en súplica por el ATC 35/2025, de 13 de mayo. Asimismo, inadmitió las recusaciones planteadas en diversos procesos de amparo en los AATC 23/2025, de 11 de marzo; 30/2025, de 25 de marzo; 56/2025 y 57/2025, de 27 de mayo; 91/2025 a 94/2025, de 23 de septiembre; 97/2025 y 98/2025, de 23 de septiembre; 102/2025, de 7 de octubre, y 117/2025, de 2 de diciembre. La Sección Cuarta inadmitió una recusación en un recurso de amparo que se hallaba en fase de admisión, mediante el ATC 16/2025, de 12 de febrero.

Se dictaron treinta y siete autos inadmitiendo otras tantas solicitudes de ejecución de sentencias dictadas en procesos de amparo. El Pleno dictó cinco de estos autos: AATC 34/2025, de 13 de mayo; 54/2025 y 58/2025, de 27 de mayo; 63/2025, de 10 de junio, y 81/2025, de 8 de julio. La Sala Primera dictó trece: AATC 37/2025, 39/2025, 42/2025, 44/2025, 45/2025 y 46/2025, de 26 de mayo; 60/2025 a 62/2025, de 9 de junio; 69/2025, 72/2025, 73/2025 y 75/2025, de 7 de julio. Y la Sala Segunda dictó diecinueve: AATC 33/2025, de 28 de abril; 38/2025, 40/2025, 41/2025, 43/2025 y 47/2025 a 53/2025, de 26 de mayo; 70/2025, 71/2025, 74/2025, 76/2025 y 77/2025, de 7 de julio; 99/2025, de 6 de octubre, y 110/2025, de 17 de noviembre.

Finalmente, el Pleno dictó un auto inadmitiendo un recurso de reposición y subsidiario incidente de nulidad de actuaciones en relación con el ATC 15/2025, de 12 de febrero, que había aceptado una abstención; declaró la pérdida de objeto de una recusación en proceso de amparo (ATC 31/2025, de 8 de abril); y denegó diferentes solicitudes en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con la Ley Orgánica de amnistía (ATC 65/2025, de 11 de junio). En el ATC 36/2025, de 23 de mayo, la Sección Primera declaró la incompetencia del Tribunal Constitucional para conocer de la impugnación de una resolución de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. En el ATC 86/2025, de 8 de septiembre, la Sala Primera declaró que no se había producido funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2025, el Pleno admitió a trámite sesenta y dos nuevos asuntos jurisdiccionales: cincuenta y tres en procesos de inconstitucionalidad y nueve recursos de amparo. Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto once cuestiones de inconstitucionalidad, una cuestión prejudicial de validez sobre una norma foral fiscal del territorio histórico de Álava y dos recursos de amparo.

Por su parte, las salas admitieron a trámite por providencia cincuenta recursos de amparo: veintisiete la Sala Primera y veintitrés la Sala Segunda.

El Pleno dictó cinco providencias de inadmisión y las salas 9.335 (4.754 la Sala Primera y 4.581 la Sala Segunda). Tres providencias de la Sala Primera fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica del Ministerio Fiscal, si bien ello no supuso, en ninguno de los casos, la admisión a trámite de la correspondiente demanda de amparo toda vez que los autos recaídos en los diferentes procesos acordaron, además de la anulación de la providencia, la inadmisión del recurso de amparo por causa distinta de la inicialmente apreciada. Además, las salas dictaron 169 providencias declarando la terminación de otros tantos procesos de amparo antes de que se hubiera acordado su admisión a trámite.

Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (9.656, cifra que resulta de la suma de las providencias y autos de admisión, autos y providencias de inadmisión y providencias de terminación de asuntos), solo 59 (cincuenta y seis providencias de admisión y tres autos), es decir, el 0,61 por 100, dieron lugar a la tramitación de las demandas para su posterior resolución por sentencia, en tanto que el restante 99,38 por 100 de las resoluciones en fase de admisión conllevó el archivo del asunto, bien por inadmisión o por terminación.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. En 2025 la mayoría de los recursos de amparo admitidos a trámite lo fue por el eventual origen normativo de la lesión (dieciocho, el 30,52 por 100 de los recursos admitidos); diez recursos de amparo (el 16,95 por 100) fueron admitidos por la concurrencia de varios motivos; en otros nueve casos (el 15,25 por 100), para proceder a la aclaración o cambio de doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna; igual número (y, por consiguiente, idéntico porcentaje), representó el número de demandas admitidas a trámite porque planteaban cuestiones jurídicas que pudieran tener consecuencias políticas generales. Seis demandas de amparo (10,17 por 100) fueron admitidas porque se alertaba sobre la eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales; cuatro (6,78 por 100), por ausencia de doctrina constitucional; dos (3,39 por 100), para proceder a la aclaración o cambio de doctrina como consecuencia de modificaciones normativas; y un único recurso de amparo fue admitido a trámite por la posible repercusión social y económica de la cuestión jurídica planteada (1,69 por 100).

En cuanto a las causas de inadmisión, sigue ocupando el primer puesto la causa relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (5.401, el 57,83 por 100), seguido de la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (1.585, el 16,96 por 100). La falta de agotamiento de la vía judicial previa conllevó la inadmisión de 947 demandas de amparo (10,14 por 100) y la falta de subsanación de defectos procesales, de otras 762 (8,16 por 100). La falta de justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso supuso la inadmisión de 224 demandas de amparo (2,4 por 100) y la extemporaneidad del recurso, de otras 209 (2,24 por 100). No se apreció prima facie vulneración alguna del derecho fundamental invocado en 153 demandas (1,64 por 100); dieciséis demandas se inadmitieron por falta de denuncia tempestiva de la supuesta vulneración del derecho fundamental invocado (0,17 por 100); once recursos fueron inadmitidos por diversos motivos (0,12 por 100) y treinta y dos (0,34 por 100), por otros motivos.

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2025 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió sesenta y seis nuevos procesos de inconstitucionalidad (recursos y cuestiones de inconstitucionalidad), conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas y de atribuciones entre órganos constitucionales, así como sendos requerimientos sobre constitucionalidad de tratados internacionales y cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales; admitió cincuenta y tres e inadmitió diecinueve; además, avocó siete recursos de amparo en fase de admisión y admitió a trámite nueve. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que el Pleno decidiera sobre su admisión veinticuatro asuntos: once cuestiones de inconstitucionalidad, siete recursos de amparo, tres recursos de inconstitucionalidad y tres conflictos entre órganos constitucionales.

El Pleno dictó setenta y seis sentencias que resolvieron otros tantos asuntos. Finalizó el año con 109 asuntos pendientes de sentencia en otros tantos procesos (sesenta y cuatro recursos de inconstitucionalidad, veintitrés cuestiones de inconstitucionalidad, catorce recursos de amparo previamente avocados, siete conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y un conflicto positivo de competencia). Esto supuso un ligerísimo incremento de la pendencia, que en 2024 ascendía a 104 asuntos en otros tantos procesos.

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 4.544 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 4.751 y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros sesenta y dos recursos que se hallaban pendientes de admisión (todos ellos por providencia). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.275 (1.578 en 2024) y de resolver por sentencia apenas veintinueve (ochenta y uno en 2024). Esto da como resultado una notable reducción de la pendencia en 307 asuntos en fase de admisión, y de 47 en fase de sentencia.

En la Sala Segunda ingresaron 4.545 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 4.582 (uno de ellos por auto) y dio por terminados, siempre mediante providencia, 107 recursos pendientes de admisión. Al finalizar el año quedaban pendientes de decidir sobre su admisión 1.483 demandas de amparo (1.686 en 2024) y treinta y dos de resolver por sentencia (noventa y cuatro en 2024). La pendencia se redujo en 163 asuntos en fase de admisión y en sesenta en fase de sentencia.

Las Secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2025 se hallaban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 109 asuntos (104 en 2024), sin ninguno acumulado. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: sesenta y cuatro recursos de inconstitucionalidad, veintitrés cuestiones de inconstitucionalidad, siete conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales, un conflicto positivo de competencia y catorce recursos de amparo previamente avocados. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad once cuestiones de inconstitucionalidad, tres recursos de inconstitucionalidad, otros tantos conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y siete recursos de amparo.

En las salas se hallaban pendientes de sentencia sesenta y un recursos de amparo: veintinueve en la Sala Primera y treinta y dos en la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver acerca de su admisibilidad en las salas ascendían a 2.758 (3.264 en 2024): 1.275 en la Sala Primera y 1.483 en la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2025 el Tribunal Constitucional dictó treinta y cinco sentencias en procesos de inconstitucionalidad: veintitrés en recursos de inconstitucionalidad y doce en cuestiones de inconstitucionalidad, una de ellas una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal. Además, dictó dos sentencias en conflictos positivos de competencia, una en conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales y otra, resolutoria de una impugnación de disposiciones autonómicas. A ellas debe añadirse una declaración sobre la constitucionalidad de un tratado internacional.

El Pleno del Tribunal declaró extinguidos sendos procesos en la declaración 1/2025, de 16 de diciembre (requerimiento sobre la constitucionalidad de un precepto del Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023), y en la sentencia 142/2025, de 22 de julio (recurso de inconstitucionalidad interpuesto respecto de un precepto de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19). En dieciséis sentencias, el Pleno constató la pérdida parcial de objeto de otros tantos procesos constitucionales: doce recursos de inconstitucionalidad (SSTC 25/2025 y 26/2025, de 29 de enero; 40/2025, de 11 de febrero; 95/2025, de 9 de abril; 118/2025, de 14 de mayo; 165/2025, de 8 de octubre; 176/2025 a 179/2025, de 20 de noviembre, y 190/2025 y 192/2025, de 16 de diciembre), tres cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 180/2025 a 182/2025, de 20 de noviembre) y un conflicto positivo de competencia (STC 82/2025, de 26 de marzo).

Las veintitrés sentencias dictadas por el Pleno en recursos de inconstitucionalidad versaron sobre pretensiones anulatorias respecto de leyes o normas con valor de ley estatales o autonómicas en materia de amnistía (SSTC 137/2025, de 26 de junio; 165/2025, de 8 de octubre; 176/2025 a 179/2025, de 20 de noviembre; 185/2025, de 2 de diciembre, y 192/2025, de 16 de diciembre); contratación pública (SSTC 44/2025, de 12 de febrero, y 150/2025, de 23 de septiembre); legislación procesal y procedimiento administrativo (STC 96/2025, de 9 de abril); organización administrativa y medio ambiente (STC 40/2025, de 11 de febrero); personal estatutario (STC 118/2025, de 14 de mayo); regulación del procedimiento legislativo de urgencia (STC 63/2025, de 12 de marzo); salud pública (SSTC 95/2025, de 9 de abril; 133/2025, de 10 de junio, y 142/2025, de 22 de julio); tributos (SSTC 174/2025, de 19 de noviembre, y 186/2025, de 2 de diciembre) y urbanismo y vivienda (SSTC 25/2025 y 26/2029, de 29 de enero; 64/2025, de 13 de marzo, y 190/2025, de 16 de diciembre)

En cuestiones de inconstitucionalidad, el Pleno dictó once sentencias en procesos que tenían por objeto normales estatales o autonómicas con rango de ley relativas a las siguientes materias: amnistía (SSTC 164/2025, de 8 de octubre; 175/2025 y 180/2025 a 182/2025, de 20 de noviembre); empleo público (STC 27/2025, de 29 de enero); moción de censura al alcalde (STC 134/2025, de 10 de junio); policías locales (STC 42/2025, de 12 de febrero); potestades correctoras de los letrados de la administración de justicia (STC 12/2025, de 15 de enero) y tributos (SSTC 163/2025, de 7 de octubre, y 191/2025, de 16 de diciembre). Por su parte, la Sala Segunda dictó una sentencia resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de un precepto de la Ley Foral de haciendas locales relativo al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (STC 98/2025, de 28 de abril).

Se dictaron además sendas sentencias resolutorias de dos conflictos positivos de competencias en materia de formación profesional (STC 82/2025, de 26 de marzo) y acogimiento de menores (STC 151/2025, de 24 de septiembre); un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales sobre ejercicio por el Gobierno del veto presupuestario (STC 135/2025, de 11 de junio) y una impugnación de disposiciones autonómicas sobre inmigración (STC 43/2025, de 12 de febrero).

En veintisiete de estas sentencias se formuló algún voto particular.

Por auto el Pleno inadmitió a trámite once cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 10/2025, de 28 de enero; 13/2025, de 11 de febrero; 19/2025 y 20/2025, de 26 de febrero; 24/2025, de 11 de marzo; 29/2025, de 25 de marzo; 32/2025, de 8 de abril; 55/2025 y 59/2025, de 27 de mayo; 89/2025, de 9 de septiembre; 95/2025, de 23 de septiembre) y una cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales (ATC 113/2025, de 18 de noviembre). Además, acordó el desistimiento en un conflicto positivo de competencia (ATC 96/2025, de 3 de septiembre).

El Pleno dictó tres autos sobre mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas y resoluciones autonómicas con rango de ley impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE: En uno de esos autos se levantó íntegramente la suspensión (ATC 84/2025, de 22 de julio), en otro se acordó el levantamiento parcial (ATC 88/2025, de 9 de septiembre) y en el tercero se mantuvo la suspensión (ATC 64/2025, de 10 de junio). En un auto denegó la suspensión interesada por la parte actora en un conflicto positivo de competencia (ATC 103/2025, de 7 de octubre).

El Pleno dictó cuatro autos aceptando abstenciones en procesos de inconstitucionalidad: uno en recurso de inconstitucionalidad (ATC 78/2025, de 8 de julio) y tres en cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 82/2025, de 8 de julio, 114/2025 y 115/2025, de 18 de noviembre)

Inadmitió, siempre por auto, treinta y cuatro recusaciones de magistrados en recursos de inconstitucionalidad (AATC 93/2028, de 8 de octubre; 105/2024 a 113/2024, de 22 de octubre; 116/2024 a 124/2024, de 5 de noviembre; 129/2024 a 139/2024 y 142/2024 a 145/2024, de 19 de noviembre) y tres en cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 140/2024, 141/2024 y 146/2024, de 19 de noviembre). Asimismo, en el ATC 6/2025, de 15 de enero, acordó una recusación en cuestión de inconstitucionalidad, cuyos efectos extendió a otros procesos el ATC 12/2025, de 29 de enero.

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2025 el Pleno del Tribunal dictó una declaración, apreciando la extinción de un requerimiento sobre la constitucionalidad de un tratado internacional, y veintidós sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley del Estado. Trece de ellas fueron dictadas en recursos de inconstitucionalidad (SSTC 26/2025, de 29 de enero; 63/2025, de 12 de marzo; 137/2025, de 26 de junio; 165/2025, de 8 de octubre; 174/2025, de 19 de noviembre; 176/2025 a 179/2025, de 20 de noviembre; 185/2025 y 186/2025, de 2 de diciembre, y 190/2025 y 192/2025, de 16 de diciembre) y las otras nueve en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 12/2025, de 15 de enero; 27/2025, de 29 de enero; 134/2025, de 10 de junio; 164/2025, de 8 de octubre; 175/2025, de 20 de noviembre; 180/2025 a 182/2025, de 20 de noviembre, y 191/2025, de 16 de diciembre).

Por auto, el Pleno inadmitió seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con leyes o normas con rango de ley estatales: distintos apartados del art. 48 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en conexión con el art. 177 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (AATC 10/2025, de 28 de enero; 19/2025, de 26 de febrero, y 55/2025, de 27 de mayo); art. 1.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 (ATC 13/2025, de 11 de febrero); art. 60.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (ATC 20/2025, de 26 de febrero) y la cláusula 5 del Acuerdo marco de la Confederación europea de sindicatos, la Unión de confederaciones de la industria y de empleadores de Europa y el Centro europeo de la empresa pública sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 (ATC 95/2025, de 23 de septiembre).

En la STC 27/2025, de 29 de enero, el Pleno del Tribunal inadmitió, por indebida formulación del juicio de aplicabilidad, una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de diversos preceptos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En otras once sentencias declaró la pérdida parcial de objeto en procesos de inconstitucionalidad que versaban sobre la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (SSTC 26/2025, de 29 de enero, y 190/2025, de 16 de diciembre; en este caso, la declaración afectó a los preceptos declarados inconstitucionales y nulos en la STC 79/2024, de 21 de mayo) y la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (SSTC 165/2025, de 8 de octubre; 176/2025 a 182/2025, de 20 de noviembre, y 192/2025, de 16 de diciembre; estas sentencias declaran la extinción de los correspondientes procesos en aquello que afecta a preceptos declarados inconstitucionales por la STC 137/2025, de 26 de junio).

En estas veintidós sentencias se declaró la nulidad total o parcial de cinco preceptos: la STC 137/2025 —en un pronunciamiento luego reiterado por la STC 164/2025, de 8 de octubre— declaró la inconstitucionalidad sin nulidad del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que delimitaba el ámbito objetivo de aplicación de la medida de gracia. En dos sentencias se extendieron, por conexión o consecuencia, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad: En la STC 26/2025, de 29 de enero, se declaró la nulidad de un precepto de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que no había sido impugnado; en la STC 134/2025, de 10 de junio, se hizo lo mismo respecto de un precepto de la Ley Orgánica del régimen electoral general. En esta misma STC 134/2025 se modularon los efectos de la declaración de nulidad al mantenerse la firmeza de las resoluciones administrativas y judiciales relativas al planteamiento de una moción de censura en el ámbito municipal que no hubieran sido impugnadas a la fecha de publicación de la sentencia.

En la STC 12/2025, de 15 de enero, se estableció la interpretación constitucionalmente conforme de dos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan las potestades correctoras de los letrados de la administración de justicia; en la STC 137/2025, de 26 de junio, se hizo lo propio respecto de los preceptos de la Ley Orgánica de amnistía relativos a la extinción de los procedimientos de depuración de la responsabilidad contable.

El 16 de diciembre de 2025, el Pleno del Tribunal emitió su tercera declaración: esta vez, en respuesta a un requerimiento sobre la constitucionalidad de un tratado internacional al que no se había prestado aún el consentimiento del Estado español. En la DTC 1/2025, de 16 de diciembre, el Pleno declaró la extinción del proceso constitucional, por desaparición sobrevenida de su objeto. Concretamente, el requerimiento versaba sobre el art. 2.4 del Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023, conforme al cual «un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al consejo de ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación». El Senado solicitó que el Tribunal se pronunciara sobre la conformidad de esta previsión con diversos preceptos de la Constitución toda vez que, en opinión de la Cámara alta, la configuración constitucional del Gobierno como órgano de representación política y expresión del Poder Ejecutivo impediría la asistencia de ciudadanos no españoles a las reuniones del consejo de ministros. Sin embargo, tras la formulación del requerimiento el Pleno del Congreso de los Diputados denegó la autorización solicitada por el Gobierno, al amparo del art. 94.1 CE, para que el Estado pudiera prestar su consentimiento, lo que impedía la ratificación del tratado. En lo que ahora estrictamente interesa, este hecho conllevó la pérdida de objeto del requerimiento, habida cuenta de que el tratado ya no podía incorporarse al ordenamiento jurídico español.

En una de las sentencias que ahora se reseñan, la STC 27/2025, de 29 de enero, el Pleno inadmitió, al no haberse formulado correctamente el juicio de aplicabilidad, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con sendos preceptos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En el resto de las sentencias incluidas en este apartado, el Pleno del Tribunal examinó el fondo de las cuestiones suscitadas. Catorce de ellas resolvieron otros tantos procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto distintos preceptos contenidos en leyes orgánicas.

La STC 12/2025, de 15 de enero, resolvió una cuestión interna de inconstitucionalidad elevada por la Sala Segunda del Tribunal haciendo uso de las previsiones contenidas en los arts. 55.2 y 35.2 LOTC. En esta sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, se confirmó la constitucionalidad de sendos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que confieren a los letrados de la administración de justicia potestad sancionadora en las actuaciones que se siguen ante ellos. La STC 12/2025 subraya que las resoluciones de estos letrados no tienen carácter jurisdiccional, pues no se dirimen derechos ni intereses subjetivos, ni se controla la legalidad de la actividad administrativa ni penal. La potestad correctora, se afirma en la sentencia, es un complemento al servicio de las competencias procesales no jurisdiccionales que el legislador ha atribuido a los letrados de la administración de justicia, en el marco de la dirección de la oficina judicial.

En la STC 134/2025, de 10 de junio, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con el precepto de la Ley Orgánica de régimen electoral general que incrementaba el quorum de concejales que debían suscribir la moción de censura cuando alguno de ellos perteneciera, o hubiera pertenecido, al mismo grupo municipal. La sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de este precepto legal al estimar que representaba una limitación ilegítima del ius in officium de los concejales. Según se declaró en la STC 134/2025, la participación en una moción de censura es una de las facultades asociadas al control del gobierno local, que se integra en el núcleo de la función representativa del artículo 23 de la Constitución y su limitación, llevada al extremo de imposibilitar la presentación de una moción de censura, no supera el juicio de proporcionalidad. En la parte dispositiva de la sentencia se extendió, por conexión o consecuencia, la declaración de nulidad a otro precepto de la LOREG que guardaba indudable conexión de sentido con el específicamente cuestionado. Se modularon igualmente los efectos del fallo, excluyendo de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad aquellos casos de mociones de censura municipales en los que se hubieran dictado resoluciones administrativas o judiciales que hubieran ganado firmeza en la fecha de publicación de la STC 134/2025.

La STC 137/2025, de 26 de junio, a la que se formularon cuatro votos particulares discrepantes, desestimó el recurso interpuesto por sendas fracciones parlamentarias —más de cincuenta diputados y más de cincuenta senadores de los grupos parlamentarios Popular del Congreso y del Senado— respecto de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

En su parte argumentativa, la sentencia comenzó exponiendo las razones para descartar el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, subsidiariamente, suspender el proceso constitucional hasta tanto dicho tribunal resolviese las planteadas por distintos órganos judiciales españoles. La STC 137/2025 hizo hincapié en que no resultaba pertinente la presentación de las cuestiones prejudiciales de interpretación solicitadas por los promotores del recurso, basándose en la distinta naturaleza de los juicios que corresponde formular al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: de validez, y su par nulidad, en el primero de los casos, de aplicabilidad en el segundo. La función jurisdiccional de uno y otro tribunal opera desde lógicas diferentes, por lo que no caben interferencias.

Con respecto a la constitucionalidad de la amnistía, la STC 137/2025 incardinó la medida dentro de la potestad legislativa y afirmó que de la ausencia de una mención expresa en el texto de la Constitución no se deriva inexorablemente que estemos ante un ámbito vedado al legislador. Ni del hecho de que un precepto constitucional excluyera explícitamente la prerrogativa de gracia de la iniciativa legislativa popular, ni de la prohibición constitucional de otorgar indultos generales se desprende prohibición genérica alguna de la medida controvertida, en particular por las notables diferencias que en cuanto a su naturaleza jurídica separan el indulto y la amnistía: aquel extingue total o parcialmente una pena ya impuesta, ésta se proyecta sobre la extinción de la responsabilidad penal en su conjunto y su otorgamiento está reservado al legislador.

Con respecto a la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 1/2024, la sentencia no puso objeción alguna a la utilización de la proposición de ley como cauce de iniciativa; descartó que se tratara de una ley singular y descartó que hubiera mediado vicio invalidante alguno en los trámites seguidos en las cámaras.

De acuerdo con lo declarado en la STC 137/2025, la adopción de una amnistía exige como presupuesto fáctico la concurrencia de una situación excepcional, que corresponde apreciar al legislador. La existencia de un ideal de justicia puede constituir una causa excepcional que la justifique, sin ser la única. En este caso, la crisis política y constitucional habida en Cataluña en el período en el que se desarrolló el proceso secesionista merece la calificación de situación excepcional que puede justificar una amnistía. En este sentido, la existencia de una explicación racional en el preámbulo de la ley, que identifica el fin constitucional perseguido —esto es, contribuir a la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como la integración de los distintos actores políticos para superar las tensiones sociales y políticas generadas con el proceso independentista en Cataluña— llevó a la STC 137/2025 a descartar la existencia de arbitrariedad. A mayor abundamiento, no puede calificarse la medida adoptada como autoamnistía, pues la prohibición de una medida de este tipo no puede predicarse de una amnistía aprobada por unas Cortes democráticas; menos, si cabe, cuando de la lectura del texto de la Ley claramente se infiere que el ámbito subjetivo de los beneficiarios de la medida no se corresponde con el definido en el art. 102.3 CE.

La sentencia concluyó que la ley enjuiciada no puede reputarse contraria al principio de igualdad o incursa en discriminación. La diferencia de trato que dispensa no descansa en la ideología u opinión de los autores de los ilícitos; la Ley no se aplica únicamente a las conductas con las que se persiguiera la independencia de Cataluña. El legislador empleó como criterio delimitador del ámbito objetivo de aplicación de la medida un particular y arduo contexto de conflicto político y social y al hacerlo se valió de una fórmula que responde a una justificación objetiva y razonable.

La ley de amnistía contiene una ordenación del alcance del ejercicio jurisdiccional en sus dimensiones material y procesal y, por consiguiente, no afecta la independencia judicial, pues no se menoscaba la reserva de jurisdicción, ni se alteran las garantías constitucionales que rigen el estatuto de los miembros del Poder Judicial: la concesión de una amnistía no implica la atribución al poder legislativo de la potestad jurisdiccional, en su doble vertiente de cognición y ejecución, sino que supone una renuncia del Estado a ejercer el ius puniendi, declarando extintas las consecuencias punitivas de determinados ilícitos cometidos en el pasado, sin alterar su carácter antijurídico ni cuestionar las declaraciones de culpabilidad existentes. Tampoco se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habida cuenta de que es doctrina constitucional constante aquella que niega la existencia de un derecho fundamental a la obtención ni ejecución de condenas penales. La exigencia de promover el acceso a un proceso, en el que se puedan hacer valer los derechos e intereses afectados, queda satisfecha con el precepto que permite a las víctimas de los delitos amnistiados solicitar la reparación de los perjuicios ante la jurisdicción civil.

Por lo que hace al articulado de la Ley, el Tribunal declaró, por un lado, la inconstitucionalidad del ámbito objetivo de aplicación de la medida, en cuanto excluía, sin una justificación objetiva y razonable, las conductas ilícitas llevadas a cabo por particulares y funcionarios públicos que se opusieron al proceso independentista. La STC 137/2025 aseveró que la lesión había de ser reparada entendiendo que las disposiciones de la Ley debían entenderse aplicables, con las mismas condiciones, límites y requisitos, a quienes realizaron los actos amnistiables con la finalidad de oponerse a los actos derivados del proceso de secesión. Por otra parte, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que establecía el ámbito temporal de la ley, al comprender dentro del mismo los actos iniciados, pero no necesariamente concluidos, antes del día 13 de noviembre de 2023. La sentencia estableció la interpretación constitucionalmente conforme del precepto relativo a la extinción de responsabilidades contables, declarando que la previsión de audiencia al Ministerio fiscal y a las entidades públicas perjudicadas no puede entenderse como excluyente de la intervención de otras partes personadas.

La doctrina sentada en la STC 137/2025 fue posteriormente aplicada en las SSTC 164/2025, de 8 de octubre —que reiteró la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad del artículo primero de la Ley, que delimita el ámbito objetivo de aplicación de la medida—; 165/2025, de 8 de octubre; 176/2025, 177/2025, 178/2025, 179/2025, 180/2025, 181/2025 y 182/2025, de 20 de noviembre; 185/2025, de 2 de diciembre, y 192/2025, de 16 de diciembre. Todas ellas contaron con cuatro votos particulares discrepantes.

Por otro lado, en la STC 63/2025, de 12 de marzo, el Pleno del Tribunal estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la reforma del Reglamento del Senado. La sentencia concluyó que la atribución en exclusiva a la mesa del Senado de la facultad de declarar el procedimiento legislativo de urgencia para la tramitación de las proposiciones de ley cuando lo solicitara el Gobierno, el Congreso de los Diputados, o una quinta parte de los senadores, desconocía el texto constitucional y la especial posición institucional del bicameralismo imperfecto, que implica que corresponde solo al Congreso de los Diputados y al Gobierno la declaración de la tramitación de urgencia de proyectos y proposiciones de ley. La sentencia afirma que de una interpretación sistemática del artículo 90.3 de la Constitución ha de entenderse que el término «proyecto de ley» que emplea incluye las proposiciones de ley.

Se dictaron dos sentencias en relación con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda: la STC 26/2025, de 29 de enero, a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por cuatro magistrados, y la STC 190/2025, de 16 de diciembre, que cuenta con dos votos particulares, uno de ellos suscrito por tres magistrados. En la primera de ellas, el Pleno del Tribunal declaró la pérdida de objeto del proceso, un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, respecto de aquellos preceptos ya declarados inconstitucionales y nulos por la STC 79/2024, de 21 de mayo. Además, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones legales que introducían la exigencia de acreditar que no concurría la situación de vulnerabilidad de personas y hogares en los procesos de recuperación de la posesión y subasta de bienes inmuebles, extendiendo, por conexión o consecuencia, la anulación al precepto que enumeraba los documentos que habían de aportarse junto con las demandas ejecutivas en la medida en que esa enumeración incluía la acreditación de la situación de vulnerabilidad de la parte demandada. A su vez, la STC 190/2025, resolutoria de un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de las Illes Balears, confirmó la constitucionalidad de los preceptos de la Ley 12/2023 relativos al destino de suelos dotaciones para la edificación de viviendas públicas, obligaciones de publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y requisitos de admisibilidad de las demandas de desahucio presentadas por grandes tenedores de vivienda y comunicación de procesos sobre vivienda habitual.

Finalmente, el Pleno dictó cuatro sentencias en procesos de inconstitucionalidad sobre leyes del Estado en materia tributaria. La STC 174/2025, de 19 de noviembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura respecto del apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias. La sentencia, cuya doctrina luego fue aplicada en la STC 186/2025, de 2 de diciembre, confirmó la constitucionalidad del precepto legal controvertido, que establece la distribución de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras en función del producto interior bruto de las comunidades autónomas de régimen común.

A su vez, la STC 175/2025, de 20 de noviembre, que cuenta con un voto particular suscrito por cinco magistrados, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018. Esta sentencia confirmó la constitucionalidad del método de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades. Su doctrina fue reiterada en la STC 191/2025, de 16 de diciembre, a la que se formularon tres votos particulares, uno de ellos suscrito por tres magistrados.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

A lo largo de 2025 se dictaron trece sentencias en procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas: diez se dictaron en recursos de inconstitucionalidad (SSTC 25/2025, de 29 de enero; 40/2025, de 11 de febrero; 44/2025, de 12 de febrero; 64/2025, de 13 de marzo; 95/2025 y 96/2025, de 9 de abril; 118/2025, de 14 de mayo; 133/2025, de 10 de junio; 142/2025, de 22 de julio, y 150/2025, de 23 de septiembre) y tres en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 42/2025, de 12 de febrero; 98/2025, de 28 de abril, y 163/2025, de 7 de octubre). Salvo la STC 98/2025, de la Sala Segunda, las restantes sentencias fueron dictadas por el Pleno del Tribunal y a cinco de ellas se formuló algún voto particular.

La STC 142/2025, de 22 de julio, declaró extinguido un recurso de inconstitucionalidad por la desaparición sobrevenida de su objeto (un precepto de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19, que había sido previamente declarado inconstitucional y nulo por la STC 133/2025, de 10 de junio). En las demás sentencias se declaró la inconstitucionalidad y nulidad, total o parcial, de veintiséis preceptos legales autonómicos. En dos de estas sentencias se extendió por conexión o consecuencia la declaración de nulidad a diversos preceptos del Decreto-ley canario 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en Canarias (STC 95/2025, de 9 de abril) y de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19 (STC 133/2025, de 10 de junio). La STC 25/2025, de 20 de enero, estableció la interpretación conforme con la Constitución de un precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, y la STC 150/2025, de 23 de septiembre, hizo lo propio con otro precepto del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.

Mediante auto, el Pleno del Tribunal inadmitió cinco cuestiones de constitucionalidad planteadas en relación con distintos preceptos de las siguientes leyes y normas con rango de ley autonómicas: Ley de las Cortes de Aragón 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia covid-19 en Aragón, y Decreto-ley del Gobierno de Aragón 4/2021, de 8 de julio, de modificación de la anterior (ATC 24/2025, de 11 de marzo); Decreto-ley de la Junta de Extremadura 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia (ATC 29/2025, de 25 de marzo); Ley balear 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (ATC 32/2025, de 8 de abril); Ley de la Asamblea de Madrid 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo (ATC 59/2025, de 7 de mayo) y Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (ATC 89/2025, de 9 de septiembre).

Como ya se ha indicado anteriormente, el Pleno dictó tres autos sobre mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas y resoluciones autonómicas con rango de ley impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE. En el ATC 64/2025, de 10 de junio, que cuenta con tres votos particulares, dos de ellos firmados por dos magistrados cada uno, mantuvo la suspensión de la Ley 1/2024, de 8 de noviembre, de derogación de la Ley 8/2021, de 17 de noviembre, de memoria histórica y democrática de Cantabria; en el ATC 84/2025, de 22 de julio, levantó la suspensión de un precepto de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, y en el ATC 88/2025, de 9 de septiembre, mantuvo parcialmente la suspensión de diversos preceptos de la Ley 5/2024, de 26 de julio, de concordia de la Comunitat Valenciana. A este último auto se formularon tres votos particulares, dos de ellos firmados por dos magistrados cada uno.

Se dictaron tres sentencias en procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley de la Generalitat de Cataluña.

La STC 25/2025, de 29 de enero —que cuenta con dos votos particulares, uno de ellos suscrito por cuatro magistrados—, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario de Vox en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Amén de declarar la pérdida de objeto del proceso en relación con los preceptos legales declarados inconstitucionales y nulos por la STC 120/2025, de 8 de octubre, la sentencia concluyó con la declaración de nulidad parcial del precepto legal autonómico que regulaba la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la vivienda; asimismo, estableció la interpretación conforme con la Constitución del precepto legal autonómico que tipifica como infracción grave el incumplimiento de los requisitos de la propuesta de alquiler social cuando ésta revista carácter obligatorio.

La STC 64/2025, de 13 de marzo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. La sentencia entendió suficientemente justificada la concurrencia del presupuesto habilitante para la aprobación de la norma de urgencia, que en determinados municipios supedita la posibilidad de destinar viviendas para uso turístico a la previsión expresa en el planeamiento urbanístico y a la obtención de licencia previa. A esta sentencia se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados.

Finalmente, la STC 163/2025, de 7 de octubre, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, confirmó la constitucionalidad de un precepto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero, que modificó el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente de Cataluña. La sentencia entendió suficientemente acreditada la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad por referencia a la necesidad de paliar la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania y así incentivar la independencia energética con medidas que favorezcan el uso de fuentes renovables.

La STC 40/2025, de 11 de febrero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, declarando la nulidad de los preceptos que reformaron la Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, por ser materia estatutariamente reservada a una ley aprobada en la cámara parlamentaria, así como los reglamentos sobre suelos contaminados y vertidos al dominio público hidráulico y marítimo terrestre, y el decreto de municipio turístico de Andalucía. La sentencia descartó que la convalidación de la disposición de urgencia por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía fuera contraria a ninguna norma del bloque de constitucionalidad aplicable al caso. A la STC 40/2025 se formularon tres votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

Aplicando la doctrina sintetizada en la STC 17/2022, de 8 de febrero, la STC 42/2025, de 12 de febrero, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, declaró la nulidad de una disposición transitoria de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las policías locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que contemplaba la existencia de un sistema de promoción interna basado exclusivamente en la posesión de la titulación académica, prescindiendo de la superación de prueba selectiva alguna.

En la STC 44/2025, de 12 de febrero, se desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la tramitación urgente de determinados procedimientos de ejecución de gasto contenida en la Ley del Parlamento de La Rioja 13/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2024. La sentencia no apreció vulneración alguna de la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo y contratación pública.

Se dictaron dos sentencias sobre normas autonómicas elaboradas para la gestión de la pandemia de la covid-19: La STC 95/2025, de 9 de abril, declaró, aplicando la doctrina sentada en la STC 136/2024, de 5 de noviembre, la nulidad parcial del Decreto-ley canario 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en Canarias; concretamente, anuló los preceptos que habilitaban a los órganos autonómicos para la adopción de medidas preventivas, limitativas, entre otros, del derecho de reunión o la libertad ambulatoria y tipificaban infracciones en materia de salud, pues contravenían la reserva de ley orgánica y vulneraban el orden constitucional de distribución de competencias; la sentencia extendió los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad a otras disposiciones autonómicas que guardaban estrecha conexión con los anteriores. A idénticas conclusiones se llegó en la STC 133/2025, de 20 de junio, que anuló, por las mismas razones ya reseñadas, los preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19, que habilitaban a los órganos autonómicos para la adopción de medidas preventivas que rebasaban su ámbito de competencias y tipificaban infracciones en materia de salud pública; también en esta sentencia se procedió a la extensión de los efectos del fallo a otros preceptos de la misma ley autonómica controvertida.

La STC 96/2025, de 9 de abril, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con la Ley madrileña 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Concretamente, esta sentencia, a la que se formuló un voto particular, declaró la nulidad del precepto legal autonómico que, contraviniendo la normativa básica estatal, negaba a las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI, y a aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de derechos humanos, la condición de interesadas en los procedimientos administrativos sancionadores y procesos penales que aquella normativa estatal les reconoce.

En la STC 98/2025, de 28 de abril, la Sala Segunda aplicó la doctrina contenida, entre otras, en las SSTC 59/2017, de 11 de mayo; 126/2019, de 31 de octubre, y 182/2021, de 26 de octubre, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, que establecía un sistema objetivo —y de aplicación imperativa— para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. A esta sentencia se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados.

La STC 118/2025, de 14 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una fracción parlamentaria compuesta por más de cincuenta miembros de los grupos parlamentarios Socialista y Sumar del Congreso de los Diputados respecto del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario. Además de constatar la pérdida parcial de objeto del proceso, la sentencia concluyó que se había justificado suficientemente la concurrencia del presupuesto habilitante para la aprobación de una norma de urgencia que, al eliminar la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears, no incorpora una regulación general del régimen de cooficialidad lingüística.

Por último, la STC 150/2025, de 23 de septiembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón. Concretamente, la sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad, por motivos competenciales, de los preceptos autonómicos que definían el ámbito de aplicación de la norma de urgencia y establecían medidas excepcionales en materia de revisión de precios de los contratos de obra y de servicios y suministros necesarios para la ejecución de la obra pública. Además, la sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución del precepto relativo a la tramitación de las solicitudes de modificación de los materiales en los contratos de obra pública.

D) Conflictos constitucionales

En 2025, el Pleno del Tribunal dictó dos sentencias resolutorias de sendos conflictos positivos de competencia (SSTC 82/2025, de 26 de marzo, y 151/2025, de 24 de septiembre) y una en conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales (STC 135/2025, de 11 de junio). Además, dictó una sentencia resolutoria de una impugnación de disposiciones autonómicas (STC 43/2025, de 12 de febrero).

Igualmente el Pleno aceptó por auto un desistimiento de la parte actora en un conflicto positivo de competencia (ATC 96/2025, de 23 de septiembre) y denegó la medida cautelar de suspensión solicitada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en otro (ATC 103/2025, de 7 de octubre). También por auto inadmitió a trámite una cuestión prejudicial de validez planteada en relación con un precepto de la Norma Foral del territorio histórico de Álava 11/2003, de 31 de marzo, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la redacción dada por el artículo 3.3 de la Norma Foral 15/2015, de 28 de octubre (ATC 43/2025, de 12 de febrero).

En la STC 82/2025, de 26 de marzo, se estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional. La estimación comprendió los preceptos del Real Decreto que excedían el contenido de lo básico, bien por carecer de habilitación para el desarrollo reglamentario de las disposiciones legales relativas al sistema de formación profesional, bien por su excesivo grado de detalle, que vaciaba de contenido la competencia autonómica de desarrollo.

En la STC 151/2025, de 24 de septiembre, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, se estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con un contrato licitado por la Administración General del Estado en materia de acogimiento de menores. Dicho contrato perseguía dos objetivos: la difusión del conocimiento sobre el acogimiento familiar con el fin de mejorar las políticas públicas en esta materia y el diseño de un servicio de búsqueda, captación, sensibilización y fidelización de potenciales familias acogedoras. La STC 151/2025 declaró la nulidad del contrato en lo atinente a este segundo objetivo al invadir la competencia autonómica en la materia y desestimó el conflicto en aquello que afectaba al primero de los objetivos reseñados.

En la STC 135/2025, de 11 de junio, se resolvió un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales promovido por el Gobierno de la Nación en relación con los acuerdos de la mesa del Senado de toma en consideración la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se deroga la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Frente a lo sostenido por la parte actora, no podía reprocharse extralimitación al órgano de gobierno de la Cámara en cuanto que había procedido a levantar el veto gubernamental respecto de una iniciativa legislativa que no afectaba al presupuesto en vigor, límite temporal de ejercicio del veto, pese a que hubiera de tener impacto en los objetivos plurianuales de estabilidad presupuestaria.

Para concluir, cumple reseñar que en la STC 43/2025, de 12 de febrero, el Pleno resolvió una impugnación de disposiciones autonómicas planteada por el Gobierno de la Nación a través del cauce regulado en el título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En esta sentencia se declararon inconstitucionales y nulos, por ser contrarios al orden constitucional de distribución de competencias, las siguientes disposiciones autonómicas: a) el precepto del acuerdo del Gobierno autonómico canario que establecía la suspensión de la recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en centros de acogida autonómicos y b) la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del mismo Ejecutivo, que excluía del protocolo canario de entrega y recepción por los servicios autonómicos de protección de menores, a aquellos menores que hubieran sido rescatados por el Estado o interceptados a su llegada a la costa por las fuerzas de seguridad estatales. Al negarse a ejercer su competencia, la comunidad autónoma canaria había ignorado su carácter indisponible e irrenunciable, quebrantando así el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo de 2025, el Tribunal Constitucional dictó 153 sentencias en procesos de amparo. El Pleno dictó diecisiete de ellas, sesenta la Sala Primera y setenta y cinco la Sala Segunda. A quince de estas sentencias se formuló algún voto particular: cinco del Pleno, seis de la Sala Primera y cuatro de la Sala Segunda.

Por lo que hace a su parte dispositiva, en ciento treinta de estas sentencias se estimó total o parcialmente el correspondiente recurso de amparo; en diecinueve se desestimó; en tres se inadmitió (por haberse interpuesto extemporáneamente el recurso de amparo en las SSTC 11/2025, de 13 de enero, y 106/2025, de 12 de mayo; y por falta de agotamiento de la vía judicial previa en la STC 153/2025, de 6 de octubre). En la STC 132/2025, de 10 de junio, se declaró la terminación del proceso de amparo por pérdida sobrevenida de su objeto.

En el trámite de admisión, debemos consignar que el Pleno del Tribunal admitió a trámite, mediante auto, tres recursos de amparo (AATC 4/2025 y 5/2025, de 14 de enero, y 11/2025, de 28 de enero; a los dos primeros se formularon sendos votos particulares, suscritos por tres magistrados; al ATC 11/2025 se formuló un voto particular suscrito por cinco magistrados), e inadmitió otros dos (AATC 28/2025, de 25 de marzo, al que se formuló un voto particular, suscrito por dos magistrados, y 101/2025, de 7 de octubre, al que se formuló un voto particular, suscrito por cuatro magistrados). La Sección Cuarta inadmitió por auto otro recurso de amparo (ATC 8/2025, de 27 de enero, que cuenta con un voto particular).

La Sala Primera, en el ATC 2/2025, de 13 de enero, acordó el desistimiento en un proceso de amparo previamente admitido a trámite. La Sección Segunda acordó la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, de un recurso de amparo parlamentario que se hallaba todavía en trámite de admisión (ATC 7/2025, de 16 de enero). Esta misma sección dictó cuatro autos resolutorios de otros tantos recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de sendos recursos de amparo: En tres de los casos estimó el recurso de súplica, revocó la providencia e inadmitió el recurso de amparo (AATC 67/2025, de 24 de junio; 107/2025, de 21 de octubre, y 109/2025, de 5 de noviembre); en el ATC 118/2025, de 10 de diciembre, desestimó la súplica y confirmó la providencia de inadmisión.

En materia de medidas cautelares, la Sala Segunda acordó por auto la suspensión en dos procesos de amparo (AATC 18/2025, de 24 de febrero, y 108/2025, de 4 de noviembre); también por auto mantuvo la suspensión previamente acordada en providencia en otro asunto (ATC 21/2025, de 10 de marzo). El Pleno rechazó la suspensión cautelar en tres procesos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente (AATC 119/2025 a 121/2025, de 16 de diciembre; a todos ellos se formuló un voto particular); la Sala Primera denegó la suspensión en el ATC 112/2025, de 17 de noviembre, y lo mismo hizo la Sala Segunda en el ATC 116/2025, de 2 de diciembre. Esta misma sala archivó, por pérdida sobrevenida de objeto, un incidente de suspensión en proceso de amparo (ATC 9/2025, de 27 de enero).

Con respecto a las abstenciones y recusaciones, se aceptaron por auto diecinueve abstenciones en procesos de amparo: el Pleno dictó ocho de esos autos (AATC 3/2025, de 14 de enero; 14/2025, 15/2025 y 17/2025, de 12 de febrero; 25/2025 a 27/2025, de 11 de marzo, y 100/2025, de 7 de octubre); la Sala Primera otros dos autos, en recursos de amparo ya admitidos a trámite (AATC 87/2025, de 8 de septiembre, y 111/2025, de 17 de noviembre) y las distintas secciones, los nueve restantes: la Sección Primera, tres (AATC 1/2025, de 7 de enero; 85/2025, de 2 de septiembre, y 122/2025, de 19 de diciembre); dos, la Sección Segunda (AATC 66/2025, de 16 de junio, y 83/2025, de 15 de julio); tres, la Sección Tercera (AATC 104/2025 a 106/2025, de 20 de octubre) y uno, la Sección Cuarta (ATC 90/2025, de 19 de septiembre). En el ATC 31/2025, de 8 de abril, el Pleno inadmitió un recurso de reposición y subsidiario incidente de nulidad de actuaciones promovido frente al ya mencionado ATC 15/2025, que había aceptado una abstención en proceso de amparo; al ATC 31/2025 se formuló un voto particular. En catorce autos, el Pleno del Tribunal inadmitió la recusación de magistrados en procesos de amparo (AATC 23/2025, de 11 de marzo; 30/2025, de 25 de marzo; 56/2025 y 57/2025, de 27 de mayo; 91/2025 a 98/2025, de 13 de septiembre; 102/2025, de 7 de octubre, y 117/2025, de 2 de diciembre). En el ATC 16/2025, de 12 de febrero, la Sección Cuarta inadmitió las recusaciones del secretario general del Tribunal y un secretario de justicia en proceso de amparo.

Se dictaron treinta y seis autos inadmitiendo otras tantas solicitudes de ejecución de sentencias dictadas en procesos de amparo. A excepción de los AATC 33/2025, de 28 de abril; 54/2025, de 27 de mayo, y 110/2025, de 17 de noviembre, todos estos incidentes de ejecución concernían a sentencias que reconocieron el derecho al disfrute del permiso de paternidad y cuidado de menores en familias monoparentales.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

En 2025 se dictaron ochenta y siete sentencias en las que se aplicó a otros tantos recursos de amparo la doctrina contenida en la STC 140/2024, de 6 de noviembre, que había declarado contrario al principio de igualdad y al derecho a no padecer discriminación una norma legal que no contemplaba la posibilidad de que las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, pudieran ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de menores disfrutando del permiso que correspondería al otro progenitor, caso de existir. En diecinueve de las sentencias dictadas en 2025 se declaró vulnerado el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna; en sesenta y seis se apreció vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento; en una, la Sala Primera inadmitió el recurso de amparo al haberse interpuesto extemporáneamente (STC 11/2025, de 13 de enero).

Cinco de las sentencias fueron dictadas por el Pleno (SSTC 62/2025, de 11 de marzo, y 65/2025 a 68/2025, de 18 de marzo) y las restantes ochenta y una por las salas. La Sala Primera dictó cuarenta y una de esas sentencias (SSTC 4/2025, 6/2025, 9/2025 y 10/2025, de 13 de enero; 21/2025, 23/2025 y 24/2025, de 27 de enero; 30/2025, 32/2025, 33/2025, 35/2025, 38/2025 y 39/2025, de 10 de febrero; 47/2025, 48/2025 y 50/2025; de 24 de febrero; 70/2025, 73/2025, 80/2025 y 81/2025, de 24 de marzo; 88/2025 a 90/2025 y 92/2025 a 94/2025, de 7 de abril; 102/2025 y 104/2025, de 28 de abril; 124/2025, de 26 de mayo; 127/2025 a 131/2025, de 9 de junio; 138/2025, 140/2025 y 141/2025, de 7 de julio; 145/2025 a 147/2025, de 8 de septiembre, y 168/2025 y 170/2025, de 17 de noviembre) y la Sala Segunda, cuarenta (SSTC 5/2025, 7/2025 y 8/2025, de 13 de enero; 17/2025 a 20/2025 y 22/2025, de 27 de enero; 29/2025, 34/2025 y 36/2025, de 10 de febrero; 46/2025, de 24 de febrero; 56/2025 a 61/2025, de 10 de marzo; 71/2025, 72/2025 y 74/2025 a 79/2025, de 24 de marzo; 91/2025, de 7 de abril; 103/2025, de 28 de abril, 112/2025 a 116/2025, de 12 de mayo; 122/2025, 123/2025 y 125/2025, de 26 de mayo; 139/2025, de 7 de julio; 158/2025 y 159/2025, de 6 de octubre, y 172/2025, de 17 de noviembre).

En ochenta y cuatro de los casos, la demandante de amparo era la madre biológica; en el caso resuelto por la STC 123/2025, de 26 de mayo, se trataba de una adopción y en el de la STC 140/2025, de 7 de julio, de un acogimiento familiar. La única sentencia que denegó el amparo fue la STC 168/2025, de 17 de noviembre, al no tratarse de una familia monoparental sino de un supuesto en el que la ausencia del padre respondía al hecho de que éste se hallaba privado de libertad en cumplimiento de condena.

Al margen de las anteriores, en la STC 132/2025, de 10 de junio, el Pleno del Tribunal declaró extinguido un proceso de amparo en el que la demandante había invocado su derecho a la igualdad en relación con las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en una causa especial, y en la STC 153/2025, de 6 de octubre, la Sala Segunda inadmitió, al no haberse agotado la vía judicial previa, un recurso en el que se había alegado la vulneración al derecho a la igualdad en un proceso contencioso-administrativo sobre acreditación de la carrera profesional.

C) Vida e integridad física y moral (art. 15 CE)

En tres de las sentencias dictadas durante 2025 el Tribunal apreció vulneración de los derechos a la vida y a la integridad física y moral, siempre en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. En dos de estas sentencias —SSTC 126/2025, de 9 de junio, de la Sala Primera, y 154/2025, de 6 de octubre, de la Sala Segunda—, se otorgó el amparo por vulneración de los referidos derechos fundamentales al no haberse investigado suficientemente la comisión de sendos delitos. En ambos casos se produjo una defectuosa investigación de la muerte violenta de víctimas previamente desaparecidas, dándose la circunstancia de que en el supuesto resuelto por la STC 154/2025 la víctima tenía la condición de persona especialmente vulnerable. Por otro lado, en la STC 28/2025, de 10 de febrero, la Sala Primera otorgó el amparo a un funcionario policial que había denunciado oportunamente haber sufrido acoso laboral sistemático tras revelar irregularidades en su centro de trabajo. Aplicando la doctrina en materia de carga de la prueba en procesos de tutela de derechos fundamentales, la Sala constató que existía un cuadro indiciario suficiente de hostigamiento, que imponía a la Administración justificar causas ajenas a toda finalidad vejatoria y activar protocolos eficaces de prevención e investigación, lo que no ocurrió, y a los órganos judiciales ser diligentes en la protección del derecho fundamental invocado por el actor.

D) Libertad religiosa (art. 16 CE)

En la sentencia STC 119/2025, de 26 de mayo, la Sala Primera desestimó el recurso de amparo promovido por el padre de un menor respecto de las resoluciones judiciales que, en un proceso de jurisdicción voluntaria sobre desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, le habían prohibido expresamente cualquier acto de adoctrinamiento de su hijo en la fe evangélica. La sentencia aplicó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sintetizada en su sentencia de 19 de mayo de 2022, asunto T. C. c. Italia.

E) Libertad personal (art. 17 CE)

Cuatro sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal acaecidas con ocasión de la revocación de la suspensión de penas privativas de libertad. Las SSTC 37/2025, de 10 de febrero, y 49/2025, de 24 de febrero, dictadas por la Sala Segunda, anularon las resoluciones judiciales que habían revocado la suspensión de la ejecución de la pena por la comisión de un nuevo delito e impago de la responsabilidad civil, respectivamente. En ambas sentencias se hizo hincapié en el deber de motivación reforzada que recae sobre los órganos judiciales cuando de la adopción de medidas que afecten a la libertad personal se trata: pesa sobre dichos órganos la carga de ponderar de forma expresa las circunstancias personales del penado, naturaleza y gravedad de los delitos, evolución en el tratamiento o proceso de deshabituación y, en su caso, su capacidad económica actual para hacer frente a las obligaciones civiles. La STC 160/2025, de 6 de octubre, igualmente de la Sala Segunda, proyectó este mismo canon de motivación reforzada al ámbito de la justicia militar, declarando vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal y anulado las resoluciones del juzgado togado que habían revocado la suspensión del ingreso en prisión sin examinar las concretas circunstancias del militar afectado ni la finalidad resocializadora de la pena. En la STC 183/2025, de 1 de diciembre, la Sala Primera aplicó esta misma doctrina a un supuesto en el que la revocación de la suspensión se acordó tras el abandono por el penado del tratamiento de deshabituación que había de seguir.

En otras dos sentencias, ambas dictadas por la Sala Segunda, se otorgó el amparo por vulneración de este mismo derecho fundamental causada por la denegación de una petición de habeas corpus sin audiencia del solicitante, ni proporcionarle aquellos extremos de las actuaciones policiales que fueran esenciales para controvertir la legalidad de su detención (SSTC 86/2025, de 7 de abril, y 188/2025, de 15 de diciembre). La STC 3/2025, de 13 de enero, dictada asimismo por la Sala Segunda, concluyó que habían vulnerado el derecho a la libertad personal unas resoluciones judiciales que acordaron la prórroga de una prisión provisional sin computar los días de detención policial para la determinación del máximo inicial de la medida cautelar.

En dos sentencias no se examinó, por razones procesales, el fondo de las pretensiones deducidas en sendos recursos de amparo en los que se había denunciado la vulneración del derecho a la libertad personal: la STC 106/2025, de 12 de mayo, dictada por la Sala Segunda, inadmitió por extemporáneo un recurso interpuesto en relación con la desestimación de una solicitud de habeas corpus, y la STC 132/2025, de 10 de junio, del Pleno, declaró extinguido otro recurso de amparo donde se impugnaban las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en una causa especial, medidas que habían quedado sin efecto con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo.

F) Derecho al honor (art. 18 CE)

Tres sentencias denegaron el amparo a quienes invocaban su derecho al honor.

En la STC 1/2025, de 13 de enero, la Sala Segunda desestimó el recurso de una antigua concejala que se consideraba vejada por la imagen que de ella se daba en un relato de ficción publicado en la sección de ocio de un diario. Sin embargo, el Tribunal subrayó que solo cuando el personaje literario permite identificar de manera notoria y evidente a una persona real puede entenderse prima facie afectado su honor, presupuesto necesario para cualquier ponderación entre derechos. Toda vez que el texto controvertido carecía de elementos de referencialidad suficientes para que la demandante resultase razonablemente reconocible, la STC 1/2025 concluyó que su reputación no había sufrido merma alguna.

Las SSTC 107/2025 y 108/2025, de 12 de mayo, dictadas por la Sala Primera, resolvieron los recursos de un antiguo presidente de AENA y de varios responsables públicos frente a las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente del vuelo JK5022, que les atribuían una responsabilidad política genérica. Reiterando la doctrina sobre la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal y el contenido del derecho al honor, la sentencia constató que no se habían llevado a cabo imputaciones individualizadas de ilícitos ni utilizado expresiones insultantes o gravemente desmerecedoras en las conclusiones de los trabajos de la comisión parlamentaria. Dicha comisión se ciñó a las responsabilidades políticas propias de la función de control parlamentario, lo que llevó a descartar la vulneración del derecho al honor de los demandantes de amparo y, consecuentemente, desestimar sus recursos.

G) Libertades de creación artística, expresión e información (art. 20 CE)

Seis de las sentencias dictadas en 2025 resolvieron sendos recursos de amparo en los que se invocaban las libertades comunicativas del art. 20.1 de la Constitución.

Con respecto a la libertad de creación artística, la ya mencionada STC 1/2025, de 13 de enero, de la Sala Segunda, desestimó el recurso de quien denunciaba haber visto lesionado su honor por el retrato que de ella se hacía en una pieza satírica publicada en un diario. En este caso, la sentencia no llegó siquiera a ponderar la libertad de creación con el alegado derecho al honor, pues no era posible identificar a la demandante en el texto periodístico origen remoto del proceso constitucional. Por el contrario, en la STC 117/2025, de 13 de mayo, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo a quien había sido condenado por un delito contra la integridad moral a resultas de la creación de una página web en la que se simulaba un recorrido por los lugares donde había tenido lugar un delito de violación grupal (caso popularizado con el nombre de «Tour de la Manada»). Con esta iniciativa, su promotor pretendía criticar el tratamiento sensacionalista que se había dado a los hechos en los medios de comunicación. La STC 117/2025 declaró vulneradas las libertades de expresión y creación artística como consecuencia de su falta de ponderación en las sentencias condenatorias recaídas en la causa penal.

Tres sentencias desestimaron los recursos de amparo en los que se invocaba la libertad de información en casos donde se controvertía la ilustración de noticias mediante la difusión de imágenes obtenidas de vídeos elaborados por una agencia de noticias. La STC 62/2025, de 11 de marzo, del Pleno, denegó el amparo a un diario de tirada nacional que había sido condenado por intromisión ilegítima en el honor y la propia imagen de un tercero cuyo rostro aparecía, por error, en un reportaje gráfico sobre un homicidio cometido en prisión. La sentencia —que cuenta con dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados— rechazó la posibilidad de aplicar la doctrina del reportaje neutral fundándose en el hecho de que el vídeo hubiera sido elaborado por una agencia de noticias ajena al periódico y descartó que la conducta del medio estuviera amparada por la libertad de información, habida cuenta de que no se había levantado la carga de averiguación de su veracidad. Las SSTC 87/2025, de 7 de abril, de la Sala Primera, y 101/2025, de 28 de abril, de la Sala Segunda, aplicaron la doctrina sentada en la anterior a sendos recursos de amparo promovidos por otros dos medios de comunicación que habían difundido el mismo vídeo. A la STC 87/2025 se formularon dos votos particulares y a la STC 101/2025 un voto particular, suscrito por dos magistrados.

Finalmente, la STC 100/2025, de 28 de abril, de la Sala Segunda, desestimó un recurso de amparo en el que se controvertían las sentencias que habían condenado civilmente a una candidata que, en el curso de un debate electoral, había criticado acerbamente la gestión y persona del anterior alcalde, quien, por lo demás, no optaba a la renovación del mandato. La sentencia reitera la doctrina sobre la dimensión institucional de la libertad de expresión y su particular intensidad en el discurso político, como también subraya la exigencia de una mínima base fáctica para imputaciones de la gravedad de las realizadas en el caso, máxime cuando se refieren a una persona que no tiene la condición de candidato. Consecuentemente, la STC 100/2025 confirmó que las resoluciones judiciales impugnadas habían realizado una ponderación de los derechos e intereses en presencia respetuosa con el canon constitucional, otorgando prevalencia al derecho al honor frente a unas expresiones que, pese a su contexto electoral, se presentaban como afirmaciones de hechos sin respaldo suficiente.

H) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Con respecto a los derechos de participación política proclamados en el art. 23 CE, debemos comenzar mencionando la STC 132/2025, de 10 de junio, en la que el Pleno del Tribunal declaró extinguido un proceso de amparo en el que la demandante había invocado su derecho a la participación política en relación con las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en una causa especial. Al margen de esta, se dictaron once sentencias en procesos de amparo en los que se planteaban cuestiones relativas al ejercicio efectivo por los parlamentarios de las funciones representativas.

Acerca del veto presupuestario a las iniciativas parlamentarias, la STC 143/2025, de 8 de septiembre, dictada por la Sala Segunda, estimó un recurso de amparo planteado en relación con los acuerdos de la mesa del Senado que aceptó el veto alzado por el Gobierno frente a una proposición de reforma de la Ley del impuesto sobre el valor añadido. La sentencia constató que el veto no se justificaba por una afección directa a los presupuestos en vigor al momento de presentarse la iniciativa parlamentaria, sino por una potencial incidencia en los presupuestos de ejercicios futuros, lo que desnaturalizaba la institución del veto y vulneraba el derecho al ejercicio de las funciones representativas de los recurrentes.

En dos sentencias, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo por vulneración del derecho al ejercicio del cargo en relación con los acuerdos de la mesa de edad del Parlamento de Cataluña que, en la sesión constitutiva de la Cámara, habían aceptado la delegación de voto de parlamentarios autonómicos que, voluntariamente, habían eludido la acción de la justicia penal española y estaban sujetos a una orden judicial de busca y captura (SSTC 83/2025, de 26 de marzo, y 136/2025, de 11 de junio).

En la sentencia STC 97/2025, de 28 de abril, la Sala Primera estimó parcialmente el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Mixto del Parlamento Vasco y la diputada que lo integraba en calidad de único miembro contra unos acuerdos de la junta de portavoces y de la mesa del Parlamento Vasco relativos al régimen de ejercicio de sus funciones parlamentarias. Tras aplicar la doctrina sintetizada en la STC 38/2022 y la extensión de sus efectos, concluyó que los acuerdos de la junta de portavoces del Parlamento Vasco, al limitar indebidamente las facultades de la parlamentaria, habían vulnerado su derecho al ejercicio del cargo representativo.

Asimismo en relación con el estatuto del parlamentario no adscrito deben mencionarse las SSTC 14/2025 y 15/2025, de 27 de enero, y 167/2025, de 17 de noviembre. En las dos primeras, la Sala Segunda desestimó sendos recursos en los que se impugnaba la validez de unos acuerdos de la mesa del Parlamento de las Illes Balears que limitaban las facultades de los diputados no adscritos. En estas sentencias la Sala concluyó que las restricciones cuestionadas perseguían fines constitucionalmente legítimos —evitar el transfuguismo político y la sobrerrepresentación de los parlamentarios no adscritos— congruentes con la consagración constitucional de los partidos como expresión del pluralismo político, y los medios empleados, si bien imponían límites al ejercicio de la función representativa, no la hacían irreconocible. En la STC 167/2025, esa misma Sala otorgó el amparo a una diputada del Parlamento de La Rioja a quien se había calificado como no adscrita como consecuencia de su expulsión de la formación política con la que había concurrido a las elecciones; la sentencia anuló el acuerdo controvertido tanto por el hecho de que desconocía la distinta naturaleza jurídica del partido político y el grupo parlamentario, como porque imponía una medida materialmente sancionadora carente de cobertura en el reglamento de la Cámara. Las SSTC 14/2025 y 15/2025 cuentan con un voto particular cada una de ellas.

En la STC 120/2025, de 26 de mayo, la Segunda Sala otorgó el amparo a los diputados del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, quienes habían impugnado diversas resoluciones sobre convocatoria y fijación del orden del día del Pleno, admisión de una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara y modificación de la composición de distintas comisiones. La sentencia, al apreciar que se había prescindido indebidamente de la participación de la representación de ese grupo parlamentario en su adopción, estimó parcialmente el recurso y anuló los acuerdos del presidente del Parlamento donde se fijaba el orden del día del plenario prescindiendo del concurso de la junta de portavoces.

La STC 171/2025, de 17 de noviembre, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a un diputado de las Cortes de Aragón a quien se había inadmitido una pregunta con respuesta oral en Pleno con el argumento de que este tipo de iniciativas estaban reservadas para los grupos de oposición, circunstancia que no concurría en su grupo. Se otorgó el amparo al apreciarse que la denegación se apartaba inmotivadamente de un precedente inmediato.

Para concluir este epígrafe, hemos de consignar que en otras dos sentencias —SSTC 52/2025 y 53/2025, de 10 de marzo, que cuentan con un voto particular cada una— la Sala Primera del Tribunal denegó el amparo al grupo parlamentario Adelante Andalucía y a un diputado del Parlamento de Andalucía, quienes denunciaban la vulneración de su función representativa como consecuencia de la convalidación de un decreto-ley por la Diputación Permanente de la cámara autonómica, extremo sobre el que ya se había pronunciado, en proceso de inconstitucionalidad, la STC 40/2025, de 11 de febrero.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

En el año 2025, el Tribunal Constitucional dictó treinta y ocho sentencias en procesos de amparo en los que se alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en sus distintas vertientes. Siete de ellas fueron dictadas por el Pleno, incluyendo la STC 132/2025, de 10 de junio, que declaró la extinción del recurso de amparo por pérdida sobrevenida de objeto. Otras nueve corresponden a pronunciamientos de la Sala Primera, mientras que las restantes veintidós son de la Sala Segunda. Entre estas últimas se encuentra la STC 106/2025, de 12 de mayo, que inadmitió un recurso de amparo al haber sido interpuesto de manera extemporánea.

En algunas sentencias, el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con otros derechos fundamentales debido a las particularidades del caso. Así sucede con la STC 28/2025, de 10 de febrero, que amparó el derecho fundamental a la integridad física y moral en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva de un agente de policía local que presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por presunto acoso laboral. También con las SSTC 126/2025, de 9 de junio, y 154/2025, de 6 de octubre, en las que se declaró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la vida por el incumplimiento del estándar de investigación suficiente por parte de las autoridades judiciales ante la desaparición y muerte de personas. En las SSTC 37/2025, de 10 de febrero; 49/2025, de 24 de febrero; y 160/2025, de 6 de octubre, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal porque las resoluciones judiciales recurridas no satisfacían el deber de motivación reforzada exigido para revocar la suspensión de ejecución de penas privativas de libertad por reiteración delictiva. Otro tanto hizo la Sala Primera en la STC 183/2025, de 1 de diciembre.

Por último, debe mencionarse la STC 148/2025, de 9 de septiembre, resolución que tiene origen en una reclamación de un trabajador ante su comité de empresa porque se le asignaron tareas ajenas a sus funciones, tras una reunión del comité de empresa con el empleador, el trabajador habría sido despedido. En la STC 148/2025 el Pleno del Tribunal amparó al trabajador al recordar que la garantía de indemnidad —en tanto que manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva— también protege a los actos preparatorios o previos que, no siendo normativamente necesarios para el acceso a la jurisdicción, estén encaminados a la defensa de los derechos del trabajador en evitación de un procedimiento judicial y que pueden desembocar en el ejercicio de acciones judiciales en caso de que sus pretensiones no sean atendidas. A esta sentencia se formuló un voto particular.

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales

El Tribunal Constitucional dictó diez sentencias en procesos de amparo en los que estaba en cuestión el derecho a la tutela judicial efectiva en sus vertientes de acceso a la jurisdicción, al proceso y a los recursos legales. Entre estas figuran las ya mencionadas SSTC 126/2025, de 9 de junio, y 154/2025, de 6 de octubre, relativas al acceso a la jurisdicción penal y la STC 28/2025, de 10 de febrero, en un supuesto de acceso al recurso.

En relación con el acceso a la jurisdicción, la STC 152/2025, de 6 de octubre, dictada por la Sala Segunda, anuló una sentencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la que el órgano judicial había rechazado de plano un argumento en la impugnación de una resolución administrativa ordenando la devolución de ayudas otorgadas por la hacienda foral de Álava, aduciendo falta de jurisdicción pues la competencia para examinar la queja correspondería en exclusiva a la Comisión Europea, que ya se habría pronunciado mediante comunicaciones informales. La STC 161/2025, de 7 de octubre, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo a quien había visto cómo quedaban sin respuesta los argumentos que había ofrecido, en un proceso contencioso-administrativo al que había acudido en calidad de codemandado, en defensa de la legalidad del acto administrativo controvertido. El órgano judicial a quo no examinó dichos argumentos al entender que el ámbito de cognición del proceso quedaba inexorablemente delimitado en el escrito de demanda. Se negó con ello el contenido esencial del derecho a la tutela judicial puesto que las alegaciones sustanciales oportunamente planteadas quedaron sin una respuesta fundada en Derecho.

La STC 55/2025, de 10 de marzo, de la Sala Segunda, declaró vulnerado el derecho a la tutela judicial, igualmente en su vertiente de acceso a la jurisdicción, en un supuesto en el que se había inadmitido una demanda en litigio social porque el trabajador no había aportado la carta de despido que no obraba en su poder. En la STC 69/2025, de 24 de marzo, la Sala Segunda otorgó el amparo a una asociación a la que se había inadmitido un recurso contencioso-administrativo ordinario por falta de legitimación con el argumento de que esa legitimación traía causa de un precepto legal declarado inconstitucional y nulo por la STC 252/2000, de 30 de octubre; sin embargo, esa legitimación activa bien podía fundarse, y así lo exigía el principio pro actione, en otras previsiones legales no viciadas de inconstitucionalidad.

Con respecto al derecho de acceso al recurso, las SSTC 105/2025, 29 de abril, del Pleno, y 110/2025, de 12 de mayo, de la Sala Primera, el Tribunal otorgó el amparo a quienes habían visto negada toda posibilidad de interponer un recurso devolutivo frente a los autos de revisión de sentencia condenatoria firme en vía penal. A la primera de estas sentencias se formularon tres votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados, y a la STC 110/2025, dos votos particulares. La STC 144/2025, de 8 de septiembre, estimó vulnerada la vertiente del derecho a la tutela judicial que ahora nos ocupa en un supuesto de inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones planteado en pleito civil de reclamación de cantidad, ignorando la doctrina sentada en la STC 112/2019, de 3 de octubre, acerca de la reviviscencia de este incidente. A estas sentencias debe añadirse la STC 16/2025, de 27 de enero, dictada por la Sala Segunda, en la que se otorgó el amparo respecto de la inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones fundada en la procedencia del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, que el propio recurrente había descartado razonablemente en su escrito.

b) Interdicción de la indefensión

En cinco de las sentencias dictadas a lo largo de 2025, el Tribunal Constitucional examinó la posibilidad de indefensión padecida en el proceso judicial por la parte demandada. A estas puede sumarse la STC 107/2025, de 12 de mayo. En ella, la Sala Primera descartó el enjuiciamiento de este motivo del recurso dirigido contra las actuaciones de una comisión parlamentaria de investigación, ubicando la cuestión controvertida en el ámbito de las garantías procesales del art. 24.2 CE.

Cuatro de estas sentencias otorgaron el amparo por inadecuada constitución de la relación jurídica procesal como consecuencia de la falta de diligencia del órgano judicial en el momento de intentar el emplazamiento personal de la parte demandada. En la STC 2/2025, de 13 de enero, dictada por la Sala Segunda, se estimó el recurso de una entidad mercantil emplazada por edictos sin agotar las posibilidades de notificación personal a su administrador. En la STC 156/2025, de 6 de octubre, también de la Sala Segunda, se otorgó el amparo por idéntica infracción en la ejecución de una sentencia dictada en proceso de reclamación de cantidad; esta sentencia declaró igualmente la vulneración del derecho a una resolución jurídicamente fundada, pues el posterior incidente de nulidad de actuaciones fue inadmitido sin atender a la doctrina constitucional invocada por el interesado. En la STC 157/2025, de 6 de octubre, fue la Sala Primera quien otorgó el amparo a una asociación cultural y deportiva emplazada por edictos en proceso civil. En la STC 189/2025, de 15 de diciembre, la Sala Segunda otorgó el amparo por un emplazamiento indebido del demandado, persona física, realizado utilizando medios electrónicos. Si bien en las SSTC 157/205 y 189/2025 se enjuició la inadmisión de los correspondientes incidentes de nulidad de actuaciones, en ninguna de ellas se le dio el tratamiento de lesión autónoma, reprochando únicamente al órgano judicial la falta de reparación de la lesión padecida.

En la STC 99/2025, de 28 de abril, la Sala Segunda denegó el amparo a quien decía haber padecido indefensión porque no había sido emplazada en su residencia que decía haber establecido, al menos temporalmente, en Singapur. Ni tal extremo quedó acreditado, ni la pretensión de la demandante de amparo tenía cobertura en el derecho fundamental invocado.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

En materia de motivación de las resoluciones judiciales, procede reiterar en primer lugar la mención de aquellas sentencias que apreciaron el incumplimiento del deber de motivación reforzada al revocar la suspensión de penas privativas de libertad. Se trata de las ya reseñadas SSTC 37/2025, de 10 de febrero; 49/2025, de 24 de febrero; 160/2025, de 6 de octubre, y 183/2025, de 1 de diciembre. En otras tres sentencias se otorgó el amparo por deficiencias en la motivación de las resoluciones judiciales en cada caso impugnadas: En la STC 31/2025, de 10 de febrero, la Sala Primera anuló la resolución judicial que, sin ponderar adecuadamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio, incorporó a una causa penal las pruebas de cargo obtenidas a partir de una diligencia de entrada y registro cuya conformidad a Derecho se había proclamado con pretendida firmeza. En la STC 54/2025, de 10 de marzo, que cuenta con un voto particular suscrito por dos magistrados, la Sala Segunda hizo lo propio en un supuesto en el que se controvertía un auto de medias provisionales dictado por un juzgado de violencia sobre la mujer en proceso de divorcio; el auto no ponderó adecuadamente los derechos e intereses en presencia. Finalmente, en la STC 169/2025, de 17 de noviembre, esa misma Sala otorgó el amparo en un supuesto de aplicación del régimen de suspensión del lanzamiento por ocupación ilegal de viviendas a un caso de desahucio arrendaticio. La alegación de vicios en la motivación de las resoluciones judiciales controvertidas quedó imprejuzgada en la STC 132/2025, de 10 de junio, por extinción del proceso como consecuencia de la pérdida sobrevenida de su objeto.

Como ya se ha indicado, en la STC 156/2025, de 6 de octubre, la Sala Segunda otorgó el amparo en un caso de indefensión apreciando también la vulneración del derecho a una resolución jurídicamente fundada como consecuencia de la irrazonable inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones con el que se pretendía reparar la lesión padecida en el proceso. En tres sentencias se declaró la vulneración de esta misma vertiente del derecho a la tutela judicial en resoluciones judiciales que, ignorando el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, denegaron la imposición de costas en procesos en los que se había declarado el carácter abusivo de las cláusulas contractuales controvertidas (SSTC 45/2025, de 24 de febrero; 109/2025, de 12 de mayo, y 121/2025, de 26 de mayo). En la STC 85/2025, de 7 de abril, la Sala Segunda otorgó el amparo en relación con una sentencia de apelación que había anulado la sentencia absolutoria de instancia en una clara extralimitación de las facultades del tribunal ad quem. En la STC 155/2025, de 6 de octubre, la Sala Primera otorgó el amparo en un supuesto en el que la revocación de una sentencia absolutoria por irregularidad padecida con ocasión de la devolución del acta de veredicto del jurado no había causado indefensión material a la acusación. Importa señalar que esta sentencia, a la que se formuló un voto particular, incardinó la lesión en la vertiente procesal del ne bis in idem del derecho a la tutela judicial efectiva.

La STC 166/2025, de 17 de noviembre, de la Sala Segunda, otorgó el amparo por incongruencia respecto de una sentencia de apelación que había dejado sin respuesta varias alegaciones sustanciales sobre la valoración económica asignada por la sentencia de instancia a trabajos incluidos en el contrato de obra origen del litigio. Por el contrario, en la STC 149/2025, de 23 de septiembre, del Pleno, se desestimó la alegación de incongruencia omisiva dirigida contra la sentencia que, en casación, ordenó la ejecución de la sentencia anulatoria del proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S. A., con afección a una zona de especial protección de aves.

d) Intangibilidad y ejecución de las resoluciones judiciales firmes

El Pleno del Tribunal dictó tres sentencias en los procesos de amparo promovidos con ocasión de la ejecución de las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que habían declarado la nulidad del proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S. A., para la urbanización y edificación con afección a una zona de especial protección de aves. La declaración de imposibilidad material parcial de ejecución de dichas sentencias fue revocada en casación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, controvirtiéndose en amparo este último pronunciamiento.

Pese a que los promotores de los diferentes recursos de amparo denunciaban la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia del exceso de jurisdicción en el que, siempre según su opinión, habría incurrido la Sala de casación, el Tribunal Constitucional denegó los amparos. En las SSTC 149/2025, de 23 de septiembre; 162/2025, de 7 de octubre, y 173/2025, de 18 de noviembre, se concluyó que la sentencia casacional respondió adecuadamente al doble objetivo de fijación de la doctrina legal y subjetivo, de resolución de la controversia suscitada en el caso, sin incurrir en exceso de jurisdicción al fijar los términos de la ejecución, o incongruencia omisiva.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Presunción de inocencia

Durante el año 2025 se dictaron cinco sentencias en procesos de amparo en los que se había invocado el derecho a la presunción de inocencia. En la STC 41/2025, de 11 de febrero, el Pleno rechazó la vulneración denunciada al apreciar que la declaración de la víctima de un delito de lesiones, prestada en el acto del juicio oral, constituía prueba de cargo suficiente. En particular, la sentencia subrayó que la prueba se había obtenido con todas las garantías procesales y estaba corroborada por los partes médicos aportados que figuraban en la causa. La Sala Segunda, en la STC 85/2025, de 7 de abril, constató la vulneración de este mismo derecho fundamental en un supuesto de revocación de la sentencia absolutoria, basada en una discrepancia en la valoración de la prueba, que suponía una extralimitación de las facultades del tribunal de apelación. En las SSTC 107/2025 y 108/2025, ambas de 12 de mayo, la Sala Primera desestimó una alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia como regla de trato en la actuación de una comisión parlamentaria de investigación; los comparecientes y luego demandantes de amparo no acreditaron que hubieran sido considerados autores o partícipes en ninguna conducta ilícita, lo que privaba de fundamento a su denuncia. Finalmente, en la ya citada STC 132/2025, de 10 de junio, el Pleno declaró extinto un recurso de amparo en el que la demandante había invocado su derecho a la presunción de inocencia en relación con las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en causa especial penal.

b) Derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas; imparcialidad judicial

Dos sentencias declararon vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley respecto de las resoluciones correctoras dictadas por letrados de la administración de justicia en ámbitos que rebasaban el límite de su potestad disciplinaria (SSTC 13/2025, de 27 de enero, de la Sala Segunda, y 84/2025, de 7 de abril, de la Sala Primera). Debe hacerse notar que en la STC 84/2025 la declaración como vulnerado del derecho que ahora nos ocupa vino acompañada de la mención del derecho a un proceso con todas las garantías. No se apreció la vulneración de este derecho fundamental en otras cuatro sentencias dictadas por el Pleno: la ya mencionada STC 41/2025, de 11 de febrero, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, en un supuesto de valoración del testimonio de la víctima y en el que se ponía en cuestión la actitud del juez que presidió la vista oral; y las igualmente mencionadas SSTC 149/2025, de 23 de septiembre; 169/2025, de 7 de octubre, y 173/2025, de 18 de noviembre, sobre ejecución de sentencias anulatorias de un proyecto de urbanización y edificación con afección zona de especial protección de aves. En estas sentencias se subrayó que la participación de un magistrado en la aprobación de una sentencia materialmente conectada con el objeto del recurso de casación o en el trámite de admisión de ese mismo recurso no es causa suficiente para concluir, por sí sola, su pérdida de imparcialidad.

La vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías se apreció en la ya citada STC 85/2025, de 7 de abril, donde la Sala Segunda declaró que la revisión de una sentencia absolutoria trascendiendo las facultades propias del tribunal de apelación constituía una infracción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Se desestimó en la STC 41/2025, de 11 de febrero, mencionada en el párrafo anterior, y la alegación quedó imprejuzgada, por desaparición sobrevenida del objeto del proceso de amparo, en la STC 132/2025, de 10 de junio, respecto de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en causa penal especial.

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

Dos sentencias resolvieron sendos recursos de amparo en los que se invocaba el derecho fundamental a la legalidad penal: En la STC 51/2025, de 26 de febrero, del Pleno, se denegó el amparo a quien había sido condenada por un delito electoral cometido en el acto de formación y constitución de una mesa; en particular, la sentencia descartó que la subsunción de la conducta en el tipo referido a la constitución de las mesas supusiera el recuso a la analogía in malam partem, pues la referencia a la constitución de las mesas comprende los actos legalmente dirigidos a asegurar su correcta composición, incluidos los relativos al sorteo de sus integrantes. En la STC 111/2025, de 12 de mayo, la Sala Segunda otorgó el amparo a un penado extranjero a quien, en ejecución de condena, se había conmutado parcialmente la pena privativa de libertad, sustituyéndola por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada durante diez años, aplicando al caso retroactivamente una ley penal menos favorable para el interesado que la vigente en el momento de los hechos.

Otras dos sentencias declararon vulnerado el derecho a la legalidad sancionadora. En la STC 184/2025, de 2 de diciembre, el Pleno del Tribunal llegó a esta conclusión respecto de una resolución sancionadora dictada por el director de la Escuela Nacional de Policía. La sentencia apreció la vulneración del contenido formal de la legalidad sancionadora al haberse aplicado al caso un tipo recogido en el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía carente de cobertura legal; la STC 184/2025, a la que se formularon dos votos particulares, anuló tanto la sanción impuesta como el precepto reglamentario. En aplicación de la doctrina sintetizada en la STC 47/2023, de 10 de mayo, la STC 187/2025, de 15 de diciembre, de la Sala Segunda, otorgó el amparo a quien había sufrido una incorrecta aplicación de la Directiva de retorno que antepuso la expulsión del territorio nacional a la sanción pecuniaria.

V. Secretaría General.Los Servicios del Tribunal​

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2025 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho. El Servicio ha desarrollado su colaboración con la Fundación Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017.

En 2025 se llevó a cabo la decimoquinta convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 12 febrero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» núm. 47, de 24 de febrero de 2025). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 31 de julio de 2025 («Boletín Oficial del Estado» núm. 190, de 8 de agosto de 2025).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 2.256 títulos, de los cuales:

1. Por compra: 2.166.

2. Por donación: 90.

Revistas: Se han incorporado 31 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales 14 son revistas impresas y 17, en línea.

El 31 de diciembre de 2025, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 102.230 libros, de los cuales 9.361 son libros digitales, y un total de 1.630 publicaciones seriadas. De estas últimas, 204 son publicaciones oficiales (repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 724 están publicadas en papel y 702 en formato digital. Se siguen publicando y recibiendo 447 revistas en papel. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 168 se conservan en discos ópticos (CD-Rom o DVD) y 554 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 735.593 registros bibliográficos. Durante el año 2025 se han incorporado al catálogo 26.870 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales, quedan de la siguiente forma:

–2.120 libros, de los cuales 680 son libros digitales.

–16.053 artículos de revistas.

–8.673 capítulos de obras colectivas.

–24 publicaciones periódicas, de las cuales 10 son recursos en línea.

–1.157 registros del «Boletín de documentación».

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 234.791. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 6.570 registros nuevos, de los cuales 5.892 corresponden a autores personales, 47 a entidades corporativas, 291 a series y 266 a identificadores.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 5.509 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, sentencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

–Boletín de información bibliográfica: 6 números.

–Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 11 números.

–Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet (Atrio) y han sido distribuidos por correo electrónico. Además, el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal, desde enero de 2011, en la siguiente dirección: https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/BD.aspx.

E) Encuadernación:

En 2025 se han encuadernado 44 libros.

2) Servicios a los lectores

La biblioteca ha realizado un total de 1.523 préstamos de libros y ha recibido 1.405 devoluciones. Ha atendido numerosas consultas en la Sala de lectura y 11.238 a través de la aplicación informática del catálogo, así como 3.012 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 3.062 recursos bibliográficos: 1.145 libros, 1.256 artículos de revistas y 661 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

–Biblioteca Nacional.

–Bibliotecas universitarias.

–Biblioteca del Congreso de los Diputados.

–Biblioteca del Senado.

–Biblioteca del Consejo de Estado.

–Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

–Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

–Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

–Bibliotecas de Ministerios.

–Bibliotecas de Academias.

–Bibliotecas de Colegios de Abogados.

–Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

–Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

–Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 119), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un magistrado o magistrado emérito, por un letrado del propio Tribunal o por un profesor universitario. En el año 2025 se realizaron un total de 27 estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal, así como la elaboración de su estadística jurisdiccional.

En cumplimiento de la primera de las funciones que le son reglamentariamente asignadas, la de difusión de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene en el portal internet del Tribunal, convenientemente actualizados, los contenidos del «Buscador de jurisprudencia constitucional», que incluye a texto completo la totalidad de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucionales y aquellos autos que incorporan doctrina (https://hj.tribunalconstitucional.es/es) y las «gacetas de jurisprudencia constitucional» que, con periodicidad trimestral, incorporan la relación de resoluciones dictadas en forma de sentencia y auto, así como diversos índices que facilitan su manejo a los lectores interesados (https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Gaceta/List).

Por otro lado, el Servicio elabora las estadísticas jurisdiccionales del Tribunal, incorporando los correspondientes avances trimestrales al portal de internet (https://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Paginas/Cuadros-estadisticos.aspx).

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2025 y a través del denominado «Foro Venecia», el Servicio dio respuesta a doce solicitudes de información procedentes de los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Albania (dos consultas), Bulgaria, Eslovenia, Kazajistán (dos consultas), Polonia (tres consultas) y República Checa (tres consultas). Igualmente, el Tribunal Constitucional continuó su colaboración con la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta red proporciona documentación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo y sirve de cauce para el suministro de la información sobre el Derecho nacional que remiten de consuno el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional y el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España.

Finalmente, por resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 2025 —publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo—, se concedieron seis becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional que habían sido convocadas por previa resolución de 3 de octubre de 2024 («Boletín Oficial del Estado» núm. 242, de 7 de octubre de 2024).

3. Servicio de Informática

1) Infraestructuras, comunicaciones y seguridad

Durante el año 2025 se ha continuado y reforzado de manera significativa la estrategia de modernización y consolidación de las infraestructuras tecnológicas del Tribunal Constitucional, con especial atención a la continuidad del servicio, la seguridad de la información y la mejora del rendimiento de los sistemas que soportan la actividad institucional.

En el ámbito de las infraestructuras de sistemas centralizados, se han abordado diversas actuaciones orientadas a renovar y ampliar el hardware crítico que da soporte a los servicios corporativos. Entre ellas, destaca la actualización de la electrónica de red, mediante la adquisición de nuevos chasis centrales y de planta, que permiten sustituir equipamiento obsoleto y descatalogado, reduciendo de forma notable los riesgos derivados de averías y mejorando la capacidad de respuesta ante incidencias. Esta actuación incrementa la resiliencia de la red interna y facilita una planificación más eficiente del mantenimiento preventivo.

Asimismo, se ha reforzado la infraestructura de servidores y almacenamiento, ampliando los recursos de proceso, memoria y almacenamiento, con el objetivo de dar soporte adecuado a nuevos servicios críticos y entornos de virtualización. Estas mejoras permiten absorber el crecimiento de las cargas de trabajo y garantizan un nivel adecuado de rendimiento y disponibilidad.

Especial relevancia ha tenido la renovación y ampliación del sistema de copias de seguridad dimensionada para las necesidades actuales del Tribunal. Esta inversión refuerza sustancialmente el plan de contingencias, mejora los tiempos de recuperación ante desastres y contribuye a garantizar la continuidad operativa ante posibles incidentes graves, manteniendo además el sistema previo para entornos de desarrollo y pruebas.

En cuanto a los equipos de trabajo, durante 2025 se ha continuado con la renovación progresiva del parque microinformático, incorporando nuevos equipos de sobremesa y pantallas de mayor tamaño, con el fin de sustituir estaciones obsoletas y dar respuesta tanto a nuevas incorporaciones de personal como a la necesidad de disponer de equipos de reserva. Estas actuaciones permiten avanzar en la adopción de versiones actuales del sistema operativo y mejorar la experiencia de uso en el trabajo diario. Paralelamente, se ha proseguido con la actualización del entorno ofimático, mediante la adquisición de nuevas licencias que consolidan el modelo de servicios en la nube iniciado en ejercicios anteriores, y que dota de mayor fiabilidad, accesibilidad y seguridad al entorno de trabajo del personal al servicio del Tribunal.

En el ámbito de la seguridad informática, cabe destacar la actualización de los sistemas de seguridad perimetrales, renovando la solución existente por equipamiento de mayor capacidad y con licencias actualizadas de prevención de amenazas, navegación segura y acceso remoto. Esta actuación incrementa el nivel de protección frente a ataques externos, mejora el rendimiento del acceso a internet y asegura la continuidad del servicio en un entorno de alta disponibilidad.

Igualmente, se han acometido mejoras relevantes en los sistemas de videovigilancia, mediante la actualización y ampliación del equipamiento asociado a las matrices de pantallas (videowalls), puestos de control y comisaría, permitiendo gestionar un mayor número de cámaras en alta definición y reforzando las capacidades de supervisión y seguridad física de las instalaciones.

En materia de comunicaciones, durante 2025 se ha ampliado la infraestructura de red inalámbrica corporativa, incorporando nuevos puntos de acceso para corregir deficiencias de cobertura. Esta ampliación mejora la conectividad en las distintas sedes y refuerza el soporte a dispositivos móviles y a usos intensivos en determinadas zonas. Asimismo, se ha culminado con éxito el proyecto de mejora de la cobertura móvil interior, logrando una cobertura adecuada en todas las áreas requeridas de las sedes del Tribunal.

En conjunto, todas estas actuaciones han permitido incrementar la robustez, disponibilidad y seguridad de los sistemas tecnológicos del Tribunal Constitucional, sentando además una base sólida para la evolución futura de los servicios digitales y la adopción de nuevas capacidades tecnológicas.

2) Área jurisdiccional

Durante este ejercicio 2025 se han seguido afianzando los procesos de transformación digital en el ámbito jurisdiccional, tanto en el uso de la firma digital en todos los procesos de elaboración o tramitación documental, como en la habilitación y uso de los medios telemáticos de recepción y remisión de escritos, notificaciones y otra documentación.

Como resultado, la práctica totalidad los documentos de la tramitación jurisdiccional se ha gestionado de forma digital, facilitando el tratamiento electrónico de los expedientes en las secretarías de justicia.

En este contexto, se han firmado digitalmente un total de 34.317 documentos y se han llevado a cabo 50.485 notificaciones telemáticas. Cabe destacar el dato relativo a las notificaciones que, siguiendo la progresión de años anteriores, supone un incremento superior al 80 por 100 frente al año previo, y confirma esta modalidad de comunicación como la principal y casi única en el ámbito jurisdiccional.

NOTIFICACIONES

De igual manera, la modalidad electrónica de firma en el ámbito jurisdiccional fue prácticamente la única utilizada durante el pasado año en la elaboración de los 33.861 documentos de las secretarías de justicia, los 315 autos, sentencias y declaraciones firmados por el Tribunal y los 11.467 documentos firmados por la asistencia letrada. Este volumen conjunto supone aproximadamente el 78 por 100 de la documentación firmada electrónicamente en todo el Tribunal.

resoluciones dictadas

En lo que respecta al Registro General, durante el año 2025 se recibieron un total de 9.160 escritos de iniciación, una cifra inferior al año previo en, aproximadamente, un 7 por 100. De éstos, 8.483 se registraron por vía telemática (92,61 por 100), 564 se recibieron por correo ordinario (6,16 por 100) y 105 se iniciaron de forma presencial (1,15 por 100). En relación con estos asuntos, se recibieron un total de 13.885 escritos de trámite, de los que 10.437 lo hicieron por vía telemática (75,17 por 100), 3.120 por correo ordinario (22,47 por 100), 288 de forma presencial (2,07 por 100), y 40 por otras vías (0,29 por 100). Estas cifras constatan la creciente consolidación de los canales digitales de comunicación, que agilizan los procesos y aumentan la seguridad, trazabilidad, accesibilidad y disponibilidad de la información, y la gestión íntegramente digital de los procesos y expedientes.

entrada de escritos jurisdiccionales

 

 

3) Área gubernativa

Durante el año 2025 se han desarrollado distintas actuaciones orientadas a la mejora funcional, técnica y de seguridad del sistema de Portafirmas, herramienta esencial para la gestión y firma electrónica de documentos en el Tribunal Constitucional.

En este contexto, se ha renovado y mejorado la infraestructura que da soporte al sistema de Portafirmas y se han reforzado las medidas de protección en el acceso a la aplicación. Estas actuaciones han permitido incrementar la fiabilidad, la seguridad y la disponibilidad del servicio, así como adecuarlo a las necesidades actuales de la organización.

Adicionalmente, se han incorporado nuevas funcionalidades y mejoras de los servicios de firma electrónica, destacando la emisión de certificados en la nube, que permite a los usuarios realizar procesos de firma de forma deslocalizada y sin necesidad de equipamiento específico.

También se llevaron a cabo diversas actuaciones orientadas a la exploración y análisis de nuevas tecnologías y sistemas emergentes, con especial atención a soluciones basadas en la automatización de procesos e inteligencia artificial. Estas iniciativas, desarrolladas en un marco de evaluación y prueba de concepto, han permitido identificar posibles casos de uso y líneas de aplicación con potencial para mejorar la eficiencia operativa, optimizar procesos internos y reforzar el apoyo tecnológico a las distintas áreas del Tribunal, sentando las bases para su posible implantación progresiva en ejercicios posteriores.

A nivel estadístico, el ámbito gubernativo fue el responsable de más del 20 por 100 del volumen de firmas electrónicas en el Tribunal, destacando la gestión económica con 4.971 documentos firmados, la gestión contable con 2.458 y la gestión de recursos humanos con la firma de 3.904 documentos.

Por otro lado, en el registro del Tribunal se recibieron 892 escritos de índole gubernativa, lo que supone un descenso próximo al 23 por 100 frente al año previo. De estas entradas, 890 se produjeron por vía telemática, casi 7 puntos más que en 2024 (91,93 por 100 frente a 85,27 por 100), consolidando de esta forma el canal digital como medio preferente. En cuanto a su distribución, el 75,78 por 100 correspondieron a procesos selectivos (676), el 3,14 por 100 a convocatorias de becas (28) y el 3,81 por 100 a consultas sobre transparencia y acceso a la información pública (34).

ENTRADAS DE ESCRITOS GUBERNATIVOS

En lo correspondiente a la tramitación gubernativa por vía digital, en el ejercicio 2025 se han tramitado 3.828 solicitudes de permisos y licencias por vía electrónica, de los cuales el 78,58 por 100 corresponden a procedimientos de justificación de ausencias y un 20,14 por 100 a cambios de marcajes, correspondiendo el resto a cuestiones adicionales como cambio de datos bancarios (0,24 por 100), cambio de domicilio (0,16 por 100) o solicitudes de reducción de jornada (0,05 por 100).

La base informática de marcajes, por su lado, ha gestionado un total de 208.946 ano­taciones, de las cuales 9.229 (4,42 por ciento) consistieron en marcajes remotos, manteniéndose estos en niveles similares a los del año anterior.

4) Sistema informático de doctrina

Una base de conocimiento de la doctrina, basada en las sentencias y autos como elemento central, constituye el sistema informático de jurispruden­cia, que se ofrece para su acceso público a través del «Buscador de Juris­prudencia» de la web institucional y para su acceso interno a través de la intranet. El trabajo elaborado por el Servicio de Doctrina Constitucional enriquece la base, aportando estudios y clasifica­ciones, mediante un vasto conjunto de metadatos representada con una serie de fichas técnicas con la identificación, síntesis, resumen y extractos de cada resolución, índices, disposiciones generales citadas, resoluciones judiciales impugnadas y descriptores semánticos o voces jurídicas relacio­nadas visualmente. Junto al motor de búsqueda, se mantiene un siste­ma adoptando una ontología semántica, creada para tal propósito con voces jurídicas relacionadas con el corpus de resoluciones del Tribunal Constitucional.

En el contexto anterior, durante el año 2025 se realizaron 13.777.578 consultas de jurisprudencia, con un promedio diario de 37.747 consultas. El número total de usuarios diferentes que realizaron consultas fue de 672.259 (casi un 40 por 100 más que el año previo), siendo el mes de julio el que registró un menor uso, con 692.434 consultas, y el mes de enero el de mayor concurrencia, con 2.532.549 consultas. El documento más solicitado en este periodo fue la STC 11/1981, de 8 de abril, con 18.345 consultas.

PRINCIPALES CONSULTAS DE JURISPRUDENCIA DEL TC

5) Portal institucional y otras páginas y sitios web institucionales

Los eventos institucionales y, particularmente, la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional organizada por el Tribunal Constitucional en 2025, han tenido un reflejo directo en la actividad de la web institucional, www.tribunalconstitucional.es. Dicha actividad ha experimentado un incremento significativo respecto a los años previos, superando ampliamente el millón de visitas (1.299.493) y acercándose al millón de visitantes diferentes (919.786), lo que representa un aumento notable frente a anualidades previas (+31,6% visitas frente a 2024):

En la distribución geográfica de estos usuarios de la web predominaron los accesos desde territorio nacional, con un 72,68 por 100 del total, mientras que en un 15,80 por 100 se realizaron desde otros países europeos, en un 7,89 por 100 desde países norteamericanos y en un 2,68 por 100 desde países centroamericanos y sudamericanos. Desde Asia y Oceanía, el porcentaje de visitas supuso únicamente el 0,73 por 100, mientras que África siguió siendo el continente con el menor volumen de accesos, con el 0,22 por 100 del total.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ACCESOSA LA WEB INSTITUCIONAL

Ahondando en la distribución geográfica anterior, entre las visitas del área iberoamericana predominan las originadas en México (24,15 por 100), seguidas de Perú (21,97 por 100), Colombia (9,58 por 100), Chile (6,53 por 100), Argentina (5,69 por 100), República Dominicana (5,58 por 100), Bolivia (4,73 por 100) y Ecuador (4,73 por 100).

En Europa, sin considerar los accesos desde España, destaca Alemania (41,27 por 100), seguido de Francia (17,37 por 100) y Reino Unido (14,26 por 100). Adicionalmente, otros países con un porcentaje de accesos relevante fueron Países Bajos (8,08 por 100), Irlanda (7,97 por 100), Suiza (2,55 por 100) e Italia (1,97 por 100).

En lo que se refiere a Asia y Oceanía, el mayor número de visitas se registró procedente de Japón (24,76 por 100), quedando en segundo lugar Singapur (18,06 por 100), seguido de China (11,40 por 100), Corea del Sur (8,28 por 100), Kazajistán (3,46 por 100), Bangladesh (3,45 por 100) y Pakistán (3,08 por 100).

En África, los visitantes procedieron principalmente de Marruecos (39,18 por 100) y, en sensible menor medida, de Argelia (11,91 por 100), Guinea Ecuatorial (8,14 por 100) y Egipto (5,18 por 100).

En el apartado de descarga documental de la web institucional, el documento que más interés ha suscitado ha sido, como en años anteriores, «Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (44.520 descargas). También resulta destacable el volumen de descargas del formulario para la presentación de recurso de amparo (30.834 descargas); la Constitución española (28.461 descargas); la Nota de prensa núm. 61/2025 sobre la resolución del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica de amnistía (27.034 descargas); la jurisprudencia constitucional en materia competencial (25.684 descargas); el Código de Derecho Constitucional (20.633 descargas); y la Nota de prensa núm. 8/2025 sobre la resolución del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley por el derecho a la vivienda (12.071 descargas).

En lo que se refiere a las descargas de documentos en idioma inglés, los más descargados han sido la Constitución española (17.714 descargas); la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña (5.590 descargas); la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (5.548 descargas); la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (5.168 descargas); la STC 44/2023, de 9 de mayo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo (5.050 descargas); el documento de «Estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional» (2.924 descargas); la STC 122/2021, de 2 de junio, sobre garantías procesales en una causa por delito de sedición (2.816 descargas); la STC 172/2020, de 17 de noviembre, sobre la Ley de protección de la seguridad ciudadana (2.217 descargas); la STC 198/2012, de 6 de noviembre, sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (1.847 descargas); y la STC 19/2023, de 22 de marzo, sobre la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos (1.711 descargas).

En idioma francés, por su parte, el documento más descargado fue el relativo a «Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (1.136 descargas).

Portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional

Además de la web institucional, el Servicio de Informática gestiona y aloja el portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, bajo el dominio www.cijc.org. Este portal registró el pasado año un total de 17.726 visitas que, si bien suponen un descenso aproximado del 23 por 100 frente al año 2024, han dado lugar a la consulta de 2.480.127 activos de información en forma de documentos, fotografías, vídeos, etc., lo que representa un incremento cercano al 80 por 100 frente al año previo.

Los países desde los que se registró un mayor número de consultas de este sitio web fueron Estados Unidos, España, Brasil, Alemania, República Dominicana, Países Bajos, Guatemala, Japón, Gran Bretaña, Colombia, Perú y Ecuador, seguidos por Chile, México y Panamá.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE VISITAS CIJC

Por número de descargas, los documentos que tuvieron más interés en la web de la Conferencia Iberoamericana han sido los textos constitucionales de Guatemala (1.062.305 descargas), República Dominicana (330.040 descargas), Colombia (167.354 descargas) y Puerto Rico (17.921 descargas). También causaron interés las respuestas al cuestionario de la X Conferencia celebrada en Santo Domingo de 2014 que trató el tema de la Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución, particularmente la respuesta de Ecuador (14.739 descargas), de Honduras (4.853 descargas) y de Guatemala (4.593 descargas).

Finalmente, también generó un interés notable el seminario celebrado en Cartagena de Indias en 2013, en concreto, el relativo a la Protección de las garantías constitucionales en Guatemala (10.757 descargas), así como la sentencias T-385/19 relativa a los derechos y deberes ciudadanos en materia policial y de convivencia (15.682 descargas), C-368/14 sobre violencia intrafamiliar (10.607 descargas), T-121/18 sobre el derecho a la honra y al buen nombre en redes sociales (10.492 descargas) y la sentencia SU-420/19 sobre la protección del derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra (9.477 descargas).

Portal de la Reunión Cuatrilateral de Justicia Constitucional

Este portal se publicó en el año 2024 para facilitar información relacionada con las reuniones conjuntas de las jurisdicciones constitucionales de España, Francia, Italia y Portugal, cuatrilateral.tribunalconstitucional.es, en las cuatro versiones idiomáticas respectivas.

Este portal alberga información de dichas reuniones, celebradas con carácter anual desde 1999, incluyendo todas las ponencias dictadas y la galería fotográfica de los eventos.

El portal registró durante el año 2025 un total de 4.110 visitas, que dieron lugar a la consulta de 242.608 activos de información en forma de documentos, fotografías, vídeos, etc.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Francia, Japón y Portugal.

DESGARGAS

Por número de descargas, los documentos que suscitaron un mayor interés en este portal han sido: la Ponencia de España en la XI Conferencia, celebrada en Lisboa en 2009, sobre la propiedad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (1.479 descargas); la Ponencia de Italia en la II Conferencia, celebrada en Lisboa en 2000, sobre los efectos temporales de las sentencias del Tribunal Constitucional (1.250 descargas); la Ponencia de España en la IV Reunión Conjunta, celebrada en Roma en 2023, sobre el derecho a la salud (1.164 descargas); la Ponencia de España en la IV Conferencia, celebrada en Madrid en 2002, sobre la garantía constitucional de la autonomía local (785 descargas); la Ponencia de España en la IV Reunión Conjunta, celebrada en Roma en 2023, sobre la protección constitucional del medio ambiente (772 descargas); la Ponencia de Italia en la XIII Conferencia, celebrada en Madrid en 2011, sobre Constitución y principios penales (690 descargas); la Ponencia de Portugal en la III Reunión Conjunta, celebrada en Lisboa en 2019, sobre subrogación, «El significado y los límites de un proyecto compartido» (668 descargas); la Ponencia de España en la VI Conferencia, celebrada en Roma en 2004, sobre la nueva Constitución Europea (523 descargas); la Ponencia de España en la XVI Conferencia, celebrada en Santiago de Compostela en 2014, sobre la tutela multinivel de los derechos fundamentales (472 descargas), y la Ponencia de Italia en la XV Conferencia, celebrada en Roma en 2013, sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional italiana (457 descargas).

Portal de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional

Otro de los sitios destacables es la página web de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (www.altc.es), alojada en las infraestructuras del Tribunal en virtud del convenio de colaboración entre el Tribunal y la Asociación para prestar servicios de alojamiento web, firmado el 11 de junio de 2024. Durante el año 2025, esta página ha registrado un total de 5.171 visitas, de 1.779 visitantes diferentes, en las que se consultaron más de 190.000 activos de información.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas fueron España (23.723 páginas visitadas), Alemania (14.958 páginas visitadas), Reino Unido (14.905 páginas visitadas), Estados Unidos (3.866 páginas visitadas) y Países Bajos (1.649 páginas visitadas).

Mantenimiento y actualización de los portales y servicios web institucionales

Durante el año 2025 se ha continuado con las actuaciones orientadas al mantenimiento, actualización y mejora de los sitios web, incluyendo las siguientes acciones:

– Revisión de la accesibilidad: La accesibilidad web y la atención a la diversidad sigue siendo objeto de una especial dedicación por parte del Servicio de Informática, siguiendo las directrices marcadas por el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. En esta línea, durante el año 2025 se continuó con la revisión de los portales y servicios webs institucionales, con los siguientes resultados:

– Web institucional (www.tribunalconstitucional.es): A finales del pasado año se mantenía un nivel de adecuación AA con una calificación superior a los 9 puntos sobre 10 (datos obtenidos del informe bajo demanda proporcionado por el Observatorio de Accesibilidad Web -OAW- del Ministerio para la transformación digital y de la función pública).

– Portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org): También se ha continuado el proceso sistemático de mantenimiento de la accesibilidad de los contenidos de este sitio web, que también mantiene el nivel de adecuación AA y una puntuación similar al año anterior, según los datos obtenidos del informe del OAW.

– Registro Electrónico del Tribunal Constitucional (registro.tribunalconstitucional.es): Durante 2025 se mantuvo el nivel de accesibilidad alcanzado el año previo, manteniendo la adecuación AA y la puntuación de 10 puntos sobre 10, según los datos del informe del OAW.

– Mantenimiento de la Transparencia: Siguiendo las pautas de años anteriores, durante el pasado año se continuó con la labor relativa al refuerzo de la transparencia sobre la actividad pública del Tribunal Constitucional, con revisiones sistemáticas, publicaciones periódicas y actualizaciones continuas de la información publicada en el portal institucional.

– Desarrollo de herramientas para la actualización de contenidos: otra de las actuaciones relevantes realizadas en el ámbito de las webs y portales institucionales fue el despliegue de herramientas internas que facilitan la publicación, mantenimiento y actualización de la información por parte de los Servicios, Unidades y Departamentos responsables de ésta, agilizando el despliegue y renovación de contenidos, y el mantenimiento actualizado de los recursos de información.

Despliegue de una red de distribución de contenidos (CDN): En línea con el enfoque de mejora de la seguridad y disponibilidad de la información y los servicios, durante el pasado año se implantó un sistema de distribución de contenidos web. Ésta está conformada por una red de nodos distribuidos geográficamente que garantizan un acceso rápido y continuo incluso en escenarios de alta demanda, reforzando la resiliencia del servicio. Adicionalmente, este sistema incorpora servicios avanzados de seguridad, como un cortafuegos de aplicaciones, mecanismos de mitigación de tráfico malicioso automatizado y protección frente a ataques de denegación de servicio distribuido, previniendo amenazas, salvaguardando la integridad de los sistemas y asegurando la continuidad operativa.

6) Servicios electrónicos al ciudadano

Una de las actuaciones destacadas realizadas durante el pasado año fue la normalización de los canales telemáticos de consulta de información o solicitud de servicios referidos a diferentes aspectos de atención a los usuarios: acceso a la información pública, ejercicio de derechos relativos a la protección de datos personales, y comunicaciones, quejas y solicitudes de información relativas a la accesibilidad web. Junto con esta normalización de los canales de atención a los usuarios, se mejoraron los procesos internos de gestión y tramitación de las cuestiones referidas a estos temas.

Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, la web del Tribunal Constitucional canalizó un conjunto de 34 peticiones, siendo 5 las solicitudes de información sobre protección de datos, y 3 las consultas y peticiones sobre accesibilidad web.

Por otro lado, en el servicio «Ayúdanos a mejorar» de la misma web, en línea con años anteriores, se recibieron 11 encuestas anónimas (las mismas que en 2024), que aportaron opiniones y sugerencias de interés acerca de la web del Tribunal.

En lo que se refiere al servicio de alertas de la web, se contabilizaron 282 nuevas suscripciones de diferente tipo, alcanzando en la actualidad un total de 3.892 suscripciones activas. De todas ellas, destacan las alertas sobre nuevas resoluciones (92 nuevas, para un total de 1.315 suscripciones activas) y notas de prensa (74, para un total de 1.130 suscripciones activas), completado con las relativas a órdenes del día (64 nuevas, con un total de 436 activas), las de convocatorias de personal (25 nuevas del total de 369 activas), las asociadas a resoluciones de transparencia (14 nuevas, de un total de 404 activas) y los anuncios de contratación (13 nuevas, sobre el total de 238 activas).

SUSCRIPCIONES AL SERVICIO DE AVISOS

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y asuntos generales

A) Cobertura de puestos

Se han gestionado las siguientes convocatorias de personal:

– Una plaza de Gestor/a, convocada por resolución de la Presidencia de 12 de febrero de 2025 (BOE de 20 de febrero de 2025) y resuelta por resolución de la Presidencia de 1 de septiembre de 2025 (BOE de 8 de septiembre de 2025).

– Una plaza de funcionario/a del grupo A, subgrupo A2 (Servicio de informática), convocada por resolución de la Presidencia de 1 de septiembre de 2025 (BOE de 8 de septiembre de 2025) y resuelta por resolución de la Presidencia de 16 de diciembre de 2025 (BOE de 29 de diciembre de 2025).

– Tres plazas del grupo C, subgrupo C1 (Servicio de informática), convocadas por resolución de la Presidencia de 9 de octubre de 2025 (BOE de 16 de octubre de 2025) y pendientes de adjudicación a 31 de diciembre de 2025.

– Tres plazas de ayudante de informática, convocadas por resolución de 9 de octubre de 2025 por el sistema de concurso-oposición (BOE de 16 de octubre de 2025) y pendientes de adjudicación a 31 de diciembre de 2025.

– Una plaza de Gestor/a, convocada por resolución de la Presidencia de 9 de octubre de 2025 (BOE de 16 de octubre de 2025) y pendiente de adjudicación a 31 de diciembre de 2025.

– Tres plazas de letrados, por adscripción temporal, convocadas por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 2025 (BOE de 18 de septiembre de 2025) y pendientes de adjudicación a 31 de diciembre de 2025.

B) Formación

Se han impartido los siguientes cursos de formación para el personal adscrito al Tribunal:

– Documentación jurídica española y de la Unión Europea: principales recursos en internet.

– Riesgos y medidas preventivas en trabajos de oficina.

– Curso de primeros auxilios (2 ediciones).

C) Personal al servicio del Tribunal Constitucional

El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2024) se distribuye como sigue:

D) Salud laboral y prevención de riesgos laborales

Se han realizado 201 reconocimientos médicos (131 generales y 70 específicos) y se han administrado 110 vacunas de la gripe en la campaña anual de vacunación.

El 16 de diciembre se realizaron los simulacros en las sedes del Tribunal situadas en las calles Cea Bermúdez y San Francisco de Sales.

Se ha recibido y analizado la evaluación de riesgos psicosociales conforme al modelo FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, encargada en 2024.

E) Plan de igualdad

La comisión de seguimiento del Plan de igualdad del Tribunal Constitucional se reunió el 13 de mayo de 2025 con el fin de llevar a cabo el seguimiento de las medidas recogidas en él.

En el año 2025 se ha puesto en marcha la creación del buzón de igualdad que facilita al personal la presentación de propuestas, quejas o sugerencias dirigidas a la Comisión de seguimiento del Plan de igualdad.

Además, mediante Acuerdo del Pleno de 9 de abril de 2025 se flexibilizó el horario de trabajo del personal del Tribunal para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y fomentar los permisos en esta materia.

Asimismo, se ha negociado la modificación del acuerdo sobre teletrabajo con el fin de incorporar medidas de conciliación recogidas en el Plan de igualdad.

F) Canal del informante

Con fecha 15 de enero de 2025, el Presidente acordó el nombramiento de un letrado como responsable del sistema interno de información del Tribunal Constitucional, conforme a la resolución de 13 de junio de 2023 de la Secretaría General.

G) Relación de puestos de trabajo y carrera horizontal

Mediante acuerdo del Pleno de 9 de abril de 2025 se modificó la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional para realizar adecuaciones retributivas singulares, previa negociación con los representantes del personal funcionario.

Asimismo, por acuerdo del Pleno de 8 de octubre de 2025 se modificó la relación de puestos de trabajo del personal laboral para crear una nueva plaza de ayudante de informática.

Igualmente se ha avanzado en la negociación del modelo de carrera horizontal del Tribunal Constitucional, alcanzándose un acuerdo con los representantes del personal funcionario con fecha 18 de diciembre de 2025.

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.486 documentos contables, con el siguiente detalle:

Además, se han tramitado once cuentas de reposición de fondos, por un importe de 413.917,71 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables refleja, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio actual se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

También puede consultarse la información sobre los contratos tramitados por el Tribunal en su perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87Kt ClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CNNLH293MyKqiLCPQO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQFk5TyE/

Entre otros expedientes adjudicados, destacan el de renovación licencias de «Office 365», «Power BI», «Copilot» y limpieza del correo electrónico, renovación de licencias para desarrollo y puestos de trabajo, servicio interno de cafetería del Tribunal Constitucional, acuerdo marco para el suministro de libros para el fondo bibliográfico del Tribunal y suministro de energía eléctrica.

En especial, cabe destacar los siguientes expedientes vinculados al VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional:

– Cesión temporal de espacios y prestación de los servicios y suministros con motivo del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, adjudicado a IFEMA.

– Servicios de asistencia a la organización y gestión del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, adjudicado a IAG7 Viajes.

3) Mantenimiento

La unidad de mantenimiento ha realizado las siguientes actuaciones, además del trabajo diario del mantenimiento de las instalaciones, inmuebles, mobiliario y necesidades del personal:

– Licitación del contrato de mantenimiento preventivo de las instalaciones de seguridad, control de accesos y protección contra incendios del edificio sede y dependencias auxiliares.

– Licitación del contrato de servicio interno de cafetería en el Tribunal Constitucional.

– Contratación del servicio de gestión de cobro de puntos de recarga de vehículos eléctricos de 2025 a 2026.

– Licitación del servicio de impresión 2025-2026.

– Contratación del servicio de actualización del software de gestión del sistema de videovigilancia en el Tribunal Constitucional.

– Limpieza y desinfección de los conductos de climatización de las tres sedes del Tribunal Constitucional.

– Trabajos de conservación del tapiz de Patrimonio Nacional ubicado en el Salón de Actos.

– Suministro e instalación de cámaras de videovigilancia.

Igualmente, ha continuado la colaboración con la Dirección General de Patrimonio del Estado en los trabajos preparatorios para la rehabilitación integral y ampliación de la sede principal del Tribunal Constitucional. En 2025, la Dirección General de Patrimonio del Estado está llevando a cabo la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio sede del Tribunal Constitucional. Se mantienen los trabajos de apoyo a los técnicos de la Dirección General de Patrimonio y al estudio de arquitectura adjudicatario (Estudio Álvarez-Sala). En octubre de 2025 se produjo la entrega del proyecto básico por parte del estudio.

4) Archivo General

En cuanto a la unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2025 han ingresado por transferencia un total de 813 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 32.641 unidades de instalación ocupadas.

La documentación que se ha generado a lo largo del año, tanto en soporte físico como electrónico, y que integra el fondo archivístico del Tribunal Constitucional suma las siguientes cantidades 1:

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante el año se han creado los siguientes:

Durante 2025 se ha trabajado, en estrecha colaboración con el Servicio de Informática, en la integración de las aplicaciones de gestión procesal y archivo y en la migración al repositorio de este último de más de 120.000 documentos tramitados por el Tribunal en la gestión de procesos constitucionales. Asimismo se han integrado en sus respectivos expedientes, jurisdiccionales y gubernativos, 856 informes de letrado que no se hallaban asociados a los mismos.

B) Valoración y eliminación de documentos

A lo largo de 2025 se ha procedido a la eliminación de 1.341 cajas de archivo, en ejecución de lo dispuesto en la resolución de 24 de octubre de 2024, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se dispuso la sustitución del soporte original en determinadas series documentales, conforme al procedimiento establecido en el acuerdo de 24 de abril de 2024, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se creó la Comisión Calificadora de Documentos del Tribunal.

C) Reproducción de documentos

Se han digitalizado 37.386 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia. El grueso de éstas correspondió a la digitalización de recursos de inconstitucionalidad como parte del proyecto que pretende hacerlos disponibles en línea. Además, durante 2025 se han digitalizado un total de 704 autos que no se encontraban incorporados a las bases de doctrina constitucional.

D) Servicios a usuarios

Durante 2025 se han realizado 632 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 30 solicitudes de digitalización de expedientes completos y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

En 2025 se ha finalizado el tratamiento técnico del legado documental de quien fuera su primer presidente, don Manuel García-Pelayo y Alonso, donado por sus herederos y que se vio acrecentado por los fondos que, procedentes de Venezuela, se repatriaron con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Otras actividades desarrolladas por la Unidad han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas, además del mantenimiento del repositorio de acuerdos reglamentarios del Tribunal Constitucional (ARNO) y de su inventario de obras de arte y regalos protocolarios. Esta última aplicación se ha desdoblado en dos, en función de su diferente objeto (INOBART y REGAPRO).

5. Gabinete de Prensa

El Gabinete de Prensa es el responsable de diseñar, coordinar y ejecutar la comunicación pública e institucional del Tribunal Constitucional. En 2025 ha continuado con su objetivo de dar a conocer la actividad jurisdiccional e institucional bajo los principios de neutralidad, igualdad, rigor informativo, transparencia y rapidez.

Una de sus principales funciones es la publicación de notas de prensa. Este 2025 se han elaborado 107, con lo que por octavo año consecutivo se supera el centenar de comunicados de prensa emitidos. Esta cifra constata el compromiso del Tribunal con la transparencia y con el acercamiento a la ciudadanía, en tanto que, de forma rigurosa, clara y con la máxima celeridad, se informa a la sociedad de las principales decisiones de la institución. La mayor parte de las notas de prensa son referidas a las sentencias, autos y providencias que dicta el Tribunal, aunque también se difunden las actividades internacionales e institucionales del presidente y magistrados.

Las notas informativas además se divulgan en múltiples canales: envío directo a los medios de comunicación, la página web del Tribunal Constitucional y las redes sociales.

En este mismo sentido, se publican también los órdenes del día del Pleno y de las salas, donde se pueden consultar qué recursos se deliberarán. Y posteriormente, se dan a conocer los resultados, en los que se publicita el fallo de cada asunto.

La página web del Tribunal Constitucional se actualiza de forma constante por parte del Gabinete de Prensa. Además de las notas informativas y los órdenes del día y sus resultados, se divulgan sentencias, autos y providencias e imágenes de los actos, viajes y visitas institucionales. Esto permite que cualquier persona física o jurídica interesada en el Tribunal puede tener acceso directo a la información oficial actualizada.

En 2025, el Tribunal Constitucional ha estado presente en las redes sociales, en X (más de 41.250 seguidores), en Instagram (más de 5.450 seguidores) y en YouTube. Se han compartido más de 340 publicaciones en X y más de 85 en Instagram sobre la actividad jurisdiccional, institucional e internacional del Tribunal.

Asimismo, el Gabinete de Prensa es el responsable de la relación con los medios de comunicación. De forma diaria, se atienden consultas de periodistas y se les presta asistencia y colaboración con el fin de que se informe correctamente del funcionamiento y competencias del Tribunal Constitucional.

De este año cabe destacar además la labor comunicativa realizada con motivo de los actos institucionales del Tribunal Constitucional, como el Día de la Mujer o la celebración del pleno extraordinario en Cádiz, donde se organizó una rueda de prensa en la que compareció el presidente y la vicepresidenta y a la que asistieron numerosos medios naciones y locales.

Además, el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional exigió un plan específico de comunicación. Entre otras acciones, la realización de un vídeo promocional del evento, la creación de una página web, un desayuno informativo para los medios de comunicación, una rueda de prensa y una serie de entrevistas por parte del presidente del Tribunal Constitucional, tanto en medios escritos como radiofónicos y televisivos, con el fin de explicar la relevancia para España de un acto internacional con más de 85 países representados en defensa de la democracia, la jurisdicción constitucional y el Estado de Derecho. Gracias a este plan de comunicación, la repercusión e impacto en medios de comunicación del Congreso fue excelente.

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

Acuerdo de 30 de abril de 2025, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de plazos procesales y administrativos los días 28 y 29 de abril de 2025 («BOE» núm. 105, de 1 de mayo de 2025, CVE: BOE-A-2025-8709).

ACUERDO DE 30 DE ABRIL DE 2025, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE CÓMPUTO DE PLAZOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2025 («BOE» NÚM. 105, DE 1 DE MAYO DE 2025, CVE: BOE-A-2025-8709).

La Ley Orgánica de este Tribunal 2/1979, de 3 de octubre, remite en el artículo 80 a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de enjuiciamiento civil en materia de cómputo de plazos, y el Pleno de este Tribunal, a propuesta de su presidente, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10.1.n de la citada Ley Orgánica 2/1979, adopta el siguiente acuerdo:

En los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante este Tribunal Constitucional no se computarán los días 28 y 29 de abril de 2025.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de abril de 2025.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón​

III. Estadísticas jurisdiccionales

1. Cuadros generales

2. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

3. Recursos de amparo

4. Datos comparados (2021-2025)

I.

Cuadros generales

Índice

Cuadro n.º 1

Cuadro n.º 2

1. Asuntos ingresados en el Tribunal

    

2. Asuntos ingresados en el Pleno

    

Cuadro n.º 3

Gráfico n.º 3

3. Resoluciones definitivas

(gráfica en escala logarítmica)

Cuadro n.º 4

Cuadro n.º 5

Cuadro n.º 6

II.

Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

Cuadro n.º 7

Cuadro n.º 8

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso (*)

Cuadro n.º 10

Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

III.

Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

Cuadro n.º 12

Cuadro n.º 13

Cuadro n.º 14

Cuadro n.º 15

Cuadro n.º 16

IV.

Datos comparados

(2021-2025)

Cuadro n.º 17

4. Admisión en las Salas

 

 

5. Admisión en el Pleno