TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2023

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

NIPO AEBOE ePUB: 144-24-166-6

Depósito legal: M-13463-2012

Presentación

Cándido Conde-Pumpido Tourón

La Memoria de actividades que, en tanto que Presidente del Tribunal Constitucional, tengo el honor de presentar, permite trasladar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado una visión completa de las principales actuaciones desarrolladas por este Tribunal a lo largo del año 2023 y, en particular, de los resultados de su labor jurisdiccional. Con ello se favorece el acercamiento a todos aquellos que tengan interés en conocer cómo el Tribunal Constitucional cumple con la misión que le encomienda la Constitución española.

El pasado año, en estas mismas líneas de presentación de la Memoria, quise compartir las tres directrices que debían guiar mi mandato: primero, aspirar a que el Tribunal cumpliera en plenitud el papel que le asigna el título IX de la Constitución; segundo, trabajar por que este Tribunal resultara verdaderamente útil tanto para los ciudadanos y ciudadanas, como para los poderes públicos, a través de una eficaz y eficiente impartición de justicia; y tercero, impulsar decididamente un proceso íntegro de modernización y de apertura tanto ad intra como ad extra.

Teniendo en cuenta la importancia primordial que revisten los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, una de las principales líneas de actuación de esta Presidencia fue la resolución prioritaria de aquellos asuntos de especial relevancia, de mayor trascendencia social y de aquellos que acumulaban un mayor retraso, como la Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la Ley de educación o la Ley de la eutanasia, actuando así con celeridad, mesura y proporcionalidad.

En el mismo sentido, era necesario ejecutar un plan de acciones para agilizar el trámite de admisión de los recursos de amparo. Con este objetivo se acordó en el Pleno gubernativo celebrado el 15 de febrero de 2023 regular la presentación de los recursos de amparo a través de la sede electrónica para simplificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los solicitantes. En definitiva, se pretende, por un lado, reducir el tiempo en resolver sobre la admisión de los recursos y, por otro, repercutir en una mayor dedicación del Tribunal a la creación de doctrina sobre aspectos novedosos en materia de derechos fundamentales actualmente carentes de jurisprudencia.

Así, transcurrido un año de la puesta en marcha del plan de acciones, que es una de las señas de identidad de este mandato, constituye para mí un verdadero orgullo poder afirmar que a lo largo de 2023 se ha resuelto sobre la admisibilidad de 11.503 recursos de amparo, es decir, 3.444 más de los que han ingresado, lo que supone una importante reducción del número de asuntos pendientes. De igual forma, el número de resoluciones ha experimentado un destacado incremento a nivel global, datos que se desglosarán más adelante.

Por ello, consciente del extraordinario esfuerzo realizado por todos los que conforman este Tribunal para lograr estos objetivos, quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer, en nombre del colegio de magistrados y magistradas, la valiosa e inestimable labor de todos los trabajadores de esta institución. Tanto a la Secretaría General que diseñó el plan de acciones, como a todos los letrados y letradas, a los secretarios de justicia, a gestores, tramitadores y auxiliares, y demás profesionales que colaboran en esta casa, así como al personal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. A todos los que con su trabajo han desempeñado tan importante cometido como es el de poner al día el Tribunal, quisiera desde aquí trasladar mi mayor reconocimiento y gratitud.

Como no podía ser de otra manera, durante 2023 se ha continuado apostando por el desarrollo tecnológico y la modernización de los servicios, promoviendo avances que permitan a la ciudadanía la posibilidad de relacionarse por medios electrónicos con el Tribunal. Esta institución mantiene su interés en impulsar la sustitución del uso del papel por el de los medios electrónicos, no sólo para prestar un servicio más eficiente, reduciendo las cargas administrativas, mejorando los procesos organizativos y promoviendo una economía sostenible, sino para conseguir una reducción de los costes económicos y temporales asociados a los procedimientos de su competencia.

A tal fin el 28 de junio de 2023 se suscribió el convenio de transferencia tecnológica entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia, con el objeto de formalizar los compromisos de transferencia tecnológica y hacer uso del sistema de entrega electrónica certificada en el ámbito de la Administración de Justicia (denominado sistema LexNET) desarrollado por dicho Ministerio.

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En lo que se refiere específicamente a la actividad jurisdiccional, a lo largo del año 2023 ingresaron 8.120 asuntos jurisdiccionales nuevos, 471 menos que en 2022. Esta ligera reducción —del 5,80 por 100— se corresponde prácticamente en su integridad con la disminución de demandas de amparo, que pasaron de 8.528 en 2022 a 8.059 en 2023, es decir, 469 menos. Se interpusieron 26 recursos de inconstitucionalidad y se plantearon 29 cuestiones de inconstitucionalidad; asimismo, se promovieron tres cuestiones previas de validez de normas forales fiscales, dos conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local.

Durante el año, el Tribunal dictó un total de 12.620 resoluciones. De esta cifra destacan las 190 sentencias y 691 autos aprobados, así como las 111 providencias de admisión. Cuantitativamente debe subrayarse el esfuerzo realizado para dictar hasta 11.623 providencias definitivas en otros tantos procesos constitucionales; providencias que fueron de inadmisión o terminación de nuevos asuntos. Contemplado desde su envés, ese estudio inicial de los asuntos se tradujo en la admisión a trámite, mediante auto o providencia, de 111 nuevos asuntos, entre ellos, 87 recursos de amparo.

De entre las sentencias dictadas en 2023 creo oportuno destacar, en primer lugar, la relevancia de los ocho procesos constitucionales de más larga pendencia en el Pleno del Tribunal Constitucional.

Así, en la STC 44/2023, de 9 de mayo, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva. Esta sentencia confirmó la constitucionalidad del sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo dentro de las catorce primeras semanas sin que medien indicaciones terapéuticas, pues, en los términos de la ley controvertida, respeta tanto los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad, como el derecho a la integridad física y moral.

Por su parte, la STC 7/2023, 21 de febrero, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, relativo a las compensaciones económicas que deben abonar los prestadores de servicios de comunicación radiofónica para acceder a los estadios para retransmitir eventos deportivos. La sentencia concluyó que la supeditación del acceso al pago de esa compensación económica no representa una vulneración del derecho de información sino una lógica contraprestación en favor de los clubes deportivos, como tampoco infringe el derecho de antena esta carga patrimonial de explotación.

La STC 18/2023, de 21 de marzo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes dictadas para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Otro tanto hizo la STC 45/2023, de 10 de mayo, respecto al Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta el régimen jurídico aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española y de su presidente. Interesa destacar que en la primera de ellas se apreció que el Gobierno había justificado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, en tanto que en la STC 45/2023 el Pleno del Tribunal rechazó los reproches de transgresión de los límites de los decretos leyes y desconocimiento de la autonomía del Senado y sus facultades de control parlamentario, que alzaran los recurrentes contra la norma impugnada.

Otras cuatro sentencias, todas ellas dictadas por el Pleno, resolvieron sendos recursos de amparo de larga data: la STC 33/2023, de 18 de abril, inadmitió la demanda formulada extemporáneamente por quien denunciaba la publicación de su fotografía en el portal de internet de los Mossos d’Esquadra solicitando la colaboración ciudadana contra la violencia urbana; la STC 46/2023, de 10 de mayo, estimó el recurso promovido por diputados del Grupo Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con la admisión a trámite de diversas iniciativas parlamentarias que incumplían manifiestamente el deber de acatar lo resuelto por el propio Tribunal Constitucional; la STC 65/2023, de 6 de junio, desestimó el recurso de amparo formulado en relación con la utilización de diferentes fórmulas para el cumplimiento del requisito de promesa o jura de la Constitución en el pleno constitutivo del Congreso en la XIII Legislatura, celebrado el 21 de mayo de 2019. Finalmente, la STC 77/2023, de 20 de junio, otorgó el amparo en relación con una extralimitación de las facultades propias de las comisiones parlamentarias de investigación que se tradujo en una conculcación del derecho a la presunción de inocencia.

Amén de las anteriores, deben mencionarse otras sentencias resolutorias de diferentes recursos de inconstitucionalidad.

Es el caso de la STC 19/2023, de 22 de marzo, que desestimó el recurso interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en relación con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. La sentencia declaró que la eutanasia activa directa se corresponde con el derecho a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos, un derecho que dimana de los derechos a la autodeterminación y la integridad física y moral, en conexión con los principios de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad. Además, el examen de la Ley Orgánica permitió concluir que la solución legal introducida en nuestro ordenamiento preserva adecuadamente el derecho fundamental a la vida y salvaguarda los demás derechos, tanto de las personas que pretenden acceder a esta prestación, como de los facultativos que opten legítimamente por objetar. La doctrina de esta sentencia fue reiterada, en lo pertinente, en la STC 94/2023, de 12 de septiembre.

La STC 34/2023, de 18 de abril, con doctrina luego reiterada en la STC 49/2023, de 10 de mayo, desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Por su parte, la STC 128/2023, de 2 de octubre, desestimó el recurso promovido en relación con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

En materia tributaria, diversas sentencias desestimaron sendos recursos de inconstitucionalidad en los que se controvertía la regulación legal del impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas creados por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre (SSTC 149/2023, de 7 de noviembre; 170/2023 y 171/2023, de 22 de noviembre, y 189/2023 y 190/2023, de 12 de diciembre). Por su parte, la STC 17/2023, de 9 de marzo, confirmó la constitucionalidad del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que dio nueva regulación al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en aquellos concretos extremos afectados por la declaración de inconstitucionalidad y nulidad plasmada en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declaró contrarios al principio de capacidad contributiva y a la prohibición de confiscatoriedad los preceptos de la Ley de haciendas locales que establecían un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del tributo.

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En lo tocante a la actividad gubernativa, el Pleno del Tribunal aprobó un acuerdo, de 6 de julio de 2023 (BOE núm. 164, 11/07/2023), por el que se establece el régimen de días inhábiles en los procesos constitucionales. La nueva normativa aspira a concordar con la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que extendió la condición de inhábiles a todos los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales que se relacionan o colaboran con la administración de justicia, circunstancia igualmente trasladable a la jurisdicción constitucional.

El Tribunal ha regulado la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica, mediante acuerdo de 15 de marzo de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 70, 23/03/2023). Con el fin de facilitar a los solicitantes de amparo el cumplimiento de los requisitos legales y al Tribunal la gestión de los recursos, el acuerdo fija reglas sobre el formato de presentación de las demandas de amparo. Se alinea así el Tribunal con otros órganos jurisdiccionales que vienen empleando con éxito estas fórmulas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, las Salas de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El mismo 15 de marzo de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó la ejecución de un plan de actuaciones para agilizar el procedimiento interno de admisibilidad de los recursos de amparo.

Por último, el acuerdo del Pleno, de 15 de marzo de 2023, regula el teletrabajo en el Tribunal Constitucional para el personal funcionario y laboral a su servicio, de conformidad con los principios de voluntariedad, reversibilidad y autorización expresa, siempre subordinado a la garantía de la prestación de los servicios.

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En el terreno institucional y de representación, este 2023 está marcado por una intensa actividad institucional y una exigente agenda internacional desarrollada por el Tribunal.

Indudablemente, el año 2023 ha estado marcado, de manera muy especial, por la mayoría de edad de S. A. R. la princesa Leonor. El 31 de octubre tuvo lugar un acontecimiento de tanta relevancia como el solemne acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, con mi asistencia como Presidente del Tribunal.

De igual forma, el Tribunal ha mantenido excelentes relaciones de colaboración oficial con todos los órganos e instituciones del Estado, participando en diversos actos celebrados a nivel nacional y siendo anfitrión al recibir visitas institucionales realizadas por Tribunales Constitucionales de otros estados, favoreciendo un provechoso intercambio de experiencias y la proyección del Tribunal.

Cabe destacar también la reunión de trabajo celebrada el 15 de febrero con todos los Presidentes y la Presidenta eméritos del Tribunal Constitucional que, con el fin de beber de sus formidables conocimientos, cumplió con una costumbre que ya es tradición en nuestra institución.

El 13 y 14 de octubre se celebraron en Vigo las XXIX jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, sin duda de un alto nivel científico, que este año estuvieron dedicadas a «Estado de Derecho e instituciones democráticas en el actual contexto sociopolítico», cuya sesión de inauguración tuve el placer de presidir.

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En los tiempos de incesante internacionalización en los que vivimos, se hace imprescindible profundizar en el diálogo entre tribunales. Compartimos un mismo cometido, el de promover la democracia y el Estado de Derecho, defender los principios comunes y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por ello es un gran honor que en marzo de 2023 el Tribunal Constitucional de España fuera elegido por unanimidad como anfitrión del 6.º congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebrará en Madrid en otoño del próximo año 2025. El principal objetivo de la Conferencia Mundial, que reúne Tribunales y Consejos Constitucionales y Tribunales Supremos de África, América, Asia, Australia/Oceanía y Europa, es promover la justicia constitucional en tanto que elemento clave para la democracia, la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Por otro lado, diversas autoridades representantes de instituciones europeas han visitado el Tribunal a lo largo del año 2023.

Merece ser destacada, en primer lugar, la visita oficial de la Presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, doña Síofra O’Leary, invitada por este Tribunal, que tuvo lugar en octubre y durante la cual impartió una conferencia magistral en nuestra sede sobre «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: contribución al espacio jurídico europeo y desafíos actuales».

Igual de reseñable fue la visita en julio de una delegación del Tribunal Constitucional federal alemán, encabezada por su Presidente don Stephan Harbarth, con dos jornadas de trabajo para debatir sobre ambiciosas cuestiones de actualidad que nos sirven para conocernos mejor y compartir conocimiento y experiencias en pos de nuestras respectivas sociedades.

En este mismo ámbito europeo y supranacional, en enero de 2023 una delegación del Tribunal viajó nuevamente a Estrasburgo para asistir al seminario judicial y audiencia solemne del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Por otro lado, este año se retomó por fin la reunión cuadrilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España y el Consejo Constitucional de Francia, que había quedada aplazada durante los años de pandemia. En Roma se celebró el encuentro, que este año se dedicó a un tema tan actual como global: «Los derechos de las nuevas generaciones: medio ambiente y salud».

Quisiera de igual manera señalar la participación del Tribunal Constitucional en la conferencia internacional «EUnited in Diversity II. El Estado de Derecho y la diversidad constitucional», que tuvo lugar en La Haya con representantes de los Tribunales Constitucionales y Supremos de los Estados miembros de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se participó además en los foros internacionales sobre justicia constitucional que se celebraron en Berlín y Bucarest.

En la esfera iberoamericana, se firmó un convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de República Dominicana. La colaboración estrecha con la República de Corea quedó de manifiesto con la visita del Presidente de su Tribunal Constitucional, don Yoo Namseok.

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El Tribunal Constitucional, durante el año 2023, a través de su Gabinete de Prensa, ha continuado con su labor de informar a los medios de comunicación y a los ciudadanos de la actividad jurisdiccional e institucional conforme a los principios de transparencia, igualdad, rigor informativo y publicidad. Por séptimo año consecutivo, se ha alcanzado el centenar de comunicados informativos, lo que pone de manifiesto el firme compromiso de la institución con la transparencia de sus decisiones.

Esta profesionalidad también ha estado presente en la constante y creciente actualización de la página web, donde se publican las notas de prensa, los órdenes del día y sus resultados, así como los vídeos y fotografías de los actos, visitas de cortesía y viajes institucionales. Y en la comunicación en redes sociales, principalmente en X (antiguo Twitter), Instagram y YouTube, donde también se dan a conocer las decisiones jurisdiccionales, contenidos audiovisuales y toda aquella información de interés para el ciudadano.

Para finalizar, la voluntad de apertura, transparencia y acercamiento a la ciudadanía se manifiesta en nuestra política de puertas abiertas, desarrollada ya en los años anteriores, que se fomenta a través de la realización de visitas a la sede del Tribunal, gratuitas y guiadas por grupos de colegios, institutos, universidades y asociaciones de diversa índole. En 2023 aumentó el número de visitas públicas llevadas a cabo, un total de 159, frente a las 127 visitas de 2022.

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En abril del 2023 se cumplieron 50 años del fallecimiento del insigne jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen. Y aunque es mundialmente conocido por su Teoría pura del Derecho, sus contribuciones fueron más allá de la teoría. Al incorporar la figura del Tribunal Constitucional, fruto de su teoría acerca de la primacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, convirtió en realidad su visión del Derecho.

Hoy las teorías de Kelsen siguen más vigentes que nunca. Desde sus mismas convicciones, el Tribunal Constitucional de España es consciente de la responsabilidad que la propia Constitución le encomienda en tanto que su intérprete supremo y su «guardián jurídico», amparando las condiciones para el goce efectivo de los derechos y libertades, aplicando para ello una visión claramente actualizadora e integradora que se sitúa al servicio de la ciudadanía.

Así, en este marco social y político, abierto, moderno, democrático y garantista, corresponde al Tribunal Constitucional defender con firmeza la Constitución frente a los desafíos que puedan planteársele, apelando siempre al Derecho como única razón de ser de su existencia.

Con esta Memoria confío sinceramente haber alcanzado el objetivo de ofrecer un documento útil, completo y comprensible, que sea fiel reflejo de la actividad jurisdiccional y no jurisdiccional desarrollada por este Tribunal, así como del compromiso de nuestra institución con los mandatos que la Constitución española le encomienda. Deseo que la información en ella recogida resulte del mayor agrado e interés.

Madrid, 12 de abril de 2024

I. Composición del Tribunal

Tras la decimocuarta renovación parcial del Tribunal, verificada en diciembre de 2022 a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, se incorporaron el Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno[1], las Excmas. Sras. doña Laura Díez Bueso[2] y doña María Luisa Segoviano Astaburuaga[3] y el Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño[4]. Los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos el lunes 9 de enero de 2023, cesando en esa fecha los Excmos. Sres. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente[5], don Juan Antonio Xiol Ríos, Vicepresidente[6], don Santiago Martínez-Vares García[7] y don Antonio Narváez Rodríguez[8].

Por Real Decreto 10/2023, de 11 de enero (BOE núm. 10, de 12 de enero), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón. Mediante Real Decreto 11/2023, de 11 de enero (BOE núm. 10, de 12 de enero), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Presidente[9].

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas, Vicepresidenta[10].

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho[11].

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón[12].

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel[13].

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla[14].

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera[15].

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga[16].

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño[17].

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno[18].

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso[19].

Por acuerdo de 17 de enero de 2023 (BOE núm. 16, de 19 de enero), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la distribución de sus miembros en salas y secciones.

La organización del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Presidente.

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho.

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera.

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno.

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas, Presidenta.

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón.

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño.

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso.

Sección Primera

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Presidente.

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera.

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho, Presidente.

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno.

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas, Presidenta.

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño.

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso.

Sección Cuarta

Excma. Sra. María Luisa Balaguer Callejón, Presidenta.

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Datos personales

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón.

A Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo.

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas.

Iznalloz (Granada), 1959.

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho.

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo.

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón.

Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional.

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel.

Madrid, 1957.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Madrid, 1957.

Catedrático de Derecho Constitucional.

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera.

Madrid, 1959.

Magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Excma. Sra. doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Valladolid, 1950.

Magistrada del Tribunal Supremo.

Excmo. Sr. don César Tolosa Tribiño.

Santa María la Real de Nieva, Segovia, 1957.

Magistrado del Tribunal Supremo.

Excmo. Sr. don Juan Carlos Campo Moreno.

Osuna, Sevilla, 1961.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Excma. Sra. doña Laura Díez Bueso.

Barcelona, 1969.

Catedrática de Derecho Constitucional.

[1] Nombrado por Real Decreto 1092/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[2] Nombrada por Real Decreto 1093/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[3] Nombrada por Real Decreto 1094/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[4] Nombrado por Real Decreto 1095/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[5] Real Decreto 1086/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre); Real Decreto 1087/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[6] Real Decreto 1088/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre); Real Decreto 1089/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[7] Real Decreto 1090/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[8] Real Decreto 1091/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[9] Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo); Real Decreto 10/2023, de 11 de enero (BOE de 12 de enero).

[10] Real Decreto 1036/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre); Real Decreto 11/2023, de 11 de enero (BOE de 12 de enero).

[11] Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[12] Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

[13] Real Decreto 1033/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[14] Real Decreto 1034/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[15] Real Decreto 1035/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[16] Real Decreto 1094/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[17] Real Decreto 1095/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[18] Real Decreto 1092/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

[19] Real Decreto 1093/2022, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por acuerdos de 21 de julio de 2017, 18 de junio de 2020 y 5 de julio de 2023, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Javier Jiménez Campo.

Catedrático de Universidad jubilado.

– Don Javier García Roca.

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez.

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta.

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés.

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez.

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández.

Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Don Andrés Barragán Andino.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

– Doña María Jesús Blanco Quintana.

Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Doña Alejandra Boto Álvarez.

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña María Díaz Grego.

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá.

– Doña Caridad Hernández García.

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Cristina Izquierdo Sans.

Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Carlos Ortega Santiago.

Letrado de las Cortes de Castilla y León.

– Don Fernando de la Peña Pita.

Abogado del Estado.

– Don Ignacio Rodríguez Fernández.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Carlos Sánchez Martín.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcobendas.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Doña Ana Belén Alonso González.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz.

Administradora Civil del Estado.

– Don Luis Carlos Díez Lirio.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Don Roberto Alonso Buzo.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Mérida.

– Doña Milagros Aparicio Avendaño.

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón.

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Doña Lucía Arozamena Baró.

Fiscal de la Fiscalía de Hospitalet de Llobregat.

– Don Antonio Arroyo Gil.

Profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Margarita Beladíez Rojo.

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Juan Carlos Cabañas García.

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Don Nicolás Cabezudo Rodríguez.

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid.

– Don Gonzalo Camarero González.

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Doña Ana Belén Casares Marcos.

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León.

– Don Pablo Colomina Cerezo.

Magistrado de la Audiencia Provincial de León.

– Doña Nieves Corte Heredero.

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro.

Magistrada de la Sala de lo Social, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

– Doña María Curto Izquierdo.

Abogada del Estado.

– Doña Carmen Delgado Echevarría.

Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Fuenlabrada.

– Doña Gema María Díez-Picazo Giménez.

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva.

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña María Ángeles García Frías.

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

– Doña María José García-Valdecasas Dorrego.

Abogada del Estado.

– Doña Itziar Gómez Fernández.

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo.

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Doña Alicia González Alonso.

Profesora contratada doctora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

– Don Miguel Hernández Serna.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Pedro Ibáñez Buil.

Administrador Civil del Estado.

– Don Carmelo Jiménez Segado.

Magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Torrejón de Ardoz.

– Don Herminio Losada González.

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Don Álvaro Mañas de Orduña.

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña María Martín Lorenzo.

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Celia Martínez Escribano.

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

– Don Luis Felipe Medina Rey.

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don Carlos Ortega Carballo.

Letrado del Tribunal de Cuentas.

– Don José Manuel Pérez Fernández.

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña Argelia Queralt Jiménez.

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

– Doña Gemma Sala Galvañ.

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Don Ángel Sánchez Navarro.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don José Miguel Sánchez Tomás.

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván.

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don Ignacio Ulloa Rubio.

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Segovia.

– Don José María Utande San Juan.

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Doña María Dolores Utrilla Fernández-Bermejo.

Profesora Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Javier Zaragoza Tejada.

Fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura correspondió a don Antonio Luis Ramos Membrive, Diplomático, hasta el 19 de septiembre de 2023, en que cesó a petición propia.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y doña Carmen Martínez Montijano.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort, hasta su jubilación en marzo, y don Manuel Corral Abascal. En abril fue nombrado don Miguel Marcos Ayjón.

Gerencia

El Gerente del Tribunal es don Carlos Fernández-Peinado Martínez, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Intervención

La Interventora del Tribunal Constitucional es doña Marta Carolina Hidalgo López, del cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. Por acuerdo de 17 de enero de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional dispuso la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 16, 19/01/2023).

Su artículo 3 establece reglas para la asignación de ponencias, habilitando a las secretarías del Pleno y de las Salas Primera y Segunda para que adopten las medidas necesarias para cumplir el acuerdo.

II. El Pleno del Tribunal Constitucional aprobó un acuerdo, de 6 de julio de 2023 (BOE núm. 164, 11/07/2023), por el que se establece el régimen de días inhábiles en los procesos constitucionales. La disposición deroga el acuerdo de 15 de junio de 1982, por el que se habían aprobado las normas que han regido el funcionamiento del Tribunal durante el período de vacaciones (BOE núm. 157, 02/07/1982), reformado por acuerdos de 17 de junio de 1999 (BOE núm. 148, 22/06/1999) y de 18 de enero de 2001 (BOE núm. 20, 23/01/2001).

La nueva normativa aspira a corregir la divergencia con el régimen procesal general, al que se remite el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en materia de «día y hora inhábiles». Divergencia acentuada tras la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que extendió la condición de inhábiles a todos los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales que se relacionan o colaboran con la administración de justicia, circunstancia igualmente trasladable a la jurisdicción constitucional.

Su articulado se remite plenamente al régimen de días inhábiles establecido en la legislación procesal ordinaria (Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de enjuiciamiento civil), sin perjuicio de advertir que, en el cómputo de los plazos señalados en los recursos de amparo electorales, los días se entenderán siempre naturales (en virtud del artículo 119 de la Ley Orgánica 5/1985, de régimen electoral general).

El acuerdo añade que el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá actuar en días inhábiles cuando aprecie causa urgente que lo exija y, en todo caso, en los incidentes de medidas cautelares. Finalmente, mantiene la norma de que, durante los períodos de vacaciones, quedará constituida una Sección, compuesta por tres magistrados.

III. El Tribunal ha regulado la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica, mediante acuerdo de 15 de marzo de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 70, 23/03/2023). La disposición ha sido dictada en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1 m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. Entró en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El acuerdo, tras resaltar la importancia del proceso de amparo para la protección de los derechos y libertades fundamentales durante las décadas de funcionamiento del Tribunal Constitucional, recuerda que la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo la exigencia, como requisito de admisibilidad, de que el recurso de amparo presente «especial trascendencia constitucional» (art. 50.1 LOTC) e impuso a los recurrentes la carga de justificar dicha trascendencia (art. 49.1 LOTC). El cumplimiento de este requisito se ha revelado como un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas, poniendo de manifiesto la memoria del Tribunal relativa al año 2022 que el 53 por 100 de los escritos de demanda adolecen de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76 por 100 de los recursos de amparo presentados.

El Tribunal afirma que no puede permanecer impasible ante semejante porcentaje de demandas cuyo contenido no puede entrar a valorar, por lo que, con el fin de facilitar a los solicitantes de amparo el cumplimiento de los requisitos legales, el presente acuerdo regula la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Tribunal mediante la cumplimentación de un formulario que permita a los recurrentes exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa. El formulario no sustituye a la demanda, cuya extensión no obstante debe acotarse, persiguiéndose así dos fines: facilitar que los recurrentes no incurran en defectos de construcción de la demanda y ayudar al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso.

Se alinea así el Tribunal con otros órganos jurisdiccionales que vienen empleando con éxito estas fórmulas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El acuerdo establece cuatro reglas: 1) Los recursos de amparo se presentarán a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional; 2) La presentación exigirá la cumplimentación de un formulario previo; 3) Al formulario se adjuntará el escrito de demanda y, en su caso, otra documentación adicional; 4) La demanda de amparo debe atenerse a unas reglas de redacción, que incluyen: una extensión máxima del escrito de demanda de 50.000 caracteres; el tipo y tamaño de fuente, así como el interlineado; y pautas para los archivos electrónicos que acompañen a la demanda.

IV. El mismo 15 de marzo de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó la ejecución de un plan de actuaciones para agilizar el procedimiento interno de admisibilidad de los recursos de amparo, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. Dejó sin efecto diversos acuerdos anteriores, sobre series de recursos e informes de admisibilidad, y autorizó al Secretario General para que dictase una instrucción en ejecución de las medidas aprobadas.

V. El llamado plan de choque fue desarrollado por la Instrucción de régimen interior de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, de 24 de marzo de 2023, sobre aplicación de medidas de agilización del trámite de admisibilidad de los recursos de amparo.

Las medidas atañen al trabajo de las Secretarías de justicia (apartado I) y de los letrados (apartado II), tanto los letrados coordinadores como los letrados generales. Se prevén distintos tipos de informes sobre la admisibilidad de las demandas de amparo, así como reglas para supuestos singulares, como los amparos parlamentarios y las series de recursos.

VI. El acuerdo del Pleno, de 15 de marzo de 2023, regula el teletrabajo en el Tribunal Constitucional para el personal funcionario y laboral a su servicio. La situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 dio lugar a varias medidas para asegurar el normal funcionamiento de la institución y la protección de la salud de los trabajadores: entre otras, se autorizó la realización de determinadas funciones a distancia, con criterios condensados en las instrucciones de Secretaría General de 19 de mayo de 2020 y de 23 de septiembre de 2021. Paralelamente, el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, había introducido un nuevo artículo 47 bis sobre la regulación básica del teletrabajo en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En este entramado normativo, el acuerdo del Pleno establece el régimen jurídico del teletrabajo en el ámbito de la jurisdicción constitucional, de conformidad con los principios de voluntariedad, reversibilidad y autorización expresa, siempre subordinado a la garantía de la prestación de los servicios. Los puestos de trabajo susceptibles de prestación en la modalidad de teletrabajo quedan sometidos a reglas determinadas, condensadas en el artículo 4 del acuerdo. El personal que preste servicios a distancia tiene los mismos derechos y deberes que el personal en modalidad presencial, así como el derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El acuerdo de 15 de marzo de 2023 establece reglas en materia de medios tecnológicos, así como el procedimiento de autorización, la suspensión y la extinción de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

[1] El texto del acuerdo referido en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad ideológica (art. 16 CE)

E) Libertad personal (art. 17 CE)

F) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

H) Derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE)

I) Derecho de asociación (art. 22 CE)

J) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

K) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción, al proceso y a los recursos legales

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

L) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Presunción de inocencia

b) Derechos de defensa y a la prueba

c) Derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas; imparcialidad judicial

M) Legalidad penal (art. 25 CE)

N) Libertad sindical (art. 28 CE)

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2023 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 8.120 asuntos jurisdiccionales nuevos, es decir, 471 asuntos menos que en 2022, año en el que habían ingresado 8.591 demandas de justicia constitucional. Esta ligera reducción del 5,80 por 100 se corresponde prácticamente en su integridad con la disminución de demandas de amparo, que pasaron de 8.258 en 2022 a 8.059 en 2023, es decir, 469 menos. También disminuyeron los recursos de inconstitucionalidad nuevos (treinta y seis en 2022, veintiséis en 2023), manteniéndose prácticamente a la par el planteamiento de nuevas cuestiones de inconstitucionalidad (veintisiete en 2022 y veintinueve en 2023). Se promovieron tres cuestiones previas de validez de normas forales fiscales, dos conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local.

Las cifras ratifican la preponderancia de los recursos de amparo: 8.059, el 99,25 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La práctica totalidad de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 8.032, de los cuales 7.369 fueron interpuestos por personas físicas y 663 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos presentaron veinticinco demandas de amparo y el Ministerio Fiscal, dos. El Defensor del Pueblo no interpuso ningún recurso de amparo.

Con respecto a su origen, se mantuvo el ya tradicional predominio de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.941, el 48,47 por 100 (en 2022 fueron 4.588; el 53,80 por 100). Creció el número de recursos de amparo procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (2.406, el 29,85 por 100; en 2022 fueron 2.001, el 23,46 por 100) y se redujeron los procedentes de los órdenes civil (1.317, el 16,34 por 100; en 2022 fueron 1.474, el 17,29 por 100), social (359, el 4,45 por 100; en 2022, 407, el 4,77 por 100) y militar (dieciocho demandas de amparo, habiendo sido veintidós en 2022). Se promovieron igualmente diecinueve recursos de amparo frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley planteados por el cauce del artículo 42 LOTC, un número algo inferior al de 2022, cuando fueron treinta y dos los recursos de amparo de procedencia parlamentaria. Haciendo uso de las previsiones de la Ley Orgánica del régimen electoral general se interpusieron veintiséis recursos de amparo frente a la proclamación de candidatos y de candidatos electos.

La mayoría de los recursos de amparo se interpusieron tras un proceso judicial finalizado por resolución del Tribunal Supremo (5.124, el 63,58 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos procedieron de litigios y causas resueltos en última instancia por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (1.443, un 17,90 por 100), los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (887, el 11 por 100), seguidos por los tribunales superiores de justicia (348, el 4,32 por 100) y la Audiencia Nacional (167, el 2,07 por 100). Cuatro demandas de amparo se promovieron tras un pronunciamiento definitivo de los tribunales militares territoriales.

En 6.776 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 84,08 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.712 demandas de amparo (21,24 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 1.316 invocaciones del derecho a la legalidad penal (16,89 por 100), las 384 del derecho a la libertad y seguridad (4,76 por 100), las 242 de los derechos del artículo 18 de la Constitución (3 por 100) y las 219 de los derechos del artículo 15 (2,72 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 6.448 demandas de amparo constitucional (80 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE debemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías fue, un año más, el que mayor número de invocaciones recibió (fue aducido en 4.086 demandas), seguido del derecho a la defensa y a la asistencia letrada (1.885 invocaciones) y del derecho a la presunción de inocencia (1.536 invocaciones).

Se interpusieron veintiséis nuevos recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos, diez, fueron planteados por diputados o senadores (nueve respecto de leyes estatales y uno en relación con una ley autonómica); el presidente del Gobierno interpuso siete frente a leyes autonómicas. Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron nueve leyes estatales.

Los órganos judiciales plantearon veintinueve cuestiones de inconstitucionalidad a lo largo de 2023. Los tribunales superiores de justicia elevaron doce de ellas (nueve en relación con leyes del Estado y otras tres respecto de preceptos autonómicos con rango de ley), los juzgados unipersonales ocho (siete y una, respectivamente), cinco el Tribunal Supremo (cuatro en relación con leyes estatales y una respecto de ley autonómica). La Audiencia Nacional promovió dos cuestiones de inconstitucionalidad en relación con leyes estatales y las audiencias provinciales, una respecto de una norma estatal con rango de ley, y otra frente a una ley autonómica.

Los dos nuevos conflictos positivos de competencia fueron promovidos por órganos ejecutivos de las comunidades autónomas frente al Estado. También se suscitó un conflicto en defensa de la autonomía local y se plantearon tres cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 190 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó setenta de ellas, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales dictó cuarenta y dos (treinta y cuatro en recursos de inconstitucionalidad, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y una en conflicto positivo de competencia); las restantes veintiocho sentencias fueron pronunciadas en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno.

Las salas dictaron 120 sentencias, todas ellas en procesos de amparo: la Sala Primera dictó cincuenta y cinco sentencias y la Sala Segunda, sesenta y cinco, que resolvieron sesenta y siete recursos de amparo, pues cada una de las SSTC 54/2023, de 22 de mayo, y 81/2023, de 3 de julio, resolvió dos recursos acumulados. En ochenta y seis de estas sentencias se formuló algún voto particular; en la fundamentación jurídica de treinta y nueve de ellas se cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en veinticuatro se mencionan resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del antiguo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 690 autos. El Pleno dictó noventa de ellos; las salas, sesenta y siete (la Sala Primera treinta y la Sala Segunda, treinta y nueve); los restantes 531 autos fueron dictados por las distintas secciones (trece la Sección Primera, once la Segunda, 499 la Sección Tercera y ocho la Sección Cuarta).

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el art. 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de dieciséis autos: doce del Pleno, uno de la Sala Primera, dos de la Sala Segunda y uno de la Sección Cuarta. En cinco de estos autos se formuló algún voto particular: dos del Pleno (AATC 28/2023 y 32/2023, de 7 de febrero), los dos de la Sala Segunda (AATC 338/2023, de 3 de julio, y 425/2023, de 5 de septiembre) y el ATC 427/2023, de 11 de septiembre, de la Sección Cuarta.

Diez de estos autos se dictaron en recursos de inconstitucionalidad. En uno de ellos —ATC 32/2023, de 7 de febrero— se inadmitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de diputados, que no alcanzaba el límite constitucional y legal de cincuenta, del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero; a este auto se formuló un voto particular discrepante. En otros dos autos se resolvió sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión acordada en recursos formulados por el presidente del Gobierno con invocación de los artículos161.2 CE y 30 LOTC (AATC 35/2023, de 7 de febrero, que levantó la suspensión en el recurso que tenía por objeto el artículo 173 de la Ley de les Corts Valencianes 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2022, y 265/2023, de 23 de mayo, que mantuvo parcialmente la suspensión de diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública de Aragón). Los siete autos restantes resolvieron sendos incidentes de abstención y recusación: el ATC 28/2023, de 7 de febrero, rechazó una abstención en recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo; a este auto se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados. Los AATC 30/2023 y 33/2023, de 7 de febrero, aceptaron sendas abstenciones en diversos procesos de inconstitucionalidad, en tanto que los AATC 68/2023 y 69/2023, de 21 de febrero, apreciaron la pérdida sobrevenida de objeto de sendas recusaciones e inadmitieron otras siete cada uno de ellos. Estos autos fueron confirmados en súplica por los AATC 237/2023 y 235/2023, de 9 de mayo, respectivamente.

Los seis autos restantes se dictaron en procesos de amparo. Los AATC 223/2023, de 8 de mayo, dictado por la Sala Primera, y 427/2023, de 11 de septiembre, de la Sección Cuarta, inadmitieron sendos recursos de amparo promovidos en procesos contencioso-administrativos. Este último auto cuenta con un voto particular discrepante. Por su parte, en los AATC 338/2023, de 3 de julio, y 425/2023, de 5 de septiembre, la Sala Segunda admitió a trámite un recurso de amparo en causa penal y otro en procedimiento electoral luego resuelto, en sentido desestimatorio, por la STC 95/2023, de 12 de septiembre. Ambos autos cuentan con un voto particular discrepante. El Pleno del Tribunal, en el ATC 29/2023, de 7 de febrero, aceptó una abstención, que extendió a un total de seis procesos de amparo parlamentario, y en el ATC 665/2023, de 12 de diciembre, inadmitió una recusación formulada en un recurso de amparo nacido de un proceso contencioso-administrativo.

Por auto, el Pleno inadmitió un recurso de inconstitucionalidad (ATC 32/2023, de 7 de febrero), dieciocho cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 4/2023, de 24 de enero; 36/2023, de 7 de febrero; 38/2023, de 8 de febrero; 67/2023, de 21 de febrero; 186/2023, de 18 de abril; 298/2023 a 301/2023, de 6 de junio, que cuenta con un voto particular discrepante; 376/2023, de 18 de julio; 446/2023, de 27 de septiembre; 526/2023, 532/2023 y 535/2023, de 6 de noviembre; 603/2023 y 604/2023, de 21 de noviembre, y 667/2023 y 669/2023, de 12 de diciembre), un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 354/2023, de 4 de julio) y cuatro cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales (AATC 187/2023 y 188/2023, de 18 de abril; 330/2023, de 20 de junio, y 486/2023, de 24 de octubre). Las secciones primera, tercera y cuarta inadmitieron un recurso de amparo cada una de ellas (AATC 223/2023, de 8 de mayo; 1/2023, de 4 de enero, y 427/2023, de 11 de septiembre, respectivamente; a estos dos últimos autos se formularon sendos votos particulares) y lo mismo hizo la Sección de Vacaciones en el ATC 378/2023, de 9 de agosto, que cuenta asimismo con un voto particular discrepante.

También por auto, la Sala Segunda admitió a trámite hasta un total de catorce recursos de amparo: AATC 284/2023 y 285/2023 y 287/2023 a 293/2023, de 5 de junio; 338/2023, de 3 de julio, y 425/2023, de 5 de septiembre. Todos estos autos cuentan con un voto particular, suscrito en todos los casos por dos magistrados, con la única excepción del ATC 425/2023, donde el voto particular discrepante lo formuló un solo magistrado.

El Pleno consignó la extinción por pérdida sobrevenida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 3/2023, de 24 de enero) y, por desistimiento de su promotor, de un conflicto positivo de competencia (ATC 602/2023, de 21 de noviembre). La Sala Primera aceptó el desistimiento de la mercantil demandante en un recurso de amparo que había sido previamente admitido a trámite (ATC 261/2023, de 22 de mayo).

Se dictaron ocho autos resolutorios de otros tantos recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a otras tantas providencias de inadmisión de recursos de amparo. Seis de esos autos estimaron el recurso; en dos de ellos la estimación conllevó la retroacción de actuaciones para que se procediera a un nuevo estudio sobre la admisibilidad del amparo (AATC 2/2023, de 23 de enero, y 242/2023, de 16 de mayo) y, en otros cuatro, la estimación del recurso de súplica estuvo acompañada de la inadmisión del recurso de amparo por un motivo distinto del apreciado en la providencia finalmente anulada (AATC 267/2023, de 30 de mayo; 376/2023, de 18 de julio; 447/2023, de 5 de octubre, y 448/2023, de 10 de octubre). Los dos autos restantes desestimaron el recurso de súplica y confirmaron la providencia de inadmisión del recurso de amparo (AATC 234/2023, de 8 de mayo, y 264/2023, de 23 de mayo).

El Pleno dictó dos autos desestimatorios de sendos recursos de súplica formulados en relación con autos que habían acordado la inadmisión de recursos de inconstitucionalidad: ATC 34/2023 bis, de 7 de febrero, que confirmó en súplica el ATC 155/2022, de 16 de noviembre, que había inadmitido un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y ATC 297/2023, de 6 de junio, que confirmó en súplica el ATC 32/2023, de 7 de febrero, que había inadmitido un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con el artículo 2 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero. Al ATC 297/2023 se formuló un voto particular discrepante. Por otra parte, en el ATC 485/2023, de 24 de octubre, se confirmó en súplica el ATC 354/2023, de 4 de julio, que había inadmitido un conflicto en defensa de la autonomía local suscitado en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental.

Siempre por auto, el Pleno desestimó otros seis recursos de súplica interpuestos en procesos de su competencia. En cuatro de ellos se impugnaban otros tantos autos previos dictados en incidentes de recusación de magistrados del Tribunal (AATC 183/2023, de 18 de abril, al que se formularon un voto particular concurrente y otro discrepante; 235/2023 y 237/2023, de 9 de mayo, y 353/2023, de 4 de julio). En el ATC 189/2023, de 18 de abril, se confirmó en súplica la providencia que había denegado la suspensión del precepto de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que había introducido el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y en el ATC 184/2023, de 18 de abril, se desestimó el recurso de súplica formulado frente a la providencia que rechazó la apertura del incidente de ejecución de la STC 211/2016, de 15 de diciembre, que había declarado la nulidad de diversos preceptos del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.

Por lo que a las medidas cautelares se refiere, el Pleno dictó tres autos pronunciándose sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas autonómicas con rango de ley, impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En el ATC 35/2023, de 7 de febrero, levantó la suspensión del artículo 173 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Por su parte, en el ATC 265/2023, de 23 de mayo, mantuvo parcialmente la suspensión de diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública de Aragón; igualmente, en el ATC 445/2023, de 27 de septiembre, mantuvo la suspensión de la disposición adicional de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Por último, interesa hacer mención en este apartado del ATC 189/2023, de 18 de abril, que desestimó el recurso de súplica interpuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía frente a la providencia que había denegado la suspensión del precepto de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que creara el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y que había impugnado en el recurso de inconstitucionalidad 1258-2023.

El Pleno dictó otros once autos en incidentes de suspensión abiertos en procesos de amparo. Acordó la suspensión parcial del acto del poder público respecto del cual se instaba el amparo en el ATC 327/2023, de 20 de junio; denegó la medida cautelar en los AATC 438/2023 a 444/2023, de 26 de septiembre; aceptó el desistimiento en el incidente de suspensión en el ATC 437/2023, de 26 de septiembre, y acordó el archivo por pérdida de objeto del incidente en los AATC 328/2023 y 329/2023, de 20 de junio.

Las salas dictaron treinta y cuatro autos en incidentes de suspensión: veinticuatro la Sala Primera y diez la Sala Segunda. En veinticuatro de estas resoluciones se denegó la medida cautelar interesada (AATC 12/2023 a 18/2023, de 6 de febrero; 102/2023, de 6 de marzo; 181/2023, de 17 de abril; 286/2023, de 5 de junio; 322/2023 a 325/2023, de 19 de junio; 334/2023, de 3 de julio; 428/2023, 429/2023 y 431/2023, de 11 de septiembre; 436/2023, de 25 de septiembre; 458/2023, 473/2023 y 477/2023 de 23 de octubre; 599/2023, de 20 de noviembre, y 661/2023, de 11 de diciembre); en otros tres casos la denegación de la medida cautelar de suspensión interesada vino acompañada de la orden de anotación preventiva de la demanda de amparo (AATC 59/2023, de 20 de febrero; 370/2023, de 17 de julio, y 601/2023, de 20 de noviembre); la suspensión se otorgó en tres autos (AATC 24/2023, de 6 de febrero; 600/2023, de 20 de noviembre, y 663/2023, de 11 de diciembre) y en otros tres —AATC 26/2023, de 6 de febrero; 103/2023, de 6 de marzo, y 482/2023, de 23 de octubre— se mantuvo la suspensión inicialmente acordada en las correspondientes providencias de admisión de sendos recursos de amparo promovidos en causas penales. Finalmente, en el ATC 472/2023, de 23 de octubre, se aceptó el desistimiento en el incidente de suspensión del demandante de amparo.

En materia de abstenciones y recusaciones, el Pleno dictó cuarenta autos. En diecinueve de ellos aceptó otras tantas abstenciones: trece en procesos de inconstitucionalidad —ocho de los cuales eran recursos de inconstitucionalidad (AATC 7/2023, de 24 de enero; 30/2023, 33/2023 y 34/2023, de 7 de febrero; 62/2023, de 21 de febrero; 326/2023, de 20 de junio, y 521/2023 y 522/2023, de 6 de noviembre) y cinco cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2023, de 24 de enero; 185/2023, de 18 de abril; 355/2023, de 4 de julio; 377/2023, de 18 de julio y 433/2023, de 12 de septiembre)— y seis en procesos de amparo (AATC 29/2023, de 7 de febrero; 63/2023, de 21 de febrero; 139/2023, de 21 de marzo; 374/2023, de 18 de julio; 434/2023, de 12 de septiembre, y 664/2023, de 12 de diciembre). Por el contrario, rechazó la abstención de una magistrada en el ATC 28/2023, de 7 de febrero, al que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

En otros doce autos inadmitió las correspondientes recusaciones de magistrados: dos de esos autos se dictaron en procesos de inconstitucionalidad (AATC 37/2023, de 8 de febrero, y 70/2023, de 21 de febrero, ambos en recursos de inconstitucionalidad) y diez en procesos de amparo (AATC 31/2023, de 7 de febrero; 190/2023, de 19 de abril; 236/2023, de 9 de mayo; 238/2023, de 9 de mayo; 483/2023, 484/2023 y 488/2023 a 490/2023, de 24 de octubre, y 665/2023, de 12 de diciembre). Frente a los AATC 37/2023 y 236/2023 se interpuso recurso de súplica, que fue resuelto en los ATTC 183/2023, de 18 de abril, y 353/2023, de 4 de julio, respectivamente. En este último auto el Pleno estimó el recurso de súplica y ordenó la retroacción de actuaciones a fin de que se resolviera el incidente, como efectivamente se hizo en el ya mencionado ATC 483/2023, de 24 de octubre, que inadmitió las recusaciones. Por otro lado, en el ATC 668/2023, de 12 de diciembre, el Pleno inadmitió la petición de nulidad de actuaciones formulada en relación con el ATC 488/2023, de 24 de octubre.

En tres autos la declaración de pérdida sobrevenida de objeto del incidente de recusación vino acompañada de la inadmisión de otras recusaciones (AATC 68/2023 y 69/2023, de 21 de febrero, y 104/2023, de 7 de marzo). Los AATC 235/2023 y 237/2023, de 9 de mayo, confirmaron en súplica lo acordado en los AATC 69/2023 y 68/2023, respectivamente.

La Sala Primera aceptó una abstención en un recurso de amparo promovido en causa penal (ATC 320/2023, de 19 de junio) y la Sala Segunda dictó diez autos aceptando otras tantas abstenciones en procesos de amparo suscitados en procesos contencioso-administrativos (AATC 57/2023, de 20 de febrero; 120/2023 bis, de 15 de marzo; 178/2023 y 180/2023, de 17 de abril; 211/2023, de 8 de mayo; 259/2023 y 260/2023, de 22 de mayo; 302/2023, de 13 de junio, y 332/2023 y 333/2023, de 3 de julio). En el ATC 432/2023, de 11 de septiembre, esta misma sala inadmitió una recusación planteada en proceso de amparo electoral.

Las distintas secciones aceptaron un total de 516 abstenciones en recursos de amparo pendientes de admisión: doce la Sección Primera, cinco la Segunda, 496 la Sección Tercera y tres la Sección Cuarta.

La Sala Segunda dictó dos autos de acumulación: AATC 179/2023, de 17 de abril, y 321/2023, de 19 de junio. En ambos casos acordó la acumulación de sendos recursos de amparo promovidos en causas penales.

En el ATC 262/2023, de 23 de mayo, el Pleno rechazó la solicitud de aclaración de la STC 37/2023, de 19 de abril. La Sala Primera hizo lo propio en el ATC 598/2023, de 20 de noviembre, en relación con la petición de aclaración de la STC 91/2023, de 11 de septiembre, y la Sala Segunda denegó otras dos solicitudes de aclaración: AATC 283/2023, de 5 de junio, respecto de la STC 6/2023, de 20 de febrero, y 331/2023, de 3 de julio, en relación con la STC 39/2023, de 8 de mayo. En el ATC 159/2023, de 30 de marzo, la Sala Primera rectificó un error padecido en la STC 23/2023, de 27 de marzo.

Completan la relación de autos dictados en 2023 por las distintas formaciones del Tribunal Constitucional los cinco en los que la Sección Segunda denegó los correspondientes recursos de reposición planteados en relación con otras tantas diligencias de ordenación (AATC 55/2023, de 20 de febrero; 60/2023, de 20 de febrero; 64/2023, 65/2023 y 66/2023, de 21 de febrero); los dos autos por los que el Pleno desestimó la solicitud de revisión de diligencias de ordenación (AATC 6/2023, de 24 de enero, y 487/2023, de 24 de octubre); así como el ATC 666/2023, de 12 de diciembre, donde el Pleno, al estimar un recurso de revisión, dejó sin efecto otra diligencia de ordenación dictada en un proceso de amparo cuya tramitación había sido previamente avocada.

Finalmente, hemos de mencionar los AATC 56/2023, de 20 de febrero, en el que la Sala Primera declaró que no se había producido funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo, y 263/2023, de 23 de mayo, donde el Pleno inadmitió una petición de nulidad de actuaciones en relación con la STC 38/2023, de 20 de abril, desestimatorio de un recurso de amparo promovido respecto de la resolución dictada en un expediente de jurisdicción voluntaria sobre dispensación de la vacuna contra la covid-19.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2023 el Pleno admitió a trámite treinta y ocho nuevos asuntos jurisdiccionales en procesos de inconstitucionalidad. Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto un recurso de inconstitucionalidad, dieciocho cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto en defensa de la autonomía local y cuatro cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales.

Por su parte, las salas admitieron a trámite ochenta y siete recursos de amparo (treinta y uno la Sala Primera y cincuenta y seis la Sala Segunda). De los cuarenta y seis recursos de amparo admitidos por la Sala Segunda, catorce lo fueron por auto. La Sala Primera inadmitió por auto un recurso de amparo (ATC 223/2023, de 8 de mayo) y otro tanto hicieron las Secciones Tercera (ATC 1/2023, de 4 de enero, al que se formuló un voto particular) y Cuarta (ATC 427/2023, de 11 de septiembre, que cuenta con un voto particular). En el ATC 378/2023, de 9 de agosto, al que se formuló un voto particular, la Sección de Vacaciones inadmitió a trámite otro recurso de amparo.

Las salas dictaron asimismo 11.415 providencias de inadmisión (5.615 la Sala Primera y 5.800 la Sala Segunda) y 212 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión (ochenta la Sala Primera y 132 la Sala Segunda). Como ya se ha indicado en su momento, una providencia de inadmisión de la Sala Primera y cinco de la Sala Segunda fueron revocadas, al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal.

Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (11.768, cifra que resulta de la suma de las providencias de admisión, autos y providencias de inadmisión y providencias de terminación de asuntos), solo 126 (112 providencias de admisión y catorce autos de admisión), es decir, el 1,07 por 100, dieron lugar a la tramitación de los asuntos para su posterior resolución por sentencia, en tanto que el restante 98,93 por 100 conllevó el archivo del asunto.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. En 2023 la mayoría de los recursos de amparo admitidos a trámite lo fue por la concurrencia de varios motivos (cuarenta y cinco, es decir, el 51,14 por 100); el segundo lugar lo ocupó la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por resoluciones judiciales (diez, el 11,36 por 100), en número parejo a la ausencia de doctrina constitucional (nueve, el 10,23 por 100). Los motivos relativos a la repercusión social o económica del asunto y las consecuencias políticas generales dieron lugar a la admisión de siete recursos de amparo (el 7,95 por 100) cada uno de ellos, en tanto que la posible aclaración o cambio de doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna fue la causa de admisión de seis recursos (6,82 por 100 de los recursos admitidos). En cuatro ocasiones (4,55 por 100) los recursos de amparo se admitieron a trámite para proceder a una eventual aclaración o cambio de doctrina a consecuencia de cambios normativos.

En cuanto a las causas de inadmisión, se ha producido un cambio en las posiciones ocupadas por los motivos principales de inadmisión a trámite de las demandas de amparo, de modo que ha pasado a ocupar el primer puesto la causa relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (5.219, el 45,73 por 100), superando así a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (2.558, el 22,41 por 100). La falta de agotamiento de la vía judicial previa determinó la inadmisión de 1.207 demandas de amparo (10,57 por 100 de las decisiones de inadmisión); la inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado dio lugar a 820 providencias de inadmisión (7,18 por 100) y la falta absoluta de justificación de la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional concurrió en 691 ocasiones (6,05 por 100). La falta de subsanación de defectos procesales, pese a haberse dado ocasión para ello a los recurrentes, fue la causa de inadmisión de 597 demandas de amparo (5,23 por 100), en tanto que la constatación de la extemporaneidad del recurso conllevó la inadmisión de otras 261 (2,29 por 100). En treinta y tres ocasiones (0,29 por 100) se acordó la inadmisión por falta de denuncia tempestiva de la vulneración del derecho fundamental alegado en la demanda; en quince (0,13 por 100) fueron varios los motivos que condujeron a la inadmisión y en los catorce restantes (0,12 por 100) concurrieron otros motivos.

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2023 y los resueltos ese año, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió sesenta y un procesos de inconstitucionalidad (recursos y cuestiones de inconstitucionalidad), conflictos constitucionales y en defensa de la autonomía local y cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales; admitió a trámite veinticuatro e inadmitió otros tantos. Además, avocó cuatro recursos de amparo y admitió hasta un total de catorce. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que el Pleno decidiera sobre su admisión once cuestiones de inconstitucionalidad y tres recursos de amparo.

El Pleno dictó setenta sentencias y resolvió —por sentencia o por auto de terminación— noventa y cuatro asuntos. El Pleno finalizó el año con 106 asuntos pendientes de sentencia en otros tantos procesos (cincuenta y seis recursos de inconstitucionalidad, doce cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto positivo de competencia, una cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales y treinta y seis recursos de amparo previamente avocados). Esto supuso un ligero descenso de la pendencia, que en 2022 se situaba en 115 asuntos.

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 4.016 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 5.615 (uno de ellos mediante auto y, el resto, por providencia) y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros ochenta recursos que se hallaban pendientes de admisión (todos ellos por providencia). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.127 asuntos (2.850 en 2022) y de resolver por sentencia otros cuarenta y dos (sesenta y seis en 2022). Como ya se ha apuntado, se aprecia una notable reducción de la pendencia, del 60,45 por 100 en fase de admisión, y del 36,36 por 100 en fase de sentencia.

En la Sala Segunda ingresaron 4.039 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 5.797 (dos de ellos por auto) y dio por terminados, siempre mediante providencia, 132 recursos pendientes de admisión. Al finalizar el año quedaban pendientes de decidir sobre su admisión 1.534 (3.462 en 2022) y sesenta y cinco de resolver por sentencia (noventa y siete en 2022). La disminución de la pendencia alcanzó al 55,70 por 100 en fase de admisión y el 33 por 100 en fase de sentencia.

Las secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2023 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 106 asuntos, sin ninguno acumulado (115 en 2022). Esta cifra se desglosa del siguiente modo: cincuenta y seis recursos de inconstitucionalidad, doce cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto positivo de competencia, una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales y treinta y seis recursos de amparo avocados. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad once cuestiones de inconstitucionalidad y tres recursos de amparo.

En las salas se hallaban pendientes de sentencia 107 procesos de amparo: cuarenta y dos en la Sala Primera y sesenta y cinco en la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver acerca de su admisibilidad en las salas ascendían a 2.661 (6.312 en 2022): 1.127 en la Sala Primera y 1.534 en la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2023 el Tribunal Constitucional dictó cuarenta y dos sentencias en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales: treinta y cuatro en recursos de inconstitucionalidad, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y una en un conflicto positivo de competencia. Todas estas sentencias fueron dictadas por el Pleno.

En dos de estas sentencias, el Pleno del Tribunal declaró la extinción del proceso constitucional por pérdida sobrevenida de su objeto: SSTC 3/2023, de 9 de febrero, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, y 20/2023, de 23 de marzo, en conflicto positivo de competencia. En otras cinco ocasiones constató la pérdida parcial de objeto: SSTC 36/2023, de 19 de abril; 44/2023, de 9 de mayo; 45/2023, de 10 de mayo; 60/2023, de 24 de mayo, y 143/2023, de 24 de octubre, todas ellas resolutorias de recursos de inconstitucionalidad.

Las treinta y cuatro sentencias dictadas por el Pleno en recursos de inconstitucionalidad versaron sobre pretensiones anulatorias respecto de leyes o normas con valor de ley estatales o autonómicas en materia de aborto (STC 44/2023, de 9 de mayo); educación (SSTC 34/2023, de 18 de abril, y 49/2023, de 10 de mayo); eutanasia (SSTC 19/2023, de 22 de marzo, y 94/2023, de 12 de septiembre); financiación local y autonómica (SSTC 50/2023, de 10 de mayo; 124/2023, de 26 de septiembre, y 143/2023, de 24 de octubre); igualdad entre mujeres y hombres (STC 18/2023, de 21 de marzo); jurisdicción contencioso-administrativa (STC 166/2023, de 22 de noviembre); medio ambiente (STC 126/2023, de 27 de septiembre); minería (STC 127/2023, de 27 de septiembre); protección de personas con discapacidad (STC 146/2023, de 26 de octubre); puertos (STC 63/2023, de 24 de mayo); radio televisión pública (STC 45/2023, de 10 de mayo); régimen del Consejo General del Poder Judicial (STC 128/2023, de 2 de octubre); relaciones laborales (SSTC 144/2023 y 145/2023, de 25 de octubre, y 147/2023, de 6 de noviembre); telecomunicaciones (SSTC 10/2023, de 23 de febrero, 36/2023, de 19 de abril, y 60/2023, de 24 de mayo); tributos (STC 16/2023, de 7 de marzo, 17/2023, de 9 de marzo, 35/2023, de 18 de abril, 62/2024, de 24 de mayo, 149/2023, de 7 de noviembre, 170/2023 y 171/2023, de 22 de noviembre, y 189/2023 y 190/2023, de 12 de diciembre) y vivienda (SSTC 8/2023 y 9/2023, de 22 de febrero, y 15/2023, de 7 de marzo).

En cuestiones de inconstitucionalidad, el Pleno dictó siete sentencias en procesos que tenían por objeto normales estatales o autonómicas con rango de ley relativas a las siguientes materias: autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias (STC 3/2023, de 9 de febrero); expropiación forzosa (STC 168/2023, de 22 de noviembre); juego (STC 169/2023, de 22 de noviembre); periodismo deportivo (STC 7/2023, de 21 de febrero); procesos ejecutivos en la jurisdicción civil (STC 66/2023, de 6 de junio); régimen lingüístico de las corporaciones locales (STC 85/2023, de 5 de julio) y tributos (STC 67/2023, de 6 de junio).

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la STC 20/2023, de 23 de marzo, el Pleno del Tribunal constató la extinción de un conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

En veintiséis de estas sentencias se formularon votos particulares.

Por auto, el Pleno inadmitió un recurso de inconstitucionalidad (ATC 32/2023, de 7 de febrero), dieciocho cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 4/2023, de 24 de enero; 36/2023, de 7 de febrero; 38/2023, de 8 de febrero; 67/2023, de 21 de febrero; 186/2023, de 18 de abril; 298/2023 a 301/2023, de 6 de junio, que cuenta con un voto particular discrepante; 376/2023, de 18 de julio; 446/2023, de 27 de septiembre; 526/2023, 532/2023 y 535/2023, de 6 de noviembre; 603/2023 y 604/2023, de 21 de noviembre, y 667/2023 y 669/2023, de 12 de diciembre), un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 354/2023, de 4 de julio; confirmado en súplica por el ATC 485/2023, de 24 de octubre) y cuatro cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales (AATC 187/2023 y 188/2023, de 18 de abril; 330/2023, de 20 de junio, y 486/2023, de 24 de octubre). Dictó, asimismo, dos autos desestimatorios de sendos recursos de súplica formulados en relación con autos que habían acordado la inadmisión de recursos de inconstitucionalidad (AATC 34/2023 bis, de 7 de febrero, que confirmó en súplica el ATC 155/2022, de 16 de noviembre, y 297/2023, de 6 de junio, que confirmó en súplica el antes citado ATC 32/2023).

El Pleno consignó la extinción por pérdida sobrevenida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 3/2023, de 24 de enero) y, por desistimiento de su promotor, de un conflicto positivo de competencia (ATC 602/2023, de 21 de noviembre).

El Pleno dictó tres autos pronunciándose sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas autonómicas con rango de ley, impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación de los artículos 161.2 CE y 30 LOTC: acordó el levantamiento de la medida cautelar en el ATC 35/2023, de 7 de febrero; la mantuvo parcialmente en el ATC 265/2023, de 23 de mayo, e íntegramente en el ATC 445/2023, de 27 de septiembre. Por otra parte, en el ATC 189/2023, de 18 de abril, se confirmó en súplica la providencia que había denegado la suspensión del precepto de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que había introducido el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Resolvió por auto trece solicitudes de abstención en procesos de inconstitucionalidad: ocho en recursos de inconstitucionalidad (AATC 7/2023, de 24 de enero; 30/2023, 33/2023 y 34/2023, de 7 de febrero; 62/2023, de 21 de febrero; 326/2023, de 20 de junio, y 521/2023 y 522/2023, de 6 de noviembre) y cinco en cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2023, de 24 de enero; 185/2023, de 18 de abril; 355/2023, de 4 de julio; 377/2023, de 18 de julio y 433/2023, de 12 de septiembre). En el ATC 28/2023, de 7 de febrero, al que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados, rechazó una solicitud de abstención en recurso de inconstitucionalidad, y en otros dos autos inadmitió sendas recusaciones de magistrados en recursos de inconstitucionalidad (AATC 37/2023, de 8 de febrero, y 70/2023, de 21 de febrero).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2023, el Pleno del Tribunal dictó treinta y dos sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley del Estado: veintisiete de ellas fueron dictadas en recursos de inconstitucionalidad (SSTC 9/2023, de 22 de febrero; 10/2023, de 23 de febrero; 15/2023 y 16/2023, de 7 de marzo; 17/2023, de 9 de marzo; 18/2023, de 21 de marzo; 19/2023, de 22 de marzo; 34/2023 y 35/2023 de 18 de abril; 36/2023, de 19 de abril; 44/2023, de 9 de mayo; 45/2023, 49/2023, y 50/2023 de 10 de mayo; 60/2023 y 62/2023, de 24 de mayo; 94/2023, de 12 de septiembre; 128/2023, de 2 de octubre; 144/2023 y 145/2023, de 25 de octubre; 147/2023, de 6 de noviembre; 149/2023, de 7 de noviembre; 166/2023, 170/2023 y 171/2023 de 22 de noviembre, y 189/2023 y 190/2023, de 12 de diciembre) y otras cinco en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 3/2023, de 9 de febrero; 7/2023, de 21 de febrero; 66/2023 y 67/2023, de 6 de junio, y 169/2023, de 22 de noviembre).

En tres sentencias se declararon extinguidas sendas cuestiones de inconstitucionalidad. En la STC 3/2023, de 9 de febrero, se declaró la extinción de una cuestión que tenía por objeto el art. 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la administración de justicia, precepto legal que había sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 70/2022, de 2 de junio. En las SSTC 66/2023, de 6 de junio, y 169/2023, de 22 de noviembre, se declararon extintas, por pérdida sobrevenida del requisito de aplicabilidad —y relevancia— de las normas legales al caso, sendas cuestiones que tenían por objeto los arts. 565.1 y 557.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, y el art. 7.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Por otro lado, en la STC 9/2023, de 22 de febrero, se dictó un fallo de inadmisión parcial respecto de una parte del preámbulo de la norma con rango legal controvertida por más de cincuenta diputados: el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esa misma sentencia declaró la pérdida parcial de objeto del recurso; declaración que también se realizó en las SSTC 3/2023, de 9 de febrero; 10/2023, de 23 de febrero; 15/2023, de 7 de marzo; 36/2023, de 19 de abril; 44/2023, de 9 de mayo; 45/2023, de 10 de mayo; 60/2023, de 24 de mayo, y 128/2023, de 2 de octubre.

En ninguna de estas sentencias se apreció la concurrencia de causa alguna de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales estatales controvertidos.

Seis de estas sentencias resolvieron otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por más de cincuenta diputados respecto de leyes orgánicas concernientes a materias tales como eutanasia, educación, aborto, o el régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial. Todas estas sentencias desestimaron íntegramente los correspondientes recursos.

La STC 19/2023, de 22 de marzo, desestimó el recurso interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en relación con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de eutanasia. La sentencia declaró que la eutanasia activa directa se corresponde con el derecho a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos, un derecho que dimana de los derechos a la autodeterminación y la integridad física y moral, en conexión con los principios de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad. El sistema establecido por la ley orgánica controvertida asegura la preservación del derecho fundamental a la vida y salvaguarda los demás derechos de las personas que pretenden acceder a esta prestación. Igualmente, la STC 19/2023 afirmó que la norma impugnada respeta la reserva constitucional de ley orgánica, pues la remisión legislativa para el desarrollo de protocolos, que valoren la situación de las personas con incapacidad de hecho que solicitan la prestación y homogenicen las buenas prácticas en la prestación del servicio, se ajusta a la Constitución. Se rechazaron, en fin, las alegaciones formuladas en contra del régimen de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Esta doctrina fue aplicada en la STC 94/2023, de 12 de octubre, que desestimó otro recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con la misma ley orgánica. Ambas sentencias contaron con tres votos particulares, uno de ellos concurrente y los otros dos, discrepantes.

En la STC 44/2023, de 9 de mayo, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva. La sentencia concluyó que tanto el sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo dentro de las catorce primeras semanas sin que medien indicaciones terapéuticas, como las condiciones establecidas al efecto, son conformes con la Constitución y respetuosos con los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad, y con el derecho a la integridad física y moral. Asimismo, la STC 44/2023 descartó la vulneración de las libertades ideológica, de conciencia y de enseñanza en la regulación de las condiciones de ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario y aquellas otras relativas a los programas curriculares de formación para la interrupción voluntaria del embarazo. A esta sentencia se formularon tres votos particulares: uno concurrente y los otros, uno de ellos suscrito por tres magistrados, discrepantes.

En materia de educación, el Pleno dictó las SSTC 34/2023, de 18 de abril, y 49/2023, de 10 de mayo, desestimatorias de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios de Vox y Popular del Congreso, respectivamente, frente a diversos preceptos de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. La STC 34/2023 hizo hincapié en que la ordenación del sistema educativo plasmada en la ley orgánica controvertida se halla dentro del margen de libertad del legislador en la configuración del derecho a la educación: La regulación de la programación de oferta de plazas públicas por las autoridades educativas, amén de que no supone la supresión de la enseñanza en centros privados o concertados, es una opción legítima para la garantía de la existencia de plazas públicas en número suficiente. La priorización de alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios se ajusta al principio de inclusión en el modelo educativo, del mismo modo que la exclusión de ayudas públicas para la educación diferenciada por sexos es una opción constitucionalmente legítima y conforme con el modelo educativo pluralista. El derecho a la educación, subraya la STC 34/2023, no excluye la transmisión de valores, siempre que sean acordes con la Constitución. Por otro lado, ni la proclamación del derecho a la educación en castellano conlleva su consideración excluyente como lengua vehicular, ni las previsiones legales atinentes a las evaluaciones generales y de diagnóstico, prueba de acceso a la universidad, inspección del sistema educativo y ordenación y adaptación de los currículos académicos son contrarias al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias. La doctrina de la STC 34/2023, sentencia a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente y otro discrepante suscrito por tres magistrados, fue reiterada en la STC 49/2023, donde se hizo hincapié en que la prohibición de discriminación por razones socioeconómicas no impide que ciertas actividades complementaria deban ser costeadas por las familias, y que el mandato de cooperación de los municipios para la obtención de solares destinados a nuevos centros docentes públicos no prohíbe la cesión de suelo para iniciativas docentes privadas. A esta sentencia se formularon tres votos particulares, uno de ellos concurrente y los otros dos, discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

Finalmente, la STC 128/2023, de 2 de octubre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. La sentencia, tras rechazar las impugnaciones concernientes a la tramitación parlamentaria de la ley, concluyó que el legislador orgánico había actuado en el marco de sus competencias de desarrollo normativo al salir al paso de las consecuencias derivadas de la falta de renovación en plazo de los vocales del Consejo, una vez concluso su mandato. La configuración de un régimen jurídico del Consejo en funciones representa una opción legítima. A la STC 128/2023 se formuló un voto particular discrepante, suscrito por cuatro magistrados.

En 2023 se dictaron quince sentencias —una de ellas resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad y las restantes de sendos recursos de inconstitucionalidad— en procesos relativos a reales decretos-leyes.

La STC 7/2023, 21 de febrero, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, en la redacción introducida por el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril. En esta ocasión el cuestionamiento de la norma no versó sobre el respeto de los límites formales o materiales de los decretos-leyes, sino sobre el fondo de la norma contenida en el precepto legal concernido: la compensación económica que deben abonar los prestadores de servicios de comunicación radiofónica para acceder a los estadios para retransmitir eventos deportivos. La sentencia concluye que la supeditación del acceso al pago de esa compensación económica no representa una vulneración del derecho de información, sino una lógica contraprestación ens favor de los clubes deportivos. Tampoco se aprecia infracción alguna del derecho de antena por la previsión de esta carga patrimonial de explotación. A la STC 7/2023 se formuló un voto particular discrepante, suscrito por dos magistradas.

En la STC 9/2023, de 22 de febrero, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con varios preceptos del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, derivadas de la emergencia sanitaria por covid-19, que extendió a los procesos penales la posibilidad de suspensión del lanzamiento en procedimientos de desahucio sustanciados durante el estado de alarma, cuando estos afectan a personas en situación vulnerable. Esta sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, concluyó que las disposiciones impugnadas no excedían los límites materiales de los decretos-leyes; en particular, descartó que afectaran al núcleo esencial del derecho de propiedad, al ordenamiento competencial básico de las instituciones del Estado, o al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. La doctrina de la STC 9/2023 fue aplicada en la STC 15/2023, de 7 de marzo, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto de este mismo real decreto-ley. A esta última sentencia se formularon tres votos particulares discrepantes.

Otras tres sentencias —SSTC 10/2023, de 23 de febrero; 36/2023, de 19 de febrero, y 60/2023, de 24 de mayo—, desestimaron otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes instancias autonómicas en relación con Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En particular, se controvertía la regulación de la administración y firma electrónica, así como de la intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones. La STC 10/2023 desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y rechazó, en particular, las alegaciones relativas a la falta de concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y declaró que se encuadra dentro de las competencias estatales la regulación de aspectos tales como la acreditación digital de identidad de los ciudadanos, la restricción de uso de determinados sistemas de identificación electrónica, la suspensión cautelar de la transmisión de datos, la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, entre otros. En la STC 36/2023, que desestimó el recurso formulado por el Gobierno Vasco, además de aplicar la doctrina de la STC 10/2023, se hizo hincapié en que la regulación controvertida no afecta al secreto de las comunicaciones ni a las libertades comunicativas reconocidas en el artículo 20.1 CE. La STC 60/2023, por último, desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Cataluña.

La STC 17/2023, de 9 de marzo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. La sentencia constató que se había justificado suficientemente la concurrencia del presupuesto habitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma urgente del tributo local concernido; una urgente necesidad resultante del vacío normativo producido por la anulación de la regulación anterior por la STC 182/2021, de 26 de octubre. La doctrina de esta sentencia fue luego aplicada en la STC 35/2023, de 18 de abril.

Por su parte, las SSTC 144/2023, de 25 de octubre, y 147/2023, de 6 de noviembre, que cuentan, cada una de ellas, con un voto particular discrepante formulado por cuatro magistrados, desestimaron dos recursos interpuestos por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios de Vox y Popular del Congreso, respectivamente, en relación con el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. La STC 144/2023, en términos luego reiterados por la STC 147/2023, concluyó que el Gobierno había justificado razonadamente la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, así como la conexión de las medidas adoptadas para hacer frente a esa situación, toda vez que la acelerada digitalización a lo largo de la crisis sanitaria por covid-19 y el aumento de la precariedad laboral y del volumen de servicios prestados a través de plataformas digitales, hacían necesaria la toma de medidas que garantizaran condiciones de trabajo justas en la economía de las plataformas digitales. Asimismo, se descartó que la entrada en vigor no inmediata de las medidas desvirtuara la urgencia de su adopción, pues se dispuso una vacatio legis razonable.

La STC 16/2023, de 7 de marzo, siempre del Pleno, desestimó el recurso interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. La modificación del límite de deducciones fiscales otorgadas por inversión en producciones audiovisuales realizadas en Canarias se justificó en las modificaciones estatales al impuesto de sociedades, y se realizó en el marco del carácter evolutivo y diferenciado del régimen fiscal canario. La sentencia estimó suficientemente acreditada la situación de extraordinaria y urgente necesidad, derivada de la necesaria aplicación de medidas fiscales antes del inicio del plazo de declaración y pago del impuesto en el ejercicio fiscal de 2020; y la conexión de sentido entre aquella y las medidas adoptadas para hacerle frente.

Por otro lado, la STC 18/2023, de 21 de marzo, a la que se formuló un voto particular discrepante, suscrito por cuatro magistrados, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso respecto del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes dictadas para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La sentencia, tras afirmar que el Gobierno había justificado suficientemente la concurrencia del presupuesto habilitante, señaló que las previsiones normativas concretamente impugnadas guardaban conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que se pretendía hacer formar, habida cuenta de que la regulación anterior no había bastado para alcanzar los objetivos de igualdad perseguidos.

En la STC 45/2023, de 10 de mayo, se enjuició la constitucionalidad del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta el régimen jurídico aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española y de su presidente. En este caso, amén de reiterarse la doctrina contenida en la STC 134/2021, de 24 de julio, que había juzgado otro recurso de inconstitucionalidad con el mismo objeto, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso al concluir que la norma no infringió los límites de los decretos-leyes, ni desconoció la autonomía del Senado ni su facultad de control parlamentario. A la STC 45/2023 se formuló un voto particular parcialmente discrepante.

En la STC 145/2023, de 25 de octubre, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox en el Congreso respecto del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La sentencia juzgó suficientemente acreditada la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, pues, a pesar de tratarse de un problema estructural —los elevados índices de temporalidad—, la adopción de medidas urgentes se había justificado en la sobrevenida crisis sanitaria que comprometía la recuperación de la situación, el riesgo de pérdida de préstamos provenientes de la Unión Europea y la exclusión de la posibilidad de indemnizar a empleados una vez finalizado el contrato de interinidad por la falta de previsión legal. Asimismo, la sentencia apreció la existencia de conexión de sentido entre dicha situación y las medidas adoptadas —tasa adicional de estabilización de empleo temporal—, sin apreciar la concurrencia de ninguna vulneración de los límites materiales de los decretos-leyes.

Por último, la STC 166/2023, de 22 de noviembre, del Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el artículo 15 y el punto sexto de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptaron medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. La sentencia apreció que el Gobierno había justificado suficientemente la concurrencia del presupuesto habilitante, consistente en la finalización de la vigencia del estado de alarma, que aconseja la adopción de medidas de orden procesal, como la concretamente controvertida en este asunto, que permitan la revisión casacional de resoluciones judiciales de autorización o ratificación de medidas sanitarias. Tampoco se apreció la infracción de la exigencia de conexión de sentido entre la norma aprobada y la situación de urgente necesidad a la que se pretende dar respuesta.

La STC 50/2023, de 10 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de las Illes Balears en relación con la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2021. Centrada la controversia constitucional en el modelo de financiación autonómica, la sentencia hizo hincapié en que las previsiones plasmadas en los Estatutos de Autonomía y sus leyes de desarrollo no pueden condicionar la libertad de las Cortes Generales para definir las prioridades de gasto del Estado. Por lo que concretamente se refiere a la ausencia en la ley anual de presupuestos de una previsión relativa al «factor de insularidad» en la financiación del transporte público terrestre, la STC 50/2023 aseveró que no se trataba de una omisión contraria a la Constitución pues no contravenía el principio de solidaridad, ni las normas que constituyen el canon de enjuiciamiento de la validez de la ley controvertida.

En relación con leyes tributarias promulgadas por el Estado se dictaron otras siete sentencias. La STC 62/2023, de 24 de mayo, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados, desestimó el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia respecto de varios preceptos de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que traspone la Directiva sobre normas para evitar la elusión fiscal. Los preceptos impugnados regulaban la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los beneficiarios de pactos sucesorios cuando se produzca el fallecimiento del causante o la enajenación del bien antes de cinco años. La sentencia concluyó que el sometimiento a tributación en tales supuestos no contraviene los principios de capacidad económica, igualdad e irretroactividad de la ley, ni constituyen un supuesto de doble imposición contraria a la Constitución.

La STC 67/2023, de 6 de junio, del Pleno del Tribunal, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto del precepto de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación de normas tributarias, por el que se establecieron parámetros para el cálculo del valor en las transmisiones a título oneroso. La sentencia concluyó que la no previsión de coeficientes de corrección monetaria para la actualización del valor de adquisición de las ganancias patrimoniales no había sido contraria al principio de capacidad económica y enfatizó, de igual modo, que no se había acreditado una situación excepcional de la que se desprendiera una obligación para el legislador de prever ajustes específicos a la inflación. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.

Finalmente, el Pleno del Tribunal, en la STC 149/2023, de 7 de noviembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, creado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. La sentencia concluyó que la tramitación parlamentaria de la iniciativa no supuso quebranto de los elementos esenciales de la función representativa de los parlamentarios; tampoco se vio afectada la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ni el principio de seguridad jurídica o de confianza legítima de los contribuyentes pues se trata de un tributo sin período impositivo, que se devengó por vez primera el 31 de diciembre de 2022, cuando ya había entrado en vigor la ley impugnada, de modo que no hubo retroactividad alguna. La doctrina de esta sentencia fue aplicada en las SSTC 170/2023 y 171/2023, de 22 de noviembre, y 189/2023 y 190/2023, de 12 de diciembre, que desestimaron cuatro recursos de inconstitucionalidad en relación con la misma norma. A todas estas sentencias se formuló un voto particular discrepante suscrito por cuatro magistrados.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

A lo largo de 2023 se dictaron siete sentencias en recursos de inconstitucionalidad (SSTC 8/2023, de 22 de febrero; 63/2023, de 24 de mayo; 124/2023, de 26 de septiembre; 126/2023 y 127/2023, de 27 de septiembre; 143/2023, de 24 de octubre; 146/2023, de 26 de octubre) y otras dos en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 85/2023, de 5 de julio, y 168/2023, de 22 de noviembre) que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas. Todas estas sentencias, cinco de las cuales cuentan con algún voto particular, fueron dictadas por el Pleno del Tribunal.

En estas sentencias se declaró la inconstitucionalidad y nulidad, total o parcial, de siete preceptos legales autonómicos. Asimismo, la STC 63/2023, de 24 de mayo, declaró la inconstitucionalidad, sin nulidad, de un artículo de la Ley de les Corts Valencianes 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2022, y la STC 168/2023, de 22 de noviembre, hizo lo propio con un precepto de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, y de la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio.

Mediante auto, el Pleno del Tribunal inadmitió un recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por una fracción parlamentaria, porque no alcanzó el número mínimo de cincuenta diputados frente al Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero (ATC 32/2023, de 7 de febrero, al que se formuló un voto particular discrepante, y que sería confirmado en súplica por el ATC 297/2023, de 6 de junio). También inadmitió cuatro cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con leyes autonómicas (AATC 4/2023, de 23 de enero, en relación con las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para los años 2010 a 2012; 36/2023, de 7 de febrero, Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias; 38/2023, de 8 de febrero, diversos preceptos del Código civil de Cataluña relativos a la violencia vicaria, y 604/2023, de 21 de noviembre, Ley 6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las policías locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). A su vez, el ATC 3/2023, de 24 de enero, declaró extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto de la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

Por otra parte, el Pleno dictó tres autos sobre mantenimiento o levantamiento de la suspensión de normas autonómicas con rango de ley, impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: ATC 35/2023, de 7 de febrero, que levantó la suspensión del artículo 173 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022; ATC 265/2023, de 23 de mayo, que mantuvo parcialmente la suspensión de diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública de Aragón, y ATC 445/2023, de 27 de septiembre, que mantuvo la suspensión de la disposición adicional de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

Se dictaron cinco sentencias en procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto leyes de la Comunidad Valenciana. Tres de ellas declararon la nulidad total o parcial de los preceptos legales controvertidos (SSTC 63/2023, de 24 de mayo; 124/2023, de 26 de septiembre, y 168/2023, de 22 de noviembre) y las otras dos desestimaron las impugnaciones (SSTC 8/2023, de 22 de febrero, y 143/2023, de 24 de octubre, que declaró la pérdida parcial de objeto del recurso de inconstitucionalidad, en aquello que versaba sobre preceptos ya anulados por la mencionada STC 124/2023).

La STC 8/2023, de 22 de febrero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular respecto del Decreto-ley del Consell 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. La sentencia apreció la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, en cuanto la norma buscaba solucionar las demandas de alojamiento de las personas en condición de vulnerabilidad; declaró, igualmente, que no había invasión de competencias estatales, al limitarse la norma autonómica a regular instrumentalmente una herramienta para el ejercicio de la competencia en materia de vivienda, sin abordar un tratamiento integral del instituto jurídico. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente y otro discrepante.

Reiterando en lo pertinente la doctrina de la STC 40/1998, de 19 de febrero, la STC 63/2023, de 24 de mayo, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 173 de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Este precepto legal establecía un régimen de distancias mínimas para los nuevos desarrollos urbanísticos de sectores o unidades de ejecución e implantación de actividades económicas que puedan implicar riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas. Pues bien, la sentencia declaró su inconstitucionalidad, «en la medida que sea aplicable a los puertos de interés general de titularidad estatal».

La STC 124/2023, de 26 de septiembre, enjuició la constitucionalidad de varios preceptos de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, reguladora del fondo de cooperación municipal de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana. El Pleno del Tribunal estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las previsiones relativas a la distribución de los recursos económicos del fondo municipal creado por la ley, puesto que contravenían el núcleo básico de regulación de esta materia establecido en el Estatuto de Autonomía; por lo demás, la STC 124/2023 concluyó que la regulación legal del fondo de cooperación municipal controvertido respetaba la autonomía provincial en su vertiente de gasto y contemplaba adecuadamente la participación de las diputaciones provinciales en su gestión. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por tres magistrados. La doctrina recogida en esta sentencia fue luego reiterada en la STC 143/2023, de 24 de octubre, a la que se formularon los mismos votos particulares.

Por último, la STC 168/2023, de 22 de noviembre, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto de la disposición transitoria undécima de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, y también respecto de la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio. En esta sentencia se declaró la inconstitucionalidad del precepto que suspendía la facultad reconocida a los propietarios de instar la expropiación de terrenos destinados a dotaciones públicas.

Las cuatro sentencias restantes enjuiciaron la constitucionalidad de leyes de las comunidades autónomas del País Vasco, Región de Murcia, Extremadura y Madrid.

En la STC 85/2023, de 5 de julio, el Pleno resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y declaró la nulidad parcial del artículo 6.2 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi, en el que se establecía el uso preferente del vasco en las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos colegiados de los entes locales, siempre que no se lesionaran los derechos de ningún miembro de la corporación que pudiera alegar válidamente el desconocimiento del euskera. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.

La STC 126/2023, de 27 de septiembre, igualmente del Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del precepto de Decreto-ley del Gobierno de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, que establecía la restitución de los cultivos que habían sido cesados o prohibidos por resolución firme en vía administrativa por el organismo de cuenca, al no estar amparados por un derecho de aprovechamiento de aguas. La sentencia concluyó que se había acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, habida cuenta de la situación crítica del estado ecológico del Mar Menor; igualmente, descartó que el precepto legal controvertido afectara las competencias estatales, pues se limitaba a disciplinar la intervención administrativa de la comunidad autónoma, sin incidir en las normas de procedimiento administrativo común.

La STC 127/2023, de 27 de septiembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de la Junta de Extremadura 5/2022, de 31 de agosto, por el que se estableció la obligación de realizar el tratamiento y beneficio del litio en el territorio de Extremadura como condición para el otorgamiento de los oportunos permisos de explotación y de la correspondiente concesión. La sentencia concluyó que la carga introducida por el legislador autonómico invadía la competencia sobre bases del régimen minero, exclusiva del Estado, y quebrantaba el principio de unidad de mercado.

Por último, en la STC 146/2023, de 26 de octubre, el Pleno del Tribunal, al estimar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, declaró inconstitucional y nula una disposición de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, que creó la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad: el precepto introducía el requisito de tramitación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la autorización judicial de actuaciones que afecten al derecho a la vida de las personas con discapacidad, puesto que esta previsión legal invadía la competencia exclusiva del Estado sobre legislación procesal, sin que pudiera constatarse aquí la existencia de particularidad alguna del Derecho sustantivo autonómico que justificara la calificación de la previsión controvertida como una especialidad necesaria a los efectos del art. 149.1.6 CE.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo de 2023, el Tribunal Constitucional dictó 148 sentencias en procesos de amparo. El Pleno dictó veintiocho de ellas, cincuenta y cinco la Sala Primera y sesenta y cinco la Sala Segunda. La Sala Segunda resolvió sesenta y siete asuntos en estas sesenta y cinco sentencias, pues las SSTC 54/2023, de 22 de mayo, y 81/2023, de 3 de julio, se dictaron en procesos constitucionales donde previamente se habían acumulado sendos recursos de amparo. A sesenta y una de estas sentencias se formuló algún voto particular: veintiuna del Pleno, diecinueve de la Sala Primera y veintiuna de la Sala Segunda.

Por lo que hace a su parte dispositiva, en sesenta y nueve de estas sentencias se estimó total o parcialmente el correspondiente recurso de amparo, en setenta se desestimó y en las nueve restantes se inadmitió. Interesa, no obstante, precisar que en la STC 90/2023, de 11 de septiembre, la inadmisión parcial del recurso de amparo vino acompañada de la desestimación, y en la STC 92/2023, de 11 de septiembre, de la estimación del recurso de amparo.

En el trámite de admisión debemos consignar que las secciones primera, tercera y cuarta inadmitieron por auto un recurso de amparo cada una de ellas (AATC 223/2023, de 8 de mayo; 1/2023, de 4 de enero, y 427/2023, de 11 de septiembre, respectivamente; a estos dos últimos autos se formularon sendos votos particulares discrepantes) y lo mismo hizo la Sección de Vacaciones en el ATC 378/2023, de 9 de agosto, que cuenta asimismo con un voto particular discrepante. También por auto, la Sala Segunda admitió a trámite catorce recursos de amparo (AATC 284/2023, 285/2023 y 287/2023 a 293/2023, de 5 de junio; 338/2023, de 3 de julio, y 425/2023, de 5 de septiembre). Todos estos autos cuentan con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados, con la única excepción del ATC 425/2023, donde el voto discrepante lo formuló un solo magistrado.

En materia de suspensión se dictaron cuarenta y cinco autos. El Pleno dictó once de ellos. Acordó la suspensión parcial del acto del poder público respecto del cual se instaba el amparo en el ATC 327/2023, de 20 de junio; la denegó en los AATC 438/2023 a 444/2023, de 26 de septiembre; aceptó el desistimiento en el incidente de suspensión en el ATC 437/2023, de 26 de septiembre, y acordó el archivo por pérdida de objeto del incidente en los AATC 328/2023 y 329/2023, de 20 de junio.

Las salas dictaron los otros treinta y cuatro autos en incidentes de suspensión: veinticuatro la Sala Primera y diez la Sala Segunda. En veinticuatro de estas resoluciones se denegó la medida cautelar interesada (AATC 12/2023 a 18/2023, de 6 de febrero; 102/2023, de 6 de marzo; 181/2023, de 17 de abril; 286/2023, de 5 de junio; 322/2023 a 325/2023, de 19 de junio; 334/2023, de 3 de julio; 428/2023, 429/2023 y 431/2023, de 11 de septiembre; 436/2023, de 25 de septiembre; 458/2023, 473/2023 y 477/2023 de 23 de octubre; 599/2023, de 20 de noviembre, y 661/2023, de 11 de diciembre); en otros tres casos la denegación se acompañó de la orden de anotación preventiva de la demanda de amparo (AATC 59/2023, de 20 de febrero; 370/2023, de 17 de julio, y 601/2023, de 20 de noviembre). La suspensión se otorgó en tres autos (AATC 24/2023, de 6 de febrero; 600/2023, de 20 de noviembre, y 663/2023, de 11 de diciembre) y en otros tres —AATC 26/2023, de 6 de febrero; 103/2023, de 6 de marzo, y 482/2023, de 23 de octubre— se mantuvo la suspensión inicialmente acordada en las correspondientes providencias de admisión de sendos recursos de amparo promovidos en causas penales. En el ATC 472/2023, de 23 de octubre, se aceptó el desistimiento del demandante de amparo en el incidente de suspensión.

En cuanto a las abstenciones y recusaciones, el Pleno aceptó las abstenciones interesadas en seis en procesos de amparo (AATC 29/2023, de 7 de febrero; 63/2023, de 21 de febrero; 139/2023, de 21 de marzo; 374/2023, de 18 de julio; 434/2023, de 12 de septiembre, y 664/2023, de 12 de diciembre) y la rechazó en otro (ATC 28/2023, de 7 de febrero). Asimismo, el Pleno del Tribunal inadmitió las recusaciones de magistrados formuladas en diez procesos de amparo (AATC 31/2023, de 7 de febrero; 190/2023, de 19 de abril; 236/2023, de 9 de mayo —revisado en súplica por el ATC 353/2023, de 4 de julio, que ordenó la retroacción de actuaciones—; 238/2023, de 9 de mayo; 483/2023, 484/2023 y 488/2023 a 490/2023, de 24 de octubre, y 665/2023, de 12 de diciembre).

La Sala Primera aceptó una abstención en un recurso de amparo promovido en causa penal (ATC 320/2023, de 19 de junio) y la Sala Segunda dictó diez autos aceptando otras tantas abstenciones en procesos de amparo suscitados en procesos contencioso-administrativos (AATC 57/2023, de 20 de febrero; 120/2023 bis, de 15 de marzo; 178/2023 y 180/2023, de 17 de abril; 211/2023, de 8 de mayo; 259/2023 y 260/2023, de 22 de mayo; 302/2023, de 13 de junio, y 332/2023 y 333/2023, de 3 de julio). En el ATC 432/2023, de 11 de septiembre, esta misma sala inadmitió una recusación planteada en proceso de amparo electoral. Las distintas secciones aceptaron un total de 516 abstenciones en recursos de amparo pendientes de admisión: doce la Sección Primera, cinco la Segunda, 496 la Sección Tercera y tres la Sección Cuarta.

En el ATC 262/2023, de 23 de mayo, el Pleno rechazó la solicitud de aclaración de una sentencia dictada en proceso de amparo (STC 37/2023, de 19 de abril). La Sala Primera hizo lo propio en el ATC 598/2023, de 20 de noviembre, en relación con la petición de aclaración de la STC 91/2023, de 11 de septiembre, y la Sala Segunda denegó otras dos solicitudes de aclaración de sentencias dictadas en procesos de amparo: AATC 283/2023, de 5 de junio, respecto de la STC 6/2023, de 20 de febrero, y 331/2023, de 3 de julio, en relación con la STC 39/2023, de 8 de mayo. En el ATC 159/2023, de 30 de marzo, la Sala Primera rectificó un error padecido en la STC 23/2023, de 27 de marzo.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

A lo largo de 2023 se dictaron treinta y dos sentencias en procesos de amparo en los que se denunciaba la vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, proclamados en el artículo 14 de la Constitución.

La STC 161/2023, de 20 de noviembre, inadmitió el recurso por haberse interpuesto sin que finalizara el procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Reiterando la doctrina contenida en la STC 172/2021, de 7 de octubre, la STC 21/2023, de 27 de marzo, de la Sala Primera, otorgó el amparo por vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad a quien había sido objeto de una diferencia de trato peyorativa por haber accedido a la situación de jubilación anticipada como consecuencia de una discapacidad que padecía y que vio denegada su solicitud de acceso a la prestación por incapacidad permanente. A esta sentencia se formuló un voto particular en el que se reiteraron las discrepancias ya expresadas en relación con la fundamentación y fallo de la citada STC 172/2021.

Por el contrario, en la STC 11/2023, de 23 de febrero, el Pleno desestimó un recurso de amparo en el que se denunciaba, como violencia obstétrica, el tratamiento dispensado en un centro sanitario de Asturias. La sentencia concluyó que la atención recibida por la mujer gestante antes y durante el parto no transgredió su derecho a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de sexo. Los procedimientos médicos practicados lo fueron previa obtención del consentimiento informado de la paciente y se justificaban por la protección de la salud de la madre y el nasciturus. A esta sentencia se formularon dos votos particulares concurrentes y otros dos discrepantes.

En la STC 38/2023, de 20 de abril, el Pleno rechazó la alegación de vulneración del derecho a la igualdad en un supuesto en el que se controvertían unas resoluciones judiciales que autorizaban la administración no voluntaria de la vacuna contra la covid-19. La doctrina de esta sentencia se reiteró, para supuestos sustancialmente idénticos, en las SSTC 74/2023, de 19 de junio; 148/2023, de 6 de noviembre, y 163/2023, de 20 de noviembre.

En la STC 89/2023, de 7 de octubre, el Pleno del Tribunal desestimó un recurso de amparo en el que se impugnaban diversas resoluciones de la administración autonómica de La Rioja que habían denegado la solicitud de adjudicación de licencias de comunicación audiovisual. El argumento relativo a la existencia de una práctica diferente en otras comunidades autónomas, fruto de una lectura distinta de la Ley general de comunicaciones, fue rechazado puesto que, según subrayó la sentencia, el principio de igualdad ante la ley no se traduce en una interpretación homogénea de los preceptos legales por parte de los diversos poderes públicos. En particular, por lo que hace a los tribunales de justicia, cada uno de ellos está sujeto únicamente al imperio de la ley y su independencia no puede quedar comprometida ni siquiera como resultado de la función unificadora de doctrina asignada a los altos tribunales. A esta sentencia se formularon tres votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados. La doctrina de la STC 89/2023 se reiteró en otras veintitrés sentencias (SSTC 97/2023 a 100/2023, 102/2023 a 115/2023 y 117/2023 a 121/2023, de 25 de septiembre; todas ellas cuentan con un voto particular).

La Sala Primera, en la STC 90/2023, de 11 de septiembre, desestimó un recurso de amparo en el que, entre otros motivos, se denunciaba la infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en un proceso contencioso-administrativo donde la sentencia frente a la que se reaccionó mediante la formulación de un recurso de casación se notificó incompleta, al no acompañarse del voto particular discrepante que habían formulado parte de los magistrados integrantes de la sala sentenciadora. Sin embargo, esta alegación fue rechazada puesto que la recurrente no había aportado un término de comparación adecuado.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

La antes mencionada STC 11/2023, de 23 de febrero, que desestimó un recurso de amparo planteado en relación con el trato dispensado en un centro sanitario de Asturias, al que se achacaba violencia obstétrica, rechazó, entre otras, las alegaciones de vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de la paciente. A su vez, en la STC 78/2023, de 3 de julio, la Sala Primera otorgó el amparo a una mujer gestante que había sido remitida a una clínica privada situada fuera de su comunidad autónoma de residencia para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia concluyó que la trasgresión de las normas que garantizan a la mujer unas condiciones adecuadas para decidir libremente la continuación o no del embarazo, y aquellas otras que tienen por objeto asegurar que esta prestación se desarrolle con respeto a sus derechos, constituye una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de la mujer. A esta sentencia se formularon dos votos particulares concurrentes.

Además de las ya reseñadas SSTC 38/2023, de 20 de abril; 74/2023, de 19 de junio, y 148/2023, de 6 de noviembre, donde se denegó el amparo a quien controvertía sendas resoluciones judiciales que habían autorizado la administración no voluntaria de la vacuna contra la covid-19 a personas de avanzada edad, durante 2023 se dictaron otras quince sentencias en las que se desestimaron otros tantos recursos de amparo en los que se cuestionaba la inoculación de esa misma vacuna a menores de edad. Fue la STC 148/2023, de 6 de noviembre, del Pleno, la resolución que aplicó, en lo pertinente, la doctrina de las sentencias antes mencionadas, al supuesto específico de los menores de edad. El criterio de la STC 148/2023 fue luego aplicado en las SSTC 154/2023 a 160/2023 y 162/2023, de 20 de noviembre; 180/2023, 182/2023, 183/2023 y 185/2023 a 187/2023, de 11 de diciembre.

D) Libertad ideológica (art. 16 CE)

Se dictaron dos sentencias resolviendo recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho a la libertad ideológica. En la ya mencionada STC 11/2023, de 23 de febrero, el Pleno del Tribunal no apreció infracción de este derecho por el trato dispensado a una madre ingresada en un centro sanitario de Asturias para atenderla en el parto. Por el contrario, en la STC 79/2023, de 3 de julio, la Sala Segunda otorgó el amparo a quien había sido despedido de su trabajo como empleado de una entidad bancaria marroquí tras participar en una manifestación en la que denunciaba la situación política del Valle del Rif y publicar en redes sociales fotos con mensajes políticos en su puesto de trabajo. El Pleno concluyó que existían indicios suficientes de discriminación ideológica debido a la conexión entre el despido y la actividad política del trabajador, sin que la entidad financiera aportara ninguna justificación objetiva del despido que desvirtuara la presunción de lesión del derecho fundamental concernido.

E) Libertad personal (art. 17 CE)

Nueve sentencias resolvieron otros tantos recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal. En cuatro de ellas se otorgó el amparo a quienes se habían privados de la posibilidad de acceder a la documentación donde se contuviera la información precisa para poder controvertir la decisión de imposición de una medida cautelar de prisión provisional. Las SSTC 4/2023, de 20 de febrero, y 68/2023, de 19 de junio, de la Sala Primera; y 30/2023, de 17 de abril, y 152/2023, de 20 de noviembre, de la Sala Segunda, otorgaron el amparo por vulneración de los derechos a la libertad personal y de defensa, reiterando en lo pertinente la doctrina de la STC 180/2020, de 14 de diciembre. En las SSTC 32/2023, de 17 de abril, de la Sala Segunda, y 136/2023, de 23 de octubre, de la Sala Primera, se otorgó el amparo a quienes habían visto denegada su solicitud de computar, a los efectos de liquidación de la pena, el tiempo prestado en centros penitenciarios extranjeros en cumplimiento de resoluciones dictadas por órganos judiciales españoles.

La STC 64/2023, de 5 de junio, de la Sala Segunda, a la que se formuló un voto particular discrepante, otorgó el amparo aplicando la doctrina relativa al canon reforzado de motivación al que deben atenerse las resoluciones judiciales que dan respuesta al alegato de prescripción del delito, sin que puedan hacerse valer causas interruptoras no previstas por la ley penal. En similares términos, la STC 184/2023, de 11 de diciembre, de la Sala Primera, otorgó el amparo respecto de una revocación de la suspensión de ejecución de pena privativa de libertad que tampoco satisfacía ese requisito de motivación reforzada. Finalmente, la STC 123/2023, de 25 de septiembre, asimismo de la Sala Primera, inadmitió un recurso de amparo en el que se invocaba el derecho fundamental a la libertad personal y que se había promovido sin agotar la vía judicial previa.

F) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

En siete sentencias se resolvieron recursos de amparo en los que se habían invocado los derechos del art. 18 CE. Concretamente, el derecho a la intimidad personal fue uno de los alegados en el recurso desestimado en la varias veces mencionada STC 11/2023, de 23 de febrero, en relación con el trato dispensado con ocasión del parto en un centro sanitario de Asturias. Otro tanto sucedió en las también reseñadas SSTC 38/2023, de 20 de abril, y 74/2023, de 19 de junio, sobre administración no voluntaria de vacuna contra la covid-19. El Pleno inadmitió un recurso de amparo en el que se invocaba la intimidad personal (STC 33/2023, de 18 de abril, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes) y lo mismo hicieron las salas (SSTC 161/2023, de 20 de noviembre, de la Sala Segunda, y 181/2023, de 11 de diciembre, de la Sala Primera).

La STC 92/2023, de 11 de septiembre, de la Sala Segunda, otorgó el amparo a quien había sido condenado en causa penal en la que se utilizaron como prueba de cargo las imágenes captadas, sin autorización judicial, en el interior de un garaje privado. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante.

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

En dos sentencias se otorgó el amparo a quienes invocaban su libertad de expresión. La Sala Primera, en la STC 22/2023, de 27 de marzo, estimó el recurso a un sindicato que había criticado públicamente la gestión que la Autoridad Portuaria de Cartagena venía haciendo del uso de la vivienda del faro de Mazarrón. En respuesta a esta crítica legítima sobre un asunto de interés público, la dirección de la administración portuaria supeditó el disfrute de la vivienda a una previa retractación pública del sindicato. La sentencia concluyó que se trataba de una medida contraria a las libertades sindical y de expresión, que representaba una amenaza a los trabajadores. Por su parte, la Sala Segunda, en la ya reseñada STC 79/2023, de 3 de julio, amparó al empleado de una entidad bancaria que había sido despedido por participar en una manifestación y por los mensajes de contenido político que, en ejercicio de su libertad de expresión, había compartido en las redes sociales.

El Pleno, en la STC 83/2023, de 4 de julio, desestimó el recurso de amparo de la propietaria de un sitio web en el que se habían vertido descalificaciones de un cargo público municipal que los órganos judiciales, que habían conocido del pleito civil, consideraron injuriosas o vejatorias. La STC 83/2023 concluyó que dichas expresiones no se hallaban amparadas por la libertad de expresión, que no comprende un sedicente derecho al insulto, resultando, además, innecesarias para expresar la opinión crítica que se reflejaba en el texto que estaba en el origen del proceso. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente, suscrito por dos magistrados.

Como ya se ha indicado anteriormente, en la STC 89/2023, de 7 de octubre, el Pleno del Tribunal desestimó un recurso de amparo donde se invocaban las libertades comunicativas del art. 20.1 CE en su concreta manifestación de derecho de antena. La doctrina de esta sentencia, que cuenta con tres votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados, se reiteró, como también se ha dicho, en otras veintitrés sentencias (SSTC 97/2023 a 100/2023, 102/2023 a 115/2023 y 117/2023 a 121/2023, de 25 de septiembre; todas ellas cuentan con un voto particular).

H) Derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE)

En la STC 61/2023, de 24 de mayo, el Pleno desestimó un recurso de amparo promovido en relación con la prohibición de una manifestación que pretendía celebrarse el 30 de abril de 2020, durante la vigencia de un estado de alarma. La sentencia, que concluyó que la prohibición estaba justificada por la preservación de la salud pública, cuenta con un voto particular discrepante suscrito por tres magistrados. La doctrina de esta sentencia fue reiterada por las SSTC 84/2023, de 5 de julio, y 88/2023, de 18 de julio, dictadas por el Pleno del Tribunal y a las que se formularon sendos votos particulares de reiteración. Por el contrario, en la STC 164/2023, de 21 de noviembre, el Pleno otorgó el amparo en relación con la prohibición de una manifestación que se pretendía celebrar el 8 de marzo de 2021, en conmemoración del Día de la Mujer. La sentencia concluyó que la prohibición no estaba justificada y resultaba una medida desproporcionada, toda vez que la concentración al aire libre se convocaba con un número limitado de asistentes, uso de mascarillas y mantenimiento de la distancia de seguridad. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente, suscrito por tres magistrados, y otro discrepante firmado por dos magistradas. La doctrina de la STC 164/2023 fue aplicada en siete ocasiones: Del Pleno, la STC 188/2023, de 12 de diciembre, a la que se formularon, asimismo, sendos votos particulares, uno concurrente suscrito por tres magistrados y otro discrepante, firmado por dos magistradas; de la Sala Primera, las SSTC 173/2023, 175/2023, 176/2023 y 178/2023, de 11 de diciembre, a las que se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente suscrito por dos magistrados, y de la Sala Segunda, las SSTC 174/2023 y 177/2023, de 11 de diciembre; esta última cuenta, igualmente, con dos votos particulares.

I) Derecho de asociación (art. 22 CE)

La STC 129/2023, de 23 de octubre, de la Sala Segunda, desestimó un recurso de amparo promovido por una asociación que denunciaba haber sido expulsada de las ramas nacional e internacional de asociaciones a las que pertenecía porque había acudido a la jurisdicción ordinaria en defensa de sus intereses legítimos. La sentencia rechazó este alegato y puso de manifiesto que, lejos de tratarse de una vulneración de la garantía de indemnidad, lo que se hallaba en juego en el caso era la estricta observancia de los trámites asociativos previstos en los estatutos y que habían sido ignorados por la recurrente en amparo.

J) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

En 2023 se dictaron veinte sentencias en procesos de amparo donde se alegaba la vulneración de los derechos de participación política proclamados en el artículo 23 de la Constitución.

Dieciocho de estas sentencias resolvieron otros tantos recursos de amparo promovidos, a través del cauce del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, frente a actos parlamentarios sin fuerza de ley. En once de esos procesos se impugnaban resoluciones de los órganos de gobierno de las cámaras que componen las Cortes Generales y, en los otros siete, decisiones de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

La STC 25/2023, de 17 de abril, de la Sala Segunda, desestimó el recurso de una diputada que, en el curso de un debate parlamentario, finalizó su réplica al discurso del entonces vicepresidente del Gobierno con las palabras «hijo de terrorista». La sentencia concluyó que la presidenta de la Cámara, al preguntarle a la diputada si quería retirar la expresión e introducir una indicación en el «Diario de Sesiones», había actuado en el ejercicio de la potestad conferida por el Reglamento del Congreso de los Diputados; sin que esa actuación pudiera calificarse de arbitraria o irrazonable porque la denotación peyorativa que posee la palabra «terrorista» y la expresión «hijo de terrorista», referida a alguien ajeno a la Cámara, afecta al decoro parlamentario.

El Pleno del Tribunal, en la STC 65/2023, de 6 de junio, desestimó el amparo promovido por ocho diputados que impugnaban hasta una total de veintinueve fórmulas de acatamiento a la Constitución empleadas en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados por otros tantos parlamentarios. La sentencia denegó el amparo al constatar que los demandantes no habían identificado la concreta vertiente del núcleo esencial de la función representativa que desempeñan que se habría visto negativamente afectada por la aceptación de las fórmulas de acatamiento controvertidas. A la sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente y el otro discrepante, suscrito este último por tres magistrados. La doctrina de esta sentencia fue reiterada en las SSTC 125/2023, de 27 de noviembre, del Pleno; 133/2023 y 135/2023, de 23 de octubre, de la Sala Segunda; y 139/2023 a 142/2023, de 24 de octubre, del Pleno. Todas estas sentencias cuentan con un voto particular discrepante.

Por su parte, en la STC 132/2023, de 23 de octubre, la Sala Segunda desestimó el recurso de amparo promovido en relación con los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que rechazaron la toma en consideración por el Pleno de una proposición de ley de creación de la Autoridad Independiente de Recuperación Económica y la mejora de la gobernanza de los fondos europeos de recuperación. La sentencia hizo hincapié en que la mesa se había limitado a comprobar que el veto gubernamental traía causa de las previsiones presupuestarias que se decían afectadas por la iniciativa parlamentaria.

Finalmente, en la STC 165/2023, de 21 de noviembre, el Pleno desestimó el recurso de amparo promovido por cinco diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso frente a la resolución de la presidenta de la Cámara denegando su colaboración para acceder a los expedientes de indulto correspondientes a nueve condenados «en el juicio del procés». A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por cuatro magistrados.

Como ya se ha avanzado, en otras siete sentencias se resolvieron recursos de amparo en los que se controvertían resoluciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas autonómicas.

En cuatro de esos procesos de amparo se impugnaban actos del Parlamento de Cataluña. Se otorgó el amparo en tres de ellas: STC 24/2023, de 27 de marzo, donde la Sala Primera, reiterando la doctrina de las SSTC 65/2022, de 31 de mayo, y 85/2022, de 27 de junio, anuló los acuerdos de la mesa de la Cámara que autorizaba una delegación de voto sin expresión del sentido de éste y con fundamento en una circunstancia carente de sustento en la normativa aplicable, lo que significaba la atribución de un doble voto a los parlamentarios delegados. En las SSTC 46/2023, de 10 de mayo, y 57/2023, de 23 de mayo, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo en relación con las decisiones de la mesa del Parlamento de Cataluña que admitieron a trámite iniciativas parlamentarias en las que se ignoraba lo resuelto previamente por el Tribunal Constitucional; la admisión y posterior tramitación de estas iniciativas impide a los parlamentarios solicitantes de amparo el legítimo ejercicio de su función representativa. A ambas sentencias se formuló un voto particular discrepante. Finalmente, en la STC 116/2023, de 25 de septiembre, la Sala Primera del Tribunal desestimó el recurso de amparo promovido por el grupo parlamentario Vox frente al acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña relativo a la utilización del llamado cociente Imperiali para el reparto de senadores de designación autonómica; la sentencia descartó que con esta elección metodológica se hubiera desconocido el principio de proporcionalidad o se hubieran transgredido usos parlamentarios asentados con anterioridad. Al margen de estas sentencias, cumple mencionar la STC 82/2023, de 3 de julio, donde se inadmitió, al no haberse agotado la vía judicial previa, un recurso de amparo promovido frente a una resolución de la Secretaría General del Parlamento de Cataluña.

Por otro lado, en la STC 58/2023, de 23 de mayo, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de amparo promovido por el grupo parlamentario Vox-Actúa Baleares, respecto de los acuerdos adoptados por la mesa del Parlamento autonómico en respuesta a su solicitud de visitas a centros educativos. La sentencia concluyó que tanto la administración autonómica como la mesa de la Cámara habían respondido tomando particularmente en consideración una causa de denegación de la solicitud prevista en la normativa aplicable a estos centros, como era la de no alterar el normal funcionamiento del servicio. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante, suscrito por cuatro magistrados.

En la STC 82/2023, de 3 de julio, la Sala Segunda inadmitió la alegación de vulneración del derecho a las funciones representativas por falta de agotamiento de la vía judicial previa. Al tiempo de la interposición del recurso de amparo, el demandante tenía abierta y pendiente de resolución la vía contencioso-administrativa, con relevancia directa para la simultánea pretensión de amparo.

Por otra parte, en la STC 93/2023, de 12 de septiembre, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo a nueve diputados del Parlamento de Andalucía, a quienes se había adjudicado la condición de diputados no adscritos al aceptar la mesa de la Cámara la solicitud de que fueran dados de baja del grupo parlamentario al que pertenecían como consecuencia de que habían dejado de pertenecer a la formación política con la que concurrieron a las elecciones autonómicas. La sentencia concluyó que la interpretación y aplicación de las normas parlamentarias había ignorado la regulación vigente al momento de producirse los hechos motivo de controversia.

Se dictaron igualmente tres sentencias resolutorias de otros tantos recursos de amparo electoral. La Sala Segunda, en la STC 51/2023, de 11 de mayo, otorgó el amparo a la agrupación de electores «Contigo Montemayor». La sentencia concluyó que en la proclamación de candidaturas a las elecciones locales no se habían ponderado adecuadamente las circunstancias del caso —ámbito municipal en el que se presentó la candidatura impugnada y grado de implantación—, que permitían inferir que la eventual similitud en la denominación utilizada por agrupación de electores «Contigo Montemayor» y el partido político «Contigo Somos Democracia», previamente inscrito, pudiera incidir en la voluntad del electorado. En un caso similar resuelto por la misma Sala, la STC 52/2023, de 11 de mayo, otorgó el amparo al declarar que si bien había una coincidencia parcial en la denominación utilizada por las candidaturas «Junts per-Esparreguera-Ara Pacte Local» y «Esparreguera 2031-Junts-Compromís Municipal», la inclusión del término «junts» no impide la clara identificación de las diferentes candidaturas que puedan incluirlo en su denominación. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados. Por último, la STC 95/2023, de 12 de septiembre, desestimó el recurso de amparo promovido por el Partido Socialista Obrero Español de Madrid en el que solicitaba la revisión de todos los votos emitidos en las elecciones generales que habían sido declarados nulos en la circunscripción de Madrid. Esta sentencia cuenta con un voto particular concurrente.

K) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

En el año 2023 el Tribunal Constitucional dictó cuarenta y siete sentencias en procesos de amparo en los que se había denunciado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en sus diferentes vertientes. El Pleno acordó en sendas sentencias la inadmisión de dos de los recursos de amparo que dieron lugar a esos procesos constitucionales (SSTC 33/2023, de 18 de abril, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados, y 48/2023, de 10 de mayo, inadmisiones ambas acordadas por extemporaneidad en la interposición del recurso) y, las salas, la inadmisión de otros seis recursos (la Sala Primera dictó la STC 123/2023, de 25 de septiembre, y la Sala Segunda las SSTC 6/2023, de 20 de febrero; 82/2023, de 3 de julio; 101/2023, de 25 de septiembre; 151/2023, de 11 de noviembre, y 161/2023, de 20 de noviembre, en todos los casos por defectuoso agotamiento de la vía judicial previa).

a) Acceso a la jurisdicción, al proceso y a los recursos legales

El Tribunal dictó cinco sentencias en procesos de amparo en los que se había denunciado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en sus vertientes de acceso a la jurisdicción, al proceso o a los recursos legalmente previstos.

Dos de estas sentencias, las SSTC 13/2023, de 6 de marzo, y 40/2023, de 8 de mayo, ambas de la Sala Primera, se pronunciaron sobre alegaciones de infracción del derecho de acceso a la jurisdicción. En la primera de ellas se denegó el amparo a quien pretendía, con fundamento en la STC 34/2019, de 14 de marzo, la revisión de las decisiones adoptadas por la letrada de la administración de justicia que ya habían ganado firmeza cuando la citada sentencia desplegó sus efectos. En la segunda se estimó el recurso de quien pretendía impugnar el decreto de la Fiscalía que lo declaraba mayor de edad y que no pudo hacerlo al archivarse anticipadamente el proceso de protección de menores justamente porque el órgano judicial, al confirmar el citado decreto, concluyó que ya había alcanzado la mayoría de edad y carecía, por consiguiente, de interés legítimo en el asunto.

En la STC 1/2023, de 6 de febrero, la Sala Segunda denegó el amparo a quien aducía la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al proceso, respecto de las resoluciones adoptadas por un juzgado central de instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en un sumario por la presunta comisión de delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la hacienda pública, entre otros, habían acordado la remisión del procedimiento a la fiscalía de Braunschweig (Alemania). La sentencia constató que la decisión adoptada por los órganos judiciales españoles fue el fruto de una adecuada ponderación de las circunstancias, en especial de la mejor posición de las autoridades judiciales alemanas para conocer de los hechos.

Tres sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al recurso legal: La Sala Primera dictó la STC 42/2023, de 8 de mayo, otorgando el amparo a una mercantil a quien se había impedido impugnar, en reposición, la decisión judicial previa que rechazaba tenerla por emplazada y parte en un proceso ejecutivo. Por su parte, la Sala Segunda dictó las SSTC 134/2023, de 23 de octubre, y 153/2023, de 20 de noviembre, que otorgaron el amparo frente a sendas decisiones de inadmisión de incidentes de nulidad de actuaciones; en el primero de los casos ignorando doctrina constitucional y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invocada por el actor y, en el segundo, remitiendo inmotivadamente a un eventual recurso de casación por infracción de ley, cuya procedencia ya había puesto en cuestión el acusado.

b) Interdicción de la indefensión

Las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, y 47/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, sentaron en su momento la doctrina sobre la inadecuación de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la parte demandada. Una doctrina que fue reiterada en las SSTC 76/2023, de 19 de junio, y 122/2023, de 25 de septiembre, de la Sala Segunda; y 14/2023, de 6 de marzo, y 138/2023, de 23 de octubre, de la Sala Primera.

En cinco sentencias se otorgó el amparo a quienes habían padecido indefensión, toda vez que el órgano judicial había acudido a su emplazamiento por edictos sin agotar previamente las posibilidades de notificación personal. En las SSTC 27/2023, de 17 de abril, de la Sala Segunda, y 137/2023, de 23 de octubre, de la Sala Primera, se aplicó la doctrina sintetizada en la STC 122/2013, de 20 de mayo, sobre el deber de notificar al demandado en el domicilio deducible de la documentación aportada por la parte actora en el proceso. Las SSTC 28/2023, de 17 de abril, de la Sala Primera, y 41/2023, de 8 de mayo, de la Sala Segunda, aplicaron la doctrina sobre el agotamiento de las posibilidades de notificación personal en procesos de despido, reiterando así los criterios plasmados en las SSTC 119/2020, de 21 de septiembre, y 181/2021, de 25 de octubre, respectivamente. Finalmente, en la STC 73/2023, de 19 de junio, la Sala Primera otorgó el amparo a quien había sido inadecuadamente llamado al proceso, sin que este yerro se reparara con ocasión de la resolución del incidente de nulidad de actuaciones tempestivamente promovido.

En la STC 81/2023, de 3 de julio, la Sala Segunda estimó el recurso de amparo promovido por unas sociedades mercantiles que no fueron llamadas, de modo personal y directo, al proceso penal en el que se había declarado la nulidad de las licencias de construcción de dos estaciones de servicio de su propiedad. La falta de emplazamiento les generó indefensión material, al privarles de toda posibilidad de impugnar unas resoluciones judiciales que afectaban a su esfera de derechos.

Por el contrario, en la STC 37/2023, de 19 de abril, el Pleno denegó el amparo instado en relación con un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que había rechazado la petición de traducción al castellano de un auto de aclaración de sentencia redactado en catalán. La STC 37/2023 desestimó la pretensión revocatoria puesto que la actora no acreditó haber padecido una indefensión real y efectiva. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por cuatro magistrados.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

En relación con el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho y motivada, el Tribunal dictó veinte sentencias, de las que diecisiete otorgaron el amparo y las tres restantes desestimaron los correspondientes recursos.

Tres de estas sentencias reiteraron la doctrina contenida en la STC 31/2019, de 28 de febrero, donde, aplicando los criterios sentados en la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus c. Jesús Gutiérrez García, se hizo hincapié en la obligación que pesa sobre los órganos judiciales de realizar un control efectivo de las cláusulas contractuales, siempre que una de las partes del proceso denuncie su carácter abusivo (SSTC 23/2023, de 27 de marzo, de la Sala Primera; 26/2023, de 17 de abril, y 172/2023, de 11 de diciembre, de la Sala Segunda).

Siete de los procesos que dieron lugar a esas sentencias estaban relacionados con resoluciones administrativas en materia de extranjería. Reiterando la doctrina sintetizada en la STC 47/2023, de 10 de mayo, acerca de la necesidad de ponderar la situación de arraigo familiar y profesional de quien pueda ser objeto de una sanción de expulsión del territorio nacional, en lugar de una sanción pecuniaria, otras cinco sentencias otorgaron el amparo respecto de las resoluciones administrativas y judiciales que habían decretado la expulsión del territorio y la prohibición de entrada de los demandantes de amparo, como consecuencia de una aplicación irrazonable de la norma que atribuía efecto directo inverso a la directiva de retorno de la Unión de Europea en perjuicio de aquéllos (SSTC 53/2023 y 55/2023, de 22 de mayo, 72/2023, de 19 de junio, 80/2023, de 3 de julio, y 87/2023, de 17 de julio, todas de la Sala Primera). En la STC 56/2023, de 22 de mayo, la Sala Segunda otorgó el amparo respecto de una sentencia que había confirmado la resolución administrativa denegatoria de la solicitud de autorización de residencia temporal como familiar de ciudadano de la Unión Europea de la demandante de amparo, a partir de una interpretación rigorista de la normativa aplicable y sin ponderar adecuadamente las circunstancias personales y familiares de la recurrente.

La STC 43/2023, de 8 de mayo, de la Sala Segunda, otorgó el amparo respecto de una sentencia de apelación que derivó uno de los motivos de impugnación a una imposible vía de aclaración o complemento de sentencia. Amén de esta irrazonable interpretación de la normativa procesal en materia de recursos ordinarios devolutivos frente a las sentencias penales, la resolución concretamente controvertida incurrió en incongruencia omisiva al no dar respuesta al alegato de falta de imparcialidad del juzgador en la instancia. La doctrina de esta sentencia se reiteró en la STC 75/2023, de 19 de junio, dictada asimismo por la Sala Segunda.

En procedimiento de ejecución hipotecaria, la STC 91/2023, de 11 de septiembre, de la Sala Primera, concedió el amparo respecto del auto dictado en apelación que no había condenado en costas a la entidad bancaria ejecutante, pese a que se había declarado el carácter abusivo y nulo de las cláusulas del contrato de préstamo cuyo incumplimiento parcial había dado lugar al procedimiento en cuestión. La sentencia hizo hincapié en que la decisión judicial de aplicar una excepción al principio de vencimiento objetivo de costas había sido manifiestamente irrazonable y desconocía los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre la aplicación de normas que asignan cargas procesales por costas a los consumidores afectados por cláusulas abusivas. La doctrina de esta sentencia se reiteró en la STC 96/2023, de 25 de septiembre, de la Sala Primera.

En la STC 5/2023, de 20 de febrero, la Sala Segunda otorgó parcialmente el amparo a quien solicitaba, en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que la madre de su hijo se abstuviese de hacerle participar en actos religiosos (recibir el sacramento del bautismo y cursar una asignatura de «valores cívicos y sociales»). La sentencia hizo hincapié en que, al prescindir de la vista oral durante el proceso, no se había podido oír la opinión y preferencias del menor y se había limitado la posibilidad del demandante de defender sus derechos e interés y formular alegaciones. La estimación del recurso tuvo como efecto exclusivo el reconocimiento de la vulneración del derecho, ya que para la fecha se habían consumado los hechos disputados. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante.

La STC 39/2023, de 8 de mayo, de la Sala Segunda, otorgó el amparo en relación con una sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Lleida, que había incurrido en el defecto de incongruencia omisiva al desestimar la impugnación de diferentes liquidaciones complementarias del impuesto de bienes inmuebles y sus correspondientes providencias de apremio para su ejecución forzosa, sin una mínima motivación y sin dar respuesta a los argumentos oportunamente expuestos por la demandante.

Por lo que se refiere específicamente al deber de motivación reforzada, la STC 64/2023, de 5 de junio, de la Sala Segunda, anuló las resoluciones judiciales que habían rechazado una pretensión de prescripción de pena aplicando una causa de interrupción del cómputo no prevista legalmente. En la STC 131/2023, de 23 de octubre, asimismo de la Sala Segunda, se desestimó el recurso promovido contra el auto que había acordado el sobreseimiento provisional y archivo del proceso iniciado por la demandante de amparo (denunciando a su expareja por un posible delito de abusos sexuales a su hijo en común), pues el defecto de falta de motivación había sido subsanado por los órganos judiciales que resolvieron los recursos de reforma y apelación, y la investigación llevada a cabo en el proceso se había ajustado al canon reforzado aplicable a las víctimas vulnerables de violencia en el contexto familiar que recoge la STC 87/2020, de 20 de julio.

En un procedimiento de protección del derecho al honor, la ya mencionada STC 83/2023, de 4 de julio, del Pleno, denegó el amparo en relación con las sentencias que habían condenado a la entidad demandante de amparo (prestadora del servicio de alojamiento de datos), por albergar en su página web comentarios vejatorios contra un concejal, que permanecieron accesibles al público durante meses. La sentencia hizo hincapié en que las resoluciones judiciales condenatorias habían cumplido con el canon de la motivación debida, toda vez que había quedado suficientemente acreditado el conocimiento efectivo de la demandante del contenido ilícito alojado en su página web. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente, suscrito por dos magistrados.

Finalmente, al haber cumplido con las exigencias constitucionales de motivación, la STC 90/2023, de 11 de septiembre, de la Sala Primera, denegó el amparo respecto de las resoluciones judiciales que habían desestimado los recursos contencioso-administrativo y de casación interpuestos por la asociación demandante en relación con la introducción de un nuevo sistema de regulación de plazas de aparcamiento en la ordenanza de movilidad de Madrid. En particular, la STC 90/2023 no advirtió que la ausencia de notificación del voto particular discrepante de algunos magistrados a la sentencia de instancia hubiera causado indefensión alguna a la actora a la hora de articular su recurso de casación.

L) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Presunción de inocencia

Tres sentencias resolvieron sendas denuncias de infracción del derecho a la presunción de inocencia. En la STC 69/2023, de 19 de junio, la Sala Segunda otorgó el amparo a quien había sido requerido para que presentara fianza, dirigida a asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse en un procedimiento abreviado por el delito de desobediencia. La sentencia declaró que los órganos judiciales, al ponderar la posible condena del acusado para determinar el monto de la fianza, habían anticipado las consecuencias de una eventual e hipotética sentencia condenatoria.

Reiterando la doctrina sentada en la STC 133/2018, de 13 de diciembre, en la STC 77/2023, de 20 de junio, del Pleno, se otorgó el amparo en relación con la actividad de una comisión parlamentaria de investigación que se había ocupado de averiguar la realidad de unos hechos de carácter delictivo, ignorando los límites que deben informar la acción de este tipo de comisiones parlamentarias y que afectan a la totalidad del proceso indagatorio, no solo a sus resultados.

Finalmente, en la STC 59/2023, de 23 de mayo, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de amparo promovido en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos y de un juzgado de lo penal de esa capital, que condenaron al actor por un delito de lesiones por imprudencia profesional grave. El Pleno concluyó que la irregularidad formal de no haberle comunicado al encausado la elaboración de un informe forense, que luego resultaría determinante de su condena, no le ocasionó indefensión material, en particular porque no era el único elemento incriminatorio. Esta sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

b) Derechos de defensa y a la prueba

En aplicación de la doctrina sintetizada en la STC 180/2020, de 14 de diciembre, se otorgó el amparo en las ya mencionadas SSTC 4/2023, de 20 de febrero, de la Sala Primera, y 30/2023, de 17 de abril, de la Sala Segunda, en relación con el derecho del investigado a conocer aquellos extremos de las actuaciones que puedan ser esenciales para impugnar de forma efectiva la legalidad de la detención o la privación cautelar de libertad. En consecuencia, la negativa del juez instructor a facilitar el acceso a los elementos esenciales de la investigación lesionó gravemente el legítimo derecho de defensa del investigado. La doctrina de la STC 30/2023, de 17 de abril, fue reiterada por la Sala Primera en la STC 68/2023, de 19 de junio.

La Sala Segunda dictó otras tres sentencias sobre el derecho a la defensa y a la prueba. En la STC 29/2023, de 17 de abril, otorgó el amparo a quien había comparecido, en calidad de investigada y sin asistencia letrada, al juicio oral celebrado en el marco de un procedimiento por delito leve. La sentencia hizo hincapié en que, pese a que la asistencia letrada no era preceptiva, el derecho de autodefensa quedó relegado a la solicitud de pruebas que fueron inadmitidas y al ejercicio del derecho a la última palabra, por lo que no se salvaguardaron las garantías procesales, en particular porque la prueba propuesta y no practicada quedó inédita justamente porque la acusada ignoraba que solo podían interrogar los abogados presentes en el acto de la vista.

En el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la STC 5/2023, de 20 de febrero, estimó parcialmente un recurso de amparo en un supuesto en el que, al prescindirse de la vista oral, se impidió que se pudiera oír al menor —hijo del demandante—, cuya comparecencia era obligatoria; y, asimismo, se limitó el derecho de las partes de proponer pruebas o presentar alegaciones respecto de los hechos controvertidos. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante. En la STC 131/2023, de 23 de octubre, la Sala Segunda desestimó el recurso en cuanto al derecho a usar los medios de prueba pertinentes para la defensa pues en el caso la denegación de práctica de nuevas pruebas se hizo de manera razonada y fundada en Derecho.

Finalmente, en la STC 150/2023, de 20 de noviembre, la Sala Segunda, reiterando en lo pertinente la doctrina de la STC 145/2011, de 26 de septiembre, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la prueba en un procedimiento administrativo que finalizó con la imposición de una sanción de expulsión del territorio nacional de quien carecía de título para hallarse en él. En esta ocasión, la resolución administrativa sancionadora se fundó en datos nuevos incorporados a la propuesta de resolución, de la que no se dio traslado al interesado, quien, por consiguiente, no los pudo controvertir.

c) Derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas; imparcialidad judicial

La ya reseñada STC 43/2023, de 8 de mayo, de la Sala Segunda, otorgó el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su concreta vertiente de derecho a la doble instancia penal, a quien vio cómo quedaba imprejuzgado su recurso de apelación frente a una sentencia condenatoria porque el órgano judicial se remitió de manera incorrecta a la vía de aclaración o complemento de sentencia, y dejó consiguientemente sin respuesta, las alegaciones oportunamente formuladas por el acusado. Como ha habido ocasión de indicar, la doctrina de esta sentencia fue reiterada en la STC 75/2023, de 19 de junio, igualmente de la Sala Segunda.

En la STC 31/2023, de 17 de abril, la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas a quien vio cómo se señalaba, para un año después de la admisión de su demanda de reconocimiento de una relación laboral fija, el acto de conciliación y juicio. Reiterando la doctrina constante, la sentencia subrayó que los defectos estructurales que merman la capacidad de los órganos judiciales e incrementan desproporcionadamente su carga de trabajo no son causa suficiente para no declarar la vulneración del derecho fundamental.

En la STC 12/2023, de 6 de marzo, la Sala Segunda desestimó el recurso de amparo de quien denunciaba infracción de sus derechos a la prueba y a la imparcialidad judicial; en lo que ahora estrictamente interesa, la sentencia puso de manifiesto que el hecho de que conocieran de la pretensión de modificación de medidas los mismos órganos judiciales que se habían pronunciado sobre la demanda de divorcio no constituye motivo objetivo de pérdida de la imparcialidad. Igualmente desestimatoria fue la STC 59/2023, de 23 de mayo, en la que el Pleno descartó que la intervención de una magistrada con ocasión del interrogatorio del perito de la defensa comprometiera su imparcialidad subjetiva. A esta sentencia se formuló un voto particular parcialmente discrepante.

Finalmente, en la STC 181/2023, de 11 de diciembre, la Sala Primera denegó el amparo en un supuesto en el que se cuestionaban las resoluciones dictadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que se había acordado la vacunación no voluntaria contra la covid-19 de un menor de edad. En esta sentencia se subrayó que la no grabación de la exploración judicial del menor, lejos de mermar las garantías del proceso, es una medida destinada a preservar su intimidad. También se indicó que la utilización de expresiones del tipo «postulados negacionistas» no es causa suficiente para apreciar una falta de imparcialidad objetivamente fundada.

M) Legalidad penal (art. 25 CE)

Reiterando la doctrina de la ya reseñada STC 47/2023, de 10 de mayo, las igualmente mencionadas SSTC 53/2023 y 55/2023, de 22 de mayo; 72/2023, de 19 de junio; 80/2023, de 3 de julio; 87/2023, de 17 de junio, y 130/2023, de 23 de octubre, declararon vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora a quienes habían sido objeto de sendas resoluciones administrativas sancionadoras de expulsión del territorio nacional que no satisfacían las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, las SSTC 70/2023 y 71/2023, de 19 de junio, de la Sala Segunda, y 86/2023, de 17 de julio, de la Sala Primera, otorgaron el amparo exclusivamente por infracción del derecho a la legalidad sancionadora puesto que únicamente se impugnaba la resolución administrativa.

La Sala Segunda, en la STC 2/2023, de 6 de febrero, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la legalidad penal y sancionadora a un menor de edad que había sido sancionado administrativamente por viajar sin título de transporte válido. La sentencia declaró que los tribunales de menores actuantes habían incurrido en un exceso punitivo al no descontar la sanción administrativa de la penal y, de manera errónea, compensarla con la responsabilidad civil derivada del delito.

En la STC 54/2023, de 22 de mayo, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración del derecho a la legalidad penal a quienes habían visto denegada su solicitud de sustitución de la pena de prisión como consecuencia de la aplicación retroactiva de una regulación desfavorable. También la Sala Segunda, en la STC 64/2023, de 5 de junio, reiterando la doctrina sentada en la STC 33/2023, de 7 de marzo, estimó el recurso de quien denunciaba el rechazo a su solicitud de prescripción de la condena, fundado en una interpretación extensiva de la ley penal que, en perjuicio del condenado, consideró interrumpido el plazo de prescripción por la solicitud de indulto.

Por último, la STC 179/2023, de 11 de diciembre, de la Sala Segunda, desestimó el recurso de una entidad bancaria que denunciaba la vulneración de los principios de personalidad y culpabilidad de las infracciones administrativas al haber sido sancionada por la comisión, por otra entidad crediticia, de una infracción consistente en la falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Pese a que, en efecto, la infracción fue cometida por otra entidad, la imposición de la sanción no merece reproche constitucional alguno pues se funda en un criterio consolidado en la jurisprudencia nacional y europea conforme al cual, en los supuestos de fusión por absorción, como era el caso, la responsabilidad por infracciones administrativas se transmite siempre que exista una «identidad económica sustancial», como aquí sucedía.

N) Libertad sindical (art. 28 CE)

Como ya se ha indicado con anterioridad, la STC 22/2023, de 27 de marzo, de la Sala Primera, otorgó el amparo, por vulneración del derecho a la libertad de expresión, en relación con el derecho a la libertad sindical, a un sindicato al que la Autoridad Portuaria de Cartagena había conminado a una retractación pública de unas declaraciones críticas con la gestión de la administración portuaria en legítimo ejercicio de su actividad sindical y en defensa de los intereses de los trabajadores del puerto.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2023 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho. El Servicio ha desarrollado su colaboración con la Fundación Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017.

En 2023 se llevó a cabo la decimotercera convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 25 de abril de 2023 («Boletín Oficial del Estado» núm. 106, de 4 de mayo de 2023). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 8 de noviembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 16 de noviembre de 2023).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 2.321 títulos, de los cuales

a) Por compra: 2.036

b) Por donación: 285.

Revistas: Se han incorporado veintidós nuevas publicaciones seriadas, de las cuales cuatro son revistas impresas y dieciocho en línea.

El 31 de diciembre de 2023, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 97.533 libros, de los cuales 6.728 son libros digitales, y un total de 1.588 publicaciones seriadas. De estas últimas, 204 son publicaciones oficiales (repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 704 están publicadas en papel y 685 en formato digital. Se siguen publicando y recibiendo 445 revistas en papel. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 168 se conservan en discos ópticos (CD-Rom o DVD) y 543 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 683.542 registros bibliográficos. Durante el año 2023 se han incorporado al catálogo 22.272 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales, quedan de la siguiente forma:

– 2.496 libros, de los cuales 218 son libros digitales;

– 13.448 artículos de revistas;

– 6.307 capítulos de obras colectivas;

– 22 publicaciones periódicas, de las cuales 18 son recursos en línea;

– 1.048 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 219.977. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 5.592 registros nuevos, de los cuales 5.104 corresponden a autores personales, 43 a entidades corporativas, 177 a series y 191 a identificadores.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 3.403 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, sentencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 11 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico. Además, el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal, desde enero de 2011, en la siguiente dirección:https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/BD.aspx.

E) Encuadernación:

En 2023 no se han encuadernado libros.

2) Servicios a los lectores

La biblioteca ha realizado un total de 1.511 préstamos de libros y ha recibido 1.590 devoluciones. Ha atendido numerosas consultas en la Sala de lectura y 8.368 a través de la aplicación informática, así como 2.843 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 3.794 recursos bibliográficos: 1.151 libros, 1.685 artículos de revistas y 958 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

– Biblioteca Nacional.

– Bibliotecas universitarias.

– Biblioteca del Congreso de los Diputados.

– Biblioteca del Senado.

– Biblioteca del Consejo de Estado.

– Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

– Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

– Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

– Bibliotecas de Ministerios.

– Bibliotecas de Academias.

– Bibliotecas de Colegios de Abogados.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

– Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 108), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un magistrado o magistrado emérito o por un letrado del propio Tribunal. En el año 2023 se realizaron un total de veinte estancias, con una media de nueve días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal, así como la elaboración de su estadística jurisdiccional.

En cumplimiento de la primera de las funciones que le son reglamentariamente asignadas, la de difusión de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene en el portal internet del Tribunal, convenientemente actualizados, los contenidos del «Buscador de jurisprudencia constitucional», que incluye a texto completo la totalidad de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucionales y aquellos autos que incorporan doctrina (https://hj.tribunalconstitucional.es/es) y las «gacetas de jurisprudencia constitucional» que, con periodicidad trimestral, incorporan la relación de resoluciones dictadas en forma de sentencia y auto, así como diversos índices que facilitan su manejo a los lectores interesados (https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Gaceta/List).

Por otro lado, el Servicio elabora las estadísticas jurisdiccionales del Tribunal, incorporando los correspondientes avances trimestrales al portal de internet (https://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Paginas/Cuadros-estadisticos.aspx).

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2023 y a través del denominado «Foro Venecia», el Servicio dio respuesta a dieciocho solicitudes de información procedentes de los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Eslovenia, Letonia (dos consultas), Albania (tres consultas), Kirguistán, Lituania (tres consultas), Armenia, Macedonia del Norte (tres consultas), Ucrania, México y Rumanía (dos consultas). Igualmente, el Tribunal Constitucional continuó su colaboración con la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta red proporciona documentación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo y sirve de cauce para el suministro de la información sobre el Derecho nacional que proporcionan de consuno el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional y el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España.

Finalmente, por resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 13 de noviembre de 2023 —publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 16 de noviembre— se adjudicaron las becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional que habían sido convocadas por resolución de 25 de abril de 2023.

3. Servicio de Informática

1) Sistemas, comunicaciones y seguridad

Durante el año 2023 se ha abordado la actualización tecnológica de la infraestructura de la solución de conexión inalámbrica desplegada en las instalaciones del Tribunal. Esta infraestructura facilita servicios de conectividad a internet en dispositivos personales de los trabajadores y colaboradores del Tribunal, y posibilita la implementación de redes inalámbricas que puedan satisfacer las necesidades de comunicación de ciertos usuarios externos, así como el acceso a recursos informáticos internos desde dispositivos que solo cuenten con este tipo de conectividad.

Tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se fijaba, en su disposición transitoria segunda, un plazo máximo de tres meses para el establecimiento de un sistema interno de información que permitiera disponer de un canal del informante. El Tribunal implementó dicho «Canal del informante» con información al efecto a través de la sede electrónica del Tribunal, con detalle de los procedimientos para la presentación de estas informaciones a través de correo electrónico, correo postal, con carácter presencial o mediante mensaje en buzón de voz asociado. Se tuvieron en consideración, tal y como se establece en la propia Ley, medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos y de la información involucrada en este sistema de información. En ese sentido, una de las adecuaciones que se llevó a cabo durante el 2023 fue la implementación de un buzón (accesible interna y externamente) que diera soporte a las comunicaciones telefónicas asociadas al canal del informante, estableciendo un mecanismo de envío automático al responsable designado.

Otras actividades relevantes del año 2023 se enmarcan en el proceso de mantenimiento y mejora continua de las infraestructuras y equipamientos del Tribunal. En este ámbito, durante el año se abordó la actualización de los equipos y sistemas que dan soporte al sistema de seguridad y videovigilancia, la reparación y mantenimiento de los sistemas de proyección de la sala de vistas y la renovación del equipamiento informático de parte de los usuarios.

Finalmente cabe señalar el registro, durante 2023, de ciertas acciones a través de internet orientadas a atacar las infraestructuras, sistemas y servicios digitales del Tribunal. Esta cuestión se concretó de manera especial en acciones distribuidas de denegación de servicio (DDoS) auspiciados por grupos de hackers durante el verano de 2023, que fueron detectadas y mitigadas aplicando diversas medidas de seguridad.

2) Área jurisdiccional y gubernativa

Durante este ejercicio 2023 se ha continuado con la consolidación de procesos de transformación digital en el ámbito jurisdiccional, gestionando de forma digital la práctica totalidad de los documentos en la tramitación jurisdiccional, y facilitando el tratamiento electrónico de los expedientes en las secretarías de justicia, mediante la incorporación de la firma electrónica a las resoluciones judiciales y la notificación por vía electrónica, a través de la plataforma LexNet. En este contexto, se han firmado un total de 66.628 documentos y se han llevado a cabo 17.536 notificaciones telemáticas. La modalidad electrónica de firma en el ámbito jurisdiccional es la utilizada con más frecuencia en el Tribunal, con 40.115 documentos iniciados por las secretarías de justicia firmados por uno o varios firmantes y 13.330 con la actividad propia de asistencia letrada, lo que constituye aproximadamente el 80 por 100 de la documentación firmada electrónicamente. Casi el 20 por 100 restante corresponde a la firma electrónica en el ámbito gubernativo, destacando la gestión económica con 4.910 documentos firmados, la gestión contable con 2.307 y la gestión de recursos humanos con 4.035 firmas.

La sede electrónica y del registro telemático del Tribunal Constitucional ha tenido una actividad constante: En materia gubernativa, recibió 1.064 escritos de asuntos administrativos, de los cuales un 77,54 por 100 entraron por vía telemática. En cuanto a la recepción jurisdiccional de asuntos, ingresaron un total de 8.060 escritos de iniciación (frente a los 8.528 del año 2022), de los que 7.439 fueron telemáticos (92,30 por 100). El 1,20 por 100 de los asuntos de amparo se inician de forma presencial y el 6,36 por 100 por correo ordinario. En relación con estos asuntos, se recibieron un total de 13.523 escritos de las partes para su tramitación, de los que el 62,11 por 100 fueron por vía telemática, el 33,65 por 100 mediante correo ordinario y el 3,87 por 100 se entregaron de forma presencial.

Además, en aplicación del acuerdo de 15 de marzo de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica, durante el año 2023 se implantó un nuevo formulario para facilitar a los solicitantes de amparo el cumplimiento de los requisitos legales: en particular, la exposición clara y precisa de las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa. Con esta medida se pretende reducir el elevado porcentaje de demandas presentadas que adolecen de insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional. El resultado derivado de esta actuación es la reducción del 52,86 por 100 al 28,46 por 100 en el volumen de inadmisiones debidas a esa insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional.

Dentro del sistema informático de solicitudes de permisos y licencias por parte del personal, en el ejercicio 2023 se han tramitado 3.999 por vía electrónica, de los cuales el 85,65 por 100 corresponden a procedimientos de justificación de ausencias y un 11,60 por 100 a cambios de marcajes, correspondiendo el resto a cuestiones adicionales como cambio de datos bancarios, cambio de domicilio o solicitudes de reducción de jornada. La base informática de marcajes ha gestionado un total de 160.889 anotaciones, de las cuales 5.984 (3,72 por 100) consistieron en marcajes remotos, manteniéndose en la misma línea del año anterior.

3) Portal institucional

La web institucional www.tribunalconstitucional.es mantuvo una actividad similar a la de años previos, alcanzando 1.066.024 visitas y 542.172 visitantes diferentes. El usuario de la web suele navegar desde España, en un 71,38 por 100 de las ocasiones; un 20,20 por 100 desde otros países europeos; un 6,80 por 100 desde países iberoamericanos y el 1,22 por 100 desde países norteamericanos. Desde Asia y Oceanía, el porcentaje de visitas apenas alcanza 0,31 por 100, siendo África el continente con el menor volumen de accesos, con el 0,09 por 100.

De los visitantes de la web, de Iberoamérica nos visitan principalmente desde México (con un 34,93 por 100); las visitas desde Colombia han sido un 12,99 por 100, seguidas de República Dominicana (10,76 por 100), Argentina (8,58 por 100), Ecuador (7,56 por 100), Brasil (5,63 por 100) y Chile (4,21 por 100).

En Europa destaca, sobre todo, Alemania (con un 16,98 por 100), seguido de Francia (1,23 por 100), Italia (1,16 por 100), Portugal (0,49 por 100) y Suecia (0,25 por 100). Por último, desde Bélgica se ha recibido un volumen del 0,25 por 100 de las visitas y, de Andorra, un 0,23 por 100.

En el bloque asiático y oceánico, se ha registrado un mayor número de entradas procedente desde India (19,93 por 100), arrebatando el primer lugar a Japón (con un 19,57 por 100), seguido de Israel (16,53 por 100) y Vietnam (6,10 por 100).

En África, los visitantes proceden principalmente de Mozambique (19,05 por 100) y, en menor medida, de Angola (18,71 por 100), Madagascar (13,08 por 100), República Democrática del Congo (8,46 por 100) y Marruecos (6,76 por 100).

4) Sistema informático de jurisprudencia

Una base de conocimiento de la doctrina, basada en las sentencias y autos como elemento central, constituye el sistema informático de jurisprudencia, que se ofrece para su acceso público a través del «Buscador de jurisprudencia» de la web institucional (https://hj.tribunalconstitucional.es/). El trabajo elaborado por el Servicio de Doctrina Constitucional enriquece la base, aportando estudios y clasificaciones, mediante un vasto conjunto de metadatos representado con una serie de fichas técnicas con la identificación, síntesis, resumen y extractos de cada resolución, índices, disposiciones generales citadas, resoluciones judiciales impugnadas y descriptores semánticos o voces jurídicas relacionadas visualmente. Junto al motor de búsqueda, se mantiene un sistema adoptando una ontología semántica, creada para tal propósito con voces jurídicas relacionadas con el corpus de resoluciones del Tribunal Constitucional.

Se han realizado 1.954.496 consultas de jurisprudencia en 2023, con un promedio diario de 5.354 consultas. El número total de usuarios diferentes que han accedido a la herramienta de jurisprudencia es de 382.736. El mes de agosto es cuando menos usuarios han accedido, con 11.383, y el mes de mayo el que más, con un total de 50.867. El documento más descargado ha sido la sentencia 151/2022, con 1.679 solicitudes.

Los documentos que por número de descargas han sido relevantes desde el punto de vista de la web institucional han sido, de nuevo, «Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (46.804 descargas); seguida por la «Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 149.1 y 2 CE» (18.421 descargas); el documento de «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (9.456 descargas); la «Guía práctica dirigida a los profesionales del derecho para facilitar la presentación de las demandas de amparo» (7.901 descargas); la Nota de prensa núm. 32/2023 (7.306 descargas); la Nota de prensa núm. 24/2023 (7.190 descargas); la Nota de prensa núm. 74/2021 (5.928 descargas); el artículo «Derecho positivo y Derecho natural, todavía…», publicado por el magistrado emérito don Andrés Ollero (5.498 descargas); «La Constitución española en portugués» (5.044 descargas); el «Formulario de presentación de recurso de amparo» (5.039 descargas); las «Estadísticas jurisdiccionales del Tribunal Constitucional del año 2022» (4.921 descargas); y el «Código de Derecho constitucional» (4.829 descargas).

La página web se ofrece en diferentes versiones, tanto en francés como en inglés. Los documentos más descargados en inglés han sido:

La STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña; la distribución competencial con el Estado (692 descargas); seguido de la Constitución española en inglés (471 descargas); la STC 122/2021, de 2 de junio, sobre el recurso de amparo de don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición (374 descargas); la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (369 descargas); la STC 124/2017, de 8 de noviembre, sobre la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (346 descargas); la STC 198/2012, de 6 de noviembre, sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (313 descargas); la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, que juzga la supremacía de la Constitución y la primacía del Derecho de la Unión (304 descargas); «Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (300 descargas); la STC 26/2014, de 13 de febrero, relativa a la entrega del detenido en el marco de una orden europea de detención (280 descargas); el documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (276 descargas); y la STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña (240 descargas).

Los documentos más descargados en francés han sido: «Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (805 descargas); la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (492 descargas); la Constitución española en francés (338 descargas); y el documento sobre «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (173 descargas).

5) Servicios electrónicos al ciudadano

El acceso a la información pública de la página en red del Tribunal Constitucional proporcionó un conjunto de 97 peticiones de información. Desde el servicio público de «Ayúdanos a mejorar» se recibieron nueve encuestas anónimas, que aportaron opiniones y sugerencias de interés acerca de la web del Tribunal.

En el servicio del sistema de alertas de la web, se recibieron un total de 3.991 suscripciones de distinto tipo, fundamentalmente para resoluciones (1.328) y notas de prensa (1.176), completado con resoluciones de transparencia (454), orden del día (394), convocatorias de personal (384) y anuncios de contratación (255).

La app móvil del Tribunal Constitucional ha sido instalada en 1.657 ocasiones, tanto en teléfonos Apple iOS (1.300) como Android (357), siendo descargada un 78,58 por 100 de veces desde España y un 9,54 por 100 desde Latinoamérica; alrededor de un 2,11 por 100 desde el resto de Europa y un 2,66 por 100 desde América del Norte.

6) Portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional

El Servicio de Informática gestiona y aloja el portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, bajo el dominio www.cijc.org. El portal registró este año un total de 25.037 visitas, dando lugar a la consulta de 1.063.436 activos de información en forma de documentos, fotografías, vídeos, etc. Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron República Dominicana (5.326 accesos), Guatemala (1.471 accesos), España (1.101 accesos), México (926 accesos), Brasil (856 accesos) y Alemania (856 accesos), seguidos por Ecuador (597 accesos), Nicaragua (426 accesos) y Portugal (251 accesos).

Por número de descargas, los documentos que tuvieron más interés en la web de la Conferencia Iberoamericana han sido los textos constitucionales de Guatemala (455.864 descargas), República Dominicana (198.367 descargas), Colombia (71.892 descargas), Puerto Rico (38.283 descargas) y Nicaragua (4.925 descargas). Por otro lado, han recibido interés el seminario celebrado en Cartagena de Indias en 2013, en concreto, el documento relativo a la «Protección de las garantías constitucionales en Guatemala» (13.466 descargas); la sentencia T-967/14 sobre violencia contra la mujer (8.125 descargas); la sentencia T-121/18 sobre el derecho a la honra y al buen nombre en redes sociales (7.532 descargas) y la sentencia T-385/19 sobre debido proceso policivo (6.006 descargas). En relación con el cuestionario de la X Conferencia celebrada en Santo Domingo en 2014, que trató el tema de la «Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución», suscitaron especial interés las respuestas de Ecuador (14.151 descargas), de Honduras (5.205 descargas) y de Nicaragua (3.549 descargas).

7) Accesibilidad web

La accesibilidad web y la atención a la diversidad sigue siendo objeto de una especial dedicación por parte del Servicio de Informática, siguiendo las directrices marcadas por el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. En consecuencia, se han implantado durante 2023 las correcciones necesarias para alcanzar el máximo nivel posible en accesibilidad en las páginas web del Tribunal Constitucional. Como resultado del trabajo realizado se alcanzó un nivel de adecuación estimado AA, con una nota de 9,5 puntos sobre 10, según el análisis realizado por el Observatorio de accesibilidad web, dependiente del Ministerio de asuntos económicos y transformación digital.

Igualmente, se ha actualizado la página dedicada al tratamiento de la accesibilidad en la página web del Tribunal Constitucional, incorporando información acerca de la unidad responsable de accesibilidad y de los canales de contacto; un nuevo informe de seguimiento simplificado; la actualización de la declaración de accesibilidad y un formulario a disposición del ciudadano para el ejercicio de sus derechos de solicitud de información y presentación de quejas ante el órgano responsable.

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y asuntos generales

A) Cobertura de puestos

Se han gestionado las siguientes convocatorias de personal funcionario:

– Dos plazas de funcionario/a del grupo C, subgrupo C2 (Servicio de Biblioteca y Documentación). Convocado el concurso por resolución de la Presidencia de 30 de junio de 2022 (BOE de 5 de julio) y resuelto por resolución de 31 de enero de 2023 (BOE de 7 de febrero);

– Dos plazas de funcionario/a del grupo A, subgrupo A2, y tres del grupo C, subgrupo C1 (Servicio de Informática). Convocado el concurso por resolución de la Presidencia de 17 de noviembre de 2022 (BOE de 26 de noviembre) y resuelto por resolución de 27 de abril de 2023 (BOE de 29 de abril);

– Una plaza de funcionario/a del grupo C, subgrupo C2 (Servicio de Doctrina). Convocado el concurso por resolución de la Presidencia de 16 de marzo de 2023 (BOE de 22 de marzo) y resuelto por resolución de la Presidencia de 5 de julio de 2023 (BOE de 8 de julio);

– Dos plazas de tramitador/a. Convocado el concurso por resolución de la Presidencia de 16 de marzo de 2023 (BOE de 22 de marzo) y resuelto por resolución de la Presidencia de 26 de julio de 2023 (BOE de 1 de septiembre);

– Una plaza de funcionario/a del grupo A, subgrupo A2, una del grupo C, subgrupo C1, y una del grupo C, subgrupo C2 (Servicio de Biblioteca y Documentación). Convocado el concurso por resolución de la Presidencia de 11 de septiembre de 2023 (BOE de 18 de septiembre de 2023) y pendiente de adjudicación a 31 de diciembre de 2023.

– Una plaza de Gestor/a. Convocado el concurso por resolución de la Presidencia de 18 de diciembre de 2023 (BOE de 25 de diciembre) y pendiente de adjudicación a 31 de diciembre de 2023.

Se han cubierto por adscripción temporal ocho plazas de letrados. Convocadas por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2023 (BOE de 20 de enero) y resuelta por resolución de la Presidencia de 16 de marzo de 2023 (BOE de 21 de marzo).

Se han cubierto por el sistema de concurso-oposición tres plazas de personal laboral de ayudante de informática. Convocadas por resolución de 16 de marzo de 2023 (BOE de 22 de marzo) y resueltas por resolución de 24 de octubre de 2023 (BOE de 31 de octubre).

Se ha cubierto por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Jefe de Informática. Convocado por resolución de la Presidencia de 20 de abril de 2023 (BOE de 1 de mayo) y resuelta por resolución de la Presidencia de 21 de diciembre de 2023 (BOE de 18 de enero de 2024).

B) Relaciones de puestos de trabajo (RPT)

Mediante sendos acuerdos del Pleno de 14 de diciembre de 2023 se modificó la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y eventual, creándose la plaza de personal eventual denominada «Coordinador/a Conferencia Mundial de Justicia Constitucional», y se autorizó el inicio de un proceso de negociación para la modificación de dicha relación de puestos de trabajo.

Las relaciones de puestos de trabajo vigentes, así como el histórico de modificaciones, pueden consultarse en el portal de transparencia del Tribunal Constitucional.

C) Convenio colectivo

Con fecha 5 de abril de 2023 se publicó en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» la resolución de 17 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Tribunal Constitucional (personal laboral) de 18 de noviembre de 2022.

Por acuerdo del Pleno de 14 de diciembre de 2023, se aprobó la jubilación parcial anticipada del personal laboral acogido al convenio colectivo del Tribunal Constitucional.

D) Formación

Se han impartido los siguientes cursos de formación para el personal adscrito al Tribunal:

– Atención al público.

– Catalogación RDA.

– Mecanismos de defensa del estrés.

– Igualdad entre mujeres y hombres.

E) Personal al servicio del Tribunal Constitucional

El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2023) se distribuye como sigue:

|  | Hombres | Mujeres | Total
Altos cargos |  | 8 | 5 | 13
Letrados | 35 | 24 | 59
Funcionarios Administración de Justicia. | Secretarios Justicia. | 4 | 1 |
Gestión procesal. | 5 | 9 |
Tramitación procesal. | 13 | 15 |
Auxilio judicial. | 4 | 2 |
Suma. | 26 | 27 | 53
Funcionarios Administración Civil. | Subgrupo A1. | 2 | 4 |
Subgrupo A2. | 5 | 6 |
Subgrupo C1. | 11 | 10 |
Subgrupo C2. | 2 | 8 |
Subgrupo E. | — | — |
Suma. | 20 | 28 | 48
Personal laboral. | Nivel 1. | — | — |
Nivel 2. | — | — |
Nivel 3. | 14 | 6 |
Suma. | 14 | 6 | 20
Personal eventual. | 3 | 21 | 24
Total. | 106 | 111 | 217

F) Teletrabajo y horario

El Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión del día 15 de marzo de 2023, aprobó el acuerdo por el que se regula el teletrabajo en el Tribunal Constitucional. En su virtud, se han concedido 75 autorizaciones de teletrabajo parcial.

Asimismo, en esa misma sesión se modificó el acuerdo de 20 de julio de 2011, por el que se aprueba la jornada y horario de trabajo del personal al servicio del Tribunal Constitucional.

G) Salud laboral y prevención de riesgos laborales

Han sido llevados a cabo 119 reconocimientos médicos anuales y, en la campaña anual de vacunación, han sido administradas 110 vacunas de la gripe.

El 20 de diciembre de 2023 se realizó un simulacro de evacuación en la sede principal del Tribunal.

H) Plan de igualdad

Con fecha 15 de noviembre de 2023, la Mesa de Negociación del Tribunal Constitucional ha aprobado el diagnóstico de situación tendente a la elaboración del Plan de igualdad, de conformidad con la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.

I) Protocolo para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral en el Tribunal Constitucional

Con fecha 31 de enero de 2023 se constituyó la Comisión para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral.

El 12 de junio de 2023 se realizó una sesión informativa sobre el Protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo y/o acoso laboral, dirigida a todo el personal, presidida por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que contó con una asistencia de 115 personas.

J) Canal del informante

De conformidad con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la Secretaría General dictó la resolución de 13 de junio de 2023, por la que se regula el Sistema Interno de Información del Tribunal Constitucional.

Con fecha 20 de junio de 2023, el presidente acordó el nombramiento de un letrado como responsable del sistema.

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.327 documentos contables, con el siguiente detalle:

Capítulo | Documentos contables
I | 92
II | 1.653
III | —
IV | 242
VI | 348
VIII | 3

Además, se han tramitado 11 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 362.986,90 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables refleja, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio actual se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

3) Mantenimiento

La unidad de mantenimiento ha realizado las siguientes actuaciones, además del trabajo diario del mantenimiento de las instalaciones, inmuebles, mobiliario y necesidades del personal:

– Reparación de la impermeabilización del lucernario de la biblioteca.

– Instalación de seis cargadores para vehículos eléctricos.

– Expediente de licitación para el suministro eléctrico durante dos años.

– Apoyo logístico al acto de renovación de magistrados del Tribunal Constitucional en enero de 2023.

– Sustitución de luminarias y refuerzo de iluminación en diversas dependencias del Tribunal.

– Sustitución de la moqueta y pintura de las plantas tercera, cuarta y quinta.

– Amueblamiento, barnizado y pintado de despachos.

– Reposición de diversos vidrios en las fachadas.

– Sustitución del servicio de alimentación ininterrumpida (SAI) para el sistema de seguridad.

– Adecuación a normativa del depósito de gasoil número 1.

– Sustitución de ventiloconvectores (fancoils).

– Vaciado de residuos de los almacenes.

Igualmente, ha continuado la colaboración con la Dirección General de Patrimonio del Estado en los trabajos preparatorios para la rehabilitación integral y ampliación de la sede principal del Tribunal Constitucional. En 2023 se ha aprobado la licitación del proyecto por el procedimiento negociado sin publicidad, con la consiguiente invitación a participar a nueve prestigiosos estudios de arquitectura de nuestro país.

4) Archivo General

En cuanto a la unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2023 han ingresado por transferencia un total de 922 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 32.199 unidades de instalación ocupadas.

La documentación que se ha generado a lo largo del año, tanto en soporte físico como electrónico, y que integra el fondo archivístico del Tribunal Constitucional suma las siguientes cantidades[1]:

Total de expedientes creados en 2023 (en trámite y en custodia). | 25.187
Total de expedientes en fase de custodia. | 10.519
– Expedientes físicos. | 5.854
– Expedientes electrónicos. | 3.599
– Expedientes digitalizados. | 113
– Expedientes en proceso de transferencia.[2] | 953

Los anteriores corresponden a:

– Expedientes de la función gobierno y administración. | 4.182
– Expedientes de la función jurisdicción constitucional. | 6.337
Total de expedientes en el repositorio del AGTC. | 494.796

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante el año se han creado los siguientes:

Total de documentos electrónicos añadidos en 2023. | 137.309
– Documentos electrónicos creados. | 135.253
– Documentos digitalizados. | 2.056

Los anteriores corresponden a:

– Documentos de la función de gobierno y administración. | 29.407
– Documentos de la función de jurisdicción constitucional. | 107.902
Total de documentos electrónicos en el repositorio del AGTC. | 944.886

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado 119.829 páginas de documentación para su conservación y referencia. El grueso de éstas correspondió a la digitalización de recursos de inconstitucionalidad entre 1980 y 1992, como parte del proyecto que pretende hacerlos disponibles en línea.

C) Servicios a usuarios

Durante 2023 se han realizado 815 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de tres solicitudes de digitalización de expedientes completos y diversas consultas y peticiones de información elaborada. Asimismo, se han registrado 12.737 accesos de usuarios internos a la herramienta de consulta del Archivo General.

Asimismo, se han registrado 11.286 accesos al website del Archivo General en la web corporativa del Tribunal Constitucional, siendo en su mayor parte accesos al fondo documental Francisco Tomás y Valiente.

Otras actividades desarrolladas por la unidad han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas, además del mantenimiento del repositorio de acuerdos reglamentarios del Tribunal Constitucional (ARNO) y de su inventario de obras de arte y regalos protocolarios (INOBART).

D) Becas del archivo

Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2023, fecha de finalización conforme al plazo contemplado en las bases de la convocatoria, desarrolló sus tareas como becario uno de los adjudicatarios de las becas de formación en gestión documental y archivística relacionadas con los fondos documentales del Tribunal Constitucional. Dichas becas habían sido convocadas por resolución de 3 de febrero de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 36, 11/02/2022) y concedidas por resolución de 15 de julio de 2022, de la Secretaría General (BOE núm. 177, 25/07/2022).

5) Medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria del covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas

Con fecha 15 de marzo de 2023, el Pleno derogó la Instrucción de la Secretaría General, de 23 de septiembre de 2021, sobre revisión de las medidas organizativas frente al covid-19 a adoptar por el Tribunal Constitucional ante la evolución de la situación sanitaria y avance de la vacunación.

Al haberse declarado por el Gobierno, el 4 de julio de 2023, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 y de acuerdo con el nuevo marco estratégico marcado tras el fin de la emergencia, la Gerencia del Tribunal Constitucional implementó las siguientes medidas:

– Recomendación del uso de mascarilla en el gabinete médico para pacientes inmunodeprimidos o de especial vulnerabilidad.

– Suprimir la limitación por aforo en los ascensores.

– Seguir con las pautas establecidas por el Ministerio de Sanidad para la población general.

– Mantener las medidas relativas a la ventilación natural y artificial de los espacios de trabajo y de ionización del aire, con el fin de prevenir las infecciones respiratorias agudas.

5. Gabinete de Prensa

El Gabinete de Prensa durante el año 2023 ha continuado con su labor de informar a los medios de comunicación y a los ciudadanos de la actividad jurisdiccional e institucional del Tribunal conforme a los principios de transparencia, igualdad, rigor informativo y publicidad.

Un año más, ha desarrollado su función con la máxima diligencia de contribuir a la difusión, conocimiento y comprensión del funcionamiento del Tribunal, como intérprete supremo y garante jurídico de la Constitución y del ordenamiento jurídico.

La página web del Tribunal Constitucional es una muestra del constante y creciente compromiso con la transparencia y el acercamiento a la sociedad: ha sido actualizada de forma regular y con la mayor celeridad posible a lo largo de todo el año para que tanto las sentencias, autos y providencias como los actos, visitas y viajes institucionales fuesen públicos. En concreto, se da publicidad al contenido relativo a las notas de prensa, a las actividades institucionales y el apartado multimedia (vídeos y fotografías).

Asimismo, hay que resaltar la publicación de los órdenes del día del Pleno y Salas, previos a su deliberación, así como la difusión de su resultado con la publicación de la parte dispositiva.

El Gabinete de Prensa es el responsable de la relación con los medios de comunicación, a los que presta una importante ayuda y colaboración en su labor informativa, con el fin de mejorar la comprensión de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal y el tratamiento general de los asuntos en la prensa.

En 2023, el Gabinete de Prensa ha emitido un total de 100 notas de prensa, que dan cuenta de las sentencias, autos y providencias dictadas por el Tribunal en los asuntos más relevantes a nivel social, político, económico y jurídico. Por séptimo año consecutivo, se ha alcanzado el centenar de comunicados informativos, lo que manifiesta el firme compromiso de la institución con la transparencia de sus decisiones y funcionamiento. Estas notas facilitan de forma muy importante el trabajo de los medios de comunicación, ya que ofrecen un resumen del fallo y de los fundamentos jurídicos. Se trata de una práctica que permite informar de forma rápida, objetiva, rigurosa y fiable. En ocasiones, las notas de prensa también explican y dan a conocer distintas actividades institucionales o internacionales realizadas por el Presidente y/o los magistrados y magistradas.

Esta diligencia ha estado también presente en la comunicación en redes sociales, principalmente en X (antiguo Twitter), Instagram y YouTube, donde también se publican las decisiones jurisdiccionales, contenidos audiovisuales y toda aquella información de interés para ser divulgada. En X, además de superar los 38.000 seguidores, se han publicado más de 240 mensajes que han logrado más de 5.000.000 de impactos. En Instagram se cuenta con más de 3.650 seguidores.

El Gabinete de Prensa también es el responsable de coordinar toda la comunicación relativa a los actos públicos del Tribunal. Así, es el encargado de realizar las convocatorias a los medios de comunicación para que asistan a los eventos organizados en la sede de la Institución y prestar las facilidades para que los periodistas puedan asistir e informar. A modo de ejemplo, se pueden citar, entre otros, la renovación del Tribunal Constitucional (9 de enero), el homenaje al Presidente emérito don Francisco Tomás y Valiente (14 de febrero), la conmemoración del Día de la Mujer (8 de marzo) o la visita de la Presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (5 de octubre), actos que gracias a esta labor tuvieron una amplia repercusión en la prensa.

[1] Dichas cifras incluyen tanto procedimientos terminados (en fase de custodia) como iniciados y aún en tramitación, dado que el repositorio del Tribunal Constitucional incorpora todos los documentos desde el momento de su generación en los sistemas de tramitación o de su ingreso mediante el registro electrónico. Puede haber variaciones respecto de los totales de años anteriores debido a procesos de depuración de datos o a eliminación de registros.

[2] Se refiere a expedientes en soporte físico ya cerrados, pero aún no remitidos al Archivo General.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2023 ascendieron a 30.486 miles de euros, lo que representa un incremento de 2.068,80 miles de euros (un 7,28 por 100) respecto del ejercicio 2022, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 28.417,20 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1.(Gastos de personal): 21.252,60 miles de euros.

– Capítulo 2. (Gastos corrientes en bienes y servicios): 6.658,86 miles de euros.

– Capítulo 3. (Gastos financieros): 3,00 miles de euros.

– Capítulo 4. (Transferencias corrientes): 1.323,54 miles de euros.

– Capítulo 6. (Inversiones reales): 1.200,00 miles de euros.

– Capítulo 8. (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2023 se realizaron dos modificaciones: La primera fue una transferencia de crédito, por importe de 48 mil euros, para atender insuficiencias de crédito en el artículo 11, desde el subconcepto 121.81 «Funcionarios. Necesidades adicionales» a los siguientes subconceptos: 110.00 «Personal eventual. Retribuciones básicas», por importe de 12 mil euros; 110.01 «Personal eventual. Retribuciones complementarias», por importe de 36 mil euros. También se realizó una ampliación de crédito, por importe de 200 mil euros, del subconcepto 121.81 «Funcionarios. Necesidades adicionales» al subconcepto 160.00 «Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Seguridad Social», para atender las obligaciones con la Seguridad Social en 2023.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su secretario general, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo, corresponde al secretario general la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2023 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 21.252.600,00 | 19.384.306,85 | 91,21 por 100
Capítulo 2 | 6.658.860,00 | 4.001.103,95 | 60,09 por 100
Capítulo 3 | 3.000,00 | 0,00 | 0 por 100
Capítulo 4 | 1.323.540,00 | 1.126.967,61 | 85,15 por 100
Capítulo 6 | 1.200.000,00 | 493.888,66 | 41,16 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 9.420,00 | 19,26 por 100
Total | 30.486.000,00 | 25.015.687,07 | 82,06 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2023 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

27 de enero

Acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo.

9-13 de marzo

20.ª reunión de la mesa de la conferencia mundial de justicia constitucional. Venecia.

26-28 de marzo

Acto conmemorativo del centenario de la Constitución de Rumanía. Bucarest.

3-5 de mayo

Congreso internacional sobre «El cambio climático como desafío para la legislación constitucional y los tribunales constitucionales». Berlín.

13-16 de junio

Seminario judicial entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de España. Estrasburgo.

22-24 de junio

IV Reunión cuadrilateral conjunta de los Tribunales Constitucionales de España, Portugal e Italia y del Consejo Constitucional francés. Roma.

30 de agosto-1 de septiembre

Conferencia internacional «EUnited in Diversity II. El Estado de Derecho y la diversidad constitucional». La Haya.

10 de noviembre

Conferencia de los Presidentes de las jurisdicciones constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Bruselas.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

3 de febrero

Presidente del Consejo General del Poder Judicial p.s., don Rafael Mozo Muelas, dentro de la ronda de encuentros institucionales con motivo del nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Constitucional.

10 de febrero

Presidente del Tribunal Supremo e.f., don Francisco Marín Castán.

17 de febrero

Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaños García.

27 de febrero

Ministra de Justicia, doña Pilar Llop Cuenca.

6 de marzo

Presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, don Milton Ray Guevara, con motivo de la firma del convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de República Dominicana.

10 de marzo

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito.

13 de marzo

Presidente del Consejo General de los Procuradores de España, don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa.

13 de marzo

Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz.

24 de marzo

Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol.

17 de abril

Abogada General del Estado, doña Consuelo Castro Rey.

24 de abril

Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Corea, don Yoo Namseok, quien impartió una conferencia magistral sobre el recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional de la República de Corea y su experiencia.

16 de mayo

Presidenta del Consejo de Estado, doña Magdalena Valerio Cordero.

26 de mayo

Delegación del Consejo de Estado de Colombia, encabezada por su Vicepresidente, don Óscar Darío Amaya Navas.

10 y 11 de julio

Delegación del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, encabezada por su Presidente, don Stephan Harbarth.

12 de julio

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito, para hacer entrega de la Memoria de 2022.

13 de julio

Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, don Eugenio Ribón Seisdedos.

13 de julio

Delegación de la Sala Penal de la Suprema Corte de la República Dominicana, encabezada por su Juez Presidente, don Francisco Antonio Jerez Mena, acompañada por el Embajador de la República Dominicana en España, don Juan Bolívar Díaz Santana.

17 de julio

Presidenta del Tribunal de Cuentas, doña Enriqueta Chicano Jávega.

5 de septiembre

Presidente del Tribunal Constitucional de Perú, don Francisco Morales Saravia, acompañado del Embajador de Perú en España, don Walter Francisco Gutiérrez Camacho.

13 de noviembre

Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, para hacer entrega de la Memoria de la Fiscalía de 2022.

13 de noviembre

Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), don Luis Cayo Pérez Bueno.

16 de noviembre

Presidente del Tribunal Superior Electoral y Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, don Alexandre de Moraes, acompañado por el Embajador de Brasil en España, don Orlando Leite Ribeiro.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

9 de enero

Acto solemne de la XIV renovación del Tribunal Constitucional y toma de posesión de los nuevos Magistrados.

3 de febrero

Estancia de trabajo de la 61.ª promoción de la carrera fiscal.

9 de febrero

Estancia de trabajo de magistrados especialistas del orden social.

14 de febrero

Acto en conmemoración del XXVII aniversario del fallecimiento de don Francisco Tomás y Valiente, Presidente emérito del Tribunal Constitucional.

15 de febrero

Reunión de trabajo con todos los Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Álvaro Rodríguez Bereijo, don Pedro Cruz Villalón, doña María Emilia Casas Baamonde, don Pascual Sala Sánchez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, don Juan José González Rivas y don Pedro González-Trevijano Sánchez.

22 de febrero

Estancia de trabajo del ex presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, don Robert Spano.

8 de marzo

Acto en conmemoración del Día de la Mujer, con la participación de doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta emérita del Tribunal Constitucional, de doña María Elósegui Itxaso, Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de doña Lourdes Arastey Sahún, Magistrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

20-22 de septiembre

Estancia de formación de miembros de la carrera judicial.

5 de octubre

Presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, doña Síofra O’Leary, quien impartió una conferencia magistral bajo el título «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: contribución al espacio jurídico europeo y desafíos actuales».

28 de noviembre

Estancia de trabajo del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

13 de enero

Audiencia con S. M. el Rey con motivo del nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Constitucional.

20 de enero

Ceremonia de entrega del «Premio Nueva Economía Forum al desarrollo sostenible, la geopolítica y la cohesión social», otorgado a don Josep Borrell Fontelles.

23 de enero

Visita de cortesía al Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dentro de la ronda de encuentros institucionales con motivo del nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Constitucional.

26 de enero

Visita de cortesía a la Presidenta del Congreso, doña Meritxell Batet Lamaña.

30 de enero

Visita de cortesía al Presidente del Senado, don Ander Gil García.

28 de marzo

Acto de nombramiento de miembros de honor de la Asociación de Juristas gallegos en Madrid, otorgado al Presidente emérito del Tribunal Constitucional, don Juan José González Rivas. Casa de Galicia, Madrid.

26 de abril

Almuerzo celebrado en honor del Presidente de la República Federativa de Brasil, don Luiz Inácio Lula Da Silva, en presencia de Sus Majestades los Reyes.

21 de abril

Acto en honor del Presidente del Tribunal Constitucional, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, en reconocimiento a su trayectoria profesional, por parte del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña, con motivo del acto institucional celebrado con motivo de su patrón, San Ivo.

3 de mayo

Recepción oficial y cena de gala en honor del Presidente de la República de Colombia, don Gustavo Petro, ofrecidos por Sus Majestades los Reyes.

19 de junio

Almuerzo en honor de los Reyes de Jordania, ofrecido por Sus Majestades los Reyes.

26 de junio

Presentación de la obra colectiva «Tratado sobre la Fiscalía Europea y el procedimiento penal especial de la L. O. 9/2021, de 1 de julio», en la Representación de la Comisión Europea en Madrid.

28 de junio

Firma del Convenio de transferencia tecnológica entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia.

12 de julio

Izado solemne de la bandera nacional con motivo del 43.º aniversario del Tribunal Constitucional. Plaza de Colón, Madrid.

7 de septiembre

Acto de apertura del año judicial 2023-2024, presidido por S. M. el Rey, en el Tribunal Supremo.

13 de septiembre

Audiencia con S. M. el Rey y entrega de la Memoria del Tribunal Constitucional de 2022. Palacio de la Zarzuela.

12 de octubre

Celebración del Día de la Fiesta Nacional. Madrid.

13-14 de octubre

XXIX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, con el título «Estado de Derecho e instituciones democráticas en el actual contexto sociopolítico». Vigo.

20 de octubre

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, presidida por Sus Majestades los Reyes y por sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Teatro Campoamor de Oviedo.

31 de octubre

Acto de jura de la Constitución de S. A. R. la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales.

13 de noviembre

Acto de promesa ante S. M. el Rey del Presidente del Gobierno.

15 de noviembre

Acto de entrega de la XXII de los Premios «Montero Ríos» a don José Manuel Otero Novas y «Iurisgama» a don Miguel Ángel Cadenas Sobreira. Senado.

29 de noviembre

Acto de apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales.

6 de diciembre

Acto en conmemoración del 45.º aniversario de la Constitución. Congreso de los Diputados.

15 de diciembre

XVIII Premios del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial. Galardón concedido a la Magistrada del Tribunal Constitucional doña María Luisa Balaguer Callejón.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el libro «Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad», que plasma los resultados de las XXVIII Jornadas celebradas por la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional en Valladolid.

El Tribunal acordó con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la difusión progresiva en formato digital de las obras escritas a consecuencia de las jornadas de letrados constitucionales. Pueden ser descargados desde la dirección https://www.tribunalconstitucional.es/es/publicaciones/Paginas/003-Actas-ALTC.aspx

Actividades formativas

El Tribunal Constitucional mantiene distintos programas de formación desde el año 2002. Durante el año 2023 se concedieron las siguientes becas:

– Seis becas en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional, que habían sido convocadas por resolución de 25 de abril de 2023, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2023) y concedidas por resolución de la Secretaría General de 13 de noviembre de 2023 (BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 2023);

– Una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, que había sido convocada por resolución de 25 de abril de 2023, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2023) y fue concedida por resolución de 8 de noviembre de 2023 (BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 2023).

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han prorrogado el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su noveno año de funcionamiento.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/informacion-economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

IX. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de «Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2023 se han dirigido al Tribunal Constitucional 61 solicitudes de información pública. Esto representa un descenso respecto de las 93 y 67 solicitudes recibidas en los años 2022 y 2019, respectivamente, y un incremento respecto de las formuladas en los años 2015 a 2018, 2020 y 2021 (42 en 2015, 33 en 2016, 37 en 2017, 54 en 2018, 41 en 2020 y 59 en 2021).

En número de 55 (90,16 por 100) fueron promovidas por personas físicas y seis (9,84 por 100) por personas jurídicas (dos por corporaciones locales, otras dos por entidades mercantiles, una por una asociación y otra por un grupo parlamentario). De las solicitudes recibidos, 58 (95,08 por 100) se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional; dos a través de su registro general (3,28 por 100) y una por correo electrónico (1,64 por 100), interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 56 casos (91,80 por 100), en dos el correo postal (3,28 por 100) y en tres (4,92 por 100) los solicitantes no indicaron de manera expresa la modalidad de respuesta requerida, por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En 13 resoluciones de la Secretaría General (21,31 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada y en una (1,64 por 100) se concedió solo parcialmente, siendo inadmitida respecto del resto de la información interesada; en 22 (36,07 por 100) se remitió la información solicitada a la Secretaría del Registro General del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en 16 (26,22 por 100) se remitió a los solicitantes a las páginas webs del Tribunal Constitucional y del Boletín Oficial del Estado por figurar publicada en estas páginas la información interesada o poder acceder a la misma a través de ellas, sin que le resultase exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en seis resoluciones (9,84 por 100) no se accedió a la información interesada; una (1,64 por 100) inadmitió la solicitud y en dos (3,28 por 100) se tuvo por desistidos a los solicitantes, por no haber atendido el requerimiento de identificarse debidamente y de concretar la información solicitada (art. 17.2 de la Ley 19/2013).

La solicitud inadmitida lo fue por no obrar en poder del Tribunal la información interesada, siendo remitido el solicitante a los órganos judiciales que pudieran ser competentes para conocer de ella (art. 19.1 de la Ley 19/2013). Otra solicitud fue inadmitida, parcialmente, respecto al extremo de la información que requería una elaboración y sistematización por parte del Tribunal, actividad a la que no venía obligado (art. 18.1.c) de la Ley 19/2013), pudiendo el solicitante obtener dicha información a través de la base de datos de jurisprudencia constitucional que el Tribunal mantiene en su portal de internet.

De las seis solicitudes en las que no se accedió a la información solicitada, cinco versaron sobre informaciones, consultas o asesoramientos en materia jurídica y una sobre el currículum vitae de un magistrado emérito del Tribunal, no disponiendo éste de dicha información, sin que fuera posible conocer, dados los genéricos términos en los que estaba formulada, que órgano pudiera resultar competente para facilitarla (art. 19.1 de la Ley 19/2013).

Las solicitudes de acceso a la información han tenido por objeto una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas:

a) Interposición, estado de tramitación y documentación relativa a concretos procesos constitucionales (38);

b) Datos estadísticos sobre procesos constitucionales (tres);

c) Doctrina del Tribunal en determinadas materias (tres);

d) Información sobre cómputo de plazos constitucionales (una);

e) Composición y datos profesionales, administrativos y económicos de los miembros del Tribunal y del personal a su servicio (seis);

f) Consulta o asesoramiento en relación con procesos no constitucionales (cuatro);

g) Consulta en relación con la situación de prisión provisional (dos);

h) Copia de todas las resoluciones del Tribunal desde su fundación y la documentación técnica de su ontología semántica (una);

i) El derecho de opción a la nacionalidad española (una);

j) Y, en fin, el reconocimiento como servicios prestados en la función pública del tiempo de disfrute de una beca de formación relacionada con la doctrina constitucional (una).

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Discurso en el acto de la decimocuarta renovación parcial del Tribunal Constitucional

VI. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Acuerdo de 17 de enero de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional («BOE» núm. 16, de 19 de enero de 2023, cve: BOE-A-2023-1407).

2) Acuerdo de 6 de julio de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se establece el régimen de días inhábiles en los procesos constitucionales («BOE» núm. 164, de 11 de julio de 2023, cve: BOE-A-2023-16065).

3) Acuerdo de 15 de marzo de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la presentación de los recursos de amparo a través de su sede electrónica («BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2023, cve: BOE-A-2023-7531).

4) Acuerdo de 15 de marzo de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueba la ejecución de un plan de actuaciones para agilizar el procedimiento interno de admisibilidad de los recursos de amparo.

5) Instrucción de régimen interior de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, de 24 de marzo de 2023, sobre aplicación de medidas de agilización del trámite de admisibilidad de los recursos de amparo.

6) Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 15 de marzo de 2023, por el que se regula el teletrabajo.

ACUERDO DE 17 DE ENERO DE 2023, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE DISPONE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL («BOE» NÚM. 16, DE 19 DE ENERO DE 2023, CVE: BOE-A-2023-1407)

En virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2023, ha dispuesto la siguiente composición de las salas y secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente acuerdo:

Artículo 1.

1. La Sala Primera, presidida por el presidente del Tribunal, estará integrada por don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ricardo Enríquez Sancho, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y don Juan Carlos Campo Moreno.

2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el presidente del Tribunal, estará integrada por don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña Concepción Espejel Jorquera y doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Ricardo Enríquez Sancho, estará integrada por don Ricardo Enríquez Sancho y don Juan Carlos Campo Moreno.

Artículo 2.

1. La Sala Segunda, presidida por la vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Inmaculada Montalbán Huertas, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Juan Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Inmaculada Montalbán Huertas, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por doña María Luisa Balaguer Callejón, estará integrada por doña María Luisa Balaguer Callejón, don Juan Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Artículo 3.

1. Los magistrados conservarán las ponencias que tuvieren asignadas, cualquiera que sea la clase y fase en que se encuentre el proceso y de que su conocimiento competa al Pleno, a las salas o a las secciones.

2. Las ponencias correspondientes a los magistrados que hayan dejado de formar parte del Tribunal se distribuirán, según el orden de antigüedad y mayor edad de los anteriores y de los nuevos miembros.

3. El presidente quedará exento del reparto de asuntos que originariamente sean competencia del Pleno.

4. Las secretarías del Pleno y de las Salas Primera y Segunda adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.

Madrid, 17 de enero de 2023.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón.

ACUERDO DE 6 DE JULIO DE 2023, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE DÍAS INHÁBILES EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES («BOE» NÚM. 164, DE 11 DE JULIO DE 2023, CVE: BOE-A-2023-16065)

El artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispone que en materia de «día y hora inhábiles» se aplicarán, con carácter supletorio, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional, introdujo algunas especialidades en la determinación de los días inhábiles durante los periodos vacacionales que dan lugar a una divergencia con el régimen procesal general, acentuada tras la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que extendió la condición de inhábiles a todos los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales que se relacionan o colaboran con la Administración de Justicia, circunstancia igualmente trasladable a la jurisdicción constitucional.

En atención a las anteriores consideraciones, el Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con los artículos 10.1.m) y 85.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo primero.

El régimen de días inhábiles en los procesos constitucionales será el establecido en la legislación procesal ordinaria (Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Civil).

Artículo segundo.

Para el cómputo de los plazos señalados en los recursos de amparo electorales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, los días se entenderán siempre naturales.

Artículo tercero.

El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá actuar en días inhábiles cuando aprecie causa urgente que lo exija y, en todo caso, en los incidentes de medidas cautelares.

Artículo cuarto.

Durante los períodos de vacaciones quedará constituida una Sección, compuesta por tres magistrados.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueban las normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período de vacaciones (BOE núm. 157, de 2 de julio), reformado por acuerdos de 17 de junio de 1999 (BOE núm. 148, de 22 de junio) y de 18 de enero de 2001 (BOE núm. 20, de 23 de enero).

Disposición final.

El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de julio de 2023.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón.

ACUERDO DE 15 DE MARZO DE 2023, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REGULA LA PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO A TRAVÉS DE SU SEDE ELECTRÓNICA («BOE» NÚM. 70, DE 23 DE MARZO DE 2023, CVE: BOE-A-2023-7531)

El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión de 15 de marzo de 2023, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

El proceso de amparo para la protección de los derechos y libertades fundamentales constituye una competencia atribuida al Tribunal Constitucional cuyo ejercicio durante estas décadas ha contribuido decisivamente a llenar de contenido y a delimitar los derechos fundamentales expresados en nuestra Constitución.

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo la exigencia, como requisito de admisibilidad, de que el recurso de amparo presente «especial trascendencia constitucional» (art. 50.1 LOTC) e impuso a los recurrentes la carga de justificar dicha trascendencia (art. 49.1 LOTC). El cumplimiento de este requisito se ha revelado como un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas, poniendo de manifiesto la memoria del Tribunal relativa al año 2022 que el 53% de los escritos de demanda adolecen de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76% de los recursos de amparo presentados.

El Tribunal no puede permanecer impasible ante semejante porcentaje de demandas cuyo contenido no puede entrar a valorar, por lo que, con el fin de facilitar a los solicitantes de amparo el cumplimiento de los requisitos legales, el presente acuerdo regula la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Tribunal mediante la cumplimentación de un formulario que permita a los recurrentes exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa. El formulario no sustituye a la demanda, cuya extensión no obstante debe acotarse, persiguiéndose así dos fines: facilitar que los recurrentes no incurran en defectos de construcción de la demanda y ayudar al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso.

Se alinea así el Tribunal con otros órganos jurisdiccionales que vienen empleando con éxito estas fórmulas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En atención a las anteriores consideraciones se aprueban las siguientes reglas para la presentación de los recursos de amparo:

Primera.

Los recursos de amparo se presentarán a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional, de conformidad con el acuerdo del Pleno de 15 de septiembre de 2016 (BOE de 24 de noviembre de 2016), por el que se regula el Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

Segunda.

La presentación exigirá la cumplimentación de un formulario, al que se accederá desde la sede electrónica del Tribunal, que, además de la identificación de los recurrentes y de los profesionales que les representen y asistan, contenga:

a) Una exposición concisa de las vulneraciones constitucionales denunciadas.

b) Una breve justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso.

c) La indicación del modo en que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa.

El contenido de lo expuesto permitirá al Tribunal, en su caso, descartar la concurrencia de la lesión constitucional, de la especial trascendencia del recurso o del debido agotamiento de la vía judicial previa.

Tercera.

Al formulario se adjuntará el escrito de demanda y, en su caso:

a) El apoderamiento al procurador.

b) Las resoluciones impugnadas.

c) La acreditación de que la vulneración se denunció en el proceso tan pronto como hubo oportunidad.

d) La acreditación de que se ha agotado la vía judicial previa.

e) La acreditación de que se ha respetado el plazo de interposición del recurso.

f) Otros documentos que el solicitante estime convenientes.

Cuarta.

Reglas de redacción de la demanda de amparo.

1. El escrito de demanda tendrá una extensión máxima de 50.000 caracteres.

2. Se utilizará la fuente «Times New Román», en tamaño de 12 puntos, y el interlineado en el texto será de 1,5.

3. Cada archivo PDF que acompañe a la demanda contendrá un solo documento, en formato editable y cuya denominación permita identificar su contenido.

Disposición final.

El presente acuerdo entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de marzo de 2023.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón.

ACUERDO DE 15 DE MARZO DE 2023, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIONES PARA AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE AMPARO

El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión de 15 de marzo de 2023, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Tomar conocimiento del informe de la Secretaría General y aprobar la propuesta de medidas que contiene, para agilizar la tramitación interna de los recursos de amparo.

2. Se encomienda a la Secretaría General la elaboración del formulario para la presentación de los recursos de amparo a través de la sede electrónica, de conformidad con el acuerdo del Pleno de esta misma fecha.

3. Se dejan sin efecto el acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 2016 sobre el régimen de admisibilidad de las series de recursos de amparo y el acuerdo de 8 de marzo de 2016, sobre elaboración de los informes de admisibilidad de los recursos de amparo.

4. Se autoriza al Secretario General a dictar una instrucción para la ejecución de las medidas aprobadas.

5. Se acuerda que durante la ejecución del plan de actuaciones no se encomendará a los letrados generales la realización de borradores de sentencias, salvo que la urgencia y especificidad del asunto sea apreciada por el Presidente del Tribunal.

Madrid, 15 de marzo de 2023.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón.

INSTRUCCIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 24 DE MARZO DE 2023, SOBRE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE AMPARO

El Pleno gubernativo del Tribunal aprobó el 15 de marzo de 2023 sendos acuerdos por los que se regula, en el primero, la presentación de los recursos de amparo a través de la sede electrónica del Tribunal y, en el segundo, la ejecución de un plan de acciones para agilizar el procedimiento interno de admisibilidad de los recursos de amparo.

En este segundo acuerdo se autoriza al secretario general a dictar una instrucción para la ejecución de las medidas aprobadas, por lo que, y de conformidad con el art. 25.2 ROPTC, se dicta la siguiente instrucción:

I. Secretarías de justicia

1. En aplicación de los artículos 49.4 y 50.4 LOTC, de incumplirse cualquiera de los requisitos subsanables de la demanda, las secretarías de justicia efectuarán un único requerimiento de subsanación.

2. Con el fin de posibilitar que determinadas tareas puedan desempeñarse en régimen de teletrabajo, en los expedientes digitales la documentación aportada con la demanda será adecuadamente organizada, por lo que, antes de pasar a informe, los diversos archivos digitales en formato PDF deberán tener una denominación que permita su identificación sin necesidad de proceder a su apertura.

3. Los secretarios de justicia formularán notas con propuesta de inadmisión de los recursos de amparo cuando estimen que concurre un óbice de forma indubitada. En concreto:

a) La no subsanación de defectos en el plazo conferido.

b) La extemporaneidad simple de la demanda.

c) La falta de agotamiento de la vía judicial previa cuando el recurrente no haya atendido a un pie de recurso que le ofrecía la posibilidad de interponerlo contra la resolución impugnada (salvo los recursos de casación, casación para la unificación de doctrina o extraordinario por infracción procesal).

d) La falta absoluta de justificación de la especial trascendencia constitucional.

4. En los recursos admitidos a trámite, si las actuaciones judiciales, administrativas o parlamentarias no se hubieran recibido en formato digital, la secretaría de justicia procederá a la digitalización antes de su entrega al letrado encargado de elaborar un borrador de resolución.

II. Letrados

Clases de informes

a) Informe simplificado por concurrir óbice procesal. El contenido del informe se limitará a identificarlo y, en su caso, exponer concisamente la razón de su apreciación.

b) Informe simplificado por no apreciarse en el recurso una especial trascendencia constitucional. Se expondrá la cuestión constitucional que se plantea y la razón de no apreciarse su especial trascendencia (con la recomendación de no superar una extensión de dos páginas).

c) Informe ordinario, para aquellos casos en que se aprecie especial trascendencia constitucional y, por tanto, deba examinarse la verosimilitud de la lesión de derechos fundamentales (con la recomendación de no superar una extensión de diez páginas). Igualmente, cuando pese a haberse redactado informe simplificado, el ponente o la sección soliciten informe ordinario.

Actuación de los letrados

A) Letrados coordinadores.

Corresponde a los letrados coordinadores de los grupos de trabajo:

1. La clasificación y reparto de los recursos de amparo en el número fijado por el secretario general.

2. El reparto prioritario de asuntos que revistan urgencia, informando a la sección correspondiente.

3. La identificación de las series de recursos, dando cuenta a la Secretaría General.

4. La redacción de informes simplificados de inadmisión por óbice procesal no apreciado por los secretarios de justicia y, en su caso, por:

a) Falta de agotamiento de la vía judicial previa por no haberse promovido incidente de nulidad de actuaciones.

b) Extemporaneidad de la demanda por recurso manifiestamente improcedente.

c) Falta de denuncia temporánea de la lesión, si la parte hubiera aportado los escritos procesales que permitan verificarlo.

De existir más de una queja y no afectar óbice procesal a todas, se advertirá al letrado al que se reparta el asunto para informe.

5. Complementariamente, la redacción de informes ordinarios.

B) Letrados generales.

Corresponde a los letrados que integran los grupos de trabajo:

1. La redacción de los informes de admisibilidad de los recursos que se les repartan, teniendo en cuenta las siguientes pautas:

a) Los informes sólo contendrán la exposición de los antecedentes procesales del caso que sean imprescindibles para sustentar la propuesta suscrita.

b) En los casos carentes de complejidad, la especial trascendencia constitucional del recurso, la verosimilitud de la lesión constitucional y el agotamiento de la vía judicial, podrán valorarse a la vista de la exposición contenida en el formulario a que se refiere el acuerdo de 15 de marzo de 2023.

c) Conforme al principio de justicia rogada y congruencia con las pretensiones deducidas en la demanda, así como de respeto a la actuación profesional de los abogados, los informes evitarán reconstruir la demanda, de modo que no se examinarán eventuales lesiones de derechos fundamentales no denunciadas, ni motivos de especial trascendencia constitucional distintos de los alegados, conforme al acuerdo del Pleno de 8 de marzo de 2016, ratificado el 16 de noviembre de 2016. Todo ello, a salvo del ejercicio jurisdiccional de la facultad prevista en el art. 84 LOTC.

d) El examen del recurso comenzará por su trascendencia constitucional.

e) Se hará uso restrictivo de la propuesta de inadmisión por «insuficiente justificación» de la especial trascendencia constitucional (art. 49.1 LOTC), optándose en caso de duda por el examen de su concurrencia (art. 50.1 LOTC).

f) Si se apreciare especial trascendencia constitucional en el recurso, se redactará informe ordinario, examinando tanto los requisitos de procedibilidad como la verosimilitud de la lesión de derechos fundamentales.

g) Cuando se formule propuesta de admisión, al final del informe deberá concretarse en un párrafo conclusivo la precisa cuestión de alcance constitucional que debiera resolver la futura sentencia.

2. La redacción de los demás informes que les encomienden los magistrados o la Secretaría General.

3. La redacción de borradores de autos o sentencias, con arreglo a los criterios aprobados por el Pleno en el acuerdo de 15 de marzo de 2023.

C) Letrados colaboradores de magistrados.

Realizarán las funciones que vienen desempeñando.

Supuestos singulares

1. Amparos parlamentarios. Los amparos parlamentarios tienen una presunción de trascendencia constitucional (STC 155/2009, FJ 2), que conlleva la necesidad de que los informes examinen en estos casos la verosimilitud de la vulneración constitucional alegada, salvo que concurra un óbice procesal.

2. Los informes sobre series no estarán referidos a un recurso cabecera sino al conjunto de la serie. Si el criterio de las cuatro secciones es coincidente, se tendrá por adoptado el criterio, sin necesidad de deliberación adicional en el Pleno. Y si, por el contrario, no se alcanzara la unanimidad, se incluirá en el orden del día del Pleno, correspondiendo al presidente exponer el caso.

Procesos de control de constitucionalidad de normas y conflictos competenciales

Salvo en los procesos constitucionales en que cabe la inadmisión por carecer de fundamento la pretensión (como en las cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos negativos de competencias, cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales o conflictos en defensa de la autonomía local), el informe de admisibilidad examinará la concurrencia de los requisitos de procedibilidad, sin llevar a cabo una exposición de las cuestiones de orden sustantivo planteadas, ni un análisis de la viabilidad de las pretensiones.

Madrid, 24 de marzo de 2023.–Fdo. Andrés Gutiérrez Gil.

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 15 DE MARZO DE 2023, POR EL QUE SE REGULA EL TELETRABAJO

La situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha exigido que el personal adscrito al Tribunal Constitucional prestase sus servicios en determinados casos de forma no solo presencial, para asegurar el normal funcionamiento de la institución y la protección de la salud de los trabajadores. En este sentido, la Instrucción de la Secretaría General de 19 de mayo de 2020, derogada por la Instrucción de 23 de septiembre de 2021, reguló los supuestos en los que procede autorizar al personal al servicio del Tribunal la realización de sus funciones mediante teletrabajo, por las circunstancias derivadas de la pandemia.

Con la finalidad de mantener el normal funcionamiento de todas las administraciones públicas, impulsando nuevas formas de organización y estructuración del trabajo de los empleados públicos para el mejor servicio a los intereses generales que tienen encomendados, el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, introdujo un nuevo artículo 47 bis sobre la regulación básica del teletrabajo en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Por su parte, el artículo 51 del Reglamento de organización y personal del tribunal constitucional, aprobado por acuerdo del Pleno de 5 de julio de 1990, establece que el personal al servicio del Tribunal «se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el presente Reglamento y en las demás normas y resoluciones dictadas por los órganos de gobierno del propio Tribunal. Tendrán el carácter de normas supletorias, en lo que sean aplicables, las contenidas en la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, en la legislación en materia de función pública».

De conformidad con lo expuesto, el presente acuerdo constituye un desarrollo en el ámbito del Tribunal Constitucional del citado artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.

En virtud de lo anterior, previa negociación con los representantes del personal, el Pleno del Tribunal Constitucional adopta el siguiente acuerdo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente acuerdo tiene por objeto regular el teletrabajo en el Tribunal Constitucional para el personal funcionario y laboral a su servicio.

2. Los letrados y personal asimilado, así como el personal eventual, quedan excluidos del ámbito de aplicación de este acuerdo. La prestación de servicios mediante teletrabajo queda sometida, en su caso, a las instrucciones de sus superiores jerárquicos.

Artículo 2. Definición y características.

1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias físicas del Tribunal Constitucional, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

2. El teletrabajo tiene carácter voluntario y reversible, ha de ser expresamente autorizado y su utilización viene supeditada a que se garantice la prestación de los servicios.

En el caso de situaciones excepcionales de fuerza mayor, que supongan la restricción o limitación de la movilidad acordada por la autoridad competente, se podrá acordar la prestación de servicios por teletrabajo de manera forzosa, mientras persistan tales circunstancias.

Artículo 3. Puestos de trabajo susceptibles de prestación en la modalidad de teletrabajo.

1. Son puestos susceptibles de teletrabajo aquellos que pueden ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, sin necesidad de una supervisión presencial o continuada, atendiendo a sus características específicas, con los medios requeridos para su desarrollo y siempre que puedan realizarse las tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en las mismas condiciones que en la modalidad presencial, accediendo al puesto por medios telemáticos y garantizando la comunicación permanente durante la jornada laboral.

2. No son susceptibles de teletrabajo aquellos puestos cuyo desempeño exija una supervisión presencial continua o que requieran de la disponibilidad para su prestación inmediata y no programable, ni aquellos puestos cuyas funciones asociadas requieran reuniones o contactos presenciales frecuentes, sean puestos de atención directa al público o precisen para su desempeño la consulta cotidiana de documentación física.

3. Quedan excluidos de los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los secretarios/as de justicia, así como las jefaturas de servicio o, en su caso, jefaturas de unidad.

Asimismo, quedan excluidos los puestos de ordenanzas, oficios y, en general, aquellos cuya prestación efectiva solamente quede garantizada con la presencia física en las dependencias del Tribunal.

4. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá autorizar el teletrabajo en los casos señalados en los apartados anteriores siempre y cuando los cambios organizativos o tecnológicos que se puedan producir en el futuro permitan la realización de forma no presencial de la totalidad o parte de las funciones asignadas a los respectivos puestos de trabajo.

Artículo 4. Régimen general de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

1. Con carácter general, el tiempo de prestación de servicios en régimen de teletrabajo será de un día a la semana en esa modalidad, y cuatro en la modalidad presencial.

Cuando el puesto de trabajo implique un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, que permita especialmente la realización de sus funciones a distancia por medios telemáticos, podrá autorizarse un régimen con un día adicional de teletrabajo cada dos semanas.

Excepcionalmente se podrán autorizar otras modalidades de teletrabajo semanal con carácter temporal, por razones organizativas debidamente justificadas o por motivos acreditados de riesgo para la salud, violencia de género o acoso sexual y por razón de sexo y/o acoso laboral, teniendo en cuenta, en su caso, los protocolos sanitarios vigentes.

2. El día o días de teletrabajo autorizados tendrán carácter fijo y discontinuo -entendiéndose el viernes y el lunes como continuos a estos efectos- y no podrán ser modificados salvo causa puntual debidamente justificada y con conocimiento del jefe de servicio o unidad. Cualquier otra modificación requerirá una nueva autorización de teletrabajo.

3. El personal que teletrabaje deberá mantener activo el teléfono durante su jornada laboral, siendo obligatorio el desvío del teléfono oficial a otro dispositivo o sistema que permita atender las llamadas internas o externas. Asimismo, los trabajadores presenciales y los que se encuentren teletrabajando deberán estar en permanente contacto mediante el correo electrónico corporativo y otros medios telemáticos de que se disponga, en su caso.

El teletrabajo se realizará en la jornada laboral y horario vigentes, computándose a todos los efectos como tiempo efectivo de cumplimiento. La jornada diaria de trabajo no se podrá autorizar de forma combinada en modalidad presencial y de teletrabajo.

4. Será obligatorio el uso del marcaje remoto habilitado en ATRIO para registrar el comienzo, la finalización y las interrupciones de la jornada laboral realizada en teletrabajo.

5. Cuando sean varios los empleados públicos en la misma unidad que deseen acogerse al teletrabajo los mismos días, especialmente dentro del mismo grupo profesional, cada jefe de servicio o unidad podrá proponer turnos de tal manera que las necesidades de prestación de servicios presenciales queden plenamente garantizadas. En este sentido, a la hora de fijar los días de teletrabajo dentro de una misma unidad, se dará preferencia a las solicitudes de personas afectadas por violencia de género, discapacidad, acoso sexual y por razón de sexo y/o acoso laboral, salud y/o conciliación de la vida personal y laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, se tratará de preservar la cultura organizativa, evitando la atomización y distanciamiento personal, y fomentando la coincidencia de los trabajadores de una misma unidad o servicio; especialmente la de quienes no desempeñen funciones de carácter análogo y, como consecuencia, no precisen turnarse.

6. El personal autorizado a teletrabajar será considerado en igualdad de condiciones a efectos de las plantillas mínimas previstas para la concesión de vacaciones y permisos, sin que pueda modificarse su régimen de teletrabajo por este motivo, salvo necesidades del servicio debidamente justificadas por el jefe de servicio o unidad.

7. El disfrute de permisos o licencias no generarán derecho a la compensación del día de trabajo a distancia no realizado.

8. Con carácter general, únicamente podrá autorizarse la prestación de teletrabajo en el domicilio. Excepcionalmente podrá autorizarse un lugar adicional de teletrabajo por motivos justificados relacionados con la conciliación de la vida personal y laboral, siempre y cuando todos los lugares de teletrabajo autorizados cumplan los requisitos establecidos en el presente acuerdo.

9. Para una adecuada evaluación de los resultados de esta modalidad de prestación de servicios, el Tribunal Constitucional podrá comprobar el cumplimiento del régimen de jornada y horario establecidos, los resultados obtenidos, así como los objetivos que se hayan podido determinar.

A tal fin, los jefes de servicio o unidad remitirán a la Secretaría General un informe anual de evaluación para cada persona autorizada a teletrabajar.

10. Las actividades formativas que se impartan exclusivamente por medios telemáticos, y cuyo tiempo de realización sea igual o superior al 70 % de la jornada diaria, podrán ser realizadas en modalidad de teletrabajo, a elección del trabajador, sin que ese tiempo compute en dicha modalidad a los efectos del apartado 1 del presente artículo.

Artículo 5. Derechos y deberes del personal autorizado a teletrabajar.

1. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tiene los mismos derechos y deberes, individuales y colectivos, que el resto de personal, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos inherentes a la modalidad presencial. En ningún caso se verá perjudicado en sus condiciones de trabajo, entre ellas, en sus retribuciones, jornada laboral, formación y carrera profesional.

2. El teletrabajo tampoco supondrá alteración del régimen de conciliación de la vida personal y laboral y respetará en todo caso los principios de transparencia y de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

3. El personal que teletrabaje tiene derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

4. El personal autorizado a teletrabajar deberá prestar especial atención a las obligaciones en materia de confidencialidad, protección de datos y cumplimiento de objetivos en el desempeño del puesto de trabajo.

Artículo 6. Medios tecnológicos.

1. Para la prestación de los servicios mediante teletrabajo se utilizarán los medios tecnológicos y telemáticos definidos por el Tribunal Constitucional que garanticen el canal de comunicación y los pertinentes protocolos de seguridad tecnológica admitidos. El personal autorizado a teletrabajar deberá disponer de conexión a Internet adecuada en el lugar de teletrabajo.

2. El Tribunal Constitucional proporcionará al personal que teletrabaje un equipo informático y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad.

3. El Tribunal implementará los medios necesarios para que la prestación del servicio en modalidad de teletrabajo respete la protección de datos personales de quienes realizan tal prestación.

4. Como medida de protección ante posibles accesos no autorizados a las cuentas de usuario desde el exterior, será condición necesaria para el acceso al trabajo a distancia establecer un sistema de doble factor de autenticación, mediante la instalación por el usuario de una aplicación en el teléfono móvil cuyo objetivo es la aceptación del acceso remoto. En ningún caso se podrá divulgar el número de teléfono del empleado cuando este no sea un teléfono corporativo facilitado por el Tribunal.

5. El personal autorizado a teletrabajar se responsabilizará de la custodia, cuidado y buen uso de los equipos provistos por el Tribunal Constitucional, así como de su utilización únicamente con fines laborales. Los daños y desperfectos sufridos por los equipos, así como robos o extravíos, correrán a cuenta del Tribunal, salvo que concurra dolo o negligencia por parte del empleado.

6. Quienes teletrabajen respetarán en todo caso las medidas establecidas en la Política de Seguridad de la Información del Tribunal Constitucional y en los manuales, guías y directrices que la desarrollen.

Artículo 7. Procedimiento de autorización.

1. Podrá solicitar autorización de teletrabajo el personal que cuente con una antigüedad mínima de seis meses continuados en el mismo servicio o unidad o, en su caso, tenga experiencia suficiente y adecuada acreditada por el jefe de servicio o unidad.

2. En la solicitud de autorización, que habrá de presentarse a través de ATRIO conforme al modelo que figura en el anexo I, se indicará la fecha de inicio de la prestación de servicios mediante teletrabajo, el día o días de la semana en que se desea teletrabajar y el lugar elegido para realizar el teletrabajo.

3. En el plazo de tres días hábiles, el jefe de servicio o unidad informará sobre la procedencia o no de la solicitud y propondrá, en su caso, las modificaciones pertinentes en función de las necesidades del servicio o unidad, de acuerdo con el modelo que figura como anexo II. Cuando se informe negativamente la solicitud, deberá justificarse la propuesta.

Cualquier modificación en la solicitud requerirá la conformidad previa del solicitante para continuar su tramitación.

4. El solicitante deberá cumplimentar el cuestionario de autoevaluación de riesgos laborales al que se refiere el artículo 10 del presente acuerdo.

5. El teletrabajo deberá ser autorizado expresamente por la Secretaría General, conforme al modelo que figura como anexo IV. En la autorización deberá indicarse la fecha en que dará comienzo la prestación de servicios mediante teletrabajo, el día o días de la semana autorizados para teletrabajar y el lugar de teletrabajo. Si la solicitud es desestimada, deberá dictarse resolución motivada, conforme al modelo que figura como anexo IV bis.

6. En todo caso, se desestimará la solicitud cuando no concurran los requisitos para la prestación de los servicios en la modalidad de teletrabajo previstos en el artículo 3 o en atención a las necesidades del servicio debidamente justificadas.

7. La autorización de teletrabajo o la desestimación de su solicitud deberán notificarse al solicitante y a su jefe de servicio o unidad.

8. Los puestos que se presten en régimen de teletrabajo se relacionarán en un listado, que estará a disposición de las organizaciones sindicales representadas en la Mesa de Negociación, en el que se identificará el puesto, la persona que lo ocupe, el día o días de teletrabajo semanal autorizado y la fecha de inicio de la autorización.

9. A petición del interesado, podrán autorizarse cambios en la solicitud inicial, previo informe del jefe de servicio o unidad.

Artículo 8. Suspensión de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

1. La autorización para teletrabajar se podrá suspender temporalmente, mediante acuerdo motivado de la Secretaría General, por circunstancias sobrevenidas que afecten a la persona autorizada o por necesidades del servicio debidamente justificadas.

2. Es causa automática de suspensión temporal el mal funcionamiento del equipo informático y de los sistemas de comunicación y conectividad. En este supuesto la persona afectada debe poner estas circunstancias en conocimiento del jefe de servicio o unidad y pasará a prestar sus servicios en régimen presencial hasta que se resuelvan los problemas técnicos.

3. La concurrencia de las circunstancias que motiven la suspensión deberá ser comunicada por el jefe de servicio o unidad a la Secretaría General. Dicha comunicación se trasladará a la persona afectada de forma simultánea.

Artículo 9. Extinción de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

1. La autorización de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo se extingue en los siguientes supuestos:

a) Por renuncia voluntaria.

b) Por necesidades del servicio debidamente justificadas.

c) Por retrasos, acumulaciones injustificadas, rendimiento insuficiente o el incumplimiento de otras obligaciones relacionadas con esta modalidad de trabajo, previo informe razonado del jefe de servicio o unidad, o bien por un resultado desfavorable del informe anual de evaluación a que se refiere el artículo 4.9 del presente acuerdo.

d) Por el incumplimiento grave constatable de las obligaciones en materia de seguridad, protección de datos y confidencialidad.

2. En los casos previstos en las letras c) y d) del apartado anterior, y previa audiencia del interesado, se producirá la extinción de la autorización sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que, en su caso, se haya podido incurrir.

3. En todo caso, la autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo se extingue automáticamente por el cambio de puesto de trabajo de la persona autorizada. En este caso deberá presentarse una nueva solicitud en el nuevo destino.

Artículo 10. Prevención de riesgos laborales y formación del personal.

1. El lugar en que se vayan a prestar servicios en la modalidad de teletrabajo deberá cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. A tal fin el Servicio de Prevención elaborará y mantendrá actualizada una guía de riesgos laborales en la modalidad de teletrabajo, que deberá facilitarse al personal autorizado a teletrabajar. Asimismo, este deberá cumplimentar un cuestionario de autoevaluación de prevención de riesgos laborales, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de lo declarado y la adopción de las medidas correctoras necesarias. Dicho cuestionario, una vez cumplimentado, deberá conservarse a disposición del Servicio de Prevención del Tribunal Constitucional.

2. Será de aplicación, a los efectos de contingencias profesionales, la normativa vigente en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que quede acreditado que la contingencia se produzca en los términos para los que había sido autorizado el teletrabajo.

3. El Tribunal proporcionará al personal autorizado a teletrabajar la formación necesaria en ciberseguridad, en el uso de herramientas técnicas y en prevención de riesgos laborales en teletrabajo, en los términos que se establezcan.

Artículo 11. Seguimiento del acuerdo.

1. La Mesa de Negociación del Tribunal Constitucional, a través, en su caso, de un grupo de trabajo, realizará un seguimiento periódico de la ejecución del presente acuerdo, con especial atención al cumplimiento de las necesidades del servicio y de las condiciones de la autorización de teletrabajo por parte del personal, a la prevención de riesgos laborales, a la evaluación del impacto de género que pudiera producirse con motivo de la implantación de esta modalidad de trabajo a distancia y a la garantía de los derechos a la desconexión digital y a la protección de datos.

2. La Mesa de Negociación podrá proponer a la Secretaría General las medidas que considere pertinentes en los ámbitos indicados.

Disposición transitoria primera. Autorizaciones previas para teletrabajar.

1. Las autorizaciones de teletrabajo que se hubieran conferido en aplicación de las Instrucciones de Secretaría General de 19 de mayo de 2020 y de 23 de septiembre de 2021 se mantendrán en las mismas condiciones hasta transcurridos tres meses de la entrada en vigor del presente acuerdo.

2. En ese plazo las personas interesadas en teletrabajar deberán presentar una nueva solicitud en la forma y con los requisitos establecidos en el presente acuerdo, entendiéndose que de no hacerlo en el indicado plazo renuncian a la prestación de servicios mediante esta modalidad, sin perjuicio de la posibilidad de solicitarlo nuevamente cuando lo estimen oportuno.

Disposición transitoria segunda. Medios tecnológicos aportados por los usuarios.

1. En tanto el Tribunal Constitucional no disponga de los medios técnicos suficientes para proporcionar equipos informáticos corporativos a todo el personal autorizado a teletrabajar, se podrán utilizar equipos particulares para el teletrabajo, siempre y cuando sean idóneos y se permita al Servicio de Informática acceder a los mismos para configurarlos de manera adecuada y supervisar su funcionamiento desde el punto de vista técnico y de ciberseguridad.

2. En estos supuestos, antes de firmarse la autorización de teletrabajo, y siempre y cuando la misma cuente con el visto bueno del jefe de servicio o unidad, el Servicio de Informática deberá emitir informe favorable sobre la disponibilidad e idoneidad de los equipos aportados por el usuario desde el punto de vista técnico y de seguridad informática, conforme al modelo que figura como anexo III del presente acuerdo.

3. En todo caso, de acogerse a esta posibilidad, el personal autorizado a teletrabajar deberá suscribir una declaración de conformidad con los criterios técnicos de seguridad para el uso de dispositivos particulares para teletrabajo en el Tribunal Constitucional, que se entregará al Servicio de Informática.

4. Si algún solicitante no dispusiera de medios tecnológicos idóneos, tendrá prioridad a la hora de recibir un equipo informático corporativo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por el Pleno del Tribunal Constitucional.

ANEXO I - SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MODALIDAD DE TELETRABAJO …

ANEXO II - INFORME DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD …

ANEXO III (D. T. 2.ª) - INFORME DEL JEFE DE SERVICIO/UNIDAD DE INFORMÁTICA …

ANEXO IV - MODELO DE AUTORIZACIÓN DE TELETRABAJO …

ANEXO IV bis - MODELO DE RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE LA SOLICITUD DE TELETRABAJO …

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las sentencias y determinados autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO | SENTENCIAS
61, de 13 de marzo de 2023 | 1/2023-3/2023
77, de 31 de marzo de 2023 | 4/2023-11/2023
89, de 14 de abril de 2023 | 12/2023-17/2023
98, de 25 de abril de 2023 | 18/2023-24/2023
121, de 22 de mayo de 2023 | 25/2023-38/2023
139, de 12 de junio de 2023 | 39/2023-52/2023
150, de 24 de junio de 2023 | 53/2023-63/2023
167, de 14 de julio de 2023 | 64/2023-67/2023
176, de 25 de julio de 2023 | 68/2023-77/2023
184, de 3 de agosto de 2023 | 78/2023-85/2023
205, de 28 de agosto de 2023 | 86/2023-89/2023
244, de 12 de octubre de 2023 | 90/2023-95/2023
261, de 1 de noviembre de 2023 | 96/2023-128/2023
286, de 30 de noviembre de 2023 | 129/2023-146/2023
301, de 18 de diciembre de 2023 | 147/2023-149/2023
304, de 21 de diciembre de 2023 | 150/2023-171/2023
16, de 18 de enero de 2024 | 172/2023-190/2023
NÚMERO DE SUPLEMENTO | AUTOS
61, de 13 de marzo de 2023 | 28-30/2023, 32-33/2023 y 35/2023
77, de 31 de marzo de 2023 | 68/2023 y 69/2023
139, de 12 de junio de 2023 | 223/2023, 235/2023 y 237/2023
150, de 24 de junio de 2023 | 356/2023
184, de 3 de agosto de 2023 | 338/2023
244, de 12 de octubre de 2023 | 425/2023 y 427/2023
16, de 18 de enero de 2024 | 665/2023

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2023, de 6 de febrero de 2023

Recurso de amparo 2479-2019. Promovido por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de los Afectados por Motores Volkswagen en relación con los autos dictados por un juzgado central de instrucción y la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sumario por la presunta comisión de delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la hacienda pública, entre otros.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al proceso): resoluciones judiciales que, ponderando la mejor posición de las autoridades judiciales alemanas para conocer de los hechos, remiten el procedimiento a la fiscalía de Braunschweig.

Sala Segunda. Sentencia 2/2023, de 6 de febrero de 2023

Recurso de amparo 5380-2020. Promovido por don Abraham Alejandro Martínez López en relación con las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Alicante y un juzgado de menores en expediente de reforma.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (non bis in idem): sanción penal impuesta tras el pago de la sanción administrativa por viajar sin título de transporte válido que incurrió en un exceso de punición. Voto particular.

Pleno. Sentencia 3/2023, de 9 de febrero de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 54-2022. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia.

Principios de división de poderes e independencia judicial; reserva y exclusividad de la función jurisdiccional: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal anulado por la STC 70/2022, de 2 de junio.

Sala Primera. Sentencia 4/2023, de 20 de febrero de 2023

Recurso de amparo 1676-2019. Síntesis Descriptiva: Promovido por don Francisco Grau Jornet en relación con los autos de un juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial de Valencia sobre prisión provisional.

Vulneración de los derechos a la libertad personal y de defensa: denegación de acceso a las actuaciones precisas para impugnar la prisión provisional adoptada que no respeta las garantías legales de información imprescindibles para una defensa frente a la privación cautelar de libertad (STC 180/2020).

Sala Segunda. Sentencia 5/2023, de 20 de febrero de 2023

Recurso de amparo 6808-2019. Promovido por don P. M. P., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Majadahonda y la Audiencia Provincial de Madrid en procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa: autorización judicial para la administración del bautismo y la asistencia a asignatura religiosa acordada sin dar audiencia al menor. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 6/2023, de 20 de febrero de 2023

Recurso de amparo 3374-2021. Promovido por doña Esther González Celdrán en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de liquidación de regímenes económicos matrimoniales.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción y motivación): inadmisión del recurso de amparo interpuesto sin haber agotado la vía judicial previa.

Pleno. Sentencia 7/2023, de 21 de febrero de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 2859-2018. Planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto del artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril.

Derechos a la información y de propiedad y libertad de empresa: constitucionalidad del precepto legal que regula la compensación económica que deben abonar los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica para acceder a los estadios y recintos a fin de retransmitir en directo acontecimientos deportivos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 8/2023, de 22 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4291-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en relación con el Decreto-ley del Consell 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.

Límites materiales de los decretos leyes autonómicos: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan la adquisición preferente de vivienda. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 9/2023, de 22 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 998-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Límites materiales de los decretos leyes: constitucionalidad de la atribución al juez de un margen de apreciación para acordar, en las circunstancias concurrentes en pandemia, la suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual habitada sin título para ello. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 10/2023, de 23 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 718-2020. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

Límites materiales de los decretos leyes: extinción parcial del proceso, constitucionalidad de los preceptos que modifican disposiciones legales relativas a la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

Pleno. Sentencia 11/2023, de 23 de febrero de 2023

Recurso de amparo 899-2021. Promovido por don L. M. G. C., doña C. P., y doña V. G. P., respecto de la atención dispensada en ingreso por parto en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación, integridad física y moral, a no padecer penas o tratos inhumanos o degradantes, libertad ideológica, y a la intimidad personal y familiar: actuación hospitalaria que no privó a la paciente de su derecho a la autodeterminación personal y al consentimiento informado (STC 66/2022). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 12/2023, de 6 de marzo de 2023

Recurso de amparo 163-2020. Promovido por doña María Paz Iglesias Casarrubios respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de la capital en proceso de modificación de medidas acordadas en sentencia de divorcio.

Supuesta vulneración de los derechos a la prueba y al juez imparcial: extinción no arbitraria ni irrazonable del derecho de uso de la vivienda familiar constituido en favor de la recurrente al alcanzar sus hijas la mayoría de edad.

Sala Primera. Sentencia 13/2023, de 6 de marzo de 2023

Recurso de amparo 4969-2020. Promovido por el Ayuntamiento de Granada respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Granada en revisión de un decreto de la letrada de la administración de justicia dictado en procedimiento de jura de cuentas de ejecutoria penal.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que constataron que las decisiones de la letrada de la administración de justicia ya habían adquirido firmeza cuando desplegó sus efectos la STC 34/2019, de 14 de marzo.

Sala Primera. Sentencia 14/2023, de 6 de marzo de 2023

Recurso de amparo 521-2021. Promovido por la mercantil Rafael Muñoz Quirós, S.L., respecto de las resoluciones dictadas en juicio verbal de reclamación de cantidad por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Ciudad Real y un juzgado de primera instancia de Alcázar de San Juan.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (STC 40/2020).

Pleno. Sentencia 15/2023, de 7 de marzo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 2222-2021. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso en relación con la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Límites materiales de los decretos leyes: constitucionalidad de la atribución al juez de un margen de apreciación para acordar, en las circunstancias concurrentes en pandemia, la suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual habitada sin título para ello (STC 9/2023). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 16/2023, de 7 de marzo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 5935-2021. Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Límites materiales de los decretos leyes y régimen económico y fiscal canario: modificación de las deducciones por inversiones aprobada mediando solicitud del informe del Parlamento de Canarias.

Pleno. Sentencia 17/2023, de 9 de marzo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 735-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Límites materiales de los decretos leyes: suficiente justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Pleno. Sentencia 18/2023, de 21 de marzo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 2206-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados respecto del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Límites materiales de los decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular.

Pleno. Sentencia 19/2023, de 22 de marzo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4057-2021. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados en relación con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

Derecho a la vida y a la integridad física y moral: constitucionalidad de la regulación legal del derecho a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 20/2023, de 23 de marzo de 2023

Conflicto positivo de competencia 5253-2021. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con diversos preceptos del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

Competencias sobre seguridad pública, autoorganización y régimen jurídico de las administraciones públicas: extinción del conflicto constitucional por pérdida sobrevenida de su objeto.

Sala Primera. Sentencia 21/2023, de 27 de marzo de 2023

Recurso de amparo 5986-2021. Promovido por doña María Rosario Fátima Sánchez Moreno respecto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, en casación, ratificó la denegación de solicitud de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 22/2023, de 27 de marzo de 2023

Recurso de amparo 6005-2021. Promovido por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de la Región de Murcia respecto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que desestimó, en suplicación, la demanda formulada por aquella contra la Autoridad Portuaria de Cartagena en procedimiento de tutela de derechos fundamentales.

Vulneración del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a la libertad sindical: supeditación del derecho al uso de la vivienda del faro de Mazarrón a la retractación de un comunicado crítico emitido por el sindicato.

Sala Primera. Sentencia 23/2023, de 27 de marzo de 2023

Recurso de amparo 324-2022. Promovido por don Carlos Santiago Contreras respecto de las resoluciones adoptadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Valdemoro (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 24/2023, de 27 de marzo de 2023

Recurso de amparo 5267-2022. Promovido por don Salvador Illa Roca y otros treinta y dos diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa de la Cámara sobre delegación de voto de don Lluís Puig i Gordi.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos parlamentarios que, al facultar al delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas (SSTC 65/2022 y 85/2022).

Sala Segunda. Sentencia 25/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 4194-2020. Promovido por doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos respecto de la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, confirmada en trámite de reconsideración por la mesa de la Cámara, de retirar del «Diario de Sesiones» determinada expresión.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: retirada de un pasaje de la intervención parlamentaria que alude a un tercero ajeno a la Cámara y que representa una actuación razonable en ejercicio de la facultad reglamentariamente conferida a la Presidencia en salvaguarda del decoro.

Sala Segunda. Sentencia 26/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 874-2021. Promovido por doña Guiomar Gazeau García respecto del auto de un juzgado de primera instancia de Barcelona que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Segunda. Sentencia 27/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 3886-2021. Promovido por Guyón Extens, S.L., respecto del auto de un juzgado de primera instancia de Madrid que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones en juicio verbal de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal en el domicilio que figuraba en el encabezamiento del contrato de arrendamiento (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 28/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 4428-2021. Promovido por don Francisco José Rodríguez Montes en relación con el auto de un juzgado de lo social de Almería que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 119/2020).

Sala Segunda. Sentencia 29/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 5398-2021. Promovido por doña Katayoun Seirany Seirany respecto de las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de instrucción de la capital que le condenaron por un delito leve de amenazas.

Vulneración de los derechos de defensa y a la asistencia letrada: falta de provisión de abogado en causa penal donde la asistencia letrada no es preceptiva.

Sala Segunda. Sentencia 30/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 6529-2021. Promovido por don Srdan Sehovac en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de primera instancia e instrucción de Coín acordando prisión provisional.

Vulneración de los derechos a la libertad personal y de defensa: denegación de acceso a las actuaciones precisas para impugnar la prisión provisional acordada que no respeta las garantías legales de información imprescindibles para una defensa frente a la privación cautelar de libertad (STC 180/2020).

Sala Primera. Sentencia 31/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 2042-2022. Promovido por doña Susana Beatriz Vallés Gudiño en relación con el auto de un juzgado de lo social de Madrid que confirma sendas resoluciones del letrado de la administración de justicia en procedimiento para el reconocimiento del carácter fijo de la relación contractual que une a la demandante con la Comunidad de Madrid.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: motivos estructurales del retraso; señalamiento de la vista con una demora de dos años desde la admisión a trámite de la demanda (STC 125/2022).

Sala Segunda. Sentencia 32/2023, de 17 de abril de 2023

Recurso de amparo 718-2023. Promovido por don Julio Peñaranda Torres en relación con los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional sin fianza acordada en causa por delito contra la salud pública.

Vulneración del derecho a la libertad personal: autos que no computan el periodo de privación de libertad que las autoridades colombianas y españolas emplearon en tramitar y resolver el proceso de extradición (STC 143/2022).

Pleno. Sentencia 33/2023, de 18 de abril de 2023

Recurso de amparo 1307-2018. Promovido por don Roger Sabà Riera en relación con las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestimaron su demanda de protección jurisdiccional civil del derecho a la intimidad y a la propia imagen en la que controvertía la publicación de su fotografía en la página web de la policía autonómica solicitando la colaboración ciudadana contra la violencia urbana.

Alegada vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, intimidad, al honor y a la propia imagen: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 34/2023, de 18 de abril de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1760-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Derecho a la educación y reformas legales emprendidas durante la vigencia del estado de alarma: improcedencia de una interpretación extensiva de las limitaciones a las iniciativas legislativas en estado de emergencia; constitucionalidad de las disposiciones legales relativas a la regulación de la programación de centros, régimen de escolarización de alumnos con necesidades especiales, educación diferenciada por sexos, enseñanza de la religión y educación en valores, derecho a la enseñanza en castellano, evaluaciones generales y de diagnóstico, prueba de acceso a la universidad, supervisión del sistema educativo y ordenación y adaptación de los currículos académicos. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 35/2023, de 18 de abril de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 825-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox del Congreso respecto del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Límites materiales de los decretos leyes: STC 17/2023 (suficiente justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana).

Pleno. Sentencia 36/2023, de 19 de abril de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1220-2021. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

Límites materiales de los decretos leyes: pérdida parcial de objeto del proceso, concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y prohibición de tecnologías de registro distribuido en los sistemas de identificación y firma que no vulnera la competencia autonómica de autoorganización (STC 10/2023); no afectación al secreto de las comunicaciones ni a las libertades de expresión e información.

Pleno. Sentencia 37/2023, de 19 de abril de 2023

Recurso de amparo 6735-2021. Promovido por Accesos de Ibiza, S.A., respecto del auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que deniega la traducción al castellano de un auto de aclaración de sentencia redactado en catalán.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: ausencia de acreditación de una indefensión real y efectiva. Voto particular.

Pleno. Sentencia 38/2023, de 20 de abril de 2023

Recurso de amparo 3214-2022. Promovido por don A. N. R. respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y un juzgado de primera instancia de Telde que acordaron la administración de la vacuna frente a la Covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física, igualdad y no discriminación e intimidad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona vulnerable y proporcionada a sus necesidades atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Sala Segunda. Sentencia 39/2023, de 8 de mayo de 2023

Recurso de amparo 296-2020. Promovido por doña María Rosa Coll Colom en relación con la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Lleida que desestimó su impugnación de diferentes liquidaciones complementarias del impuesto de bienes inmuebles y posteriores providencias de apremio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (incongruencia omisiva): desestimación judicial de la pretensión tempestivamente deducida que carece de la mínima motivación que permita entender el razonamiento que ha llevado a confirmar las resoluciones administrativas impugnadas.

Sala Primera. Sentencia 40/2023, de 8 de mayo de 2023

Recurso de amparo 5965-2020. Promovido por don Modou Joof respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de la capital en procedimiento de protección de menores.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que impide la efectiva impugnación del decreto de la fiscalía de menores sobre determinación de la edad al dar por concluso el procedimiento fundándose en que el demandante habría alcanzado la mayoría de edad (STC 130/2022).

Sala Segunda. Sentencia 41/2023, de 8 de mayo de 2023

Recurso de amparo 4702-2021. Promovido por Barcelona Bus, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Mataró en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada en procedimiento por despido, sin agotar las posibilidades de notificación personal en el centro de trabajo que figuraba en las actuaciones (STC 181/2021).

Sala Primera. Sentencia 42/2023, de 8 de mayo de 2023

Recurso de amparo 4705-2021. Promovido por Selton, S.L. U., respecto de las resoluciones de la letrada de la administración de justicia de un juzgado de primera instancia e instrucción de La Seu d’Urgell (Lleida) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso al recurso): resoluciones de una letrada de la administración de justicia que impiden impugnar en reposición la decisión judicial que rechazaba tenerla por emplazada y parte en procedimiento ejecutivo (STC 208/2015).

Sala Segunda. Sentencia 43/2023, de 8 de mayo de 2023

Recurso de amparo 2773-2022. Promovido por don Mariano Nava Calvo respecto de las sentencias de la Audiencia Provincial de Toledo y un juzgado de lo penal de esa capital que le condenaron por un delito societario.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial (motivación e incongruencia omisiva) y a un proceso con todas las garantías (doble instancia penal): rechazo del recurso de apelación fundado en una irrealizable derivación a la vía de aclaración o complemento de sentencia por el propio juzgado sentenciador, denegación inmotivada de una solicitud de prueba de descargo en segunda instancia y ausencia de toda respuesta a un motivo del recurso.

Pleno. Sentencia 44/2023, de 9 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4523-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Derecho a la vida y aborto: fundamentos constitucionales de la autodeterminación de la mujer respecto de la interrupción del embarazo y consideración de la vida prenatal como bien constitucionalmente protegido, constitucionalidad del sistema de plazos en su conjunto, de la interrupción del embarazo dentro de las catorce primeras semanas de gestación o por indicación terapéutica o embriopática; garantías de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y perspectiva de género en la formación de los profesionales; pérdida sobrevenida parcial de objeto del proceso. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 45/2023, de 10 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4129-2018. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado respecto del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación RTVE y de su presidente.

Límites materiales de los decretos leyes: pérdida parcial de objeto del proceso, concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad (STC 134/2021), ausencia de afectación al control parlamentario de los medios de comunicación públicos y al derecho de acceso a los cargos públicos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 46/2023, de 10 de mayo de 2023

Recurso de amparo 5884-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un integrantes del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite diversas propuestas de resolución.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que incumple el deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (STC 24/2022). Voto particular.

Pleno. Sentencia 47/2023, de 10 de mayo de 2023

Recurso de amparo 1060-2020. Promovido por doña Denize Lanes da Silva en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho (STC 42/2022).

Pleno. Sentencia 48/2023, de 10 de mayo de 2023

Recurso de amparo 1785-2021. Promovido por don Sergio Jesús Mora Carrasco respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado central de instrucción y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que limitaron la intervención de su letrado en diligencias previas.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial, a la defensa y a un proceso con todas las garantías: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto.

Pleno. Sentencia 49/2023, de 10 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1828-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Derecho a la educación: constitucionalidad de la regulación de la programación de centros, régimen de escolarización de alumnos con necesidades especiales, educación diferenciada por sexos, enseñanza de la religión, derecho a la enseñanza en castellano y actividades complementarias (STC 34/2023); tramitación parlamentaria de la ley y derecho de enmienda. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 50/2023, de 10 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1875-2021. Interpuesto por el Parlamento de las Illes Balears respecto de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2021.

Principios de solidaridad, lealtad constitucional y cooperación en el ámbito de los instrumentos de financiación autonómica: improcedencia de derivar de las normas que atienden el factor de insularidad un concreto modelo constitucional de financiación autonómica.

Sala Segunda. Sentencia 51/2023, de 11 de mayo de 2023

Recurso de amparo electoral 2973-2023. Promovido por la agrupación de electores «Contigo Montemayor» en relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Córdoba que dejó sin efecto la proclamación de su candidatura en la circunscripción electoral de Montemayor.

Vulneración de los derechos de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos y a acceder a los cargos públicos: candidatura cuya denominación no induce a confusión con la usada tradicionalmente por un partido político legalmente constituido.

Sala Segunda. Sentencia 52/2023, de 11 de mayo de 2023

Recurso de amparo electoral 2982-2023. Promovido por la coalición electoral Ara Pacte Local en relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que dejó sin efecto la proclamación de su candidatura en la circunscripción electoral de Esparreguera.

Vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: candidatura cuya denominación no induce a confusión con la usada tradicionalmente por un partido político legalmente constituido. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 53/2023, de 22 de mayo de 2023

Recurso de amparo 4263-2021. Promovido por doña Zhirong Wang respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y de un juzgado de este orden jurisdiccional de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que parten de una interpretación errónea de la Directiva de la Unión Europea relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (STC 47/2023).

Sala Segunda. Sentencia 54/2023, de 22 de mayo de 2023

Recursos de amparo 4730-2021, 4728-2021 (acumulados). Promovidos por don Salvador Reina Calderón y don Daniel Castells Batlló en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona en procedimiento de ejecución penal.

Vulneración del derecho a la legalidad penal: aplicación retroactiva de una ley penal desfavorable.

Sala Primera. Sentencia 55/2023, de 22 de mayo de 2023

Recurso de amparo 5528-2021. Promovido por don Andrés Felipe López Calle respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y de un juzgado de este orden jurisdiccional de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que parte de una interpretación errónea de la Directiva de la Unión Europea relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (STC 47/2023).

Sala Segunda. Sentencia 56/2023, de 22 de mayo de 2023

Recurso de amparo 6347-2021. Promovido por doña María Angélica Vidal Olivera en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó, en apelación, su impugnación de las resoluciones administrativas que denegaron su solicitud de residencia temporal como familiar de ciudadano de la Unión Europea y acordaron su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial, fundada en una interpretación rigorista de la normativa aplicable, que no ponderó adecuadamente las circunstancias personales y familiares de la actora (STC 42/2020).

Pleno. Sentencia 57/2023, de 23 de mayo de 2023

Recurso de amparo 7544-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con las resoluciones de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octubre».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativa parlamentaria que incumple el deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (STC 24/2022). Voto particular.

Pleno. Sentencia 58/2023, de 23 de mayo de 2023

Recurso de amparo 3908-2020. Promovido por el grupo parlamentario Vox-Actúa Baleares del Parlamento de las Illes Balears respecto de los acuerdos adoptados por la mesa del Parlamento de las Illes Balears en respuesta a su solicitud de visitas a centros educativos.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: limitación del ejercicio del derecho de visita al horario no lectivo que responde al legítimo propósito de no alterar el normal funcionamiento del servicio. Voto particular.

Pleno. Sentencia 59/2023, de 23 de mayo de 2023

Recurso de amparo 5487-2020. Promovido por don Juan Antonio Huidobro Barriuso en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos y un juzgado de lo penal de esa capital que le condenaron por un delito de lesiones por imprudencia profesional grave.

Supuesta vulneración de los derechos a la imparcialidad judicial, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: intervención de la magistrada en la vista oral que no comprometió su neutralidad respecto de las posiciones de las partes en el proceso, pericias médicas aportadas en diligencias previas de investigación practicadas a instancias del Ministerio Fiscal. Voto particular.

Pleno. Sentencia 60/2023, de 24 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 762-2020. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

Límites materiales de los decretos leyes: pérdida parcial de objeto del proceso, concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y prohibición de tecnologías de registro distribuido en los sistemas de identificación y firma que no vulnera la competencia autonómica de autoorganización (STC 10/2023).

Pleno. Sentencia 61/2023, de 24 de mayo de 2023

Recurso de amparo 2106-2020. Promovido por don José Fernández Villa respecto de la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que, actuando por delegación de la delegada del Gobierno en Andalucía, prohibió una manifestación convocada para el día 30 de abril de 2020.

Supuesta vulneración del derecho de reunión y manifestación: prohibición gubernativa de una manifestación justificada por la protección de la salud pública. Voto particular.

Pleno. Sentencia 62/2023, de 24 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 2545-2022. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con varios preceptos de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Principios de igualdad tributaria y seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos legales que excluyen la aplicación de una exención tributaria a los pactos sucesorios cuando el causahabiente transmita en breve plazo el bien adquirido, y su régimen transitorio. Voto particular.

Pleno. Sentencia 63/2023, de 24 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 6440-2022. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 173 de la Ley de les Corts Valencianes 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022.

Competencias sobre puertos de interés general, ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente: inconstitucionalidad de la previsión de aplicación a los puertos de interés general de titularidad estatal del precepto legal que establece un régimen de distancias mínimas para determinadas actividades económicas que impliquen riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas (STC 40/1998).

Sala Segunda. Sentencia 64/2023, de 5 de junio de 2023

Recurso de amparo 1821-2022. Promovido por don Josep Colom Casanova en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona que rechazaron su solicitud de prescripción de la pena impuesta por un delito de apropiación indebida.

Vulneración del derecho a la legalidad penal, en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon reforzado en materia de prescripción de las penas al apreciar una causa interruptora de la prescripción no prevista en la norma (STC 33/2022). Voto particular.

Pleno. Sentencia 65/2023, de 6 de junio de 2023

Recurso de amparo 4577-2019. Promovido por don José Antonio Bermúdez de Castro y otras siete personas más en relación con las resoluciones de la presidenta y la mesa del Congreso de los Diputados teniendo por cumplimentado por todos los diputados el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 66/2023, de 6 de junio de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 1938-2021. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona, en relación con los artículos 565.1 y 557.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y derecho a la tutela judicial efectiva: extinción por desaparición sobrevenida de su objeto de la cuestión relativa a la falta de previsión de la prejudicialidad civil como supuesto de suspensión de la ejecución.

Pleno. Sentencia 67/2023, de 6 de junio de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 3823-2022. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, en relación con el apartado vigésimo primero del artículo 1 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Principio de capacidad económica: constitucionalidad de la ausencia de previsión de coeficientes de corrección monetaria para la actualización del valor de adquisición de los bienes inmuebles en el cálculo de las ganancias patrimoniales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas; supuesta tributación de magnitudes ficticias. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 68/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 159-2019. Promovido por don Karen Hakobyan en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de instrucción de Terrassa acordando su prisión provisional.

Vulneración de los derechos a la libertad personal y a la defensa: denegación de acceso a las actuaciones precisas para oponer a la petición de prisión provisional que no respeta las garantías legales de información imprescindibles para una defensa frente a la privación cautelar de libertad (STC 30/2023).

Sala Segunda. Sentencia 69/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 3444-2020. Promovido por don Lluís Puig Gordi en relación con los autos de apertura de juicio oral dictado por un juzgado de primera instancia e instrucción de Huesca.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: resolución judicial que computa el importe de la multa que eventualmente se pudiera imponer al acusado en caso de condena dentro de las responsabilidades a afianzar.

Sala Segunda. Sentencia 70/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 5731-2020. Promovido por don Daniel Gowon Amedu en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de Barcelona, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: STC 47/2023 (aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho).

Sala Segunda. Sentencia 71/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 5744-2020. Promovido por doña Erundina Adjaba Honsuy Nsa en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: STC 47/2023 (aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho).

Sala Primera. Sentencia 72/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 6495-2020. Promovido por don Mario Andrés Romero Valencia en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho (STC 47/2023).

Sala Primera. Sentencia 73/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 6520-2021. Promovido por Inmobiliaria Alquimar, Sociedad Anónima, respecto del auto de un juzgado de primera instancia de Almería que denegó el incidente de nulidad de actuaciones en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia en el emplazamiento de la parte demandada que no es reparada al pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de actuaciones.

Sala Primera. Sentencia 74/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 8235-2021. Promovido por doña M. L. G. R., en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Cantabria y un juzgado de primera instancia de Medio Cudeyo que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física, igualdad, intimidad y tutela judicial efectiva: STC 38/2023 (resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona vulnerable, y proporcionada a sus necesidades atendiendo a las circunstancias concurrentes).

Sala Segunda. Sentencia 75/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 2835-2022. Promovido por don Jesús Nava Calvo en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de Toledo y un juzgado de lo penal de esa capital que le condenaron por un delito de administración desleal.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación e incongruencia omisiva) y a un proceso con todas las garantías (doble instancia penal): STC 43/2023 (rechazo del recurso de apelación fundado en una irrealizable derivación a la vía de aclaración o complemento de sentencia por el propio juzgado sentenciador, denegación inmotivada de una solicitud de prueba de descargo en segunda instancia y ausencia de toda respuesta a un motivo del recurso).

Sala Segunda. Sentencia 76/2023, de 19 de junio de 2023

Recurso de amparo 5166-2022. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 77/2023, de 20 de junio de 2023

Recurso de amparo 2646-2019. Promovido por doña Argentina Cuendias Álvarez respecto de las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación creada en la Junta General del Principado de Asturias sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: imputaciones de conductas ilícitas que exceden del ámbito propio de la actividad parlamentaria de investigación, a la que no corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría (STC 133/2018).

Sala Primera. Sentencia 78/2023, de 3 de julio de 2023

Recurso de amparo 2669-2019. Promovido por doña A. C. M., respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que desestimaron su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Vulneración del derecho a la integridad física y moral: lesión causada por la derivación a una clínica privada, ubicada fuera del territorio autonómico, para la práctica de la interrupción del embarazo. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 79/2023, de 3 de julio de 2023

Recurso de amparo 3638-2020. Promovido por don Jaouad Ballasah en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la libertad ideológica, en conexión con las libertades de expresión y de reunión: despido disciplinario de quien participó en una manifestación y difundió por las redes sociales fotografías con mensajes políticos tomadas en su puesto de trabajo.

Sala Primera. Sentencia 80/2023, de 3 de julio de 2023

Recurso de amparo 4255-2020. Promovido por doña Noemí López Madariaga en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho (STC 47/2023).

Sala Segunda. Sentencia 81/2023, de 3 de julio de 2023

Recursos de amparo 8250-2021, 8360-2021 (acumulados). Promovidos por Disa Península, S.L. U., e Inmobiliaria Alozaima, S. L, respecto de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de lo penal de esa capital en causa penal por prevaricación administrativa.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: entidades mercantiles que no fueron llamadas a una causa penal en la que se controvertían sendas licencias de obra de las que eran titulares.

Sala Segunda. Sentencia 82/2023, de 3 de julio de 2023

Recurso de amparo 1414-2022. Promovido por don Pau Juvillà i Ballester respecto del acuerdo de la Secretaría General del Parlamento de Cataluña por el que se dieron instrucciones a la administración parlamentaria para darle de baja como diputado de la Cámara.

Alegada vulneración de los derechos a las funciones representativas, a la libertad de expresión y a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso de amparo planteado sin agotar la vía judicial previa.

Pleno. Sentencia 83/2023, de 4 de julio de 2023

Recurso de amparo 4913-2020. Promovido por Menéame Comunicaciones, S.L., respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Málaga que le condenaron por intromisión ilegítima en el derecho al honor.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a la tutela judicial efectiva: comentario publicado en la página web de la mercantil demandante en el que, al valorar la conducta de un cargo público, se incluyen expresiones injuriosas o vejatorias, innecesarias para expresar la opinión crítica que se emite. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 84/2023, de 5 de julio de 2023

Recurso de amparo 2233-2020. Promovido por La Falange (F. E.), respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la manifestación que pretendía convocar para el 2 de mayo de 2020.

Supuesta vulneración de los derechos de reunión y manifestación y a la tutela judicial efectiva: prohibición gubernativa de una manifestación justificada por la protección de la salud pública (STC 61/2023). Voto particular.

Pleno. Sentencia 85/2023, de 5 de julio de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 6002-2021. Planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 6.2 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi.

Régimen de cooficialidad lingüística, principio de seguridad jurídica y derechos a la igualdad y a la participación política: nulidad parcial del precepto legal relativo a la lengua oficial de las entidades locales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 86/2023, de 17 de julio de 2023

Recurso de amparo 4650-2021. Promovido por don Carlos Antonio Cordero Campos en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho (STC 47/2023).

Sala Primera. Sentencia 87/2023, de 17 de julio de 2023

Recurso de amparo 2353-2022. Promovido por doña Marelyn Franllely Familia Lugo en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho (STC 47/2023).

Pleno. Sentencia 88/2023, de 18 de julio de 2023

Recurso de amparo 2192-2020. Promovido por Alternativa Sindical de Trabajadores respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la manifestación que pretendía celebrar el 1 de mayo de 2020.

Supuesta vulneración de los derechos de reunión y manifestación y a la tutela judicial efectiva: prohibición gubernativa de una manifestación justificada por la protección de la salud pública (STC 61/2023). Voto particular.

Pleno. Sentencia 89/2023, de 18 de julio de 2023

Recurso de amparo 140-2021. Promovido por la mercantil Soninorte Producciones, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y de las libertades de expresión e información: resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 90/2023, de 11 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 3212-2020. Promovido por la asociación Automovilistas Europeos Asociados en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron su impugnación de la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; alegada vulneración del derecho a la libre circulación: resoluciones judiciales que dan respuesta motivada y fundada en Derecho a las pretensiones oportunamente deducidas por la actora; falta de agotamiento de la vía judicial previa.

Sala Primera. Sentencia 91/2023, de 11 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 5905-2020. Promovido por doña Tatiana Castillo Medina, en representación de su hijo menor de edad, respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de esta capital en proceso de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): autos que, ignorando el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, deniegan la imposición de costas en un proceso en el que se ha declarado el carácter abusivo de cláusulas contractuales.

Sala Segunda. Sentencia 92/2023, de 11 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 3456-2021. Promovido por don Abderrahman El Younoussi respecto de las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de lo penal de esta capital que le condenaron por un delito de tráfico de drogas.

Vulneración del derecho a la intimidad personal; alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): captación de imágenes en el interior de un garaje privado llevada a cabo sin autorización judicial; falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse promovido el incidente de nulidad de actuaciones. Voto particular.

Pleno. Sentencia 93/2023, de 12 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 6513-2020. Promovido por doña María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y otros ocho diputados del Parlamento de Andalucía en relación con los acuerdos de la mesa de la Cámara que les asignaron la condición de diputados no adscritos.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: resoluciones parlamentarias que, contraviniendo la normativa vigente al momento de dictarse, afectan al núcleo esencial de la función representativa.

Pleno. Sentencia 94/2023, de 12 de septiembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4313-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

Derecho a la vida y a la integridad física y moral: constitucionalidad de la regulación legal del derecho a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos (STC 19/2023). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 95/2023, de 12 de septiembre de 2023

Recurso de amparo electoral 5529-2023. Promovido por el Partido Socialista Obrero Español de Madrid y otros en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su impugnación contencioso electoral respecto de la proclamación de diputados electos en la provincia de Madrid.

Supuesta vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: denegación de la solicitud de revisión de la totalidad del voto nulo no protestado por parte de la Junta Electoral Provincial de Madrid. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 96/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 5553-2020. Promovido por don Antonio Jesús Osuna Luque y doña Concepción Barrera Cuña respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de primera instancia e instrucción de Martorell en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): STC 91/2023 (autos que, ignorando el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, deniegan la imposición de costas en un proceso en el que se ha declarado el carácter abusivo de cláusulas contractuales).

Sala Primera. Sentencia 97/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 141-2021. Promovido por Topanga de Comunicaciones, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 98/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 164-2021. Promovido por Veranda y Arnela Desarrollos, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 99/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 165-2021. Promovido por Topanga de Comunicaciones, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 100/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 418-2021. Promovido por la Federación de Asociaciones Culturales Radio Televisión Adventista España respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 101/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 462-2021. Promovido por don Josep María Verdaguer Martí en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Girona y un juzgado de instrucción de Figueres que rechazaron la solicitud de declaración de complejidad de la causa penal y denegaron la práctica de diversas diligencias.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: inadmisión del recurso de amparo planteado sin haber agotado la vía judicial previa.

Sala Primera. Sentencia 102/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 508-2021. Promovido por Emplazamientos Radiales, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 103/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 719-2021. Promovido por Mirendica, S.L., respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 104/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 720-2021. Promovido por Soninorte Producciones, S.L., respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 105/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 756-2021. Promovido por Logondi Comunicación, S.L., respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 106/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 817-2021. Promovido por Topanga de Comunicaciones, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 107/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 828-2021. Promovido por Logondi Comunicación, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 108/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 829-2021. Promovido por Topanga de Comunicaciones, S.L., respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 109/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 895-2021. Promovido por Veranda y Arnela Desarrollos, S.L., respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 110/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 1096-2021. Promovido por Emplazamientos Radiales, S.L., respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 111/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 1168-2021. Promovido por Logondi Comunicación, S.L., respecto de las resoluciones de la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 112/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 1750-2021. Promovido por Movemos Madrid, S.L., respecto de las resoluciones de la administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 113/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 1754-2021. Promovido por la Asociación Emplazamientos y Comunicación Nueva Esperanza respecto de las resoluciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 114/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 1847-2021. Promovido por la Asociación Emplazamientos y Comunicación Nueva Esperanza respecto de las resoluciones de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Canarias que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 115/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 2749-2021. Promovido por la Federación de Asociaciones Culturales Radio Televisión Adventista España respecto de las resoluciones de la Consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 116/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 3837-2021. Promovido por el Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña y por su portavoz don Juan Garriga Domènech respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara sobre propuestas de senadores que corresponde designar al pleno del Parlamento.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos: utilización del cociente Imperiali para el reparto de designación de senadores autonómicos que no contraviene la normativa aplicable ni el principio de proporcionalidad.

Sala Segunda. Sentencia 117/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 4397-2021. Promovido por Emplazamientos Radiales, S.L., respecto de la resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Castilla-La Mancha que rechazó su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 118/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 4568-2021. Promovido por Asociación Emplazamientos y Comunicaciones Nueva Esperanza respecto de las resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 119/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 6464-2021. Promovido por Soninorte Producciones, S.L., respecto de las resoluciones de la respecto de los actos de la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por los que rechazó su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 120/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 7122-2021. Promovido por Logondi Comunicación, S.L., respecto de las resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia que rechazaron su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 121/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 7638-2021. Promovido por Logondi Comunicación, S.L., respecto de la desestimación presunta, por la Consejería de Presidencia de la Xunta de Galicia, de su solicitud de convocatoria de concurso público para la adjudicación de licencias disponibles de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrestre de ámbito local.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a las libertades de expresión e información: STC 89/2023 (resolución administrativa que no resulta desproporcionada y que viene impuesta por la inexistencia de reserva de dominio público radioeléctrico). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 122/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 6215-2022. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 123/2023, de 25 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 27-2023. Promovido por don Ferrán Civil Arnabat respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de lo penal de Manresa en ejecutoria de sentencia privativa de libertad.

Alegada vulneración del derecho a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión del recurso de amparo planteado sin haber agotado la vía judicial previa.

Pleno. Sentencia 124/2023, de 26 de septiembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 614-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, reguladora del fondo de cooperación municipal de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana.

Principio de autonomía local (autonomía provincial): nulidad de los preceptos legales que establecen las reglas de distribución del fondo de cooperación municipal y prevén el requerimiento al presidente de la diputación provincial para que se respeten las directrices de coordinación del plan sectorial de financiación del fondo. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 125/2023, de 27 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 962-2020. Promovido por don Santiago Abascal Conde y otros en relación con las resoluciones de la presidenta y la mesa del Congreso de los Diputados que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por todos los diputados.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 126/2023, de 27 de septiembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 3839-2022. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

Límites a los decretos leyes autonómicos: suficiente justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad para la modificación, en ejercicio de las competencias autonómicas, del régimen de restitución de cultivos.

Pleno. Sentencia 127/2023, de 27 de septiembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 3726-2023. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de la Junta de Extremadura 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.

Límites a los decretos leyes autonómicos: nulidad de los preceptos relativos al tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico en Extremadura, las consecuencias de su incumplimiento, y la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos expropiatorios de las concesiones de explotación de los recursos minerales de litio. Voto particular.

Pleno. Sentencia 128/2023, de 2 de octubre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 2379-2021. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

Régimen constitucional de las proposiciones de ley y del Consejo General del Poder Judicial: constitucionalidad de las previsiones legales que limitan funciones que puede ejercer el Consejo tras la expiración del mandato de sus miembros; suspensión de las facultades de nombramiento de presidente del Tribunal Supremo y de planteamiento del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 129/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 4351-2020. Promovido por la asociación Club de Leones de Gijón en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Asturias y un juzgado de primera instancia de Gijón, que desestimaron su demanda sobre expulsión de la asociación mundial de clubes de leones.

Supuesta vulneración del derecho de asociación: la impugnación de decisiones de la asamblea de la asociación mundial sin el agotamiento previo de la vía interna de resolución de conflictos no constituye ejercicio de una facultad de la dimensión inter privatos del derecho de asociación, sino el incumplimiento de una obligación de los asociados.

Sala Segunda. Sentencia 130/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 6324-2020. Promovido por don Jeifry Manuel de la Cruz en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de la capital, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho (STC 47/2023).

Sala Segunda. Sentencia 131/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 3409-2021. Promovido por doña M. C. I. T., en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Almería y un juzgado de primera instancia e instrucción de Vera acordando el sobreseimiento provisional de causa por un delito de abusos sexuales.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que valoran adecuadamente el interés superior de un menor en la investigación penal. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 132/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 5030-2021. Promovido por doña María Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo en relación con los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que rechazaron la toma en consideración por el Pleno de la proposición de ley relativa a la creación de la Autoridad Independiente de Recuperación Económica y la mejora de la gobernanza de los fondos europeos de recuperación.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio del cargo representativo: veto gubernamental a una iniciativa legislativa susceptible de provocar un incremento de créditos presupuestarios (SSTC 34/2018 y 44/2018). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 133/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 5658-2021. Promovido por don Javier Ignacio Maroto Aranzábal y doña Salomé Pradas Ten en relación con las resoluciones de la presidenta y la mesa del Senado que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por distintos senadores.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 134/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 8144-2021. Promovido por don Juan Carlos Ángel Bernal en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Murcia en procedimiento hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión carente de motivación de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se denunciaba la desatención de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC 102/2020).

Sala Segunda. Sentencia 135/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 3293-2022. Promovido por don Javier Ignacio Maroto Aranzábal y doña Salomé Pradas Ten en relación con las resoluciones del presidente y la mesa del Senado que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por distintos senadores.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 136/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 5402-2022. Promovido por don Constantin Apreutesei en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de instrucción de Marbella acordando el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no computan el período de privación de libertad transcurrido en Rumanía en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega expedida por las autoridades judiciales españolas (STC 143/2022).

Sala Primera. Sentencia 137/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 5529-2022. Promovido por don Abderrahim Quih en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia en procedimiento de alimentos, guarda y custodia y visitas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal del demandado sin agotar las posibilidades de comunicación personal en el domicilio que obraba en las actuaciones.

Sala Primera. Sentencia 138/2023, de 23 de octubre de 2023

Recurso de amparo 6255-2022. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 139/2023, de 24 de octubre de 2023

Recurso de amparo 4881-2019. Promovido por doña María Adán de la Paz y otros en relación con las resoluciones de la presidenta y la mesa del Congreso de los Diputados que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por todos los diputados.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Voto particular.

Pleno. Sentencia 140/2023, de 24 de octubre de 2023

Recurso de amparo 4952-2019. Promovido por don Javier Ignacio Maroto Aranzábal y doña Salomé Pradas Ten en relación con las resoluciones del presidente y la mesa del Senado que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por todos los senadores.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Voto particular.

Pleno. Sentencia 141/2023, de 24 de octubre de 2023

Recurso de amparo 1314-2020. Promovido por don Javier Ignacio Maroto Aranzábal y doña Salomé Pradas Ten en relación con las resoluciones de la presidenta y la mesa del Senado que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por todos los senadores.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Voto particular.

Pleno. Sentencia 142/2023, de 24 de octubre de 2023

Recurso de amparo 2001-2020. Promovido por doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos y otros en relación con las resoluciones de la presidenta y la mesa del Congreso de los Diputados que dieron por cumplimentado el requisito de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución por todos los diputados.

Supuesta vulneración del derecho de representación política: STC 65/2023 (ausencia de acreditación de la incidencia, por la aceptación de las veintinueve fórmulas de acatamiento controvertidas, en la función representativa de los parlamentarios recurrentes). Voto particular.

Pleno. Sentencia 143/2023, de 24 de octubre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 874-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley de las Corts Valencianes 5/2021, de 5 de noviembre, reguladora del fondo de cooperación municipal de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana.

Principio de autonomía local (autonomía provincial): pérdida sobrevenida de objeto del proceso constitucional referido a los preceptos legales que establecen las reglas de distribución del fondo de cooperación municipal y prevén el requerimiento al presidente de la diputación provincial para que se respeten las directrices de coordinación del plan sectorial de financiación del fondo (STC 124/2023); constitucionalidad de las restantes previsiones legales autonómicas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 144/2023, de 25 de octubre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4977-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales.

Límites de los decretos leyes: concurrencia del presupuesto habilitante de la situación de extraordinaria y urgente necesidad y de la conexión de sentido de las medidas dispuestas para hacerle frente. Voto particular.

Pleno. Sentencia 145/2023, de 25 de octubre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 6345-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario de Vox del Congreso de los Diputados respecto del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Límites de los decretos leyes: concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido en una norma de urgencia que no desconoce los límites materiales de los decretos leyes.

Pleno. Sentencia 146/2023, de 26 de octubre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 3133-2023. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la disposición adicional segunda de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

Competencias sobre legislación procesal: nulidad del precepto autonómico que exige la tramitación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la autorización judicial de actuaciones que afecten al derecho a la vida de las personas con discapacidad.

Pleno. Sentencia 147/2023, de 6 de noviembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4469-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

Límites de los decretos leyes: STC 144/2023 (concurrencia del presupuesto habilitante de la situación de extraordinaria y urgente necesidad y de la conexión de sentido de las medidas dispuestas para hacerle frente). Voto particular.

Pleno. Sentencia 148/2023, de 6 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 3272-2022. Promovido por doña A. P. M., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Zaragoza y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la COVID-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física, a la tutela judicial (motivación) y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que ponderaron adecuadamente los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023).

Pleno. Sentencia 149/2023, de 7 de noviembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 616-2023. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto del artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas (homogeneidad de las enmiendas parlamentarias respecto del texto que se pretende modificar), principios de legalidad tributaria, capacidad económica y no confiscatoriedad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional: constitucionalidad del precepto legal que crea el impuesto temporal sobre grandes fortunas como tributo directo, de naturaleza personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 150/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 5467-2019. Promovido por don Víctor Hugo Sánchez Mina respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un juzgado de este orden jurisdiccional de la capital que desestimaron su impugnación de la resolución de la delegada del Gobierno en Madrid, que decretó su expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho de defensa: resolución administrativa sancionadora que se funda en datos nuevos incorporados a la propuesta de resolución de la que no se dio traslado al interesado (STC 145/2011).

Sala Segunda. Sentencia 151/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 3467-2021. Promovido por don José Luis Ugalde Laserna y doña María Begoña Bermejo Allica respecto de la providencia de un juzgado de primera instancia de Bilbao inadmitiendo a trámite un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa al promoverse extemporáneamente el incidente de nulidad de actuaciones.

Sala Segunda. Sentencia 152/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 6609-2021. Promovido por don Ivan Kovacevic en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Málaga y de un juzgado de primera instancia e instrucción de Coín acordando prisión provisional.

Vulneración de los derechos a la libertad personal y de defensa: STC 30/2023 [denegación de acceso a las actuaciones precisas para impugnar la prisión provisional acordada que no respeta las garantías legales de información imprescindibles para una defensa frente a la privación cautelar de libertad (STC 180/2020)].

Sala Segunda. Sentencia 153/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 55-2022. Promovido por don Damián Casado Piñero en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Alicante y un juzgado de lo penal de Benidorm en causa penal por violencia de género.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones fundada, inmotivadamente, en la procedencia del recurso de casación por infracción de ley.

Sala Primera. Sentencia 154/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 3900-2022. Promovido por don R. A. R., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Cantabria y un juzgado de primera instancia de Santander que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 155/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 4858-2022. Promovido por doña A. S. P., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Alicante y un juzgado de primera instancia de Denia que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 156/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 5687-2022. Promovido por don J. J. R. B., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Valladolid y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física, a la tutela judicial efectiva (motivación) y a un proceso con todas las garantías: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Segunda. Sentencia 157/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 5690-2022. Promovido por don G. M. C., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Valladolid y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Segunda. Sentencia 158/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 6134-2022. Promovido por doña C. G. R., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de León y un juzgado de primera instancia de Ponferrada que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Segunda. Sentencia 159/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 8110-2022. Promovido por doña I. M. D., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 160/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 572-2023. Promovido por doña M. M. Q. C., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Albacete y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física, a la tutela judicial efectiva (motivación) y a un proceso con todas las garantías: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Segunda. Sentencia 161/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 844-2023. Promovido por doña V. L. M., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Sevilla y un juzgado de primera instancia de Utrera que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Alegada vulneración de los derechos a la integridad física, a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a un juez imparcial, a la igualdad y a la intimidad: inadmisión de la demanda de amparo prematuramente formulada pues no había finalizado el procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Sala Primera. Sentencia 162/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 1824-2023. Promovido por don D. L. M., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de primera instancia de Estepona que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 163/2023, de 20 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 2048-2023. Promovido por doña M. I. O. C., y don I. R. Q., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Las Palmas y un juzgado de primera instancia e instrucción de Arucas que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, la integridad física, la intimidad y la tutela judicial efectiva (motivación): STC 38/2023 (resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona vulnerable y proporcionada a sus necesidades atendiendo a las circunstancias concurrentes).

Pleno. Sentencia 164/2023, de 21 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 1293-2021. Promovido por la Unión General de Trabajadores en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la concentración que pretendía celebrar el 8 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de una concentración al aire libre, con número limitado de asistentes y en la que se garantizaba el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 165/2023, de 21 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 7813-2021. Promovido por doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y otros cuatro diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto de la resolución de la presidenta de la Cámara rechazando su petición de amparo parlamentario.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: denegación de acceso a los expedientes de indulto correspondientes a nueve condenados «en el juicio del procés» beneficiados por la medida de gracia. Voto particular.

Pleno. Sentencia 166/2023, de 22 de noviembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 5305-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el artículo 15 y el punto sexto de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Límites de los decretos leyes: medida de urgencia dictada con justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante y cumpliendo la exigencia de conexión de sentido, que no quebranta los límites materiales de estas normas.

Pleno. Sentencia 167/2023, de 22 de noviembre de 2023

Recurso de amparo 5657-2021. Promovido por don Javier Ignacio Maroto Aranzábal y doña Salomé Pradas Ten en relación con las resoluciones de la presidenta del Senado que declararon la nulidad de la votación de una enmienda en el Pleno de la Cámara.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes: indebida aceptación del veto gubernamental a una iniciativa legislativa que no afectaba al presupuesto en vigor.

Pleno. Sentencia 168/2023, de 22 de noviembre de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 1096-2022. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto de la disposición transitoria undécima de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, y también respecto de la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio.

Derecho de propiedad y principio de seguridad jurídica: inconstitucionalidad del precepto legal que priva a los propietarios de la facultad de instar la expropiación rogada de terrenos destinados a dotaciones públicas.

Pleno. Sentencia 169/2023, de 22 de noviembre de 2023

Cuestión de inconstitucionalidad 5949-2022. Planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el artículo 7.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Extinción, por desaparición de su objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad consecuencia de la reforma sobrevenida del precepto legal sobre el que versa.

Pleno. Sentencia 170/2023, de 22 de noviembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1258-2023. Interpuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía respecto del artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas (homogeneidad de las enmiendas parlamentarias respecto del texto que se pretende modificar), principios de legalidad tributaria, capacidad económica y no confiscatoriedad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional: STC 149/2023 (constitucionalidad del precepto legal que crea el impuesto temporal sobre grandes fortunas como tributo directo, de naturaleza personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio). Voto particular.

Pleno. Sentencia 171/2023, de 22 de noviembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1951-2023. Interpuesto por el Gobierno de la Xunta de Galicia respecto del artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas (homogeneidad de las enmiendas parlamentarias respecto del texto que se pretende modificar), principios de legalidad tributaria, capacidad económica y no confiscatoriedad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional: STC 149/2023 (constitucionalidad del precepto legal que crea el impuesto temporal sobre grandes fortunas como tributo directo, de naturaleza personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 172/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 5479-2019. Promovido por don Salvador Fortea Canoves en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Valencia y un juzgado de primera instancia de esa capital en procedimiento hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que ignora la primacía del Derecho de la Unión Europea, en los términos de la STC 31/2019 (STC 26/2023).

Sala Primera. Sentencia 173/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 1965-2021. Promovido por el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a las resoluciones del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo las concentraciones que pretendía celebrar los días 7 y 8 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentraciones al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 174/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2027-2021. Promovido por doña Natalia Blázquez Soto en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo las concentraciones convocadas para el día 8 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentraciones al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad).

Sala Primera. Sentencia 175/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2028-2021. Promovido por doña Gloria Silvero Salguero en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la concentración convocada para el día 8 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentración al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad). Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 176/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2029-2021. Promovido por doña Irene Moreno Catalán en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la concentración convocada para el día 8 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentración al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 177/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2031-2021. Promovido por doña Camila Banderas Briceño en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la concentración convocada para el día 7 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentración al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad).

Sala Primera. Sentencia 178/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2038-2021. Promovido por doña Miriam Guardia Alonso en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la concentración convocada para el día 7 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentración al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios de personalidad y culpabilidad): sanción por inobservancia de la normativa sobre blanqueo de capitales imputable a una entidad de crédito absorbida por la mercantil demandante de amparo.

Sala Segunda. Sentencia 180/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2354-2022. Promovido por doña M. H. D., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Valladolid y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 181/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 2769-2022. Promovido por doña M. S. V. R., respecto del auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que acordó la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Alegada vulneración de los derechos a la integridad física y a la intimidad; supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (incongruencia) y a un proceso con todas las garantías: inadmisión parcial del recurso por falta de invocación previa en la vía judicial; exploración del menor no grabada para preservar su intimidad, resolución judicial en la que se guarda la necesaria correspondencia entre lo solicitado y lo acordado, la utilización de la expresión «postulados negacionistas» no basta para apreciar una falta de imparcialidad objetivamente fundada.

Sala Segunda. Sentencia 182/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 5688-2022. Promovido por doña M. T. V., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Valladolid y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Segunda. Sentencia 183/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 5691-2022. Promovido por doña E. G. G., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y un juzgado de primera instancia de San Sebastián que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 184/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 7685-2022. Promovido por don César Muñoz Jiménez en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid en ejecución de sentencia penal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal: revocación de la suspensión de ejecución de pena privativa de libertad que no satisface las exigencias de motivación reforzada.

Sala Primera. Sentencia 185/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 705-2023. Promovido por don J. D. O. M., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Segunda. Sentencia 186/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 1069-2023. Promovido por doña I. C. L., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Lugo y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Sala Primera. Sentencia 187/2023, de 11 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 1289-2023. Promovido por doña R. M. S. P., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Sevilla y un juzgado de primera instancia de esa capital que acordaron la administración de la vacuna frente a la covid-19.

Supuesta vulneración del derecho a la integridad física: STC 148/2023 [resoluciones judiciales que realizaron una ponderación adecuada de los intereses de una persona menor de edad (STC 38/2023)].

Pleno. Sentencia 188/2023, de 12 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 1294-2021. Promovido por la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras en relación con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda frente a la resolución del delegado del Gobierno en Madrid prohibiendo la concentración convocada para el día 8 de marzo de 2021.

Vulneración del derecho de reunión y manifestación: STC 164/2023 (prohibición injustificada y desproporcionada de la convocatoria de concentración al aire libre, con número limitado de asistentes y garantizando el uso de mascarillas y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 189/2023, de 12 de diciembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1922-2023. Interpuesto por la Asamblea de Madrid respecto del artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas (homogeneidad de las enmiendas parlamentarias respecto del texto que se pretende modificar), principios de legalidad tributaria, capacidad económica y no confiscatoriedad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional: STC 149/2023 (constitucionalidad del precepto legal que crea el impuesto temporal sobre grandes fortunas como tributo directo, de naturaleza personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio). Voto particular.

Pleno. Sentencia 190/2023, de 12 de diciembre de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1993-2023. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia respecto del artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas (homogeneidad de las enmiendas parlamentarias respecto del texto que se pretende modificar), principios de legalidad tributaria, capacidad económica y no confiscatoriedad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional: STC 149/2023 (constitucionalidad del precepto legal que crea el impuesto temporal sobre grandes fortunas como tributo directo, de naturaleza personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio). Voto particular.

AUTOS

Pleno. Auto 28/2023, de 7 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4523-2010. No estima justificada una abstención en el recurso de inconstitucionalidad 4523-2010, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Votos particulares.

Pleno. Auto 29/2023, de 7 de febrero de 2023

Recurso de amparo 4577-2019. Acepta una abstención en el recurso de amparo 4577-2019 y la extiende a otros cinco recursos de amparo promovidos todos ellos en procesos parlamentarios.

Pleno. Auto 30/2023, de 7 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 998-2021. Acepta una abstención en el recurso de inconstitucionalidad 998-2021 y la extiende a varias cuestiones de inconstitucionalidad.

Pleno. Auto 32/2023, de 7 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 4983-2022. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por menos de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso en relación con el art. 2 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero. Voto particular.

Pleno. Auto 33/2023, de 7 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 5630-2022. Acepta una abstención en el recurso de inconstitucionalidad 5630-2022, interpuesto por más de cincuenta diputados en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, y la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Pleno. Auto 35/2023, de 7 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 6440-2022. Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 6440-2022, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el art. 173 de la Ley de les Corts Valencianes 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022.

Pleno. Auto 68/2023, de 21 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 5630-2022. Declara la pérdida sobrevenida de objeto de la recusación formulada en el recurso de inconstitucionalidad 998-2021 e inadmite las planteadas en otros siete recursos de inconstitucionalidad y en un recurso de amparo promovido en proceso parlamentario.

Pleno. Auto 69/2023, de 21 de febrero de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 5630-2022. Declara la pérdida sobrevenida de objeto de la recusación formulada en el recurso de inconstitucionalidad 5630-2022 e inadmite las planteadas en otros siete recursos de inconstitucionalidad.

Sala Primera. Auto 223/2023, de 8 de mayo de 2023

Recurso de amparo 3586-2022. Inadmite a trámite el recurso de amparo 3586-2022, promovido por la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje en proceso contencioso-administrativo.

Pleno. Auto 235/2023, de 9 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 1798-2021. Desestima el recurso de súplica interpuesto en relación con el ATC 69/2023, de 21 de febrero, que declara la pérdida sobrevenida de objeto de la recusación formulada en el recurso de inconstitucionalidad 5630-2022 e inadmite las planteadas en otros siete recursos de inconstitucionalidad.

Pleno. Auto 237/2023, de 9 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 5630-2022. Desestima el recurso de súplica interpuesto en relación con el ATC 68/2023, de 21 de febrero, que declara la pérdida sobrevenida de objeto de la recusación formulada en el recurso de inconstitucionalidad 998-2021 e inadmite las planteadas en otros siete recursos de inconstitucionalidad y en un recurso de amparo promovido en proceso parlamentario.

Pleno. Auto 265/2023, de 23 de mayo de 2023

Recurso de inconstitucionalidad 26-2023. Mantiene parcialmente la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 26-2023, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública de Aragón.

Sala Segunda. Auto 338/2023, de 3 de julio de 2023

Recurso de amparo 5165-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 5165-2022, promovido por la asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y otras en causa penal. Voto particular.

Sala Segunda. Auto 425/2023, de 5 de septiembre de 2023

Recurso de amparo electoral 5529-2023. Admite a trámite el recurso de amparo 5529-2023, promovido por el Partido Socialista Obrero Español y otros en procedimiento electoral. Voto particular.

Sección Cuarta. Auto 427/2023, de 11 de septiembre de 2023

Recurso de amparo 1055-2022. Inadmite a trámite el recurso de amparo 1055-2022, promovido por doña Sonsoles Coronado Escudero en proceso contencioso-administrativo. Voto particular.

Pleno. Auto 665/2023, de 12 de diciembre de 2023

Recurso de amparo 3966-2022. Inadmite una recusación formulada en el recurso de amparo 3966-2022, promovido por doña Blanca Parga Landa en proceso contencioso-administrativo.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2019-2023)

Índice

I. Cuadros generales
Cuadro n.º 1 | Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas
Cuadro n.º 2 | Asuntos ingresados clasificados según el tipo de proceso
Cuadro n.º 3 | Resoluciones dictadas
Cuadro n.º 4 | Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos)
Cuadro n.º 5 | Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos
Cuadro n.º 6 | Procesos y asuntos admitidos pendientes de sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones
Cuadro n.º 7 | Asuntos ingresados según el promotor
Cuadro n.º 8 | Litigiosidad territorial por comunidades autónomas
Cuadro n.º 9 | Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso
Cuadro n.º 10 | Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

III. Recursos de amparo
Cuadro n.º 11 | Origen de los recursos de amparo ingresados
Cuadro n.º 12 | Recurrentes y derecho fundamental invocado
Cuadro n.º 13 | Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE
Cuadro n.º 14 | Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas
Cuadro n.º 15 | Motivos de admisión e inadmisión de los recursos de amparo
Cuadro n.º 16 | Resoluciones dictadas y amparos resueltos

IV. Datos comparados (Años 2019-2023)
Cuadro n.º 17 |
| Asuntos ingresados
| Resoluciones dictadas
| Asuntos resueltos
| Asuntos pendientes

I.

Cuadros generales

Cuadro n.º 1

Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 5 | 600 | 605
Febrero | 5 | 756 | 761
Marzo | 9 | 802 | 811
Abril | 3 | 671 | 674
Mayo | 8 | 853 | 861
Junio | 6 | 843 | 849
Julio | 3 | 896 | 899
Agosto | 7 | 74 | 81
Septiembre | 4 | 748 | 752
Octubre | 2 | 552 | 554
Noviembre | 5 | 758 | 763
Diciembre | 4 | 506 | 510
Totales | 61 | 8.059 | 8.120

Cuadro n.º 2

Asuntos ingresados clasificados según el tipo de proceso

Recursos de inconstitucionalidad | 26
Cuestiones de inconstitucionalidad[1] | 29
Recursos de amparo[2] | 8.059
Conflictos positivos de competencia | 2
Conflictos negativos de competencia | -
Conflictos entre órganos constitucionales | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 1
Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 3
Total | 8.120

1. Asuntos ingresados en el Tribunal

2. Asuntos ingresados en el Pleno

Cuadro n.º 3

Resoluciones dictadas durante el año[3]

| Pleno | Sala I y sus Secciones | Sala II y sus Secciones | Total
Sentencias |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 14 | 29 | 32 (+2) | 75 (+2)
Desestimación | 50 | 25 | 28 | 103
Inadmisión / extinción | 2/4 | 1/– | 5/– | 8/4
Total sentencias (+ asuntos acumulados): | 70 | 55 | 65 (+2) | 190 (+2)
Dictadas por la Sala |  | 55 | 65 (+2) |
Por la Sección 1.ª / 3.ª |  | – | – |
Por la Sección 2.ª / 4.ª |  | – | – |
Autos | 90 | 54 | 546 | 691[4]
- Admisión | – | – | 14 | 14
- Inadmisión | 24 | 1 | 2 | 28[4]
- Terminación[5] | 2 | 1 | – | 3
- Suspensión de leyes | 3 | – | – | 3
- Suspensión de otras disposiciones | – | – | – | –
- Suspensión de resoluciones | 11 | 24 | 10 | 45
- Aclaración o rectificación | 1 | 2 | 2 | 5
- Acumulación | – | – | 2 | 2
- Recusación y abstención | 40 | 18 | 510 | 568
- Ejecución | – | – | – | –
- Súplica | 5 | 2 (-1) | 6 (-5) | 13 (-6)
- Varios | 4 | 6 | – | 10
Providencias[6] | 39 | 5.726 | 5.975 | 11.740
- Admisión[7] | 38 | 31 | 42 | 111
- Inadmisión[8] | – | 5.615 (-1) | 5.800 (-5) | 11.415 (-6)
- Terminación | 1 | 80 | 133 | 214
Total de resoluciones dictadas | 199 | 5.835 | 6.586 | 12.620
Total de resoluciones interlocutorias | 102 | 83 | 586 | 771
Total de resoluciones definitivas[9] | 97 | 5,752 | 6.000 | 11.849
Total de asuntos resueltos[10] | 97 | 5.751 | 5.997 | 11.845

3. Resoluciones definitivas

(Gráfica en escala logarítmica)

Cuadro n.º 4

Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos[11])

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares | Sentencias citan jurisprudencia TEDH | Sentencias citan jurisprudencia TJUE
Recurso de inconstitucionalidad | 34 | 22 | 4 | 2
Cuestión de inconstitucionalidad | 7 | 3 | 1 | 2
Recurso de amparo | 148 (+2) | 61 | 34 | 20
Conflicto positivo de competencias | 1 | – | – | –
Conflicto negativo de competencias | – | – | – | –
Conflicto entre órganos constitucionales | – | – | – | –
Conflicto en defensa de la autonomía local | – | – | – | –

Impugnación
de disposiciones

y resoluciones
autonómicas

–

–

–

–

Requerimiento sobre
la constitucionalidad
de los tratados
internacionales

–

–

–

–

Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | – | – | – | –
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 190 (+2) | 86 | 39 | 24

Cuadro n.º 5

Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos

FASE DE ADMISIÓN | PLENO | SALA I | SALA II | SALAS | TOTAL
Asuntos recibidos | 65 | 4.016 | 4.039 | 8.055 | 8.120
De nuevo ingreso | 61 | 4.036 | 4.023 | 8.059 | 8.120
Avocados (no admitidos) | +4 | -1 | -3 | -4 | -
Traslados entre Salas |  | -19(-34/+15) | +19(-15/+34) |  |
Asuntos admitidos | 38 | 31 | 56 | 87 | 125
Asuntos inadmitidos | 24 | 5.615 | 5.797 | 11.412 | 11.437[12]
Por providencia | - | 5.615 | 5.800 | 11.415 | 11.415
Por auto | 24 | 1 | 2 | 3 | 281
Revocaciones en súplica | - | -1 | -5 | -6 | -6
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | 1 | 80 | 132 | 212 | 213
Por providencia | 1 | 80 | 132 | 212 | 213
Por auto | - | - | - | - | -
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | +2 | - 1.710 | - 1.946 | - 3.656 | - 3.654

Fase de sentencia | Pleno | Sala I | Sala II | Secciones | Salas y Secciones | Total
Asuntos a sentenciar | 62 | 28 | 35 | – | 63 | 125
Asuntos admitidos | 38 | 31 | 56 | – | 87 | 125
Traslados entre Salas | – | – | – | – | – | –
Avocados (admitidos) | 24 | -3 | -21 | – | -24 | –
Deferidos a las Salas | – | – | – | – | – | –
Deferidos a las Secciones | – | – | – | – | – | –
Asuntos acumulados | – | – | 2 | – | 2 | 2
Procesos a sentenciar | 62 | 28 | 33 | – | 61 | 123
Asuntos resueltos | 72 | 56 | 66 | – | 122 | 194
Por sentencia | 70 | 55 | 65 | – | 120 | 190
De los cuales, por la Sala |  | 55 | 65 | – | 120 |
Sección 1.ª / 3.ª |  | – | – | – | – |
Sección 2.ª / 4.ª |  | – | – | – | – |
Asuntos terminados (después de su admisión) | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 4
Acumulados | – | – | 2 | – | 2 | 2
Procesos resueltos | 72 | 56 | 64 | – | 120 | 192
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | -10 | -28 | -31 | – | -59 | -69
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | -10 | -28 | -31 | - | -59 | -69

Cuadro n.º 6

A) Procesos y asuntos admitidos pendientes de sentencia A 31 DE DICIEMBRE

| Procesos | (Asuntos)
Pleno | 106 | 106
Recursos de inconstitucionalidad | 56 | 56
Cuestiones de inconstitucionalidad[13] | 12 | 12
Recursos de amparo avocados | 36 | 36
Conflictos positivos de competencia | 1 | 1
Conflictos negativos de competencia | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | - | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | -
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1 | 1
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 42 | 42
Recursos de inconstitucionalidad | - | -
Cuestiones de inconstitucionalidad | - | -
Conflictos positivos de competencia | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | -
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 65 | 65
Recursos de inconstitucionalidad | - | -
Cuestiones de inconstitucionalidad | - | -
Conflictos positivos de competencia | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | -
Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad | 12 | 12
Suma de los recursos de amparo | 143 | 143
Suma de los conflictos positivos de competencia | 1 | 1

B) Asuntos pendientes de decidir
sobre admisión A 31 DE DICIEMBRE

Pleno | 14
Recursos de inconstitucionalidad | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 11
Recursos de amparo avocados | 3
Conflictos positivos de competencia | –
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Sala Primera Recursos de amparo | 1.127
Sala Segunda Recursos de amparo | 1.534
Ambas Salas Recursos de amparo | 2.661

II.

Procedimientos
de inconstitucionalidad,
conflictos constitucionales,
impugnaciones
y declaraciones

Cuadro n.º 7

Pleno: asuntos ingresados
según el promotor

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | – | 7
Promovidos por el Defensor del Pueblo | – | –
Promovidos por diputados o senadores | 9 | 1
Promovidos por las comunidades autónomas | 9 | –
Otros[14] | – | –
Total | 18 | 8
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 4 | 1
Audiencia Nacional | 2 | –
Tribunal Militar Central | – | –
Tribunales superiores de justicia | 9 | 3
Tribunales militares territoriales | – | –
Audiencias provinciales | 1 | 1
Juzgados | 7 | 1
Otros | – | –
Total | 23 | 6
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) |  | –
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  | –
Estado contra comunidades autónomas |  | –
Comunidades autónomas contra Estado |  | 2
Comunidades autónomas entre sí |  | –
Conflictos negativos de competencia |  | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 1
Impugnaciones de disposiciones y resoluciones autonómicas |  | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  | 3
Total |  | 6

Cuadro n.º 8

Litigiosidad territorial,
por Comunidades Autónomas[15]

| Recursos de inconstitucionalidad[16] | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | – | – | 1 | –
Cataluña | 1 | – | 1 | –
Galicia | 1 | 2 | – | –
Andalucía | 2 | – | – | –
Asturias | – | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | 1 | – | – | –
Valencia | – | – | – | –
Aragón | – | 2 | – | –
Castilla-La Mancha | – | – | – | –
Canarias | 1 | 3 | – | –
Navarra | – | 1 | – | –
Extremadura | – | 1 | – | –
Baleares | 1 | 1 | – | –
Madrid | 3 | 1 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 10 | 11 | 2 | –
21 | 2

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso[17]

S. = Sentencia A. I. = Auto de inadmisión A. T. = Auto de terminación

Cuadro n.º 10

Asuntos pendientes de resolución, clasificados por su tipo y procedencia

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad |  | 56
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | – | 8 |
Defensor del Pueblo | – | –
Diputados o senadores | 24 | 19
Comunidades autónomas | 5 | –
Conflictos positivos de competencia | 1
Planteados por el Gobierno de la Nación | –
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 1
Cuestiones de inconstitucionalidad[18] | 12
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 69

B) Clasificados por Comunidad Autónoma[19]

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | – | 2 | 1 | –
Cataluña | 1 | 7 | – | –
Galicia | – | 6 | – | –
Andalucía | 1 | 1 | – | –
Asturias | – | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | 1 | – | –
Valencia | – | – | – | –
Aragón | – | 2 | – | –
Castilla-La Mancha | – | – | – | –
Canarias | – | 2 | – | –
Navarra | – | 2 | – | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | 1 | 3 | – | –
Madrid | 2 | 1 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 5 | 27 | 1 | –
32 | 1

III.

Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

Origen de los recursos de amparo ingresados

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 19
Procedencia jurisdiccional | 8.014
Civil | 1.317
Penal | 3.914
Contencioso-administrativo | 2.406
Social | 359
Militar | 18
Electoral | 26
Otros | –
Total | 8.059

Cuadro n.º 12

Recursos de amparo: RECURRENTES Y DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 7.369
Personas jurídicas de Derecho privado | 663
Entes públicos | 25
Defensor del Pueblo | –
Ministerio fiscal | 2
Otros | –
Total | 8.059

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 1.712 | 21,24
Tutela judicial (art. 24 CE) | 6.776 | 84,08
Otros derechos y libertades: | 2.552 | 31,66
Vida e integridad (art. 15 CE) | 219 | 2,72
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 31 | 0,38
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 384 | 4,76
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 242 | 3,00
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 48 | 0,60
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 58 | 0,72
Reunión (art. 21 CE) | 12 | 0,15
Asociación (art. 22 CE) | 10 | 0,12
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 109 | 1,35
Legalidad penal (art. 25 CE) | 1361 | 16,89
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 4 | 0,05
Educación (art. 27 CE) | 21 | 0,26
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 30 | 0,37
Petición (art. 29 CE) | 23 | 0,29
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | – | –

Cuadro n.º 13

Recursos de amparo: Frecuencia
de la invocación de los derechos
fundamentales del art. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Social | Contencioso- administrativo | Militar |
Art. 24.1 |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 1.142 | 2.874 | 252 | 2.168 | 12 | 6.448
Art. 24.2 |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 27 | 93 | 7 | 30 | 1 | 158
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 344 | 862 | 63 | 611 | 5 | 1.885
Derecho a ser informado de la acusación | 2 | 31 | 1 | 7 | - | 41
Derecho a un proceso público | 5 | 56 | 1 | 12 | - | 74
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 26 | 112 | 11 | 41 | 1 | 191
Derecho a un proceso con todas las garantías | 655 | 1839 | 133 | 1450 | 9 | 4.086
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 71 | 341 | 16 | 119 | - | 547
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | 1 | 23 | - | 12 | - | 36
Derecho a la presunción de inocencia | 11 | 1.441 | 5 | 72 | 7 | 1.536
Total | 2.284 | 7.672 | 489 | 4.522 | 35 | 15.002

Cuadro n.º 14

Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución

Tribunal Supremo | 5.124
Otros órganos jurisdiccionales: | 2.849
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 116
B) En segunda instancia o suplicación | 1.646
C) En primera o única instancia | 1.087
Órganos no judiciales / no consta | 86
Total | 8.059

Tribunal Supremo | 5.124
Audiencia Nacional | 167
Tribunal Militar Central | –
Tribunales superiores de justicia | 348
Tribunales militares territoriales | 4
Audiencias provinciales | 1.443
Juzgados | 887
Órganos no judiciales / no consta | 86
Total | 8.059

Resoluciones judiciales anuladas[20]

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 1 | 17
Tribunales superiores de justicia | 8 | –
Audiencia Nacional | – | 1
Audiencias provinciales | 5 | 15
Juzgados | 5 | 11

Cuadro n.º 15

A) MOTIVOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de admisión | Recursos | Porcentaje
Ausencia de doctrina constitucional | 9 | 10,23
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 6 | 6,82
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 4 | 4,55
Eventual origen normativo de la vulneración | – | –
Eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley | – | –
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | – | –
Eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales | 10 | 11,36
Repercusión social o económica | 7 | 7,95
Consecuencias políticas generales | 7 | 7,95
Varios motivos | 44 | 51,14
Total | 87 | 100

B) MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 691 | 6,05
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 2.558 | 22,41
Falta de especial trascendencia constitucional | 5.219 | 45,73
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 820 | 7,18
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 33 | 0,29
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 1.207 | 10,57
Extemporaneidad del recurso | 261 | 2,29
Falta de subsanación de defectos procesales | 597 | 5,23
Varios motivos | 15 | 0,13
Otros motivos | 14 | 0,12
Total | 11.415 | 100

Cuadro n.º 16

Resoluciones dictadas y amparos resueltos[21]

| Sentencia | Auto | Providencia definitiva | Sumas
|  | Inadmisión | Terminación[22] | Inadmisión[23] | Terminación[24] |
Pleno | 28 | – | – | – | 1 | 29
Sala Primera | 55 | 1 | 1 | 5.615(-1) | 80 | 5.752 (-1)
Sección Primera | – | – | – | – | – | –
Sección Segunda | – | – | – | – | – | –
Sala Segunda | 65 (+2) | – | – | 5.800 (-5) | 133 | 5.998 (-3)
Sección Tercera | – | 1 | – | – | – | 1
Sección Cuarta | – | 1 | – | – | – | 1
Totales | 148 (+2) | 3 | 1 | 11.416 (-6)5 | 278 | 11.782 [25] (-4)

IV.

Datos comparados

(2019-2023)

Cuadro n.º 17

Datos comparados 2019-2023

Asuntos ingresados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Recursos de inconstitucionalidad | 27 | 24 | 39 | 36 | 26
Cuestiones de inconstitucionalidad | 33 | 27 | 35 | 27 | 29
Recursos de amparo | 7.554 | 6.515 | 8.294 | 8.528 | 8.059
Conflictos positivos de competencia | 5 | 3 | 1 | – | 2
Conflictos negativos de competencia | 1 | 1 | 1 | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – | – | 1
Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas | 1 | – | – | – | –
Requerimientos sobre tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | – | – | – | 3
Total | 7.621 | 6.570 | 8.370 | 8.591 | 8.120

Resoluciones dictadas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 80 | 56 | 54 | 70 | 70
Sala Primera y sus Secciones | 39 | 63 | 54 | 35 | 55
La Sala | 39 | 63 | 54 | 35 | 55
Sección 1.ª | – | – | – | – | –
Sección 2.ª | – | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 59 | 76 | 84 | 46 | 65
La Sala | 59 | 76 | 84 | 46 | 65
Sección 3.ª | – | – | – | – | –
Sección 4.ª | – | – | – | – | –
Total | 178 | 195 | 192 | 151 | 190
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 21 | 20 | 11 | 23 | 26
Sala Primera y sus Secciones | 3 | 7 | 3 | – | 2
Sala Segunda y sus Secciones | – | – | – | 3 | 2
Total | 24 | 27 | 14 | 26 | 30
Providencias de inadmisión y terminación |
Pleno | – | 1 | 3 | – | 1
Sala Primera | 3.325 | 3.342 | 3.388 | 3.578 | 5.695
Sala Segunda | 3.047 | 3.522 | 3.323 | 3.492 | 5.933
Total | 6.372 | 6.864 | 6.714 | 7.070 | 11.629
Autos interlocutorios | 160 | 147 | 101 | 152 | 660
Providencias de admisión | 227 | 214 | 182 | 207 | 112
Total de resoluciones definitivas (sentencias + autos definitivos + providencias definitivas) | 6.574 | 7.086 | 6.920 | 7.247 | 11.849
Total de resoluciones dictadas | 6.961 | 7.447 | 7.203 | 7.606 | 12.621

4. Admisión en las Salas

5. Admisión en el Pleno

Asuntos resueltos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |
Por sentencia | 32 | 14 | 23 | 13 | 34
(de ellos, por sentencia de Sala) | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | 2 | 2 | 5 | 4 | 1
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | 1 | – | – | – | –
Total | 35 | 16 | 28 | 17 | 35
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |
Por sentencia | 22 | 9 | 9 | 22 | 7
(de ellos, por sentencia de Sala) | 6 | 2 | 2 | 1 | –
Por auto o providencia | 15 | 19 | 4 | 17 | 19
(de ellos, por resolución de Sala) | – | 1 | – | – | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 37 | 28 | 13 | 39 | 26
Recursos de amparo |  |  |
Por sentencia | 117 | 170 | 156 | 116 | 148
(de ellos, por sentencia del Pleno) | 25 | 33 | 20 | 36 | 28
(de ellos, por sentencia de Sala) | 92 | 137 | 136 | 80 | 120
(de ellos, por sentencia de Sección) | – | – | – | – | –
Por auto de inadmisión | 4 | 2 | 2 | 3 | 3
(de ellos, por auto del Pleno) | 2 | – | 1 | 1 | –
Por providencia de inadmisión | 6.218 | 6.714 | 6.428 | 6.788 | 11.409
Por otras causas | 153 | 147 | 277 | 278 | 215
Acumulado con los anteriores | 2 | 11 | 3 | 4 | 2
Total | 6.494 | 7.044 | 6.866 | 7.189 | 11.777
Conflictos positivos de competencia |  |  |
Por sentencia | 3 | 2 | 4 | – | 1
(de ellos, por sentencia de Sala) | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | 1 | – | – | – | 1
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 4 | 2 | 4 | – | 2
Conflictos negativos de competencia |  |  |
Por sentencia | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | 1 | – | – | 1 | –
Total | 1 | – | – | 1 | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |
Por sentencia | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |  |
Por sentencia | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas |  |  |  |  |
Por sentencia | 3 | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | 3 | - | – | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Por declaración | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Total | 1 | – | – | – | 4
Total de asuntos resueltos | 6.575 | 7.090 | 6.911 | 7.246 | 11.845

6. Sentencias en las Salas

7. Sentencias en el Pleno

Asuntos admitidos pendientes de sentencia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 28 | 32 | 47 | 63 | 56
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 28 | 32 | 47 | 63 | 56
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 7 | 10 | 18 | 12 | 13
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 7 | 10 | 18 | 12 | 13
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 3 | 4 | 1 | 1 | 1
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 3 | 4 | 1 | 1 | 1
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 36 | 43 | 48 | 44 | 36
(acumulados con los anteriores) | 1 | 1 | – | – | –
Sala Primera y sus Secciones | 63 | 64 | 62 | 66 | 42
(acumulados con los anteriores) | – | 1 | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 88 | 98 | 78 | 97 | 65
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | –
Suma de procesos de amparo | 187 | 205 | 188 | 207 | 143
Total de procesos pendientes de sentencia de Pleno | 74 | 89 | 114 | 120 | 107
Total de procesos pendientes de sentencia de Sala y Sección | 151 | 162 | 140 | 163 | 107
Total de asuntos pendientes de sentencia de Pleno | 76 | 90 | 114 | 120 | 107
Total de asuntos pendientes de sentencia de Sala y Sección | 151 | 163 | 140 | 163 | 107

Asuntos pendientes de admisión | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | – | 4 | – | 2 | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 6 | 2 | 18 | 11 | 11
Recursos de amparo avocados | 1 | 4 | – | – | 3
Conflictos positivos de competencia | – | – | – | – | –
Conflictos negativos de competencia | – | 1 | 1 | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas | – | – | – | – | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | – | – | – | –
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 1.969 | 1.820 | 2.455 | 2.850 | 1.127
Sala Segunda | 1.536 | 1.536 | 2.505 | 3.462 | 1.534
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 7 | 11 | 19 | 13 | 14
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 3.505 | 3.356 | 4.960 | 6.312 | 2.661

8. Pendientes de sentencia en el Pleno

9. Pendientes de sentencia en las Salas

10. Pendientes de admisión en el Pleno

11. Pendientes de admisión en las Salas

12. Resumen del Pleno

13. Resumen de las Salas

14. Resumen del tribunal

[1] Ninguna de las cuestiones de inconstitucionalidad fueron planteadas por el propio Tribunal como cuestiones internas.

[2] Trece de estos recursos de amparo fueron avocados por el Pleno antes de su admisión.

[3] Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

[4] La Sección de Vacaciones dictó un auto de inadmisión, que incrementa el total de autos.

[5] Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

[6] Providencias que no son de mero trámite.

[7] Ninguno de los autos dictados en recurso de súplica revocaron la inadmisión y admitieron a trámite el recurso de amparo.

[8] Fueron revocadas en súplica seis providencias de inadmisión, una en la Sala Primera y cinco en la Sala Segunda. Se indican entre paréntesis.

[9] Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

[10] Resoluciones definitivas menos revocaciones en súplica, más acumulados y admisiones en súplica.

[11]Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados. Se expresan entre paréntesis.

[12] La Sección de Vacaciones dictó un auto de inadmisión que se ha de añadir a los dictados por las salas.

[13] Una de las cuestiones de inconstitucionalidad fue planteada por el propio Tribunal Constitucional como cuestión interna de inconstitucionalidad.

[14] Sujetos no legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad.

[15] Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía.

[16] Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno y los consejos de gobierno y asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

[17] Los recursos de amparo, tanto los avocados por el Pleno como los de las Salas, aparecen en el cuadro 16. Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados.

[18] Una de las cuestiones de inconstitucionalidad fue planteada por el propio Tribunal Constitucional como cuestión interna de inconstitucionalidad.

[19] Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía.

[20] Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial sólo se registra la anulación de la sentencia.

[21] Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

[22]Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[23] Entre paréntesis figuran las providencias de inadmisión que han sido revocadas en recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal, así como los autos que, en súplica, han admitido recursos de amparo.

[24] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[25] La Sección de Vacaciones dictó un auto de inadmisión, que incrementa el total de autos.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2023 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó un total de 791 demandas contra España. Fueron declaradas inadmisibles o rechazadas por motivos formales 370; se tramitó el resto, 421, en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra equivale a 0,09 demandas por diez mil habitantes (la media de los países miembros del Consejo de Europa fue de 0,41 en 2023) y representó el 1,21 por 100 del total de las demandas examinadas durante el año por el Tribunal, que ascendió a 34.764.

Las demandas relacionadas con España dieron lugar a siete sentencias, todas ellas de la Sección Quinta. Seis de estas sentencias declararon la vulneración por España de alguno de los derechos proclamados por el Convenio o su Protocolo adicional núm. 1, en tanto que la restante desestimó la demanda. Por lo que a las sentencias condenatorias se refiere, en tres de ellas se declaró vulnerado el derecho a la protección de la propiedad (artículo 1 del Protocolo núm. 1 al Convenio) y en las tres restantes se constató la vulneración de los derechos a un proceso equitativo (artículo 6 del Convenio), a la vida privada (artículo 8 del Convenio) y a la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio), respectivamente. Por lo que hace a la sentencia desestimatoria, baste señalar que en el asunto Alonso Saura c. España, de 8 de junio de 2023, no se apreció la denunciada vulneración del derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del Convenio).

Además de estas siete sentencias, cabe mencionar cinco decisiones adoptadas por la Sección Quinta en fase de admisión.

Mediante decisión de 2 de marzo de 2023, la citada sección inadmitió la demanda en el caso M. P. A. c. España, donde se denunciaba la vulneración de los derechos al respeto a la vida familiar y al domicilio (art. 8 CEDH) y a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes (art. 3). En esta ocasión se controvertía la entrada en domicilio para la aplicación de medidas de protección de un menor declarado en situación de abandono. Por una parte, la Sección estimó que las medidas de protección aprobadas representaban una injerencia legítima en la intimidad familiar, fundada en la persecución de fines legítimos y apoyada en razones pertinentes y suficientes (art. 8.2 CEDH). Rechazó, igualmente, la queja de vulneración de la inviolabilidad domiciliaria al constatar que la prueba obrante en el proceso contradecía la versión de la demandante, así como la relativa a la vulneración del derecho a no padecer tratos inhumanos o degradantes.

Por decisión de 2 de marzo de 2023 se inadmitió la demanda presentada en el asunto Gozalbo Moliner c. España, donde se denunciaba la vulneración de los derechos a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH), la doble instancia penal (art. 2 del Protocolo núm. 7 al Convenio) y las libertades de expresión y reunión (arts. 10 y 11 CEDH). La demandante había sido condenada por una falta de coacciones por su participación activa para impedir la celebración de un acto académico en la Universidad de Barcelona. La Sección concluyó que las quejas estaban manifiestamente mal fundadas puesto que en el procedimiento seguido contra la demandante se habían respetado las garantías de contradicción y la sentencia de apelación se limitó a una interpretación distinta del tipo penal, sin proceder a una nueva valoración de los hechos; el Convenio no garantiza un supuesto derecho a una tercera instancia penal, y la condena efectivamente impuesta alcanzó un justo equilibrio entre las libertades de terceros, cuyo ejercicio impidió la acusada, y el derecho de ésta a la libre expresión de sus pensamientos y opiniones.

Por decisión de 4 de julio de 2023, la Sección inadmitió por mayoría la demanda promovida en el asunto Carvajal Barrios c. España, relativa a una extradición del actor a los Estados Unidos, donde era reclamado por un delito de tráfico de drogas. El demandante denunciaba el quebrantamiento de la prohibición de tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH), puesto que se exponía a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de revisión. La demanda se inadmitió porque el actor no logró demostrar, siquiera mínimamente, la realidad del riesgo que decía padecer. Antes bien, la Sección constató que aquél tendría la oportunidad de articular una defensa adecuada con asistencia legal, lo que podría conducir, llegado el caso, incluso a un pronunciamiento absolutorio. Por otro lado, la decisión subrayó que, en el marco de un proceso de extradición, no les corresponde a las autoridades nacionales examinar la disponibilidad e idoneidad de las garantías procesales en el país peticionario, puesto ello implicaría una interpretación demasiado amplia de la responsabilidad de un Estado contratante.

Por decisión de 12 de octubre de 2023 se inadmitió la demanda en el caso Rivadulla Duró c. España. En esta ocasión se controvertía la condena penal por los delitos de enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, que le había sido impuesta al demandante por el contenido de varios mensajes publicados en las redes sociales y una canción sobre el rey emérito Juan Carlos I de España. Denunciaba sustancialmente el demandante la vulneración de las libertades de pensamiento y expresión (arts. 9 y 10 CEDH) y el derecho a un recurso efectivo (art. 13 CEDH). La Sección rechazó aquellas alegaciones al considerar legítima la injerencia en las libertades afectadas, al ser necesaria en una sociedad democrática; como también la denuncia de infracción del art. 13 CEDH, como consecuencia de la inadmisión a trámite del recurso de amparo sin examinar el fondo, toda vez que esa decisión de inadmisión fue la consecuencia legalmente prevista de la falta de levantamiento de la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del caso, lo que no desvirtúa en absoluto el carácter efectivo de este recurso nacional. A mayor abundamiento, el demandante había alegado la vulneración del art. 18 CEDH (limitación de la aplicación de las restricciones de derechos), pues sostenía que había sido condenado con el propósito de silenciar su voz crítica. A este respecto, la Sección reiteró que no procede invocar este precepto cuando no se ha determinado ninguna cuestión discutible o injerencia en los derechos del demandante.

En su decisión de 9 de noviembre de 2023, la Sección acordó la inadmisión, por unanimidad, de la demanda presentada en el asunto Asociación de Abogados Cristianos c. España. El asunto se refiere a una obra de arte que formaba parte de una exposición financiada por las autoridades locales de Pamplona y que usaba hostias consagradas, lo que llevó a la asociación demandante a presentar una querella criminal contra el artista y la concejala de cultura del ayuntamiento. Invocando los arts. 6, 8, 9 y 14 CEDH, la asociación demandante denunció que las autoridades locales habían financiado y acogido la exposición de una obra de arte que ofendía a los creyentes cristianos y que se habían negado a cancelarla, incumpliendo así su deber de neutralidad. Además, denunció la falta de procesamiento del artista y de la concejala. La Sección rechazó estas quejas y constató que la denunciante no había agotado la vía nacional al no haber acudido ante la jurisdicción contencioso-administrativa; limitándose a reaccionar tras el archivo de las diligencias penales, considerando, además, que este archivo no podía considerarse una decisión judicial arbitraria.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 8 de junio de 2023. Asunto Alonso Saura c. España.

La demandante participó en el concurso convocado por el Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que no resultó elegida, asignándose la plaza a otro concursante. Esta decisión fue posteriormente refrendada en vía judicial por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por el ATC 119/2018, de 13 de noviembre. Con invocación de los artículos 6.1 y 14 CEDH, así como en el artículo 1 del Protocolo núm. 12, la demandante alegó que las autoridades nacionales no motivaron adecuadamente la elección del otro candidato y que sus decisiones fueron arbitrarias y discriminatorias por razón de su sexo. La Sección Quinta constituida en Sala examinó estas quejas con arreglo al artículo 6.1 del Convenio y declaró, por seis votos contra uno, que este no había sido vulnerado. La Sección no consideró acreditado que las apreciaciones del Consejo y posteriormente del Tribunal Supremo fueran arbitrarias o manifiestamente irrazonables, hasta el punto de perjudicar la equidad del procedimiento, por lo que, valorado en su conjunto, este fue equitativo a efectos del artículo 6.1 CEDH. A la sentencia se formuló un voto particular concurrente suscrito por dos jueces y otro discrepante, formulado por el juez ad hoc de España.

* Sentencia de 22 de junio de 2023. Asunto Lorenzo Bragado y otros c. España.

Los demandantes, seis magistrados españoles, presentaron en 2018 su candidatura a miembros del Consejo General del Poder Judicial, pasando a formar parte de la lista definitiva de candidatos admisibles. Ante la falta de continuidad del proceso de renovación de este órgano por las Cortes Generales, en el año 2020 promovieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue inadmitido por extemporáneo. Con invocación del artículo 6.1 CEDH, los demandantes denunciaron que la inadmisión del recurso de amparo había sido arbitraria y carecía de motivación.

La Sección Quinta, constituida en Sala, declaró, por cuatro votos contra tres, que se había violado el derecho a un proceso equitativo del artículo 6 CEDH. La sentencia hizo hincapié en que el Tribunal Constitucional era, en este caso, la única instancia jurisdiccional competente para decidir sobre la queja de los demandantes y que, dada la evidente importancia general del asunto, la aparente novedad de las cuestiones jurídicas planteadas y las circunstancias particulares del caso, hubiera sido razonable —en aras de la seguridad jurídica y de la buena administración de justicia— esperar que cualquier inadmisión del recurso de amparo por el mero incumplimiento del plazo legal tuviera que basarse en una motivación adecuada. La sentencia concluyó que la imprevisible interpretación y aplicación de la legislación pertinente sobre plazos (art. 42 LOTC), menoscabó —en las circunstancias del caso— la esencia misma del derecho de los demandantes de acceso a un tribunal, estrechamente vinculado con la observancia del procedimiento legal para renovar la composición del órgano de gobierno del poder judicial y con el correcto funcionamiento del sistema judicial. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente formulado por una jueza y un voto particular discrepante suscrito por tres jueces.

2. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 16 de noviembre de 2023. Asunto G. T. B. c. España.

El demandante, nacional español nacido en México, no logró inscribir ante las autoridades españolas su nacimiento y, por ende, obtener el correspondiente documento nacional de identidad, hasta pasados nueve años. Agotada la vía judicial previa, el recurso de amparo fue inadmitido por falta de especial trascendencia constitucional. Con invocación de los artículos 3 y 8.1 CEDH, el demandante adujo que esta tardanza le habría ocasionado graves daños psicológicos y físicos, teniendo asimismo consecuencias negativas en su ámbito privado y educativo.

La Sección Quinta, constituida en Sala, declaró por unanimidad la violación de los preceptos del Convenio citados por el actor. Las autoridades españolas no habían actuado con la diligencia debida en el cumplimiento de su obligación positiva de asistir al demandante —menor de edad en situación de vulnerabilidad en el momento de producirse los hechos— para obtener un certificado de nacimiento y los documentos de identidad conexos, vulnerándose así su derecho al respeto de su vida privada. La sentencia condenó al Reino de España abonar una indemnización por los daños morales y al pago de las costas procesales.

3. Artículo 10: libertad de expresión

* Sentencia de 8 de junio de 2023. Asunto Fragoso Dacosta c. España.

El demandante, un representante sindical, participó en protestas por el impago de salarios a los empleados de la empresa de limpieza de una base naval. En una de estas protestas y durante el izado solemne de la enseña nacional, se condujo de forma despectiva hacia la bandera, siendo condenado por un delito de ultraje a España a una multa de 1.260 euros. El posterior recurso de amparo fue desestimado por la STC 190/2020, de 15 de diciembre. La Sección Quinta declaró vulnerada la libertad de expresión (art. 10 CEDH) del demandante, puesto que la severidad de la pena impuesta no se correspondía con la gravedad de la infracción cometida, por lo que no superaba el juicio de proporcionalidad. El Reino de España fue condenado a abonar una indemnización por daños materiales y morales.

4. Artículo 1 del Protocolo no. 1: protección de la propiedad

* Sentencia de 19 de enero de 2023. Asunto Domenech Aradilla y Rodríguez González c. España.

Tras el fallecimiento de sus respectivas parejas, con las que habían convivido durante al menos cinco años, las demandantes solicitaron la pensión de viudedad, que les fue denegada a pesar de reunir, en principio, los requisitos legales para su obtención. Las autoridades administrativas y judiciales nacionales entendieron aplicable un nuevo requisito, que habría introducido la STC 40/2014, de 11 de marzo: la constitución formal de la pareja de hecho con un antelación de al menos dos años al momento de fallecimiento de uno de sus miembros; requisito que no podían haber cumplido porque la sentencia se dictó con posterioridad a la muerte de sus respectivas parejas. El Tribunal Constitucional, mediante providencia, declaró inadmisibles los correspondientes recursos de amparo al no advertir la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional.

La sentencia del Tribunal Europeo declaró vulnerado el art. 1 del Protocolo 1 al Convenio como consecuencia de la aplicación retroactiva de un nuevo requisito más estricto, en un caso en el que la interesada podía actuar en la confianza legítima de haber generado un derecho adquirido a la pensión. La sentencia no advirtió la concurrencia de razones imperiosas de interés general que justificaran la introducción de este requisito sin prever medidas transitorias, lo que le llevó a concluir que no se había logrado alcanzar un justo equilibrio entre los intereses en presencia. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente suscrito por dos juezas.

* Sentencia de 26 de enero de 2023. Asunto Valverde Digon c. España.

Esta sentencia pertenece a la serie de asuntos sustancialmente iguales a los que resulta de aplicación la doctrina de la ya reseñada STEDH de 19 de enero de 2023, asunto Domenech Aradilla y Rodríguez González c. España. Tras fallecer su pareja tres días después de su inscripción formal como pareja de hecho, la demandante solicitó la pensión de viudedad, que le fue denegada por no cumplir el requisito que habría establecido la STC 40/2014. Al igual que sucediera en el caso antes referido, el recurso de amparo se inadmitió por falta de especial trascendencia constitucional. En coherencia con lo declarado en la STEDH Domenech Aradilla, se declara la vulneración del derecho a la propiedad por intromisión desproporcionada en el patrimonio de la demandante. A esta sentencia se formuló un voto particular concurrente suscrito por dos juezas y otro discrepante firmado por tres jueces. El Gobierno de España solicitó el reenvío del asunto a la Gran Sala, petición que fue rechazada.

* Sentencia de 20 de julio de 2023. Asunto Pino Ortiz y otros c. España.

Al igual que la anterior, se trata de un supuesto de aplicación de la doctrina sentada en la STEDH de 19 de enero de 2023, asunto Domenech Aradilla y Rodríguez González c. España. Las demandantes habían visto frustrada su petición de reconocimiento de la pensión de viudedad por no cumplir el requisito que habría introducido la ya mencionada STC 40/2014. También en esta ocasión el recurso de amparo fue inadmitido por carencia de especial trascendencia constitucional. Como sucediera en las anteriores sentencias, se declaró la vulneración del derecho a la propiedad por intromisión desproporcionada al introducir un nuevo requisito sin prever un régimen transitorio que preservara los legítimos intereses de quienes actuaban en la confianza legítima de haber ganado un derecho subjetivo a la pensión de viudedad. En esta ocasión, la sentencia se dictó por unanimidad.

V. Discurso en el acto de la decimocuarta renovación parcial del Tribunal Constitucional

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, EL DÍA 9 DE ENERO DE 2023

«Muchas cosas sabe el zorro —recoge uno de los fragmentos del poeta lírico griego Arquíloco, nacido en la isla de Paros en el siglo VIII a. C.—, pero el erizo sabe una sola y grande.» Esta formulación sería recogida por Isaiah Berlin como presupuesto discursivo en un ensayo publicado en 1953 para clasificar a las personas.

De un lado, aquellos «que poseen una visión central, sistematizada de la vida, un principio ordenador en función del cual tienen sentido y se ensamblan los acontecimientos históricos y los menudos sucesos individuales».

Y, de otro, los «que tienen una visión dispersa y múltiple de la realidad y de los hombres … que perciben el mundo como una compleja diversidad.» Los primeros, entre los que sitúa a Dante, Hegel o Nietzsche, participan de una cosmovisión «centrípeta.» Los segundos, como Shakespeare, Montaigne o Goethe, de una perspectiva «centrífuga.»

Pues bien, ¿a cuál de los dos grupos se adscribiría la Jurisdicción constitucional? ¿Cuál sería su naturaleza? ¿Se trata de un erizo? ¿O de un zorro? ¿O, como en el caso de Tolstói, que era un «zorro por inclinación natural, pero que creía ser un erizo», un erizo y un zorro pueden convivir?

Los Tribunales o Cortes constitucionales se conforman como un erizo, en lo concerniente a su primigenia razón de ser. Centrada, de forma ontológica, en la preservación kelseniana de la Constitución como norma normarum; en la salvaguarda del supremo sustrato normativo en que se asienta la validez del sistema jurídico; y, dada su condición de Constitución normativa, en el insoslayable corolario de tutela de los derechos fundamentales.

En efecto, como afirmaba el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, «Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución». Por tanto, si la Constitución es una técnica de libertad, el Tribunal aparece como una jurisdicción de la libertad ondeando su bandera, como en el cuadro de Delacroix «La libertad guiando al pueblo». Unas libertades revestidas de un doble perfil, pues como ha dejado reseñado este Tribunal, «son derechos subjetivos, derechos de los individuos … Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional» (STC 25/1981, de 14 de julio). Éste, podríamos decir, es el carácter de erizo de un Tribunal Constitucional.

Pero también sucede que las resoluciones de cualquier Tribunal Constitucional, desde el pleno respeto al marco que crea su respectiva Carta Magna, posibilitan la adopción de políticas heterogéneas. Y en ello asimismo reside su ineludible carácter de zorro.

Recordemos que, como prescribe el artículo 1.1 de la Constitución, «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». O, en palabras de una de nuestras más tempranas sentencias, «la norma suprema proclama un orden de valores que tiene una específica significación para el establecimiento y fundamentación de un orden de convivencia política general» (la mentada STC 25/1981). Esta convivencia plantea una amplitud de horizontes que evoluciona con el tiempo, lo cual, a su vez, debe ser asociado con la coexistencia de adversarias verdades y de un prolijo pluralismo de valores.

Ello, por supuesto, no empece la compatibilización entre dos libertades aparentemente antagónicas: la libertad positiva y la libertad negativa. Al respecto, reflexiona provocadoramente Berlin: «¿Cómo puede un iletrado disfrutar de la libertad de prensa? ¿De qué le sirve la libertad de viajar a quien vive en la miseria? ¿Significa acaso lo mismo la libertad de trabajo para el dueño de una empresa que para un desempleado?». Y la respuesta de cualquier demócrata y constitucionalista es obvia: por supuesto, debe ser así. «Es muss sein!», como diría Beethoven.

Porque si, siguiendo al pensador inglés, «en todo erizo hay un fanático y en cada zorro un escéptico», esta dualidad no puede ni debe llevarse a un extremo destructor. Si es cierto, como decía el profesor de Oxford, que «todos los zorros vivimos envidiando permanentemente a los erizos», no lo es menos que los otros, los erizos, pueden ser arrastrados, como un «anhelante» Ulises, por dulces cantos de sirena que conducen en última instancia a un fragmentado y confuso desorden.

Autoridades, Señoras y señores, retornemos desde estos parámetros a la Jurisdicción constitucional. ¿No será, como Tolstói, un zorro por inclinación natural, aunque su virtualidad sea la de un erizo? Hay razones para esgrimir su híbrida caracterización. En efecto, es fácil rastrear en esta posible naturaleza bifronte una «elasticidad constitucional». La gestación de nuestra Carta Magna —síntesis jurídica de una Transición Política superadora de la dialéctica schmittiana de amigo-enemigo—, y asentada en un ejemplar «pacto roussoniano», ponía término, como el paso de un Rubicón, a un constitucionalismo de «güelfos y gibelinos». Porque los españoles entendimos entonces que la Constitución está llamada a aunar, y nunca a dividir. Entendimos que representa un ágora, un lugar de encuentro, que se puede comparar, por parafrasear a Aristóteles, con una fórmula que afanosamente se logra y que propicia entre los ciudadanos de una comunidad política la «amistad cívica». Es decir, la concordia. Por ello, blandir la Constitución frente al otro implica, siempre, una forma de fracaso, en tanto revela la carencia del pacto social y constituyente que subyace a su génesis y desarrollo.

Por el contrario, vencedora de esa convulsa «Ley del péndulo», nuestra Constitución de 1978 se forjó sobre el bergsoniano «élan vital» del consenso, «término fundamental —tal como recuerda Virgilio Zapatero— de la España constitucional». Explicitado artísticamente en el lienzo de «El abrazo», de Juan Genovés, que fundió a los españoles en el mismo cuerpo sin distingos en un propósito común. Ese consenso acarreó, no obstante, algunas ambigüedades técnico-jurídicas, las cuales han imposibilitado a la postre una lectura única, cerrada y excluyente. La servidumbre de tales formulaciones, a veces imprecisas, cuando no contrapuestas, ha representado una oportunidad histórica, según argumentó Jorge de Esteban, ya que habilitó una función transformadora de la Constitución al hilo de una jurisprudencia socialmente avanzada. Oportunidad que se vio favorecida por la naturaleza inacabada de la Constitución, y por la posterior aprobación de un amplio elenco de leyes orgánicas y ordinarias, y, de forma especial, de los Estatutos de Autonomía. Todo lo que se ha ido erigiendo, a través de las décadas, en un valiosísimo bloque de la constitucionalidad.

Al mismo tiempo, como sabemos, nuestra Ley de leyes no requiere de una adhesión positiva, ya que «en nuestro ordenamiento jurídico constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante … en el que se imponga la adhesión positiva» (STC 48/2003). Ni tampoco preceptúa nuestra Carta Magna cláusulas de intangibilidad. Como subraya nuestra jurisprudencia, «falta para ello el presupuesto inexcusable de la existencia de un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional que … pudiera erigirse en parámetro autónomo de corrección jurídica» (STC 31/2009, de 29 de enero). Esto es, la Constitución no impone un modelo uniforme de vida política o de convivencia, ni contiene aspectos sustraídos a su reforma. Pero al mismo tiempo, sí hay un límite infranqueable que la Jurisdicción constitucional, vigilante mandataria del poder constituyente, ha de prevenir, y que se produce cuando se «vulneran los principios democráticos, los derechos fundamentales» y no se satisface «el marco de los procedimientos de reforma, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable» (STC 42/2014, de 25 de marzo).

En consecuencia, creo firmemente, desde la mentalidad del zorro, que la Constitución ampara la multiplicidad de visiones políticas, de ideas y de sensibilidades en una sociedad moderna, abierta y cambiante. Pero creo también, desde la mentalidad del erizo, que el respeto tanto a la Constitución como a ley democrática por parte de todos crea precisamente las condiciones idóneas para las libres y legítimas aspiraciones de cada uno de nosotros, en tanto que ciudadanos. Lo que implica que ni unos ni otros podemos arrogarnos un poder constituyente, ni podemos tampoco avalar mutaciones de la propia esencia de la Constitución que resulten inconstitucionales. Volveré sobre este punto cardinal más adelante.

Autoridades, Señoras y señores, el Tribunal fue concebido por el constituyente como un órgano de garantía de la Constitución. Su regulación en el título IX de la Norma Fundamental le aleja, incluso sistemáticamente, de los tres poderes clásicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), contemplados en los títulos III a VI, y le sitúa, junto al poder de reforma de la Constitución del título X, como garantía del respeto a la voluntad del poder constituyente frente a los poderes constituidos. Por eso se le encomienda el control del respeto a la Constitución por parte de esos otros tres poderes, incluyendo al Legislativo. Obviamente, el control sobre la constitucionalidad de las leyes no puede realizarse «sin reconocer y respetar el muy amplio margen de configuración que le corresponde al legislador para dar curso a sus opciones políticas». Por ello el Tribunal apura, eso sí, las tachas de inconstitucionalidad y es muy cuidadoso con el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Como reitera nuestra jurisprudencia, tal presunción no puede desvirtuarse sin argumentación, lo que veda respuestas a impugnaciones globales carentes de razón suficientemente desarrollada (STC 131/2020, de 22 de septiembre). Este self-restraint, esta autocontención, nos impide interferir «en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático y examinar si la oportunidad de la medida legal es la más adecuada o la mejor de las posibles». El Tribunal, por tanto, debe apreciar únicamente, y cito una sentencia de 2020, «si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación» (STC 149/2020, de 22 de octubre). En esa línea, el Tribunal ha reafirmado en múltiples ocasiones la búsqueda de interpretaciones favorables a la constitucionalidad de la ley, cuando de dos interpretaciones «igualmente razonables» una sea ajustada a Constitución (STC 17/2022, de 8 de febrero).

Pero existen límites en todo caso a este principio general. En palabras de nuestra jurisprudencia, «la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem, pues implicaría manipular los enunciados legales, ni compete a este tribunal la reconstrucción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal y, por ende, la creación de una norma nueva» (STC 235/2007). Por otra parte, y desde un punto de vista formal, el juicio de constitucionalidad no es tampoco «un juicio de técnica legislativa», pues el Tribunal no es un «juez de la calidad técnica de las leyes», en su triple dimensión de corrección técnica, de oportunidad o de utilidad, sino un «vigilante de su adecuación a la Constitución» (STC 126/2021, de 3 de junio).

Autoridades, señoras y señores, estas facultades de control de la adecuación de cualquier ley a la Norma de Normas, que están en la propia quintaesencia de la jurisdicción constitucional, tal como la preconizó Kelsen hace casi un siglo, podrían hacernos pensar que nuestro Tribunal tiene el carácter reactivo y cerrado del erizo. Pero, de nuevo, eso no es enteramente así, y no debe serlo, en particular, dada la dicotomía que existe entre la naturaleza pétrea de nuestra Constitución, que implica agravadas dificultades en su reforma, y la propia evolución de la sociedad. Sociedad que, habiéndose dado una Constitución, espera que responda, como postulaba el presidente Jefferson, a sus anhelos y que le sea útil.

No caben por tanto anquilosadas lecturas «originalistas» a los nuevos desafíos que cada generación y cada tiempo nos plantea, si no quiere nuestra Carta Magna transmutarse en papel mojado o en letra muerta. Como dijo el genial músico Stravinsky, «seguir un solo camino es retroceder». Ello impele a «leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta» (STC 198/2012, de 6 de noviembre). No se trata de contrariar el célebre aserto de Montesquieu, según el cual «los jueces de la Nación no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados … que no pueden moderar su fuerza o su rigor». Más bien debemos matizar ese aserto: un Tribunal Constitucional, desde la fuerza del Derecho, desde la sabiduría que impone la prudencia, desde el sentido de Estado, debe actualizar el significado de los preceptos que está siempre llamado a defender, sin moderar por supuesto ni su fuerza ni su rigor. Cualquier Constitución aparece entonces —en palabras de la Sentencia Privy Council, Edwards c. Attorney General for Canada (1930)— como un «árbol vivo», que fue precisamente la expresión que recogimos al reconocer en 2012 el matrimonio entre personas del mismo sexo en la mencionada sentencia.

Así, el articulado constitucional se presenta, más allá del dogmatismo normativista, como el elemento resultante de las interacciones entre texto y contexto, entre norma y entorno cultural, desde una perspectiva abierta y plural. En este sentido, Häberle incide en la relación que existe entre «tiempo y cultura constitucional en una sociedad abierta al pluralismo», si quiere cumplir la Constitución con su función integradora: un «constitutional law in public action».

De igual manera, justo es reconocer que el Tribunal Constitucional ha de mejorar su proximidad a la ciudadanía, aumentar su pedagogía y agilizar los tiempos de sus resoluciones. Ha habido, y hay, casos pendientes en la memoria de todos. La solución no es fácil, ni unívoca. Pero la autocrítica sí es necesaria y pertinente.

Autoridades, Señoras y señores, este perfil de zorro, de querencia por la diversidad, que ostenta la Justicia constitucional, se ve respaldado por la presencia de voces discrepantes y concurrentes, expresadas en los votos particulares, que han flexibilizado y ampliado las argumentaciones, cuando no han servido de antecedente a posteriores cambios de la jurisprudencia. Por ejemplo, pensemos en los votos particulares a la STC 1/2003, en favor de la «doctrina de la prevalencia», prudentemente acogida después en las SSTC 102, 116, 127 y 204 de 2016. Según Peces-Barba, estas voces disidentes aparecen como «el afinamiento de las ponencias mayoritarias», acogiendo todos los criterios interpretativos que contribuyan al mejor ejercicio de sus funciones, ilustrando a las partes y colaborando en el desarrollo del Derecho constitucional, procesal y sustantivo. En esta línea, y más allá de las rationes decidendi, los obiter dicta, esto es, los razonamientos incidentales, ya sean de puro dictum o dictum argumentativo, al no ser decisivos para el fallo, no tienen en cuenta la totalidad de sus consecuencias y efectos. Aunque expresando «argumentos adyacentes … sí valen como valoraciones jurídicas, y constituyen antecedentes dotados de auctoritas» (STC 6/1995, de 15 de enero).

Si bien, donde se visualiza más radicalmente la naturaleza de zorro de la Jurisdicción constitucional es en los casos de overruling o cambios de su doctrina. Como sabemos, el Código civil contempla en su artículo 3.1, entre los criterios de interpretación de las normas, el de «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». Eso sí, es exigible que ese «cambio de ruta» se haga de forma explícita y nunca subrepticia. Citaré al respecto tres ejemplos acaecidos durante mi etapa en el Tribunal:

– Primero, la modificación de los postulados sobre el principio de capacidad económica como criterio de tributación referidos al impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (STC 182/2021, de 26 de octubre.);

– Segundo, el relativo a la comprensión del artículo 149.3 CE (SSTC 102/2016, de 25 de mayo, 116/2016, de 20 de junio, y 127/2016, de 7 de julio), en los casos de conflicto entre la legislación básica estatal y la legislación autonómica de desarrollo, resueltos al inaplicar la ley autonómica por considerar prevalente la posterior legislación básica estatal;

– Y, finalmente, pues han sido muchas las sentencias (por todas, STC 134/2021, de 24 de junio), sobre el control del presupuesto habilitante de los decretos-leyes a los que se recurre como legislación de urgencia, una práctica ayudada por la laxa convalidación de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que la propia Constitución prevé para su uso.

En línea con lo que recientemente han argumentado juristas como Manuel Aragón o Luis María Cazorla, me gustaría llamar la atención sobre esta malhadada hipertrofia que violenta el sistema de fuentes, desapodera a las minorías y atenta contra la centralidad del Parlamento, desde hace ya varias legislaturas.

El carácter de zorro del Tribunal Constitucional se refuerza gracias asimismo a la pluralidad de perspectivas de sus Magistrados. Como señala el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, la «inevitable incidencia en la interpretación jurídica de las particulares concepciones del Derecho y visiones del mundo … se refleja en la necesaria pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del tribunal como órgano colegiado». Esa heterogeneidad, como recuerda también nuestro Auto 107/2021, de 15 de diciembre, «guarda estrecha correspondencia con el pluralismo político que, como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), permite diversas formas de organización y habilita diferentes interpretaciones jurídicas, en las que inevitablemente influyen elementos conceptualmente ideológicos, todos ellos dentro del amplio espacio diseñado por el texto constitucional».

Va en la propia naturaleza de las cosas que «un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectoria profesional» (ATC 18/2006, de 24 de enero). Por esta misma razón, no comparto la falsaria dicotomía entre jueces «conservadores» y «progresistas», así como las reclamaciones de imposibles unanimidades, por lo demás inexistentes en los demás ámbitos de la sociedad, y que no son nunca un fin en sí mismas. No hay tampoco sentencias parciales de la mayoría. Hay, sin más, sentencias, aunque todos anhelemos su mayor respaldo posible.

Tampoco es ocioso recordar, que el procedimiento de designación no implica un mecanismo de representación. El magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y sólo de ella depende. La ausencia de espurios vínculos y su indeclinable independencia son exigencias de su legitimidad de origen y de ejercicio. No son suficientes, por tanto, los tres mandatos clásicos de Ulpiano: «vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo». Se requiere de más. De mucho más.

Autoridades, Señoras y señores, como todos ustedes saben, una de las principales labores históricas del Tribunal Constitucional ha sido la de garantizar la efectiva aplicación de los derechos fundamentales y libertades públicas, contribuyendo a reforzar su naturaleza nuclear, como eje principal que inspira todo nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, desde sus inicios, el Tribunal Constitucional ha dictado relevantes sentencias sobre casi todos los derechos y libertades recogidos en el catálogo constitucional español, con sostenida influencia del sistema creado por el Convenio de Roma de Derechos Humanos. En efecto, sobre la base del artículo 10.2 de la Constitución española, el Tribunal Constitucional ha mantenido una relación fructífera con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, España es uno de los Estados que menos veces ha sido condenado por la Corte de Estrasburgo.

Es cierto que en el ámbito de la resolución de los recursos de amparo, a causa de su propia configuración singular, debemos encarar casos particulares, diversos y difícilmente englobables bajo un idéntico paraguas general.

Es cierto igualmente que la introducción en el año 2007 de la «especial transcendencia constitucional» ha reducido la acumulación de recursos, pero seguramente a este criterio se le ha dado excesiva relevancia, sin eliminar su incertidumbre, a pesar del loable esfuerzo por fijar los criterios hermenéuticos de admisión (STC 155/2009, de 25 de junio). Lo que no ha sido óbice para que se haya interpretado desde una concepción a veces rígida, que no parece haber propiciado demasiados cambios significativos, ni en la calidad del amparo, ni en su efectiva garantía.

Al mismo tiempo, creo pertinente recordar que los ciudadanos y los poderes públicos han de tomar conciencia de que su apelación sólo ha de producirse tras agotar todas las vías de solución, no como instrumento de la refriega política o de indefinidas instancias judiciales. Al respecto, recalquemos que el Tribunal Constitucional no constituye una tercera Cámara, ni una cuarta instancia, ni una suerte de supercasación.

En ocasiones, además, se producen injustificadas recusaciones en cascada carentes de toda sustantividad con el burdo fin de obstaculizar su funcionamiento y atentar a su credibilidad, cuando no de alterar fraudulentamente su composición.

Autoridades, Señoras y señores, al igual que otros Tribunales Constitucionales, también el español se enfrenta a la tarea de redefinir su posición en el entramado institucional de la Unión Europea. Un panorama nuevo se abre como consecuencia de la progresiva y decisiva importancia en nuestras sociedades del Derecho de la Unión, y con él, de la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia al aplicar su Carta de Derechos Fundamentales. Por encima de cualquier otra consideración, la Unión Europea se levanta como una Comunidad de Derecho y una federación de valores, los cuales son custodiados, en primer lugar, por las Constituciones nacionales y por los Tribunales de cada Nación.

En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional sigue con mucho interés la reciente y rotunda jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en relación con los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión, tales como el imperio de la ley, así como el principio de tutela judicial efectiva de su artículo 19. Hablo de casos como ASJP, de 2018, o Hungría/Parlamento Europeo y Consejo, de 2022. En particular, me gustaría subrayar cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia Republikka, de 2021, afirma de forma categórica, que «la Unión se fundamenta en valores, tales como el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada, entre otras cosas, por la justicia, lo que conlleva que un Estado miembro no puede modificar su legislación de modo que dé lugar a una reducción de la protección del valor del Estado de Derecho». Esto es, el imperio de la ley y la independencia judicial se afianzan como estándares de obligado cumplimiento y se sitúan en el mismo corazón del proyecto integrador europeo, sin poder admitirse regresiones al respecto.

En íntima conexión con ello, el sistema de protección de los derechos fundamentales en la Unión está alcanzando una relevancia primordial, lo que implica articular un diálogo constructivo a tres bandas con los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. Nuestra jurisprudencia, así, ha debido evolucionar desde una inicial distancia, que le llevaba a considerar que la aplicación del Derecho europeo no era de su directa incumbencia, sino responsabilidad primigenia de los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Posteriormente, en aplicación de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo, que parte de la sentencia Cilfit de 1982, hemos ido considerando que un tribunal ordinario no puede ignorar la interpretación del Derecho europeo realizada por el Tribunal de Justicia, pues ello implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida que constituye una selección irrazonable y arbitraria del sistema de fuentes y del derecho aplicable al proceso (entre otras, la STC 31/2019). Un paso más en nuestra implicación supuso el planteamiento en 2014 por el Tribunal Constitucional de una cuestión prejudicial, el conocido «caso Melloni», asumiendo la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Hoy día, el Tribunal Constitucional, profundamente europeísta, contribuye a la aplicación de los principios de primacía, de efecto directo y de unidad del Derecho europeo, así como, en el ámbito de sus competencias, al control de europeidad que implica la inaplicabilidad de normas contrarias al mismo.

Desde un punto de vista institucional, he de destacar el esfuerzo realizado durante mi mandato por estrechar las relaciones del Tribunal con las Instituciones Europeas. Reseño, a tal efecto, la visita, el 6 de mayo de este año, del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el doctor Koen Lenaerts, que tuvo palabras de reconocimiento, al afirmar que «el Tribunal Constitucional de España ha desempeñado un papel fundamental en la transición democrática de la sociedad española, a la vez que ha interpretado la Constitución española como una norma abierta al proyecto de integración europea».

Autoridades, Señoras y señores, en la medalla que cada Magistrado lleva sobre su pecho, figura el lema: «Iustitia, Libertas, Concordia». Fijémonos por un momento en lo que encierran estas tres palabras.

JUSTICIA

Carl Schmitt escribía en 1927, que la creación de un Tribunal para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes significaba «una desviación por razones políticas de la lógica del Estado de Derecho». Noventa y cinco años después, la Jurisdicción constitucional se concibe, por el contrario, como sentenciaba García Pelayo, como la culminación del Estado de Derecho y su perfeccionamiento técnico. Ayer, como hoy, necesitamos que ésta ejerza plenamente su papel de protectora, de conciencia jurídica y de límite al poder político.

CONCORDIA

Elemento insoslayable a lo largo de la historia para el funcionamiento de una sociedad plural, que garantiza la vida en común y contribuye a ordenar jurídicamente una diversidad creciente. Y es que Saavedra-Fajardo ya recordaba en el siglo XVII la sentencia latina, según la cual «crecen con la concordia las cosas pequeñas, y sin ella caen las mayores». En este sentido, el Tribunal ha tenido un papel relevante como árbitro jurídico de las controversias entre los distintos poderes del Estado e integrador del complejo sistema de distribución territorial del poder. Pero el Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística, en la que se diriman con habitualidad creciente conflictos en última instancia esencialmente políticos.

LIBERTAD

Y, por último y por supuesto, la libertad, valor superior y condición esencial de la titularidad de los demás derechos. Libertad e igualdad son los fundamentos en que se asienta nuestro régimen constitucional. Asegurar el éxito de esta diarquía, y no dictar decisiones políticas con parcos ropajes jurídicos, constituyen, pues, las dos caras insoslayables de la alta tarea encomendada.

Autoridades, Señoras y señores, encaro como colofón de mis reflexiones anteriores la última parte de mi intervención.

En estos últimos años, el Tribunal Constitucional ha emitido múltiples decisiones, de las que el azar me ha hecho ponente, que afectan a la estructura del Estado, a los derechos de las minorías, a la legislación básica estatal, al acatamiento de la Constitución por los poderes autonómicos, a la suspensión de la autonomía de una Comunidad, o a la constitucionalidad de ciertos estados de excepcionalidad. No han sido tiempos fáciles. Nunca lo son. Ahora tal vez lo son aún un poco menos. Pero al respecto, repitamos lo obvio una vez más: el Tribunal cumple con su exigente cometido, que no es el de examinar cuestiones políticas, sino pretensiones jurídicas, aunque en el proceso latan contenciosos de hondo calado político. Nuestras decisiones se derivan de la posición orgánica del Tribunal, erigido, por decisión del poder constituyente, en su guardián y hermeneuta supremo, así como de la preeminencia sin excusas de la Constitución. Ello se vincula, a su vez, con el indefectible deber que tienen, de forma especial, todos los poderes públicos, de conformidad con el artículo 9.1 de nuestra Carta Magna, de cumplir y de hacer cumplir su letra y su espíritu. No nace la Constitución, desde luego, para proteger y acatar a la autoridad, sino que es la autoridad quien debe protegerla y acatarla.

Precisamente por ello proclama el preámbulo del Texto constitucional, que la voluntad de los españoles es la de «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular». La jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado este principio con profusión en años recientes. Recordemos, a título de ejemplo, la STC 42/2014, que subraya cómo la primacía incondicional de la Constitución «requiere que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella». Porque, señoras y señores, ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad. En España solo hay una soberanía, la soberanía nacional, la del pueblo español, expresada solemnemente el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución; y que da lugar a su precisión más firme en su artículo 2, que consagra la indisoluble unidad de la Nación dentro del respeto a sus nacionalidades y regiones. El pueblo español, y no otro, es el auténtico princeps legibus solutus de nuestra democracia constitucional. Ante él no caben desfasadas soberanías regias, ni superadas reservas de jurisdicción, ni tampoco paralelas soberanías parlamentarias, sin perjuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales. Por ello, y especialmente en el caso de la tutela de los derechos y libertades, el Tribunal no puede ni debe terminar a la postre haciendo mera Historia del Derecho. Como ya advirtió en 1917 Fernando de los Ríos, en su obra «La crisis de la democracia», soberanía nacional e imperio de la ley, y hoy también la Constitución, están indisolublemente hermanados.

Tengamos siempre presente la nítida distinción entre el poder constituyente, soberano, y los poderes constituidos, que reciben su legitimidad del Texto constitucional, tomando forma a través de órganos, instituciones, leyes y procedimientos que interactúan y se limitan. A esas leyes y procedimientos está también supeditado, por supuesto, este Tribunal. Desde esa aceptación, acatemos tanto los preceptos sustantivos de la Constitución como sus normas procedimentales, garantía ineludible de todo régimen constitucional. Respetemos íntegramente el bloque de la constitucionalidad y los usos que de él se derivan. Se pueden compartir o no los fines políticos. Pero, insisto, éstos se han de encauzar a través, como nos recuerda habitualmente Encarna Roca, de los procedimientos constitucionalmente previstos. Una idea obsesivamente reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano. Y atendamos, como decía antes, no solo a la estricta letra de la Norma normarum, sino también a su espíritu informador.

Conjuguemos la voluntad política, la voluntas, con la asistencia de la razón jurídica, la ratio. Preservemos las instituciones en su integridad e imagen. Resguardemos tanto en su forma como en su fondo el esencial pluralismo político, y especialmente los derechos de las minorías.

Con igual aplomo, cumplamos las obligaciones constitucionales, que no pueden posponerse, cualesquiera que sean las razones esgrimidas. Y satisfagámoslas, por lo demás, desde la colaboración entre órganos e instituciones y la sincera y comprometida lealtad constitucional.

No convirtamos los consensos y mayorías cualificadas previstas constitucionalmente en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido impasse. Tampoco difuminemos los pesos y contrapesos de nuestra Ley Fundamental, ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros.

De lo contrario, sin supremacía de la Constitución, ni imperio de la ley, sin checks and balances, sin un adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales, esto es, sin sujeción real y cumplimiento responsable por parte de los poderes públicos de nuestra Norma Superior, del ordenamiento jurídico y de las decisiones del Tribunal Constitucional, no habrá democracia, ni libertad, ni Constitución.

La historia nos previene, que si no atendemos estas señales, como sucede en otros escenarios, que no es necesario mencionar nominalmente, los más sombríos pozos de la autocracia nos aguardan. Homero relata en la Ilíada cómo Eris, la Discordia, «al principio es menuda … pero de pronto consolida en el cielo su cabeza mientras anda a ras de suelo, sembrando una contienda general». Y entonces, como apostillaba gráficamente Goethe, «el diablo le ha cogido a uno por el pescuezo».

Autoridades, Señoras y señores, Ahora sí, acabo ya. El motivo que nos congrega hoy aquí no es una despedida. Antes al contrario, celebramos una continuidad, en línea con su renovación por tercios, según mandata expresamente el artículo 159.3 de la Constitución. Protagonistas de este acto son, precisamente, los cuatro nuevos Magistrados y Magistradas a punto de integrarse en esta Institución. En representación de un Tribunal, que a partir de hoy será el suyo, les doy la bienvenida, y aprovecho para desearles el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

En sus memorias, Jean Monnet examinó la relación dialéctica que existe entre las instituciones fundadas por hombres y los hombres que sirven a esas instituciones, y su veredicto fue claro: «sólo las instituciones se vuelven más sabias, porque acumulan la experiencia colectiva». De igual forma, sin atribuir ni repartir responsabilidades, deseo resaltar la importancia del cumplimiento de los plazos y de los procedimientos para la renovación de un órgano constitucional como éste, así como la debida elección de los mejores y más aptos, si no queremos caer, como ha apuntado el presidente emérito Cruz Villalón, en la irrelevancia.

Ahora bien, me veo en la obligación de recordar que, pese a esta renovación, el Tribunal Constitucional permanece incompleto. Petición obligada a los operadores políticos, es, pues, que se proceda a cubrir la magistratura que dejó vacante el Magistrado Alfredo Montoya, insigne y comprometido jurista, a la mayor brevedad posible. El exhorto que realizo parte de una exigencia constitucional, que prescribe una composición completa y equilibrada del Colegio de Magistrados entre ponderadas sensibilidades diferentes, tal y como siempre ha sido el caso.

Quisiera testimoniar al Vicepresidente Juan Antonio Xiol y a los Magistrados Martínez Vares, Narváez y Montoya mi mayor agradecimiento. Extendido a los Magistrados que se quedan, Conde-Pumpido, Sáez, Arnaldo, y a las Magistradas Balaguer, Espejel y Montalbán. Queridos compañeros, ha sido el nuestro un periplo intenso, que me trae a la memoria el poema que Tennyson dedica a Odiseo, aventurero curtido por unas singladuras y viajes, que forjan su propia conciencia. Así nosotros también, tras una larga travesía, «compartimos un espíritu ecuánime …, fuerte en su deseo, siempre, de bregar, de buscar, de encontrar, pero nunca de ceder».

En nombre de quienes hoy abandonamos la Institución, manifiesto asimismo el agradecimiento a todos aquellos trabajadores que integran este Tribunal: Letrados, funcionarios y personal de Administración, Justicia y Servicios, Seguridad, Fiscalía y Abogacía del Estado. De manera más personal, quedando en deuda con todos ellos por su lealtad y compromiso, menciono a mis dos letrados adscritos, Isabel Benzo y Carlos Díaz Lirio; al Secretario General, Andrés Gutiérrez; al Jefe de Gabinete, Antonio Ramos; al Jefe de Prensa, Diego Carrasco; y a la Secretaría de la Presidencia: a Carmen Sánchez, a María del Mar García, y, como siempre, a Paloma Schüller, que me ha acompañado abnegadamente por vericuetos, desvelos y azares durante más de tres décadas. Dar las gracias es la más noble expresión, en frase de Chesterton, de la condición humana, y cumplo por tanto, con alegría, ese deber de estar permanentemente agradecido.

Amigos y amigas, estoy seguro de que el Tribunal Constitucional continuará defendiendo en el futuro la Constitución, en su espíritu e integridad, dando respuesta jurídica a las controversias planteadas en beneficio de nuestra convivencia. Una convivencia basada en los principios y valores inspiradores de nuestro Estado de Derecho, en la centralidad de nuestros derechos y libertades fundamentales, en la defensa de las instituciones y en la cohesión y la solidaridad entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Una convivencia que halla su horma en los contornos de una Europa que comparte los mismos ideales, los mismos principios y los mismos propósitos. Desde esta convicción, no me queda más que compartir un deseo humilde con todos ustedes: tengamos fe en el derecho, como pedía en 1940 el jurista italiano Piero Calamandrei, y hagamos todos lo posible, y hasta lo imposible, por adecuarnos al aleccionador mandato reseñado en el artículo séptimo de la Constitución de 1812: «Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución».

¡Que así sea!

Muchas gracias por su atención.

VI. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra † (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón † (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidenta (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps † (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas † (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017)

Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017)

Vicepresidenta (2013-2017)

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré † (2012-2020)

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas (2012-2021)

Presidente (2017-2021)

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías (2012-2021)

Vicepresidenta (2017-2021)

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara (2012-2021)