TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MEMORIA DEL 2016

© Tribunal Constitucional

Depósito legal: M-13176-2017

Presentación

Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Como en años anteriores, corresponde presentar a la opinión pública la Memoria del Tribunal Constitucional, con el objetivo de informar a la ciudadanía de las distintas actividades desempeñadas por esta Institución durante el pasado año 2016 y, ante todo, dar cuenta de los resultados que su labor jurisdiccional ha alcanzado en dicho periodo.

Casi cuatro décadas después de su establecimiento, el Tribunal Constitucional se ha consolidado como el principal garante de la supremacía de la Constitución de 1978 sobre el resto del ordenamiento jurídico. Una constante en esta función ha sido el continuo objetivo del Tribunal de desarrollar su actividad con eficiencia y plena optimización de los medios a su alcance. Por ello, durante 2016, profundizando la senda ya iniciada en años anteriores, se ha trabajado en la reducción de la pendencia de asuntos ingresados y no resueltos en el Tribunal, así como de los tiempos de resolución de dichos asuntos.

El esfuerzo realizado ha dado frutos: hemos reducido los asuntos pendientes de sentencia, tanto ante el Pleno como ante las Salas; asimismo, se han resuelto en fase de admisión un número de asuntos mayor que el de recursos ingresados durante el año —un total de 6.774—, hecho que dota al Tribunal de una mayor agilidad al dictar las sentencias. Durante 2016, este Tribunal ha emitido un total de 7.854 resoluciones definitivas, de las cuales 228 fueron sentencias.

La demanda de justicia constitucional ha disminuido ligeramente en el año 2016. Ello resulta manifiesto en casi todos los procedimientos de los que habitualmente conoce el Tribunal: se han presentado 32 recursos de inconstitucionalidad (en comparación con los 42 del año anterior) y los tribunales de justicia han planteado 44 cuestiones de inconstitucionalidad (en vez de las 113 de 2015). Los conflictos han aumentado ligeramente: 10 conflictos positivos de competencia (en comparación con los cinco de 2015), nueve de ellos suscitados por Comunidades Autónomas frente al Gobierno de la Nación y sólo uno por éste. También se han formulado un conflicto entre órganos constitucionales, otro en defensa de la autonomía local y una cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales.

El Tribunal Constitucional ha resuelto un elevado número de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, así como de conflictos de competencia: un total de 137 sentencias, que solucionan 140 asuntos. También ha juzgado dos conflictos en defensa de la autonomía local y una cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales. Estos 143 asuntos resueltos mediante sentencia son más del doble de los 60 asuntos de Pleno admitidos a trámite durante el año. Esta actividad del Pleno y de las Salas del Tribunal (en virtud de la reforma de la Ley Orgánica rectora del Tribunal llevada a cabo en 2007) le ha permitido seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya constitucionalidad es puesta en duda.

También los recursos de amparo ingresados en 2016 —un total de 6.685— han experimentado una disminución respecto al año anterior (7.203). Como en años precedentes, sigue siendo notable el escaso porcentaje de admisión a trámite de estos recursos: sólo fueron admitidos, para su posterior sustanciación y resolución por sentencia, 67 recursos de amparo, cifra que supone el 0,95 por 100 de los amparos que el Tribunal conoció en fase de admisión; el restante 99,05 por 100 de los recursos fueron inadmitidos, por las razones que se exponen en el capítulo IV, epígrafe 1. D, de esta Memoria. Sigue resultando llamativo que, a día de hoy, en torno a una sexta parte de las demandas de amparo (concretamente 677, un 16 por 100 de las inadmitidas por mera providencia en virtud del art. 50 LOTC) sigan sin ofrecer la más mínima justificación de la trascendencia constitucional del recurso, tal y como exige la Ley rectora del Tribunal desde la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Creo que este es un dato que merece una reflexión por parte de todos y, especialmente, de los procuradores y abogados, a quienes la ley encomienda la representación y la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (art. 81 LOTC).

* * *

Durante el pasado ejercicio, el Tribunal ha dictado 65 sentencias —que resuelven 66 asuntos— en las que se otorga el amparo por vulneración de los derechos y libertades fundamentales proclamados por la Constitución española. En otras 23 sentencias, ha declarado el recurso sin fundamento o inadmisible. De nuevo, tras la reforma de 2007, el número de sentencias que resuelven recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos competenciales ha sido mayor que el de sentencias recaídas en recursos de amparo. En concreto, 137 frente a 88.

Recogiendo la invitación contenida en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015, resolutoria del asunto Arribas Antón c. España, a lo largo del año 2016 el Tribunal Constitucional ha consolidado la práctica, ya iniciada en 2015, consistente en explicitar, en las sentencias dictadas en los procesos de amparo, las razones que llevaron al Tribunal a apreciar la concurrencia, en cada uno de los casos, de la especial trascendencia constitucional de la demanda en su día formulada. Con ello, el Tribunal contribuye a la realización de los principios de certeza y buena administración de justicia, mencionados por el Tribunal de Estrasburgo en la sentencia antes citada.

De entre las sentencias dictadas en 2016, algunas de ellas están directamente relacionadas con la delimitación legal de la función jurisdiccional del propio Tribunal Constitucional. La STC 118/2016, de 23 de junio, resolvió cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que atribuyó al Tribunal competencias jurisdiccionales en relación con las normas forales fiscales de los territorios históricos y, paralelamente, reconoció la legitimación activa de estos mismos territorios para actuar ante el Tribunal en defensa de la autonomía foral que les reconoce el bloque de constitucionalidad; la Sentencia llevó a cabo una lectura integradora de la competencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional con la específicamente atribuida a los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo. A su vez, las SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, y 215/2016, de 15 de diciembre, desestimaron sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los gobiernos vasco y catalán respecto de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, que, en garantía del Estado de Derecho, proporcionó nuevos instrumentos al Tribunal Constitucional para asegurar la ejecución de sus propias resoluciones: respecto a las medidas cuestionadas, en estos pronunciamientos se rechazaron los vicios de inconstitucionalidad denunciados, y descartando su carácter sancionador, se destacó su condición de instrumentos o potestades puestos a disposición del Tribunal Constitucional con la finalidad de garantizar el debido y efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones, al que todos los poderes públicos están obligados.

Desde otra perspectiva, y por su interés, es preciso mencionar la STC 140/2016, de 21 de julio, que anuló buena parte de la regulación de las tasas por ejercicio de la potestad jurisdiccional que había introducido la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. De igual modo, destacable es también la STC 191/2016, de 15 de noviembre, que ratificó la constitucionalidad de la profunda reforma organizativa del Consejo General del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.

Por su parte, en relación con la distribución territorial del poder en el seno del Estado de las autonomías y siguiendo un orden estrictamente cronológico, cabe mencionar, en primer lugar, la STC 85/2016, de 28 de abril, que, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias, enjuició la constitucionalidad de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado. En particular, esta sentencia examina las técnicas de coordinación y cooperación que hacen compatible la dirección por el Gobierno de la Nación de la política exterior del Estado con la acción de promoción exterior correspondiente a las competencias de titularidad autonómica.

Por otro lado, la STC 128/2016, de 7 de julio, estimó en parte el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas: así, y entre otros aspectos, mientras algunos mandatos al Gobierno de la Generalitat fueron declarados inconstitucionales —caso del relativo a la aprobación de un plan director de la Administración tributaria de Cataluña—, otros, en cambio, se declararon constitucionales mediante interpretación conforme —caso del referido a la aprobación de un plan director de la protección social—.

Asimismo, la STC 217/2016, de 15 de diciembre, acotó el alcance de las funciones que algunos Estatutos de Autonomía atribuyen a las comisiones mixtas Estado-Comunidades Autónomas sobre asuntos económico-financieros. En esta Sentencia el Tribunal puso especial cuidado en garantizar que estos mecanismos de cooperación no sean utilizados como instrumentos para cercenar indebidamente la autonomía presupuestaria que corresponde a cada entidad territorial en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a las relaciones dinámicas entre los órdenes normativos estatal y autonómico, cabe subrayar la relevancia de la STC 102/2016, de 25 de mayo, que procedió a una clarificación del alcance de la cláusula de prevalencia del Derecho estatal respecto de las normas autonómicas en relación con el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad por supuesta inconstitucionalidad mediata sobrevenida de una ley autonómica. La Sentencia, que tuvo continuidad en las SSTC 116/2016, de 20 de junio, 127/2016, de 7 de julio, y 204/2016, de 1 de diciembre, precisó aquellos supuestos en los que la selección por el juez como norma aplicable de una ley básica estatal, en detrimento de otra autonómica de desarrollo legislativo, no encierra juicio de validez alguno de esta última y no es preciso, por ello mismo, el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Destaca asimismo, por su relevancia en orden al cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal, el ATC 141/2016, de 19 de julio, que estimó el incidente de ejecución promovido por el Gobierno respecto de la STC 259/2015 y frente a la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias. El auto estimó el incidente de ejecución al considerar que a la comisión de estudio del proceso constituyente se le habían atribuido unos ámbitos de actuación coincidentes con los fines que perseguía la resolución 1/XI, declarada inconstitucional y nula en la STC 259/2015.

En el mismo sentido, el ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estimó un nuevo incidente de ejecución de la STC 259/2015 y del Auto 141/2016, en relación con la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña que ratificaba las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. En esa resolución, el Tribunal afirmó que la Resolución cuestionada contravenía los mandatos derivados de la STC 259/2015 e ignoraba las advertencias contenidas en el ATC 141/2016, pues pretendía dar continuidad y soporte a actos que ya habían sido objeto de declaración de inconstitucionalidad y que se dirigían a modificar el orden constitucional sin atender a los procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución. Por esa razón, se acordó deducir testimonio de particulares respecto de la Presidenta del Parlamento de Cataluña para que el Ministerio Fiscal promoviese, en el caso de estimarlo oportuno, el ejercicio de las acciones penales que considerase procedentes.

* * *

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha proseguido su paulatino proceso de modernización, consciente de que las nuevas tecnologías constituyen una herramienta de creciente importancia para facilitar la comunicación procesal entre el Tribunal y los profesionales del Derecho y ciudadanos. Desde el pasado 24 de noviembre, fecha en la que pusimos en marcha nuestra nueva página web, la presentación de los escritos por vía telemática es una realidad: cualquier ciudadano puede presentar un recurso de amparo a través de la Sede Electrónica del Tribunal a cualquier hora del día, durante todos los días del año.

La página web incorpora también el enlace de acceso a una aplicación para dispositivos móviles (TC-e), un servicio inédito en la Administración de Justicia en España a través del que, entre otros contenidos, es posible acceder a todas las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional desde su creación.

Con el mismo objetivo de acercamiento a los ciudadanos, esta Institución mantiene sus puertas abiertas a todas aquellas personas que quieran conocer de forma directa su sede y su funcionamiento. En 2016, hemos vuelto a recibir más de un centenar de visitas (en concreto, 112) de colegios, institutos, universidades o asociaciones de diversa índole, entre otros colectivos.

* * *

Más allá de su actividad jurisdiccional, durante el año 2016 el Tribunal Constitucional ha desempeñado una importante y creciente actividad representativa e institucional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De todas ellas, me gustaría destacar las siguientes.

Así, al igual que en años anteriores, he mantenido en nombre del Tribunal encuentros institucionales con los Presidentes de varias Comunidades Autónomas: en marzo, con el Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, D. Pedro Antonio Sánchez; en septiembre, con el Presidente del Gobierno de Canarias, D. Fernando Clavijo; y en noviembre, con el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, así como con el Presidente de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig.

Del 20 al 22 de octubre, la ciudad de Vitoria-Gasteiz acogió la XXII edición de las Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional bajo el título «La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales». Aprovecho para trasladar mi enhorabuena a todos aquellos que con su labor contribuyeron a su éxito, tanto organizadores como participantes.

En el ámbito internacional, hemos continuado con nuestra activa participación en diferentes foros, conferencias y seminarios, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, reforzando y estrechando nuestras relaciones con otros Tribunales Constitucionales homólogos —como los de Chile, Georgia, Indonesia, Méjico y Mozambique— y también con instituciones relacionadas con nuestro ámbito de trabajo.

Este año, a finales del mes de enero, acudimos nuevamente a la apertura solemne del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución con la que este Tribunal mantiene una estrecha vinculación. Asimismo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizaron el pasado 6 de mayo, en la sede de nuestro Tribunal Supremo, un importante seminario de trabajo.

Tampoco faltamos a la Conferencia Trilateral que anualmente reúne a los Tribunales Constitucionales de España, Italia y Portugal, y que este año celebró en Roma su XVIII Encuentro bajo el título «Prestaciones sociales y ciudadanía».

En el ámbito iberoamericano, es de resaltar que el pasado mes de junio el Tribunal participó en la XI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional sobre «Estado Constitucional y Desarrollo Económico», que se celebró en Lima.

De igual manera, el Tribunal Constitucional es también muy activo en materia de cooperación internacional, y en tal sentido ha continuado trabajando con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en diferentes áreas geográficas.

En lo que atañe al mundo árabe, puede subrayarse la organización de dos seminarios con el Consejo Constitucional de Marruecos en el marco del Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo Árabe (conocido como MASAR); en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), en 2016 se organizaron dos seminarios sobre justicia constitucional en los Centros de Formación de la AECID de La Antigua y Cartagena de Indias, dirigidos a los Tribunales Constitucionales y Salas de lo Constitucional que participan en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC).

* * *

No quiero concluir esta presentación, la última de mi mandato como Presidente del Tribunal Constitucional, sin expresar mi reconocimiento a todas aquellas personas que forman y han formado parte de esta Casa por su dedicación y su valiosa labor, cuyos frutos se ven reflejados, año tras año, en las Memorias del Tribunal. A todos ellos mis felicitaciones y mi gratitud.

Madrid, 9 de marzo de 2017

I. Composición del Tribunal*

Por Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Mediante Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente [1]

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Vicepresidenta [2]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías [3]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [4]

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [5]

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas [6]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García [7]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos [8]

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [9]

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho [10]

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez [11]

Por Acuerdo de 26 de junio de 2013 (BOE núm. 153, de 27 de junio), modificado por Acuerdos de 20 de marzo de 2014 (BOE núm. 69, de 21 de marzo) y de 11 de julio de 2014 (BOE núm. 170, de 14 de julio), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en Salas y Secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Sección Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara, Presidente [12]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Datos personales

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Murcia, 1962.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Bilbao, 1948.
Catedrática de Derecho Penal

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez †

Madrid, 1953.
Catedrático de Derecho Administrativo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944.
Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944.
Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951.
Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942.
Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946.
Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958.
Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.
Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958.
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo

Durante el año 2016 el Tribunal estuvo integrado por once Magistrados tras el fallecimiento, el 15 de abril de 2015, del Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien había sido nombrado por Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[1]Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[2] Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[3] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[4] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[5] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[6] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[7] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[8] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[9] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[10] Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo).

[11] Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

[12] Preside la Sección en virtud del art. 8.1 LOTC, en relación con sus arts. 6.2, 7.2 y 7.3, mientras se mantenga en su composición actual (Acuerdo del Presidente de 21 de abril de 2015, sobre composición provisional de la Sección Segunda).

II. Secretaría General, Letrados,
Gabinete de Presidencia, Secretarías
de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil. Por Resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Juan Antonio Xiol Ríos

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

– Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Ignacio Torres Muro

Catedrático de Derecho Constitucional en servicios especiales.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 90 de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada titular del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz.

– Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Rafael Rebollo Vargas

Profesor Titular, acreditado como Catedrático, de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona.

– Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Don Marcial Viñoly Palop

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Doña María Josefa Alonso Mas

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.

– Doña María Victoria Cuartero Rubio

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Doña Marta Timón Herrero

Letrada del Ayuntamiento de Barcelona.

– Doña Yolanda Bardají Pascual

Secretaria judicial. Ex Letrada del Tribunal Supremo.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Rafael Caballero Sánchez

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña María Esperanza Fernández Rodríguez

Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Doña Amparo García Rubio

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

– Don Jesús María González García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado de la Junta de Andalucía. Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don Carlos Padrós Reig

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

– Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18 de Madrid.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

– Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona.

– Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Doña Belén Triana Reyes

Abogada del Estado.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

Gabinete de la Presidencia

Por Resolución de la Presidencia de 28 de julio de 2016 fue nombrado Jefe del Gabinete don Antonio Luis Ramos Membrive, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas.

Intervención

La Interventora del Tribunal es doña Mónica Rino García-Camacho, funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. Por Acuerdo de 21 de abril de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 102, de 28 de abril de 2016, cve: BOE-A-2016-4039), se modificó la redacción del art. 18.1 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional de 1990 y se le añadió una disposición adicional, la tercera, con la finalidad de precisar el régimen jurídico del Jefe del Gabinete de la Presidencia.

II. Por Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional ha creado un Registro Electrónico y, al mismo tiempo, ha refundido la reglamentación de su Registro General que se encontraba dispersa en distintos Acuerdos (BOE núm. 284, de 24 de noviembre de 2016, cve: BOE-A-2016-11054). Consecuentemente, el Acuerdo de 15 de septiembre de 2016 ha derogado un elenco de Acuerdos del Pleno sobre esta materia: el Acuerdo de 14 de julio de 1980, de normas sobre el modo de practicar las notificaciones; de 19 de noviembre de 1980, sobre funcionamiento del Registro General; de 14 de noviembre de 1989, sobre identificación de causas con preso; de 9 de febrero de 1995, sobre recepción de escritos por correo postal; de 5 de diciembre de 2000, sobre identificación y numeración de los procesos; y de 18 de enero de 2001, sobre horario del Registro General.

El nuevo Registro Electrónico del Tribunal Constitucional, por su parte, tiene como cometido la recepción y remisión, por vía electrónica, de escritos y documentos, tanto jurisdiccionales como gubernativos, relacionados con el ámbito de competencias del Tribunal.

La creación del Registro-e se ha visto completada por una Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, de 25 de noviembre de 2016, que ha fijado el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional, tal y como dispone el art. 14 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2016. Inicialmente, el Registro Electrónico queda abierto a la presentación de demandas de amparo, con carácter voluntario. La Resolución fue publicada en la sede electrónica del Tribunal Constitucional.

Finalmente, el Tribunal firmó el 23 de diciembre de 2016 un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para facilitar el acceso y uso del servicio LexNet (BOE núm. 10, de 12 de enero de 2017, cve: BOE-A-2017-353). El Registro Electrónico inició su funcionamiento el 2 de enero de 2017.

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

E) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

F) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales.

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derechos al juez imparcial y a un proceso con todas las garantías

b) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

c) Presunción de inocencia

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

L) Autonomía universitaria (art. 27 CE)

M) Libertad sindical (art. 28 CE)

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2016 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 6.774 asuntos jurisdiccionales; es decir, 595 menos que en 2015. Esta reducción en la demanda de justicia constitucional, que en su conjunto supuso una minoración del 8,07 por 100, tuvo reflejo en la mayoría de los procesos constitucionales pues se promovieron menos recursos de amparo que en 2015 (6.685 frente a 7.203; una reducción del 7,19 por 100), bajó el número de nuevos recursos de inconstitucionalidad (32 en 2016, frente a 42 en 2015; una reducción del 23,81 por 100) y de cuestiones de inconstitucionalidad (44 frente a 114, lo que supuso una reducción del 61,41 por 100). Por el contrario, se incrementó el número de conflictos constitucionales (12 en 2016 —diez conflictos positivos de competencia, un conflictos en defensa de la autonomía local y un conflicto entre órganos constitucionales— frente a los siete planteados en 2015). Un órgano judicial planteó una cuestión prejudicial sobre la validez de una norma foral fiscal.

Se mantuvo la habitual preponderancia de los recursos de amparo: 6.685, lo que representó el 98,69 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 6.624, de los cuales 5.786 fueron interpuestos por personas físicas y otros 838 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos formularon 61 demandas de amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso alguno.

Con respecto a su origen, persistió el predominio habitual de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.169, el 47,04 por 100 (porcentaje que se eleva al 52,23 por 100 si se suman las 323 demandas de amparo procedentes de vigilancia penitenciaria), un número notablemente inferior al de recursos de amparo en materia penal promovidos en 2015, cuando se alcanzaron los 3.485. En 2016 continuó el ligero descenso de amparos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 1.659 frente a 1.898 en 2015 (en términos porcentuales eso representó una disminución del 26,35 por 100 del total de amparos al 24,82 por 100) y decreció igualmente el número de recursos de amparo procedentes de las jurisdicciones civil, que pasaron de 1.184 (16,43 por 100) en 2015 a 1.086 (16,25 por 100), y militar, con apenas 16, un 0,24 por 100 (33 en 2015: 0,45 por 100). Por el contrario, se incrementaron muy ligeramente los recursos de amparo procedentes de la jurisdicción social (409 en 2015: 5,67 por 100; 412 en 2016: 6,16 por 100). Fueron nueve los recursos de amparo frente a actos parlamentarios promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,13 por 100 del total.

Casi un tercio de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (2.064, un 30,88 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias Provinciales (2.276, un 34,05 por 100), los Tribunales Superiores de Justicia (1.055, el 15,78 por 100) y los Juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.019, el 15,24 por 100). Se promovió un recurso de amparo frente a una resolución del Tribunal Militar Central y ninguno respecto de resoluciones de los Tribunales Militares Territoriales. La mayoría de los recursos de amparo tuvieron por objeto resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia o en grado de suplicación (2.777, el 41,54 por 100); seguidos por aquellos otros interpuestos frente a resoluciones dictadas en grado de casación o revisión, que alcanzaron la cifra de 2.072 (30,99 por 100). Por último, en 1.726 recursos de amparo se impugnaban resoluciones dictadas en primera o única instancia (25,82 por 100).

En 4.957 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 74,15 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 877 demandas de amparo (13,11 por 100 de los recursos de amparo). Los demás derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.689 demandas de amparo (25,26 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 4.889 demandas de amparo constitucional (73,13 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE destacan, por la frecuencia de su invocación, los derechos a la presunción de inocencia, invocado en 1.015 demandas (15,19 por 100), a un proceso con todas las garantías, alegado en 544 ocasiones (8,13 por 100 de demandas) y los derechos a la defensa y a la asistencia letrada (259 demandas de amparo, un 3,87 por 100) y a la prueba pertinente para la defensa (220, un 3,29 por 100).

Se interpusieron 32 recursos de inconstitucionalidad, 16 por el Presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas, 13 por Gobiernos y Parlamentos autonómicos respecto de leyes estatales y tres por Diputados y Senadores frente a otras tantas leyes autonómicas.

A lo largo del año se presentaron 44 cuestiones de inconstitucionalidad: 20 de ellas por Juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales (11 respecto de leyes estatales y nueve frente a normas legales autonómicas), 14 por los Tribunales Superiores de Justicia (frente a tres leyes estatales y 11 autonómicas), ocho por el Tribunal Supremo (seis leyes estatales y dos autonómicas), una por la Audiencia Nacional y otra por una Audiencia Provincial, ambas respecto de leyes estatales. Además, un juzgado planteó una cuestión prejudicial de validez respecto de una norma foral fiscal.

Se presentaron 12 conflictos constitucionales: diez conflictos positivos de competencia (uno de ellos promovido por el Gobierno de la Nación y los otros nueve por gobiernos autonómicos), un conflicto en defensa de la autonomía local y un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 228 sentencias a lo largo del año. De ellas, el Pleno dictó 125: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales y otros procesos constitucionales dictó 115 (84 en recursos de inconstitucionalidad; 16 en cuestiones de inconstitucionalidad, una de ellas una cuestión interna de inconstitucionalidad; 12 en conflictos positivos de competencia, dos en conflictos en defensa de la autonomía local y una resolutoria de una cuestión prejudicial de validez de una norma foral fiscal) y diez en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado. Las Salas dictaron las 103 sentencias restantes: 37 la Sala Primera (29 en recursos de amparo y ocho en cuestiones de inconstitucionalidad) y 66 la Sala Segunda (49 en procesos de amparo y 17 en cuestiones de inconstitucionalidad).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones.

El Tribunal dictó un total de 209 autos. El Pleno dictó 102 de ellos, la Sala Primera 16 y la Sala Segunda 19; los 72 autos restantes fueron dictados por las Secciones: 25 por la Sección Primera, 12 por la Sección Segunda, 13 por la Sección Tercera y 22 por la Sección Cuarta.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 autos, todos ellos del Pleno, a excepción del ATC 148/2016, de 22 de julio, por el cual la Sección Tercera inadmitió a trámite un recurso de amparo promovido por la Asociación de víctimas de la talidomida en España en proceso civil. Diez de estos autos inadmitieron otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad: AATC 35/2016, de 16 de febrero (Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal); 84/2016, de 26 de abril (Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2014); 122/2016, de 7 de junio (Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea); 129/2016, de 21 de junio (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones), al que se formuló un voto particular; 145/2016, de 19 de julio (Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales); 168/2016, de 4 de octubre (Ley de enjuiciamiento civil); 176/2016, de 18 de octubre (Ley de la función pública de Galicia); 183/2016, de 15 de noviembre (Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el canon eólico y el fondo para el desarrollo tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla-La Mancha), y 187/2016, de 15 de noviembre (texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social). Dos autos estimaron sendos incidentes de ejecución de sentencias dictadas en impugnaciones de disposiciones autonómicas planteadas por el Gobierno de la Nación: AATC 141/2016, de 19 de julio, y 170/2016, de 6 de octubre. Finalmente, en el ATC 155/2016, de 20 de septiembre, al que se formularon dos votos particulares, suscritos cada uno de ellos por dos Magistrados, se inadmitió a trámite un recurso de amparo promovido en relación con una causa penal.

Durante 2016 el Pleno inadmitió mediante auto 77 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 206/2016, de 13 de diciembre). También declaró la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, de tres recursos de inconstitucionalidad. La Sala Segunda acordó la extinción de dos cuestiones de inconstitucionalidad.

Las Salas y Secciones dictaron 34 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo; con la sola excepción del ATC 208/2016, de 28 de diciembre, de la Sala Primera, en todos los demás casos los correspondientes recursos se hallaban pendientes de admisión.

Las Salas y sus Secciones dictaron 25 autos resolutorios de recursos de súplica relativos a la inadmisión de recursos de amparo, interpuestos en la mayoría de los casos por el Ministerio Fiscal —con la única excepción del ATC 207/2016, de 14 de diciembre— frente a otras tantas providencias de inadmisión de los correspondientes recursos de amparo. Se estimaron siete de estos recursos (AATC 28/2016, de 9 de febrero; 108/2016, de 13 de mayo; 164/2016 y 165/2016, de 27 de septiembre; 181/2016, de 4 de noviembre, 192/2016, de 28 de noviembre, y 199/2016, de 30 de noviembre), siendo desestimados los otros 18. Por su parte, el ATC 123/2016, de 9 de junio, desestimó el recurso de súplica frente a una denegación del beneficio de justicia gratuita.

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, el Pleno dictó 13 autos. En dos de ellos acordó el mantenimiento íntegro de la suspensión de la norma impugnada (AATC 41/2016, de 16 de febrero, y 160/2016, de 20 de septiembre); en cinco dispuso el levantamiento parcial (AATC 72/2016, de 12 de abril; 89/2016 y 90/2016, de 26 de abril; 140/2016, de 5 de abril, y 144/2016, de 19 de julio) y en los seis restantes acordó el levantamiento total (AATC 54/2016, de 1 de marzo; 105/2016, de 10 de mayo; 157/2016 y 158/2016, de 20 de septiembre; 169/2016, de 4 de octubre, y 171/2016, de 6 de octubre).

Se dictaron 23 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En 12 de ellos se otorgó la suspensión total o parcial del acto del poder público frente al que se solicitaba amparo (AATC 34/2016, de 15 de febrero; 47/2016, 48/2016 y 49/2016, de 29 de febrero; 62/2016, de 15 de marzo; 68/2016 y 69/2016, de 11 de abril; 91/2016, de 27 de abril; 114/2016, de 26 de mayo; 133/2016, de 22 de junio; 154/2016, de 19 de septiembre, y 174/2016, de 17 de octubre); en nueve se denegó (AATC 2/2016 y 3/2016, de 18 de enero; 17/2016 y 19/2016, de 1 de febrero; 67/2016, de 11 de abril; 99/2016, de 9 de mayo; 173/2016, de 17 de octubre, y 194/2016 y 195/2016, de 28 de noviembre). Además, el ATC 1/2016, de 18 de enero, de la Sala Primera, acordó la extinción de la pieza separada de suspensión y el ATC 110/2016, de 23 de mayo, ordenó la cancelación de la anotación preventiva de la demanda de amparo en el Registro de la Propiedad en el recurso resuelto por la STC 131/2014, de 21 de julio.

Además de los ya mencionados AATC 141/2016 y 170/2016, el Pleno dictó otro auto resolutorio de un incidente de ejecución de sentencia: ATC 128/2016, de 21 de junio, desestimatorio del incidente planteado en relación con la STC 6/2012, de 18 de enero.

La Sala Primera dictó dos autos de acumulación de procesos de amparo en tramitación: AATC 82/2016, de 25 de abril, y 126/2016, de 20 de junio.

Se dictaron diez autos aceptando la abstención de Magistrados en procesos de amparo, debiendo reseñarse el hecho de que el ATC 93/2016, de 29 de abril, aceptó la abstención de dos Magistrados. La Sala Primera dictó tres autos declarando que no se había producido funcionamiento anormal en la tramitación por el Tribunal de otros tantos recursos de amparo (AATC 18/2016, de 1 de febrero; 30/2016, de 15 de febrero; 66/2016, de 11 de abril).

En el ATC 100/2016, de 9 de mayo, la Sala Segunda declaró que no había perdido objeto el recurso de amparo número 354-2014, posteriormente resuelto por la STC 196/2016, de 28 de noviembre.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2016 el Pleno admitió a trámite 60 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto 77 cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto en defensa de la autonomía local y un recurso de amparo.

Por su parte, las Salas y Secciones admitieron a trámite 67 recursos de amparo y dictaron dos autos y 7.026 providencias de inadmisión. Como ya se ha indicado en su momento, siete providencias de inadmisión, todas ellas de la Sala Segunda, fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal. De modo que del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (7.088, cifra que arroja la suma de las providencias de admisión, autos y providencias de inadmisión), solo el 0,95 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 99,05 por 100 supuso la inadmisión del recurso.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. El motivo predominante fue la aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna (17 providencias de admisión, el 25,37 por 100), seguido del relativo a la ausencia de doctrina constitucional (12, el 17,91 por 100); la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por las resoluciones judiciales fue la causa de admisión de nueve demandas de amparo (13,43 por 100) y el eventual origen normativo de la vulneración de otras ocho (11,94 por 100) y las consecuencias políticas generales del recurso fueron la causa citada en cuatro providencias (5,97 por 100). En tres providencias (4,48 por 100) fue motivo de admisión la eventual necesidad de aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos y en otras tres (4,48 por 100) la eventual vulneración por reiterada interpretación judicial de la ley. La repercusión social o económica de la cuestión planteada en la demanda fue la causa de admisión de dos recursos (2,99 por 100) y el posible incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional resultante de la existencia de resoluciones judiciales contradictorias de otra (1,49 por 100). En ocho providencias (11,94 por 100) se citaron varios motivos.

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos muestran el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (1.656 recursos de amparo, es decir, el 39,15 por 100), seguida a gran distancia de la relativa a la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional (677 demandas, el 16 por 100 de las inadmitidas) y la falta de especial trascendencia constitucional (662, el 15,65 por 100), la falta de agotamiento de la vía judicial previa (397, el 9,39 por 100) y la falta de subsanación de defectos procesales (340, el 8,04 por 100). La extemporaneidad fue determinante de la inadmisión de 179 recursos (4,23 por 100), la inexistencia de lesión del derecho fundamental invocada de otros 169 (4 por 100). En 107 providencias se dieron varios motivos para la inadmisión (2,53 por 100) y en 19 se constató la falta de denuncia tempestiva de la vulneración del derecho fundamental (0,45 por 100). En 24 providencias de inadmisión se citaron otros motivos distintos de los anteriores (0,57 por 100)

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2016 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 89 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales; admitió a trámite 60, inadmitió 79 mediante auto (entre ellos, un recurso de amparo). Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión un recurso de inconstitucionalidad y diez cuestiones de inconstitucionalidad. Avocó para su conocimiento un recurso de amparo y defirió a las Salas el conocimiento de seis asuntos: cinco a la Sala Primera y uno a la Sala Segunda. El Pleno dictó 125 sentencias y resolvió —por sentencia o por auto de terminación— 132 procesos, por lo que finalizó el año con 74 asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos pendientes suman un total de 160, acumulados en 157 procesos.

Con respecto a las Salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.354 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.617 y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— 53 recursos que se hallaban pendientes de admisión (37 por providencia y 16 por auto). Por consiguiente, al finalizar el año había 344 recursos menos en trámite de admisión ante la Sala. Teniendo en cuenta los asuntos recibidos otros años, se hallaban en esta situación 1.224 recursos de amparo (en esta cifra se incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex arts. 49.4 y 50.4 LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex art. 88 LOTC).

En la Sala Segunda ingresaron 3.331 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.404 y dio por terminados 458 recursos pendientes de admisión (mediante 441 providencias y 17 autos). Al finalizar el año, la Sala se hallaba tramitando 604 asuntos menos que el año anterior, lo que significa que el número total de recursos pendientes de admisión ascendía a 1.134.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, las Salas dictaron 25 sentencias en asuntos atribuidos por el Pleno y 78 en recursos de amparo, que resolvieron 79 asuntos, al haber uno acumulado. La Sala Primera resolvió mediante sentencia 29 recursos de amparo (más uno acumulado) y ocho cuestiones de inconstitucionalidad; la Sala Segunda 49 recursos de amparo y 17 cuestiones de inconstitucionalidad.

A lo largo del año las Salas recibieron seis procesos atribuidos por el Pleno en virtud del art. 10 LOTC: cinco la Sala Primera y uno la Sala Segunda. Al finalizar 2016 cuatro cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento les había sido deferido por el Pleno se hallaban pendientes de resolución ante la Salas: tres ante la Sala Primera y una ante la Sala Segunda.

Se dictaron 88 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó diez de ellas. Al finalizar el año tenía pendientes ocho recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente.

La Sala Primera dictó 29 sentencias en procesos de amparo, resolutorias de 30 demandas. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 27 asuntos nuevos, acordó el desistimiento en uno previamente admitido a trámite y acumuló dos recursos. Al finalizar el año se hallaban pendientes de sentencia de la Sala Primera un total de 26 recursos de amparo, no habiendo ninguno pendiente ante sus Secciones. La Sala Segunda dictó 49 sentencias en procesos de amparo, admitió a trámite 40 demandas y no acordó el desistimiento de ninguna que hubiera sido admitida. Al concluir el año la Sala Segunda tenía pendientes de sentencia 40 recursos de amparo. No había ninguno pendiente de resolución definitiva ante las Secciones.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2016 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 157 procesos que comprendían 160 asuntos, tres de ellos previamente acumulados. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 103 recursos de inconstitucionalidad (106 con los acumulados), 20 cuestiones de inconstitucionalidad, ocho recursos de amparo avocados, 22 conflictos positivos de competencia, dos conflictos en defensa de la autonomía local, un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales y una cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales. Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir cuatro cuestiones de inconstitucionalidad deferidos por el Pleno a las Salas y que penden ante ellas (tres en la Sala Primera y una en la Segunda).

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad un recurso de inconstitucionalidad y diez cuestiones.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 74. A los ocho recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben añadirse los 26 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera y los 40 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 2.358, de los cuales 1.224 correspondían a la Sala Primera y 1.134 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2016 el Tribunal dictó 84 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 41 en cuestiones de inconstitucionalidad, 12 en conflictos positivos de competencia, dos en conflicto en defensa de la autonomía local y una resolutoria de una cuestión prejudicial de validez de una norma foral fiscal, que suman un total de 140 sentencias. A este respecto interesa consignar que la STC 203/2016, de 1 de diciembre, ha sido la primera resolución aprobada en el nuevo procedimiento introducido por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial

El Pleno dictó la mayoría de estas sentencias: 115; el resto fueron pronunciadas por las Salas: ocho la Sala Primera y 17 la Segunda. De las dictadas por el Pleno, 84 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes disposiciones estatales y autonómicas en las siguientes materias: acción exterior y relaciones internacionales (SSTC 85/2016, de 28 de abril, y 228/2016, de 22 de diciembre). Administración local (SSTC 41/2016, de 3 de marzo; 111/2016, de 9 de junio; 168/2016, de 6 de octubre, y 180/2016, de 20 de octubre), agricultura (SSTC 142/2016, de 21 de julio, y 186/2016, de 3 de noviembre), asistencia social (SSTC 36/2016, de 3 de marzo, y 99/2016, de 25 de mayo), comercio (SSTC 18/2016, de 4 de febrero; 37/2016, de 3 de marzo; 55/2016 y 59/2016, de 17 de marzo; 195/2016 de 16 de noviembre, y 211/2016 y 214/2016, de 15 de diciembre), régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial (STC 191/2016, de 15 de noviembre), costas (SSTC 6/2016, de 21 de enero; 28/2016, de 18 de febrero; 57/2016, de 17 de marzo, y 100/2016, de 25 de mayo), Derecho civil (STC 82/2016, de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio, y 192/2016, de 16 de noviembre). educación (SSTC 26/2016, de 18 de febrero; 38/2016, de 3 de marzo; 54/2016, de 17 de marzo; 66/2016, 67/2016 y 68/2016, de 14 de abril, y 84/2016, de 28 de abril), empleados públicos (SSTC 88/2016, de 28 de abril; 99/2016, de 25 de mayo; 119/2016, de 23 de junio; 158/2016, de 22 de septiembre; 183/2016, de 3 de noviembre, y 194/2016, de 16 de noviembre), empleo y relaciones laborales (STC 179/2016, de 20 de octubre), hipotecas (STC 213/2016, de 15 de diciembre), igualdad entre hombres y mujeres (STC 159/2016, de 22 de septiembre), jurisdicción constitucional (SSTC 118/2016, de 23 de junio; 185/2016, de 3 de noviembre, y 215/2016, de 15 de diciembre), lenguas (STC 56/2016, de 17 de marzo), ordenación del sistema financiero (STC 40/2106, de 3 de marzo), ordenación territorial y urbanística (SSTC 5/2016, de 21 de enero; 17/2016, de 4 de febrero; 73/2016, de 14 de abril; 157/2016, de 22 de septiembre, y 170/2016, de 6 de octubre), patrimonio sindical (STC 125/2016, de 7 de julio), prestaciones y régimen público de la Seguridad Social (SSTC 21/2106, de 4 de febrero; 139/2016, de 21 de julio, y 210/2016, de 15 de diciembre), presupuestos y finanzas públicas (SSTC 70/2016, de 14 de abril; 96/2016, de 12 de mayo; 101/2016, de 25 de mayo; 126/2016, de 7 de julio; 156/2016, de 22 de septiembre; 169/2016, de 6 de octubre, y 217/2016, de 15 diciembre), régimen jurídico de los entes públicos (SSTC 128/2016, de 7 de julio, y 153/2016, de 22 de septiembre), régimen minero y energético (SSTC 19/2016, de 4 de febrero; 29/2016, 30/2016 y 32/2016, de 18 de febrero; 42/2016, de 3 de marzo; 60/2016, 61/2016 y 62/2016, de 17 de marzo; 72/2016 y 73/2016, de 14 de abril; 165/2016, de 6 de octubre; 182/2016, de 3 de noviembre; 190/2016, de 15 de noviembre, y 205/2016, de 1 de diciembre), seguridad nacional (STC 184/2016, de 3 de noviembre), tasas judiciales (STC 140/2016, de 21 de julio, y 202/2016, de 1 de diciembre), tauromaquia (STC 177/2016, de 20 de octubre), telecomunicaciones (SSTC 8/2016, de 21 de enero, y 20/2016, de 4 de febrero) y tributos y procedimientos tributarios (SSTC 32/2016, de 18 de febrero, y 74/2016, de 14 de abril). La STC 40/2016, de 3 de marzo, apreció la pérdida total de objeto en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 16 sentencias dictadas por el Pleno y 25 por las Salas (ocho la Sala Primera y 17 la Sala Segunda). Las sentencias del Pleno tuvieron por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley en materia de concesiones de dominio público (STC 122/2016, de 23 de junio), empleo público (SSTC 9/2016, de 21 de enero; 71/2016, de 14 de abril; 86/2016, de 28 de abril, y 155/2016, de 22 de septiembre), prestaciones y régimen público de la Seguridad Social (STC 123/2016, de 23 de junio), régimen energético (SSTC 167/2016, de 6 de octubre, y 181/2016, de 20 de octubre), tasas judiciales (STC 227/2016, de 22 de diciembre), televisión (STC 35/2016, de 3 de marzo) y tributos (STC 121/2016, de 23 de junio). A ellas debe añadirse la STC 58/2016, de 17 de marzo, recaída en una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre régimen de impugnación de las resoluciones de los letrados de la Administración de justicia. Por otra parte, el Pleno inadmitió tres cuestiones en las que se aducía inconstitucionalidad mediata sobrevenida de normas autonómicas (SSTC 102/2016, de 25 de mayo; 127/2016, de 7 de julio, y 204/2016, de 1 de diciembre) y declaró extinguida una cuestión de inconstitucionalidad en la STC 43/2016, de 3 de marzo.

Las sentencias dictadas por las Salas en cuestiones de inconstitucionalidad resolutorias del fondo versaron sobre normas estatales y autonómicas con rango de ley en materia de Administración local (STC 116/2016, de 20 de junio), prestaciones y régimen público de la Seguridad Social (STC 81/2016, de 25 de abril), régimen energético (SSTC 174/2016, de 17 de octubre; 187/2016 y 188/2016, de 14 de noviembre, 197/2016, de 28 de noviembre) y tributos (STC 25/2016, de 15 de febrero). Las Salas decretaron la inadmisión total de tres cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 1/2016, de 18 de enero; 116/2016, de 20 de junio, y 175/2016, de 17 de octubre) y apreciaron la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de otras 15 (SSTC 2/2016 y 4/2016, de 18 de enero; 46/2016, 47/2016 y 52/2016, de 14 de marzo; 79/2016 y 80/2016, de 5 de abril; 90/2016, de 9 de mayo; 97/2016, de 23 de mayo; 104/2016 y 106/2016, de 6 de junio; 135/2016, de 18 de julio; 145/2016, de 19 de septiembre; 160/2016 y 164/2016, de 3 de octubre). Finalmente, en la STC 134/2016, de 18 de junio, la Sala Segunda acordó la inadmisión parcial de una cuestión de inconstitucionalidad y constató la extinción del proceso en lo demás.

El Pleno dictó 12 sentencias en conflictos positivos de competencia. Diez de ellas resolvieron otros tantos conflictos sobre disposiciones generales y resoluciones estatales en materia de educación (STC 95/2016, de 12 de mayo), ferrocarriles (STC 124/2016, de 23 de junio), medio ambiente (SSTC 53/2016, de 17 de marzo; 141/2016, de 21 de julio, y 171/2016, de 6 de octubre), planes hidrológicos (STC 216/2016, de 15 de diciembre), protección civil (STC 87/2016, de 28 de abril), régimen energético (STC 120/2016, de 23 de junio), responsabilidad financiera de las Administraciones territoriales (STC 31/2016, de 18 de febrero), salud laboral (STC 7/2016, de 21 de enero). Las dos sentencias restantes versaron sobre convocatoria autonómica de plazas de funcionarios (STC 193/2016, de 16 de noviembre) y retribuciones de empleados públicos (STC 178/2016, de 20 de octubre).

Las SSTC 27/2016, de 18 de febrero, y 152/2016, de 22 de septiembre, inadmitieron sendos conflictos en defensa de la autonomía local. Por otra parte, como ya se ha reseñado, la STC 203/2016, de 1 de diciembre, resolvió una cuestión prejudicial de validez planteada en relación con un precepto de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el territorio histórico de Gipuzkoa.

En 49 de las 140 sentencias pronunciadas en estos procesos constitucionales se formularon votos particulares: 47 de los votos fueron formulados respecto a sentencias dictadas por el Pleno, en tanto que los otros dos atañeron a sentencias de la Sala Primera.

Durante 2016 el Pleno del Tribunal inadmitió mediante auto 77 cuestiones de inconstitucionalidad —ya fuera por no satisfacerse los requisitos procesales o por resultar notoriamente infundadas— y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 206/2016, de 13 de diciembre). También por auto, el Pleno acordó la extinción de tres recursos de inconstitucionalidad (AATC 121/2016, de 7 de junio; 175/2016, de 18 de octubre, y 179/2016, de 3 de noviembre), así como el desistimiento parcial en otro (ATC 51/2016, de 1 de marzo, que acepta el desistimiento parcial del Gobierno Vasco en el recurso que había interpuesto en relación con varios preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia). La Sala Segunda apreció la extinción de dos cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2016, de 18 de enero, y 193/2016, de 28 de noviembre).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2016 el Tribunal dictó 89 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 38 leyes o disposiciones con rango de ley del Estado. El Pleno dictó 69 de estas sentencias (60 en recursos de inconstitucionalidad y nueve en cuestiones de inconstitucionalidad) y las Salas las 20 restantes, todas ellas en cuestiones de inconstitucionalidad (cinco la Sala Primera y 15 la Sala Segunda).

En estas sentencias el Pleno constató la extinción de un recurso de inconstitucionalidad (STC 40/2016, de 3 de marzo) y de una cuestión de inconstitucionalidad (STC 43/2016, de 3 de marzo). Por su parte, la Sala Primera declaró extinguidas, por pérdida sobrevenida de objeto, tres cuestiones (SSTC 4/2016, de 18 de enero; 97/2016, de 23 de mayo, y 160/2016, de 3 de octubre). Finalmente, la Sala Segunda inadmitió total o parcialmente dos cuestiones (SSTC 1/2016, de 18 de enero, y 134/2016, de 18 de julio) y declaró la extinción total de otras diez (SSTC 2/2016, de 18 de enero; 47/2016 y 52/2016, de 14 de marzo; 79/2016 y 80/2016, de 25 de abril; 90/2016, de 9 de mayo; 104/2016 y 106/2016, de 6 de junio; 135/2016, de 18 de julio, y 145/2016, de 19 de septiembre), extinción que fue parcial en la cuestión resuelta por la STC 134/2016, de 18 de julio.

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 41 preceptos legales estatales y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros 16. Si bien por lo común las declaraciones de inconstitucionalidad tuvieron como corolario la anulación de los preceptos legales concernidos, en las SSTC 26/2016, de 18 de febrero; 111/2016, de 9 de junio; 140/2016, de 21 de julio, y 227/2016, de 22 de diciembre, se modularon los efectos de la anulación acordada.

El Pleno dictó 40 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre las siguientes normas estatales con rango de ley: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (ATC 180/2016, de 2 de noviembre); Leyes 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ATC 129/2016, de 21 de junio; a esta resolución se formuló un Voto particular discrepante); 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional (ATC 63/2016, de 15 de marzo); 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (AATC 168/2016, de 4 de octubre, y 198/2016, de 29 de noviembre); 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (ATC 14/2016, de 19 de enero); 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea (ATC 122/2016, de 7 de junio); 22/2003, de 9 de julio, concursal (AATC 35/2016 y 36/2016, de 16 de febrero); 17/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y normalización del sistema de Seguridad Social (ATC 184/2016, de 15 de noviembre); 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (ATC 75/2016, de 12 de abril); 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (AATC 202/2016 a 205/2016, de 13 de diciembre); 27/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013 (AATC 9/2016, de 19 de enero, y 39/2016 y 40/2016, de 16 de febrero); 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social (AATC 42/2016, de 16 de febrero, y 146/2016, de 19 de julio); los Reales Decretos-leyes 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el fondo estatal de inversión local (ATC 12/2016, de 19 de enero), y 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (AATC 13/2016, de 19 de enero; 71/2016, de 12 de abril; 138/2016 y 139/2016, de 5 de julio, y 143/2016, de 19 de julio), y los textos refundidos de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (ATC 11/2016, de 19 de enero), de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (AATC 186/2016 y 187/2016, de 15 de noviembre); de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (AATC 6/2016 a 8/2016 y 10/2016, de 19 de enero; 21/2016 y 22/2016, de 2 de febrero; 37/2016 y 38/2016, de 16 de febrero; 50/2016 y 52/2016, de 1 de marzo, y 70/2016, de 12 de abril), y de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (ATC 142/2016, de 19 de julio).

Por lo que se refiere a los procesos resueltos por sentencia, seis de ellos tuvieron por objeto diferentes preceptos de leyes orgánicas. En todos los casos la sentencia fue dictada por el Pleno del Tribunal.

Dos de ellas enjuiciaron leyes orgánicas relativas al sistema de financiación autonómica: la STC 101/2016, de 25 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Andalucía respecto de varios preceptos de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, en los que se regula, entre otros aspectos, las medidas cautelares de prevención, automáticas de corrección y coercitivas respecto de incumplimientos de la estabilidad presupuestaria, se fija el plazo máximo de pago a proveedores y las reglas para determinar el destino del superávit presupuestario. Partiendo de la premisa de que la coordinación de la política de endeudamiento de las Comunidades Autónomas con el Estado forma parte de las relaciones financieras entre ambos y está incluida en la reserva de ley orgánica, la Sentencia declaró que las medidas introducidas por la Ley Orgánica controvertida eran mecanismos adecuados para la garantía del mantenimiento de unos niveles de endeudamiento y morosidad aceptables, de acuerdo con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados en la Constitución. Declaró, además, que los preceptos impugnados eran respetuosos con los principios de lealtad institucional, participación, transparencia, coordinación y colaboración entre Administraciones públicas. A su vez, la STC 156/2016, de 22 de septiembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido también por el Gobierno de Andalucía respecto de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, en cuanto contempla la posibilidad de que el Estado retenga determinados recursos de financiación autonómica y los destine al pago de obligaciones previamente asumidas por las Comunidades Autónomas y que no hayan sido satisfechas. A ambas sentencias se formularon sendos votos particulares suscritos por tres Magistrados.

Tres sentencias resolvieron otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por distintas instancias autonómicas frente a dos reformas recientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La STC 118/2016, de 23 de junio, desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Gobiernos y Asambleas legislativas de La Rioja y de Castilla y León frente a la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Este Ley Orgánica atribuye al Tribunal la potestad para enjuiciar las normas forales fiscales tanto mediante el conocimiento de los recursos directos contra ellas como a través de la resolución de las cuestiones prejudiciales que puedan suscitar los órganos judiciales; además, la Ley Orgánica 1/2010 introdujo el conflicto en defensa de la autonomía foral, que pueden plantear diputaciones forales y juntas generales. La Sentencia declaró que, dentro de la libertad de configuración de la justicia constitucional reconocida al legislador orgánico, encaja la configuración de nuevos procesos constitucionales, sin que el rango de las normas objeto de control se erija en obstáculo insalvable. Sentado esto, la STC 118/2016 declaró que la Ley Orgánica controvertida se ha decantado por un control compartido entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional de las normas forales fiscales, decisión tomada en virtud de la habilitación constitucional al legislador, más concretamente al legislador estatal al actuar en ejercicio de la competencia sobre legislación procesal y atendiendo a la singularidad de la foralidad tributaria, que conecta con la disposición adicional primera de la Constitución. Esta compartición del control de las normas forales fiscales no puede reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, dado que este derecho fundamental no consagra la existencia de una concreta modalidad de recurso directo contra las disposiciones administrativas de carácter general, sino la existencia de una respuesta jurisdiccional, ni calificarse de arbitraria pues está fundada en una explicación razonable y no causa discriminación. Respecto del conflicto en defensa de la autonomía foral, la Sentencia subrayó su íntima conexión con la protección constitucional de los derechos históricos de los territorios forales.

Por su parte, la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, fue impugnada en dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los gobiernos vasco y catalán y resueltos por las SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, y 215/2016, de 15 de diciembre. La Ley Orgánica regula con cierta exhaustividad el incidente de ejecución por el Tribunal de sus propias resoluciones y le atribuye una serie de poderes al efecto (además de la notificación personal de las resoluciones, estos poderes consisten en la posibilidad de imponer multas coercitivas, acordar la suspensión temporal de autoridades y funcionarios, proceder a la ejecución sustitutoria y, finalmente, deducir testimonio de particulares para depurar las eventuales responsabilidades penales que pudieran existir). Pues bien, las Sentencias que ahora se reseñan declararon que esta regulación es el legítimo resultado del ejercicio de la libertad de configuración de la jurisdicción constitucional que la Constitución reconoce al legislador orgánico. En particular, rechazó que la suspensión de autoridades y funcionarios públicos represente una medida punitiva y que la ejecución sustitutoria constituya un nuevo mecanismo de control de las Comunidades Autónomas no previsto por la Constitución. Ambas Sentencias cuentan con tres votos particulares discrepantes.

Finalmente, la STC 191/2016, de 15 de noviembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial. La Sentencia estableció la interpretación constitucionalmente conforme de la regulación de los deberes de comparecencia ante las Cámaras parlamentarias de los miembros del Consejo, subrayando que no contraviene la obligación de comparecer que pesa sobre ellos. Haciendo hincapié en la libertad de configuración del Consejo de que goza el legislador orgánico, desestimó el recurso en lo relativo a la regulación de la comisión permanente y las renovaciones parciales del Consejo, la incardinación de la figura del Vicepresidente del Tribunal Supremo en el Consejo y la creación de una nueva Sección en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a la que corresponde el control de los actos del Consejo.

Durante 2016 se dictaron siete sentencias en procesos que tenían por objeto diferentes preceptos de leyes aprobatorias de los presupuestos generales del Estado.

La STC 81/2016, de 25 de abril, dictada por la Sala Primera, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con un apartado del precepto de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2008, por el que se determinaba que la pareja de hecho del causante tendría derecho a la pensión de viudedad siempre que hubieran tenido hijos en común. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 41/2013, de 14 de febrero, la Sentencia que nos ocupa declaró que este requisito representa una vulneración del derecho a la igualdad pues establece una diferencia de trato entre parejas de hecho basada en un criterio carente de una justificación objetiva y razonable. La STC 81/2016 cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

El Pleno del Tribunal dictó la STC 96/2016, de 12 de mayo, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Comunidad Valenciana en relación con las transferencias del fondo de suficiencia global previstas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016. En especial, la Sentencia hizo hincapié en que las transferencias de este fondo no garantizan a ninguna Comunidad Autónoma un volumen de recursos equivalente al nivel medio de gasto real en servicios públicos fundamentales, medido en atención al gasto de las distintas Comunidades Autónomas, sino las definidas en términos de recursos disponibles. Consecuentemente, rechazó que el nivel de gasto previsto en los presupuestos de la Comunidad Valenciana tuviera eficacia invalidante de las determinaciones del fondo de suficiencia global, pues de lo contrario se reconocería a los legisladores autonómicos una potestad decisoria unilateral sobre las transferencias territoriales definidas por el Estado. Otra previsión de la Ley 48/2015, la referida a las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón fue objeto del recurso de inconstitucionalidad —interpuesto por el Consejo de Gobierno autonómico— resuelto por la STC 217/2016, de 15 de diciembre. En esta Sentencia el Tribunal precisó que el acuerdo previo de la Comisión mixta de asuntos económico-financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, órgano creado por el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, no puede considerarse requisito necesario para la inclusión de determinadas inversiones en los presupuestos generales del Estado, pues de la regulación estatutaria de este órgano mixto no puede inferirse que el estudio de las inversiones estatales a ejecutar en la Comunidad Autónoma haya de ser anual y, en todo caso, anterior a la aprobación de la Ley de presupuestos generales del Estado.

En la STC 99/2016, de 25 de mayo, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. La Sentencia consideró legítima la decisión del Estado de suspender temporalmente el nivel concertado de protección a la dependencia, aseverando que los niveles efectivos de protección en la materia deben ser el resultado del acuerdo entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. Asimismo, incardinó dentro de las competencias del Estado tanto la modificación del calendario de aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, al tratarse de un elemento básico del sistema de dependencia, como la fijación de la jornada de trabajo en el sector público. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por tres Magistrados. En la STC 179/2016, de 20 de octubre, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña respecto de dos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013 que atribuían a la Administración estatal el ejercicio de funciones ejecutivas en materia laboral y establecían la suspensión temporal de financiación estatal de prestaciones de atención a la dependencia. En relación con el primero, la Sentencia apreció que concurrían los requisitos que excepcionalmente habilitan el ejercicio de funciones ejecutivas por el Estado y respecto del segundo, declaró que era respetuoso con el principio de lealtad constitucional. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante. La doctrina de las SSTC 99/2016 y 179/2016 dio lugar, en la STC 194/2016, de 16 de noviembre, a la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco frente a la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013. La STC 194/2016, de 16 de noviembre, cuenta con un voto particular discrepante.

La STC 123/2016, de 23 de junio, asimismo del Pleno, estimó la cuestión de constitucionalidad promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con un precepto del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, introducido por la Ley de presupuestos generales del Estado para 2014. Dicho precepto restringía el acceso al subsidio por desempleo de los liberados de prisión que hubieran cometido determinados delitos, entre ellos los de terrorismo. La Sentencia declaró que la materia regulada rebasaba los límites materiales constitucionalmente fijados a la ley de presupuestos ya que no podía merecer la consideración de contenido necesario, ni aun disponible, de la misma. Este pronunciamiento anulatorio dio lugar a que la Sala Segunda, en la STC 135/2016, de 18 de julio, apreciara la extinción de otra cuestión de inconstitucionalidad con idéntico objeto.

Se dictaron un total de 48 sentencias —29 de ellas fueron dictadas por el Pleno, cinco por la Sala Primera y otras 14 por la Sala Segunda— en procesos que tenían por objeto diferentes preceptos contenidos en decretos-leyes dictados por el Gobierno de la Nación. Es preciso dejar constancia de que en 15 de estas sentencias se apreció —en aplicación de la doctrina contenida en la STC 83/2015, de 30 de abril— la pérdida sobrevenida del objeto de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por diversos órganos judiciales respecto de la suspensión, para los empleados públicos, de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (SSTC 2/2016 y 4/2016, de 18 de enero; 43/2016, de 3 de marzo; 46/2016, 47/2016 y 52/2016, de 14 de marzo; 79/2016 y 80/2016, de 25 de abril; 90/2016, de 9 de mayo; 97/2016, de 23 de mayo; 104/2016, de 6 de junio; 106/2016, de 6 de junio; 134/2016, de 18 de julio; 145/2016 de 19 de septiembre, y 160/2016, de 3 de octubre). A estas sentencias deben sumarse la STC 1/2016, de 18 de enero, por la cual la Sala Primera inadmitió otra cuestión de inconstitucionalidad que tenía también por objeto el Real Decreto-ley 20/2012, y otras seis sentencias que entraron a enjuiciar el fondo de las cuestiones y recursos de inconstitucionalidad planteados en relación con diversos preceptos de esa misma norma de urgencia.

Por orden estrictamente cronológico, la primera de estas sentencias fue la STC 9/2016, de 21 de enero, en la cual el Pleno del Tribunal resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto del Real Decreto-ley 20/2012 en cuanto que modificaba la Ley del estatuto básico del empleado público, reduciendo el número de días de permiso que este personal puede disfrutar cada año para asuntos particulares. Reiterando la doctrina sentada en la STC 156/2015, de 9 de julio, la Sentencia declaró que la definición de los permisos o licencias de los empleados públicos entra dentro de las competencias básicas del Estado. Partiendo de esta premisa, la STC 9/2016 concluyó que la medida legislativa controvertida constituía una regla de homogeneidad mínima en el régimen estatutario de los funcionarios públicos que dejaba a las Comunidades Autónomas suficiente margen de desarrollo legislativo y ejecución. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

A su vez, la STC 18/2016, de 4 de febrero, dictada por el Pleno, a la que se formuló un voto particular suscrito por cuatro magistrados, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, declarando la nulidad de las disposiciones relativas a las ventas promocionales al tratarse de reglas de protección del consumidor, materia de competencia autonómica. Por el contrario, incardinó la reforma del régimen de horarios comerciales en la competencia estatal sobre ordenación general de la economía y las modificaciones del régimen de ayudas a la dependencia introducidas en dicha norma dentro de la competencia estatal sobre condiciones básicas de igualdad, rechazando su encuadramiento en la materia competencial autonómica asistencia social. Esta misma doctrina fue reiterada en la STC 36/2016, de 3 de marzo, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra, en la que, además, el Tribunal puso de relieve que la autonomía financiera de la Comunidad Foral de Navarra no se había visto afectada dado que el régimen foral se proyecta esencialmente sobre el ámbito tributario y no puede determinar el alcance de las competencias que le corresponden al Estado. De otro lado, la STC 37/2016, de 3 de marzo, dictada por el Pleno en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias frente a ese mismo Real Decreto-ley, reiteró la doctrina de la STC 18/2016 en lo relativo a la competencia estatal para el establecimiento del régimen básico de horarios comerciales; otro tanto hizo la STC 55/2016, de 17 de marzo, igualmente del Pleno, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012. La STC 119/2016, de 23 de junio, dictada por el Pleno, reiteró la doctrina de las SSTC 81/2015, de 30 de abril, y 156/2015, de 9 de julio, y desestimó el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno Vasco respecto de la suspensión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, así como de las reformas del régimen de permisos y vacaciones de los empleados públicos y de los horarios comerciales. Esta Sentencia cuenta con un voto particular suscrito por cuatro Magistrados. Finalmente, debe señalarse que la doctrina de la STC 18/2016 sirvió de fundamento, en la STC 195/2016, de 16 de noviembre, para desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Asturias respecto del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, declarándose que la regulación del régimen de horarios comerciales en zonas de gran afluencia turística establecido en esta norma de urgencia no invade las competencias autonómicas sobre comercio interior. Esta Sentencia cuenta con dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos Magistrados, y su doctrina fue aplicada en la STC 214/2016, de 15 de diciembre, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco frente a los preceptos relativos al régimen de horarios comerciales en zonas de gran afluencia turística de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, resultante de la tramitación del propio Real Decreto-ley 8/2014 como proyecto de ley.

La STC 5/2016, de 21 de enero, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Concretamente, en aplicación de la doctrina sentada en la STC 61/1997, de 20 de marzo, la Sentencia que aquí se reseña declaró la nulidad de los preceptos referidos a la inspección técnica obligatoria de los inmuebles urbanos al tratarse de una medida urbanística cuya regulación no encuentra cobertura en ninguna de las competencias del Estado. Cobertura competencial de la que sí goza la definición de los derechos de los sujetos legitimados para intervenir en la actividad urbanística que establecía el Real Decreto-ley en su redacción originaria, pues en este caso el legislador estatal concreta una condición básica de igualdad en el ejercicio del derecho constitucional de propiedad.

El Pleno del Tribunal, en la STC 19/2016, de 4 de febrero, a la que se formuló un voto particular concurrente suscrito por dos Magistrados, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que modifica la Ley del sector eléctrico de 1997 para establecer un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado y una habilitación al Gobierno para que apruebe por real decreto el régimen jurídico y económico de las instalaciones. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 270/2015, de 17 de diciembre, la Sentencia apreció la concurrencia del presupuesto habilitante para hacer uso del decreto-ley y reiteró que los tratados internacionales no son por sí mismos parámetro de contraste para valorar la constitucionalidad de las leyes. Tampoco apreció vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Además, la Sentencia aseveró que los cambios en el régimen retributivo no resultaron imprevisibles y que no se vulneró la interdicción de la retroactividad. En el mismo sentido, fueron dictadas por el Pleno las SSTC 29/2016 y 30/2016, de 18 de febrero; 42/2016, de 3 de marzo; 61/2016, de 17 de marzo, y 181/2016 de 20 de octubre, única a la que no se formuló voto particular alguno.

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo, fue objeto de examen en seis sentencias. En la STC 26/2016, de 18 de febrero, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Andalucía. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos que habilitaban al Gobierno a establecer los requisitos básicos para la creación y mantenimiento de centros y estructuras universitarias y que al no concurrir el requisito de la conexión de sentido entre la necesidad urgente aducida para aprobar el Decreto-ley y la medida adoptada para hacerle frente toda vez que la solución, consistente en una innovación normativa, se difería a un momento posterior en el tiempo. A idéntica conclusión llegó respecto del precepto relativo a las alianzas estratégicas que pudieran crear las universidades y otras instituciones, pues su materialización dependía de la voluntad de terceros y, en todo caso, se posponía en el tiempo. Por el contrario, rechazó que vulnerase la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas el hecho de que estas hubieran de asumir la diferencia entre el precio mínimo obligatorio y el precio público final de los estudios oficiales a efectos de la concesión de becas en su territorio. Ese mismo resultado alcanzó en el juicio de constitucionalidad de los preceptos relativos a la jornada lectiva y sustitución del personal docente. La doctrina de esta sentencia fue reiterada por las SSTC 54/2016, de 17 de marzo; 66/2016, 67/2016 y 68/2016, de 14 de abril, y 84/2016, de 28 de abril. Tanto la STC 26/2016 como las restantes sentencias cuentan con un Voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados-

El Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario, fue objeto de seis sentencias. En la STC 167/2016, de 6 de octubre, el Pleno desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, declarando que el préstamo forzoso impuesto por la norma de urgencia a 11 empresas eléctricas para subvenir a la compensación del déficit tarifario no era contrario al principio de igualdad en la medida en que las mercantiles afectadas son productoras de energía en régimen ordinario, lo que impide realizar un juicio de comparación con aquellas otras entidades productoras en regímenes especiales, que son justamente aquellas a las que no se impuso el préstamo forzoso. Esta doctrina fue aplicada en las SSTC 174/2016, de 17 de octubre; 187/2016 y 188/2016, de 14 de noviembre, y 197/2016, de 28 de noviembre.

Como ya se ha indicado en su momento, en la STC 40/2016, de 3 de marzo, el Pleno constató la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con un precepto del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, que había sido derogado por una ley posterior.

La STC 70/2016, de 14 de abril, dictada por el Pleno, estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias respecto del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La Sentencia declaró la nulidad de la disposición final de este Real Decreto-ley, que modificó la regulación del régimen de responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea establecido en la Ley general de subvenciones sin que concurriese el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.

En la STC 125/2016, de 7 de julio, el Pleno estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados en relación con el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado. La Sentencia declaró la nulidad de esta norma de urgencia al no haberse acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad para modificar, sin que hubieran concurrido circunstancias significativas al respecto, una norma legal con más de dos décadas de vigencia.

En las SSTC 126/2016, de 7 de julio, y 169/2016, de 6 de octubre, el Pleno declaró la inconstitucionalidad y nulidad de sendos Reales Decretos-leyes de autorización de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para hacer frente a obligaciones contractuales asumidas por el Ministerio de Defensa. Estas Sentencias apreciaron que no se había acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante y constataron la existencia de una práctica legislativa que califica de «singular», consistente en consignar en el presupuesto de ese Departamento ministerial los gastos ordinarios de funcionamiento y administración, para posteriormente recurrir a la habilitación mediante decretos-leyes de créditos extraordinarios con los que financiar las inversiones, eludiéndose así el adecuado reflejo presupuestario.

La STC 139/2016, de 21 de julio, que fue dictada por el Pleno y cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. La Sentencia declaró la nulidad del precepto legal que remitía en blanco al reglamento la concreción del nivel de ingresos que habrían de superar aquellas personas que, sin vínculo alguno con el sistema de Seguridad Social, aspirasen a convertirse en asegurados del mismo. De acuerdo con lo afirmado en la STC 139/2016, esta habilitación incondicionada al reglamento resulta contraria a la reserva de ley que en materia de tutela de la salud se contiene en la Constitución. En la STC 183/2016, de 3 de noviembre, se declaró la nulidad del precepto de ese mismo Real Decreto-ley que prohibía la adscripción a instituciones sanitarias públicas autonómicas de ciertos grupos de personal funcionario sanitario de cuerpos y escalas a extinguir que optase por no integrarse en los servicios autonómicos de salud; según apreció la STC 183/2016, esta prohibición transgredía la competencia autonómica respecto de sus propios funcionarios.

En las materias de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente se dictaron siete sentencias.

En relación con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, sobre protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de costas, el Pleno del Tribunal dictó cuatro sentencias. La STC 6/2016, de 21 de enero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley. Aplicando la doctrina de la STC 233/2015, de 5 de noviembre, la Sentencia concluyó que la remisión al reglamento de los criterios para delimitar el alcance de las olas en los mayores temporales conocidos no puede reputarse contraria a la garantía de legalidad proclamada por la Constitución en materia de dominio público. Por otro lado, reiterando la doctrina sentada en la STC 149/1991, de 4 de julio, la Sentencia que ahora se reseña confirmó la constitucionalidad de la regla de revocación unilateral de las autorizaciones en zona de dominio público en caso de incompatibilidad entre la licencia previamente otorgada y la normativa eventualmente sobrevenida. La STC 28/2016, de 18 de febrero, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña y en la que el Pleno, además de reiterar la doctrina indicada, estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales que prevén la aprobación por el Estado de los planes autonómicos sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público marítimo terrestre, haciendo hincapié en que la aprobación ha de ceñirse al impacto del cambio climático sobre los bienes demaniales. A su vez, la STC 57/2016, de 17 de marzo, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias, estableció la interpretación conforme de la disposición legal que excluye a determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre; esta Sentencia cuenta con un voto particular parcialmente discrepante. Para concluir, la STC 100/2016, de 25 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Asturias y, reiterando asimismo la doctrina de la STC 233/2015, declaró la constitucionalidad del precepto legal que reconoce a los propietarios de las viviendas colindantes con los canales navegables el derecho de uso de los amarres situados frente a ellas.

Otras tres sentencias tuvieron por objeto la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Se trata de la STC 165/2016, de 6 de octubre, resolutoria, en sentido desestimatorio, del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón frente a dicha Ley, y de las SSTC 182/2016, de 3 de noviembre, y 182/2016, de 15 de noviembre, que, aplicando la doctrina de aquella, desestimaron los recursos promovidos por los Gobiernos autonómicos de Galicia y Cataluña, respectivamente; todas estas sentencias cuentan con un voto particular discrepante, suscrito por dos Magistrados. En todas las sentencias se consideró básica y, por consiguiente constitucional, la atribución de determinadas funciones ejecutivas, tales como el otorgamiento de concesiones para almacenamiento geológico de dióxido de carbono, la adaptación de autorizaciones preexistentes para el reconocimiento de estructuras subterráneas para utilizarlas como almacenes, las potestades relativas al acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento.

Sobre Administración local, el Pleno dictó cuatro sentencias resolutorias de otros tantos recursos de inconstitucionalidad formulados respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local:

La STC 41/2016, de 3 de marzo, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales relativos a la supresión de entidades locales menores ya constituidas cuando no presentaran sus cuentas y al procedimiento de disolución de mancomunidades; la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de salud y servicios sociales que antes ostentaban los entes locales; la imposición a las Comunidades Autónomas de la obligación de comunicar al Ministerio de Hacienda la asunción de esa competencia y las obligaciones pendientes de pago y la autorización al Estado para aplicar retenciones de fondos de financiación autonómica cuando el acreedor fuera un ente local. En este último caso, la Sentencia concluyó que se había infringido la reserva de ley orgánica que en materia de financiación autonómica contiene la Constitución y en los demás apreció que las regulaciones legales anuladas habían rebasado los límites de lo básico. La Sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de la disposición legal que atribuye a las Comunidades Autónomas competencias, propias de los municipios, sobre escolarización obligatoria; la STC 41/2016 precisó que el precepto legal no impone la centralización de las potestades correspondientes a esta competencia en las Comunidades Autónomas sino que garantiza la intervención, en todo caso, de los municipios en su ejercicio. La doctrina sentada en esta Sentencia, que desestimó el recurso en todo lo demás, fue reiterada en las SSTC 111/2016, de 9 de junio, 168/2016, de 6 de octubre, y 180/2016, de 20 de octubre. La primera de estas, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Andalucía, declaró, además, la nulidad de los preceptos legales que atribuían al Estado funciones sobre la coordinación de servicios públicos municipales por las diputaciones provinciales, establecían las condiciones para la ejecución en régimen de monopolio de actividades reservadas y fijaban la mayoría requerida para la adopción de acuerdos por las corporaciones locales. Por otro lado, la STC 111/2016 estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales concernientes a la competencia provincial sobre prestación de los servicios de administración electrónica y contratación centralizada en determinados municipios y al plan provincial de obras y servicios. Esta Sentencia cuenta con un voto particular parcialmente discrepante. La STC 168/2016 resolvió el recurso interpuesto por el Gobierno de Asturias y estableció la interpretación conforme del precepto legal que hace referencia a la intangibilidad, para el legislador autonómico, de la organización comarcal prevista en los Estatutos de Autonomía. La STC 180/2016 resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra.

En relación con la Administración de Justicia es preciso citar las tres sentencias del Pleno del Tribunal relativas a las tasas judiciales: La STC 140/2016, de 21 de julio, parcialmente estimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso frente a diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta Sentencia declaró la inconstitucionalidad, modulando la consiguiente nulidad, de la Ley en cuanto fijaba una tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Es preciso señalar que, tras la modificación de la Ley controvertida por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, eran sujetos pasivos de las tasas enjuiciadas únicamente las personas jurídicas, habiéndose exonerado del pago a las personas físicas y que, en el orden civil, la declaración de inconstitucionalidad alcanzó a la tasa por interposición de los recursos de apelación, casación y por infracción procesal. La doctrina de esta Sentencia fue reiterada en las SSTC 202/2016, de 1 de diciembre, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias, y 227/2016, de 22 de diciembre, dictada en una cuestión de inconstitucionalidad. Además, y siempre en el ámbito de la Administración de Justicia, el Pleno resolvió, en la STC 58/2016, de 17 de marzo, una cuestión interna de inconstitucionalidad, planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en relación con el régimen de impugnación de las resoluciones de la Administración de Justicia previsto en el artículo 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sentencia declaró este precepto legal contrario al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la medida en que no garantiza la revisión judicial de todas las resoluciones procesales adoptadas por los Letrados de la Administración de Justicia en las que pudieran estar afectados los derechos procesales de los ciudadanos.

Sobre ordenación general del sector eléctrico, cabe reseñar las SSTC 32/2016, de 18 de febrero; 60/2016, de 17 de marzo, y 72/2016, de 14 de abril, desestimatorias de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Cataluña, el Parlamento de esta misma Comunidad Autónoma y el Gobierno de Andalucía, respectivamente. Estas Sentencias declararon conforme con el orden constitucional y estatutario de distribución de competencia la atribución a la Administración estatal de la potestad para autorizar determinadas instalaciones en función de su potencia y de la tensión nominal de la línea en la medida en que la aplicación de estos criterios técnicos coincida materialmente con los relativos al aprovechamiento intra o extracomunitario. Idéntico criterio establecen estas sentencias en cuanto a la resolución de conflictos sobre suministro de energía eléctrica, función que corresponderá al Estado en aquellos supuestos en los que las controversias incidan en el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto y, por ello, trasciendan el ámbito autonómico. Las SSTC 32/2016 y 60/2016 cuentan, cada una de ellas, con dos votos particulares, de los cuales uno está suscrito por tres Magistrados.

En materia de agricultura y ganadería, el Pleno del Tribunal dictó dos sentencias en relación con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. En la STC 142/2016, de 21 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales relativos a los principios generales y período transitorio del régimen sancionador, la clasificación de infracciones, responsabilidad y publicidad de las sanciones, multas coercitivas, sanciones accesorias y régimen sancionador en materia de clasificación de canales de vacuno y porcino. La doctrina de esta Sentencia fue reiterada en la STC 186/2016, de 3 de noviembre, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco frente a la mencionada Ley.

En la STC 20/2016, de 4 de febrero, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones. En concreto, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que establecía un plazo concreto de dos meses para que, en la ulterior aprobación de los planes de despliegue o instalación de redes públicas de telecomunicaciones por las Administraciones autonómicas o locales, el silencio administrativo tuviese, inexorablemente, efecto positivo, pues con esta regla se ignoraba el margen de decisión de que gozan las Comunidades Autónomas cuando legislan en materias de competencia.

La STC 21/2016, de 4 de febrero, igualmente dictada por el Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con dos disposiciones de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social, en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia. Reiterando la doctrina de la STC 272/2015, de 17 de diciembre, la Sentencia afirmó que la remisión al reglamento para determinar qué órgano era competente en materia sancionadora formaba parte de la potestad de autoorganización del Estado, por lo que no existía invasión competencial.

En la STC 35/2016, de 3 de marzo, el Pleno desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la obligación impuesta a los operadores de televisión responsables de canales en los que se incluyeran largometrajes cinematográficos con una antigüedad inferior a siete años de destinar el 5 por 100 de la cifra total de ingresos anuales a la financiación de producciones cinematográficas europeas, impuesta por la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. La cuestión de inconstitucionalidad aducía vulneración de la libertad de empresa, un vicio que la Sentencia que ahora se reseña no apreció declarando que pese a que la obligación en cuestión afectara al desarrollo de la actividad empresarial, con su establecimiento se perseguía un fin constitucionalmente legítimo —el fomento de la creación cinematográfica— y era adecuada para alcanzar este objetivo, sin que, por lo demás, se apreciara infracción del principio de proporcionalidad.

La STC 85/2016, de 28 de abril, dictada por el Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 165/1994, de 26 de mayo, el Tribunal afirmó que las Comunidades Autónomas deben respetar las directrices, fines y objetivos fijados por el Estado, al que le corresponde una función de coordinación y dirección en la política exterior del Estado. Además, la Sentencia consideró que no era inconstitucional ni desproporcionado el deber de las Comunidades Autónomas de informar sobre sus actuaciones de proyección exterior y sobre el establecimiento de oficinas para su promoción exterior, siempre que dicho deber esté justificado por el principio de lealtad institucional y por las exigencias de coordinación en este ámbito. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

La STC 121/2016, de 23 de junio, también del Pleno, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en relación con un precepto de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, relativo a la tributación como irregulares de determinados rendimientos del trabajo (los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores). La concreta regulación legal era contraria al principio de irretroactividad al aplicarse, sin justificación alguna, a los rendimientos posteriores a agosto de 2004, conculcándose con ello el principio de confianza legítima.

En la STC 184/2016, de 3 de noviembre, el Pleno resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña respecto de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional. Amén de declarar que la seguridad nacional no es una nueva materia competencial cuya titularidad corresponda al Estado en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución, la Sentencia estableció la interpretación conforme del precepto legal que determina los efectos de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, que, eventualmente, corresponde emitir al Estado.

Finalmente, la STC 213/2016, de 15 de diciembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En particular, la Sentencia rechazó los motivos de inconstitucionalidad referidos a la elaboración de la Ley, fruto de la tramitación parlamentaria conjunta de una iniciativa legislativa popular y un proyecto de ley presentado por el Gobierno, sobre la misma materia aunque con diferencias de enfoque.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2016 se dictaron un total de 40 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas: 34 de ellas fueron dictadas por el Pleno (25 en recursos de inconstitucionalidad, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y dos resolutorias de sendos conflictos en defensa de la autonomía local), tres por la Sala Primera (todas ellas dictadas en cuestiones de inconstitucionalidad: SSTC 25/2016, de 15 de febrero; 46/2016, de 14 de marzo, y 116/2016, de 20 de junio) y otras tres por la Sala Segunda (resolutorias todas ellas, igualmente, de cuestiones de inconstitucionalidad: SSTC 134/2016, de 18 de julio; 164/2016, de 3 de octubre, y 175/2016, de 17 de octubre).

Si bien la mayoría de estas sentencias resolvió el fondo de las controversias suscitadas, debe consignarse la existencia de seis sentencias que inadmitieron íntegramente un conflicto en defensa de la autonomía local (STC 27/2016, de 18 de febrero, planteado por cuatro diputaciones provinciales en relación con el Decreto-ley del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía) y cinco cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 102/2016, de 25 de mayo; 116/2016, de 20 de junio, y 127/2016, de 7 de julio, todas en relación con diversos preceptos de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia; 175/2016, de 17 de octubre, respecto de un precepto del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, y 204/2016, de 1 de diciembre, en relación con un precepto de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la función pública vasca) que tenían por objeto disposiciones legales autonómicas; con excepción de la STC 175/2016, a todas estas sentencias se formularon votos particulares. En dos sentencias se acordó la extinción de sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas (STC 46/2016, de 14 de marzo, de la Sala Primera, en relación con Decreto-ley de la Junta de Andalucía 3/2012, de 24 de julio, de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico y financiero de la Junta de Andalucía, y STC 134/2016, de 16 de julio, de la Sala Segunda, respecto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decreto-ley 20/2012).

En las sentencias que ahora se reseñan, el Tribunal declaró la nulidad íntegra de dos leyes autonómicas (SSTC 82/2016, de 28 de abril, y 192/2016, de 16 de noviembre) y un decreto-ley autonómico (STC 157/2016, de 22 de septiembre), la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 67 preceptos legales autonómicos y estableció la interpretación conforme de otros 14. La STC 110/2016, de 9 de junio, moduló los efectos de la declaración de nulidad de los preceptos legales autonómicos afectados.

El Pleno inadmitió por auto 40 cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 13/2016, de 19 de enero; 23/2016, de 3 de febrero; 55/2016, 56/2016 y 57/2016, de 1 de marzo; 64/2016 y 65/2016, de 15 de marzo; 73/2016, 74/2016, 76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016, de 12 de abril; 83/2016 a 88/2016, de 26 de abril; 101/2016 a 104/2016, de 10 de mayo; 113/2016, de 24 de mayo; 131/2016 y 132/2016, de 21 de junio; 134/2016, de 23 de junio; 138/2016 y 139/2016, de 5 de julio; 143/2016 y 145/2016, de 19 de julio; 156/2016 y 159/2016, de 20 de septiembre; 167/2016, de 4 de octubre; 176/2016, de 18 de octubre; 182/2016, 183/2016 y 185/2016, de 15 de noviembre; 197/2016, de 29 de noviembre, y 200/2016, de 1 de diciembre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 206/2016, de 13 de diciembre) planteados en relación con normas autonómicas con rango de ley. Igualmente mediante Auto, el Pleno acordó la extinción de un recurso de inconstitucionalidad (ATC 121/2016, de 7 de junio) y la Sala Segunda hizo lo propio con una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 5/2016, de 19 de enero) en relación con leyes autonómicas.

Respecto de la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, el Pleno dictó 13 autos. En dos de ellos acordó el mantenimiento íntegro de la suspensión de la norma impugnada (AATC 41/2016, de 16 de febrero, y 160/2016, de 20 de septiembre); en cinco dispuso el levantamiento parcial (AATC 72/2016, de 12 de abril; 89/2016 y 90/2016, de 26 de abril; 140/2016, de 5 de abril, y 144/2016, de 19 de julio) y en los seis restantes acordó el levantamiento total (AATC 54/2016, de 1 de marzo; 105/2016, de 10 de mayo; 157/2016 y 158/2016, de 20 de septiembre; 169/2016, de 4 de octubre, y 171/2016, de 6 de octubre).

Como ya se ha indicado, en las SSTC 102/2016, de 25 de mayo, dictada por el Pleno y a la que se formuló un voto particular; 116/2016, de 20 de junio, de la Sala Primera que cuenta con dos votos particulares; 127/2016, de 7 de julio, y 204/2016, de 1 de diciembre, dictadas ambas por el Pleno y que cuentan con un voto particular suscrito por cinco Magistrados, se inadmitieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto disposiciones legales autonómicas. En todas estas sentencias, la inadmisión vino motivada por el hecho de que los órganos judiciales promotores aducían inconstitucionalidad mediata sobrevenida resultante de la modificación de la norma básica estatal producida durante la vigencia de la norma autonómica que fue inicialmente aprobada ateniéndose a las determinaciones de las bases aprobadas por el Estado. Las sentencias aquí consignadas concluyeron que este tipo de colisiones entre normas ha de resolverse haciendo uso de la cláusula de prevalencia recogida en el artículo 149.3 de la Constitución.

Por su parte, la STC 157/2016, de 22 de septiembre, dictada igualmente por el Pleno, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo único del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por el que se deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales y, consecuentemente, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-ley. Reiterando la doctrina ya sentada en las SSTC 193/2013, de 21 de noviembre, y 73/2016, de 14 de abril, la Sentencia constató que la norma autonómica de urgencia había introducido una medida restrictiva de la libertad de establecimiento sin fundamentar debidamente, como exigen las bases estatales, la concurrencia de imperiosas razones de interés general, relacionadas con la protección del entorno urbano o del medio ambiente, que justificaran su adopción. La STC 157/2016 cuenta con un voto particular suscrito por dos Magistrados.

En 2016 el Pleno del Tribunal anuló íntegramente dos leyes dictadas por las Cortes Valencianas: La Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano, fue declarada nula por la STC 82/2016, de 28 de abril, y la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, por la STC 182/2016, de 16 de noviembre. En ambos casos el vicio determinante de la anulación fue el exceso competencial en que había incurrido el legislador autonómico al regular materias que no se hallaban comprendidas por la garantía de la foralidad civil a cuya preservación sirve la competencia sobre Derecho civil foral o especial que las Comunidades Autónomas pueden asumir al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución. En aplicación de esta misma doctrina, la STC 110/2016, de 9 de junio, declaró la nulidad parcial de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana. Estas tres sentencias cuentan con un voto particular discrepante.

En tres sentencias se enjuició la constitucionalidad de preceptos incluidos en las leyes aprobatorias de los presupuestos generales autonómicos, o que procedían a su modificación. Se trata, en primer lugar, de la STC 71/2016, de 14 de abril, donde el Pleno del Tribunal, aplicando la doctrina sentada en la STC 104/2004, de 28 de junio, declaró la nulidad del precepto de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, que introducía una reducción de la jornada de trabajo del personal funcionario interino, laboral indefinido y temporal, así como del personal a tiempo parcial, con la consiguiente minoración de retribuciones. La Sentencia declaró que la norma legal impugnada establecía una diferenciación que no se basaba en la naturaleza del trabajo desempeñado sino en el tipo de relación de empleo con la Administración autonómica, circunstancia que no puede reputarse por sí sola suficiente para concluir que se trata de una diferenciación basada en un criterio objetivo y razonable, por lo que su uso contravenía el principio de igualdad. La STC 88/2016, de 28 de abril, asimismo dictada por el Pleno, declaró la nulidad del precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2015, que introducía excepciones a la regulación básica sobre limitaciones a los incrementos de gastos de personal. Finalmente, en la STC 164/2016, de 3 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal declaró la nulidad del precepto de la Ley de la Asamblea de Madrid 4/2010, de 29 de junio, de medidas urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010, que llevó a efecto la reducción de las retribuciones de los empleados públicos autonómicos derivaba de la normativa básica estatal sin excepcionar al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, excluido de esta medida por esa misma normativa básica estatal.

Además de la ya citada STC 157/2016, se dictaron otras cuatro sentencias cuyo objeto fueron decretos-leyes autonómicos: La STC 38/2016, de 3 de marzo, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de 50 Senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto a varios preceptos del Decreto-ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el que se adoptaron determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears. Concretamente, la Sentencia declaró la nulidad de los preceptos que modificaban la regulación de determinados proyectos de enseñanzas lingüísticas y proyectos transitorios al no satisfacer el requisito de la conexión de sentido entre la situación de urgencia apreciada —la suspensión del calendario escolar del curso 2013-2014— y las medidas controvertidas —consistente en una reforma normativa, reforma cuya extraordinaria y urgente necesidad no se habría acreditado.

El Pleno dictó igualmente la STC 62/2016, de 17 de marzo, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modificó la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. En este caso por motivos competenciales, la Sentencia declaró la nulidad de los preceptos del Decreto-ley autonómico por los que se introducía un mecanismo de garantía del suministro eléctrico o de gas al consumidor vulnerable contrario a la regulación básica estatal. A esta Sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

La STC 210/2016, de 15 de diciembre, dictada por el Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Por el contrario, la STC 211/2016, de 15 de diciembre, estimó el recurso, interpuesto asimismo por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. Esta Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducían limitaciones a la libertad de horarios comerciales garantizada por la normativa básica estatal.

El Pleno del Tribunal dictó tres sentencias que tuvieron por objeto sendos preceptos legales autonómicos en materia de función pública. La STC 86/2016, de 28 de abril, declaró la nulidad de la disposición final de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, que, contraviniendo la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, proclamado en el artículo 23.2 de la Constitución, introducía un procedimiento de acceso a la función pública autonómica en el que se valoraban especialmente los servicios prestados por los concursantes que hubieran ostentado la condición de interinos en el cuerpo de farmacéuticos titulares. La STC 155/2016, de 22 de septiembre, resolviendo una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, declaró la constitucionalidad del precepto de la Ley del Parlamento de Galicia 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que establecía la regla general del silencio administrativo negativo para la falta de resolución expresa en diversos procedimientos en materia de personal que afectaran a los profesionales del Servicio Gallego de Salud. Finalmente, la STC 158/2016, de 22 de septiembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno y declaró la nulidad del precepto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, que fijaba la duración de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos en contra de lo establecido en la normativa básica estatal en la materia. Esta última Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por tres Magistrados.

En relación con la actividad autonómica en materia tributaria se dictaron tres sentencias. Las SSTC 25/2016, de 15 de febrero, dictada por la Sala Primera, y 33/2016, de 18 de febrero, declararon la nulidad de sendos preceptos legales autonómicos (de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales, y de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, respectivamente), que introducían medios de comprobación de valores en los tributos cedidos no previstos por la normativa estatal. Ambas sentencias aplicaron la doctrina de la STC 161/2012, de 20 de septiembre. La STC 74/2016, de 14 de abril, dictada por el Pleno, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014 que regulan el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, cuyo hecho imponible consistía en la utilización de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica. Tras contrastar el impuesto autonómico controvertido con el impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica en sus elementos sustanciales —hecho y base imponible y tipos de gravamen—, la STC 74/2016 llegó a la conclusión de que se trata de un supuesto de doble imposición proscrita por la Constitución y la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en la medida en que existían coincidencias significativas entre ambos tributos. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

Sobre disposiciones legales autonómicas en materia energética el Pleno dictó las SSTC 73/2016, de 14 de abril, y 205/2016, de 1 de diciembre. En esta última se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 11/2015, de 30 de marzo, en cuanto regulaba el régimen de autoconsumo energético en términos incompatibles con los establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, cuya constitucionalidad en este punto había sido confirmada por la ya reseñada STC 20/2016. Por su parte, la STC 73/2016 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, que prohibían la utilización del fracking como técnica de investigación y explotación de hidrocarburos, al tratarse de una decisión que no se enmarca en el ámbito competencial autonómico, según había establecido el Tribunal en su STC 106/2014, de 24 de junio, cuya doctrina aplica la STC 73/2016. Esta misma Sentencia también declaró la nulidad del régimen transitorio de implantación de establecimientos comerciales fuera de la trama urbana dispuesto por la Ley autonómica impugnada pues contravenía el régimen de libertad de apertura de establecimientos que se contiene en la normativa básica estatal, constituida en este caso por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. La Sentencia cuenta con dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

En materia de comercio el Pleno dictó la STC 59/2016, de 17 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la regulación de la venta en rebajas contenida en la Ley Foral 15/2013, de 17 de abril, de reforma de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. La norma autonómica contravenía la libertad de decisión empresarial sobre los períodos de rebajas reconocida en la normativa básica estatal que había declarado conforme con la Constitución la STC 18/2016, reseñada con anterioridad.

En materia urbanística, la STC 17/2016, de 4 de febrero, dictada por el Pleno, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. La Sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que permite, entre otros fines, destinar los ingresos de la enajenación y cesión de bienes del patrimonio público de suelo y vivienda a la generación de actividad económica, señalando que la preponderancia de este fin resulta lícita siempre que se satisfagan las condiciones requeridas al respecto por la normativa básica estatal. A su vez, la STC 170/2016, de 6 de octubre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid. La Sentencia rechazó que el precepto legal controvertido, que determina la inaplicabilidad del límite de tres alturas para las nuevas edificaciones, constituyera un ejemplo de ley singular autoaplicativa pues tenía un clara vocación general cuyos destinatarios son todos los planificadores urbanísticos de los municipios de la Comunidad de Madrid.

La STC 8/2016, de 21 de enero, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los preceptos de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones en Galicia. La Sentencia anuló varios preceptos de la norma por invasión de las competencias exclusivas del Estado sobre telecomunicaciones al definir el régimen de explotación de redes y prestación de los servicios de telecomunicaciones electrónicas, incluidos aquellos que se limitan a reproducir disposiciones estatales en la materia. Asimismo, la Sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de distintos preceptos legales autonómicos: el mandato de que la planificación urbanística incorpore los criterios básicos de implantación de redes de comunicación no es inconstitucional siempre que se entienda satisfecho cuando esa incorporación atienda exclusivamente a la perspectiva urbanística y paisajística; el régimen de coubicación de instalaciones de telecomunicaciones es constitucional siempre que se entienda subordinado a lo dispuesto por el marco normativo estatal en materia de telecomunicaciones; la posibilidad de establecer una salvedad al principio de neutralidad tecnológica y prescribir la utilización de una tecnología concreta compete exclusivamente al Estado y, finalmente, el ejercicio por la Comunidad Autónoma de la potestad sancionadora por incumplimiento de las obligaciones de coubicación y uso compartido de las infraestructuras de telecomunicaciones debe entenderse comprensiva de las obligaciones definidas no solo por el legislador autonómico sino también por el estatal.

También el Pleno del Tribunal dictó la STC 56/2016, de 17 de marzo, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados de distintos grupos parlamentarios en relación con diversos preceptos de la Ley de Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. La Sentencia rechazó que el abandono de las denominaciones «aragonés» y «catalán» en la Ley autonómica, en beneficio de otras que ponen el acento en el ámbito geográfico en el que se hablan las modalidades lingüísticas concernidas, tuviera carácter peyorativo. Resolvió igualmente la STC 56/2016 que la potestad reconocida al Gobierno autonómico para delimitar las zonas de utilización predominante no vulnera la reserva de ley, ya que los preceptos cumplen las exigencias estatutarias al identificar las áreas «pirenaica y prepirenaica» y «oriental» y establecer el procedimiento para su delimitación. Para concluir, la Sentencia declaró que la falta de precisión de ciertas obligaciones de los poderes públicos en el ámbito lingüístico no implica discriminación por indiferenciación al no ser aplicables inmediatamente respecto las lenguas no oficiales las obligaciones contenidas en la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias.

La STC 122/2016, de 23 de junio, también del Pleno, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional decimonovena de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. La sentencia declaró que el precepto legal autonómico cuestionado, que dejaba sin efecto los procedimientos de concurso para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de instalaciones náutico-deportivas pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la Ley, constituía una regulación singular y autoaplicativa que establecía una desigualdad arbitraria pues no cumplía con el canon de razonabilidad y proporcionalidad establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Fue igualmente el Pleno del Tribunal quien resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. La STC 128/2016, de 7 de julio, estimó parcialmente esta impugnación y declaró que la atribución al Servicio Meteorológico de Cataluña de funciones de apoyo a la navegación aérea incurría en extralimitación competencial pues entraba a regular aspectos propios de la navegación aérea, cuya ordenación corresponde al Estado. Asimismo, la prohibición de instalar determinados establecimientos comerciales en los puertos de titularidad pública era contraria a la legislación básica en materia de actividad económica. La STC 128/2016 declaró también que la regulación de un plan director de la Administración tributaria de Cataluña, en atención a una eventual asunción de nuevas funciones y competencias, implica asumir una modificación competencial en materia tributaria contraria al orden constitucional. Además, se apreció que la habilitación al Gobierno autonómico para elaborar un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña vulnera el reparto constitucional de competencias sobre seguridad pública, título competencial que únicamente permite a las Comunidades Autónomas la creación de cuerpos propios de policía. Para concluir, estimó que el mandato al Gobierno autonómico para elaborar un modelo de políticas de competencia y de regulación, así como un marco normativo de los sectores de la energía, de las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario no encuentra fundamento en el haz competencial de que goza la Generalitat de Cataluña de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Finalmente, la Sentencia estableció la interpretación conforme a la Constitución de los preceptos legales relativos al inventario del patrimonio de las Administraciones públicas de Cataluña y a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social.

La STC 153/2016, de 22 de septiembre, igualmente del Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la Ley de las Cortes Valencianas 4/2013, de 27 de noviembre, de disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana. La Sentencia afirmó que no se produjo vulneración del procedimiento legislativo por tener la norma impugnada su origen en una proposición y no en un proyecto de ley, como sostuvieron los actores. Tampoco apreció vicio de procedimiento en la ausencia de unos antecedentes normativos que no eran requisito de validez de las iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios ni en la utilización del principio de lectura única para la tramitación de la propuesta legislativa.

Por su parte, la STC 159/2016, de 22 de septiembre, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que regulan las políticas de género en las relaciones laborales. La Sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales autonómica que invadían la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, es decir, los que introducían medidas de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo, la obligación de negociar planes de igualdad en determinadas empresas, la creación y funciones del responsable sindical de igualdad, así como de aquellos que regulaban la presencia de mujeres y hombres en los órganos de negociación colectiva, la obligación de incorporar la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo y las medidas de prevención de riesgos laborales distintas de las previstas en la normativa estatal en la materia.

La STC 177/2016, de 20 de octubre, dictada por el Pleno, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular respecto del artículo de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, que prohibía la celebración en Cataluña de corridas de toros y otros espectáculos taurinos que incluyeran la muerte del animal y la aplicación de algunas suertes de lidia. La Sentencia concluyó que la Ley autonómica ponía en riesgo la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial establecida por las Cortes Generales en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre. La Sentencia cuenta con dos Votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

La STC 228/2016, de 22 de diciembre, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. La Sentencia declaró inconstitucionales, por no respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, el inciso «el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos», la previsión de relaciones bilaterales del Gobierno catalán con las oficinas consulares y los preceptos que hacían referencia a la diplomacia catalana. Además, la STC 228/2016 estableció una interpretación conforme de otros preceptos legales, circunscribiendo la acción exterior de Cataluña a una defensa de sus intereses en ejercicio de sus propias competencias que no puede menoscabar las competencias del Estado. Por otro lado, declaró que las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y ante la Unión Europea carecen de estatuto diplomático y no pueden, por ello mismo, invadir la competencia estatal sobre relaciones internacionales. La Sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes.

Al cerrar este epígrafe ha de dejarse constancia de que el Pleno del Tribunal dictó dos sentencias en conflictos en defensa de la autonomía local planteados respecto de normas legales autonómicas. Ya se ha consignado que la STC 27/2016, de 18 de febrero, inadmitió el conflicto promovido por cuatro diputaciones provinciales —Almería, Cádiz, Granada y Málaga— frente al Decreto-ley del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía. A su vez, la STC 152/2016, de 22 de septiembre, resolvió otro conflicto en defensa de la autonomía local planteado en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía. La Sentencia rechazó que la supeditación de la financiación autonómica a las redes de abastecimiento de agua a la satisfacción por estas de requisitos objetivos y de eficacia no es contraria a la autonomía local pues trata de preservar intereses supramunicipales. Tampoco apreció merma de la autonomía local en el tributo autonómico que toma como sujeto pasivo a las entidades suministradoras del servicio de distribución de aguas. Finalmente, la STC 152/2016 inadmitió el conflicto en defensa de la autonomía local en cuanto se trataba de preceptos legales respecto de los cuales no se había solicitado dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y que tenía como parte actora a dos municipios que no cumplían los requisitos procesales establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica «Conflictos constitucionales», la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos en defensa de la autonomía local. Toda vez que las resoluciones dictadas en 2016 en conflictos en defensa de la autonomía local ya han sido reseñadas en epígrafes anteriores, no procede ahora su reiteración.

A las resoluciones dictadas en los procesos que serán específicamente considerados en el presente epígrafe debe añadirse la STC 203/2016, de 1 de diciembre, dictada por el Pleno, que recayó por vez primera en una cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales. En este caso, la cuestión había sido planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Gipuzkoa. La Sentencia especifica el parámetro de enjuiciamiento con el que deben resolverse este tipo de procesos constitucionales: Constitución, Estatuto de Autonomía y Ley reguladora del concierto económico, así como las normas estatales reguladoras de los distintos tributos, en la medida en que la competencia tributaria de los territorios históricos deba atender a la estructura general impositiva del Estado. En el caso concreto, declaró la nulidad del precepto controvertido en tanto que desfiguraba el concepto de estimación objetiva al configurar realmente una estimación directa impropia, con lo que vulneraba la regla de armonización impuesta en la Ley del concierto que obliga a los territorios históricos a adecuar su normativa a la Ley general tributaria en cuanto a la terminología y conceptos, sin que existieran especialidades o peculiaridades en la Ley del concierto que justificaran esta regulación.

En 2016 se pronunciaron 12 sentencias en conflictos positivos de competencia, todas ellas dictadas por el Pleno. En 11 de estas sentencias se resolvió el fondo de las pretensiones deducidas por la parte actora y en la STC 216/2016, de 15 de diciembre, se inadmitió el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar. La Sentencia acordó la inadmisión del conflicto porque no planteaba ninguna cuestión relativa al orden constitucional de distribución de competencias. En nueve casos el objeto de impugnación estuvo constituido por disposiciones y resoluciones de la Administración del Estado (SSTC 7/2016, de 21 de enero; 31/2016, de 18 de febrero; 53/2016, de 17 de marzo; 87/2016, de 28 de abril; 95/2016, de 12 de mayo; 120/2016 y 124/2016, de 23 de junio; 141/2016, de 21 de julio, y 171/2016, de 6 de octubre); en la STC 178/2016, de 20 de octubre, se resolvió un conflicto planteado por el Gobierno de la Nación frente a una decisión del Gobierno Vasco sobre el abono a los empleados públicos autonómicos de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, y en la STC 193/2016, de 16 de noviembre, se hizo lo propio con otro conflicto planteado por el Gobierno de la Nación frente una convocatoria de plazas docentes efectuada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En tres de estas sentencias se formularon votos particulares.

Con respecto a las medidas cautelares en conflictos positivos de competencia, en el ATC 130/2016, de 21 de junio, el Pleno acordó el mantenimiento de la suspensión del Decreto de la Generalitat de Cataluña 2/2016, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de Cataluña, que había sido impugnado por el Gobierno de la Nación; y el ATC 162/2016, de 22 de septiembre, rechazó la petición de suspensión instada por el Gobierno de Aragón respecto del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeros.

Finalmente, debe reseñarse que el ATC 128/2016, de 21 de junio, declaró no haber lugar al incidente de ejecución de la STC 6/2012, de 18 de enero, estimatoria del conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con las órdenes del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón de 8 de agosto de 1997 y 10 de febrero de 1998, relativas al ejercicio del derecho de retracto respecto de determinados bienes procedentes del Monasterio de Sigena.

La STC 7/2016, de 21 de enero, estimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña respecto de la resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013. La Sentencia declaró vulnerado el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias toda vez que el precepto no cumplía con las exigencias formales de la normativa básica, ya que estas se satisfacen a través de ley o, excepcionalmente, de reglamento.

Por su parte, la STC 31/2016, de 18 de febrero, desestimó el conflicto promovido por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. En aplicación de la doctrina sentada por la STC 215/2014, de 18 de diciembre, la Sentencia declaró que no vulneran las competencias autonómicas aquellos preceptos que, con independencia de la materia, establecen el procedimiento general para determinar y repercutir la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea; asimismo, declaró que no vulneran el ámbito de autonomía aquellos preceptos que atribuyen al Consejo de Ministros competencias para declarar la concreta responsabilidad individual, adoptar medidas provisionales o acordar la extinción de la deuda mediante compensación. La Sentencia declaró que corresponde al Estado repercutir sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes la responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

La STC 53/2016, de 17 de marzo, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. La Sentencia afirmó que las disposiciones de ejecución, como la atribución de la Agencia Estatal de Meteorología correspondiente a la implantación de un sistema de control de la calidad del aire, tienen objetivos de medición meteorológica, por lo que se encuadran en la competencia exclusiva del Estado sobre servicios meteorológicos. Además, la Sentencia concluyó que el Estado tiene competencias de coordinación medioambiental cuando haya circunstancias especiales, como sucede con la supraterritorialidad de los efectos de la contaminación del aire. La Sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados. También en materia ambiental, la STC 141/2016, de 21 de julio, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña en relación a diversos preceptos del Real Decreto 239/2013, que establece reglas para la aplicación de normativa de la Unión Europea en materia de medio ambiente. La Sentencia afirmó que la designación de la entidad nacional de acreditación como único organismo para obtener la acreditación como verificador hallaba cobertura en la competencia básica estatal en materia ambiental y no en el título relativo a la planificación general de la economía; por ello mismo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición que invocaba esta última competencia. Por otra parte, declaró la nulidad del precepto que preveía una única autoridad de acreditación para todo el territorio nacional, pues suponía una invasión de las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña.

En relación con el poder de gasto, se dictaron dos sentencias: la STC 87/2016, de 28 de abril, estimó parcialmente el conflicto planteado por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos de una orden ministerial que aprobaba las bases reguladoras de subvenciones que se otorgan a entidades locales en caso de catástrofes naturales. La Sentencia declaró que las subvenciones previstas en la orden no encontraban acomodo en la competencia estatal sobre seguridad pública, pues estaban destinadas a financiar actuaciones que tuvieron lugar tras la fase inicial de emergencia e invadían el ámbito de la competencia autonómica exclusiva sobre la protección civil no vinculada a la seguridad pública. La STC 95/2016, de 12 de mayo, estimó parcialmente un conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, que fijaban parámetros cuantitativos de convocatorias a becas y ayudas al estudio para el curso académico 2013-2014 y que modifican el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. La Sentencia reiteró que el Estado puede ejercer competencias sobre gestión de subvenciones de educación que garanticen la igualdad de acceso, siempre que existan supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados, lo que no siempre sucedía en el caso controvertido. Ambas sentencias cuentan con un voto particular discrepante.

La STC 120/2016, de 23 de junio, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, que establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. La Sentencia declaró inconstitucionales y nulos los preceptos que preveían que los procedimientos de cooperación de las redes de distribución fueran aprobados por resolución de la Secretaría de Estado, al no satisfacer esta previsión los requisitos formales de lo básico. También en materia energética, la STC 171/2016, de 6 de octubre, resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Aplicando la doctrina de la STC 32/2016, de 18 de febrero, la Sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos que atribuyen al Estado la competencia para autorizar las instalaciones de generación de energía eléctrica en función de su potencia térmica total, y para eximir a los peticionarios de nuevas instalaciones de realizar un análisis de los costos y beneficios resultantes de hacer uso de la cogeneración de alta eficiencia.

La STC 124/2016, de 23 de junio, estimó parcialmente el conflicto de competencia planteado por el Gobierno Vasco respecto de la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, de competencia del Estado. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 245/2012, de 18 de diciembre, la Sentencia declaró nula la inclusión en el catálogo de las líneas de acceso a instalaciones fabriles, al no justificarse su trascendencia para el transporte ferroviario.

La ya mencionada STC 178/2016, de 20 de octubre, estimó el conflicto planteado por el Gobierno de la Nación en relación con la decisión del Gobierno Vasco que había acordado que los trabajadores del sector público de su Comunidad Autónoma cobrasen la paga extraordinaria de diciembre de 2012. La Sentencia hizo hincapié en que la competencia para establecer medidas de contención de gastos de personal de las Administraciones públicas y la coordinación de la planificación general de la actividad económica corresponde al Estado, unas medidas que deben respetar los Ejecutivos autonómicos, lo que no sucedió en este caso. Finalmente, la STC 193/2016, de 15 de noviembre, estimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación y declaró que la orden autonómica recurrida vulneraba las competencias estatales al convocar un número de plazas docentes que rebasaba el límite fijado al respecto en la normativa básica estatal.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 88 sentencias en procesos de amparo. El Pleno dictó 10 de ellas, 29 la Sala Primera y 49 la Sala Segunda. En estas sentencias se resolvieron 89 asuntos, pues en la STC 133/2016, de 18 de julio, la Sala Primera otorgó el amparo en dos procesos previamente acumulados. A 12 de estas sentencias se formuló algún voto particular: cuatro del Pleno, siete de la Sala Primera y una de la Sala Segunda.

En lo que atañe a la parte dispositiva de estas sentencias, en 65 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en 18 se denegó y en otras cinco se inadmitió el correspondiente recurso de amparo en su totalidad. En la STC 154/2016, de 22 de septiembre, a la que se formuló un voto particular suscrito por cuatro Magistrados, el Pleno del Tribunal inadmitió un recurso de amparo por falta de legitimación activa de la asociación que lo había promovido en defensa del derecho fundamental de terceros, respecto a quienes el Juzgado había denegado incoar de oficio un procedimiento de habeas corpus; en la STC 146/2016, de 19 de septiembre, sentencia que cuenta con un voto particular, la Sala Primera acordó la inadmisión de un recurso de amparo al apreciar que no se había justificado la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional; finalmente, la Sala Segunda inadmitió tres recursos de amparo, dos de ellos por extemporaneidad (SSTC 24/2016, de 15 de febrero, y 94/2016, de 9 de mayo) y un tercero por falta de agotamiento de la vía judicial previa (STC 189/2016, de 14 de noviembre).

Con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de amparo, se dictaron tres autos de inadmisión: AATC 148/2016, de 22 de julio, por el cual la Sección Tercera inadmitió a trámite un recurso de amparo promovido por la Asociación de víctimas de la talidomida en España en pleito civil; 150/2016, de 6 de septiembre, en el que la Sala Primera inadmitió un recurso de amparo electoral y 155/2016, de 20 de septiembre, del Pleno, inadmitiendo un recurso en causa penal; a este último auto se formularon dos votos particulares, cada uno de ellos suscrito por dos Magistrados. Las Salas y sus Secciones dictaron 25 autos resolutorios de recursos de súplica, interpuestos en la mayoría de los casos por el Ministerio Fiscal (la única excepción la constituye el ATC 207/2016, de 14 de diciembre) frente a otras tantas providencias de inadmisión de los correspondientes recursos de amparo. Se estimaron siete de estos recursos (AATC 28/2016, de 9 de febrero; 108/2016, de 13 de mayo; 164/2016 y 165/2016, de 27 de septiembre; 181/2016, de 4 de noviembre, 192/2016, de 28 de noviembre, y 199/2016, de 30 de noviembre), siendo desestimados los otros 18. A estos autos debe sumarse el ATC 123/2016, de 9 de junio, que desestimó el recurso de súplica interpuesto por quien viera denegada su solicitud de justicia gratuita para promover un recurso de amparo. De otra parte, se dictaron 36 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo.

Por lo que hace a las medidas cautelares previstas en el artículo 56 LOTC, se dictaron 23 autos. En 12 de ellos se otorgó la suspensión total o parcial del acto del poder público frente al que se solicitaba amparo (AATC 34/2016, de 15 de febrero; 47/2016, 48/2016 y 49/2016, de 29 de febrero; 62/2016, de 15 de marzo; 68/2016 y 69/2016, de 11 de abril; 91/2016, de 27 de abril; 114/2016, de 26 de mayo; 133/2016, de 22 de junio; 154/2016, de 19 de septiembre, y 174/2016, de 17 de octubre); en nueve se denegó (AATC 2/2016 y 3/2016, de 18 de enero; 17/2016 y 19/2016, de 1 de febrero; 67/2016, de 11 de abril; 99/2016, de 9 de mayo; 173/2016, de 17 de octubre, y 194/2016 y 195/2016, de 28 de noviembre). El ATC 1/2016, de 18 de enero, de la Sala Primera, acordó la extinción de la pieza separada de suspensión y el ATC 110/2016, de 23 de mayo, ordenó la cancelación de la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad del recurso de amparo que había sido resuelto por la STC 131/2014, de 21 de julio.

La Sala Primera dictó dos autos de acumulación de procesos de amparo en tramitación: AATC 82/2016, de 25 de abril, y 126/2016, de 20 de junio.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

En 2016, el Tribunal Constitucional dictó cinco sentencias en procesos de amparo en los que se aducían distintas vulneraciones del artículo 14 de la Constitución. La ya mencionada STC 24/2016, de 15 de febrero, de la Sala Segunda, inadmitió por extemporaneidad un recurso de amparo en el que la demandante había aducido discriminación por razón de sexo frente a la denegación de su solicitud de reducción de jornada para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Reiterando la doctrina iniciada con la STC 222/2015, de 2 de noviembre, la STC 3/2016, de 18 de enero, de la Sala Segunda, denegó el amparo a quien había denunciado que la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial de validez respecto de una norma foral fiscal había incurrido en vulneración del derecho a la igualdad. La STC 3/2016 constató que el órgano judicial actuante había motivado suficientemente su decisión de no plantear cuestión prejudicial y examinar el fondo de las pretensiones deducidas en un recurso indirecto contra la norma foral fiscal.

En la STC 162/2016, de 3 de octubre, la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo a una Magistrada a quien no se le abonaron los complementos correspondientes a su nuevo destino profesional sin tomar en consideración que la falta de toma de posesión tempestiva había respondido a la imposibilidad de llevarla a cabo por quien se encontraba en una situación de embarazo de riesgo. En aplicación de la doctrina recogida en la STC 66/2014, de 5 de mayo, la Sentencia subrayó que la prohibición de discriminación por razón de sexo obliga a compensar las desventajas económicas y profesionales que pueda provocar el embarazo, debiéndose garantizar a las mujeres en licencia por embarazo los derechos económicos y profesionales inherentes al nuevo nombramiento.

En las SSTC 196/2016 y 198/2016, de 28 de noviembre, la Sala Segunda denegó el amparo a una empresa productora de energía eléctrica que aducía vulneración del derecho a la igualdad en los actos administrativos de ejecución del préstamo forzoso destinado a financiar el déficit tarifario establecido en el Real Decreto-ley enjuiciado en la STC 167/2016, de 6 de octubre. La aplicación, en las resoluciones ahora reseñadas, de la doctrina sentada en esta última sentencia mencionada determinó el rechazo de la alegación de desigualdad al no existir un término adecuado de comparación a partir del cual realizar el juicio mismo de igualdad.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

Las SSTC 130/2016, de 18 de julio, y 144/2016, de 19 de septiembre, dictadas por la Sala Primera, otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos y degradantes. En ambas resoluciones se constató la insuficiente investigación judicial de las denuncias por torturas que, quienes luego promovieron los recursos de amparo, decían haber sufrido hallándose bajo custodia policial.

D) Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

La STC 112/2016, de 20 de junio, dictada por la Sala Primera y a la que se formuló un voto particular discrepante, denegó el amparo a quien fuera condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido en el curso de su participación en un acto conmemorativo del fallecimiento de un dirigente terrorista. La Sentencia valoró las palabras pronunciadas por el solicitante de amparo en el contexto ya reseñado y concluyó que se trataba de una conducta incitadora del odio e instigadora de la violencia y que representaba un peligro cierto de generar un clima proclive a acciones terroristas. La STC 112/2016 declaró que la sanción penal impuesta a causa del comportamiento descrito no había vulnerado el derecho del actor a la libertad ideológica.

E) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

A lo largo de 2016, el Tribunal dictó nueve sentencias estimatorias de otros tantos recursos de amparo en los que se denunciaba vulneración de los derechos fundamentales proclamados en el artículo 17 de la Constitución. A ellas debe añadirse la STC 154/2016, de 22 de septiembre, que inadmitió un recurso de amparo que había promovido una asociación respecto de la negativa de un Juzgado a incoar de oficio un procedimiento de habeas corpus en relación con inmigrantes acogidos en un polideportivo municipal a la espera de la regularización de su situación administrativa.

En aplicación de la doctrina sentada en la STC 63/2015, de 13 de abril, las SSTC 12/2016 y 14/2016, de 1 de febrero, de la Sala Segunda, otorgaron el amparo a quienes habían visto rechazada su petición de prescripción de las penas privativas de libertad a las que fueran condenados. En ambas sentencias se constató la inexistencia de actos idóneos para interrumpir la prescripción de la condena, al no reunir esta condición los emplazamientos o las órdenes de ejecución.

Cinco sentencias otorgaron el amparo en relación con otras tantas resoluciones judiciales acordando internamientos no voluntarios en centros hospitalarios de quienes padecían trastornos psiquiátricos. La Sala Primera otorgó el amparo en las SSTC 13/2016, de 1 de febrero (resolución judicial tardía y adoptada sin el preceptivo informe emitido por un médico); 50/2016, de 14 de marzo (falta de representación de la persona objeto del internamiento no voluntario), y 132/2016, de 18 de julio (medida de internamiento adoptada al margen del proceso de incapacitación). La Sala Segunda estimó los correspondientes recursos de amparo en sus SSTC 22/2016, de 15 de febrero (ausencia de representación en la instancia de la persona objeto de internamiento, que no puede entenderse subsanada por la posterior interposición de un recurso de apelación), y 34/2016, de 29 de febrero (medida de internamiento adoptada fuera de un proceso de incapacitación)

Las SSTC 48/2016, de 14 de marzo, dictada por la Sala Primera, y 137/2016, de 18 de julio, de la Sala Segunda, otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal a quienes vieron denegada su solicitud de revisión del cómputo del tiempo en el que simultaneó la condición de preso preventivo y penado. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 261/2015, de 14 de diciembre, las sentencias ahora reseñadas hicieron hincapié en que el derecho a la aplicación del doble cómputo en los supuestos en que se simultanea la condición de preso preventivo y penado se genera momento a momento, de modo que al recurrente debiera habérsele descontado de la condena el periodo de tiempo en el que ostentaba esa doble condición hasta la fecha en que entró en vigor la reforma del Código penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se suprimió esta regla de doble cómputo.

F) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

Dos sentencias dictadas en 2016 resolvieron sendos recursos en los que se denunciaban vulneraciones del derecho a la intimidad: la STC 11/2016, de 1 de febrero, de la Sala Primera, otorgó el amparo a una mujer a quien le fue denegada la entrega, solicitada para su incineración, de los restos del feto resultante del aborto al que se sometió. Con apoyo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la vida privada, la Sentencia, que cuenta con tres votos particulares, declaró vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar de la solicitante de amparo.

En la STC 39/2016, de 3 de marzo, el Pleno desestimó el recurso de amparo presentado por una trabajadora que había solicitado la nulidad de un despido por vulneración de sus derechos a la intimidad y a la protección de datos, dado que la resolución disciplinaria del contrato laboral se fundó en las imágenes captadas por unas cámaras que habían sido instaladas en el centro de trabajo sin mediar una previa notificación expresa a los trabajadores. La Sentencia concluyó que la conducta de la empresa no había vulnerado ninguno de los derechos invocados —las cámaras estaban bien visibles y los datos no fueron utilizados para ninguna finalidad ilícita— y la medida disciplinaria adoptada superaba el juicio de proporcionalidad. A la STC 39/2016 se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

En 2016 se dictaron dos sentencias desestimatorias de recursos de amparo en los que se alegaba la libertad de expresión: la ya reseñada STC 112/2016, de 20 de junio, y la STC 226/2016, de 22 de diciembre, dictada por el Pleno y que cuenta con un voto particular parcialmente discrepante. En esta última se denegó el amparo a una militante asturiana del Partido Socialista Obrero Español que había publicado en un periódico regional una carta particularmente crítica con el proceso de primarias que había vivido su partido para elegir al candidato a la alcaldía de Oviedo. La STC 226/2016 subrayó que, en el caso, los términos empleados para expresar la opinión crítica inducían a pensar que el partido político concernido no respetaría el mandato constitucional de responder a una organización y funcionamiento democrático, lo que transgrede los límites de la libertad de expresión en el seno de las organizaciones políticas.

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Se dictaron diez sentencias en recursos de amparo frente a actos sin valor de ley de las Cámaras parlamentarias.

La STC 10/2016, de 1 de febrero, de la Sala Primera, estimó el recurso de amparo en relación con la inadmisión a trámite, por la Mesa de la Asamblea de Extremadura, de una propuesta de Ley de defensa de la sanidad pública. La inadmisión se basó en un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara de cuyo contenido no se dio cuenta a los proponentes y cuya motivación el Tribunal consideró insuficiente para justificar la limitación de las iniciativas de los parlamentarios integradas en el núcleo de su función representativa.

La STC 78/2016, de 25 de abril, dictada igualmente por la Sala Primera, otorgó el amparo a una diputada de la Asamblea de Madrid que, tras una disputa verbal con un Consejero del Gobierno autonómico, fue expulsada del salón de plenos de la Cámara y suspendida temporalmente de sus funciones. La Sentencia concluyó que la sanción era desproporcionada e hizo hincapié en que la conducta de la actora no era subsumible en el tipo de la infracción que se decía cometida pues no había supuesto una alteración grave del orden parlamentario.

Las SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016, de 7 de junio, dictadas por el Pleno, otorgaron parcialmente el amparo a los diputados elegidos en las listas del Partido Popular y a los diputados de los grupos parlamentarios Socialista y de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña, quienes habían impugnado las resoluciones de la Mesa de la Cámara autonómica que admitieron a trámite una «Propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales», en referencia a las elecciones autonómicas de 27 de septiembre de 2015. Estas sentencias constataron que en la tramitación de las solicitudes de reconsideración formuladas por los parlamentarios actores frente a la admisión de la indicada iniciativa se había omitido la audiencia a la Junta de Portavoces, trámite esencial. Además, la STC 109/2016 declaró vulnerado el derecho fundamental a la igualdad en el ejercicio de los cargos representativos en la concreta vertiente del derecho a constituirse, sin perturbaciones ilegítimas y con eficacia plena, en grupo parlamentario, en el plazo reglamentariamente establecido y sin la convocatoria anticipada de una junta de portavoces.

En la STC 143/2016, de 19 de septiembre, la Sala Primera desestimó el recurso de amparo promovido por el grupo parlamentario Foro Asturias, frente al acuerdo de la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias sobre reducción de los plazos de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos presentado por el Gobierno autonómico. La Sentencia declaró que no se había producido un exceso interpretativo del reglamento de la Cámara, al existir una previsión que permitía la reducción de plazos en supuestos excepcionales. Añadió que el acortamiento de los plazos no tuvo una incidencia significativa en el núcleo esencial de la función representativa de los parlamentarios al no acreditarse limitaciones irreparables a su ejercicio.

La STC 199/2016, de 28 de noviembre, dictada igualmente por la Sala Primera, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la participación política a quien vio cómo se la excluía del cargo de secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Andalucía por decisión del Presidente de la sesión constitutiva, en base a su interpretación del Reglamento de la Cámara. Reconocida la facultad interpretativa del Presidente de la sesión constitutiva, la Sentencia afirmó que la concreta interpretación controvertida privó injustificadamente a la diputada recurrente de su derecho a formar parte de la Mesa al fundarse en una lectura irrazonable del precepto reglamentario regulador del procedimiento de elección del órgano directivo de la Cámara. En consecuencia, se anuló la decisión por la que se proclamó a los tres Secretarios de la Mesa del Parlamento y se declaró el derecho de la recurrente a formar parte de la misma en calidad de secretaria segunda.

En la STC 212/2016, de 15 de diciembre, el Pleno otorgó el amparo a la portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, quien había presentado una proposición no de ley que fue inadmitida a trámite por la Mesa al no existir acuerdo favorable de la Junta de Síndics. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 44/2010, de 26 de julio, la Sentencia declaró la vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. Se afirmó que la Mesa de las Cortes Valencianas no motivó de manera expresa, suficiente y adecuada la inadmisión de la proposición no de ley dando lugar a una limitación del ejercicio del derecho a formular este tipo de iniciativas.

En las SSTC 224/2016 y 225/2016, de 19 de noviembre, la Sala Segunda estimó los recursos de amparo promovidos por los diputados de los grupos parlamentarios Socialista y de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña y declaró la nulidad de los acuerdos de la Mesa de la Cámara admitiendo a trámite la propuesta de creación de ponencias conjuntas para la elaboración de tres proposiciones de ley de protección social catalana, régimen catalán y Administración tributaria de Cataluña. La creación de estas ponencias conjuntas obligaba a los parlamentarios recurrentes a integrarse en ellas, violentando de este modo su voluntad contraria a la tramitación de las iniciativas legislativas reseñadas e incidiendo con ello en el núcleo de su función representativa.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

Durante 2016 el Tribunal dictó 46 sentencias en procesos de amparo en los que se denunciaba la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. 33 de estas sentencias otorgaron el amparo; por lo que hace a las 13 sentencias restantes, en ocho de ellas se desestimaron los correspondientes recursos, en la STC 44/2016, de 14 de marzo, se acordó formalmente la inadmisión parcial del recurso de amparo en cuanto se aducía en él la vulneración del derecho a la tutela judicial y la desestimación en lo atinente al derecho a la autonomía universitaria; otras cuatro sentencias acordaron la inadmisión íntegra de los recursos de amparo promovidos respecto de la denegación del beneficio de justicia gratuita (STC 94/2016, de 8 de mayo), la competencia territorial para conocer de un recurso contencioso-administrativo formulado frente a un acto de la Administración periférica del Estado en materia de extranjería (STC 146/2016, de 19 de septiembre, a la que se formuló un voto particular), la inadmisión de una demanda de habeas corpus por motivos de fondo (STC 154/2016, de 22 de septiembre, que cuenta con un voto particular) y la anulación en casación de una sentencia penal absolutoria (STC 189/2016, de 14 de noviembre).

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales

Un total de 13 de las sentencias dictadas en 2016 resolvieron recursos de amparo en los que se denunciaba infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia. A ellas deben añadirse las ya citadas SSTC 94/2016, de 9 de mayo, que inadmitió por extemporáneo un recurso cuyo promotor impugnaba la denegación del beneficio de justicia gratuita, y 146/2016, de 19 de septiembre, que acordó la inadmisión, por falta de justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional, de un recurso de amparo en el que se controvertía la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en materia de extranjería.

La STC 83/2016, de 28 de abril, dictada por el Pleno, desestimó el recurso de amparo promovido por 327 personas que alegaban vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de acceso a la justicia, como consecuencia de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de inadmitir su impugnación del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, declarando el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, y su prórroga posterior. La Sentencia ratificó la interpretación que del alcance de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo había sostenido la Sala sentenciadora del Tribunal Supremo, haciendo hincapié en que los actos controvertidos tenían fuerza o valor de ley y, por ende, su enjuiciamiento era una potestad privativa del Tribunal Constitucional.

La STC 91/2016, de 9 de mayo, dictada por la Sala Primera, denegó el amparo a una empresa que lo solicitaba frente a la inadmisión, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, del recurso que había interpuesto frente a la liquidación provisional de las actividades reguladas del sector eléctrico del ejercicio 2011 practicada por la Comisión Nacional de Energía. Tratándose de un acto de trámite, la exclusión del control judicial no merecía tacha alguna desde la perspectiva del derecho fundamental garantizado por el artículo 24.1 CE.

Reiterando la doctrina sentada en la STC 23/2011, de 14 de marzo, la STC 133/2016, de 18 de julio, de la Sala Primera, otorgó el amparo a una empresa que vio desestimado su recurso contencioso-administrativo frente a actos de liquidación tributaria porque el órgano judicial sentenciador extendió injustificadamente a la vía jurisdiccional los límites de cognición establecidos por la legislación para el recurso tributario de anulación.

La conexión entre asistencia jurídica gratuita y acceso a la justicia está en el origen de la STC 136/2016, de 18 de julio, de la Sala Segunda. Esta Sentencia otorgó el amparo a quien había visto rechazada su solicitud de justicia gratuita con el pretexto de que habría abusado de su derecho al presentar hasta 21 peticiones de asistencia jurídica. La STC 136/2016 puso de relieve la inconsistencia de denegar el ejercicio del derecho por el solo hecho de que ya se haya ejercido —o intentado ejercer— con anterioridad.

La STC 148/2016, de 19 de septiembre, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a quienes habían visto archivada su demanda de reclamación de cantidad en relación con la cláusula suelo de un préstamo hipotecario al hallarse pendiente de resolución otro proceso instado por terceros en una acción colectiva de cesación de cláusulas abusivas. Constatada la falta de identidad de objeto entre ambas acciones —individual de reclamación de cantidad y colectiva de cesación—, la Sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia. Esta misma doctrina fue aplicada en las SSTC 206/2016 a 209/2016, de 12 de diciembre, de la Sala Primera, y 218/2016, 221/2016, y 223/2016, de 19 de diciembre, de la Sala Segunda.

Por último, la STC 222/2016, de 19 de diciembre, desestimó el recurso interpuesto por dos sociedades mercantiles frente a la resolución judicial de sobreseimiento de su oposición a una ejecución hipotecaria. La Sentencia concluyó que deducir de la inasistencia a la apertura del juicio la voluntad de desistimiento resulta una inferencia razonable desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia.

La vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva relativa al acceso al recurso legal fue examinada en otras seis sentencias.

La STC 147/2016, de 19 de septiembre, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a una empleada municipal despedida en aplicación de un acuerdo de amortización de plazas. Pese a que la trabajadora impugnó su despido aduciendo, entre otros motivos, la incompetencia de la junta de gobierno de la corporación local para adoptar el referido acuerdo, la sentencia de casación que finalmente desestimó su demanda no entró a examinar este concreto extremo al realizar una interpretación de los términos del recurso que había de resolver que, según concluyó la STC 147/2016, no fue respetuosa con la vertiente del derecho a la tutela judicial que ahora nos ocupa.

Se dictaron cuatro sentencias sobre inadmisión de recursos de suplicación en el orden social: La STC 149/2016, de 19 de septiembre, de la Sala Segunda, otorgó el amparo respecto de una inadmisión basada en una interpretación de la legislación procesal que daba como resultado la aminoración del régimen de protección cuando estaban en juego los derechos fundamentales. Las otras tres sentencias trajeron causa de inadmisiones por falta de consignación de cantidades debidas en virtud de la sentencia de instancia frente a la que se había alzado infructuosamente el demandante de amparo. Las SSTC 166/2016, de 6 de octubre, dictada por el Pleno, y 173/2016, de 17 de octubre, fueron desestimatorias: la primera de ellas porque la falta de consignación se pretendía justificar en la situación concursal de la empresa obligada, causa de exención no prevista en la ley procesal; la segunda porque se había utilizado un medio para el cumplimiento de la obligación —la constitución de una hipoteca inmobiliaria en favor del trabajador— manifiestamente inapropiado. La STC 176/2016, de 17 de octubre, de la Sala Primera, otorgó el amparo respecto de una inadmisión también fundada en la falta de consignación de los salarios de tramitación, pese a que la sentencia había declarado el despido improcedente, optando la empresa por el pago de la indemnización, de modo que no procedía el abono de los salarios de tramitación.

Finalmente, la STC 172/2016, de 17 de octubre, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a un juez que había sido condenado, en casación, por un delito de prevaricación dolosa. La Sentencia apreció una defectuosa formalización del recurso de casación interpuesto en su día por el ministerio público frente a la sentencia que había condenado al acusado como autor de un delito de prevaricación judicial culposa. La STC 172/2016, a la que se formularon dos votos particulares, concluyó que este defecto hubiera debido ser motivo suficiente para la inadmisión del recurso.

b) Interdicción de la indefensión

Seis sentencias de la Sala Segunda resolvieron otros tantos recursos en los que se aducían vicios en la constitución de la relación jurídico-procesal generadores de indefensión.

Las SSTC 151/2016, de 19 de septiembre; 163/2016, de 3 de octubre, y 200/2016, de 28 de noviembre, otorgaron el amparo. Las SSTC 151/2016 y 200/2016 anularon procesos de ejecución hipotecaria en los que se había acudido al emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de emplazamiento personal, en tanto que la STC 163/2016 otorgó el amparo a una entidad mercantil a la que se inadmitió un recurso contencioso-administrativo al entender erróneamente el órgano judicial actuante que no había aportado la documentación acreditativa de la satisfacción de los requisitos exigidos a las personas jurídicas para entablar acciones, sin brindarle siquiera la oportunidad de subsanar este defecto.

Por su parte, las SSTC 15/2016, de 1 de febrero, y 23/2016, de 15 de febrero, desestimaron los correspondientes recursos de amparo. La primera de ellas no apreció infracción constitucional alguna en la falta de emplazamiento del instructor de un expediente disciplinario a un proceso contencioso-administrativo en el que se dilucidaba la responsabilidad extracontractual de la Administración por los hechos que en su día determinaron la apertura del procedimiento sancionador. A su vez, la STC 23/2016 denegó el amparo a quien no le fue notificada la resolución definitiva de un proceso en materia de justicia juvenil pese a haber sido parte en el mismo. En esta sentencia se rechazó, asimismo, que la no retroacción de actuaciones en un caso en el que se había constatado la vulneración de los derechos invocados por el demandante de amparo fuera constitutiva de infracción pues había de ponderarse, como así hizo el órgano judicial sentenciador, la función primordialmente reeducativa de la justicia de menores, función que no siempre se satisface de manera adecuada con una repetición de lo actuado.

Las SSTC 92/2016 y 93/2016, de 9 de mayo, y 98/2016, de 23 de mayo, de la Sala Primera, que cuentan todas ellas con un voto particular discrepante, y 113/2016, 114/2016 y 115/2016, de 20 de junio, de la Sala Segunda, otorgaron el amparo por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías al no haber promovido el órgano judicial sentenciador cuestión de inconstitucionalidad respecto de una norma con rango de ley de cuya validez dudaba, optando por la inaplicación de la ley. Estas sentencias forman parte de una serie jurisprudencial iniciada por la STC 195/2015, de 21 de septiembre, en la que se indicó que la falta de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad había causado indefensión a la parte en la medida en que se le había privado de la oportunidad de actuar en el proceso constitucional.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

Cinco sentencias otorgaron el amparo al apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada: La STC 16/2016, de 1 de febrero, de la Sala Segunda, constató la concurrencia de este vicio de constitucionalidad en la sentencia que había acordado la restitución a Suiza de una menor que, sin el consentimiento del padre, había viajado desde ese país a España acompañada por su madre; la Sentencia hizo hincapié en que la resolución judicial no había ponderado adecuadamente la integración de la menor en su nuevo medio después de que hubieran transcurrido 20 meses desde su llegada a nuestro país. En el caso resuelto por la STC 49/2016, de 14 de marzo, dictada igualmente por la Sala Segunda, el defecto estuvo causado por la negativa del órgano judicial actuante a examinar una alegación de quien había formulado oposición en un procedimiento de ejecución hipotecaria, alegando la inexistencia de un trámite procesal específico para ello; en este caso se trataba de una deficiencia imputada al propio título constitutivo de ejecución, apreciable de oficio. Las SSTC 51/2016, de 14 de marzo, de la Sala Primera, y 138/2016, de 18 de julio, de la Sala Segunda, otorgaron el amparo respecto de sendas condenas por los delitos de estafa y contra la hacienda, respectivamente, que habían sido impuestas desconociendo la doctrina sobre prescripción sentada en la STC 63/2005, de 14 de marzo. En la STC 65/2016, de 11 de abril, la Sala Primera otorgó el amparo respecto de la denegación de un incidente de nulidad de actuaciones instado invocando una infracción cuya existencia ya había declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; la inadmisión del incidente extraordinario fue la consecuencia de la aplicación de una norma procesal ya derogada al momento de los hechos.

La Sala Segunda dictó dos sentencias que otorgaron el amparo por déficit de motivación en resoluciones judiciales en materia de extranjería: La STC 131/2016, de 18 de julio, apreció la concurrencia de este vicio en una sentencia que confirmó la legalidad de una orden administrativa de expulsión del territorio nacional sin ponderar las circunstancias personales y familiares de arraigo en España del afectado, y la STC 201/2016, de 28 de noviembre, hizo lo propio en relación con un residente de larga duración e incapacitado judicialmente contra el que se había dictado orden de expulsión confirmada luego en la vía judicial.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derechos al Juez imparcial y a un proceso con todas las garantías

La STC 105/2016, de 6 de junio, dictada por la Sala Segunda, desestimó el recurso de amparo de quienes habían sido condenados en apelación por un delito de alzamiento de bienes. La Sentencia declaró que no hubo vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley pues, pese a que hubo cambios en la composición de la Sala no comunicados tempestivamente a las partes, de esta irregularidad no se derivó indefensión material alguna. Asimismo, la STC 105/2016 descartó que la condena mereciera reproche alguno desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las garantías, pues los acusados acudieron a una vista en la que tuvieron la oportunidad de contradecir y aducir lo que a su derecho conviniera, por lo que los derechos a ser oído personalmente y a una defensa contradictoria quedaron satisfechos.

b) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

Siete sentencias otorgaron el amparo al constatar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En seis ocasiones, las dilaciones indebidas por motivos estructurales se padecieron en procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería en los que se controvertían órdenes de expulsión del territorio nacional (SSTC 63/2016, de 11 de abril; 75/2016, 76/2016 y 77/2016, de 25 de abril; 89/2016, de 9 de mayo, y 103/2016, de 6 de junio, todas de la Sala Segunda). En el séptimo caso, resuelto por la STC 129/2016, de 18 de julio, de la Sala Primera, las dilaciones habían tenido lugar en un proceso contencioso-administrativo en materia de personal.

c) Presunción de inocencia

La ya mencionada STC 105/2016, de 6 de junio, desestimó un recurso de amparo promovido frente a una sentencia condenatoria por un delito de alzamiento de bienes. Entre los motivos del recurso figuraba la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, siendo rechazada toda vez que la STC 105/2016 constató que, pese a la inexistencia de prueba directa, los indicios y datos aportados conformaron prueba de cargo suficiente para fundamentar la condena de los recurrentes en amparo.

A su vez, la STC 117/2016, de 20 de junio, de la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración de este derecho fundamental respecto la sentencia que había desestimado el recurso contra la sanción impuesta a una sociedad mercantil por incumplir el deber de identificación veraz del conductor al momento de cometerse la infracción de tráfico. La Sentencia subrayó que la satisfacción de esta obligación no puede hacerse depender, como sucedió en las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas, de la aceptación del propio identificado a ser tenido como tal.

La STC 161/2016, de 3 de octubre, de la Sala Segunda, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia de un interno en centro penitenciario a quien se había sancionado a partir del testimonio de unos funcionarios que no presenciaron los hechos supuestamente ilícitos y a quien se le había denegado la práctica de cualquier prueba de descargo.

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

En las SSTC 219/2016 y 220/2016, de 19 de diciembre, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora de dos habilitados de clases pasivas que habrían incumplido el deber de transferir íntegramente a sus mandantes el importe completo de sus pensiones, sin realizar cargos sobre el mismo. Según constataron estas sentencias, las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas se habían fundado no en la desatención de una obligación concreta sino en el incumplimiento de un deber genérico de conducta.

L) Autonomía universitaria (art. 27 CE)

La ya mencionada STC 44/2016, de 14 de marzo, de la Sala Segunda, denegó el amparo respecto a la vulneración del derecho a la autonomía universitaria, planteado por una universidad frente a la anulación por parte del Tribunal Supremo de la resolución rectoral que acordó la jubilación forzosa de un profesor titular. La Sentencia declaró que el establecimiento de la edad de jubilación es una decisión que atañe al legislador competente en materia de función pública y resulta, por ende, ajena al ámbito de la autonomía universitaria.

M) Libertad sindical (art. 28 CE)

La STC 45/2016, de 14 de marzo, de la Sala Segunda, desestimó el recurso de amparo interpuesto por quien había visto rechazada en dos ocasiones su petición de ser sustituido como parte del personal encargado de cubrir los servicios mínimos esenciales establecidos para una huelga de sanidad. El solicitante de amparo defendía que estos servicios fuesen atendidos por quien no secundase la huelga. La STC 45/2016 denegó el amparo pues la satisfacción de la pretensión deducida por el actor hubiera requerido, como presupuesto insoslayable, la precisa identificación de quienes habían de tomar parte activa en la huelga, extremo claramente contrario a las garantías constitucionales de este derecho.

En la STC 64/2016, de 11 de abril, la Sala Segunda del Tribunal desestimó el recurso de amparo promovido por quien había perdido su condición de representante de los trabajadores como consecuencia del cierre de su centro de trabajo y el traslado de la actividad a otro centro y vio impedido el disfrute de unas horas sindicales. La Sentencia afirmó que no hubo vulneración del derecho alegado, pues no existía una previsión legal o convencional que garantizara el mantenimiento de la condición de representante legal de los trabajadores tras el cierre de centros laborales y traslado de trabajadores. El mantenimiento de la condición de representante de los trabajadores no es corolario inexcusable de la persistencia de la relación laboral de dicho representante con la empresa. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

En la STC 69/2016, de 14 de abril, el Pleno estimó parcialmente el recurso de amparo planteado por el recurrente, quien, en el marco de una jornada de huelga, dirigía un piquete informativo y, debido a ciertos daños materiales y personales sufridos por el titular de un bar y que habían sido provocados por integrantes indeterminados del piquete, fue condenado a abonar la correspondiente indemnización. La Sentencia resolvió que para atribuir la responsabilidad civil por los daños personales, el órgano judicial debió haber atendido a la conducta individualizada de cada uno de los miembros del piquete, no siendo la condición de líder suficiente para imputar tal responsabilidad. En consecuencia, se lesionó el derecho a huelga del recurrente por responsabilizarle por un hecho ajeno, sin que quedase acreditada su participación. Por el contrario, se declaró que la imputación de responsabilidad civil por daños materiales no vulneró el derecho a huelga del demandante, ya que se fundó en un acto propio del dirigente sindical encaminado a lograr el cierre empresarial y no en la adhesión de otros trabajadores a la huelga. La Sentencia cuenta con tres votos particulares parcialmente discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2016 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho.

En 2016 se llevó a cabo la sexta convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo del Pleno de 21 de abril de 2016 («Boletín Oficial del Estado» núm. 110, de 6 de mayo). Fue otorgada mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 3 de octubre de 2016 («Boletín Oficial del Estado» núm. 246, de 11 de octubre).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) PROCESO TÉCNICO

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 1.924 títulos, de los cuales:

a) Por compra: 1.733.

b) Por donación: 191.

Revistas: Se han incorporado 24 nuevas publicaciones seriadas en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 495.269 registros bibliográficos. Durante el año 2016 se han incorporado al catálogo 34.733 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

— 2.849 libros, de los cuales 197 son libros digitales;

— 14.559 artículos de revistas;

— 15.702 capítulos de obras colectivas;

— 34 publicaciones periódicas, de las cuales 24 son revistas electrónicas;

— 1.589 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 165.706. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 9.846 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 4.019 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas y sentencias de distintos tribunales. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 3 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 12 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet del Tribunal y han sido distribuidos por correo electrónico.

E) Encuadernación:

No se han encuadernado ni revistas ni libros en 2016.

2) SERVICIOS A LOS LECTORES

La Biblioteca ha realizado un total de 2.561 préstamos de libros y 2.282 devoluciones. Ha atendido 18.147 consultas a través de la aplicación informática, así como 3.502 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 4.892 recursos bibliográficos: 1.812 libros, 2.009 artículos de revistas y 1.071 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

— Biblioteca Nacional.

— Bibliotecas universitarias.

— Biblioteca del Congreso de los Diputados.

— Biblioteca del Senado.

— Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

— Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

— Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

— Bibliotecas de Ministerios.

— Bibliotecas de Academias.

— Bibliotecas de Colegios de Abogados.

— Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

— Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

— Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 112), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el año 2016 se realizaron un total de 8 estancias, con una media de diez días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal.

Durante el año 2016 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado los tomos de la colección «Jurisprudencia constitucional» correspondientes al primer y segundo semestres del año 2014 (tomos 94 y 95). El trabajo conjunto de los servicios de Doctrina Constitucional y de Informática ha permitido la elaboración de la versión digital de esta colección y su acceso desde la nueva página web del Tribunal Constitucional, que entró en funcionamiento en noviembre de 2016. Esta colaboración ha permitido, asimismo, continuar con las labores de actualización, normalización, depuración e incorporación a la web del contenido e índices de la base de datos de «Jurisprudencia constitucional», del tesauro de descriptores y de la ontología semántica, que representa una novedosa modalidad de visualización gráfica de voces jurídicas.

Los «Boletines internos de jurisprudencia constitucional», que resumían y sistematizaban la doctrina del Tribunal Constitucional y que venían siendo de gran utilidad como material de trabajo para los Magistrados y Letrados del Tribunal, pasaron a denominarse «Gacetas de jurisprudencia constitucional», poniéndose a disposición de los usuarios de la nueva web del Tribunal Constitucional desde su pestaña de «Jurisprudencia». La nueva configuración de esta publicación, de carácter semestral, permite asimismo un acceso automático a todas las sentencias y autos adoptados por el Tribunal, así como a la normativa enjuiciada y a la jurisprudencia mencionada en dichas resoluciones.

El Servicio de Doctrina Constitucional ha continuado facilitando la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, remitiendo cuatrimestralmente una selección de sentencias del Tribunal Constitucional para su incorporación a la base de datos «Codices» y su inclusión en los boletines de jurisprudencia constitucional que edita dicha institución. De otro lado, el Servicio ha dado respuesta a diecinueve consultas formuladas, a través del denominado «Foro Venecia», por los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Países Bajos, Kazajistán, República Checa, Georgia, Bélgica, Polonia, Albania, Kirguistán, Sudáfrica, Macedonia y Letonia.

Por Acuerdo del Pleno de 21 de abril de 2016, hecho público mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 110, de fecha 6 de mayo), se llevó a cabo la decimotercera convocatoria de seis becas de formación jurídica teórico-práctica en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. Estas becas fueron concedidas mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 3 de octubre de 2016 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 246, de fecha 11 de octubre).

Finalmente, el «Boletín Oficial del Estado» núm. 216, de fecha 7 de septiembre de 2016, publicó la Resolución de 21 de julio de 2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, que contenía el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 20 de julio, mediante el que se convocó una beca de formación en tareas relacionadas con la traducción jurídica y que fue concedida mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 15 de diciembre de 2016 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 308, de fecha 22 de diciembre).

3. Servicio de Informática

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es).

Durante el año 2016, la página web del Tribunal recibió 1.053.651 visitas, de un total de 680.233 visitantes diferentes, lo que hace un promedio de 1,55 visitas por visitante.

Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Media anual
Total de visitas | 799.715 | 792.339 | 688.327 | 984.234 | 907.830 | 1.053.651 | 871.016
Promedio de visitas diarias | 2.191 | 2.171 | 1.886 | 2.697 | 2.487 | 2.887 | 2.386
Total de visitantes | 517.069 | 478.144 | 446.455 | 627.713 | 567.738 | 680.233 | 552.892
Promedio de visitantes al día | 1.417,00 | 1.310,00 | 1.223,16 | 1.719,76 | 1.555,00 | 1.864 | 1.514

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios con origen en España (el 79,31 por 100). Del resto de accesos, el 8,51 por 100 se efectuó desde países europeos, el 8,06 por 100 desde países de Iberoamérica, el 3,57 por 100 desde los Estados Unidos y Canadá, el 0,34 por 100 desde China, resto de Asia y Australia, y el 0,14 por 100 desde países africanos, siendo un 0,08 por 100 de origen desconocido.

Las visitas desde Iberoamérica se han producido desde Perú (21,07 por 100), México (17,60 por 100), Colombia (10,61 por 100), Argentina (8,92 por 100), Chile (6,38 por 100), Costa Rica (5,77 por 100), Bolivia (5,60 por 100), Venezuela (4,16 por 100), República Dominicana (3,91 por 100), Brasil (3,28 por 100), Ecuador (2,94 por 100), El Salvador (2,36 por 100), Honduras (1,99 por 100), Guatemala (1,82 por 100), Nicaragua (1,24 por 100), Panamá (1,09 por 100), Paraguay (0,49 por 100), Puerto Rico (0,33 por 100), Uruguay (0,25 por 100) y Cuba (0,09 por 100).

En Europa, los lugares desde los que se ha producido las visitas son Francia (30,26 por 100), Gran Bretaña (17,25 por 100), Federación Rusa (13,88 por 100), Alemania (8,91 por 100), Holanda (6,61 por 100), Italia (5,23 por 100), Rumanía (4,97 por 100), Luxemburgo (1,67 por 100), Portugal (1,52 por 100), Bélgica (1,39 por 100), Noruega (1,21 por 100), Polonia (1,21 por 100), Suiza (0,76 por 100), Austria (0,62 por 100), Ucrania (0,51 por 100), Suecia (0,50 por 100), República Checa (0,43 por 100), Irlanda (0,26 por 100), Hungría (0,25 por 100), Dinamarca (0,25 por 100), Grecia (0,17 por 100), Georgia (0,17 por 100), Finlandia (0,17 por 100), Lituania (0,16 por 100), Serbia (0,16 por 100), Eslovaquia (0,13 por 100), Albania (0,12 por 100), Bulgaria (0,11 por 100), Eslovenia (0,07 por 100), Chipre (0,06 por 100), Estonia (0,05 por 100) y Letonia (0,05 por 100). También desde Gibraltar se ha producido un 0,03 por 100 de las visitas.

Las visitas desde el continente africano corresponden a Marruecos (33,82 por 100), Túnez (25,58 por 100), Sudáfrica (6,16 por 100), Argelia (5,89 por 100), Egipto (3,75 por 100), Emiratos Árabes (3,38 por 100), Cabo Verde (2,99 por 100), Guinea Ecuatorial (2,79 por 100), Angola (2,15 por 100), Senegal (1,91 por 100), Mozambique (1,76 por 100), Qatar (1,40 por 100), Mauricio (1,27 por 100), Ghana (1,02 por 100), Costa de Marfil (0,81 por 100), Gambia (0,63 por 100), Mauritania (0,60 por 100), Etiopía (0,54 por 100), Tanzania (0,49 por 100), Botsuana (0,48 por 100), Nigeria (0,40 por 100), Kenia (0,35 por 100), Uganda (0,21 por 100), Kuwait (0,20 por 100), Madagascar (0,20 por 100), Namibia (0,18 por 100), Camerún (0,15 por 100), Mali (0,10 por 100), Gabón (0,09 por 100), Liberia (0,08 por 100), Zimbabue (0,06 por 100), República Centroafricana (0,06 por 100), Guinea Ecuatorial (0,05 por 100), Congo (0,05 por 100), Ruanda (0,05 por 100), Yibuti (0,05 por 100), República Democrática del Congo (0,04 por 100), Níger (0,04 por 100), Burundi (0,04 por 100), Benín (0,03 por 100), Burkina Faso (0,03 por 100), Zambia (0,03 por 100), Sudán (0,02 por 100), Togo (0,01 por 100), Libia (0,01 por 100), Somalia (0,01 por 100) y Malawi (0,01 por 100).

De las visitas realizadas desde el continente asiático, China es el país desde el que se realizó el mayor número (el 18,63 por 100), seguido de Corea del Sur (14,31 por 100), Turquía (11,99 por 100), Filipinas (11,33 por 100), Japón (8,34 por 100), India (7,41 por 100), Australia (4,79 por 100), Israel (3,41 por 100), Tailandia (2,39 por 100), Hong Kong (2,05 por 100), Taiwán (1,99 por 100), Indonesia (1,78 por 100), Myanmar (1,17 por 100), Malaysia (1,02 por 100), Irán (0,97 por 100), Singapur (0,95 por 100), Líbano (0,93 por 100), Pakistán (0,86 por 100), Arabia Saudí (0,71 por 100), Vietnam (0,61 por 100) y Nueva Zelanda (0,48 por 100).

El apartado más consultado de la web del Tribunal Constitucional ha sido el de «Buscador de jurisprudencia constitucional» a través del portal «hj.tribunalconstitucional.es» con 2.683.691 visitas, de un total de 262.527 visitantes diferentes, con 7.332 visitas de promedio diarias. La evolución de visitas del sistema buscador de jurisprudencia desde su puesta en funcionamiento en 2013 ha sido la siguiente:

Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Total de visitas | 1.728.944 | 2.196.039 | 2.713.992 | 2.683.691
Promedio de visitas diarias | 4.737 | 6.017 | 7.436 | 7.332
Total de visitantes diferentes | 131.688 | 206.051 | 239.741 | 262.527

Los usuarios proceden principalmente de España (66,24 por 100) y el resto se localizan en los otros países de Europa (20,73 por 100), América (7,86 por 100), Asia (2,98 por 100), África (0,05 por 100) y Oceanía (0,01 por 100). Los usuarios de origen desconocido suponen un 2,13 por 100 del total.

La navegación por internet utilizada por los usuarios que han accedido al sistema de jurisprudencia se ha realizado sobre todo a través de navegador «Chrome», seguido del uso de «Firefox» e «Internet Explorer» (IE).

De los ficheros existentes en la página web los más descargados fueron los correspondientes a las notas de prensa núms. 19/2016 (sobre Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) y 74/2016 (relativa a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), con 15.308 y 13.941 descargas, respectivamente; la Constitución (en español), con 12.262 descargas; la ponencia «La tutela multinivel de los derechos fundamentales» correspondiente a la XV Conferencia de los Tribunales de España, Italia y Portugal (Santiago de Compostela, 2014), con 12.113 descargas; el texto, tanto de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, con 9.602 descargas, como de la modificación operada sobre la misma por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, con 8.368 descargas; el documento relativo a las «26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo», con 6.316 descargas en tan solo un mes desde la publicación de la nueva página web; y, en fin, el video sobre la sede del Tribunal Constitucional, con 3.121 descargas.

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org) ha registrado 25.679 visitas, con un promedio de 3,37 visitas por visitante. El total de consultas a los diferentes apartados (fotografías, videos, documentos, etc.) fue de 521.531, con un promedio de 20,38 elementos consultados por visita.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web han sido España (122.612 consultas), Perú (57.818), Estados Unidos (41.385), Venezuela (61.603), México (24.861), Chile (18.782), Colombia (17.544), Federación Rusa (15.081), Brasil (13.640), Francia (13.243), Alemania (11.818), China (8.360), Ucrania (7.955), Canadá (6.979), Reino Unido (3.677), Japón (3.318), Filipinas (2.417) e India (1.215).

Los documentos más descargados fueron las «Respuestas del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia» al cuestionario de la Conferencia de Santo Domingo 2014 (8.189 descargas); las «Respuestas de la Corte Constitucional de Ecuador» al cuestionario de la Conferencia de Santo Domingo de 2014 (7.043 descargas); la ponencia «Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en Perú» en el Seminario de Cartagena de Indias de 2013 (6.736); las «Respuestas de la Suprema Corte de Justicia de México» al cuestionario de la Conferencia de Cádiz de 2012 (4.121 descargas); las «Respuestas de la Corte Constitucional de Colombia» al cuestionario de la Conferencia de Santo Domingo de 2014 (3.961 descargas); la ponencia «Protección de garantías constitucionales en Guatemala» en el Seminario de Cartagena de Indias de 2013 (3.421 descargas); las «Respuestas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela» al cuestionario de la Conferencia de Santo Domingo de 2014 (3.324 descargas); y, en fin, la ponencia «Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en España» en el Seminario de Cartagena de Indias de 2013 (3.307 descargas).

Los apartados más visitados fueron, en el siguiente orden, «Acerca de CIJC», los participantes en el Seminario de Antigua (Guatemala, 2012), el Seminario de Antigua (Guatemala, 2016), las ponencias de la Conferencia de Cartagena de Indias (Colombia, 2013), la Conferencia de Lima (Perú, 2016), los documentos del Seminario en Antigua (Guatemala, 2011) y la Conferencia de Cádiz (España, 2012).

Por otra parte, el día 23 de noviembre de 2016, el Tribunal presentó en un acto público su nueva página web institucional, más dinámica y con mayores contenidos (www.tribunalconstitucional.es). Dicha página incorpora, entre otras novedades, una sede electrónica en la que destaca un registro electrónico para la presentación de demandas de amparo (con certificados de firma electrónica válidos como el DNI electrónico u otros reconocidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), cuya regulación viene hecha en el Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal (BOE núm. 284, de 24 de noviembre), que se complementa por la Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

El mismo día 24 de noviembre el Tribunal Constitucional presentó también una aplicación (App) desarrollada con sus propios medios (usando Ionic, que es un marco de desarrollo construido sobre Apache Cordova que facilita el desarrollo de aplicaciones «híbridas») para dispositivos móviles (IOS y Android). Esta aplicación se divide en cuatro bloques y ofrece las «Notas de prensa», las «Últimas resoluciones», un «Buscador de jurisprudencia» y una información básica sobre el propio Tribunal (un «Saludo» del Presidente, la composición del Tribunal, la «Normativa» más importante relativa a él y la última Memoria publicada).

El día 23 de diciembre de 2016 el Tribunal Constitucional firmó con el Ministerio de Justicia un convenio de colaboración para permitir la interacción telemática con los operadores jurídicos a través del sistema de notificaciones electrónicas (bajo la plataforma LexNet).

Finalmente, se realizó internamente la auditoría bienal a la que hace referencia el art. 96.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas en el tratamiento de datos de carácter personal, confirmándose el alto grado de cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas, al no haberse producido cambios significativos en el tratamiento y almacenamiento de los datos.

4. Servicio de Gerencia

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 1.087 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
89 | 1
797 | 2
72 | 4
122 | 6
7 | 8

Además se han tramitado 18 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 489.975,02 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 se muestra en el apartado de «información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

En lo que respecta a la gestión de las infraestructuras del Tribunal, destaca el acondicionamiento de la cubierta ajardinada de la planta primera. Dicha actuación ha sido proyectada, dirigida y ejecutada por los servicios competentes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y financiada con cargo al presupuesto de dicho centro directivo. En este mismo ámbito, y ya con cargo al presupuesto del Tribunal Constitucional, se ha procedido a la instalación de un sistema multimedia en la Sala de Vistas del Tribunal, continuándose, por último, con el programa de sustitución de antiguas instalaciones de iluminación por sistemas integrados de luminarias más eficientes en diversas dependencias del edificio sede del Tribunal.

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) INGRESO DE FONDOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

En 2016 han ingresado por transferencia un total de 1.011 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General.

Estas transferencias supusieron la incorporación a la base de procesos constitucionales del Archivo General de un total de 7.777 nuevos registros. Por otra parte, se incorporaron a la base de datos del Archivo General 305 nuevos registros de documentación no jurisdiccional como resultado de dichas transferencias.

Prácticamente finalizada la migración de datos desde la base de datos hasta ahora utilizada en el Archivo General, así como de datos y documentos desde las aplicaciones de tramitación, las cifras totales que actualmente constan en el repositorio de archivo del Tribunal Constitucional, referidas a documentación tanto en soporte físico como electrónico, son las siguientes:

— Expedientes: 384.269.

— Documentos electrónicos (ficheros binarios integrantes o no de expedientes): 275.723[1].

A lo largo del año, con el apoyo de consultores externos, se han proseguido los trabajos de implantación del archivo electrónico en el Tribunal Constitucional. Así, se han continuado las tareas de normalización de la información gestionada por las aplicaciones así como de la contenida en diversos instrumentos de control (libros de matrícula, otras bases de datos). Se ha evolucionado el interfaz web de usuario, se ha integrado la plataforma con el sistema de autenticación empleado en el Tribunal y se han desarrollado flujos de trabajo de solicitudes de préstamo y de reproducción de documentos en soporte físico.

B) REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Se han digitalizado más de 75.000 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia. Asimismo se ha procedido a la conversión a formatos vigentes y abiertos de documentos audiovisuales para su puesta a disposición en la plataforma.

C) SERVICIOS A USUARIOS

Durante 2016 se han realizado 920 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 39 solicitudes de documentación digitalizada y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

D) BECAS DE FORMACIÓN. RECURSOS HUMANOS

Durante 2016 prosiguieron sus tareas los beneficiarios de las becas convocadas por Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (BOE de 4 de junio), cuyo término se produce el 6 de enero de 2017. A lo largo de 2016 fueron numerosas las actividades desarrolladas por las beneficiarias, de acuerdo con el Plan de formación establecido, y que consistieron en normalización y depuración de registros en bases de datos; identificación y diagramación de procedimientos; descripción normalizada de documentos fotográficos; gestión de transferencias y otras tareas propias de la gestión documental y archivística.

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de abril de 2016, publicado mediante Resolución de 21 de julio de 2016 de la Presidencia del Tribunal (BOE de 7 de septiembre), se convocaron dos nuevas becas de formación relacionadas con la gestión documental y archivística en el Tribunal Constitucional, ultimándose el proceso de resolución en 2017.

[1] La diferencia se explica porque no todos los expedientes son electrónicos y, por tanto, no contienen documentos de esa índole.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2016 ascendieron a 23.001,80 miles de euros, lo que representa una disminución del 0,36 por 100, esto es, 82,64 miles de euros, respecto del ejercicio 2015, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 23.084,44 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1 (Gastos de personal): 17.100,83 miles de euros.

– Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 4.695,27 miles de euros.

– Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 432,70 miles de euros.

– Capítulo 6 (Inversiones reales): 725,00 miles de euros.

– Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2016 se realizaron dos transferencias de crédito entre distintas aplicaciones presupuestarias por importe total de 47,00 miles de euros, para atender actividades formativas del personal al servicio del Tribunal Constitucional (45,00 miles de euros) y la cuota anual que le corresponde como miembro de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (2,00 miles de euros).

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2016 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 17.145.830,00 | 16.185.519,12 | 94,40 por 100
Capítulo 2 | 4.648.270,00 | 3.291.756,17 | 70,82 por 100
Capítulo 4 | 434.700,00 | 198.622,03 | 45,69 por 100
Capítulo 6 | 725.000,00 | 251.297,44 | 34,66 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 27.250,00 | 56,77 por 100
Total | 23.001.800,00 | 19.954.444.76 | 86,75 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 se muestra en el apartado de «información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

29 DE ENERO

Audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

17 DE MAYO

Conferencia internacional sobre «Los retos y perspectivas de la justicia constitucional contemporánea», con motivo de la conmemoración del XXV aniversario de la Corte Constitucional rusa. San Petersburgo (Rusia).

28 DE JUNIO

XI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional sobre «Estado Constitucional y Desarrollo Económico». Lima (Perú).

6 DE OCTUBRE

XVIII Conferencia Trilateral de los Tribunales Constitucionales de España, Italia y Portugal sobre «Prestaciones sociales y ciudadanía». Roma (Italia).

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

16 DE FEBRERO

Magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, don Nelson Pozo Silva.

19 DE JULIO

Visita institucional acompañada de una conferencia del Presidente del Tribunal Constitucional de Portugal, don Joaquim de Sousa Ribeiro.

15 DE DICIEMBRE

Visita de trabajo de la Mesa y portavoces de la Comisión de Justicia del Senado.

16 DE DICIEMBRE

Vicepresidente del Tribunal Constitucional de Indonesia, don Anwar Usman.

REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8 DE FEBRERO

Delegación del Tribunal Constitucional de Georgia.

11 DE FEBRERO

LXVIII promoción de funcionarios de la Carrera Diplomática en prácticas.

24 DE FEBRERO

Delegación de la Corte Constitucional de Mozambique.

31 DE MARZO

LV (55.ª) promoción de Fiscales.

26 DE SEPTIEMBRE

Miembros de la Academia Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

14 DE OCTUBRE

Delegación de la Suprema Corte de Justicia de México.

21 DE NOVIEMBRE

Delegación de Magistrados del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

16-21 DE MARZO

Seminario sobre «La estructura y funcionamiento jurisdiccional y administrativo del Tribunal Constitucional de España» en el marco del programa Masar (Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo Árabe»). Consejo Constitucional de Marruecos en Rabat (Marruecos).

20-22 DE JUNIO

Seminario Iberoamericano sobre «La ejecución de sentencias constitucionales» en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (Pifte). Centro de formación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) en La Antigua (Guatemala).

14-15 DE JULIO

Seminario sobre «La elaboración de las sentencias en el Tribunal Constitucional español» en el marco del programa Masar (Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo Árabe»). Consejo Constitucional de Marruecos en Rabat (Marruecos).

20 DE SEPTIEMBRE

Estancia de trabajo de abogados y juristas sirios en el marco del proyecto europeo Thadir-Masar.

31 DE OCTUBRE-2 DE NOVIEMBRE

Seminario Iberoamericano sobre «La figura del Letrado o asesor de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de Iberoamérica» en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (Pifte). Centro de formación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) en Cartagena de Indias (Colombia).

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15 DE FEBRERO

Homenaje a Tomás y Valiente en el vigésimo aniversario de su muerte. Presentación del libro «Una mirada valiente». Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid).

10 DE MARZO

XIV Concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo. Auditorio Nacional de Música (Madrid).

7 DE MARZO

Visita del Presidente del Real Patronato del Museo del Prado, don José Pedro Pérez-Llorca.

11 DE MARZO

Firma de un convenio de colaboración tecnológica con la Universidad de Murcia. Rectorado de la Universidad de Murcia (Murcia), precedido de un encuentro de cortesía con el Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez.

6 DE MAYO

Jornada de trabajo Tribunal Supremo-Tribunal Constitucional-Corte Interamericana de Derechos Humanos-Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sede del Tribunal Supremo (Madrid).

3 DE JUNIO

Audiencia con Su Majestad el Rey don Felipe VI. Entrega de la Memoria del Tribunal correspondiente al año 2015. Palacio Real (Madrid).

28 DE JULIO

Encuentro institucional con la Presidenta del Congreso de los Diputados, doña Ana Pastor Julián. Sede de la Cámara Baja. Madrid.

6 DE SEPTIEMBRE

Solemne apertura del año judicial, presidida por Su Majestad el Rey don Felipe VI. Tribunal Supremo. Madrid.

26 DE SEPTIEMBRE

Inauguración del curso académico de la Fundación Mariano Ruiz-Funes. Sede de la Fundación (Murcia), precedido de un encuentro de cortesía con el Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez.

28 DE SEPTIEMBRE

Conferencia «Canarias ante la reforma de la Constitución». Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. (Santa Cruz de Tenerife), precedido de un encuentro de cortesía con el Presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo.

20-22 DE OCTUBRE

XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, organizadas por dicha Asociación, bajo el título «La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales». Palacio de Villa Suso (Vitoria-Gasteiz).

21 DE OCTUBRE

Encuentro de cortesía con el Presidente del Gobierno Vasco, don Iñigo Urkullu. Palacio de Ajuria Enea (Vitoria-Gasteiz).

24 DE NOVIEMBRE

Presentación de la nueva página web del Tribunal Constitucional, de la sede electrónica del Tribunal, y de su aplicación móvil.

25 DE NOVIEMBRE

Acto solemne de jura de los nuevos colegiados del Colegio Oficial de Graduados de Valencia, precedido de un encuentro de cortesía con el Presidente de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig. Palau de la Generalitat. (Valencia).

6 DE DICIEMBRE

Conmemoración del XXXVIII aniversario de la Constitución. Congreso de los Diputados.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «El derecho a la privacidad en un nuevo entorno tecnológico», que plasma los resultados de las XX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebrada en Cáceres en noviembre de 2014.

El Tribunal Constitucional español publicó los trabajos de la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) en marzo de 2014 y dedicada a «Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución».

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han acordado prorrogar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su segundo año de funcionamiento.

Al igual que en años anteriores, este año el Tribunal Constitucional ha firmado nuevos convenios de colaboración para mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la impartición de justicia constitucional, el intercambio de información y documentación o la interacción telemática, entre otros asuntos.

En el ámbito universitario, el Tribunal firmó el 11 de marzo de 2016 un convenio de colaboración tecnológica con la Universidad de Murcia para facilitar la tramitación electrónica de los recursos. El convenio, en particular, recoge la cesión gratuita por parte de la Universidad de Murcia del software de digitalización certificada «Factum» y del software «Archivo de Oficina».

Asimismo, el Tribunal firmó con la Universidad de Alcalá un convenio de colaboración el 31 de mayo de 2016 con el fin de establecer líneas de colaboración entre las dos instituciones para llevar a cabo en el Tribunal Constitucional las prácticas académicas externas de estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos de dicha universidad.

En el ámbito internacional, el 29 de junio de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Constitucional del Perú con el objetivo de establecer las bases generales de cooperación recíproca entre ambas altas jurisdicciones. El convenio prevé ejecutar todo tipo de actividades de interés común que coadyuven al desarrollo y fortalecimiento de ambos sistemas jurisdiccionales, al perfeccionamiento de sus recursos humanos y a la modernización de los respectivos servicios que imparten justicia constitucional.

Por último, como continuación de la agenda de modernización del Tribunal, el 23 de diciembre de 2016 el Tribunal Constitucional firmó con el Ministerio de Justicia un convenio de colaboración para facilitar el acceso y uso del servicio LexNET (BOE núm. 10, de 12 de enero de 2017, cve: BOE-A-2017-353). La integración del Tribunal Constitucional en la plataforma LexNET de notificaciones y comunicaciones electrónicas permitirá la interacción telemática y el envío de documentos electrónicos entre el Tribunal y los profesionales jurídicos que intervengan en los procedimientos que se tramitan ante él, así como entre el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales radicados en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia y, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia que sean usuarias de LexNET. Estas comunicaciones digitales se encuentran relacionadas con el Registro Electrónico creado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de septiembre de 2016 (del que se hizo mención en el capítulo III de esta memoria).

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (http://www.tribunalconstitucional.es/es/LeyTransparencia/InformacionEconomicaContractual/Paginas/02_Convenios.aspx).

IX. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal ha de suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de «Transparencia e información institucional», «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2016 se han dirigido al Tribunal Constitucional 33 solicitudes de información pública, lo que supone un descenso del 21,43 por 100 en relación con las presentadas en el año anterior (42). En número de 30 (90,90 por 100) fueron promovidas por personas físicas y tres (9,10 por 100) por personas jurídicas (una fundación, una universidad y una empresa). Todas se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 29 casos (87,88 por 100), el papel en otros dos (6,06 por 100), en uno la vía electrónica y el papel (3,03 por 100) y, en fin, en otro no se indicó de manera expresa la modalidad de respuesta requerida (3,03 por 100), por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En seis resoluciones de la Secretaría General (18,19 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada; en 14 (42,42 por 100) se remitió la información solicitada a las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en ocho (24,24 por 100) se remitió a los solicitantes a las páginas webs del Tribunal Constitucional y de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por figurar publicada en esas páginas la información interesada (5) o poder acceder a las mismas a través de ellas (3), sin que le resultase exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en dos (6,06 por 100) no se accedió a la información pedida; en otras dos (6,06 por 100) se inadmitieron las solicitudes de información; y en una (3,03 por 100) se tuvo por desistido al solicitante, al no haber atendido al requerimiento de identificar suficientemente la información interesada.

Las dos solicitudes en las que no se concedió el acceso a la información versaron sobre la prestación de asesoramiento jurídico por parte del Tribunal.

Las dos solicitudes de información inadmitidas lo fueron por no tener cabida la información solicitada en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, desconociéndose, dados los genéricos términos en los que fueron formuladas, el órgano que pudiera resultar competente para facilitarla [artículo 18.1 d) Ley 19/2013].

Las solicitudes de acceso a la información han versado sobre una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas: a) Información relativa a datos profesionales, retributivos, estatutarios y condiciones de trabajo de los miembros del Tribunal Constitucional y del personal a su servicio (4); b) Información y datos estadísticos sobre procesos constitucionales (7); c) Información sobre la tramitación de concretos procesos constitucionales (11); d) Información sobre asistencia jurídica gratuita en procesos constitucionales (2); e) Información sobre convocatoria de becas de formación en el Tribunal Constitucional (1); f) Información sobre la existencia del Boletín de Jurisprudencia Constitucional (1); g) Acceso a una copia de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (1); h) Información sobre la utilización de la locución «internamientos no voluntarios de personas» en resoluciones del Tribunal Constitucional (1); y, en fin, i) Información y asesoramiento para promover denuncias, acciones en la vía judicial y obtener prestaciones asistenciales (4).

Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados
en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Acuerdo de 21 de abril de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional (BOE núm. 102, de 28 de abril de 2016, cve: BOE-A-2016-4039)

2) Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal (BOE núm. 284, de 24 de noviembre de 2016, cve: BOE-A-2016-11054)

3) Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

ACUERDO DE 21 DE ABRIL DE 2016, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 102, DE 28 DE ABRIL DE 2016, CVE: BOE-A-2016-4039).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo único.

El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto), queda modificado en los siguientes términos:

1. El artículo 18.1 tendrá la siguiente redacción:

«1. La Presidencia estará asistida por un Gabinete cuyo Jefe será nombrado libremente por el Presidente. El Jefe del Gabinete tendrá el carácter de funcionario eventual.»

2. Se añade una disposición adicional tercera, que tendrá la siguiente redacción:

«A los efectos del artículo 87.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y del artículo 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, el cargo de Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional tendrá la consideración de alto cargo».

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de abril de 2016.– El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

ACUERDO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO GENERAL Y SE CREA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL TRIBUNAL (BOE NÚM. 284, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, CVE: BOE-A-2016-11054).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con los artículos 10.1.m) y 85.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

CAPÍTULO I

El Registro General

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 1. Recepción y remisión de escritos y documentos.

Los escritos dirigidos al Tribunal Constitucional o que de él emanen se cursarán a través del Registro General, ya sea por medio de la Oficina de Registro radicada en su sede o del Registro Electrónico.

Artículo 2. El Registro General.

El Registro General del Tribunal Constitucional tiene como cometido la recepción y remisión de escritos y documentos, tanto jurisdiccionales como gubernativos, relacionados con el ámbito de competencias del Tribunal Constitucional.

Artículo 3. Naturaleza y gestión.

1. El Registro General se configura como una unidad administrativa integrada en la Secretaría General.

2. Su gestión directa corresponde al Secretario de Justicia del Pleno.

Artículo 4. Funciones.

Corresponden al Registro General del Tribunal Constitucional las siguientes funciones:

a) La recepción y registro de entrada de escritos y documentos dirigidos al Tribunal.

b) La remisión y registro de salida de escritos y documentos emanados de los órganos del Tribunal.

c) La certificación y expedición de recibos de la recepción o remisión.

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan por disposición legal o acuerdo gubernativo del Tribunal.

Artículo 5. Documentación excluida.

No se cursarán a través del Registro General:

a) Los actos de comunicación procesal que emanen del Tribunal.

b) La correspondencia personal, salvo que tras su apertura por el destinatario, informe al Registro de que se trata de un escrito oficial.

Sección 2.ª La Oficina de Registro

Artículo 6. Funcionamiento.

1. La Oficina de Registro radicada en la sede del Tribunal recepcionará y registrará todo escrito presentado en la misma o en la forma prevista en el artículo 85.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

2. La recepción de los escritos, así como la salida de documentos oficiales remitidos por los órganos del Tribunal, darán lugar a la asignación automática de un número de registro y a la práctica de un asiento en el que se contenga la fecha y hora correspondiente, la identificación de las personas físicas o jurídicas e instituciones concernidas, el contenido esencial del documento registrado, el procedimiento y trámite al que se refiere, así como cualquier otra información que se estime necesaria.

3. Los escritos y documentos recepcionados por la Oficina del Registro deberán ser digitalizados para posibilitar su incorporación a un expediente electrónico.

Artículo 7. Horario de apertura.

La Oficina de Registro permanecerá abierta todos los días hábiles, incluso durante el mes de agosto, desde las 9,30 hasta las 15 horas. Con carácter extraordinario abrirá en los términos que se fijen en el correspondiente acuerdo de habilitación de determinadas fechas y horario.

Sección 3.ª El Registro Electrónico

Artículo 8. El Registro Electrónico.

El Registro Electrónico del Tribunal Constitucional tiene como cometido la recepción y remisión, por vía electrónica, de escritos y documentos, tanto jurisdiccionales como gubernativos, relacionados con el ámbito de competencias del Tribunal Constitucional.

Artículo 9. Acceso.

1. El acceso al Registro Electrónico se efectuará a través de la sede electrónica del Tribunal, en la dirección electrónica «www.tribunalconstitucional.es».

2. No tendrán la condición de registro electrónico los buzones de correo electrónico corporativo asignados al personal o a los órganos, servicios o unidades administrativas del Tribunal Constitucional, ni los dispositivos de fax.

Artículo 10. Carácter facultativo u obligatorio.

La presentación de escritos y documentos a través del Registro Electrónico tendrá carácter voluntario, quedando a salvo el derecho de los interesados a presentarlos alternativamente en la Oficina del Registro radicada en la sede del Tribunal o en las condiciones previstas para los recursos de amparo en el artículo 85.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

No obstante lo anterior, podrá establecerse la obligación de presentar determinados escritos y documentos a través del Registro Electrónico cuando los interesados o sus representantes sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos, tengan la disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Artículo 11. Información en la sede electrónica.

En la sede electrónica del Tribunal se publicará una relación actualizada de los trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico, las personas físicas y jurídicas que puedan resultar obligadas a su utilización, los sistemas operativos, navegadores, sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los escritos y documentos, así como los formularios o modelos normalizados utilizables. Igualmente se publicará el calendario jurisdiccional de días inhábiles.

Artículo 12. Funcionamiento.

1. El Registro Electrónico del Tribunal Constitucional permitirá la presentación de escritos y documentos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones necesarias para el mantenimiento técnico u operativo, de las que se informará con la mayor antelación posible en la sede electrónica del Tribunal.

2. El Registro Electrónico se regirá por el calendario de días inhábiles y la hora oficial aplicables en la localidad sede del Tribunal Constitucional. A los efectos del cómputo de plazos, la presentación en un día inhábil se entenderá efectuada a las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente. En ningún caso la presentación electrónica de los escritos implicará la modificación de los plazos legalmente establecidos.

3. La presentación de los escritos dará lugar a la asignación automática de un número de registro. A tal fin, el Registro Electrónico será interoperable y estará interconectado con el Registro General, estableciéndose de forma automática la numeración correlativa de los asientos en función del orden temporal de recepción o salida.

4. La presentación de los escritos dará lugar a la práctica de un asiento en el que se contenga la fecha y hora en que se produzca, la identificación de las personas físicas o jurídicas concernidas en la presentación, el contenido esencial del documento registrado, el procedimiento y trámite al que se refiere, así como cualquier otra información que se estime necesaria.

5. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de registro de entrada, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen.

6. El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos:

a) Cuando contengan códigos maliciosos o dispositivos susceptibles de afectar a la integridad o seguridad del sistema.

b) Cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios de los formularios normalizados o cuando contengan incongruencias que impidan su tratamiento.

7. El contenido de la aplicación informática del Registro Electrónico deberá permitir la obtención de los datos necesarios para la elaboración de la estadística del Tribunal.

Artículo 13. Seguridad.

La Secretaría General, a través del Servicio de Informática, será responsable de la seguridad del Registro Electrónico, estableciendo los mecanismos que permitan garantizar la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información.

Artículo 14. Desarrollo.

Mediante resolución del Secretario General publicada en la sede electrónica del Tribunal se determinarán progresivamente:

a) Los trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico.

b) Las personas jurídicas y colectivos de personas físicas que resulten obligados a la presentación de documentación a través del Registro Electrónico.

c) Los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los documentos.

d) Los formularios y modelos normalizados de escritos susceptibles de utilizarse a través del Registro Electrónico.

CAPÍTULO II

Clasificación y reparto

Artículo 15. Clasificación.

Concluido el trámite de registro de entrada, los escritos dirigidos al Tribunal se clasificarán en tres grupos:

a) Escritos de iniciación de procesos constitucionales, a los que se asignará número de procedimiento, que respetará en todo caso el orden de su registro de entrada.

b) Escritos relativos a procesos en curso.

c) Escritos de carácter gubernativo.

Artículo 16. Reparto.

1. Los escritos de iniciación de procesos constitucionales serán remitidos al Pleno o a la Sala que proceda, conforme a las normas de reparto aprobadas por el Pleno.

2. Los escritos relativos a procesos en curso serán remitidos, según proceda, al Pleno o a la Sala o Sección que conozca de su tramitación.

3. A los escritos de carácter gubernativo, la Secretaría General procederá a darles el destino que corresponda.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados los Acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 1980, de normas sobre el modo de practicar las notificaciones; de 19 de noviembre de 1980, sobre funcionamiento del Registro General; de 14 de noviembre de 1982, sobre identificación de causas con preso; de 9 de febrero de 1995, sobre recepción de escritos por correo postal; de 5 de diciembre de 2000, sobre identificación y numeración de los procesos; y de 18 de enero de 2001, sobre horario del Registro General; así como las Instrucciones aprobadas en ejecución de tales Acuerdos.

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de septiembre de 2016.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA QUE SE FIJA EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El Registro Electrónico del Tribunal Constitucional fue creado por Acuerdo de su Pleno, de 15 de septiembre de 2016 («BOE» número 284, de 24 de noviembre). En su artículo 14 se establece que mediante resolución del Secretario General publicada en la sede electrónica del Tribunal se determinarán progresivamente determinados aspectos de su funcionamiento. En ejecución del mismo, se dispone:

1. Son trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico: la presentación de demandas de amparo.

2. Su utilización tendrá carácter voluntario.

3. Los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los documentos son: DNI electrónico y certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) de Persona Física o Clase 2 y de Empleado Público o Clase AP.

Madrid, 25 de noviembre de 2016. -El Secretario General del Tribunal Constitucional, Andrés Gutiérrez Gil.

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las Sentencias y determinados Autos del Tribunal Constitucional:

NÚMERO DE SUPLEMENTO | SENTENCIAS
45, de 22 de febrero de 2016 | 1/2016 — 9/2016
57, de 7 de marzo de 2016 | 10/2016 — 21/2016
71, de 23 de marzo de 2016 | 22/2016 — 33/2016
85, de 8 de abril de 2016 | 34/2016 — 43/2016
97, de 22 de abril de 2016 | 44/2016 — 62/2016
122, de 20 de mayo de 2016 | 63/2016 — 74/2016
131, de 31 de mayo de 2016 | 75/2016 — 88/2016
147, de 18 de junio de 2016 | 89/2016 — 96/2016
159, de 2 de julio de 2016 | 97/2016 — 102/2016
170, de 15 de julio de 2016 | 103/2016 — 111/2016
181, de 28 de julio de 2016 | 112/2016 — 124/2016
192, de 10 de agosto de 2016 | 125/2016 — 128/2016
196, de 15 de agosto de 2016 | 129/2016 — 142/2016
263, de 31 de octubre de 2016 | 143/2016 — 159/2016
276, de 15 de noviembre de 2016 | 160/2016 — 171/2016
285, de 25 de noviembre de 2016 | 172/2016 — 181/2016
299, de 12 de diciembre de 2016 | 182/2016 — 186/2016
311, de 26 de diciembre de 2016 | 187/2016 — 195/2016
7, de 9 de enero de 2017 | 196/2016 — 205/2016
17, de 20 de enero de 2017 | 206/2016 — 217/2016
23, de 27 de enero de 2017 | 218/2016 — 228/2016

NÚMERO DE SUPLEMENTO | AUTOS
71, de 23 de marzo de 2016 | 35/2016
147, de 18 de junio de 2016 | 84/2016
170, de 15 de julio de 2016 | 122/2016
181, de 28 de julio de 2016 | 129/2016
196, de 15 de agosto de 2016 | 141/2016, 145/2016 y 148/2016
263, de 31 de octubre de 2016 | 155/2016
276, de 15 de noviembre de 2016 | 168/2016 y 170/2016
285, de 25 de noviembre de 2016 | 176/2016
311, de 26 de diciembre de 2016 | 183/2016 y 187/2016

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2016, de 18 de enero de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4643-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Sala Segunda. Sentencia 2/2016, de 18 de enero de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4936-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 3/2016, de 18 de enero de 2016

Recurso de amparo 1388-2014. Promovido por don Javier Resa Gaujot en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (motivación): Sentencia que rechaza, motivadamente, el planteamiento de una cuestión prejudicial de validez de una norma foral fiscal (STC 222/2015).

Sala Primera. Sentencia 4/2016, de 18 de enero de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4851-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Pleno. Sentencia 5/2016, de 21 de enero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1886-2012. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, medio ambiente, urbanismo y vivienda: nulidad de los preceptos legales estatales que regulan la inspección urbanística de los edificios (STC 61/1997).

Pleno. Sentencia 6/2016, de 21 de enero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4906-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

Régimen de los bienes demaniales, principio de autonomía local y competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y publicidad: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen los criterios técnicos para la fijación del límite interior de la zona marítimo-terrestre, ocupación del demanio público y usos de las zonas de servidumbre, suspensión de acuerdos municipales y régimen transitorio del suelo urbano (STC 233/2015).

Pleno. Sentencia 7/2016, de 21 de enero de 2016

Conflicto positivo de competencia 5107-2013. Planteado por la Generalitat de Cataluña respecto de la resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013.

Competencias en materia de seguridad social: atribución al Estado de funciones ejecutivas que vulnera las competencias autonómicas sobre coordinación de las actividades de prevención de riesgos laborales.

Pleno. Sentencia 8/2016, de 21 de enero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1424-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia.

Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad de diferentes preceptos legales que establecen los principios rectores de la intervención pública en el impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes públicas de comunicaciones electrónicas, regulan los instrumentos de ordenación y planificación de las infraestructuras de telecomunicaciones, y las normas de protección ambiental; interpretación conforme de los preceptos legales relativos al principio de sostenibilidad ambiental, plan sectorial de infraestructuras de telecomunicaciones, determinaciones mínimas de los instrumentos de planeamiento urbanístico y tipificación de infracciones.

Pleno. Sentencia 9/2016, de 21 de enero de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6423-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 48 k) de la Ley del estatuto básico del empleado público, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Competencias sobre función pública: constitucionalidad del precepto legal estatal que reduce a tres días el permiso por asuntos particulares que pueden disfrutar los funcionarios públicos. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 10/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 2870-2013. Promovido por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) en la Asamblea de Extremadura y por su portavoz, don Valentín García Gómez, respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que inadmitieron a trámite una propuesta de Ley de defensa de la sanidad pública.

Vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad: inadmisión de una iniciativa legislativa incursa en extralimitación en el ejercicio de las funciones de calificación y admisión de escritos atribuidas por el Reglamento parlamentario a la Mesa de la Asamblea de Extremadura (STC 95/1994).

Sala Primera. Sentencia 11/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 533-2014. Promovido por doña Nerea Mendicute San Miguel en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Eibar que denegaron la licencia de incineración de los restos resultantes del aborto padecido por la demandante.

Vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar: resoluciones judiciales que rechazaron, sin fundamento normativo y de manera desproporcionada, el permiso de incineración solicitado. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 12/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 3719-2014. Promovido por don Juan Blas López Rodríguez en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Penal de Huelva en ejecutoria de condena penal.

Vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas (STC 63/2015).

Sala Primera. Sentencia 13/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 6167-2014. Promovido por doña M. S. S., respecto de los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid que confirmaron la medida de internamiento urgente por trastorno psíquico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resolución judicial tardía y adoptada sin la existencia de informe médico que justificara la medida adoptada (STC 141/2012).

Sala Segunda. Sentencia 14/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 7419-2014. Promovido por doña Pilar Fernández Suárez en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en ejecutoria de condena penal.

Vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas (STC 63/2015).

Sala Segunda. Sentencia 15/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 7465-2014. Promovido por don Pere Nolla Aguilar frente a las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en procedimiento de responsabilidad patrimonial de un ayuntamiento.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resoluciones judiciales que apreciaron, motivadamente, la falta de legitimación del demandante para ser parte en un proceso de responsabilidad objetiva de la Administración por ausencia de interés legítimo.

Sala Segunda. Sentencia 16/2016, de 1 de febrero de 2016

Recurso de amparo 2937-2015. Promovido por doña D. V. D., en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Violencia contra la Mujer dictadas en autos de sustracción internacional de menores.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones judiciales que acuerdan la restitución de una menor con su padre, residente en Suiza, carentes de ponderación de la situación actual de la menor en la determinación de su interés superior.

Pleno. Sentencia 17/2016, de 4 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 6777-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

Competencias sobre urbanismo, condiciones básicas de igualdad y ordenación general de la economía: interpretación constitucionalmente conforme del precepto legal autonómico relativo a la cesión gratuita y enajenación onerosa, por precio inferior al de su valoración, de bienes integrantes del patrimonio público de suelo y vivienda.

Pleno. Sentencia 18/2016, de 4 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1983-2013. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con varios preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Límites a los decretos-leyes, competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, comercio y función pública; autonomía financiera de las Comunidades Autónomas: nulidad de los preceptos legales estatales relativos a los artículos objeto de venta en rebajas, en promoción o en oferta. Voto particular.

Pleno. Sentencia 19/2016, de 4 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5851-2013. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Límites a los decretos-leyes y principios de irretroactividad y seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 20/2016, de 4 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 709-2015. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones.

Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad del precepto legal que establece que los planes de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se entenderán aprobados si la Administración pública competente no hubiese dictado resolución expresa transcurridos dos meses desde su presentación.

Pleno. Sentencia 21/2016, de 4 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5680-2015. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con varios preceptos de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social.

Competencias en materia de seguridad social: constitucionalidad del precepto legal que remite al reglamento la determinación del órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la Administración general del Estado; remisión legal a una disposición ya depurada de inconstitucionalidad (STC 272/2015).

Sala Segunda. Sentencia 22/2016, de 15 de febrero de 2016

Recurso de amparo 3689-2014. Promovido por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional en relación con las resoluciones adoptadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria que acordaron un internamiento urgente por trastorno psíquico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: privación de representación y defensa en la instancia que no puede entenderse reparada por la interposición posterior de recurso de apelación.

Sala Segunda. Sentencia 23/2016, de 15 de febrero de 2016

Recurso de amparo 5578-2014. Promovido por don José María Gómez-Arostegui González, en representación de su hijo, entonces menor, don Ignacio Gómez-Arostegui de Juan, en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Menores de Madrid que acordaron el sobreseimiento de un expediente de reforma de menores.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: estimación sin retroacción de un recurso de apelación consecuencia de la ponderación de los intereses en conflicto, tanto de la acusación particular, como del menor expedientado.

Sala Segunda. Sentencia 24/2016, de 15 de febrero de 2016

Recurso de amparo 5859-2014. Promovido por doña Verónica Diestro Villaplana respecto de la Sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Badajoz en procedimiento ordinario sobre atribución de turnos de trabajo.

Alegada vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: inadmisión, por extemporaneidad, del recurso de amparo.

Sala Primera. Sentencia 25/2016, de 15 de febrero de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6245-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 6.1.1 c) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que introduce un medio a aplicar en los procedimientos de comprobación de valores no contemplado en la normativa estatal (STC 161/2012).

Pleno. Sentencia 26/2016, de 18 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4528-2012. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Límites a los decretos-leyes, principio de seguridad jurídica, competencias sobre educación y función pública, autonomía financiera: nulidad de los preceptos legales estatales que habilitan al Gobierno para regular los requisitos básicos de mantenimiento de centros y estructuras universitarias y que prevén la creación de alianzas estratégicas entre universidades o con organismos públicos de investigación. Voto particular.

Pleno. Sentencia 27/2016, de 18 de febrero de 2016

Conflicto en defensa de la autonomía local 2599-2013. Planteado por las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada, Málaga y Cádiz en relación con el Decreto-ley del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.

Autonomía local, límites de los decretos-leyes, urbanismo y ordenación territorial: inadmisión del conflicto en defensa de la autonomía local por carencia de legitimación activa de las corporaciones locales promotoras.

Pleno. Sentencia 28/2016, de 18 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4912-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; autonomía local: interpretación conforme del precepto legal estatal que impone a las Comunidades Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre (STC 233/2015).

Pleno. Sentencia 29/2016, de 18 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5852-2013. Interpuesto por el Gobierno de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Límites de los decretos-leyes, principios de seguridad jurídica, irretroactividad e interdicción de la arbitrariedad: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 30/2016, de 18 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 6031-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Límites de los decretos-leyes, principios de seguridad jurídica e irretroactividad: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 31/2016, de 18 de febrero de 2016

Conflicto positivo de competencia 6893-2013. Planteado por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Autonomía financiera, procedimiento de responsabilidad patrimonial: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 215/2014).

Pleno. Sentencia 32/2016, de 18 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1908-2014. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Competencias sobre ordenación general de la economía y sobre el sector eléctrico: interpretación conforme de los preceptos legales estatales relativos a la autorización de instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica y resolución de controversias sobre suministro de energía eléctrica. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 33/2016, de 18 de febrero de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5458-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, competencias sobre minas: nulidad del precepto legal autonómico relativo a los medios de comprobación de valores en tributos cedidos (STC 161/2012).

Sala Segunda. Sentencia 34/2016, de 29 de febrero de 2016

Recurso de amparo 4984-2014. Promovido por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional respecto de los Autos de la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria sobre internamiento urgente por trastorno psíquico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no adoptaron, de oficio, la medida cautelar de internamiento en proceso de incapacitación.

Pleno. Sentencia 35/2016, de 3 de marzo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 546-2010. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

Libertad de empresa: constitucionalidad del precepto legal que establece una obligación de inversión de los operadores televisivos en obras audiovisuales europeas.

Pleno. Sentencia 36/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5763-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y asistencia social; autonomía financiera de Navarra: constitucionalidad de las disposiciones legales estatales relativas a la ayuda domiciliaria, y régimen de compatibilidad de prestaciones (STC 18/2016).

Pleno. Sentencia 37/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2240-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Competencias sobre ordenación general de la economía, comercio interior, defensa de los consumidores y usuarios y turismo: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a horarios comerciales y comercio minorista (STC 18/2016).

Pleno. Sentencia 38/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 7084-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Decreto-ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears.

Límites a los decretos-leyes, principio de interdicción de la arbitrariedad, derechos a la tutela judicial efectiva (ejecución de sentencias) y a la educación: nulidad de los preceptos autonómicos relativos a los requisitos de proyectos de tratamiento integrado de lenguas y proyectos transitorios.

Pleno. Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de amparo 7222-2013. Promovido por doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de un Juzgado de lo Social de León en proceso por despido.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos: despido basado en las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instalada sin comunicación previa a la trabajadora. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 40/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1233-2014. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

Principio de pluralismo, derecho a la participación política y autonomía local: extinción del recurso de inconstitucionalidad por derogación de la norma con rango de ley impugnada.

Pleno. Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1792-2014. Interpuesto por la Asamblea de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Autonomía local, competencias sobre hacienda general y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales que autorizan al Estado a compensar determinadas deudas contraídas por las Comunidades Autónomas con los créditos resultantes de su sistema de financiación, establecen el régimen transitorio de asunción autonómica de las competencias municipales sobre salud y servicios sociales, disolución de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de municipios; interpretación conforme de la disposición relativa a la asunción autonómica de competencias municipales en materia de educación.

Pleno. Sentencia 42/2016, de 3 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2391-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Límites de los decretos-leyes y principio de seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 43/2016, de 3 de marzo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4182-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 44/2016, de 14 de marzo de 2016

Recurso de amparo 4923-2012. Promovido por la Universidad de Lleida en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en proceso por jubilación de funcionario docente.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial y supuesta vulneración del derecho a la autonomía universitaria: inadmisión parcial del recurso de amparo por falta de legitimación activa de la persona jurídica de Derecho público demandante (STC 175/2001); la determinación de la edad de jubilación no integra el derecho a la autonomía universitaria.

Sala Segunda. Sentencia 45/2016, de 14 de marzo de 2016

Recurso de amparo 4679-2013. Promovido por doña Aida Quero Martínez en relación con las resoluciones de la dirección médica del Hospital Universitario Central de Asturias sobre servicios mínimos con ocasión del ejercicio del derecho de huelga, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, que confirmaron su legalidad.

Supuesta vulneración del derecho a la huelga: resoluciones administrativas que, con motivación suficiente, designaron a la demandante de amparo como personal encargado del mantenimiento de los servicios esenciales durante sendas jornadas de huelga.

Sala Primera. Sentencia 46/2016, de 14 de marzo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4759-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con sendos preceptos del Decreto-ley de la Junta de Andalucía 3/2012, de 24 de julio, de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico y financiero de la Junta de Andalucía, y del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 47/2016, de 14 de marzo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4894-2013. Planteada por Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 48/2016, de 14 de marzo de 2016

Recurso de amparo 415-2014. Promovido por don César Prosper Silvestre respecto de los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Valencia sobre liquidación de condena.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente el tiempo servido en prisión con antelación a la reforma del régimen de abono de la prisión preventiva (STC 261/2015).

Sala Segunda. Sentencia 49/2016, de 14 de marzo de 2016

Recurso de amparo 878-2014. Promovido por don José Luis Calvo Picallo en relación con los Autos dictados por un Juzgado de Primera Instancia de Ferrol dictados en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resolución judicial que no examina una cuestión relativa al incumplimiento de un requisito procesal derivado del propio título de ejecución y apreciable de oficio (STC 39/2015).

Sala Primera. Sentencia 50/2016, de 14 de marzo de 2016

Recurso de amparo 3807-2014. Promovido por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional en relación con los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria sobre internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: privación de representación y defensa de la afectada por la medida de internamiento (STC 22/2016).

Sala Primera. Sentencia 51/2016, de 14 de marzo de 2016

Recurso de amparo 5251-2014. Promovido por don Florentino Renedo García y doña Rosa María Bahillo Lomas en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Palencia que les condenó por un delito de estafa.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencias que se apartan conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 63/2005).

Sala Segunda. Sentencia 52/2016, de 14 de marzo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4183-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Pleno. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo de 2016

Conflicto positivo de competencia núm. 2900-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Competencias sobre sanidad, servicio meteorológico y medio ambiente: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 54/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4217-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Competencias sobre educación, función pública y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la jornada lectiva y sustitución del personal docente (STC 26/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 55/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5755-2012. Interpuesto por la Asamblea de Extremadura respecto de los artículos 27 y 38 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Competencias sobre ordenación general de la economía y comercio; autonomía financiera: desaparición sobrevenida parcial del objeto del proceso, constitucionalidad del precepto legal estatal relativo al régimen de horarios comerciales (STC 136/2015).

Pleno. Sentencia 56/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4980-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados, de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural; Catalán (Convergència i Unió) y Mixto, en relación con diversos preceptos de la Ley de Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Régimen lingüístico y principio de no discriminación: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, zonas de utilización y régimen de la Academia Aragonesa de la Lengua.

Pleno. Sentencia 57/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5009-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; autonomía local: interpretación conforme de los preceptos legales estatales que excluyen determinados núcleos de población del dominio público marítimo terrestre e imponen a las Comunidades Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre (SSTC 233/2015 y 28/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 58/2016, de 17 de marzo de 2016

Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional: nulidad del precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

Pleno. Sentencia 59/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 576-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con los artículos 33.2 y 46.2 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra, en la redacción dada por la Ley Foral 15/2013, de 17 de abril.

Competencias sobre ordenación general de la economía y comercio: nulidad parcial del precepto legal relativo a la venta en rebajas (STC 18/2016).

Pleno. Sentencia 60/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1820-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Competencias sobre ordenación general de la economía y sector eléctrico: interpretación conforme del precepto legal estatal relativo a la resolución de controversias sobre suministro de energía eléctrica (STC 32/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 61/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2408-2014. Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Límites a los decretos-leyes, principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales; derecho a la tutela judicial efectiva: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 62/2016, de 17 de marzo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5831-2014. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto del Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

Competencias sobre ordenación general de la economía y régimen energético: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen un mecanismo de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas al consumidor vulnerable que contraviene la regulación básica estatal. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 63/2016, de 11 de abril de 2016

Recurso de amparo 4577-2011. Promovido por don José Vicente Lapo Estrada respecto de la diligencia de ordenación dictada por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre de expulsión del territorio nacional, y del decreto de la misma Secretaría que confirmó aquella en reposición.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Segunda. Sentencia 64/2016, de 11 de abril de 2016

Recurso de amparo 528-2014. Promovido por don Tomás Aguililla Durán y don Juan López López en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de un Juzgado de lo Social de Granollers dictadas en proceso sobre tutela de derechos fundamentales.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical: pérdida de la condición de representantes de los trabajadores resultante del cierre del centro de trabajo y el traslado de la actividad a otro centro. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 65/2016, de 11 de abril de 2016

Recurso de amparo 6312-2014. Promovido por doña R. C. M. S., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Granada, que denegaron el incidente de nulidad de actuaciones promovido en procedimiento de oposición de medidas de menores a raíz de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de junio de 2013.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones fundada en la aplicación de una norma derogada.

Pleno. Sentencia 66/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4529-2012. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Competencias sobre educación, función pública y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la jornada lectiva y sustitución del personal docente (STC 26/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 67/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 370-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Límites a los decretos-leyes; competencias sobre educación, función pública y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la jornada lectiva y sustitución del personal docente (STC 26/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 68/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 382-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Límites a los decretos-leyes; competencias sobre educación, función pública y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la jornada lectiva y sustitución del personal docente (STC 26/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 69/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de amparo 3660-2013. Promovido por don Francisco de la Rosa Castillo respecto de la Sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Albacete en juicio verbal de reclamación de indemnización por culpa extracontractual.

Vulneración del derecho a la huelga: responsabilidad civil extracontractual de quien actuó como dirigente de un piquete huelguístico. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 70/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5567-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Límites de los decretos-leyes, reserva de ley orgánica: nulidad del precepto legal relativo a las responsabilidades derivadas de las correcciones financieras acordadas por las instituciones de la Unión Europea.

Pleno. Sentencia 71/2016, de 14 de abril de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 389-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto de la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Principio de igualdad: nulidad del precepto legal que introduce una reducción de jornada de trabajo para el personal laboral indefinido y temporal (STC 104/2004).

Pleno. Sentencia 72/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5819-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto de diversos preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Competencias sobre ordenación general de la economía y sector eléctrico: constitucionalidad de los preceptos legales relativos al autoconsumo de energía eléctrica y a la tipificación de las infracciones graves y muy graves en esta misma materia (STC 60/2016).

Pleno. Sentencia 73/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 6513-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña.

Competencias sobre ordenación general de la economía, seguridad social, régimen energético y medio ambiente: nulidad de los preceptos legales que prohíben, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 106/2014) y regulan el régimen transitorio de implantación de establecimientos comerciales fuera de trama urbana. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 74/2016, de 14 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4292-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 75/2016, de 25 de abril de 2016

Recurso de amparo 7650-2010. Promovido por don Jesús Padilla Muguercia respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

Sala Segunda. Sentencia 76/2016, de 25 de abril de 2016

Recurso de amparo 8423-2010. Promovido por doña Jeaneth Fátima Churqui Mercado respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

Sala Segunda. Sentencia 77/2016, de 25 de abril de 2016

Recurso de amparo 8735-2010. Promovido por don Martins Oriaifo respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a cuatro años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

Sala Primera. Sentencia 78/2016, de 25 de abril de 2016

Recurso de amparo 2995-2013. Promovido por doña Carmen Menéndez González-Palenzuela en relación con la resolución del Presidente de la Asamblea de Madrid que la expulsó de una sesión plenaria y la suspendió de su condición de diputada en activo durante un mes.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en relación con el derecho al ejercicio de las funciones representativas: inadecuada subsunción de la conducta en el tipo infractor definido por el reglamentario parlamentario.

Sala Segunda. Sentencia 79/2016, de 25 de abril de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4912-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Alicante en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 80/2016, de 25 de abril de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 5794-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara en relación con los artículos 2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 81/2016, de 25 de abril de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 7331-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2008.

Principio de igualdad ante la ley: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes (STC 41/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 82/2016, de 28 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 9888-2007. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano.

Competencias en materia de Derecho civil: Ley autonómica dictada en materia no integrada en el acervo normativo o consuetudinario del Derecho civil histórico valenciano. Voto particular.

Pleno. Sentencia 83/2016, de 28 de abril de 2016

Recurso de amparo 4703-2012. Promovido por don Pedro María Gragera de Torres y 326 personas más en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su demanda frente al Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2010, por el que se solicita del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar en sus propios términos el estado de alarma y el Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): sometimiento al control jurisdiccional exclusivo del Tribunal Constitucional de los actos gubernamentales y parlamentarios de declaración, autorización y prórroga de los estados de emergencia.

Pleno. Sentencia 84/2016, de 28 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 301-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Límites a los decretos leyes; competencias sobre educación, función pública y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la jornada lectiva, sustitución y régimen de dedicación del personal docente y a la financiación de becas y ayudas al estudio (STC 26/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 85/2016, de 28 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 7774-2014. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado.

Competencias sobre relaciones internacionales: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los principios rectores, sujetos, ámbitos y planificación, seguimiento y coordinación de la acción exterior (STC 165/1994). Voto particular.

Pleno. Sentencia 86/2016, de 28 de abril de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2577-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición transitoria novena de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2003, de 25 de abril, de protección de la salud, según la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud.

Derecho a la igualdad en el acceso a la función pública: nulidad de los preceptos legales que regulan un procedimiento de acceso a la función pública en el que se valoran especialmente los servicios prestados por los interinos del cuerpo de farmacéuticos titulares.

Pleno. Sentencia 87/2016, de 28 de abril de 2016

Conflicto positivo de competencia 3269-2015. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Competencias sobre seguridad pública y protección civil: nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 13/1992). Voto particular.

Pleno. Sentencia 88/2016, de 28 de abril de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 3492-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2015.

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal autonómico que introduce excepciones a la regulación básica sobre limitaciones a los incrementos de gastos de personal.

Sala Segunda. Sentencia 89/2016, de 9 de mayo de 2016

Recurso de amparo 2379-2011. Promovido por don Stepan Neyko respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a un año en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

Sala Segunda. Sentencia 90/2016, de 9 de mayo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3488-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 91/2016, de 9 de mayo de 2016

Recurso de amparo 2772-2014. Promovido por Iberdrola, S. A., respecto de las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que inadmitieron su impugnación de la liquidación provisional de las actividades reguladas del sector eléctrico del ejercicio 2011.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo ordinario frente a un acto que no puso fin a la vía administrativa.

Sala Primera. Sentencia 92/2016, de 9 de mayo de 2016

Recurso de amparo 114-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 93/2016, de 9 de mayo de 2016

Recurso de amparo 583-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 94/2016, de 9 de mayo de 2016

Recurso de amparo 1398-2015. Promovido por don Jacinto Hurtado Cerrato en relación con el Auto dictado por un Juzgado de Instrucción de Madrid, que desestimó su impugnación de la resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita denegatoria de este beneficio.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): extemporaneidad del recurso de amparo promovido frente a una resolución administrativa.

Pleno. Sentencia 95/2016, de 12 de mayo de 2016

Conflicto positivo de competencia 6975-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, así como de la resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

Competencias sobre educación y universidades: nulidad de los preceptos reglamentarios que invocan la competencia estatal sobre condiciones básicas de igualdad; vulneración de competencias autonómicas al atribuirse facultades de gestión del componente variable de las becas al estudio a órganos de la Administración del Estado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 96/2016, de 12 de mayo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 439-2016. Interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana en relación con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para 2016.

Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos presupuestarios relativos a las transferencias por el fondo de suficiencia global.

Sala Primera. Sentencia 97/2016, de 23 de mayo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4579-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 98/2016, de 23 de mayo de 2016

Recurso de amparo 146-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 99/2016, de 25 de mayo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1743-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.

Límites de las leyes de presupuestos; competencias en materia laboral, ordenación general de la economía y función pública; principio de autonomía financiera: constitucionalidad de los preceptos legales que suspenden y modifican diferentes previsiones de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y establecen la jornada general de trabajo en el sector público. Voto particular.

Pleno. Sentencia 100/2016, de 25 de mayo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5020-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; régimen constitucional del dominio público: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula las urbanizaciones marítimo-terrestres (STC 233/2015).

Pleno. Sentencia 101/2016, de 25 de mayo de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1762-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales que reforman las leyes orgánicas de financiación autonómica y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 102/2016, de 25 de mayo de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1619-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.

Competencias sobre régimen local: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en la que se aduce inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal autonómico. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 103/2016, de 6 de junio de 2016

Recurso de amparo 1546-2013. Promovido por don Volodymyr Dyiakon respecto de las resoluciones dictadas por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

Sala Segunda. Sentencia 104/2016, de 6 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1592-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 105/2016, de 6 de junio de 2016

Recurso de amparo 2569-2014. Promovido por don Félix Ojer Pueyo y doña María Carmen Romero Martínez en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida que les condenó, en apelación, por un delito de alzamiento de bienes.

Supuesta vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: incumplimiento del deber de notificación de la composición de la Sala carente de incidencia material, condena pronunciada tras dar oportunidad a los acusados de ser oídos (STC 167/2002) y fundada en la existencia de prueba de cargo suficiente.

Sala Segunda. Sentencia 106/2016, de 6 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3379-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife respecto del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Pleno. Sentencia 107/2016, de 7 de junio de 2016

Recurso de amparo 6205-2015. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara en relación con la admisión a trámite de una propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales.

Vulneración del derecho a la participación política: rechazo de la solicitud de reconsideración adoptada sin dar audiencia a la junta de portavoces, trámite esencial del procedimiento interno de garantía.

Pleno. Sentencia 108/2016, de 7 de junio de 2016

Recurso de amparo 6206-2015. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara en relación con la admisión a trámite de una propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales.

Vulneración del derecho a la participación política: rechazo de la solicitud de reconsideración adoptada sin dar audiencia a la junta de portavoces, trámite esencial del procedimiento interno de garantía (STC 107/2016).

Pleno. Sentencia 109/2016, de 7 de junio de 2016

Recurso de amparo 6207-2015. Promovido por los diputados del Parlamento de Cataluña elegidos en las listas electorales del Partido Popular en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara respecto de los acuerdos adoptados por la Mesa del Parlamento de Cataluña en relación con la admisión a trámite de una propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales.

Vulneración del derecho a la participación política: rechazo de la solicitud de reconsideración adoptada sin dar audiencia a la junta de portavoces, trámite esencial del procedimiento interno de garantía (STC 107/2016).

Pleno. Sentencia 110/2016, de 9 de junio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4522-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana.

Competencias en materia de Derecho civil: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, proclaman el principio de libertad de regulación de la convivencia y regulan el régimen económico y los efectos de la extinción de la unión de hecho formalizada (STC 82/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 111/2016, de 9 de junio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1959-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Principios de autonomía local, democrático y de lealtad institucional, autonomía financiera: nulidad parcial de los preceptos relativos a las funciones atribuidas a la Administración del Estado respecto de la coordinación de los servicios municipales por las diputaciones provinciales, condiciones para la ejecución en régimen de monopolio de las actividades reservadas y mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las corporaciones locales; interpretación conforme de los preceptos relativos a la competencia provincial sobre prestación de los servicios de administración electrónica y contratación centralizada en determinados municipios y al plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 112/2016, de 20 de junio de 2016

Recurso de amparo 2514-2012. Promovido por don Tasio Erkizia Almandoz en relación con las Sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Supuesta vulneración de los derechos a las libertades ideológica y de expresión: manifestaciones encuadrables en el discurso del odio, que incitaban a la violencia, a través del enaltecimiento público del autor de actividades terroristas. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 113/2016, de 20 de junio de 2016

Recurso de amparo 115-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015).

Sala Segunda. Sentencia 114/2016, de 20 de junio de 2016

Recurso de amparo 145-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015).

Sala Segunda. Sentencia 115/2016, de 20 de junio de 2016

Recurso de amparo 582-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015).

Sala Primera. Sentencia 116/2016, de 20 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1663-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.

Competencias sobre régimen local: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en la que se aduce inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal autonómico (STC 102/2016). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 117/2016, de 20 de junio de 2016

Recurso de amparo 4924-2015. Promovido por Calzados D’Simons, S. L., en relación con la resolución sancionadora dictada por el Ministerio del Interior y la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo que desestimó su impugnación.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: sanción impuesta por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor, consecuencia de la negativa del propio identificado a ser tenido como tal (STC 29/2014).

Pleno. Sentencia 118/2016, de 23 de junio de 2016

Recursos de inconstitucionalidad 3443-2010, 4138-2010, 4223-2010 y 4224-2010 (acumulados). Interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Parlamento de La Rioja, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León, respectivamente, respecto de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.

Principios de igualdad, interdicción de la arbitrariedad, solidaridad, unidad de mercado y autonomía financiera; derecho a la tutela judicial efectiva, potestades jurisdiccionales del Tribunal Constitucional y del orden contencioso-administrativo: interpretación conforme de los preceptos legales que establecen un control de las normas forales fiscales compartido entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria.

Pleno. Sentencia 119/2016, de 23 de junio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2218-2013. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Límites a los decretos-leyes; competencias en materia de ordenación general de la economía y función pública y principio de seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional de complemento específico, correspondientes al mes de diciembre de 2012, permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, horarios comerciales y régimen de promoción de ventas (SSTC 81/2015 y 156/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 120/2016, de 23 de junio de 2016

Conflicto positivo de competencias 2304-2014. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Competencias sobre ordenación general de la economía y energía: nulidad de los preceptos que equiparan la habilitación legal de la potestad reglamentaria con el dictado de resoluciones administrativas y que atribuyen el ejercicio de potestades ejecutivas a la Administración del Estado.

Pleno. Sentencia 121/2016, de 23 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6244-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional trigésima primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, incorporada por la disposición final cuadragésima novena, apartado primero, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Principio de seguridad jurídica: nulidad del precepto legal que dota de una retroactividad máxima a la regulación del régimen fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones.

Pleno. Sentencia 122/2016, de 23 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 451-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional decimonovena de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.

Principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica e igualdad: nulidad del precepto legal que deja sin efecto los procedimientos de concurso para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de instalaciones náutico-deportivas pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la Ley.

Pleno. Sentencia 123/2016, de 23 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 703-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el apartado primero de la disposición adicional sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2014.

Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora (non bis in idem); límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece el régimen de protección por desempleo de los liberados de prisión.

Pleno. Sentencia 124/2016, de 23 de junio de 2016

Conflicto positivo de competencia 4722-2015. Planteado por el Gobierno vasco frente a la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general.

Competencias sobre ferrocarriles: nulidad de la orden ministerial en cuanto incluye sendas líneas intracomunitarias en la red de ferrocarriles de interés general (STC 245/2012).

Pleno. Sentencia 125/2016, de 7 de julio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1044-2006. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.

Límites a los decretos-leyes: ausencia del presupuesto habilitante necesario para reformar con carácter de urgencia el régimen de restitución de bienes y derechos incautados a las organizaciones sindicales en aplicación de la Ley de responsabilidades políticas.

Pleno. Sentencia 126/2016, de 7 de julio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 6524-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión, Progreso y Democracia, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Límites a los decretos-leyes: ausencia del presupuesto habilitante necesario para la concesión urgente de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa.

Pleno. Sentencia 127/2016, de 7 de julio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1757-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.

Competencias sobre régimen local: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en la que se aduce inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal autonómico (STC 102/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 128/2016, de 7 de julio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 3493-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.

Soberanía nacional, principios de autonomía y supremacía de la Constitución; competencias sobre urbanismo, energía, transporte ferroviario y meteorología: nulidad de los preceptos legales autonómicos que confiere al servicio de meteorología de Cataluña una función de apoyo a la navegación aérea, regulan la implantación de establecimientos comerciales en los puertos de titularidad pública, el plan director de la Administración tributaria de Cataluña, el catálogo de infraestructuras estratégicas y el plan director de los sectores de energía, telecomunicaciones, sistemas de información y transporte ferroviario; interpretación conforme de los preceptos relativos al inventario del patrimonio de las Administraciones públicas de Cataluña y de creación de la Agencia Catalana de Protección Social.

Sala Primera. Sentencia 129/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 4455-2011. Promovido por don Carlos Sánchez Tárrago respecto de las resoluciones dictadas por la Secretaría Judicial de un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo convocando a las partes para la celebración de vista en un proceso en materia de personal.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de aproximadamente dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

Sala Primera. Sentencia 130/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 624-2013. Promovido por doña Garazi Rodríguez Rubio en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Madrid que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de torturas que se dicen sufridas bajo custodia policial (STC 34/2008).

Sala Segunda. Sentencia 131/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 5646-2014. Promovido por don Boujemaa Akabli en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimatoria, en apelación, del recurso interpuesto frente a resolución sancionadora en materia de extranjería dictada por la Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 140/2009).

Sala Primera. Sentencia 132/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 5671-2014. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Las Palmas y un Juzgado de Primera Instancia de Telde sobre internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no adoptaron, de oficio, la medida cautelar de internamiento en proceso de incapacitación (STC 34/2016).

Sala Primera. Sentencia 133/2016, de 18 de julio de 2016

Recursos de amparo acumulados 5814-2014 y 475-2015. Promovidos ambos por la mercantil Andorcio, S. L., en relación con las Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimatorias de la impugnación de la liquidación de los impuestos sobre el valor añadido y de sociedades correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): interpretación de la normativa aplicable que extiende al recurso contencioso-administrativo las limitaciones de cognición del recurso tributario de anulación (STC 23/2011).

Sala Segunda. Sentencia 134/2016, de 18 de julio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 824-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con los artículos 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 2.1 de la Ley de la Región de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decreto-ley 20/2012.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: inadmisión parcial de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia e incorrecta realización del trámite de audiencia a las partes; extinción parcial, por pérdida de objeto (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 135/2016, de 18 de julio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1372-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el apartado 1 de la disposición adicional sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2014, que establece el régimen de protección por desempleo de los liberados de prisión.

Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora (non bis in idem); límites materiales de las leyes de presupuestos: STC 123/2016 (pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad).

Sala Segunda. Sentencia 136/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 3136-2015. Promovido por don Manuel Tena Gallench respecto de los Autos dictados por un Juzgado de Instrucción de Madrid desestimatorios de la impugnación de la denegación de asistencia jurídica gratuita.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): denegación de la asistencia jurídica gratuita fundada en un pretendido abuso del derecho.

Sala Segunda. Sentencia 137/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 4120-2015. Promovido por don Edwing Monroy Hernández respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Cuenca sobre liquidación de condena.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente el tiempo servido en prisión con antelación a la reforma del régimen de abono de la prisión preventiva (STC 261/2015).

Sala Segunda. Sentencia 138/2016, de 18 de julio de 2016

Recurso de amparo 5664-2015. Promovido por doña Elisa Isabel Cataluña Lacreu, don Francisco Ignacio Cortina Saus y la mercantil Técnicos en Planes Parciales, S. L., en relación con las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Penal de Valencia en proceso por delito contra la hacienda pública.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencias que se apartan conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 63/2005).

Pleno. Sentencia 139/2016, de 21 de julio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4123-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Límites de los decretos-leyes, derecho a la salud y competencias sanitarias, derecho a la protección de datos de carácter personal: nulidad del precepto legal que remite en blanco al reglamento la determinación del nivel de ingresos que no deben superar quienes, sin tener vínculo alguno con el sistema de Seguridad Social, aspiren a acceder a la condición de asegurados. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 140/2016, de 21 de julio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 973-2013. Interpuesto por ciento nueve Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y acceso al recurso) y a la igualdad en la ley; principio de capacidad económica y control de legalidad de la actividad administrativa: nulidad del precepto legal que determina la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil (recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal), contencioso-administrativo y social.

Pleno. Sentencia 141/2016, de 21 de julio de 2016

Conflicto positivo de competencia 4911-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE, de la Comisión.

Competencias sobre ordenación general de la economía y medio ambiente: nulidad de los preceptos reglamentarios estatales en los que se regula el ejercicio y supervisión de la actividad de los verificadores medioambientales, el régimen transitorio de ejercicio de la actividad de los verificadores acreditados al momento de aprobarse el reglamento y se invoca la competencia sobre ordenación general de la economía.

Pleno. Sentencia 142/2016, de 21 de julio de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 6014-2015. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y sector agroalimentario: nulidad de los preceptos legales estatales relativos a los principios generales y período transitorio del régimen sancionador, la clasificación de infracciones, responsabilidad y publicidad de las sanciones, multas coercitivas, sanciones accesorias y régimen sancionador en materia de clasificación de canales de vacuno y porcino.

Sala Primera. Sentencia 143/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 773-2013. Promovido por el Grupo Parlamentario Foro Asturias de la Junta General del Principado de Asturias respecto de los acuerdos de la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias que aprobaron el cronograma del proyecto de Ley del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2013.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones públicas: reducción de plazo para la tramitación de un proyecto de ley presupuestaria que no alteró de manera sustancial el ejercicio de la función representativa.

Sala Primera. Sentencia 144/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 2443-2013. Promovido por doña Irati Mujika Larreta en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Madrid que archivaron las diligencias previas incoadas por un delito de torturas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de torturas que se dicen sufridas bajo custodia policial (STC 34/2008).

Sala Segunda. Sentencia 145/2016, de 19 de septiembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1947-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 146/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 4160-2014. Promovido por don Djanel Daho respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid declarando su falta de competencia territorial para conocer del recurso interpuesto frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears en materia de extranjería.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión del recurso de amparo que no contiene justificación de su especial trascendencia constitucional. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 147/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 5750-2014. Promovido por doña Ángela Coello Amores en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza controvertida.

Sala Segunda. Sentencia 148/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 7120-2014. Promovido por don Jorge Pacheco Cordero y doña Raquel Blanco Ruiz respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): archivo de las actuaciones por litispendencia resultante de una interpretación irrazonable de la ley procesal (STC 106/2013) y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sala Segunda. Sentencia 149/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 4700-2015. Promovido por doña Elisabeth Flores Donado respecto del Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco inadmitiendo el recurso de suplicación interpuesto frente a la Sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Bilbao en proceso sobre tutela de derechos fundamentales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión del recurso de suplicación basada en una interpretación de la ley procesal que reduce las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales (STC 257/2000).

Sala Segunda. Sentencia 150/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 5532-2015. Promovido por don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite en relación con el Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Cartagena, que denegó su solicitud de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandados cuyo domicilio en el Reino Unido figuraba en las actuaciones (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 151/2016, de 19 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 5956-2015. Promovido por don Alan Waite y doña Elaine Patricia Waite en relación con el Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Cartagena, que denegó su solicitud de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandados cuyo domicilio en el Reino Unido figuraba en las actuaciones (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 152/2016, de 22 de septiembre de 2016

Conflicto en defensa de la autonomía local 570-2011. Planteado por el Ayuntamiento de Abrucena y otros ciento once municipios en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía.

Autonomía local, competencias en materia de aguas: inadmisión del conflicto en cuanto se refiere a preceptos legales no sometidos a dictamen del órgano consultivo autonómico; constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la gestión supramunicipal y redes de abastecimiento de agua de uso urbano y consideración de las entidades suministradoras como sujetos pasivos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma.

Pleno. Sentencia 153/2016, de 22 de septiembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1067-2014. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la Ley de las Cortes Valencianas 4/2013, de 27 de noviembre, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S. A. U.

Principio de seguridad jurídica, derechos a la tutela judicial efectiva y de participación política, libertades de expresión e información, competencias sobre medios públicos de comunicación social: pérdida parcial de objeto del proceso; tramitación de la iniciativa legislativa como proposición de ley que no vulneró los derechos inherentes a la función parlamentaria de los representantes de los ciudadanos.

Pleno. Sentencia 154/2016, de 22 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 6144-2014. Promovido por la asociación Algeciras Acoge en relación con el Auto de un Juzgado de Instrucción de Algeciras que denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus.

Alegada vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso de amparo por falta de legitimación de la asociación promotora. Voto particular.

Pleno. Sentencia 155/2016, de 22 de septiembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 1511-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto de la disposición final segunda de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Principios de igualdad y seguridad jurídica, competencias sobre condiciones básicas de igualdad y procedimiento administrativo: constitucionalidad del precepto legal autonómico que establece la regla del silencio negativo para determinados recursos planteados, en materia de personal, por los profesionales del Servicio Gallego de Salud.

Pleno. Sentencia 156/2016, de 22 de septiembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5061-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Principios de seguridad jurídica, estabilidad presupuestaria, autonomía y suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales que contemplan la posibilidad de retención por el Estado de recursos del sistema de financiación autonómica para el pago de deudas con entidades locales, y habilitan la modificación reglamentaria de previsiones en materia de gasto farmacéutico y sanitario (STC 101/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 157/2016, de 22 de septiembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5272-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo único del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por el que se deroga la letra b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.

Competencias sobre ordenación general de la economía, urbanismo, defensa de los consumidores y medio ambiente: medida restrictiva de la libertad de establecimiento adoptada sin fundamentar debidamente, como exige la normativa básica estatal, la concurrencia de imperiosas razones de interés general relacionadas con el entorno urbano o el medio ambiente (STC 193/2013 y 76/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 158/2016, de 22 de septiembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2165-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Competencias sobre legislación laboral, ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal que fija la duración de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos (STC 99/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 159/2016, de 22 de septiembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2257-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Competencias sobre legislación laboral: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la prevención del acoso sexual en las empresas, planes de igualdad en las empresas, responsables sindicales de igualdad, presencia de mujeres y hombres en la negociación colectiva, incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo y prevención de riesgos laborales.

Sala Primera. Sentencia 160/2016, de 3 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3642-2013. Planteada por la Sección Sexta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 161/2016, de 3 de octubre de 2016

Recurso de amparo 6526-2013. Promovido por don José Manuel Mosquera Castela en relación con la sanción impuesta por la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid IV (Navalcarnero) y las resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que la confirmaron.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: resolución sancionadora, dictada sin consideración de las pruebas de descargo propuestas por el interno, que valora indebidamente un testimonio de referencia.

Sala Primera. Sentencia 162/2016, de 3 de octubre de 2016

Recurso de amparo 5281-2014. Promovido por doña Tania María Chico Fernández respecto de la Sentencia de la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación de resolución del Ministerio de Justicia sobre derechos retributivos.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resoluciones administrativas y judiciales que niegan derechos económicos y profesionales inherentes al nombramiento como Magistrada a quien no pudo tomar posesión de la plaza al disponer de licencia por riesgo de embarazo (STC 66/2014).

Sala Segunda. Sentencia 163/2016, de 3 de octubre de 2016

Recurso de amparo 3467-2015. Promovido por Inmobiliaria Osuna, S. L. U., respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en proceso sobre liquidación de tasa por licencia urbanística de obras.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la satisfacción de los requisitos exigidos a las personas jurídicas para entablar acciones, incurriendo en error (STC 167/2014).

Sala Segunda. Sentencia 164/2016, de 3 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3178-2016. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional primera de la Ley de la Asamblea de Madrid 4/2010, de 29 de junio, de medidas urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 219/2013).

Pleno. Sentencia 165/2016, de 6 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1870-2011. Interpuesto por el Gobierno de Aragón respecto de diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y minas: constitucionalidad de los preceptos legales que reservan a la Administración del Estado la concesión de almacenamiento. Voto particular.

Pleno. Sentencia 166/2016, de 6 de octubre de 2016

Recurso de amparo 5886-2012. Promovido por la entidad Hércules Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de lo Social de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en proceso por despido.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de recurso de suplicación fundada en el incumplimiento del requisito de consignación de la cantidad objeto de condena.

Pleno. Sentencia 167/2016, de 6 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6599-2013. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética.

Pleno. Sentencia 168/2016, de 6 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1995-2014. Interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Competencias sobre régimen local: pérdida parcial de objeto del recurso de inconstitucionalidad (SSTC 41/2016 y 111/2016), interpretación conforme de la disposición legal estatal que salva la organización comarcal estatutariamente prevista en la gestión de servicios supramunicipales.

Pleno. Sentencia 169/2016, de 6 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 3925-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso respecto del artículo 1.1 del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento.

Límites a los decretos-leyes: ausencia del presupuesto habilitante necesario para la concesión urgente de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa (STC 126/2016).

Pleno. Sentencia 170/2016, de 6 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1624-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid.

Principios de interdicción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional, derecho a la tutela judicial efectiva: constitucionalidad del precepto legal autonómico que excluye el suelo urbano y el suelo urbanizable sectorizado del ámbito de aplicación del límite de tres alturas para los edificios de nueva construcción.

Pleno. Sentencia 171/2016, de 6 de octubre de 2016

Conflicto positivo de competencia 2761-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y energía: interpretación conforme de los preceptos reglamentarios que atribuyen competencias a la Administración del Estado en función de la potencia de instalaciones térmicas de generación de electricidad (STC 32/2016).

Sala Primera. Sentencia 172/2016, de 17 de octubre de 2016

Recurso de amparo 299-2013. Promovido por don Francisco de Asís Serrano Castro en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de prevaricación judicial doloso.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso), a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena impuesta en casación sin cumplirse los requisitos procesales exigibles y fundada en una nueva valoración de un elemento subjetivo del injusto. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 173/2016, de 17 de octubre de 2016

Recurso de amparo 3143-2013. Promovido por Construcciones Zenón Sánchez Pérez, S. L., respecto de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canarias teniendo por no anunciado recurso de suplicación en proceso por despido.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de recurso de suplicación fundada en el incumplimiento del requisito de consignación de la cantidad objeto de condena (STC 166/2016).

Sala Segunda. Sentencia 174/2016, de 17 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2919-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: STC 167/2016 (constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética).

Sala Segunda. Sentencia 175/2016, de 17 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6599-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con el artículo 21.3 a) del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.

Competencias sobre procedimiento administrativo: inadmisión de la cuestión por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Sala Primera. Sentencia 176/2016, de 17 de octubre de 2016

Recurso de amparo 7476-2015. Promovido por Gestinova 99, S. L., y Gestinova 99 Asesor, S. L., respecto de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de un Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife que inadmitieron un recurso de suplicación en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión del recurso de suplicación resultante de la irrazonable exigencia de consignación de los salarios de tramitación.

Pleno. Sentencia 177/2016, de 20 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 7722-2010. Interpuesto por cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril.

Competencias sobre patrimonio histórico y cultura: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la celebración en Cataluña de corridas de toros y espectáculos taurinos que incluyan la muerte del animal y la aplicación de determinadas suertes de lidia. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 178/2016, de 20 de octubre de 2016

Conflicto positivo de competencia 6862-2012. Planteado por el Gobierno de la Nación, en relación con la decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio.

Competencias sobre ordenación general de la economía y principios de coordinación entre haciendas públicas y de estabilidad presupuestaria: atribución al Estado de la competencia para regular la percepción de la paga extraordinaria controvertida (STC 81/2015).

Pleno. Sentencia 179/2016, de 20 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1744-2013. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña respecto de las disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Competencias en materia laboral y servicios sociales, autonomía financiera de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen determinadas funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal y suspenden temporalmente la aplicación de diferentes disposiciones de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Voto particular.

Pleno. Sentencia 180/2016, de 20 de octubre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2001-2014. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Competencias sobre régimen local: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo al plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (STC 111/2016).

Pleno. Sentencia 181/2016, de 20 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2322-2016. Planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Principio de confianza legítima: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015).

Pleno. Sentencia 182/2016, de 3 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5252-2011. Interpuesto por la Junta de Galicia en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Competencias sobre ordenación general de la economía, ordenación del territorio y del litoral, medio ambiente y minas: constitucionalidad de los preceptos legales que reservan a la Administración del Estado la concesión de almacenamiento (STC 165/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 183/2016, de 3 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4530-2012. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias respecto del artículo 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Límites de los decretos-leyes y competencias en sanidad y función pública: nulidad de la previsión legal estatal que impide la adscripción de personal funcionario sanitario a instituciones sanitarias públicas autonómicas.

Pleno. Sentencia 184/2016, de 3 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 7330-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional.

Competencias sobre defensa, seguridad pública y protección civil; cláusula residual de atribución de competencias: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal estatal que establece los efectos de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional.

Pleno. Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 229-2016. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

Procedimiento legislativo y derecho de participación de los parlamentarios; modelo de justicia constitucional, principio de legalidad penal y aforamiento, control de la actividad de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de la regulación legal de medios de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 186/2016, de 3 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 2219-2016. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y ganadería: extinción parcial del recurso de inconstitucionalidad; constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la responsabilidad por las infracciones, graduación de las sanciones y creación de una red de intercambio de información de calidad alimentaria (STC 142/2016).

Sala Segunda. Sentencia 187/2016, de 14 de noviembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6600-2013. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: STC 167/2016 (constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética).

Sala Segunda. Sentencia 188/2016, de 14 de noviembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3031-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: STC 167/2016 (constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética).

Sala Segunda. Sentencia 189/2016, de 14 de noviembre de 2016

Recurso de amparo 2443-2015. Promovido por don Ignacio Berenguer Sánchez y don Ángel Berenguer Sánchez, en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que declaró la nulidad, con retroacción de actuaciones, de una Sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de los medios de impugnación utilizables.

Pleno. Sentencia 190/2016, de 15 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5261-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Competencias sobre ordenación general de la economía, ordenación del territorio, medio ambiente y minas: STC 165/2016 (constitucionalidad de los preceptos legales que reservan a la Administración del Estado la concesión de almacenamiento). Voto particular.

Pleno. Sentencia 191/2016, de 15 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5465-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Consejo General del Poder Judicial: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a los deberes de comparecencia ante las cámaras parlamentaria del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Pleno. Sentencia 192/2016, de 16 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 3859-2011. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.

Competencia sobre Derecho civil: nulidad de la Ley autonómica dictada en materia no integrada en el acervo normativo o consuetudinario del Derecho civil histórico valenciano (STC 82/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 193/2016, de 16 de noviembre de 2016

Conflicto positivo de competencia 2386-2012. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto de la Orden de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores de artes plásticas y diseño y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores de artes plásticas y diseño.

Competencias sobre ordenación general de la economía y educación: nulidad de la convocatoria autonómica de plazas docentes que rebasa los límites fijados por la normativa básica estatal.

Pleno. Sentencia 194/2016, de 16 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1814-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: constitucionalidad del precepto legal estatal relativo a las limitaciones de incorporación nuevos empleados públicos (SSTC 215/2015 y 179/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 195/2016, de 16 de noviembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 5951-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con los artículos 4 y 7 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Límites a los decretos-leyes, competencias en materia de comercio interior: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las zonas de gran afluencia turística (STC 18/2016). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 196/2016, de 28 de noviembre de 2016

Recurso de amparo 354-2014. Promovido por Endesa, S. A., en relación con la liquidación provisional de las actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente al ejercicio de 2012, practicada por la Comisión Nacional de Energía y las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que desestimaron la impugnación contra la misma.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: préstamo forzoso exigido a las empresas dedicadas principalmente a la producción de energía eléctrica en régimen ordinario y destinado a cubrir desajustes temporales en las liquidaciones de las actividades reguladas (STC 167/2016).

Sala Primera. Sentencia 197/2016, de 28 de noviembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2611-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: STC 167/2016 (constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética).

Sala Segunda. Sentencia 198/2016, de 28 de noviembre de 2016

Recurso de amparo 6887-2014. Promovido por Iberdrola, S. A., en relación con la liquidación provisional de las actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente al ejercicio de 2011, practicada por la Comisión Nacional de Energía y las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que desestimaron la impugnación contra la misma.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: préstamo forzoso exigido a las empresas dedicadas principalmente a la producción de energía eléctrica en régimen ordinario y destinado a cubrir desajustes temporales en las liquidaciones de las actividades reguladas (STC 167/2016).

Sala Primera. Sentencia 199/2016, de 28 de noviembre de 2016

Recurso de amparo 3766-2015. Promovido por doña Patricia del Pozo Fernández respecto de la proclamación de los Secretarios de la Mesa del Parlamento de Andalucía efectuada por el Presidente de la sesión constitutiva de la Cámara.

Vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad en relación con el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes: interpretación del reglamento parlamentario que priva injustificadamente a la recurrente de su derecho a formar parte de la mesa de la Cámara.

Sala Segunda. Sentencia 200/2016, de 28 de noviembre de 2016

Recurso de amparo 4960-2015. Promovido por Sporafrik, S. L., en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Orihuela, que denegó su solicitud de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar los medios de conocimiento de su domicilio real (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 201/2016, de 28 de noviembre de 2016

Recurso de amparo 201-2016. Promovido por don Abdelmajij Bilal, en calidad de tutor legal de don Z. B., en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que acordaron la salida del territorio nacional, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona que desestimaron su impugnación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).

Pleno. Sentencia 202/2016, de 1 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4972-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y acceso al recurso) y a la igualdad en la ley y principio de capacidad económica: pérdida parcial de objeto del recurso (STC 140/2016), regulación del devengo de la tasa en el orden social y en el recurso contencioso-administrativo.

Pleno. Sentencia 203/2016, de 1 de diciembre de 2016

Cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales 1042-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Gipuzkoa.

Sistema tributario de los territorios históricos: nulidad de las modificaciones introducidas en el método de estimación objetiva de determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Pleno. Sentencia 204/2016, de 1 de diciembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6036-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao en relación con el artículo 89.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la función pública vasca.

Competencia sobre función pública: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en la que se aduce inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal autonómico (STC 102/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 205/2016, de 1 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 36-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del apartado 12 del artículo único de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de energías renovables y ahorro y eficiencia energética de la Región de Murcia.

Competencias en materia de energía: nulidad del precepto legal autonómico que regula el autoconsumo de energía eléctrica vulnerando la normativa básica estatal (STC 60/2016).

Sala Primera. Sentencia 206/2016, de 12 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 1429-2015. Promovido por don Jaume Bassas Soriano respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Primera. Sentencia 207/2016, de 12 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 1765-2015. Promovido por doña Aroa Pardell Martín respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Primera. Sentencia 208/2016, de 12 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 3691-2015. Promovido por don José Antonio Pacheco Cordero respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Primera. Sentencia 209/2016, de 12 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 4093-2015. Promovido por don José Lara Aragón y doña María Nieves Rodríguez Guzmán respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Pleno. Sentencia 210/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4539-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, farmacia y Seguridad Social: constitucionalidad de las previsiones legales autonómicas relativas a la selección, mediante la correspondiente convocatoria pública, por el servicio de salud, de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica.

Pleno. Sentencia 211/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 630-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.

Límites a los decretos-leyes autonómicos; competencias sobre legislación mercantil, comercio y ordenación general de la economía: nulidad de los preceptos legales autonómicos que limitan, por razones tanto espaciales o temporales, la libertad de horarios comerciales establecida en la normativa básica estatal.

Pleno. Sentencia 212/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 1206-2013. Promovido por doña Mónica Oltra Jarque en relación con los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas de inadmisión a trámite de una proposición no de ley.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: inadmisión de una iniciativa parlamentaria carente de motivación suficiente (STC 44/2010).

Pleno. Sentencia 213/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4985-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados respecto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Iniciativa legislativa popular y derechos a la igualdad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva y a una vivienda digna; protección de los consumidores: constitucionalidad del texto legal resultante de la tramitación conjunta de una iniciativa legislativa popular y un proyecto de ley; pérdida parcial de objeto del recurso; constitucionalidad del régimen transitorio establecido en la ley.

Pleno. Sentencia 214/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 264-2015. Interpuesto por el Gobierno Vasco respecto de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Competencia sobre ordenación general de la economía, comercio interior y estadística para fines propios: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos al régimen de horarios comerciales en zonas de gran afluencia turística (STC 195/2016).

Pleno. Sentencia 215/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 7466-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

Procedimiento legislativo y derecho de participación de los parlamentarios; modelo de justicia constitucional; multas coercitivas, principio de legalidad penal y aforamiento, control de la actividad de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de la regulación legal de medios de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional (STC 185/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 216/2016, de 15 de diciembre de 2016

Conflicto positivo de competencia 2740-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar.

Competencias en materia de aguas: inadmisión del conflicto al no plantear una cuestión relativa al orden constitucional de competencias (STC 44/2007).

Pleno. Sentencia 217/2016, de 15 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 4621-2016. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con el artículo 2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para 2016.

Principio de cooperación y funciones de las comisiones mixtas Estado-Comunidad Autónoma sobre asuntos económico-financieros: constitucionalidad del precepto legal que aprueba créditos para las inversiones estatales en Aragón a realizar durante el ejercicio presupuestario de 2016.

Sala Segunda. Sentencia 218/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 7425-2014. Promovido por don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada Cots Paltor respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Segunda. Sentencia 219/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 7461-2014. Promovido por doña Teresa Hualde Juvera en relación con la resolución sancionadora del Ministerio de Economía y Hacienda y la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12, desestimatoria del recurso interpuesto frente a aquella.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción administrativa resultante de una irrazonable subsunción de la conducta de la habilitada de clases pasivas en el tipo aplicado.

Sala Segunda. Sentencia 220/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 7463-2014. Promovido por don Juan José Martín Moreno en relación con la resolución sancionadora del Ministerio de Economía y Hacienda y la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12, desestimatoria del recurso interpuesto frente a aquella.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción administrativa resultante de una irrazonable subsunción de la conducta del habilitado de clases pasivas en el tipo aplicado.

Sala Segunda. Sentencia 221/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 2393-2015. Promovido por don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María del Mar Castaño Noguerol respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Segunda. Sentencia 222/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 3857-2015. Promovido por Cap Deu, S. L., y Lasbolis 2001, S. L., en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla acordando el sobreseimiento de oposición a la ejecución hipotecaria.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): voluntad de desistimiento razonablemente inferida de la inasistencia al juicio de las mercantiles recurrentes.

Sala Segunda. Sentencia 223/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 4094-2015. Promovido por don Ricardo Vázquez Castañeda respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Segunda. Sentencia 224/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 1315-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadecuada calificación de las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean incorporarse.

Sala Segunda. Sentencia 225/2016, de 19 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 1493-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadecuada calificación de las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean incorporarse.

Pleno. Sentencia 226/2016, de 22 de diciembre de 2016

Recurso de amparo 6237-2011. Promovido por doña Susana Pérez-Alonso García-Scheredre en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre sanción de suspensión temporal de militancia en el Partido Socialista Obrero Español.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción disciplinaria impuesta por las manifestaciones efectuadas en un medio de comunicación que inducían a pensar que el partido político no respeta el mandato constitucional de organización y funcionamiento democrático. Voto particular.

Pleno. Sentencia 227/2016, de 22 de diciembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 905-2014. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega en relación con el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): nulidad de la tasa que grava la interposición del recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil (STC 140/2016).

Pleno. Sentencia 228/2016, de 22 de diciembre de 2016

Recurso de inconstitucionalidad 1442-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea.

Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos legales que no vinculan la acción exterior de la Generalitat al ejercicio de las competencias autonómicas; interpretación conforme con la Constitución de las expresiones «actor internacional activo» y «actor internacional comprometido, solidario y responsable» y la regulación de los convenios y acuerdos de colaboración internacional (STC 31/2010). Votos particulares.

AUTOS

Pleno. Auto 35/2016, de 16 de febrero de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 6379-2014. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6379-2014, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo respecto del artículo 168.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo.

Pleno. Auto 84/2016, de 26 de abril de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4184-2015. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4184-2015, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense en relación con la disposición adicional vigésima primera de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.

Pleno. Auto 122/2016, de 7 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 7265-2015. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7265-2015, planteada por la Audiencia Provincial de Málaga en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea.

Pleno. Auto 129/2016, de 21 de junio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3789-2015. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3789-2015, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Voto particular.

Pleno. Auto 141/2016, de 19 de julio de 2016

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias.

Pleno. Auto 145/2016, de 19 de julio de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2700-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2700-2016, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales.

Sección Tercera. Auto 148/2016, de 22 de julio de 2016

Recurso de amparo 1726-2016. Inadmite a trámite el recurso de amparo 1726-2016, promovido por Avite (asociación de víctimas de la talidomida en España) en pleito civil.

Pleno. Auto 155/2016, de 20 de septiembre de 2016

Recurso de amparo 4001-2015. Inadmite a trámite el recurso de amparo 4001-2015, promovido por don Pedro José Picabea Ugalde en relación con el Auto y Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recaída en recurso de casación número 10711-2014. Votos particulares.

Pleno. Auto 168/2016, de 4 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2209-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2209-2016, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona en relación con los artículos 17 y 540 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Pleno. Auto 170/2016, de 6 de octubre de 2016

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, y el Auto 141/2016, de 19 de julio, promovido por el Gobierno de la Nación, en relación con una resolución dictada por el Parlamento de Cataluña.

Pleno. Auto 176/2016, de 18 de octubre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 2394-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2394-2016, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo 30 del texto refundido de la Ley de función pública de Galicia, en la redacción dada al mismo por el artículo 21 de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Pleno. Auto 183/2016, de 15 de noviembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 3662-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3662-2016, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los capítulos I y II de la Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el canon eólico y el fondo para el desarrollo tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla-La Mancha.

Pleno. Auto 187/2016, de 15 de noviembre de 2016

Cuestión de inconstitucionalidad 4766-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4766-2016, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona en relación con el artículo 47.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2012-2016)

Índice
I. Cuadros generales
Cuadro n.º 1 | Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas
Cuadro n.º 2 | Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso
Cuadro n.º 3 | Resoluciones dictadas durante el año, según el tipo de resolución
Cuadro n.º 4 | Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos)
Cuadro n.º 5 | Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos
Cuadro n.º 6 | Procesos y asuntos admitidos pendientes de Sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre
II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones |
Cuadro n.º 7 | Asuntos ingresados según el promotor
Cuadro n.º 8 | Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades Autónomas
Cuadro n.º 9 | Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso
Cuadro n.º 10 | Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia
III. Recursos de amparo |
Cuadro n.º 11 | Origen de los recursos de amparo ingresados
Cuadro n.º 12 | Recurrentes y derecho fundamental invocado
Cuadro n.º 13 | Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE
Cuadro n.º 14 | Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas
Cuadro n.º 15 | Motivos de admisión e inadmisión de los recursos de amparo
Cuadro n.º 16 | Resoluciones dictadas y amparos resueltos
IV. Datos comparados (años 2012-2016) |
Cuadro n.º 17 | Asuntos ingresados
| Resoluciones dictadas
| Asuntos resueltos
| Asuntos pendientes

I.

Cuadros generales

Cuadro n.º 1

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO Y SU DISTRIBUCIÓN INICIAL ENTRE EL PLENO Y LAS SALAS

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 6 | 484 | 490
Febrero | 6 | 531 | 537
Marzo | 9 | 716 | 725
Abril | 16 | 625 | 641
Mayo | 11 | 640 | 651
Junio | 8 | 786 | 794
Julio | 9 | 656 | 665
Agosto | 2 | 116 | 118
Septiembre | 13 | 561 | 574
Octubre | 2 | 495 | 497
Noviembre | 2 | 538 | 540
Diciembre | 5 | 537 | 542
Totales | 89 | 6.685 | 6.774

Cuadro n.º 2

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO, CLASIFICADOS SEGÚN EL TIPO DE PROCESO

Recursos de inconstitucionalidad | 32
Cuestiones de inconstitucionalidad | 44
Recursos de amparo | 6.685
Conflictos positivos de competencia | 10
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local | 1
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1
Total | 6.774

Asuntos ingresados en el Tribunal

Asuntos ingresados en el Pleno

Cuadro n.º 3

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO[1]

| PLENO | SALA I y sus Secciones | SALA II y sus Secciones | TOTAL
SENTENCIAS |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 51 | 24 | 37 | 112
Desestimación | 64 | 7 | 17 | 88
Inadmisión | 10 | 6 | 12 | 28
TOTAL SENTENCIAS (+ asuntos acumulados): | 125 (+ 3) | 37 (+ 1) | 66 | 228 (+ 4)
DICTADAS POR LA SALA |  | 37 | 66 |
POR LA SECCIÓN 1ª |  | – | – |
POR LA SECCIÓN 2ª |  | – | – |
POR LA SECCIÓN 3ª |  | – | – |
POR LA SECCIÓN 4ª |  | – | – |
AUTOS |  |  |  |
- Inadmisión | 79 | 1 | 1 | 81
- Terminación[2] | 3 | 18 | 20 | 41
- Suspensión de leyes | 13 | – | – | 13
- Suspensión de otras disposiciones | 2 | 9 | 14 | 25
- Aclaración o rectificación | – | – | – | –
- Acumulación | – | 2 | – | 2
- Recusación y abstención | 1 | 4 | 5 | 10
- Ejecución | 3 | – | – | 3
- Súplica | – | 13 | 12 | 25
- Varios | 1 | 7 | 1 | 9
TOTAL AUTOS | 102 | 54 | 53 | 209
PROVIDENCIAS[3] |  |  |  |
Admisión | 60 | 27 | 40 | 127
Inadmisión[4] | – | 3.616 | 3.410 (–7) | 7.026 (–7)
Terminación | – | 37 | 441 | 478
Total providencias | 60 | 3.680 | 3.891 (–7) | 7.631 (–7)
TOTAL DE RESOLUCIONES DICTADAS | 287 | 3.771 | 4.010 | 8.068
TOTAL DE RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS | 80 | 62 | 72 | 214
TOTAL DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS[5] | 207 | 3.709 | 3.938 | 7.854
TOTAL DE ASUNTOS RESUELTOS | 211 | 3.710 | 3.931 | 7.851

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

Cuadro n.º 4

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS DISTINTOS PROCESOS (Y ASUNTOS RESUELTOS[6])

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares[7]
Recurso de inconstitucionalidad | 84 (+3) | 40
Cuestión de inconstitucionalidad[7-1] | 41 | 6
Recurso de amparo | 88 (+1) | 12
Conflicto positivo de competencias | 12 | 3
Conflicto negativo de competencia | – | –
Conflicto entre órganos constitucionales | – | –
Conflicto en defensa de la autonomía local | 2 | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | 1 | –
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 228 (+4) | 61

Cuadro n.º 5

RELACIÓN ENTRE ASUNTOS INGRESADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS

FASE DE ADMISIÓN | PLENO | SALA I | SALA II | SALAS | TOTAL
Asuntos recibidos | 89 | 3.354 | 3.331 | 6.685 | 6.774
De nuevo ingreso | 89 | 3.343 | 3.342 | 6.685 | 6.774
Traslados entre Salas | – | (+71/-60) | (+60/-71) |  |
Asuntos admitidos | 60 | 27 | 40 | 67 | 127
Asuntos inadmitidos | 79 | 3.617 | 3.404 | 7.021 | 7.100
Por providencia | – | 3.616 | 3.410 | 7.026 | 7.026
Por Auto | 79 | 1 | 1 | 2 | 81
Revocaciones en súplica | – | – | -7 | -7 | -7
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | – | 53 | 458 | 511 | 511
Por providencia | – | 37 | 441 | 478 | 478
Por Auto | – | 16 | 17 | 33 | 33
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | -50 | -343 | -571 | -914 | -964

FASE DE SENTENCIA | PLENO | SALA I | SALA II | SECCIONES | SALAS Y SECCIONES | TOTAL
Asuntos a sentenciar | 55 | 31 | 41 | – | 72 | 127
Asuntos admitidos | 60 | 27 | 40 | – | 67 | 127
Traslados entre Salas | – | – | – | – |  |
Avocados (admitidos) | 1 | -1 | – | – |  |
Deferidos a las Salas | -6 | 5 | 1 | – |  |
Deferidos a las Secciones | – | – | – | – |  |
Acumulaciones | – | 2 | – | – | 2 | 2
Procesos a sentenciar | 55 | 29 | 41 | – | 70 | 125
Asuntos resueltos | 132 | 39 | 68 | – | 107 | 239
Por Sentencia | 125 | 37 | 66 | – | 103 | 228
De los cuales, por la Sala |  |  |  | – |  |
Sección 1ª |  |  |  | – |  |
Sección 2ª |  |  |  | – |  |
Sección 3ª |  |  |  | – |  |
Sección 4ª |  |  |  | – |  |
Asuntos terminados (después de su admisión) | 4 | 1 | 2 | – | 3 | 7
Acumulados | 3 | 1 | – |  | 1 | 4
Procesos resueltos | 129 | 38 | 68 |  | 106 | 235
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | -77 | -8 | -26 | – | -34 | -111
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | -74 | -9 | -26 | – | -35 | -109

Cuadro n.º 6

A) PROCESOS Y ASUNTOS ADMITIDOS PENDIENTES DE SENTENCIA A 31 DE DICIEMBRE

| PROCESOS | ASUNTOS
Pleno | 157 | 160
Recursos de inconstitucionalidad | 103 | 106
Cuestiones de inconstitucionalidad | 20 | 20
Recursos de amparo avocados | 8 | 8
Conflictos positivos de competencia | 22 | 22
Conflictos negativos de competencia | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | 1 | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2 | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1 | 1
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 26 | 26
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 3 | 3
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 40 | 40
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 1 | 1
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad | 24 | 24
Suma de los recursos de amparo | 74 | 74
Suma de los conflictos positivos de competencia | 21 | 21

B) ASUNTOS PENDIENTES DE DECIDIR SOBRE ADMISIÓN A 31 DE DICIEMBRE

Pleno | 11
Recursos de inconstitucionalidad | 1
Cuestiones de inconstitucionalidad | 10
Conflictos positivos de competencia | –
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Sala Primera Recursos de amparo | 1.224
Sala Segunda Recursos de amparo | 1.134
Ambas Salas Recursos de amparo | 2.358

II.

Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones
y declaraciones

Cuadro n.º 7

PLENO: ASUNTOS INGRESADOS SEGÚN EL PROMOTOR

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | – | 16
Promovidos por el Defensor del Pueblo | – | –
Promovidos por Diputados o Senadores | – | 3
Promovidos por las Comunidades Autónomas | 13 | –
Otros | – | –
Total | 13 | 19
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 6 | 2
Audiencia Nacional | 1 | –
Tribunal Militar Central | – | –
Tribunales Superiores de Justicia | 3 | 11
Tribunales Militares Territoriales | – | –
Audiencias Provinciales | 1 | –
Juzgados | 11 | 9
Otros | – | –
Total | 22 | 22
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) | – | –
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  |
Estado contra Comunidades Autónomas |  | 1
Comunidades Autónomas contra Estado |  | 9
Comunidades Autónomas entre sí |  | –
Conflictos negativos de competencia |  | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 1
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  | –
Total |  | 12

Cuadro n.º 8

LITIGIOSIDAD TERRITORIAL DURANTE EL AÑO, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS[8]

| Recursos de inconstitucionalidad[9] | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | 3 | 2 | – | –
Cataluña | 4 | 7 | 6 | 1
Galicia | 1 | – | – | –
Andalucía | 1 | – | 1 | –
Asturias | – | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | 1 | – | –
Valencia | 1 | – | – | –
Aragón | 2 | 2 | 1 | –
Castilla-La Mancha | – | 1 | 1 | –
Canarias | 2 | – | – | –
Navarra | – | 1 | – | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | – | – | – | –
Madrid | – | 1 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 14 | 15 | 9 | 1
29 | 10

Cuadro n.º 9

RESOLUCIONES DICTADAS Y ASUNTOS RESUELTOS, SEGÚN EL TIPO DE PROCESO*[10]

Tipo de proceso | PLENO |  | SALA I |  | SALA II |  | Total
S. | A.I. | A.T. |  | S. | A.I. | A.T. |  | S. | A.I. | A.T.
Recursos de inconstitucionalidad | 84 (+3) | – | 3 |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 87 (+3)
Cuestiones de inconstitucionalidad | 16 | 77 | – |  | 8 | – | – |  | 17 | – | 2 |  | 120
Conflictos positivos de competencia | 12 | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 12
Conflictos negativos de competencia | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2 | 1 | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 3
Impugnación de disposiciones de las Comunidades Autónomas | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | 1 | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 1
Suma parcial | 115(+3) | 78 | 3 |  | 8 | – | – |  | 17 | – | 2 |  |
Totales | 196 |  | 8 |  | 19 |  | 223 (+3)

S. = Sentencia A. I. = Auto de inadmisión A. T. = Auto de terminación

Cuadro n.º 10

ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE, CLASIFICADOS POR SU TIPO Y PROCEDENCIA

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad | 106
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | – | 36 |
Defensor del Pueblo | – | 2
Diputados o Senadores | 12 | 7
Comunidades Autónomas | 49 | –
Conflictos positivos de competencia | 22
Planteados por el Gobierno de la Nación | 7
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 15
Cuestiones de inconstitucionalidad | 24
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 156

B) Clasificados por Comunidad Autónoma(*)[11]

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | 7 | 2 | 1 | 4
Cataluña | 20 | 20 | 3 | 9
Galicia | – | 3 | – | –
Andalucía | 10 | 1 | 2 | 1
Asturias | 1 | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | – | – | –
Valencia | – | 4 | – | –
Aragón | 1 | 5 | – | 1
Castilla-La Mancha | – | – | – | –
Canarias | 7 | 1 | – | –
Navarra | 1 | 7 | 1 | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | – | – | – | –
Madrid | 1 | 2 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 48 | 45 | 7 | 15
103 | 22

III.

Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

ORIGEN DE LOS RECURSOS DE AMPARO INGRESADOS

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 9
Procedencia jurisdiccional |
Civil | 1.086
Penal | 3.169
Penitenciario | 323
Contencioso-administrativo | 1.659
Social | 412
Militar | 16
Otros | 11
Total | 6.685

Cuadro n.º 12

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LAS SALAS, CON EXPRESIÓN DE LOS RECURRENTES Y DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 5.786
Personas jurídicas de Derecho privado | 838
Entes públicos | 61
Defensor del Pueblo | –
Ministerio fiscal | –
Total | 6.685

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 877 | 13,11
Tutela judicial (art. 24 CE) | 4.957 | 74,15
Otros derechos y libertades: | 1.689 | 25,26
Vida e integridad (art. 15 CE) | 137 | 2,05
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 14 | 0,21
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 352 | 5,27
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 272 | 4,07
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 33 | 0,49
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 32 | 0,48
Reunión (art. 21 CE) | 9 | 0,13
Asociación (art. 22 CE) | 12 | 0,18
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 99 | 1,49
Legalidad penal (art. 25 CE) | 684 | 10,23
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 5 | 0,07
Educación (art. 27 CE) | 5 | 0,07
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 25 | 0,37
Petición (art. 29 CE) | 10 | 0,15
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | – | –

Cuadro n.º 13

RECURSOS DE AMPARO: FRECUENCIA DE LA INVOCACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Peniten-ciario | Social | Contencioso-administrativo | Militar |
ART. 24.1 |  |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 901 | 2.113 | 145 | 321 | 1.398 | 11 | 4.889
ART. 24.2 |  |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 14 | 61 | – | 4 | 21 | 1 | 101
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 35 | 149 | 3 | 22 | 50 | – | 259
Derecho a ser informado de la acusación | – | 21 | 1 | – | 8 | – | 30
Derecho a un proceso público. | 2 | 9 | – | 1 | 1 | – | 13
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 7 | 46 | 2 | 1 | 10 | – | 66
Derecho a un proceso con todas las garantías | 67 | 371 | 5 | 20 | 80 | 1 | 544
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 17 | 122 | 2 | 8 | 71 | – | 220
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | – | 7 | – | – | 3 | – | 10
Derecho a la presunción de inocencia | 10 | 897 | 10 | 9 | 85 | 4 | 1.015
Total | 1.053 | 3.796 | 168 | 386 | 1.726 | 17 | 7.147

Cuadro n.º 14

RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS, SEGÚN EL ÓRGANO QUE DICTÓ LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN

Tribunal Supremo | 2.064
Otros órganos jurisdiccionales: |
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 8
B) En segunda instancia o suplicación | 2.777
C) En primera o única instancia | 1.726
Órganos no judiciales / no consta | 110
Total | 6.685
Tribunal Supremo | 2.064
Audiencia Nacional | 160
Tribunal Militar Central | 1
Tribunales Superiores de Justicia | 1.055
Tribunales Militares Territoriales | –
Audiencias Provinciales | 2.276
Juzgados | 1.019
Órganos no judiciales / no consta | 110
Total | 6.685

RESOLUCIONES JUDICIALES ANULADAS [12]

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 2 | 8
Tribunales Superiores de Justicia | 10 | 2
Audiencia Nacional | 2 | 1
Audiencias Provinciales | 2 | 21
Juzgados | 6 | 24

Cuadro n.º 15

A) MOTIVOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de admisión | Recursos | Porcentaje
Ausencia de doctrina constitucional | 12 | 17,91
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 17 | 25,37
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 3 | 4,48
Eventual origen normativo de la vulneración | 8 | 11,94
Eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley | 3 | 4,48
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | 1 | 1,49
Eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales | 9 | 13,43
Repercusión social o económica | 2 | 2,99
Consecuencias políticas generales | 4 | 5,97
Varios motivos | 8 | 11,94
Sin indicación de motivos | – | –
Total | 67 | 100

B) MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 677 | 16,00
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 1.656 | 39,15
Falta de especial trascendencia constitucional | 662 | 15,65
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 169 | 4,00
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 19 | 0,45
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 397 | 9,39
Extemporaneidad del recurso | 179 | 4,23
Falta de subsanación de defectos procesales | 340 | 8,04
Varios motivos | 107 | 2,53
Otros motivos | 24 | 0,57
Total | 4.230 | 100

Cuadro n.º 16

RESOLUCIONES DICTADAS Y AMPAROS RESUELTOS[13]

| SENTENCIA | AUTO | PROVIDENCIA DEFINITIVA | SUMAS
|  | Inadmisión | Terminación[14] | Inadmisión | Terminación[15] |
Pleno | 10 | 1 | – | – | – | 11
Sala Primera | 29 (+1) | 1 | 1 | 3.616 | 37 | 3.684 (+1)
Sección Primera | – | – | 11 | – | – | 11
Sección Segunda | – | – | 6 | – | – | 6
Sala Segunda | 49 | – | 1 | 3.410 (-7) | 441 | 3.901 (-7)
Sección Tercera | – | 1 | 6 | – | – | 7
Sección Cuarta | – | – | 11 | – | – | 11
Totales | 88 (+1) | 3 | 36 | 7.026 (-7) | 478 | 7.631 (-6)

IV.

Datos comparados
(2012-2016)

Cuadro n.º 17

DATOS COMPARADOS 2012-2016

Asuntos ingresados | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Recursos de inconstitucionalidad | 38 | 76 | 60 | 42 | 32
Cuestiones de inconstitucionalidad | 42 | 106 | 141 | 113 | 44
Recursos de amparo | 7.205 | 7.376 | 7.663 | 7.203 | 6.685
Conflictos positivos de competencia | 8 | 12 | 5 | 5 | 10
Conflictos negativos de competencia | 1 | – | 3 | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | 2 | 2 | 2 | 1
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | 1 | 4 | 1 | –
Requerimientos sobre tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  | 2 | 1
Total | 7.294 | 7.573 | 7.878 | 7.369 | 6.774

Resoluciones dictadas | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 136 | 129 | 95 | 107 | 125
Sala Primera y sus Secciones | 59 | 39 | 48 | 67 | 37
La Sala | 59 | 39 | 48 | 67 | 37
Sección 1ª | – | – | – | – | –
Sección 2ª | – | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 51 | 51 | 72 | 98 | 66
La Sala | 50 | 51 | 72 | 98 | 66
Sección 3ª | – | – | – | – | –
Sección 4ª | 1 | – | – | – | –
Total | 246 | 219 | 215 | 272 | 228
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 44 | 43 | 52 | 64 | 83
Sala Primera y sus Secciones | 36 | 36 | 57 | 37 | 18
Sala Segunda y sus Secciones | 24 | 32 | 48 | 24 | 20
Total | 104 | 111 | 157 | 125 | 123
Providencias de inadmisión y terminación |
Pleno | 3 | – | – | 2 | –
Sala Primera | 3.948 | 2.802 | 3.275 | 4.258 | 3.653
Sala Segunda | 3.387 | 3.082 | 3.406 | 4.107 | 3.851
Total | 7.338 | 5.884 | 6.681 | 8.367 | 7.504
Autos interlocutorios | 145 | 187 | 148 | 104 | 86
Providencias de admisión | 209 | 264 | 208 | 196 | 127
Total de resoluciones definitivas (Sentencias + Autos definitivos + providencias definitivas) | 7.691 | 6.214 | 7.051 | 8.764 | 7.855
Total de resoluciones dictadas | 8.041 | 6.665 | 7.409 | 9.064 | 7.852

ADMISIÓN EN LAS SALAS

ADMISIÓN EN EL PLENO

Asuntos resueltos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Recursos de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 51 | 76 | 50 | 56 | 84
(de ellos, por Sentencia de Sala) | – | 2 | 1 | – | –
Por Auto o providencia | – | 2 | 7 | 9 | 3
(de ellos, por resolución de Sala) | – | 3 | 1 | – | –
Acumulados con los anteriores | 6 | 5 | 5 | – | 3
Total | 57 | 83 | 62 | 65 | 90
Cuestiones de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 41 | 17 | 32 | 107 | 41
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 11 | 6 | 15 | 84 | 25
Por Auto o providencia | 23 | 61 | 52 | 65 | 79
(de ellos, por resolución de Sala) | – | 21 | 12 | 11 | 2
Acumulados con los anteriores | 1 | – | – | – | –
Total | 65 | 78 | 84 | 172 | 120
Recursos de amparo |
Por Sentencia | 124 | 87 | 109 | 96 | 88
(de ellos, por Sentencia del Pleno) | 33 | 9 | 15 | 17 | 10
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 90 | 78 | 94 | 79 | 78
(de ellos, por Sentencia de Sección) | 1 | – | – | – | –
Por Auto de inadmisión | 2 | 5 | 3 | – | 3
(de ellos, por Auto del Pleno) | 2 | – | – | – | 1
Por providencia de inadmisión | 7.298 | 5.342 | 6.659 | 7.880 | 7.019
Por otras causas | 43 | 574 | 109 | 535 | 478
Acumulado con los anteriores | 5 | 3 | 2 | 2 | 1
Total | 7.472 | 6.012 | 6.882 | 8.513 | 7.625
Conflictos positivos de competencia |
Por Sentencia | 29 | 38 | 20 | 7 | 12
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 10 | 4 | 10 | 2 | –
Por Auto o providencia | 3 | 2 | – | – | –
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | 2 | – | – | – | –
Total | 34 | 40 | 20 | 7 | 12
Conflictos negativos de competencia |
Por Sentencia | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | 1 | – | 3 | – | –
Total | 1 | – | 3 | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |
Por Sentencia | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Por Sentencia | 1 | 1 | 3 | 1 | 2
Por Auto o providencia | – | 3 | 2 | 2 | 1
Total | 1 | 4 | 5 | 3 | 3
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |
Por Sentencia | – | – | 1 | 5 | –
Por Auto o providencia | – | – | – | 1 | –
Total | – | – | 1 | 6 | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Por Declaración | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales |  |  |  |
Por Sentencia | – | – | – | – | 1
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | 1
Total de asuntos resueltos | 7.630 | 6.217 | 6.968 | 8.759 | 7.851

SENTENCIAS EN LAS SALAS

SENTENCIAS EN EL PLENO

Asuntos admitidos pendientes de Sentencia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 182 | 175 | 183 | 157 | 103
Acumulados | 8 | 8 | 4 | 6 | 3
Procesos en la Sala Primera | 2 | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | 1 | – | – | – | –
Total | 193 | 183 | 187 | 163 | 106
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 32 | 27 | 27 | 19 | 20
Acumulados | 1 | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 26 | 19 | 35 | 9 | 3
Procesos en la Sala Segunda | 22 | 25 | 46 | 19 | 1
Total | 81 | 71 | 108 | 47 | 24
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 56 | 29 | 23 | 23 | 22
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 4 | 4 | 1 | 1 | –
Procesos en la Sala Segunda | 12 | 9 | 2 | – | –
Total | 72 | 42 | 26 | 24 | 22
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | 1
Total | – | – | – | – | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Procesos en el Pleno | 5 | 7 | 5 | 4 | 2
Acumulados | 1 | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | 1 | – | – | – | –
Total | 7 | 7 | 5 | 4 | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |
Procesos en el Pleno | – | 1 | 4 | – | –
Total | – | 1 | 4 | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | 3 | 1
Total | – | – | – | 3 | 1
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 15 | 12 | 10 | 11 | 8
(acumulados con los anteriores) | 2 | – | – | – | –
Sala Primera y sus Secciones | 59 | 77 | 36 | 34 | 26
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 66 | 78 | 70 | 54 | 40
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | –
Suma de procesos de amparo | 142 | 167 | 116 | 99 | 74
Total de procesos pendientes de Sentencia de Pleno | 290 | 251 | 252 | 217 | 157
Total de procesos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 193 | 212 | 190 | 117 | 70
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Pleno | 302 | 259 | 256 | 223 | 160
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 183 | 212 | 190 | 117 | 70

Asuntos pendientes de admisión | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | 2 | 4 | 5 | 2 | 1
Cuestiones de inconstitucionalidad | 10 | 38 | 50 | 55 | 10
Recursos de amparo avocados | – | – | – | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | 1 | – | – | –
Conflictos negativos de competencia | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2 | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | – | – | – | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | – | – | – | –
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 1.510 | 1.987 | 2.403 | 1.770 | 1.224
Sala Segunda | 1.385 | 1.751 | 2.060 | 1.542 | 1.134
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 14 | 43 | 55 | 57 | 11
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 2.895 | 3.738 | 4.463 | 3.312 | 2.358

PENDIENTES DE SENTENCIA EN EL PLENO

PENDIENTES DE SENTENCIA EN LAS SALAS

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN EL PLENO

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN LAS SALAS

RESUMEN DEL PLENO

RESUMEN DE LAS SALAS

RESUMEN DEL TRIBUNAL

[1] Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

[2] Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

[3] Providencias que no son de mero trámite.

[4] Fueron revocadas en súplica nueve providencias de inadmisión: dos de la Sala Primera y siete de la Sala Segunda.

[5] Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

[6] Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados.

[7] Algunas sentencia contaron con varios votos particulares. Se formularon asimismo votos particulares a siete autos.

[7-1] De ellas, una cuestión interna de inconstitucionalidad.

[8] Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

[9] Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

[10]* Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados. Los recursos de amparo avocados por el Pleno aparecen en el cuadro 16.

[11](*) Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

[12](*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial sólo se registra la anulación de la sentencia.

[13] Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

[14] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[15] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tramitó un total de 626 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Durante el año, 557 demandas relacionadas con las actuaciones de los poderes públicos españoles fueron inadmitidas o archivadas por diversas causas y se dictaron 16 sentencias. En estas 16 sentencias se resolvieron 18 asuntos pues en las Sentencias Vlielland Boddy y Marcelo Lanni c. España, de 16 de febrero, y Menéndez García y Álvarez González c. España, de 15 de marzo, se solventaron 2 demandas acumuladas en cada una. En diez de estas sentencias se estimaron las correspondientes demandas: las dictadas en los casos Rodríguez Ravelo c. España, de 12 de enero; Vlielland Boddy y Marcelo Lanni c. España, de 16 de febrero; Porcel Terribas y otros c. España, de 8 de marzo; Menéndez García y Álvarez González c. España, de 15 de marzo; Gómez Olmeda c. España, de 29 de marzo; Beortegui Martínez c. España, de 31 de mayo; Jiménez Losantos c. España, de 14 de junio; Flores Quirós c. España, de 19 de julio; Cano Moya c. España y Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias c. España, ambas de 11 de octubre; Comunidad de Propietarios Pando número 20 c. España y Ruiz-Villar Ruiz c. España, ambas de 20 de diciembre. Resultaron, por el contrario, desestimatorias las sentencias recaídas en los casos Pérez Martínez c. España, de 23 de febrero, Aldeguer Tomás c. España, de 14 de junio, y Hernández Royo c. España, de 20 de septiembre.

Además de estas sentencias, cabe reseñar algunas decisiones adoptadas en trámite de admisión. Así, en el caso Barik Edidi c. España, se inadmitió el 26 de abril de 2016 la demanda promovida por quien no fuera autorizada a ocupar un lugar en el estrado de la sala de un tribunal, mientras se celebraba un juicio oral, con la cabeza cubierta por un hiyab y que aducía vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 8 (derecho a la vida privada) y 9 (libertad religiosa y de conciencia) del Convenio europeo de derechos humanos y en el artículo 1 del Protocolo número 12 (prohibición de discriminación), además de considerar vulnerado su derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH) al no haber examinado el fondo de sus quejas los órganos jurisdiccionales españoles que intervinieron en el asunto. El Tribunal inadmitió a trámite la demanda por inadecuado agotamiento de los recursos internos, resultante del extemporáneo planteamiento del recurso de alzada promovido frente a la primera de las resoluciones judiciales que luego trató de controvertir.

Idéntica causa de inadmisión apreció el Tribunal en el asunto M. L. R. c. España el 7 de marzo de 2016. En este caso la recurrente denunciaba que se le habría privado sin causa de toda relación con sus dos hijos pese a tener una sentencia firme a su favor, pero el Tribunal constató que la demandante no había recurrido la resolución administrativa que se adoptó en el marco del cumplimiento de la sentencia indicada y que, por lo tanto, no había agotado las vías de recurso internas.

El Auto de 21 de junio de 2016, dictado en el caso G. J. c. España, acordó la inadmisión de la demanda porque la organización no gubernamental que actuó en representación de la demandante, que había sido expulsada a Nigeria, no estaba legitimada para interponerla. El Tribunal apreció que no era clara la voluntad de acudir al mismo de la demandante, ya que nunca proporcionó a la asociación ningún poder para actuar ante el Tribunal ni le dio instrucciones en tal sentido.

La decisión de 15 de marzo de 2016, dictada en el caso Cándido González Martín y Plasencia Santos c. España, acordó la inadmisión de la demanda interpuesta por quienes consideraron que las prórrogas del secreto de sumario dilataron indebidamente el periodo global del procedimiento y que se les había vulnerado el derecho a gozar de un proceso sin dilaciones indebidas. El Tribunal concluyó que la demanda estaba manifiestamente mal fundada pues el mantenimiento del secreto del sumario no tuvo una repercusión decisiva en el periodo de la causa penal en su conjunto.

La decisión de 27 de septiembre de 2016, dictada en el caso Godoy y otros c. España, acordó la inadmisión de la demanda interpuesta por quienes consideraron vulnerado el derecho al respeto de sus bienes como consecuencia de la excesiva duración de un procedimiento expropiatorio. El Tribunal apreció que los demandantes no habían tenido que soportar una carga especial y exorbitante que hubiera roto el justo equilibrio a ponderar entre la protección de la propiedad y las exigencias del interés general, e inadmitió consecuentemente la demanda por estar manifiestamente mal fundada.

De entre las resoluciones acordando el archivo de las demandas en tramitación, cabe reseñar la decisión dictada el 7 de junio de 2016 en el asunto López Gallego c. España. En esta ocasión el Tribunal archivó la demanda presentada por quien consideraba que había sido sancionado dos veces por el mismo hecho pero no mantuvo la demanda al no seguir los trámites procesales correspondientes. Por este mismo motivo y mediante decisión de 15 de marzo de 2016, el Tribunal archivó el asunto Porto y Álvarez-Cascos c. España, cuyos promotores habían denunciado vulneración del derecho al honor. La decisión de 19 de enero de 2016 dictada en el asunto Lorenzo Vázquez c. España archivó la demanda interpuesta por quien controvertía la aplicación a su caso de la denominada «doctrina Parot», que habría supuesto una indebida prolongación de su estancia en prisión. El Tribunal constató que el demandante había sido puesto en libertad de manera definitiva el 14 de noviembre de 2013 en aplicación de la doctrina sentada en la Sentencia Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, de suerte que la queja había quedado sobrevenidamente privada de objeto. Finalmente, la decisión de 13 de diciembre de 2016, dictada en el asunto M. B. c. España, archivó una demanda cuya promotora se alzó frente a la orden administrativa de expulsión del territorio nacional y devolución a su país de origen. Como quiera que en el proceso contencioso-administrativo trabado frente a esa orden se acordó su suspensión cautelar, el Tribunal constató que la demanda inicial había perdido objeto, sin perjuicio de que la demandante pudiera, eventualmente, reaccionar frente a la resolución que definitivamente se adopte en el proceso interno.

Por lo que respecta a las sentencias estimatorias, la Sentencia 12 de enero de 2016, dictada en el asunto Rodríguez Ravelo c. España, estimó la demanda interpuesta por un abogado al que se había condenado por un delito de calumnia contra un juez por las expresiones que hacia este había dirigido en un escrito de demanda. La Sentencia apreció falta de proporcionalidad en la pena impuesta, lo que implicaba una injerencia no necesaria en una sociedad democrática en el derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH).

La Sentencia de 16 de febrero de 2016, dictada en el asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, estimó las demandas interpuestas por quienes, tras haber sido sometidos a prisión provisional en una causa penal finalmente sobreseída, vieron rechazada su pretensión indemnizatoria por inadecuado funcionamiento de la Administración de Justicia. La Sentencia consideró vulnerada la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH) de los demandantes y declaró que no debe existir diferencia entre una absolución por inexistencia de pruebas y una absolución por la constatación incontestable de la inocencia del acusado, añadiendo que es irrazonable exigir a una persona que pruebe su inocencia en el procedimiento indemnizatorio por prisión provisional.

La Sentencia de 8 de marzo de 2016, dictada en el asunto Porcel Terribas y otros c. España, estimó la demanda interpuesta por quienes fueron condenados en apelación y sin celebración de juicio oral por un delito de corrupción urbanística. La Sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) pues el tribunal de apelación reinterpretó los hechos declarados probados y efectuó una nueva calificación jurídica sin respetar las exigencias del principio de inmediación.

La Sentencia de 15 de marzo de 2016, dictada en el asunto Menéndez García y Álvarez González c. España, estimó las demandas interpuestas por quienes fueran condenados por fraude y falsedad documental después de cuatro años de instrucción y cinco años entre la apertura del juicio oral y el fallo. La Sentencia concluyó que la duración del proceso había superado el límite del plazo razonable en los términos del artículo 6.1 del Convenio.

La Sentencia de 29 de marzo de 2016, dictada en el asunto Gómez Olmeda c. España, estimó la demanda interpuesta por quien, tras ser condenado en instancia a seis meses de prisión por desobediencia grave, fue condenado en segunda instancia también por el delito continuado de calumnias. La agravación de la pena se produjo sin audiencia del acusado, sustituyéndose su comparecencia por el visionado del video del juicio oral de la instancia. La Sentencia declaró vulnerado el derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) al haberse prescindido del examen personal y directo del testimonio del inculpado.

La Sentencia de 31 de mayo de 2016, asunto Beortegui Martínez c. España, estimó la demanda de quien, tras ser detenido en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de pertenencia a una organización terrorista, denunció haber sido sometido a tortura y tratos inhumanos y degradantes. La Sentencia declaró vulnerada la prohibición de la tortura (art. 3 CEDH) en su vertiente procesal por ausencia de investigación eficaz de las denuncias formuladas por el actor.

El 14 de junio de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Jiménez Losantos c. España, declarando la vulneración del derecho a la libertad de expresión del demandante garantizado por el artículo 10 CEDH. El recurrente fue condenado por un delito continuado de injurias con publicidad, al considerar el juez que sus palabras en diversos programas de radio eran insultantes y no estaban protegidas por la libertad de expresión. La Sentencia declaró, por un lado, que las razones invocadas por las jurisdicciones internas no demostraban que la injerencia fuera «necesaria en una sociedad democrática» y, por el otro, que la pena (12 meses de multa) era desproporcionada.

El 19 de julio de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Flores Quirós c. España, declarando la vulneración del derecho a una protección judicial efectiva. En este asunto se dictaron dos sentencias claramente contradictorias pues mientras que un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló la subasta de un local propiedad de la demandante, otro juzgado del mismo orden desestimó el recurso promovido por el marido de la actora. Como consecuencia de esta divergencia, la primera de las sentencias quedó sin ejecutar, lo que supuso una vulneración del derecho protegido por el artículo 6.1 del Convenio europeo.

La Sentencia de 11 de octubre de 2016, dictada en el caso Cano Moya c. España, estimó la demanda interpuesta por un recluso que reclamó infructuosamente su expediente personal a fin de acudir en demanda de justicia ante el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Sentencia declaró que el Estado había incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 34 del Convenio ya que el demandante no tuvo acceso al expediente al estar encarcelado y no se le brindó la oportunidad de escoger la documentación que consideró necesaria para formular demanda. El Tribunal concluyó que la negativa de un juzgado de vigilancia penitenciaria a proporcionar copia del expediente supuso una obstrucción del ejercicio del derecho a una demanda individual.

En esa misma fecha recayó sentencia en el caso Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias c. España, que apreció vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) en la negativa de los tribunales de oír personalmente a las hijas menores en el procedimiento de divorcio de sus padres. Las demandantes fueron la madre y ambas hijas, siendo admitida la demanda solo respecto de la madre, que fue parte en el proceso y que solicitó la audiencia de las hijas. La Sentencia declaró que el rechazo de la audiencia, cuando menos de la hija mayor de 12 años, y la ausencia de motivación de la denegación de la petición habían vulnerado el derecho de la demandante a un proceso equitativo.

En dos sentencias dictadas el 20 de diciembre de 2016 se declaró la vulneración del derecho a que las causas judiciales sean oídas en un plazo razonable (art. 6.1 CEDH). En el asunto Comunidad de propietarios Pando número 20 c. España, la vulneración la padeció quien iniciara un proceso contencioso-administrativo por la reclamación municipal de abono de los costes de reparación de un muro en 1994 y hubo de esperar hasta 2009 para ver finalmente desestimada su pretensión en grado de casación. En el caso Ruiz-Villar Ruiz c. España, el proceso judicial, relativo a la consideración de las Lagunas de Ruidera como parte del dominio público hidráulico, se prolongó desde 1991 hasta 2009.

Como ya se ha indicado anteriormente, las tres sentencias restantes desestimaron las demandas planteadas en relación con la actuación de los poderes públicos españoles. La Sentencia de 23 de febrero de 2016, en el asunto Pérez Martínez c. España, no apreció que se hubiese vulnerado el derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 y 6.3 CEDH) de quien fuera absuelto en instancia del delito de detención ilegal en grado de conspiración y posteriormente condenado en casación por la comisión omisiva de dicho delito sin celebración de vista pública. La Sentencia consideró que se había respetado el principio acusatorio al haber podido defenderse de la calificación de delito cometido por omisión, y concluyó, además, que la audiencia pública en casación no era indispensable para este caso.

La Sentencia de 14 de junio de 2016, en el asunto Aldeguer Tomás c. España, no apreció vulneración de la prohibición de discriminación a causa de su orientación sexual (art. 14 CEDH) de quien vio denegada una pensión de viudedad como superviviente de una unión homosexual de hecho. La Sentencia no consideró absolutamente análogas las situaciones de las parejas homosexuales de hecho que habían sido incapaces de lograr reconocimiento jurídico antes de la legalización del matrimonio homosexual en 2005, y de las parejas heterosexuales a quienes no se les permitió casarse antes de que el divorcio se legalizase en España en 1981.

La Sentencia de 20 de septiembre de 2016, dictada en el asunto Hernández Royo c. España, no apreció que se hubiese vulnerado el derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) de quienes fueron absueltos en la instancia y condenados —sin ser oídos— en apelación. La Sentencia consideró que no se le podía reprochar ninguna falta de diligencia al tribunal de apelación, teniendo en cuenta que citó a los dos demandantes a la audiencia pública y fueron ellos quienes renunciaron a su derecho al no comparecer, uno de ellos, y no querer intervenir, el otro.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 144 asuntos relacionados con España, cifra que no incluye los asuntos que no hayan sido previamente registrados como demandas.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 3: prohibición de la tortura

* Sentencia de 31 de mayo de 2016. Asunto Beortegui Martínez c. España

El 18 de enero de 2011 el demandante fue detenido en el marco de una investigación judicial sobre un presunto delito de pertenencia a la organización EKIN, que formaba parte del grupo terrorista ETA, y sometido a detención incomunicada en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En el trayecto a dichas dependencias y durante su estancia en ellas, fue reconocido en siete ocasiones por un médico forense, al que refirió haber sido objeto de torturas y malos tratos. También fue reconocido por una psicóloga que emitió un informe en el que indicaba que el demandante padecía síntomas de estrés postraumático, de ansiedad y trastornos de sueño. La denuncia de malos tratos la hizo primero ante el Juzgado Central de Instrucción y la reiteró ante el Juzgado de Instrucción de Pamplona. Por Auto de 5 de marzo de 2012, este Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento provisional, decisión ratificada por la Audiencia Provincial de Navarra mediante Auto de 31 de octubre de 2012. El posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido al no apreciarse vulneración del derecho fundamental invocado por el demandante.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que, ante la denuncia argumentada de malos tratos, el Juzgado de Instrucción de Pamplona se había limitado a examinar los informes médicos forenses, el del médico de familia y el de la psicóloga, sin atender a sus solicitudes de recopilación de sus declaraciones durante su detención preventiva, de presentación de las eventuales grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las dependencias en las que estuvo en detención preventiva, identificación y audiencia de los agentes policiales que habían intervenido en su detención, audiencia de los médicos forenses que le habían examinado y del abogado de oficio presente en sus declaraciones, y de ser sometido a un examen físico y psicológico. Además, en este caso, el demandante compareció ante un juez central de instrucción y expuso los malos tratos presuntamente sufridos, sin que este juez ordenara ninguna diligencia de investigación ni enviara el expediente al Juez que entendiera competente. La Sentencia consideró que se había vulnerado el artículo 3 CEDH en su vertiente procesal e insistió en la importancia de que España adopte las medidas recomendadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para mejorar la calidad del reconocimiento médico forense de las personas sometidas a detención preventiva en régimen de incomunicación. Por el contrario, la Sentencia no apreció vulneración del artículo 3 CEDH en su vertiente material pues el Tribunal no disponía de elementos suficientes para concluir que el demandante hubiera padecido efectivamente torturas o malos tratos.

2. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 16 de febrero de 2016. Asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España

Los demandantes, tras ser sometidos a prisión provisional por distintos delitos, vieron sobreseídos definitivamente sus respectivos procesos penales. Posteriormente, ambos instaron sendas reclamaciones de responsabilidad patrimonial que les fueron denegadas al haberse dictado el sobreseimiento por falta de pruebas sin que hubiera certeza en cuanto a la ausencia de participación de los denunciantes en los hechos delictivos. Ambos finalizaron las vías internas de recurso con la interposición de los correspondientes recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fueron inadmitidos por carencia de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los demandantes (art. 6.2 CEDH). Tras constatar que el Convenio no incorpora un derecho autónomo a la indemnización en los supuestos a los que una prisión provisional legal sucede una absolución, la Sala señaló que no es de recibo que se siembren sospechas sobre la inocencia de quien ha sido absuelto en una causa penal. Es irrazonable y contrario a la presunción de inocencia exigir a una persona que aporte la prueba de su inocencia en un procedimiento indemnizatorio por detención provisional.

* Sentencia de 23 de febrero de 2016. Asunto Pérez Martínez c. España

El demandante fue absuelto en la instancia y condenado en casación por un delito de detención ilegal por omisión en relación con el secuestro de un empresario. La Sentencia condenatoria llegó a esta conclusión tras constatar que el acusado ostentaba un poder de mando en el seno de la organización terrorista GRAPO. Interpuesto recurso de amparo, fue inadmitido por carecer de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia no apreció vulneración del derecho a un proceso equitativo del demandante, ni en lo relativo al principio acusatorio ni en lo relacionado con la audiencia pública. En cuanto a la responsabilidad por omisión no apreciada en la instancia y determinante de la condena en casación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que las partes habían tenido ocasión de alegar al respecto, de modo que el demandante pudo defenderse de forma concreta y efectiva de dicha acusación. Por otro lado, señaló que la revocación de la absolución se fundó en una nueva valoración estrictamente jurídica de los elementos del tipo, sin que mediara una nueva valoración de pruebas personales que precisara de la audiencia del acusado.

* Sentencia de 8 de marzo de 2016. Asunto Porcel Terribas y otros c. España

En esta ocasión los demandantes habían sido absueltos en la instancia y condenados en apelación sin celebración de vista pública por un delito contra el patrimonio histórico. El recurso de amparo fue inadmitido al no haberse agotado la vía judicial.

La Sentencia estimó la demanda y apreció la vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH). Tras constatar que el Tribunal Constitucional no había precisado cuáles eran las vías de recurso que los demandantes hubieran debido seguir y que la queja se había encauzado mediante la formulación de un incidente de nulidad de actuaciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que se habían agotado las vías de recurso disponibles en el Derecho interno. En relación con el fondo, la Sentencia declaró que el tribunal de apelación había hecho una nueva valoración del elemento subjetivo del delito sin oír personalmente a los acusados, lo que contraviene el derecho a un proceso equitativo y la doctrina del Tribunal Europeo relativa al principio de inmediación.

* Sentencia de 15 de marzo de 2016. Asunto Menéndez García y Álvarez González c. España

En abril de 2001 los demandantes fueron acusados de un delito de falsedad documental por el que resultarían finalmente condenados en 2009. La sentencia condenatoria justificó la duración del proceso por la complejidad del caso, la dificultad en reunir las pruebas entre distintas jurisdicciones y el elevado número de partes. Los demandantes interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que no apreció una demora injustificada del proceso. Los posteriores recursos de amparo fueron inadmitidos por ausencia del requisito relativo a la especial trascendencia constitucional.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el caso era complejo, pero que no podía considerarse que los procesos presentaran problemas y dificultades excepcionales. Asimismo, declaró excesiva tanto la duración de la instrucción (cuatro años), como la pendencia del proceso desde que se dictó el auto de apertura del juicio oral hasta que se pronunció sentencia (cinco años). Por ello concluyó que se había vulnerado el derecho a un proceso equitativo en la vertiente del derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable (art. 6.1 CEDH).

* Sentencia de 29 de marzo de 2016. Asunto Gómez Olmeda c. España

El demandante, que administraba en internet un foro en el que figuraban distintos mensajes de contenido difamatorio, fue condenado en instancia por desobediencia grave a la autoridad, condena que en apelación se vio incrementada con la relativa a los delitos de injurias y calumnias. Su recurso de amparo fue inadmitido por carencia de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH), pues la condena en apelación había sido impuesta sustituyendo la vista oral por el visionado del vídeo del juicio celebrado en la instancia, forma de proceder que no fue acorde con la doctrina del Tribunal sobre el principio de inmediación.

* Sentencia de 19 de julio de 2016. Asunto Flores Quirós c. España

La demandante era copropietaria de un inmueble subastado a resultas de un proceso seguido contra el otro copropietario, su marido, por deudas contraídas con la Seguridad Social. Tras tener conocimiento de la inscripción registral del inmueble por un tercero, tanto la demandante como su marido acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa para lograr la anulación de la subasta. Pese a que ella —a diferencia de lo que le sucediera a su marido— obtuvo un pronunciamiento favorable a su pretensión anulatoria, este quedó sin ejecutar. La demanda de amparo fue inadmitida por carencia del requisito de la especial trascendencia constitucional.

La Sentencia del Tribunal Europeo declaró vulnerado el derecho a una protección judicial efectiva garantizado por el artículo 6.1 CEDH al concluir que, en este caso, era a las jurisdicciones internas a quienes correspondía garantizar el cumplimiento de la resolución judicial concernida. En el supuesto de que esta resolución hubiera devenido inejecutable al entrar en contradicción con la dictada en el proceso iniciado por el marido de la demandante, los órganos judiciales actuantes debieran haberlo apreciado así tras la oportuna audiencia a las partes.

* Sentencia de 20 de septiembre de 2016. Asunto Hernández Royo c. España

El Sr. Hernández Royo promovió en su día recurso de amparo frente a la condena que le había sido impuesta en apelación por un delito de estafa. La STC 154/2011, de 17 de octubre, le denegó el amparo toda vez que la sentencia condenatoria había sido pronunciada tras la celebración de vista pública, con emplazamiento personal a los acusados, y justificaba suficientemente el cambio de criterio en cuanto al juicio de inferencias que llevaba a cabo.

La Sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la demanda al constatar que si el acusado no tuvo intervención activa en el acto de juicio se debió exclusivamente a que renunció a su derecho. Consecuentemente, no medió infracción alguna del derecho a un proceso equitativo resultante de un acto de los poderes públicos españoles.

* Sentencia de 11 de octubre de 2016. Asunto Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias c. España

En un proceso de divorcio la esposa solicitó que fueran oídas sus hijas de 11 y 13 años. Además, interesó que la primera de ellas fuera entrevistada por el equipo psicosocial y que se grabara esa entrevista a fin de que quedase constancia de su contenido. Todas estas peticiones fueron rechazadas y el posterior recurso de amparo inadmitido al no satisfacer el requisito de la especial trascendencia constitucional.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que en la regulación española de los procesos de separación y divorcio está expresamente prevista la audiencia a los menores cuando así lo considere adecuado el juez quien, en caso contrario, habrá de motivar la denegación de la eventual solicitud de audiencia. En este caso, los jueces que intervinieron en el proceso no satisficieron la carga de motivación que sobre ellos pesaba en punto a la audiencia directa de la hija mayor, como tampoco acerca del rechazo de la petición de que se oyera a la menor. De todo ello extrajo como conclusión la vulneración del derecho al proceso debido.

* Sentencia de 20 de diciembre de 2016. Asunto Comunidad de propietarios Pando número 20 c. España

La comunidad de propietarios demandante inició en 1994 y 1996 sendos procedimientos frente a los requerimientos de pago que le había girado el Ayuntamiento de Madrid por los gastos de reparación de un muro lindero. Sus demandas fueron desestimadas en 2004 y el posterior recurso de casación inadmitido en 2009. El recurso de amparo promovido ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido por carencia de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia constató la vulneración del derecho al debido proceso al haberse excedido el plazo razonable para la resolución de la pretensión deducida por la actora en los términos del artículo 6.1 CEDH, sin que, por lo demás, el caso presentara complejidad alguna que justificara que el proceso se dilatara durante más de una década

* Sentencia de 20 de diciembre de 2016. Asunto Ruiz-Villar Ruiz c. España

En 1991 la Administración del Estado instó un proceso de declaración de dominio público hidráulico de las Lagunas de Ruidera al considerar que eran la fuente del río Guadiana. La madre del demandante compareció en dicho proceso y se opuso a la pretensión deducida por la actora. La sentencia definitiva fue dictada en 2009 y el posterior recurso de amparo inadmitido por ausencia de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia estimó la demanda al constatar que se había rebasado el plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 6.1 CEDH. Pese a reconocer que el caso era efectivamente complejo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puso de relieve que el Estado no había logrado explicar satisfactoriamente los retrasos padecidos por el proceso judicial. Consecuentemente, la Sentencia concluyó que la duración del proceso había sido excesiva y que se había vulnerado el derecho a un proceso equitativo en lo relativo al requisito de que la causa sea oída en un plazo razonable.

3. Artículo 10: libertad de expresión

* Sentencia de 12 de enero de 2016. Asunto Rodríguez Ravelo c. España

El demandante, abogado de profesión, redactó un escrito de demanda particularmente crítico con el juez que conocía del caso; puestos los hechos en conocimiento de la Fiscalía y tras la instrucción del correspondiente proceso penal, el abogado fue condenado a una multa de 30 euros diarios durante nueves meses por un delito de calumnias. Su recurso de amparo fue inadmitido por falta de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró vulnerado el derecho del demandante a la libertad de expresión. Aunque el Tribunal convino en que las expresiones empleadas por el demandante constituían una manifiesta falta de respeto al juez y posiblemente merecedoras de alguna reprensión disciplinaria, declaró desproporcionado el castigo penal recibido, en especial porque cualquier restricción de la libertad de expresión del abogado en el ejercicio del derecho de defensa no puede considerarse una medida necesaria en una sociedad democrática, habida cuenta del efecto desaliento que puede tener para la efectividad de esta libertad.

* Sentencia de 14 de junio de 2016. Asunto Jiménez Losantos c. España

El demandante fue condenado por un delito continuado de injurias con publicidad por sus afirmaciones en diversos programas de radio respecto al entonces Alcalde de Madrid. Se le impuso una pena de multa de 100 euros diarios durante doce meses (36.000 €), con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por carencia de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuenta con un voto particular discrepante, apreció la vulneración del derecho a la libertad de expresión del demandante. De un lado, constató que las declaraciones del locutor de radio no carecían de base fáctica y que el actor usaba de la provocación como recurso amparado en la libertad periodística. De otro, concluyó que la gravedad de la pena impuesta era desproporcionada por falta de ponderación de su potencial efecto disuasorio.

4. Artículo 14: prohibición de discriminación

* Sentencia de 14 de junio de 2016. Asunto Aldeguer Tomás c. España

El demandante, quien sobrevivió a la pareja con la que había convivido durante 12 años en una relación homosexual (1990-2002), vio denegada su solicitud de pensión de viudedad. Interpuesto recurso de amparo, fue inadmitido por no cumplimentar el requisito consistente en la justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuenta con un voto particular, declaró que no se había producido vulneración del derecho a la igualdad ni de la prohibición de discriminación. El demandante había aducido que su situación era idéntica a la de las parejas heterosexuales que, antes de la aprobación en 1981 de la Ley de divorcio, no podían contraer matrimonio y reclamaba la aplicación retroactiva de la Ley 13/2005, que introdujo en el Derecho español el matrimonio homosexual. Sin embargo, el Tribunal rechazó esta pretensión al constatar la existencia de elementos que impiden equiparar ambos supuestos, en particular la diferencia de contexto y de la imposibilidad de casarse.

5. Artículo 34: Demandas individuales

* Sentencia de 11 de octubre de 2016. Asunto Cano Moya c. España

El demandante, interno en prisión preventiva, fue sancionado por la comisión de una infracción disciplinaria tipificada por el Reglamento penitenciario. Tras agotar la vía interna —su recurso de amparo fue inadmitido por carecer de especial trascendencia constitucional— solicitó del juzgado de vigilancia penitenciaria copia de su expediente personal a fin de poder acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, petición que fue rechazada.

La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró que el Reino de España había incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 34 del Convenio, al haberse negado las autoridades judiciales a proporcionar al demandante una copia de la documentación que le permitiera formalizar su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al actuar de este modo, habían obstaculizado el ejercicio por el actor de su derecho a una demanda individual. La Sentencia hizo hincapié en que la doctrina del Tribunal Europeo ha venido recordando que el artículo 34 CEDH puede imponer a las autoridades estatales la obligación de facilitar copia de documentación a aquellos demandantes que se hallen en situación de especial vulnerabilidad o dependencia y que no puedan, por ello, obtener la documentación necesaria para el ejercicio de su derecho; situación en la que se halla quien se encuentra privado de libertad.

V. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)