TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2021

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

NIPO AEBOE PDF: 090-20-111-0

NIPO AEBOE ePUB: 090-20-112-6

Depósito legal: M-8315-2021

Presentación

Pedro José González-Trevijano Sánchez

Como Presidente del Tribunal Constitucional desde noviembre de 2021, recae en mí el honor de presentar su Memoria anual, que ofrece al conjunto de la ciudadanía un pormenorizado recuento de sus distintas actividades durante el pasado año, y que da cuenta, en particular, de los resultados de su trabajo jurisdiccional.

Ante todo, desearía que mis primeras palabras registrasen el profundo agradecimiento del Colegio de Magistrados y de mí mismo, tanto hacia los magistrados eméritos del Tribunal que abandonaron la institución hace unos meses y que desempeñaron una encomiable labor, como, de forma más general, al conjunto de los letrados y a todos y cada uno del resto de trabajadores y funcionarios de esta institución, sin cuyo concurso y dedicación diarios, su funcionamiento sería imposible. Ello ha de hacerse extensivo, de igual forma, al personal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, que tan ejemplarmente ejerce su cometido ante nuestro órgano jurisdiccional.

Este agradecimiento a quienes trabajan en nuestra casa merece con justicia ser doble. Como todos sabemos y como hemos vivido, 2021, al igual que 2020, ha sido afectado por la pandemia del covid-19, la cual a través de sucesivas olas ha hostigado con crudeza a España, a Europa y a la mayor parte del mundo. En menor o mayor medida el coronavirus ha incidido tanto en nosotros como en todos aquellos más allegados personal, familiar o laboralmente.

Por tal razón, subrayo el emocionado recuerdo a quiénes fallecieron o padecieron los estragos de esta enfermedad, y me siento en la obligación de reconocer el esfuerzo que los trabajadores de esta institución han llevado a cabo para que, pese a las adversas circunstancias, el Tribunal Constitucional haya continuado en 2021 su andadura al servicio de los intereses generales.

De forma especial, personalizo este reconocimiento a todos los colectivos médico-sanitario, de limpieza, de mantenimiento o de policía, que han encarado en primera línea la enfermedad con una entereza y serenidad dignas de la más alta mención.

* * *

Tengo un claro concepto de los dos principios que guían al Tribunal Constitucional desde su nacimiento: por un lado, el cumplimiento en plenitud de su papel de intérprete supremo y de garante jurídico de la Constitución; por otro, y en consecuencia, el logro de la mejor impartición de justicia.

A la vez, dada la misma génesis de la Constitución española de 1978, que escapó de las parcialidades del constitucionalismo decimonónico español, a fin de consignar la síntesis jurídica de un consenso asumido por todos, el Tribunal Constitucional es un órgano llamado a integrar las diferentes visiones legítimas que concurren bajo el amparo de los preceptos constitucionales, actualizando, llegado al caso, el significado y alcance de nuestra Norma básica, esclareciendo sus mandatos normativos, e interpretando y aplicando las líneas maestras marcadas en su día por el poder constituyente.

Ambas reflexiones conllevan a que dos de las mayores prioridades de mi mandato como presidente estriben en aspirar a que todas las sensibilidades en el seno del colegio de Magistrados se vean escuchadas y representadas, superando rígidas divisiones enconadas, así como en redoblar los esfuerzos para consensuar nuestras decisiones jurídicas, sobre todo si estas se revelan singularmente significativas para el Estado y la sociedad.

Junto con esta aspiración, estimo necesario operar un mejoramiento de la interlocución del Tribunal Constitucional con los ciudadanos y los medios de comunicación. También es deseable profundizar en las relaciones institucionales con otros Tribunales Constitucionales y supranacionales, o con todas aquellas instituciones, especialmente las europeas e iberoamericanas, encargadas de defender y promover el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto a los ordenamientos democráticos.

* * *

Sin embargo, como decía antes, este pasado año la actividad del Tribunal Constitucional se ha visto dificultada por la epidemia, por más que hayamos asistido durante su curso a un notable crecimiento de la demanda ciudadana de justicia constitucional.

Si en 2020, en plena pandemia, se registraron 6.570 nuevos asuntos, en 2021 esa cifra ascendió hasta los 8.370, con un crecimiento del 27,39 por 100. Ello se explica en buena medida por el aumento de las solicitudes de amparo constitucional (8.294 en 2021, frente a 6.515 en 2020) y, en menor cantidad, de recursos de inconstitucionalidad (39 en 2021, 24 en 2020) y cuestiones de inconstitucionalidad (35 en 2021, 27 en 2020).

En su inmensa mayoría, los recursos de amparo hallaron su origen en procesos penales (4.255, el 51,30 por 100) y, por lo común, se formalizaron tras un último pronunciamiento del Tribunal Supremo (así sucedió en 4.450 casos, el 53,65 por 100 de los recursos de amparo, procedentes de los distintos órdenes jurisdiccionales). Fue así intensa la demanda de tutela judicial efectiva (6.600 recursos de amparo, el 79,57 por 100), destacando las reclamaciones del derecho a la igualdad y no discriminación (1.245 demandas de amparo, lo que supuso el 15,01 por 100).

Por lo que hace al resto de nuevos asuntos, sobresale el número de recursos de inconstitucionalidad promovidos por los diferentes grupos parlamentarios (26 de 39), que se completan con los recursos de contenido competencial: ocho promovidos por el Presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas y cinco por instituciones autonómicas respecto de leyes estatales. Los órganos judiciales elevaron, por su parte, 33 cuestiones de inconstitucionalidad, y el propio Tribunal se planteó dos cuestiones internas.

El Tribunal dictó 7.206 resoluciones en 2021, de las que 6.915 fueron definitivas. Por su entidad, deben ser mencionadas las 192 sentencias pronunciadas y los 115 autos emitidos.

De esos casi dos centenares de sentencias dictadas en el curso del año es conveniente traer a colación, en primer lugar, las SSTC 148/2021, de 14 de julio, 168/2021, de 5 de octubre, y 183/2021, de 27 de octubre, en las que el Pleno del Tribunal enjuició la conformidad con la Constitución de varios reales decretos de declaración del estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria causada por la covid-19.

La primera de estas sentencias anuló parcialmente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, norma con valor de ley que declaró el primer estado de alarma, al apreciar que la prohibición general de circulación por las vías de uso público representaba una extralimitación de sus límites, pues implicaba la suspensión del ejercicio del derecho fundamental; a idéntica conclusión llegó respecto de las restricciones de la libertad para mantener reuniones privadas o del derecho a elegir libremente el lugar de residencia. Además, declaró la nulidad de la habilitación al Ministro de Sanidad para modificar o ampliar las medidas limitativas de la libertad de empresa, ya que se impedía el cumplimiento de la obligación de información periódica al Congreso de los Diputados. Esta sentencia, acompañada por cinco votos particulares discrepantes, moduló los efectos de las nulidades declaradas.

A su vez, la STC 183/2021 declaró la nulidad parcial del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y su prórroga por un período único de seis meses, toda vez que dicha prórroga se otorgó sin que existiera certeza sobre las medidas a aplicar, ni su período de vigencia. Se declaró igualmente inconstitucional la atribución a los presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas de la condición de autoridades competentes delegadas, puesto que llevaba aparejado el ejercicio de potestades tanto de restricción de las libertades de circulación y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización de las limitaciones del propio decreto de declaración del estado de alarma. A idéntica conclusión llegó el Pleno con respecto a los plazos fijados para las comparecencias parlamentarias del presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, y la posibilidad otorgada a la Conferencia de Presidentes Autonómicos para proponer, transcurridos cuatro meses de vigencia de la prórroga, el levantamiento del estado de alarma. Frente a esta sentencia se redactaron cuatro votos particulares discrepantes.

De indiscutible transcendencia práctica puede calificarse asimismo la STC 182/2021, de 26 de octubre, que completó una serie de pronunciamientos sobre la adecuación a la Constitución de la regulación legal del impuesto sobre incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana que arranca de las SSTC 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre.

En la sentencia de 26 de octubre de 2021, el Pleno declaró la nulidad de los preceptos del texto refundido de la Ley de haciendas locales que establecían un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del tributo, pues se orillaba el principio de capacidad económica. La sentencia matizó los efectos de la nulidad acordada, descartando expresamente la revisión de las situaciones tributarias que hubieran adquirido firmeza al momento de su pronunciamiento. Ésta contó con un voto particular concurrente, firmado por el anterior presidente del Tribunal, y otro discrepante, suscrito por dos magistrados.

En relación con el ejercicio del ius puniendi del Estado, el Tribunal dictó dos sentencias particularmente relevantes en 2021.

En primer lugar, la STC 13/2021, de 28 de enero, que complementó la STC 172/2020, de 19 de noviembre, ambas pronunciadas en procesos que tuvieron por objeto diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En esta ocasión, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña, reiteró la interpretación conforme de diversos preceptos de la Ley ya establecida en la STC 172/2020 y añadió una nueva interpretación de conformidad con la Constitución respecto de la tipificación como infracción grave del incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras. A esta sentencia se formularon dos votos particulares.

En segundo término, en la STC 169/2021, de 6 de octubre, el Pleno resolvió el recurso de inconstitucionalidad en relación con el artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo la pena de prisión permanente revisable. Analizando su regulación general desde la perspectiva del Derecho comparado, y efectuado el oportuno juicio de proporcionalidad, la sentencia llegó a la conclusión de que el legislador satisfizo el requisito de taxatividad y superó el test de humanidad, y del principio de resocialización, pues se trata de una pena determinable conforme a criterios legales que posibilitan su individualización y el acceso al sistema de progresividad de grados, al tiempo que impone a los tribunales la obligación de realizar exámenes periódicos de la evolución personal del interno y de sus condiciones de reinserción social.

Por otra parte, la sentencia estableció la interpretación conforme de la revocación de la suspensión condicional de la pena en dos sentidos: solo podrá revocarse si se vuelve a delinquir o se infringen las prohibiciones y reglas de conducta fijadas en el auto de libertad condicional y, en ningún caso, podrá tal revocación impedir que el penado pueda obtener en un futuro una nueva revisión de la pena.

Particular importancia revistieron, a estos efectos, las cinco sentencias dictadas por el Pleno en los recursos de amparo promovidos por algunos de los condenados por la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de abril, pronunciada en la causa especial 20907-2017.

Las SSTC 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo; 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, y 184/2021, de 28 de octubre —de las que discreparon dos magistrados— desestimaron los correspondientes recursos de amparo al considerar que las garantías procesales habían quedado salvaguardadas en el proceso penal, donde no se habían quebrantado tampoco las libertades de expresión y opinión, ni se había atentado contra el derecho a la legalidad penal.

En otras tres sentencias —SSTC 170/2021, de 7 de octubre, 174/2021 y 175/2021, de 25 de octubre—, el Pleno desestimó los recursos de amparo promovidos por quienes, siendo al momento de los hechos presidente y consejeras del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, habían ignorado el mandato de suspensión de toda actividad tendente a celebrar una consulta ilegal, incurriendo en un delito de desobediencia.

En otras cinco sentencias este Tribunal enjuició diferentes incidencias procesales con eventual impacto en el derecho a la participación política y a la función representativa.

En las SSTC 69/2021, de 18 de marzo, 90/2021, de 22 de abril, y 105/2021, de 11 de mayo, se descartó también que la suspensión automática en el cargo parlamentario, resultante de la aplicación de lo establecido al efecto por la Ley de enjuiciamiento criminal, vulnerase el citado derecho fundamental.

En las SSTC 70/2021 y 71/2021, de 18 de marzo, el Tribunal pudo concluir, por lo demás, que la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de continuar con la celebración de la vista oral en causa especial por los delitos de sedición y rebelión, sin solicitar suplicatorio respecto de los acusados que habían sido elegidos miembros del Congreso de los Diputados, no había quebrantado el mencionado derecho fundamental. Debe hacerse hincapié en que estas sentencias rechazaron la extensión al caso de la doctrina sentada en la STJUE de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-502/19), sobre la inmunidad de desplazamiento de que gozan los miembros electos del Parlamento Europeo.

* * *

Por último, me gustaría destacar las actividades extrajurisdiccionales desarrolladas por el Tribunal en 2021.

Así, el Tribunal Constitucional estuvo representado en el acto homenaje a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento a los sanitarios en el Palacio Real de Madrid que tuvo lugar el pasado mes de julio.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha mantenido incólume su compromiso institucional, materializado en diversos actos, con las víctimas del terrorismo. En particular, el 14 de febrero de 2021 se cumplían 25 años del asesinato del que fuera segundo presidente de esta casa, Francisco Tomás y Valiente, a manos de la banda terrorista ETA. Coincidiendo con esta efeméride, no sólo tuvo lugar la ofrenda floral que dedica anualmente el Tribunal, sino que se celebró un acto solemne de entrega del valioso fondo documental del jurista por parte de su familia, a la que quisiera expresar mi agradecimiento.

Por otro lado, este año, por primera vez, tuvo lugar el 12 de julio el acto solemne de izado de la bandera nacional en honor al Tribunal Constitucional, organizado por el Estado Mayor de la Defensa con motivo del 41 aniversario de la Constitución y entrada en funcionamiento de la institución. Tendrá a partir de ahora una periodicidad anual y se suma a los tres actos solemnes que ya se celebran, y que son presididos por una alta autoridad del Estado.

Del 18 al 20 de noviembre se celebraron en Valencia las XXVII jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, que en esta ocasión abordaron la temática «El estado de alarma y Constitución». Traslado mi más cálida enhorabuena a todos quienes participaron en el evento, que alcanzó un alto nivel de excelencia académica.

Asimismo, hemos mantenido intacto nuestro esfuerzo por avanzar hacia la mayor cercanía con la sociedad. Ese compromiso del Tribunal ha merecido el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo informe de publicidad activa le otorga una puntuación del 100 por 100 por su cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley durante el año 2021, en línea con la excelente valoración alcanzada en ediciones previas.

Con ese mismo objetivo de aproximación a los ciudadanos, hemos seguido con la constante actualización de la web del Tribunal, con contenido jurisdiccional e institucional. Así, una de nuestras principales herramientas comunicativas han continuado siendo las notas de prensa —un total de 113— sobre las resoluciones del Tribunal, ya sean providencias, autos o sentencias. De manera semejante, el Tribunal ha proseguido impulsando su comunicación en las redes sociales; en Twitter se han alcanzado los 27.000 seguidores y se han obtenido casi 13.000.000 de impactos a lo largo del año —más del doble que en 2020.

En esta misma línea, del 13 al 21 de octubre, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid, se organizó el programa formativo para periodistas «El Tribunal Constitucional y los medios de comunicación». Fue una exitosa iniciativa, que contó con la participación de 28 periodistas, y que buscó mejorar la comprensión y el tratamiento de la información sobre el funcionamiento y las competencias del Tribunal en los medios de comunicación.

Este esfuerzo de cercanía tiene igualmente su reflejo en su política de puertas abiertas, que permite visitar en grupos la sede de forma gratuita. El pasado 31 de mayo se reanudaron dichas visitas ordinarias, suspendidas desde marzo de 2020 en el marco de la pandemia, con una reducción de aforo y de número de visitas por día.

En el ámbito internacional, hemos continuado, en ocasiones de manera virtual, con nuestra activa participación en diferentes foros, tanto bilateral como multilateralmente, profundizando nuestras relaciones con otras jurisdicciones constitucionales e instituciones.

Este Tribunal intervino en la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales participando en la reunión virtual del Círculo de Presidentes del XVIII Congreso de la CECC en febrero, auspiciada por el Tribunal Constitucional checo.

En septiembre este Tribunal intervino en la Conferencia internacional «UEunidos en la diversidad: entre tradiciones constitucionales comunes e identidades nacionales», organizada por la Corte Constitucional de Letonia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A nivel bilateral, me gustaría destacar, entre otras, las visitas recibidas por parte de delegaciones de los Tribunales Constitucionales de Moldavia (22 de octubre) y de Indonesia (1 de diciembre), órganos con las que se firmaron sendos memorándum de entendimiento en octubre y en diciembre respectivamente. Asimismo se recibió a las delegaciones del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (21 de octubre) y del presidente del Tribunal Supremo de Canadá (7 de julio).

En el dominio del Consejo de Europa, he de recalcar nuestra presencia en los actos solemnes organizados con ocasión de la apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo el 10 de septiembre, así como la reunión de trabajo realizada con el presidente de la Comisión de Venecia en la sede del Tribunal el pasado 2 de junio.

* * *

No quisiera terminar estas palabras sin reflejar mi deseo de que esta Memoria sea del agrado de todos sus lectores, esperando que en ella encuentren una fiel imagen del continuo y responsable trabajo que el Tribunal Constitucional se afana en llevar a término en cumplimiento de sus funciones encomendadas.

Madrid, 14 de marzo de 2022

I. Composición del Tribunal

Tras la decimotercera renovación parcial del Tribunal, verificada en noviembre de 2021 a propuesta del Congreso de los Diputados, se incorporaron los Excmos. Sres. don Juan Ramón Sáez Valcárcel[1] y don Enrique Arnaldo Alcubilla[2], y las Excmas. Sras. doña Concepción Espejel Jorquera[3] y doña Inmaculada Montalbán Huertas[4]. Los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos el jueves 18 de noviembre de 2021, cesando en esa fecha el Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente[5], la Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta[6] y el Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara[7].

Por Real Decreto 1038/2021, de 22 de noviembre (BOE núm. 280, de 23 de noviembre), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez. Mediante Real Decreto 1039/2021, de 22 de noviembre (BOE núm. 280, de 23 de noviembre), fue nombrado Vicepresidente del Tribunal, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente[8]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos, Vicepresidente[9]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García[10]

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez[11]

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho[12]

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar[13]

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón[14]

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón[15]

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel[16]

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla[17]

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera[18]

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas[19]

Por acuerdo de 19 de noviembre de 2021 (BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 2021), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en salas y secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas

Sala Segunda

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera

Sección Primera

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García, Presidente

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas

Sección Tercera

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez, Presidente

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla

Datos personales

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona,1946.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Madrid, 1937.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

A Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel

Madrid, 1957.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla

Madrid, 1957.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera

Madrid, 1959.

Magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas

Iznalloz (Granada), 1959.

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

[1] Nombrado por Real Decreto 1033/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[2] Nombrado por Real Decreto 1034/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[3] Nombrada por Real Decreto 1035/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[4] Nombrada por Real Decreto 1036/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[5] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

[6] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

[7] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[8] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio); Real Decreto 1038/2021, de 22 de noviembre (BOE de 23 de noviembre).

[9] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio); Real Decreto 1039/2021, de 22 de noviembre (BOE de 23 de noviembre).

[10] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[11] Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

[12] Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[13] Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[14] Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[15] Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

[16] Real Decreto 1033/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[17] Real Decreto 1034/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[18] Real Decreto 1035/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

[19] Real Decreto 1036/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por acuerdos de 21 de julio de 2017 y de 18 de junio de 2020, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Fue declarada la jubilación por edad del Letrado don Juan José González Rivas.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Don Carlos Ortega Carballo

Letrado del Tribunal de Cuentas, nombrado por resolución de 30 de enero de 2020.

– Don Ignacio Ulloa Rubio

Magistrado titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Segovia.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

– Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Marcial Viñoly Palop

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Don Nicolás Cabezudo Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid.

– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

– Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Doña María Ángeles García Frías

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

– Doña María José García-Valdecasas Dorrego

Abogada del Estado.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Doña Alicia González Alonso

Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Celia Martínez Escribano

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don José Núñez Núñez

Administrador Civil del Estado.

– Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Doña Argelia Queralt Jiménez

Profesora Agregada de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Don Ángel Sánchez Navarro

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Don Javier Zaragoza Tejada

Fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Antonio Luis Ramos Membrive, Diplomático, nombrado por resolución de la Presidencia de 16 de diciembre de 2021.

Secretarías de Justicia

Secretario de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y doña Carmen Martínez Montijano, nombrada por resolución de la Presidencia de 3 de febrero de 2021.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

El Gerente del Tribunal es don Carlos Fernández-Peinado Martínez, del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado.

Intervención

La Interventora del Tribunal Constitucional es doña Marta Carolina Hidalgo López, del cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. Por acuerdo de 18 de febrero de 2021 (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2021, cve: BOE-A-2021-2940), el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó un conjunto de disposiciones acerca del tratamiento de datos personales para el cumplimiento de sus funciones. Este acuerdo deroga expresamente el acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal, así como los acuerdos que lo habían modificado el 26 de marzo de 2009 y el 28 de abril de 2010.

El acuerdo de 18 de febrero de 2021 declara que el tratamiento de datos personales por el Tribunal Constitucional se lleva a cabo conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en lo que resulten aplicables. El órgano competente para desarrollar y hacer cumplir el acuerdo de 18 de febrero de 2021 es, bajo la autoridad de la Presidencia del Tribunal, la Secretaría General del Tribunal Constitucional, en calidad de responsable del tratamiento. Los responsables de los distintos servicios y unidades del Tribunal Constitucional deben asegurar la protección de los datos personales en los tratamientos que les corresponda realizar, en atención a sus cometidos respectivos, conforme a los principios de protección de datos establecidos en la legislación vigente. Asimismo, aquellas personas físicas o jurídicas que presten servicios al Tribunal Constitucional, por medio de relación contractual o de otro tipo, vienen obligados a asegurar en los mismos términos la protección de los datos personales en los tratamientos que realicen por razón de la relación que les una con el Tribunal. A su vez, el delegado de protección de datos del Tribunal Constitucional ejerce las funciones que determinan la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento (UE) 2016/679.

Es la Secretaría General quien se encarga de mantener actualizado el registro de actividades del tratamiento del Tribunal, el cual será accesible por medios electrónicos. También la Secretaría General determina las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicarse a fin de garantizar y acreditar que los tratamientos de datos que se lleven a cabo son conformes con la legislación en vigor y con las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad. También le corresponde atender al ejercicio por los interesados de sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, oposición y supresión.

El acuerdo de 18 de febrero de 2021, finalmente, deja claro que cuando se solicite al Tribunal que no se divulgue públicamente, en las resoluciones que se dicten en un proceso constitucional, la identidad o la situación personal de una persona se estará a lo dispuesto en el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales (BOE núm. 178, de 27 de julio de 2015).

II. Por Acuerdo de 19 de noviembre de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 2021, cve: BOE-A-2021-19206), se dispuso la composición de las Salas y Secciones del Tribunal tras su decimotercera renovación parcial, llevada a cabo el 18 de noviembre de 2021.

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

D) Conflictos constitucionales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad personal (art. 17 CE)

E) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

G) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

H) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales.

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes

I) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

b) Presunción de inocencia

c) Derechos a la asistencia letrada y de defensa

J) Legalidad penal (art. 25 CE)

K) Derecho a la educación (art. 27 CE)

L) Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE)

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2021 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 8.370 asuntos jurisdiccionales nuevos, es decir, 1.800 asuntos más que en 2020, año en el que habían ingresado 6.570 demandas de justicia constitucional. Este incremento de 27,39 por 100 se explica en gran medida por el crecimiento de las solicitudes de amparo constitucional (8.294 en 2021, frente a 6.515 en 2020). También se registró un incremento en el número de recursos de inconstitucionalidad (39 en 2021, frente a 24 en 2020) y cuestiones de inconstitucionalidad (35 en 2021, 27 en 2020). El número de conflictos positivos de competencia promovidos descendió de tres a uno; se presentó igualmente un conflicto negativo de competencia.

Las cifras proporcionadas ponen de manifiesto, una vez más, la persistente preponderancia de los recursos de amparo: 8.294, es decir, el 99,09 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La práctica totalidad de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 8.256, de los cuales 7.416 fueron interpuestos por personas físicas y 840 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos plantearon 33 demandas de amparo, el Defensor del Pueblo una y el Ministerio Fiscal otras dos.

Con respecto a su origen, persistió el ya tradicional predominio de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 4.255, el 51,30 por 100 (3.416, el 53,42 por 100 en 2020). Se incrementó el número de amparos procedentes de todos los órdenes jurisdiccionales. Así, las demandas procedentes del orden jurisdiccional civil ascendieron a 1.534, el 18,49 por 100 (en 2020 se registraron 1.154, el 17,71 por 100); del contencioso-administrativo se recibieron 2.101 demandas, el 25,33 por 100 (en 2020 fueron 1.585, el 24,32 por 100); desde el orden social ingresaron 334 demandas, el 4,02 por 100 (310, el 4,75 por 100 en 2020) y procedentes de la jurisdicción militar se plantearon 28 demandas de amparo (21 en 2020). Se promovieron igualmente 26 recursos de amparo frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, un número prácticamente idéntico al de 2020, cuando fueron 25 los recursos de amparo de procedencia parlamentaria. Hubo cuatro recursos de amparo electorales.

La mitad de los recursos de amparo se interpusieron tras un proceso judicial finalizado por resolución del Tribunal Supremo (4.450, un 53,65 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos procedieron de litigios y causas resueltos en última instancia por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (1.811, un 21,83 por 100), los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.241, el 14,96 por 100) y los tribunales superiores de justicia (440, el 5,30 por 100). Doscientos tres nuevos recursos de amparo se promovieron directamente tras el dictado de la resolución correspondiente por la Audiencia Nacional y nueve procedieron de la jurisdicción militar (en cuatro de ellos se había pronunciado el Tribunal Militar Central y los otros cinco traían causa de procesos finalizados en los tribunales militares territoriales).

En 6.600 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 79,57 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.245 demandas de amparo (15,01 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 848 invocaciones del derecho a la legalidad penal (10,22 por 100), las 504 del derecho a la libertad y seguridad (6,07 por 100) y las 304 de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen del artículo 18 de la Constitución (3,66 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 6.136 demandas de amparo constitucional (73,98 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE debemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías fuera, por cuarto año consecutivo, el que mayores invocaciones recibió (fue aducido en 2.457 demandas), seguido del derecho a la presunción de inocencia, en 1.537. Debe destacarse el notable incremento de las invocaciones del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, que pasó de 534 casos en 2020 a 1.130 en 2021, lo que representó un crecimiento del 111,61 por 100.

Se interpusieron 39 nuevos recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos, 26, fueron planteados por diputados o senadores (17 respecto de leyes estatales y los otros nueve frente a leyes autonómicas); el presidente del Gobierno interpuso ocho frente a leyes autonómicas. Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron cinco leyes estatales. El Defensor del Pueblo no interpuso ningún recurso de inconstitucionalidad en 2021.

A lo largo del año se presentaron dos cuestiones internas de inconstitucionalidad y los órganos judiciales presentaron otras 33 cuestiones de inconstitucionalidad. Los tribunales superiores de justicia plantearon 21 (tres en relación con leyes del Estado y 18 respecto de preceptos autonómicos con rango de ley). Los juzgados unipersonales plantearon nueve (dos y siete, respectivamente). El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional elevaron una cuestión cada uno, en relación con sendas leyes estatales. Las audiencias provinciales no plantearon ninguna cuestión de inconstitucionalidad.

El Gobierno de la Nación no promovió ningún conflicto positivo de competencia frente a normas y actos de las comunidades autónomas. El Gobierno vasco planteó un conflicto positivo de competencias en relación con un reglamento estatal. El único conflicto negativo de competencias se interpuso por una entidad mercantil.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 192 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó 54 de ellas, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 34 (23 en recursos de inconstitucionalidad, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro en conflictos positivos de competencia); las restantes 20 sentencias fueron pronunciadas en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno. La Sala Primera dictó 54 sentencias (52 resolutorias de recursos de amparo y dos recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento no se había reservado para sí el Pleno en el trámite de admisión) y la Sala Segunda, 84 (todas ellas en procesos de amparo).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 115 autos. El Pleno dictó 45 de ellos; las salas, 43 (la Sala Primera 23 y 20 la Sala Segunda); los restantes 29 autos fueron dictados por las distintas secciones (siete la Sección Primera, tres la Sección Segunda, ocho la Sección Tercera y nueve la Sección Cuarta).

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el art. 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 autos: diez del Pleno y dos de la Sala Primera. En dos de estos autos, ambos dictados por el Pleno, se formularon votos particulares (AATC 80/2021, de 15 de septiembre, al que se formularon dos votos discrepantes, y 95/2021, de 7 de octubre).

Ocho de estos autos se dictaron en procesos de inconstitucionalidad: Dos de ellos inadmitieron sendos recursos de inconstitucionalidad (AATC 7/2021, de 27 de enero, que inadmitió el recurso promovido por una fracción parlamentaria en relación con la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de modificación del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal; y 95/2021, de 7 de octubre, que hizo lo propio respecto del recurso promovido en relación con el preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 351.3 del Código penal). El ATC 68/2021, de 24 de junio, del Pleno, aceptó el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Tres autos inadmitieron otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2021 y 6/2021, de 27 de enero, que inadmitieron las cuestiones planteadas en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria; y ATC 65/2021, de 1 de junio, que inadmitió una cuestión que tenía por objeto la disposición transitoria primera de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19). En el ATC 81/2021, de 15 de septiembre, el Pleno del Tribunal planteó cuestión interna de inconstitucionalidad con respecto al artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Finalmente, el Pleno, en el ATC 8/2021, de 28 de enero, inadmitió a trámite un conflicto negativo planteado por una entidad mercantil en relación con un expediente de evaluación simplificada de impacto ambiental de obras.

Los cuatro autos restantes se dictaron en procesos de amparo: El ATC 66/2021, de 21 de junio, de la Sala Primera, denegó las medidas cautelares interesadas en una demanda de amparo promovida en pleito civil; el ATC 80/2021, de 15 de septiembre, del Pleno y al que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados, inadmitió un recurso de amparo promovido en causa penal; el ATC 90/2021, de 4 de octubre, de la Sala Primera, rectificó un error material padecido en la STC 139/2021, de 12 de julio, y el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, del Pleno, inadmitió varias recusaciones planteadas respecto del presidente y dos de los magistrados en distintos procesos de amparo.

Por auto se inadmitieron a lo largo de 2021 cuatro recursos de inconstitucionalidad (AATC 7/2021, de 27 de enero; 33/2021 y 34/2021, de 16 de marzo, y 95/2021, de 7 de octubre) y otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2021 y 6/2021, de 27 de enero; 65/2021, de 1 de junio, y 84/2021, de 15 de septiembre), dos recursos de amparo (AATC 75/2021, de 22 de julio, de la Sección Primera, y 80/2021, de 15 de septiembre, del Pleno) y un conflicto negativo de competencia (ATC 8/2021, de 28 de enero). Las inadmisiones acordadas en los AATC 33/2021 y 34/2021 hubieron de ser confirmadas en súplica por los AATC 58/2021 y 59/2021, de 11 de mayo.

En tres autos se acordó la terminación de los correspondientes procesos constitucionales: El Pleno acogió el desistimiento en un recurso de inconstitucionalidad en el ATC 68/2021, de 24 de junio, y la Sala Primera hizo lo propio en dos recursos de amparo (AATC 38/2021, de 19 de abril, y 63/2021, de 31 de mayo).

Mediante auto se resolvieron 23 recursos de súplica, 21 de ellos en procesos de amparo y dos en recursos de inconstitucionalidad (AATC 58/2021 y 59/2021, de 11 de mayo, confirmatorios de la inadmisión de sendos recursos en relación con el Decreto-ley del Gobierno de Murcia 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, y la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente). De los 21 autos dictados en procesos de amparo, 15 resolvieron recursos de súplica formulados por el Ministerio Fiscal respecto de otras tantas providencias de inadmisión y, los seis restantes, por los correspondientes solicitantes de amparo. Por lo que atañe a estos últimos, tres autos confirmaron en súplica la previa denegación de medidas cautelares (AATC 4/2021, de 27 de enero, al que se formuló un voto particular; 28/2021, de 16 de marzo, y 94/2021, de 5 de octubre); el ATC 21/2021, de 3 de marzo, hizo lo propio respecto de una reasignación de ponencia y el ATC 111/2021, de 16 de diciembre, confirmó en súplica lo acordado en el ATC 86/2021, de 16 de septiembre, que había inadmitido a trámite la recusación de todos los miembros del Tribunal Constitucional formulada en un recurso de amparo promovido en causa penal. A su vez, el ATC 62/2021, de 18 de mayo, estimó la súplica del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, que postulaba su derecho a no comparecer bajo la representación de un procurador.

Por lo que hace a los recursos de súplica planteados por el Ministerio Fiscal, en cinco casos se desestimaron, confirmando así la providencia de inadmisión (AATC 23/2021, de 10 de marzo; 35/2021, de 24 de marzo; 54/2021, de 29 de abril; 70/2021, de 29 de junio, y 73/2021, de 13 de julio); en nueve la estimación de la súplica vino acompañada de la retroacción de actuaciones para un nuevo estudio sobre la admisibilidad del recurso de amparo (AATC 24/2021, de 10 de marzo; 36/2021, de 5 de abril; 60/2021 y 61/2021, de 12 de mayo; 64/2021, de 31 de mayo; 87/2021 y 88/2021, de 27 de septiembre; 100/2021, de 4 de noviembre, y 108/2021, de 15 de diciembre) y en el ATC 45/2021, de 20 de abril, la estimación del recurso de súplica se completó con la inadmisión del recurso de amparo.

Por lo que a las medidas cautelares se refiere, el Pleno dictó tres autos en procesos de inconstitucionalidad: Levantó total o parcialmente la suspensión de leyes autonómicas, suspendidas en aplicación de los artículos 161.2 CE y 30 LOTC, en los AATC 74/2021, de 20 de julio, y 83/2021, de 15 de septiembre; en tanto que en el ATC 51/2021, de 22 de abril, mantuvo la suspensión de la disposición autonómica impugnada en conflicto positivo de competencia en el que se había invocado el artículo 161.2 CE, a los efectos del artículo 62 LOTC. En procesos de amparo se dictaron 34 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En diez de ellos se otorgó total o parcialmente la suspensión interesada (AATC 15/2021, de 15 de febrero; 27/2021, de 15 de marzo; 40/2021, 41/2021 y 44/2021, de 19 de abril; 55/2021, de 10 de mayo; 72/2021, de 12 de julio; 77/2021 y 78/2021, de 13 de septiembre, y 96/2021, de 28 de octubre) y en otros veintitrés se denegó. No obstante, en ocho de estos autos la denegación de la suspensión se acompañó de la orden de anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad (AATC 1/2021 a 3/2021, de 25 de enero; 11/2021 y 12/2021, de 15 de febrero; 71/2021, de 12 de julio; 92/2021, de 4 de octubre, y 103/2021, de 13 de diciembre). El ATC 97/2021, de 28 de octubre, del Pleno, acordó el archivo, por pérdida sobrevenida de su objeto, de la pieza separada de suspensión en recurso de amparo promovido por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y un miembro de su Consejo de Gobierno.

En seis autos se denegó la aclaración de tres sentencias (ATC 37/2021, de 19 de abril, de la Sala Primera, que denegó la aclaración de la STC 51/2021, de 15 de marzo; ATC 47/2021, de 21 de abril, donde el Pleno denegó la aclaración de la STC 68/2021, de 18 de marzo, y ATC 102/2021, de 13 de diciembre, igualmente de la Sala Primera, que denegó la aclaración de la STC 149/2021, de 13 de septiembre) y otros tantos autos denegaron la aclaración de sendos autos (ATC 43/2021, de 19 de abril, de la Sala Segunda, que denegó la aclaración del ATC 16/2021, de 15 de febrero, y AATC 49/2021 y 50/2021, de 21 de abril, del Pleno, que denegaron la aclaración del ATC 18/2021, de 16 de febrero). La Sala Primera rectificó dos errores materiales padecidos en las sentencias 31/2021, de 15 de febrero (ATC 26/2021, de 15 de marzo) y 139/2021, de 12 de julio (ATC 90/2021, de 4 de octubre) y la Sala Segunda hizo lo propio respecto de la sentencia 72/2021, de 12 de julio (ATC 79/2021, de 13 de septiembre). En tres autos la Sala Primera acordó la acumulación de sendos recursos de amparo (AATC 13/2021, de 15 de febrero; 25/2021, de 15 de marzo, y 91/2021, de 4 de octubre, en el que se acumularon hasta tres recursos de amparo).

En el ATC 85/2021, de 15 de septiembre, el Pleno aceptó una abstención en cuestión de inconstitucionalidad; en otros 15 autos se aceptaron otras tantas abstenciones en procesos de amparo y en los AATC 18/2021, de 16 de febrero; 93/2021, de 5 de octubre; 98/2021, de 28 de octubre, y 110/2021, de 16 de diciembre, el Pleno extendió la abstención acordada en el ATC 17/2021, de 16 de febrero, en un recurso de amparo. Los AATC 69/2021, de 24 de junio; 86/2021, de 16 de septiembre, y 107/2021, de 15 de diciembre, inadmitieron distintas recusaciones.

La Sala Primera dictó dos autos en incidentes de ejecución de sentencias dictadas en procesos de amparo —AATC 57/2021, de 10 de mayo, que estimó el incidente de ejecución de la STC 12/2021, de 25 de enero, y 89/2021, de 4 de octubre, que rechazó el incidente de ejecución de la STC 145/2019, de 25 de noviembre— y otro, la Sala Segunda (ATC 112/2021, de 17 de diciembre, resolutorio del incidente de ejecución de la STC 167/2015, de 20 de julio).

El Pleno planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad (ATC 81/2021, de 15 de septiembre) y otra la Sala Segunda (ATC 76/2021, de 13 de septiembre). Esta misma Sala desestimó la solicitud de revisión de una diligencia de ordenación que había sido dictada en proceso de amparo (ATC 16/2021, de 15 de febrero).

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2021 el Pleno admitió a trámite 49 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales y diez recursos de amparo. Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto cuatro recursos de inconstitucionalidad, otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto negativo de competencia y un recurso de amparo.

Por su parte, las salas admitieron a trámite 123 recursos de amparo (56 la Sala Primera y 67 la Sala Segunda). La Sección Primera dictó un auto de inadmisión de un recurso de amparo (ATC 75/2021, de 22 de julio). Las salas dictaron, asimismo, 6.436 providencias de inadmisión (3.276 la Sala Primera y 3.160 la Sala Segunda) y 286 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión (113 la Sala Primera y 176 la Sala Segunda). Como ya se ha indicado en su momento, tres providencias de inadmisión de la Sala Primera y ocho de la Sala Segunda fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal.

Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (6.981, cifra que resulta de la suma de las providencias de admisión, en su caso los autos de admisión en súplica, los autos y las providencias de inadmisión y los autos y las providencias de terminación de asuntos), solo el 2,63 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos de amparo para su posterior resolución por sentencia y el restante 97,37 por 100 conllevó el archivo del recurso.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. En 2021 la mayoría de los recursos de amparo admitidos a trámite lo fueron por la concurrencia de varios motivos de admisión (51, es decir el 38,35 por 100); el segundo lugar lo ocupó la ausencia de doctrina constitucional (25, el 18,80 por 100), seguido por las admisiones fundadas en la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por resoluciones judiciales (21, el 15,79 por 100). Quince recursos de amparo (el 11,27 por 100) fueron admitidos por apreciarse un eventual origen normativo de la lesión constitucional denunciada y otros nueve recursos (6,76 por 100), por la voluntad de aclarar o cambiar la doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna. Cinco recursos de amparo fueron admitidos por la voluntad de aclarar o cambiar la doctrina como consecuencia de cambios normativos, tres por la repercusión social o económica de la cuestión planteada, otros tres por sus consecuencias políticas generales y uno por la eventualidad de que se estuviera produciendo un incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o existieran resoluciones judiciales contradictorias.

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (2.299, el 35,70 por 100), seguida de la relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (1.659, el 25,77 por 100). La falta de subsanación de defectos procesales oportunamente comunicados al recurrente determinó la inadmisión de 737 demandas de amparo (11,45 por 100); la falta absoluta de justificación de la concurrencia del requisito de especial trascendencia constitucional de la demanda determinó la inadmisión de 644 demandas (10 por 100) y la falta de agotamiento de la vía judicial previa, la inadmisión de otras 641 (9,95 por 100). La constatación de la extemporaneidad del recurso conllevó la inadmisión en 219 ocasiones (3,40 por 100) y la inexistencia de la vulneración denunciada en 166 (2,58 por 100). En 28 ocasiones fueron varios los motivos que determinaron la inadmisión, en 23 la falta de invocación tempestiva de la vulneración en la vía judicial previa y en otras tantas fueron otros motivos distintos de los reseñados.

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2021 y los resueltos ese año, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 76 recursos, cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales; admitió a trámite 49 e inadmitió nueve mediante auto. Además, avocó once recursos de amparo para decidir sobre su admisión, admitiendo diez de ellos e inadmitiendo uno. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que el Pleno decidiera sobre su admisión dos recursos de amparo, seis recursos de inconstitucionalidad, 19 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto negativo de competencia.

El Pleno dictó 54 sentencias y resolvió —por sentencia o por auto de terminación— 56 procesos, con 57 asuntos (al estar uno de ellos acumulado). El Pleno finalizó el año con 90 asuntos pendientes de sentencia en otros tantos procesos (48 recursos de amparo previamente avocados, 41 recursos de inconstitucionalidad, 15 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia). Esto supuso un ligero incremento de la pendencia, que en 2020 se situaba en 89 asuntos y 88 procesos.

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 4.142 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.274 (dos por auto y el resto, por providencia) y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros 113 recursos que se hallaban pendientes de admisión (todos ellos por providencia). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 2.515 asuntos y de resolver por sentencia otros 54. Se produjo un incremento de la pendencia de asuntos, que en 2020 se situaba en 1.800 asuntos en fase de admisión y 50 en fase de sentencia.

En la Sala Segunda ingresaron 4.141 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.152 y dio por terminados, siempre mediante providencia, 173 recursos pendientes de admisión. Al finalizar el año quedaban pendientes de decidir sobre su admisión 2.522 demandas de amparo (1.536 en 2020) y de resolver por sentencia 64 recursos de amparo (cifra notablemente inferior a los 91 pendientes a 31 de diciembre de 2020).

Las secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2021 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 105 procesos, sin ninguno acumulado. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 48 recursos de amparo previamente avocados; 41 recursos de inconstitucionalidad; 15 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad 19 cuestiones de inconstitucionalidad, dos recursos de amparo avocados y un conflicto negativo de competencia.

En las salas se hallaban pendientes de sentencia 118 procesos de amparo, con igual número de asuntos: 54 en la Sala Primera y 64 en la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver sobre su admisibilidad ascendían a 5.037: 2.515 en la Sala Primera y 2.522 en la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2021 el Tribunal Constitucional dictó 23 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, nueve en cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro en conflictos positivos de competencia. La suma arroja un total de 38 sentencias resolutorias de otros tantos procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. El Pleno dictó 36 de estas sentencias y las dos restantes, la Sala Primera (SSTC 155/2021, de 13 de septiembre, y 167/2021, de 4 de octubre). En dos de estas sentencias el Tribunal declaró la pérdida sobrevenida del objeto de los correspondientes procesos constitucionales: SSTC 124/2021, de 3 de junio, que declaró extinto un recurso de inconstitucionalidad en el que se controvertía la constitucionalidad de los preceptos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que ya habían sido previamente anulados por la STC 110/2021, de 13 de mayo; y 185/2021, de 28 de octubre, que constata la extinción del conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declarativo del estado de alarma.

Las 23 sentencias dictadas por el Pleno en recursos de inconstitucionalidad versaron sobre pretensiones anulatorias respecto de leyes o normas con valor de ley estatales o autonómicas en materia de declaración del estado de alarma (SSTC 148/2021, de 14 de julio, y 183/2021, de 27 de octubre) y de comisiones delegadas del Gobierno (SSTC 110/2021, de 13 de mayo, y 124/2021, de 3 de junio); contratación pública (STC 68/2021, de 18 de marzo); Derecho civil (STC 157/2021, 16 de septiembre); Derecho penal (STC 169/2021, de 6 de octubre); entes públicos (STC 134/2021, de 24 de junio); financiación de las entidades locales (STC 40/2021, de 18 de febrero); función pública y clases pasivas (SSTC 38/2021, de 18 de febrero, y 111/2021, de 13 de mayo); ordenación de la economía (SSTC 74/2021, de 18 de marzo, y 112/2021, de 13 de mayo); protección de los consumidores (SSTC 72/2021, de 18 de marzo, y 156/2021, de 16 de septiembre); régimen lingüístico y actividades parlamentarias (STC 75/2021, de 18 de marzo); reparación de daños causados por actos de violencia política (SSTC 108/2021, de 13 de mayo, y 135/2021, de 24 de junio); seguridad ciudadana (STC 13/2021, de 28 de enero); seguridad social (STC 158/2021, de 16 de septiembre); tributos (SSTC 125/2021, de 3 de junio, y 186/2021, de 28 de octubre) y vivienda (STC 16/2021, de 28 de enero). En cuestiones de inconstitucionalidad el Pleno dictó siete sentencias en procesos que tenían por objeto normales estatales o autonómicas con rango de ley relativas a las siguientes materias: evaluación ambiental (STC 123/2021, de 3 de junio); financiación de la educación infantil (STC 159/2021, de 16 de septiembre); función pública (STC 109/2021, de 13 de mayo); legitimación procesal (STC 15/2021, de 28 de enero); sanciones penales y administrativas en el ámbito electoral (SSTC 126/2021, de 3 de junio, y 14/2021, de 28 de enero, respectivamente) y tributos (STC 182/2021, de 26 de octubre). La Sala Primera dictó otras dos sentencias resolutorias de sendas cuestiones de inconstitucionalidad que aplicaron la doctrina del Tribunal al enjuiciar disposiciones legales en materia de financiación de la educación infantil (STC 167/2021, de 4 de octubre, que aplicó la doctrina de la ya citada STC 159/2021, de 16 de septiembre) y seguridad social (STC 155/2021, de 13 de septiembre, que aplicó la doctrina de la STC 91/2019, de 3 de julio).

El Pleno dictó cuatro sentencias en otros tantos conflictos positivos de competencia. Tres de ellos habían sido planteados por consejos de gobierno autonómicos en relación con disposiciones generales estatales en materia de adopción internacional (STC 36/2021, de 18 de febrero), organización administrativa (STC 39/2021, de 18 de febrero) y subvenciones (STC 37/2021, de 18 de febrero). Finalmente, la ya mencionada STC 185/2021, de 28 de octubre, declaró extinto el conflicto planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se estableció el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que había declarado el estado de alarma.

En 17 de estas sentencias, todas ellas dictadas por el Pleno, se formularon votos particulares.

Durante 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional inadmitió por auto cuatro recursos de inconstitucionalidad (AATC 7/2021, de 27 de enero; 33/2021 y 34/2021, de 16 de marzo —confirmados en súplica por los AATC 58/2021 y 59/2021, de 11 de mayo—, y 95/2021, de 7 de octubre); cinco cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2021 y 6/2021, de 27 de enero; 65/2021, de 1 de junio, y 84/2021, de 15 de septiembre) y un conflicto negativo de competencia (ATC 8/2021, de 28 de enero). En el ATC 47/2021, de 21 de abril, denegó la aclaración de la STC 68/2021, de 18 de marzo, que había fallado un recurso de inconstitucionalidad planteado respecto de una ley estatal en materia de contratación administrativa; y en el ATC 68/2021, de 24 de junio, acordó el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2021 el Pleno del Tribunal dictó 15 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 19 leyes, disposiciones o actos con valor de ley del Estado (las SSTC 110/2021, de 13 de mayo, y 124/2021, de 3 de junio, se dictaron en recursos de inconstitucionalidad planteados en relación con el mismo precepto legal). Catorce de estas sentencias fueron dictadas por el Pleno y una por la Sala Primera (STC 155/2021, de 13 de septiembre). Once de ellas fueron dictadas en recursos de inconstitucionalidad y las otras cuatro, en cuestiones de inconstitucionalidad.

Como ya se ha indicado, en la STC 124/2021, de 3 de junio, el Pleno apreció la pérdida de objeto de un recurso de inconstitucionalidad suscitado en relación con un precepto del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico del COVID-19 que modificó la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que había sido anulado por la STC 110/2021, de 13 de mayo.

El Pleno acordó por auto la inadmisión de dos recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto normas estatales con rango de ley. El ATC 7/2021, de 27 de enero, inadmitió por extemporáneo el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados en relación con la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modificó el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal; y el ATC 95/2021, de 7 de octubre, hizo lo propio con el recurso formulado, asimismo por una fracción del órgano parlamentario, respecto del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código penal.

En nueve de las sentencias dictadas en procesos constitucionales que tenían por objeto leyes, disposiciones o actos con rango o valor de ley, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad, total o parcial, de 37 preceptos legales estatales y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros 18. Interesa hacer notar que entre los preceptos declarados inconstitucionales y nulos por la STC 183/2021, de 27 de octubre, figuran aquellos incluidos en el real decreto de prórroga del estado de alarma a los que alcanza, por conexión o consecuencia, la causa de nulidad apreciada en las normas del real decreto declarativo de este estado de emergencia.

Por otro lado, en la STC 68/2021, de 18 de marzo, se declaró, además, la no conformidad con el orden constitucional de distribución de competencias de nueve preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transpusieron al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Los efectos de la declaración de nulidad fueron objeto de modulación en las SSTC 111/2021, de 13 de mayo, que específicamente los difirió al 1 de enero de 2022; 134/2021, de 24 de junio, que salvó la eficacia de los nombramientos ya efectuados al amparo de la norma legal anulada; 148/2021, de 14 de julio, respecto de la suspensión del ejercicio de derechos fundamentales acordada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para hacer frente a la pandemia causa por la COVID-19; 155/2021, de 13 de septiembre, que preservó la intangibilidad de las situaciones administrativas firmes, y 182/2021, de 26 de octubre, en la que se precisó que no eran susceptibles de revisión las obligaciones tributarias devengadas por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza que, «a la fecha de dictarse» la sentencia, hubieran sido «decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme»; añadiéndose que «a estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha».

Como ya se ha indicado anteriormente, el Pleno dictó dos autos de inadmisión de sendos recursos de inconstitucionalidad en los que se postulaba la anulación parcial de dos leyes estatales. Concretamente, estos recursos de inconstitucionalidad se promovieron por más de cincuenta diputados respecto de la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modificó el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal (ATC 7/2021, de 27 de enero), y diversos apartados del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código penal (ATC 95/2021, de 7 de octubre).

En las SSTC 148/2021, de 14 de julio, y 183/2021, de 27 de octubre, el Pleno declaró la inconstitucionalidad parcial de las resoluciones que declararon, autorizaron y prorrogaron los dos estados de alarma nacionales declarados para afrontar la crisis sanitaria causada por la COVID-19.

En la primera de estas sentencias el Pleno estimó parcialmente el recurso interpuesto por más de 50 diputados en relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior y los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020. Concretamente, la STC 148/2021 concluyó que había incurrido en vicio de nulidad la prohibición general de circular por las vías de uso público, toda vez que se trataba de una medida que implicaba la suspensión del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de circulación. A idéntica conclusión llegó en el momento de enjuiciar las restricciones a la libertad de mantener reuniones privadas o del derecho a elegir libremente el lugar de residencia. Igualmente, la sentencia declaró la nulidad de la habilitación al ministro de Sanidad para modificar o ampliar (pero no para restringir) las medidas limitativas de la libertad de empresa, pues se trata de una potestad privativa del Consejo de Ministros, cuya transferencia, en los términos empleados por la norma con valor de ley controvertida, se tradujo en la elusión de la obligación de información al Congreso de los Diputados. Por otro lado, la STC 148/2021 moduló los efectos de su declaración de nulidad, salvaguardando expresamente las situaciones jurídicas resultantes, no solo de procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o de actuaciones administrativas firmes, sino tampoco las demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados; siempre que no se trate del ejercicio del ius puniendi del Estado, en su doble vertiente penal y administrativa sancionadora. Finalmente, la sentencia precisó que «al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar», su declaración de inconstitucionalidad «no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad de las administraciones públicas». A la STC 148/2021 se formularon cinco votos particulares discrepantes.

Por su parte, en la STC 183/2021, de 27 de octubre, el Pleno estimó parcialmente el recurso interpuesto por más de 50 diputados respecto de diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; la resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se autorizó la prórroga del estado de alarma declarado por el citado real decreto, y distintos preceptos del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020. Esta sentencia declaró la nulidad de la concesión de una única prórroga por seis meses del estado de alarma inicialmente declarado, acordada además sin que mediara certeza alguna acerca de qué medidas, cuándo y durante cuánto tiempo iban a ser aplicadas. Se declaró igualmente la nulidad, por conexión o consecuencia, de los diferentes plazos de comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, para la pertinente rendición de cuentas, así como de la posibilidad conferida a la conferencia de presidentes autonómicos para proponer, transcurridos cuatro meses de vigencia de la prórroga, el levantamiento del estado de alarma. Por último, la STC 183/2021 anuló los preceptos que atribuían a los presidentes de comunidades y ciudades autónomas la condición de autoridades competentes delegadas, confiriéndoles el ejercicio de potestades tanto de restricción de las libertades de circulación y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización de las limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma. Esta delegación desconoció la irrenunciable potestad del Congreso de los Diputados para decidir sobre las condiciones del estado de alarma, e impidió a la Cámara parlamentaria el ejercicio de la función de control político sobre la gestión de la emergencia. La sentencia que nos ocupa descartó expresamente que las nulidades acordadas afectaran por sí mismas, de manera directa, a los actos y disposiciones dictados sobre la base de los preceptos anulados durante su vigencia. Se formularon cuatro votos particulares discrepantes a la STC 183/2021.

Cuatro sentencias resolvieron procesos constitucionales en los que se controvertía la validez de diferentes preceptos de leyes orgánicas.

La STC 13/2021, de 28 de enero, resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Reiterando en lo pertinente la doctrina sintetizada en la STC 172/2020, de 19 de noviembre, el Pleno apreció la pérdida sobrevenida de objeto de los preceptos impugnados que habían sido anulados por esta última sentencia mencionada y reiteró la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos que tipifican, como infracción grave, el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; como infracción leve, la ocupación de inmuebles contra la voluntad de su titular y de vías públicas, así como el régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla. La STC 13/2021 declaró asimismo que la tipificación como infracción grave del incumplimiento de las restricciones a la navegación, reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras, no es inconstitucional siempre que se interprete que la conducta típica se refiere a las restricciones impuestas por motivos de seguridad ciudadana y que su incumplimiento provoque un perjuicio real para la seguridad ciudadana o una amenaza concreta. A esta sentencia se formularon dos votos particulares.

Las SSTC 14/2021, de 28 de enero, y 126/2021, de 3 de junio, resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG). En la primera de ellas el Pleno desestimó la cuestión planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y declaró que el artículo 153.1 LOREG, que tipifica como infracción el incumplimiento de todas las normas obligatorias de la Ley que no sean constitutivas de delito, no es inconstitucional, al no resultar contrario a los principios de taxatividad penal y seguridad jurídica. Esta sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados. Por su parte, en la STC 126/2021, el Pleno desestimó la cuestión planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 137 LOREG, que prevé la imposición de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. La sentencia concluyó que el precepto cuestionado no vulnera los principios de taxatividad y participación política en relación con la previsibilidad de la duración de la pena pues, al tratarse de una pena accesoria, su extensión temporal ha de coincidir con la correspondiente a la pena principal, en coherencia con lo dispuesto en el Código penal, al que expresamente se remite el precepto legal enjuiciado.

Finalmente, en la STC 169/2021, de 6 de octubre, el Pleno resolvió el recurso interpuesto por más de 50 diputados en relación con el artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, e introduce la pena de prisión permanente revisable. La sentencia declaró que la regulación de esta pena está amparada en la libertad del legislador, cuenta con una finalidad constitucionalmente válida —buscar una reacción penal más intensa frente a la vulneración de bienes jurídicos de más alto rango— y supera el juicio de proporcionalidad. Añade la STC 169/2021 que, examinada desde la perspectiva del Derecho comparado, esta respuesta penal no puede reputarse desequilibrada ni irrazonable. La pena en cuestión satisface el requisito de taxatividad y supera el test de humanidad y el principio de resocialización: se trata de una pena determinable conforme a criterios legales que posibilitan la individualización de la pena y el acceso el sistema de progresividad de grados del sistema penitenciario, e impone a los tribunales la obligación de realizar exámenes periódicos de la evolución personal del interno y de sus condiciones de reinserción social. Por último, la STC 169/2021 estableció la interpretación conforme de la revocación de la suspensión condicional de la pena en dos sentidos: solo podrá revocarse si se vuelve a delinquir o se infringen las prohibiciones y reglas de conducta establecidas en el auto de libertad condicional, y en ningún caso podrá tal revocación impedir que el penado pueda obtener en un futuro una nueva revisión de la pena. A la STC 169/2021 se formuló un voto particular discrepante suscrito por tres magistrados, uno de los cuales firmó asimismo un voto particular discrepante adicional.

Seis sentencias dictadas por el Pleno en 2021, todas ellas resolutorias de recursos de inconstitucionalidad, tuvieron por objeto cinco decretos-leyes aprobados por el Gobierno de la Nación. Las SSTC 110/2021 y 111/2021, de 13 de mayo, anularon diversos preceptos de los reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico del COVID-19, y 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo, respectivamente. En la primera de estas sentencias, el Pleno declaró inconstitucional y nula la modificación con carácter de urgencia de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia; mientras que en la segunda hizo lo propio con la reforma, igualmente con carácter de urgencia, del régimen de clases pasivas del Estado, toda vez que no guardaban la necesaria conexión de sentido con la causa común de extraordinaria y urgente necesidad que llevó a la adopción de los decretos-leyes: afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La anulación de la norma de urgencia en la STC 110/2021 determinó la extinción de otro recurso de inconstitucionalidad de idéntico objeto, como así se declaró en la STC 124/2021, de 3 de junio. Las tres sentencias ahora reseñadas —SSTC 110/2021, 111/2021 y 124/2021— cuentan con un voto particular discrepante.

Por su parte, en la STC 134/2021, de 24 de junio, el Pleno estimó parcialmente el recurso interpuesto por más de 50 diputados en relación con el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española y de su presidente. La previsión de sustitución del Senado por el Congreso de los Diputados en el nombramiento de los miembros del consejo de administración de la Corporación RTVE fue anulada por alterar un elemento esencial del control parlamentario de los medios de comunicación de titularidad estatal: la necesaria concurrencia de ambas cámaras en la designación de los miembros del consejo de administración. La segunda nulidad decretada trajo causa de la carencia de la necesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia apreciada y las medidas acordadas para hacerle frente. La STC 134/2021 descartó expresamente que las nulidades acordadas desplegaran efectos sobre los nombramientos de los consejeros y el presidente de la Corporación RTVE que se realizaron con posterioridad al real decreto-ley cuestionado. La sentencia cuenta con tres votos particulares, dos de ellos suscritos por dos magistrados.

En la STC 156/2021, de 16 de septiembre, el Pleno anuló las disposiciones del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que excluyeron a las personas jurídicas y entidades sin personalidad de la posibilidad de acogerse al sistema de devolución de cantidades indebidamente satisfechas a las entidades de crédito como consecuencia de cláusulas suelo abusivas, así como las reglas de imposición de costas procesales en los supuestos en los que no se plantee reclamación previa a través del procedimiento extrajudicial ante la entidad de crédito, por vulnerar el principio de igualdad de trato y el derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

Finalmente, en la STC 158/2021, de 16 de septiembre, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. De acuerdo con lo declarado por esta sentencia, los preceptos legales controvertidos se encuadran en la competencia estatal sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y no en la autonómica sobre asistencia social. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.

En la STC 68/2021, de 18 de marzo, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Se declaró la nulidad por extralimitación competencial de los preceptos que determinaban el órgano facultado para resolver, en el ámbito autonómico, el recurso especial en materia de contratación; regulaban la eficacia extraterritorial de las clasificaciones de empresas por las comunidades autónomas, y disponían la inserción en una sola plataforma electrónica del perfil de contratante de las entidades locales. También se declaró no conforme con el orden constitucional de competencias la extensión del ámbito de aplicación, como normas básicas, de distintos preceptos relativos a la previsión de plazos, fases de concursos, órganos competentes, pliegos de cláusulas administrativas y especificaciones técnicas de los contratos públicos; así como la habilitación al ministro de Hacienda y Función Pública para definir las especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos y sus modelos. Finalmente, se estableció la interpretación conforme con la Constitución de diferentes preceptos legales, entre ellos los atinentes a la determinación de los órganos administrativos competentes para proceder a la revisión de oficio en materia de contratación pública, la determinación de los plazos aplicables para la acreditación de la solvencia económica y técnica de las empresas a efectos de conservar una clasificación y las excepciones a la prohibición de incremento de gastos de personal.

La STC 155/2021, de 13 de septiembre, dictada por la Sala Primera, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación con el artículo 248.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Reiterando la doctrina sentada en la STC 91/2019, de 3 de julio, la sentencia que ahora se reseña declaró la nulidad del precepto legal en lo relativo al coeficiente de parcialidad para la determinación de la cuantía de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común padecidas por trabajadores a tiempo parcial, al vulnerar el derecho a la igualdad y representar una discriminación indirecta por razón de sexo: la desigualdad injustificada entre el tiempo real de cotización de los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo —a quienes efectivamente se les considera el tiempo materialmente cotizado—, también afecta negativamente a una proporción más alta de mujeres que de hombres, toda vez que aquellas suponen la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial.

Para cerrar este apartado cumple señalar que, en materia de tributos locales, se dictó la STC 182/2021, de 26 de octubre, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga. En esta sentencia, el Pleno declaró la nulidad de los preceptos del texto refundido de la Ley de haciendas locales que establecían un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. A diferencia de los casos que se hallaban en el origen de las SSTC 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, en esta ocasión sí existió un incremento del valor del bien transmitido efectivo, bien que inferior al calculado ope legis como base imponible; consecuentemente, la cuota tributaria consumió, sin agotar, una parte significativa del aumento real. La sentencia concluyó que mantener un sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la crisis económica resulta inconstitucional por contravenir el principio de capacidad económica demostrada por el contribuyente como criterio de imposición del tributo. La STC 182/2021 moduló los efectos de la nulidad acordada, descartando expresamente que conlleve la revisión, desde la fecha en que se dictó la sentencia, de i) las obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que hayan sido decididas definitivamente en resoluciones firmes y sentencias con valor de cosa juzgada; ii) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas y iii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada. A esta sentencia se formularon un voto particular concurrente y otro discrepante suscrito por dos magistrados.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2021 se dictaron 17 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de leyes de las comunidades autónomas. Dieciséis de ellas fueron dictadas por el Pleno —doce en recursos de inconstitucionalidad y cuatro en cuestiones de inconstitucionalidad— y la sentencia restante (STC 167/2021, de 4 de octubre) fue dictada, en cuestión de inconstitucionalidad, por la Sala Primera.

En estas sentencias, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad de 29 preceptos legales autonómicos y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros siete. Respecto de la primera de estas categorías de fallos, interesa señalar que en la STC 38/2021, de 28 de febrero, la anulación de una disposición transitoria de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco, se extendió al precepto correspondiente del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio. Igualmente, en las SSTC 72/2021, de 18 de marzo, y 109/2021, de 13 de mayo, se procedió a la extensión, por conexión o consecuencia, en los términos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la declaración de nulidad a preceptos legales distintos de aquellos que formaban el objeto de ambos procesos constitucionales. Con respecto a las sentencias que establecieron la interpretación conforme con la Constitución de preceptos legales autonómicos, cumple indicar que la STC 135/2021, de 24 de junio, reiteró la interpretación que de determinados preceptos de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, había establecido la STC 108/2021, de 13 de mayo.

En cuatro de estas 17 sentencias, dictadas en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley autonómicas, se formularon votos particulares.

El Pleno inadmitió por auto dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 33/2021 y 34/2021, de 16 de marzo; confirmados en súplica por los AATC 58/2021 y 59/2021, de 11 de mayo) y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 5/2021 y 6/2021, de 27 de enero; 65/2021, de 1 de junio, y 84/2021, de 11 de septiembre) que tenían por objeto normas autonómicas con rango de ley. También por auto, el Pleno acogió el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto en relación con diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía (ATC 68/2021, de 24 de junio). Siempre por auto, el Pleno mantuvo parcialmente la suspensión de los preceptos de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia (ATC 74/2021, de 20 de julio), objeto de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno con invocación expresa del artículo 161.2 CE; en tanto que acordó el levantamiento de esta misma medida cautelar en el caso de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral, también recurridos por el presidente del Gobierno (ATC 83/2021, de 15 de septiembre).

Cinco de estas sentencias se dictaron en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley aprobadas por la Generalitat de Cataluña.

La STC 16/2021, de 28 de enero, dictada por el Pleno del Tribunal, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados en relación con los Decretos-leyes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y 1/2020, de 21 de enero, de modificación del anterior. Reiterando en lo procedente la doctrina sintetizada en la STC 93/2015, de 19 de junio, la sentencia aquí reseñada declaró la inconstitucionalidad de aquellos preceptos que transgredían los límites materiales de los decretos leyes al afectar al derecho a la propiedad privada, como sucedía con la definición de las viviendas vacías; la consideración como supuesto de incumplimiento de la función social de la propiedad de la falta de ocupación de las viviendas de protección oficial; o, en fin, la previsión de las consecuencias del incumplimiento de los requerimientos dirigidos por la administración en relación justamente con la función social de la propiedad. La STC 16/2021 concluyó que el contenido de estos preceptos limitaba con especial intensidad el derecho de propiedad pues constreñía estrechamente al propietario mediante la imposición de órdenes o deberes normativos sujetos a la inspección y vigilancia de la administración, que, en caso de incumplimiento, podía imponer forzosamente la conducta legalmente definida mediante requerimientos, multas coercitivas o sanciones, llegando al extremo de la eventual expropiación de la vivienda.

En relación con las competencias tributarias de la Generalitat de Cataluña se dictaron dos sentencias. En la STC 125/2021, de 3 de junio, el Pleno desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una fracción parlamentaria en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia descartó que el sometimiento a tributación de las estancias de embarcaciones de crucero turístico en puertos del territorio autonómico representara un supuesto de doble imposición pues la tasa estatal ofrecida como contraste no grava el consumo, como sucede en el impuesto autonómico, sino que representa una contraprestación por la utilización del dominio público portuario. Por otro lado, la STC 125/2021 encuadró la habilitación legal al ayuntamiento de Barcelona, para la introducción de un recargo al impuesto controvertido, dentro de la competencia autonómica para la creación de recargos a los tributos propios. Por el contrario, la STC 186/2021, de 28 de octubre, dictada igualmente por el Pleno, anuló el precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, que fijaba el importe del mínimo personal aplicable al tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Reiterando doctrina sentada en anteriores sentencias (SSTC 161/2012, de 20 de septiembre, y 197/2012, de 6 de noviembre), la STC 186/2021 declaró que la introducción autonómica de un elemento objetivo ajeno a la regulación estatal del mínimo personal y familiar para modular su importe, en este caso procediendo al incremento de su cuantía, excede los límites de la cesión de competencias normativas sobre un tributo de titularidad estatal.

Las SSTC 159/2021, de 16 de septiembre, dictada por el Pleno, y 167/2021, de 4 de octubre, de la Sala Primera, resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación, en la redacción dada por el artículo 172.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril. Este precepto legal fijó la cuantía de la contribución autonómica al sostenimiento de plazas en las guarderías municipales en el período comprendido entre los cursos escolares 2012-2013 y 2018-2019. De acuerdo con la doctrina sentada en estas sentencias, la determinación por la propia ley de la cuantía de la subvención (425 € por plaza) se hace al amparo de las previsiones que al respecto contiene la Ley general de subvenciones, no vulnera la prohibición de irretroactividad, ni representa merma alguna del derecho que asiste a los ayuntamientos para instar el eventual control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa.

Otras tres sentencias enjuiciaron la validez de disposiciones normativas incluidas en dos leyes de la Comunidad Foral de Navarra. Las SSTC 108/2021, de 13 de mayo, y 135/2021, de 24 de junio, resolvieron sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes fracciones parlamentarias en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Esta ley derogó íntegramente la anterior Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, que había sido declarada parcialmente inconstitucional y nula en la STC 85/2018, de 19 de julio. Las SSTC 108/2021 y 135/2021 establecieron la interpretación conforme con la Constitución del mandato de colaboración dirigido a los poderes públicos navarros para contribuir al conocimiento de la verdad, que no puede entenderse como un equivalente o una alternativa a la función de los tribunales de fijar la verdad jurídica en el seno de un proceso con todas las garantías. Por esta misma razón, la comisión de reconocimiento y reparación instituida por la ley tiene vedado realizar investigación, averiguación y fijación extrajudicial de hechos que pudieran ser delictivos, limitándose su labor a la valoración de los hechos esgrimidos y de la documentación aportada por los solicitantes y por colaboradores de la comisión para dictaminar si guardan relación con los daños invocados por estos. Ambas sentencias cuentan con un voto particular. Por su parte, la STC 157/2021, de 16 de septiembre, dictada por el Pleno y a la que se formularon tres votos particulares, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho civil foral de Navarra o Fuero Nuevo, en tanto daba nueva redacción a diversas leyes de esta Compilación. La sentencia declaró la nulidad de la mención del principio de paridad de ordenamientos jurídicos, en la medida en que representaba la introducción de una norma de resolución de conflictos ajena a la competencia foral respecto del Derecho civil especial. Asimismo, estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos relativos a la inscripción registral de la filiación por reconocimiento que, en rigor, no incide en el carácter inscribible del reconocimiento, sino que regula el valor y la trascendencia de terceros interesados a la declaración de voluntad que implica el reconocimiento de la filiación en el momento en que esa declaración se formula; la cesión de créditos, que de acuerdo con la regulación amplia tradicional del Derecho foral navarro en la materia, no se limita a los litigiosos y que constituye una modulación de la institución, amparada por la competencia autonómica para la conservación del Derecho civil foral y que no infringe las bases de las obligaciones contractuales, que han de inferirse de la legislación estatal; y la dación en pago necesaria, cuya regulación no quebranta ningún principio estructural ínsito en la regulación de las obligaciones contractuales.

Dos sentencias enjuiciaron la constitucionalidad de sendas disposiciones legales aprobadas por el Parlamento del País Vasco. En cuestión de inconstitucionalidad, el Pleno dictó la STC 15/2021, de 28 de enero, y declaró inconstitucional y nulo el artículo 3.4 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, que establecía una acción pública para exigir el cumplimiento de la ley, tanto en vía administrativa como jurisdiccional. La sentencia concluyó que esta previsión legal no podía ser considerada una especialidad necesaria resultante de alguna particularidad del Derecho autonómico e hizo hincapié en que solo el Estado, actuando en ejercicio de la competencia sobre legislación procesal, puede determinar los supuestos de legitimación para accionar en vía judicial. Por otra parte, en la STC 38/2021, de 18 de febrero, el Pleno estimó un recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno y declaró inconstitucional la disposición transitoria décima de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco, que había introducido un sistema de consolidación del empleo en las plazas de policía local contrario a la legislación básica en materia de función pública.

En la STC 40/2021, de 18 de febrero, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados respecto del Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local. Constatada la satisfacción del requisito de la acreditación suficiente de la situación de extraordinaria y urgente necesidad, la sentencia apreció la existencia de conexión de sentido entre dicha situación y las medidas, de carácter esencialmente económico, que afectaban a la participación de los entes locales en dos fondos de titularidad autonómica, adoptadas para hacerle frente, sin apreciar que ninguna de estas medidas desconociera los límites materiales de los decretos-leyes.

La STC 72/2021, de 18 de marzo, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 54/2018, de 24 de mayo, la sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales que convirtieron en potestativa la obligación establecida por la legislación estatal de plasmación en papel del documento acreditativo del contrato, atribuían la condición de cláusula abusiva a la renuncia al derecho de comunicación de cesión de créditos e imponían a las entidades financiera que pretendieran ceder un préstamo hipotecario a un fondo de titulización la obligación de informar de esta circunstancia al prestatario. En relación con esta última previsión, la STC 72/2021 extendió la nulidad, por conexión o consecuencia, al precepto que tipificaba como infracción la falta de notificación en plazo del cumplimiento de esta obligación informativa.

En la STC 74/2021, de 18 de marzo, el Pleno estimó un recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno y declaró inconstitucional y nulo el artículo 19 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria, que definía el término «vino de frutas» contraviniendo lo establecido con carácter básico al respecto por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino. La contradicción entre la norma estatal básica, que de manera expresa limita la posibilidad de denominar vino al producto resultante de la fermentación de la uva, y el precepto autonómico, que extendía esta denominación al resultado de la fermentación de cualesquiera otras frutas diferentes de la uva, resultaba insalvable y condujo a la anulación de la norma autonómica por incurrir en un vicio de inconstitucionalidad mediata.

En la STC 75/2021, de 18 de marzo, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una fracción parlamentaria respecto del artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, en la redacción dada por la reforma de 1 de julio de 2020, que reguló el uso del bable asturiano en las actuaciones parlamentarias. Partiendo de la doctrina sentada en la STC 56/2016, de 17 de marzo, que subraya el amplio margen de que disponen los estatutos y las leyes autonómicas para configurar el régimen lingüístico propio, la sentencia llegó a la conclusión de que anudar determinados efectos al uso del bable/asturiano en el seno de la Junta General del Principado de Asturias no supone su reconocimiento como «medio normal de comunicación» ante todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico y no conlleva, por consiguiente, la atribución de carácter oficial a la lengua propia. La STC 75/2021 cuenta con dos votos particulares.

En la STC 109/2021, de 13 de mayo, dictada por el Pleno en cuestión de inconstitucionalidad, se declaró la nulidad del apartado primero de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de las Cortes Valencianas 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017; declaración que fue extendida al apartado segundo de este mismo precepto legal. En esta disposición adicional se establecía el régimen laboral asociado al cobro del complemento específico, excluyendo específicamente la posibilidad de que los jefes de servicio y de sección del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana pudieran compatibilizar su actividad en el sector público con el ejercicio privado de la medicina. La sentencia concluyó que esta previsión no puede considerarse contenido necesario ni eventual de la ley de presupuestos, lo que determinó su declaración de inconstitucionalidad y consiguiente anulación.

La STC 112/2021, de 13 de mayo, dictada por el Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. La sentencia hizo hincapié en que las competencias estatales para el establecimiento de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legislación civil y ordenación de la actividad económica, enmarcan pero no impiden el ejercicio de la competencia autonómica para la gestión de sus propios intereses. En este caso, la ley autonómica controvertida persigue una finalidad de protección ambiental y tiene por objeto la regulación de los usos del suelo destinada a recuperar la riqueza biológica y la conservación del ecosistema del Mar Menor, por lo que se encuadra genéricamente en las competencias autonómicas para la adopción de normas adicionales de protección ambiental y exclusiva sobre agricultura. Por otro lado, la conversión en obligatoria de la observancia del Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia encuentra amparo en la normativa de la Unión Europea y su trasposición por la legislación estatal.

Finalmente, en la STC 123/2021, de 3 de junio, el Pleno resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con los preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2007, de 9 de julio, de gestión integral de la calidad ambiental, que excluyen del sometimiento a evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle, así como sus revisiones y modificaciones. Partiendo del limitado objeto y alcance de estos instrumentos de ordenación complementaria en la normativa urbanística de Andalucía, la sentencia descarta que la exclusión de su evaluación ambiental estratégica contravenga las disposiciones básicas estatales en la materia pues no constituyen el marco para la futura redacción y autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental, sino que se agotan en sí mismos.

D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica «Conflictos constitucionales», la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos en defensa de la autonomía local. Durante 2021, el Pleno dictó cuatro sentencias en otros tantos conflictos positivos de competencia e inadmitió por auto un conflicto negativo de competencia (ATC 8/2021, de 28 de enero); también por auto, acordó el mantenimiento de la suspensión del Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (ATC 51/2021, de 22 de abril), que había sido impugnado en un conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación cuya desaparición sobrevenida, por pérdida de objeto, fue luego declarada en la STC 185/2021, de 28 de octubre.

Las tres sentencias del Pleno que abordaron el fondo de la controversia competencial resolvieron conflictos promovidos por ejecutivos autonómicos en relación con disposiciones generales aprobadas por el Gobierno de la Nación.

Destaca la STC 36/2021, de 18 de febrero, resolutoria del conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos del Reglamento de adopción internacional aprobado por el Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo. Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el conflicto se tramitó en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad y la sentencia definitiva declaró la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de tres preceptos de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, y veintiséis del Reglamento controvertido. La propia sentencia modula los efectos de la anulación acordada, especificando que no afectará a situaciones jurídicas consolidadas y difiriendo un año los efectos de la nulidad «con la finalidad de evitar que un vacío normativo inmediato perjudique a los menores de edad, en particular a los afectados por los expedientes de adopción internacional que, iniciados con anterioridad a esta resolución, se hallen actualmente en trámite». A la STC 36/2021 se formuló un voto particular discrepante.

Por otra parte, en la STC 37/2021, de 18 de febrero, el Pleno estimó en parte el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Reiterando la doctrina contenida en la STC 100/2019, de 18 de julio, la sentencia declaró inconstitucional la norma que imponía a los órganos legislativos autonómicos el deber de suministrar información a la mencionada base de datos nacional. A su vez, en la STC 39/2021, de 18 de febrero, el Pleno estimó el conflicto positivo planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, anulando el precepto del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La sentencia anuló la reserva en favor de la Administración General del Estado del ejercicio de competencias ejecutivas en materia de formación profesional, al invadir la competencia autonómica ejecutiva de la legislación laboral.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo de 2021, el Tribunal Constitucional dictó 156 sentencias en procesos de amparo: el Pleno dictó 20 de ellas, 52 la Sala Primera y 84 la Sala Segunda. En estas sentencias se resolvieron 159 recursos de amparo, pues en varias sentencias (SSTC 56/2021, de 15 de marzo; 103/2021, de 10 de mayo, y 133/2021, de 24 de junio) se resolvieron dos recursos de amparo cuya tramitación acumulada se había acordado previamente. A 31 de estas sentencias se formuló algún voto particular: nueve del Pleno, cinco de la Sala Primera y diecisiete de la Sala Segunda.

En lo que hace a su parte dispositiva, en 119 de estas sentencias se otorgó total o parcialmente el amparo; en 36 se denegó; y en la STC 52/2021, de 15 de marzo, la Sala Primera acordó la inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto. En dos sentencias —SSTC 107/2021, de 13 de mayo, dictada por el Pleno, y 173/2021, de 25 de octubre, por la Sala Primera— se acordó la inadmisión parcial del recurso y la desestimación de lo admitido, en tanto que en la STC 78/2021, de 19 de abril, la Sala Segunda estimó parcialmente el recurso que en parte inadmitió.

Dos recursos de amparo se inadmitieron a trámite por auto: AATC 75/2021, de 22 de julio, de la Sección Primera, y 80/2021, de 15 de septiembre, del Pleno; a este último auto se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados. También por auto se resolvieron 21 recursos de súplica: quince de ellos, formulados por el Ministerio Fiscal respecto de otras tantas providencias de inadmisión de recursos de amparo, y los otros seis por los correspondientes solicitantes de amparo. Por lo que atañe a estos últimos, tres autos confirmaron en súplica la previa denegación de medidas cautelares solicitadas por los demandantes de amparo frente a distintas resoluciones del orden jurisdiccional penal (AATC 4/2021, de 27 de enero, al que se formuló un voto particular; 28/2021, de 16 de marzo, y 94/2021, de 5 de octubre, en el que específicamente se controvertía la decisión de no adaptar inaudita parte medidas provisionales cautelarísimas); el ATC 21/2021, de 3 de marzo, hizo lo propio respecto del acuerdo de asignación de la ponencia de admisión adoptado por la presidenta de la Sala Segunda en aplicación de los criterios establecidos por el Pleno; y el ATC 111/2021, de 16 de diciembre, confirmó en súplica lo acordado en el ATC 86/2021, de 16 de septiembre, que inadmitió a trámite la recusación de todos los miembros del Tribunal Constitucional que había sido formulada en un recurso de amparo promovido en causa penal. Por el contrario, el ATC 62/2021, de 18 de mayo, estimó el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena en relación con la exigencia de que la entidad local compareciera representada por procurador en un recurso de amparo que había promovido.

Respecto de los recursos de súplica planteados por el Ministerio Fiscal, en cinco de los casos las secciones correspondientes acordaron su desestimación y confirmaron así la providencia de inadmisión (AATC 23/2021, de 10 de marzo; 35/2021, de 24 de marzo; 54/2021, de 29 de abril; 70/2021, de 29 de junio, y 73/2021, de 13 de julio). En otros nueve la estimación de la súplica vino acompañada de la retroacción de actuaciones para un nuevo estudio sobre la admisibilidad del recurso de amparo (AATC 24/2021, de 10 de marzo; 36/2021, de 5 de abril; 60/2021 y 61/2021, de 12 de mayo; 64/2021, de 31 de mayo; 87/2021 y 88/2021, de 27 de septiembre; 100/2021, de 4 de noviembre, y 108/2021, de 15 de diciembre). Y en el ATC 45/2021, de 20 de abril, la estimación del recurso de súplica se completó con la inadmisión del recurso de amparo.

El Tribunal dictó 34 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En diez de ellos se otorgó total o parcialmente la suspensión interesada (AATC 15/2021, de 15 de febrero; 27/2021, de 15 de marzo; 40/2021, 41/2021 y 44/2021, de 19 de abril; 55/2021, de 10 de mayo; 72/2021, de 12 de julio; 77/2021 y 78/2021, de 13 de septiembre, y 96/2021, de 28 de octubre) y en los otros veintitrés se denegó. No obstante, en ocho de estos autos la denegación de la suspensión se acompañó de la orden de anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad (AATC 1/2021 a 3/2021, de 25 de enero; 11/2021 y 12/2021, de 15 de febrero; 71/2021, de 12 de julio; 92/2021, de 4 de octubre, y 103/2021, de 13 de diciembre). Finalmente, el ATC 97/2021, de 28 de octubre, del Pleno, acordó el archivo, por pérdida sobrevenida de su objeto, de la pieza separada de suspensión en recurso de amparo promovido por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y un miembro de su Consejo de Gobierno.

En dos procesos de amparo se elevaron sendas cuestiones internas de inconstitucionalidad: En el ATC 76/2021, de 13 de septiembre, la Sala Segunda elevó cuestión de inconstitucionalidad en relación con los artículos 555.1 y 556 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y en el ATC 81/2021, de 15 de septiembre, fue el Pleno quien planteó cuestión interna respecto del artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Se dictaron tres autos de acumulación de procesos de amparo (ATC 13/2021, de 15 de febrero; 25/2021, de 15 de marzo, y 91/2021, de 4 de octubre, que acordó la tramitación acumulada de tres recursos), 21 aceptando distintas abstenciones y tres inadmitiendo diferentes recusaciones (AATC 69/2021, de 24 de junio; 86/2021, de 16 de septiembre —confirmado en súplica por el ATC 111/2021, de 15 de diciembre—, y 107/2021, de 15 de diciembre). Otros cinco autos denegaron la aclaración de anteriores resoluciones (AATC 37/2021, de 19 de abril, que denegó la aclaración de la STC 51/2021, de 15 de marzo; 43/2021, de 19 de abril, respecto del ATC 16/2021, de 15 de febrero; 49/2021 y 50/2021, de 21 de abril, que hicieron lo propio en relación con el ATC 18/2021, de 16 de febrero, y 102/2021, de 13 de diciembre, respecto de la STC 149/2021, de 13 de septiembre) y tres resolvieron sendos incidentes de ejecución de sentencia (AATC 57/2021, de 10 de mayo; 89/2021, de 4 de octubre, y 112/2021, de 17 de diciembre).

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

A lo largo de 2021 se dictaron 16 sentencias en procesos de amparo en los que se denunciaba la vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación.

Seis de estas sentencias conformaron una serie en la que se reiteró la doctrina sentada en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, que había declarado la nulidad de una orden de la Generalidad Valenciana que excluía del disfrute de becas de estudios a los alumnos matriculados en universidades privadas. Las SSTC 2/2021 y 6/2021, de 25 de enero; 19/2021, de 15 de febrero; 42/2021, de 3 de marzo; 138/2021, de 29 de junio, y 162/2021, de 4 de octubre, anularon diferentes disposiciones administrativas en las que se plasmaba esa misma exclusión, que el Tribunal calificó como vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes. A todas estas sentencias se formuló algún voto particular discrepante.

Otras cinco sentencias otorgaron el amparo interesado al apreciar distintos supuestos de discriminación. Así, la STC 51/2021, de 15 de marzo, estimó el recurso formulado por un funcionario de la administración de justicia que había sido objeto de sanción disciplinaria sin tomar en cuenta ni la discapacidad que padecía ni la petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo que había formulado en su momento. El Pleno, en la STC 172/2021, de 7 de octubre, otorgó el amparo al apreciar igualmente discriminación por razón de discapacidad a quien había sido objetivo de una diferencia de trato peyorativa por haber accedido a la situación de jubilación anticipada justamente como consecuencia de la discapacidad que padecía. La doctrina sentada en esta sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, fue posteriormente aplicada por la Sala Segunda en las SSTC 191/2021 y 192/2021, de 17 de diciembre. A su vez, la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo a una trabajadora que vio modificada su jornada laboral de tal modo que incidió negativamente en la reducción para el cuidado de hijos que le había sido otorgada previamente (STC 119/2021, de 31 de mayo).

En tres sentencias se desestimaron otros tantos recursos de amparo en los que se alegaban distintas discriminaciones. En la STC 1/2021, de 25 de enero, a la que se formuló un voto particular discrepante, la Sala Segunda denegó el amparo a quien, con invocación de la doctrina sentada en la STEDH de 8 de diciembre, asunto Muñoz Díaz c. España, había visto rechazada su solicitud de reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad tras el fallecimiento de su cónyuge en un matrimonio contraído por el rito gitano. La STC 81/2021, de 19 de abril, igualmente de la Sala Segunda y a la que también se formuló un voto particular, desestimó el recurso de amparo planteado en relación con las medidas adoptadas en expediente sobre escolarización de un menor y en el que también se alegaba, entre otros motivos, discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución. También la Sala Segunda dictó la STC 153/2021, de 13 de septiembre, que desestimó un recurso de amparo en el que se invocaban los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de sexo en relación con una decisión empresarial de cambio de puesto de trabajo en el ámbito sanitario (UCI pediátrica) en la que no se apreció la concurrencia de motivación discriminatoria alguna. Las SSTC 106/2021, de 11 de mayo, y 121/2021, de 2 de junio, ambas del Pleno, desestimaron sendos recursos de amparo promovidos por dos condenados en causa especial por delito de sedición que invocaban, entre otros, el derecho a no padecer discriminación por razón de lengua en relación con lo que consideraban una limitación del derecho de terceros a expresarse en catalán en una causa vista ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ambas sentencias cuentan con un voto particular parcialmente discrepante formulado por dos magistrados.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

En aplicación de doctrina constante, sintetizada en la STC 34/2008, de 25 de febrero, acerca del deber de investigación judicial eficaz de las denuncias de torturas que se dicen padecidas bajo custodia policial, la STC 166/2021, de 4 de octubre, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a un menor de edad que denunció haber sufrido agresiones durante su detención policial. En este caso la investigación se archivó pese a que existían diligencias potencialmente idóneas para el esclarecimiento de los hechos. La sentencia hizo hincapié en la necesidad de aplicar especial rigor en la investigación de denuncias por torturas en los casos de especial vulnerabilidad, como sucede en las detenciones incomunicadas y con los menores de edad.

D) Libertad personal (art. 17 CE)

Tres sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal. En la STC 73/2021, de 18 de marzo, el Pleno del Tribunal estimó el recurso de quien había padecido dilaciones en la contestación a una solicitud de incoación de un proceso de habeas corpus y que, cuando recibió respuesta, resultó ser negativa por razones atinentes al fondo: lo que, según doctrina constante —sintetizada en la STC 95/2012, de 7 de mayo—, es contrario a la esencia misma de esta garantía procesal de la libertad personal. La sentencia precisó, asimismo, que en los casos de habeas corpus es facultativo el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones con carácter previo a la promoción del recurso de amparo. A la STC 73/2021 se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por tres magistrados.

La STC 80/2021, de 19 de abril, de la Sala Primera, aplicó la doctrina de la STC 83/2019, de 17 de junio, conforme a la cual la declaración del secreto sumarial no exime al juez instructor de la obligación de facilitar al investigado el acceso a las actuaciones esenciales del expediente, de modo que pueda controvertir la legalidad de una medida cautelar de carácter personal. A su vez, la STC 147/2021, de 12 de julio, igualmente dictada por la Sala Primera, aplicó la doctrina de la STC 147/2020, de 19 de octubre, acerca de la imposibilidad de tramitar un procedimiento de extradición pasiva a partir únicamente de un escrito de la Fiscalía carente de refrendo judicial.

E) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

Dos sentencias desestimaron recursos de amparo en los que se alegaba la vulneración de los derechos a la intimidad y secreto de las comunicaciones (STC 99/2021, de 10 de mayo, dictada por la Sala Primera) y a la protección de datos de carácter personal (STC 160/2021, de 4 de octubre, de la Sala Segunda). La primera de estas sentencias no apreció la concurrencia de vicio alguno de constitucionalidad en la autorización judicial para la captación y grabación de comunicaciones orales mantenidas en el interior de sendos vehículos, que se prolongó por espacio de tres meses. En la segunda, la Sala negó relevancia constitucional al incumplimiento por la empresa del compromiso, asumido con los representantes de los trabajadores, de que las grabaciones sobre calidad de un servicio de atención telefónica no serían utilizadas a efectos disciplinarios; en especial, porque el trabajador despedido había sido reiteradamente advertido de lo incorrecto de su proceder, siendo en rigor su contumacia lo que determinó el cese de la relación laboral.

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

Las libertades de expresión e información fueron objeto de análisis en ocho sentencias dictadas en procesos de amparo, todas ellas desestimatorias.

En siete de esas sentencias se dio respuesta a diferentes denuncias de infracción de la libertad de expresión. La STC 5/2021, de 25 de enero, dictada por la Sala Segunda, denegó el amparo a los presidentes de federaciones territoriales que, en el marco de un proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, firmaron y publicaron una carta de apoyo al entonces presidente y candidato a la reelección. El Tribunal Administrativo del Deporte entendió que esta conducta había quebrantado el deber de neutralidad de los titulares de los órganos federativos y la STC 5/2021 negó que estuviera amparada por la libertad de expresión, habida cuenta de que la titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales están reservados a los ciudadanos particulares, pero no a órganos o representantes de una entidad que actúe en el desempeño de funciones públicas, cuyos actos han de estar siempre vinculados a los fines que les asigne el ordenamiento jurídico. La STC 93/2021, de 10 de mayo, de la Sala Primera y a la que se formuló un voto particular discrepante, denegó el amparo a quien, con ocasión del fallecimiento de un torero en el curso de la lidia, había expresado en redes sociales su alivio al tiempo que tildaba de asesino al diestro.

La STC 133/2021, de 24 de junio, dictada por el Pleno, resolvió dos recursos de amparo previamente acumulados que habían sido promovidos por cinco personas condenadas por un delito contra las instituciones del Estado con ocasión de la jornada de protesta en torno al Parlamento de Cataluña convocada con el lema «Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retalladles» («Paremos el Parlamento, no dejaremos que aprueben recortes»). La sentencia, a la que se formularon tres votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados, concluyó que la libertad pública que nos ocupa no amparaba una concentración frente a la sede de la Cámara que trataba de impedir el debate parlamentario y la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. La STC 170/2021, de 7 de octubre, igualmente del Pleno, denegó el amparo a un expresidente de la Generalitat de Cataluña que había sido condenado por un delito de desobediencia al no dar cumplimiento a una providencia de suspensión acordada por el propio Tribunal Constitucional en el curso de una impugnación de disposiciones autonómicas; para la sentencia, esta conducta no podía calificarse de ejercicio legítimo de las libertades ideológica y de expresión. Esta misma doctrina fue aplicada en las SSTC 174/2021 y 175/021, de 25 de octubre, ambas dictadas por la Sala Segunda, al desestimar los recursos de amparo promovidos por otras dos personas condenadas por idéntico delito en la misma causa penal. Finalmente, la STC 184/2021, de 28 de octubre, del Pleno, desestimó el recurso de amparo interpuesto por la expresidenta del Parlamento de Cataluña en relación con su condena, en causa penal tramitada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por un delito de sedición; la STC 184/2021, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, no apreció que la conducta enjuiciada pudiera calificarse como ejercicio de las libertades ideológicas y de expresión.

Por lo que respecta a la libertad de información, amén de rechazarse su vulneración en la ya reseñada STC 5/2021, de 25 de enero, interesa señalar que fue objeto de análisis en la STC 139/2021, de 12 de julio. En esta, la Sala Primera denegó el amparo a un diario digital que había sido condenado a publicar un escrito de rectificación que en su origen fue propuesto entremezclando aspectos estrictamente fácticos y otros de contenido valorativo. La STC 139/2021 subrayó que los órganos judiciales ostentan la facultad de modificar los escritos de rectificación en los que predominen los elementos fácticos, al tiempo que pueden disponer la corrección de las afirmaciones de carácter valorativo y no están obligados a aceptar o rechazar íntegramente el escrito propuesto por quien pretende ejercer su derecho de rectificación.

G) Ejercicio de funciones representativas y participación en los asuntos públicos (art. 23 CE)

Dos sentencias otorgaron el amparo en relación con sendas decisiones parlamentarias sin valor de ley. En la STC 53/2021, de 15 de marzo, la Sala Primera otorgó el amparo a un diputado de la Asamblea Regional de Murcia a quien se le había negado la tramitación de una iniciativa parlamentaria como consecuencia de la aceptación de un veto presupuestario gubernamental cuya suficiencia y razonabilidad no examinó la mesa de la Cámara; esta sentencia aplicó la doctrina sentada, entre otras, en las SSTC 223/2006, de 6 de julio, y 242/2006, de 24 de julio. Por su parte, el Pleno, en la STC 168/2021, de 5 de octubre, juzgó contraria al derecho a la participación política la suspensión de la tramitación de iniciativas parlamentarias acordada por la mesa del Congreso de los Diputados al concluir que esta medida impidió, durante su vigencia parcialmente coincidente con el primer estado de alarma declarado para gestionar la crisis sanitaria causada por la covid-19, el ejercicio de la función representativa y el control del Gobierno. A esta sentencia se formularon tres votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

Cinco sentencias desestimaron otros tantos recursos de amparo promovidos en relación con actos parlamentarios a los que se imputaba la vulneración de los derechos de participación política del artículo 23 CE: En la STC 66/2021, de 15 de marzo, la Sala Segunda denegó el amparo al grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con las dudas existentes acerca del mantenimiento de la condición de presidente de la Generalitat de Cataluña de quien había perdido su condición de diputado de la Cámara como consecuencia de una condena penal. Para la sentencia, tales dudas no perturbaron el ejercicio de las funciones representativas de los parlamentarios, quienes pudieron defender su posición en la asamblea legislativa autonómica. La STC 69/2021, de 18 de marzo, dictada por el Pleno, desestimó el recurso de amparo de quien se había visto privado temporalmente de su condición de diputado en el Congreso en aplicación de lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal; lo acordado en esta sentencia, que aplicó la doctrina contenida en la STC 97/2020, de 21 de julio, fue reiterado en las SSTC 90/2021, de 22 de abril, y 105/2021, de 11 de mayo. Por último, en la STC 137/2021, de 29 de junio, la Sala Segunda desestimó el recurso interpuesto por un portavoz parlamentario en relación con la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados denegando el uso de una dependencia de la Cámara para celebrar un encuentro interparlamentario de apoyo al Sáhara occidental, con ocasión de la cuadragésima tercera conferencia europea de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui, que tuvo lugar en noviembre de 2018.

Otras cuatro sentencias desestimaron recursos de amparo en los que se reprochaba a las resoluciones judiciales controvertidas la infracción de estos mismos derechos a la participación política y al ejercicio de los cargos representativos. En los casos resueltos por el Pleno en las SSTC 70/2021 y 71/2021, de 18 de marzo, se controvertía la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de continuar con la celebración de la vista oral en causa especial por los delitos de sedición y rebelión, sin solicitar suplicatorio respecto de los acusados que habían sido elegidos miembros del Congreso de los Diputados durante la tramitación del proceso. Las sentencias ahora reseñadas concluyeron que la actuación de la Sala enjuiciadora reflejó una adecuada comprensión de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria y rechazaron extender al caso la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la STJUE de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-502/19), sobre la inmunidad en desplazamiento de que gozan los miembros electos del Parlamento Europeo. La STC 76/2021, de 15 de abril, dictada por la Sala Primera y a la que se formularon tres votos particulares discrepantes, desestimó el recurso de amparo de quien no había sido declarado candidato en las elecciones a la Asamblea de Madrid por no ostentar la condición de elector en los términos exigidos por la ley electoral autonómica. Finalmente, en la antes mencionada STC 133/2021, de 24 de junio, el Pleno negó que la condena por un delito contra las instituciones del Estado resultante de la protesta convocada en torno al Parlamento de Cataluña con ocasión de la celebración del debate de presupuestos generales hubiera incurrido en vulneración alguna del derecho a la participación política.

H) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales

Siete sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción. Cuatro de estos amparos repararon la ausencia de revisión judicial de resoluciones dictadas por letrados de la administración de justicia: SSTC 23/2021, de 15 de febrero, y 54/2021, de 15 de marzo, de la Sala Primera, supuestos en los que la infracción constitucional trajo causa de la aplicación del precepto de la Ley de enjuiciamiento civil que había sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 15/2020, de 28 de enero; y SSTC 57/2021, de 15 de marzo, de la Sala Primera, y 136/2021, de 29 de junio, de la Sala Segunda, casos en los que el precepto de la Ley de enjuiciamiento criminal aplicado había sido anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre. En la STC 63/2021, de 15 de marzo, la Sala Segunda amparó a quien había visto cómo —en incorrecta aplicación de las reglas de derecho transitorio de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas—, se declaraba extemporáneo un recurso de alzada en vía administrativa, cegándole así la posibilidad de revisión judicial. Fue también la Sala Segunda quien dictó la STC 140/2021, de 12 de julio, que otorgó el amparo respecto de una decisión judicial que rechazó la fiscalización en el proceso individual de las causas justificativas de un despido colectivo con acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Finalmente, la misma Sala Segunda otorgó el amparo por infracción del derecho de acceso al proceso en un supuesto de indefensión causada por un emplazamiento mediante edictos, practicada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 190/2021, de 17 de diciembre).

En otras cinco sentencias se otorgó el amparo por vulneración del derecho de acceso al recurso legal. Las SSTC 11/2021, de 25 de enero, y 163/2021, de 4 de octubre, de la Sala Segunda, a las que se formularon dos votos particulares, y 164/2021, de 12 de julio, de la Sala Primera, otorgaron el amparo en aplicación de la doctrina sentada en las SSTC 128/2018, de 29 de noviembre, y 98/2020, de 22 de julio, acerca de la admisibilidad de los recursos de casación por infracción de norma autonómica. En la STC 96/2021, de 10 de mayo, la Sala Segunda otorgó el amparo en un supuesto en el que se había declarado la extemporaneidad de la formulación de un recurso de apelación ignorando el efecto interruptor de los plazos de la aclaración de la sentencia que se pretendía impugnar. Y en la STC 104/2021, de 10 de mayo, esta misma Sala otorgó el amparo en relación con una providencia de inadmisión del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones frente a una sentencia, dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque se afirmaba apodícticamente la procedencia del recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. La STC 104/2021 constató que la providencia estaba ayuna de toda argumentación acerca de la procedencia y eventual admisibilidad del citado remedio casacional. Por el contrario, en la STC 149/2021, de 13 de septiembre, la Sala Primera denegó el amparo a quien invocaba esta misma vertiente del derecho fundamental a la tutela judicial en un incidente de ejecución de una sentencia de divorcio en el que se había aquietado a las resoluciones del letrado de la administración de justicia, cuya revisión judicial no interesó, para luego replantear tardíamente sus pretensiones revocatorias en vía de apelación. En esta ocasión, la falta de diligencia procesal de la parte ejecutada fue decisiva para la producción del resultado que luego se pretendía reparar en vía de amparo constitucional.

b) Interdicción de la indefensión

Las SSTC 6/2019, de 17 de enero, del Pleno, y 47/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, habían establecido una doctrina acerca de la inadecuación de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la parte demandada, que fue reiterada en numerosas sentencias dictadas en 2021. Hasta en 30 sentencias se aplicó esa doctrina conforme a los criterios fijados en la STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno. Estas sentencias integraron una serie en la que se estimaron los recursos de amparo promovidos por dos entidades mercantiles en procesos civiles de reclamación de cantidad. La Sala Primera dictó 12 de estas sentencias: SSTC 9/2021 y 10/2021, de 25 de enero; 30/2021 a y 32/2021, de 15 de febrero; 56/2021, de 15 de marzo, que resuelve dos recursos previamente acumulados; 62/2021, de 15 de marzo; 103/2021, de 10 de mayo, recaída en dos recursos de amparo que habían sido acumulados; 129/2021, de 29 de junio, y 187/2021 a 189/2021, de 13 de diciembre. Por su parte, la Sala Segunda dictó otras 19: SSTC 25/2021 a 28/2021, de 15 de febrero; 44/2021 a 47/2021 y 49/2021, de 3 de marzo; 58/2021 y 59/2021, de 15 de marzo; 84/2021 a 86/2021, de 19 de abril; 100/2021, de 10 de mayo; 115/2021, de 31 de mayo; 142/2021, de 12 de julio; 176/2021 y 177/2021, de 25 de octubre. Debemos añadir que la Sala Primera, en la STC 131/2021, de 21 de junio, desestimó el recurso de amparo promovido por una de estas mismas entidades mercantiles en procedimiento de ejecución hipotecaria en el que invocaba una pretendida vertiente negativa del derecho de acceso al proceso del poseedor con título inscrito y llamado a la ejecución.

Esta misma doctrina acerca de la improcedencia de utilizar la dirección electrónica habilitada como vía para cursar el primer emplazamiento al proceso fue igualmente reiterada por las SSTC 33/2021, de 15 de febrero; 48/2021, de 3 de marzo, ambas de la Sala Segunda; 64/2021, de 15 de marzo, de la Sala Primera, y 89/2021, de 19 de abril, de la Sala Segunda.

En once sentencias se otorgó el amparo por indefensión causada por el emplazamiento al proceso mediante edictos sin haber apurado las posibilidades de que disponía el órgano judicial para la comunicación personal con el demandado. La Sala Segunda dictó nueve de ellas (SSTC 20/2021, de 15 de febrero; 43/2021, de 3 de marzo; 60/2021, de 15 de marzo; 82/2021 y 87/2021, de 19 de abril; 94/2021 y 97/2021, de 10 de mayo; 117/2021, de 31 de mayo, y 145/2021, de 12 de julio), en tanto que la Sala Primera dictó dos (SSTC 118/2021, de 31 de mayo, y 181/2021, de 25 de octubre).

La STC 79/2021, de 19 de abril, de la Sala Segunda, otorgó el amparo por indefensión en relación con las notificaciones practicadas por un juzgado de Zaragoza a través de un sistema informático de gestión cuya implantación no se había puesto en conocimiento de los colegios profesionales radicados fuera de Aragón. Por otro lado, en la STC 179/2021, de 25 de octubre, la misma Sala Segunda estimó el recurso promovido por una mercantil a la que se había intentado emplazar en la persona de un procurador que la representaba en un proceso distinto. La Sala Segunda denegó el amparo a quien alegaba indefensión pese a que tenía fehaciente conocimiento de la tramitación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el que decía haber padecido la lesión (STC 116/2021, de 31 de mayo) y la Sala Primera inadmitió por prematuro un recurso de amparo en el que se denunciaba indefensión (STC 52/2021, de 15 de marzo).

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

En 20 sentencias se otorgó el amparo por deficiencias en la motivación de las resoluciones judiciales controvertidas. Once de ellas aplicaron la doctrina sentada en la STC 31/2019, de 28 de febrero, del Pleno, que, partiendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, había hecho hincapié en la relevancia del control judicial de las cláusulas contractuales cuando una de las partes denuncia su carácter abusivo. La Sala Primera dictó ocho de estas sentencias (SSTC 8/2021 y 12/2021, de 25 de enero; 24/2021, de 15 de febrero; 77/2021, de 19 de abril; 92/2021, 101/2021 y 102/2021, de 10 de mayo) y la Sala Segunda las tres restantes (SSTC 50/2021, de 3 de marzo; 150/2021 y 154/2021, de 13 de septiembre). En todas ellas se anularon las resoluciones judiciales impugnadas, que, de manera inmotivada, habían dejado imprejuzgada la alegación relativa a la naturaleza abusiva de alguna cláusula contractual.

En aplicación de la doctrina sentada en la STC 46/2020, de 15 de junio, las SSTC 17/2021, de 15 de febrero, 55/2021 y 65/2021, de 15 de marzo, anularon sentencias dictadas en procesos de anulación de laudos arbitrales. En la STC 17/2021, la Sala Primera caracterizó la acción de anulación del laudo como un «remedio extremo y excepcional» previsto para reparar situaciones de indefensión efectiva y real u otras vulneraciones de derechos fundamentales, así como para salvaguardar el orden público español, sin que en ningún caso permita revisar cualesquiera infracciones procedimentales que aduzcan las partes. En las SSTC 55/2021 y 65/2021, la Sala Segunda hizo hincapié que la acción de anulación viene informada por los principios dispositivo y de justicia rogada.

La STC 61/2021, de 15 de marzo, dictada por la Sala Primera y a la que se formuló un voto particular discrepante, otorgó el amparo respecto de una sentencia laboral que, pese a declarar vulnerados los derechos fundamentales de una trabajadora cuyo ordenador fue monitorizado, denegó la petición de indemnización fundada en esa misma vulneración. Este resultado fue calificado por la STC 61/2021 de incongruente, ilógico y contradictorio.

En otros tres casos el defecto de motivación determinante de la concesión del amparo radicó en la desatención de pronunciamientos jurisdiccionales anteriores. En la STC 88/2021, de 19 de abril, se otorgó el amparo a quien viera desestimada su pretensión de otorgamiento de una concesión administrativa para el uso de un inmueble porque el órgano judicial que resolvió ignoró un pronunciamiento previo declarativo de la titularidad patrimonial del bien. En el caso resuelto por la STC 95/2021, de 10 de mayo, la inobservancia afectó a una resolución adoptada en el curso del propio proceso judicial puesto que se procedió a la tasación de costas ignorando la previa declaración del litigio como de cuantía indeterminada. Finalmente, en la STC 144/2021, de 12 de julio, a la que se formuló un voto particular discrepante, la definición como solidarias de las obligaciones dimanantes de la responsabilidad civil derivada de un delito cometido por un menor que llevó a cabo un juzgado de primera instancia desconoció lo previamente acordado por un juzgado de menores. Estas tres sentencias fueron dictadas por la Sala Segunda.

Por incumplimiento del deber de motivación reforzada se otorgó el amparo en la STC 113/2021, de 31 de mayo, de la Sala Segunda, respecto de un desalojo de vivienda en el que el órgano judicial no ponderó la incidencia de la medida sobre los menores y personas con discapacidad afectados. A esta sentencia se formuló un voto particular. En la STC 152/2021, de 13 de septiembre, de la Sala Primera, se concluyó que la resolución judicial impugnada había incurrido en un defecto de motivación al no aplicar debidamente una norma antidiscriminatoria de la Unión Europea, lo que, por otro lado, quebrantaba el principio de primacía del Derecho de la Unión. La Sala Segunda, en la STC 164/2021, de 4 de octubre, otorgó el amparo a un interno en un centro penitenciario a quien se le había denegado el acceso a la documentación elaborada con ocasión de una solicitud de permiso que le fue rechazada; la sentencia constató la falta de motivación de la resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria.

Finalmente, en dos sentencias el Pleno del Tribunal denegó el amparo solicitado para la reparación de una supuesta lesión de la vertiente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que nos ocupa. Primeramente, en la STC 34/2021, de 17 de febrero, el Tribunal declaró que el enjuiciamiento y condena, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de quien fuera consejera del Gobierno de la Generalitat de Cataluña hallaba incuestionable base legal explícita en las normas atributivas de competencia; la afirmación de su jurisdicción por parte del citado órgano judicial debía ser considerada una resolución jurídicamente fundada; también concluyó que resultaba motivada la determinación de la cuota diaria de la pena de multa impuesta. Con posterioridad, la doctrina de esta sentencia se reiteró en lo pertinente en la STC 67/2021, de 17 de marzo.

d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes

En la ya mencionada STC 95/2021, de 10 de mayo, la Sala Segunda descartó que la desatención de la declaración de un proceso como de cuantía indeterminada, en el momento de proceder a la resolución del incidente de tasación de costas, diera lugar a una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. De acuerdo con lo afirmado en la STC 95/2021, cuando la tasación omite toda referencia a la cuantía del procedimiento no es esta faceta del derecho fundamental la afectada porque no se menoscaba la eficacia atribuida por el ordenamiento a la sentencia.

Distinto fue el caso de la STC 173/2021, de 25 de octubre, donde la Sala Primera constató esa vulneración en relación con una sentencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que ignoró el efecto positivo de la cosa juzgada material en un proceso de revisión de una pensión ordinaria de jubilación forzosa. Concretamente, la lesión se produjo porque el tribunal sentenciador hizo caso omiso del pronunciamiento firme anterior que reconocía el derecho de la actora a integrarse en un grupo funcionarial de nivel superior, con los consiguientes efectos en la determinación de haberes reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de su pensión de jubilación.

I) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

El Pleno del Tribunal dictó cinco sentencias en las que resolvió, en sentido desestimatorio, los recursos de amparo promovidos por algunos de los condenados por la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de abril, pronunciada en la causa especial 20907-2017: SSTC 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo; 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, y 184/2021, de 28 de octubre. Todas estas sentencias cuentan con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.

Las SSTC 91/2021, 106/2021, 121/2021 y 184/2021, con una fundamentación sustancialmente idéntica, descartaron las alegadas vulneraciones de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y al doble grado de jurisdicción penal, toda vez que los argumentos dados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para asumir la competencia objetiva para la investigación y enjuiciamiento de los hechos objeto de la causa no podían ser tildados de arbitrarios o irrazonables, sino que estaban debidamente justificados y se fundaban en las reglas procesales ordinarias de conexidad. Tampoco se apreció vulneración alguna de la imparcialidad judicial, en particular porque se diferenciaron adecuadamente las funciones del magistrado instructor, la sala de recursos y la sala de enjuiciamiento; además, la intervención del presidente de la Sala en el interrogatorio de testigos no quebrantó el principio acusatorio. En relación con el derecho a la igualdad de armas en el proceso, se declaró, tomando en consideración el desarrollo del juicio en su integridad, que ninguna de las quejas alegadas revestía entidad suficiente para representar una quiebra en la neutralidad judicial ni una merma en el derecho de defensa. Se descartó igualmente la vulneración de los derechos a la prueba y a la presunción de inocencia: la motivación empleada por el Tribunal Supremo para denegar tanto el acceso a unas actuaciones judiciales, como la práctica de algunas pruebas, fue suficiente; y la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia no constituía el objeto del proceso.

También en relación con las garantías del proceso, las SSTC 91/2021, 106/2021 y 121/2021 declararon que los derechos de defensa y a no ser discriminado por razón de la lengua fueron respetados, pues la Sala enjuiciadora reconoció expresamente a los recurrentes el derecho a expresarse en catalán en sus declaraciones. Las mencionadas sentencias descartaron la pretendida vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por la denunciada filtración del contenido de la sentencia, puesto que las noticias aparecidas en los medios de comunicación carecieron de entidad suficiente para poner en cuestión la imparcialidad de la Sala. La STC 91/2012 rechazó igualmente la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por la imposición de penas superiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal, toda vez que las defensas tuvieron conocimiento en todo momento de las calificaciones jurídicas de los delitos por los que se les acusaba y de las diversas opciones y límites penológicos. A su vez, las SSTC 106/201, 121/2021 y 184/2021 rechazaron el reproche de falta de motivación en la individualización de la pena privativa de la libertad, concretamente, en lo concerniente a su duración, pues la Sala individualizó las penas en función de la conducta de cada partícipe, su protagonismo y la gravedad objetiva del delito imputado.

La STC 184/2021 dio respuesta específica a las alegaciones de la recurrente estrechamente relacionadas con el ejercicio del cargo que ostentaba —presidenta del Parlamento de Cataluña— en el momento de cometer los hechos por los que fue condenada. Por un lado, declaró que de ninguna de las deficiencias que se decían padecidas durante la celebración del juicio oral se infiere la vulneración de las garantías procesales constitucionales, y en particular las quejas relativas a la situación de prisión provisional, cuya constitucionalidad había sido expresamente declarada por la STC 5/2020, de 15 de enero. De igual modo rechazó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia supuestamente padecida en el pronunciamiento condenatorio, dado que en diferentes partes de la fundamentación jurídica se hace referencia al contenido de distintos medios probatorios y se plasman las conclusiones que de ellos extrae la Sala enjuiciadora. En cuanto a la supuesta desigualdad de trato sufrida por la recurrente respecto de los restantes miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, a los que se juzga por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solo por el delito de desobediencia, se afirmó que la Sala enjuiciadora no basó la responsabilidad penal de la recurrente como coautora en argumentos manifiestamente irrazonables o caprichosos, sino en el hecho de no haber impedido, mediante el ejercicio de las facultades que ostentaba como presidenta de la Cámara y de la mesa, la tramitación y admisión de iniciativas parlamentarias claramente opuestas a los mandatos del Tribunal Constitucional. No padeció la inviolabilidad parlamentaria desde el momento en que la acusada impulsó activamente la admisión, tramitación, debate y votación de iniciativas parlamentarias que sirvieron de soporte a las decisiones adoptadas por la Cámara, tendentes a dar inicio al denominado «proceso constituyente»; actividades todas ellas que no están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria al desviarse manifiestamente de la finalidad institucional de esta prerrogativa. Asimismo, se rechazó la alegación de falta de previsibilidad y persecución de un objetivo de interés general de la condena impuesta a la acusada, pues la propia finalidad de la estrategia a cuya concertación ella contribuyó decisivamente hizo necesaria la adopción de medidas tendentes a preservar el orden constitucional que se pretendía subvertir.

En cuanto al derecho a la legalidad penal, las SSTC 91/2021, 106/2021, 121/2021 y 184/2021 concluyeron que la norma penal que tipifica el delito de sedición no infringe el mandato de taxatividad, que la exclusión de la aplicación del principio de accesoriedad limitada y la subsunción de los hechos en la norma penal realizada por la Sala enjuiciadora fue razonable y que los comportamientos enjuiciados son susceptibles de ser incardinados en otras normas del actual texto punitivo. En estas sentencias también se descartó, en relación con la proporcionalidad de la pena, la existencia de un desequilibrio manifiesto y no justificable entre la sanción impuesta y la finalidad de la norma punitiva. En particular, la STC 106/2021 rechazó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la vulneración de la prohibición del bis in idem material: no fue la condición de autoridad sino la conducta personal del demandante —miembro del Consejo de Gobierno de la Generalitat al momento de comisión del delito— y su protagonismo en los hechos lo que justificó razonadamente la individualización de la pena impuesta asignándole seis meses más del límite inferior legalmente establecido.

Tampoco se apreció efecto desaliento ni vulneración de los derechos a la libertad de expresión, libertad ideológica y derecho de reunión. Concretamente en las SSTC 91/2021 y 106/2021 se descartó la vulneración de tales derechos porque los demandantes se valieron de su condición de cargo público para realizar una actividad que no se correspondía con el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Tampoco cabría hablar de efecto desalentador del ejercicio de los derechos, dado que la condena de los recurrentes no se deriva de su participación en los actos multitudinarios de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, sino de su participación como miembros del Gobierno de la Generalitat en actos contrarios a Derecho. En esta condición, lo que pretendían los recurrentes era neutralizar las decisiones adoptadas tanto por este Tribunal como por los órganos judiciales sirviéndose de la movilización ciudadana. En cambio, la STC 121/2021 descartó el efecto desalentador y la vulneración de estos derechos basándose en que no se enjuició la exteriorización de disidencias políticas ni la promoción de protestas multitudinarias, sino el comportamiento del recurrente dirigido a impedir la aplicación de las leyes y a neutralizar las decisiones adoptadas por este Tribunal y otros órganos judiciales. Además, la condena impuesta al recurrente —presidente de Asamblea Nacional Catalana al momento de producirse los hechos enjuiciados— fue proporcionada aunque su conducta no tuviera lugar en el ejercicio de un cargo público, pues el liderazgo que ejerció sobre los movilizados el día 20 de septiembre de 2017 y la promoción que llevó a cabo de la votación del día 1 de octubre del mismo año fueron decisivos para dar soporte o continuidad al proceso con el que se perseguía crear un Estado catalán independiente en forma de república.

La STC 122/2021, de 2 de junio, reiteró en lo pertinente la doctrina de la STC 91/2021 en relación con los derechos a un juez ordinario predeterminado por ley, al doble grado de jurisdicción penal, a un juez imparcial, a la defensa y al derecho a no ser discriminado por razón de lengua, a la igualdad de armas en el proceso, a la prueba y a la presunción de inocencia. Rechazó la vulneración del derecho a la legalidad penal, dado que la sentencia condenatoria no se fundaba en una interpretación del delito de sedición ni en una subsunción de la conducta del recurrente en este tipo penal irrazonable. Respecto de la alegada falta de proporcionalidad de las penas, no apreció incumplimiento de las exigencias del principio de proporcionalidad de la pena contempladas desde la perspectiva que ofrece la relevancia de los bienes jurídicos aquí penalmente tutelados. Del mismo modo, excluyó la vulneración del principio de personalidad porque existía una estrategia concertada por los intervinientes, a cuyo desarrollo contribuyó el recurrente. Tampoco apreció vulneración del derecho a la reunión pacífica puesto que la condena no se impuso por un llamamiento abstracto a la movilización ciudadana, el contenido de protesta de la convocatoria asociado a la prohibición del referéndum o la propuesta política que la sustenta, sino por la simultánea aceptación e incitación al incumplimiento de la Constitución, la ley y los mandatos judiciales emitidos para tutelarla. Finalmente, la sentencia descartó el paralelismo entre el caso objeto de enjuiciamiento y la STEDH Rashad Hasnov y otros c. Azerbaiyán, de 7 de junio de 2018, y rechazó —como también ocurrió en la STC 184/2021— la alegación relativa a la restricción indebida de la libertad personal: el procedimiento penal y la ulterior condena no obedecieron a una finalidad espuria de persecución o castigo por la posición política de los recurrentes ni se observa una conexión con su posicionamiento o activismo ideológico.

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

Seis sentencias dictadas en 2021 declararon vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías: En dos supuestos sustancialmente idénticos, las SSTC 3/2021 y 4/2021, de 25 de enero, dictadas por la Sala Segunda, constataron la concurrencia de esta infracción constitucional en las resoluciones judiciales que, tras anular por incorrecta una indicación de recursos, declararon la firmeza de la sentencia penal en la que se contenía, impidiendo así que los condenados pudieran ejercer su derecho a la doble instancia penal.

El Pleno, en la STC 35/2021, de 18 de febrero, otorgó el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías a quien se había visto privado del derecho a la última palabra en una causa penal, cuando no había renunciado expresamente a ello. Esta sentencia matizó la doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre, acerca de la exigencia de acreditar la indefensión material sufrida por la denegación del derecho a la última palabra. La STC 35/2021 estimó el recurso de amparo sin exigir la acreditación de la repercusión o relevancia hipotética del vicio padecido en el pronunciamiento condenatorio finalmente emitido.

Las SSTC 132/2021, de 21 de junio, de la Sala Primera, y 165/2021, de 4 de octubre, de la Sala Segunda, otorgaron el amparo a quienes vieron agravada su situación penal en vía de recurso sin respetar las garantías procesales. Concretamente, en el caso resuelto por la STC 132/2021 medió una agravación de la condena en apelación fundada en la existencia de un error en la identificación del marco penológico que se habría cometido en la instancia, sin que mediara petición al respecto de la acusación. En la STC 165/2021 la sentencia de casación agravó condenó por un delito respecto del cual había recaído un pronunciamiento absolutorio no controvertido expresamente por la acusación. La Sala Primera, en la STC 180/2021, de 25 de octubre, otorgó el amparo por quebrantamiento de la garantía de imparcialidad judicial en un supuesto en el que la sentencia condenatoria en instancia había sido confirmada en apelación por una sala integrada por los mismos magistrados que en su día ya habían revocado —con una revisión a fondo del material probatorio— la primera sentencia absolutoria pronunciada en la causa.

En otras seis sentencias se desestimaron los recursos de amparo en los que se invocaba expresamente el derecho a un proceso con todas las garantías. En la STC 18/2021, de 15 de febrero, la Sala Segunda denegó el amparo en relación con una condena penal en casación que no llevó a cabo una modificación del relato de hechos probados, sino que se fundó en la teoría del incremento del riesgo como modelo de imputación del resultado en los casos de imprudencias médicas. A esta sentencia se formuló un voto particular. La STC 22/2021, de 15 de febrero, igualmente de la Sala Segunda y a la que también se formuló un voto particular, denegó el amparo en otro supuesto de condena en casación que respetó los principios de inmediación y acusatorio. Como ya se ha mencionado con anterioridad, las SSTC 70/2021 y 71/2021, de 18 de marzo, y 133/2021, de 24 de junio, del Pleno, descartaron la concurrencia del vicio que nos ocupa en la decisión de no solicitar suplicatorio a las cámaras parlamentarias y continuar con la vista oral de la causa especial tramitada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, entre otros por los delitos de rebelión y sedición, y la condena por los hechos acaecidos con ocasión de una concentración de protesta ante la sede del Parlamento de Cataluña durante la sesión de debate y aprobación de los presupuestos autonómicos; a la STC 133/2021 se formuló un voto particular.

También denegó el amparo la STC 120/2021, de 31 de mayo, de la Sala Segunda, en un caso en el que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico invocaba un inexistente privilegio de inmunidad absoluta de jurisdicción respecto de las sentencias del orden jurisdiccional social que la habían condenado en proceso por despido.

b) Presunción de inocencia

A lo largo del año 2021 se dictaron siete sentencias en las que, aplicando la doctrina sentada en la STC 125/2019, de 31 de diciembre, sobre la improcedencia de denegar la indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración de justicia a quien hubiera estado sujeto a prisión provisional en una causa penal en la que resultó finalmente absuelto, aplicando el inciso del artículo 249.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio, se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en la mayoría de los casos de consuno con el derecho a la igualdad. La Sala Primera dictó las SSTC 83/2021, de 19 de abril; 127/2021 y 128/2021, de 21 de junio, y 141/2021, de 12 de julio, en tanto que la Sala Segunda otorgó el amparo en las SSTC 41/2021, de 3 de marzo; 98/2021, de 10 de mayo, y 114/2021, de 31 de mayo.

En la STC 21/2021, de 15 de febrero, la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración del derecho fundamental que nos ocupa, así como del derecho a la defensa, a un agente de la Guardia Civil que había sido objeto de sanción disciplinaria como consecuencia de las declaraciones prestadas como testigo —y, por consiguiente, con la obligación de decir verdad— en un proceso civil. Esta misma doctrina fue reiterada, por la propia Sala Primera, en la STC 143/2021, de 12 de julio, en un supuesto sustancialmente idéntico.

El Pleno del Tribunal no apreció vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en las ya reseñadas SSTC 67/2021, de 17 de marzo, condena por un delito de desobediencia en causa especial tramitada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y 170/2021 y 171/2021, de 17 de octubre, condena por desatención a la providencia de suspensión acordada por el Tribunal Constitucional en impugnación de disposiciones autonómicas y suspensión de cargo público representativo. La doctrina de la STC 170/2021 fue luego reiterada por la Sala Segunda en las SSTC 174/2021 y 175/2021, de 21 de octubre. En la STC 107/2021, de 13 de mayo, el Pleno inadmitió la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia en un recurso de amparo promovido en relación con la condena por un delito de desobediencia en causa especial tramitada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

c) Derechos a la asistencia letrada y de defensa

La STC 29/2021, de 15 de febrero, de la Sala Segunda, concluyó que vulneraba el derecho a la asistencia letrada supeditar la facultad de constituirse en acusación particular en una causa penal a la utilización de la defensa y representación de alguna de las otras acusaciones particulares previamente constituidas. Esta misma doctrina fue reiterada, para un supuesto sustancialmente idéntico, en la STC 178/2021, de 25 de octubre, asimismo de la Sala Segunda.

El Pleno consideró vulnerado el derecho a la defensa en la STC 35/2021, de 18 de febrero, por la privación del derecho a la última palabra en causa penal; y desestimó esta alegación en las SSTC 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo, y 121/2021, de 2 de junio, en relación con condenas por delitos de sedición en causa especial tramitada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; así como en la STC 107/2021, de 13 de mayo, en relación con una condena por delito de desobediencia. La Sala Primera declaró vulnerado el derecho a la defensa en la STC 21/2021, de 15 de febrero, respecto de la sanción disciplinaria impuesta a un agente de la Guardia Civil por las declaraciones prestadas como testigo en un juicio verbal; doctrina reiterada en la STC 143/2021, de 12 de julio. Por su parte, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración del derecho a la defensa en la STC 165/2021, de 4 de octubre, en relación con una condena en grado de casación sin que hubiera mediado un recurso específico; y rechazó que existiera dicha vulneración en la ya reseñada STC 5/2021, de 25 de enero, respecto de la intervención de presidentes de federaciones territoriales en el proceso de elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

J) Legalidad penal (art. 25 CE)

En la STC 78/2021, de 19 de abril, la Sala Segunda estimó un recurso de amparo promovido respecto de una condena penal por quebramiento de medida cautelar que fue dictada en una causa que había sido archivada en el momento de producirse los hechos. La sentencia apreció la vulneración del derecho a la legalidad penal y afirmó que el sobreseimiento provisional del procedimiento penal conlleva que la medida cautelar impuesta decaiga, en particular cuando el auto de sobreseimiento no contenga pronunciamiento alguno que justifique su mantenimiento excepcional.

El Pleno, en las ya reseñadas SSTC 170/2021, de 7 de octubre, y 174/2021 y 175/2021, de 25 de octubre, negó que la atribución de ejecutividad a una providencia de suspensión del Tribunal Constitucional hubiera incurrido en interpretación extensiva del tipo del delito de desobediencia, como también rechazó la necesidad de un requerimiento personal al funcionario o autoridad que tiene fehaciente conocimiento de la orden o mandato que luego desatiende. También el Pleno rechazó, en la STC 171/2021, de 7 de octubre, que la suspensión de los cargos representativos por aplicación de una previsión de la Ley de enjuiciamiento criminal conllevara una vulneración del derecho a la legalidad penal.

K) Derecho a la educación (art. 27 CE)

Aplicando la doctrina de la STC 191/2020, de 17 de diciembre, las ya reseñadas SSTC 2/2021 y 6/2021, de 25 de enero; 19/2021, de 15 de febrero; 42/2021, de 3 de marzo, y STC 138/2021, de 29 de junio, otorgaron el amparo por vulneración del derecho fundamental a la creación de centros docentes. En todas ellas se anularon distintas disposiciones y actos de la Generalitat Valenciana que limitaban el disfrute de becas de estudios a los alumnos de universidades públicas.

L) Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE)

La STC 130/2021, de 21 de junio, dictada por la Sala Primera, desestimó el recurso de amparo promovido por un sindicato con ocasión de la calificación de huelga abusiva resultante de la negativa de los cinco comités de huelga actuantes a constituir una única comisión negociadora. Esta actitud, al ser idénticas las convocatorias de huelga en su modalidad, duración y tabla reivindicativa, podía legítimamente ser considerada abusiva, como así hicieron los órganos judiciales sentenciadores. También se descartó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que los recurrentes obtuvieron una respuesta judicial motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2021 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho. El Servicio ha desarrollado su colaboración con la Fundación Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017, que fue prorrogado por otros cuatro años.

En 2021 se llevó a cabo la undécima convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 31 de mayo de 2021 («Boletín Oficial del Estado» núm. 137, de 9 de junio de 2021). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 11 de noviembre de 2021 («Boletín Oficial del Estado» núm. 278, de 20 de noviembre de 2021).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 3.036 títulos, de los cuales:

a) Por compra: 2.643.

b) Por donación: 393.

Revistas: Se han incorporado 19 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales 6 son revistas impresas y 13 en línea.

El 31 de diciembre de 2021, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 92.118 libros y un total de 1.542 publicaciones seriadas. De estas últimas, 204 son publicaciones oficiales (Repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 688 están publicadas en papel y 650 en formato digital. Se siguen publicando y recibiendo 459 revistas en papel. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 194 se conservan en discos ópticos (CD-Rom o DVD) y 456 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 632.173 registros bibliográficos. Durante el año 2021 se han incorporado al catálogo 36.482 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales, quedan de la siguiente forma:

– 3.061 libros, de los cuales 457 son libros digitales;

– 16.256 artículos de revistas;

– 15.182 capítulos de obras colectivas;

– 19 publicaciones periódicas, de las cuales 13 son recursos en línea;

– 1.964 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 205.719. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 9.755 registros nuevos, de los cuales 9.015 corresponden a autores personales y 40 a entidades corporativas.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 4.335 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, sentencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 11 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico. Además el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal desde enero de 2011 en la siguiente dirección: https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/BD.aspx

E) Encuadernación:

Se han encuadernado 20 libros.

2) Servicios a los lectores

La biblioteca ha realizado un total de 1.841 préstamos de libros y ha recibido 1.947 devoluciones. Ha atendido 54 consultas en la Sala de lectura y 11.200 a través de la aplicación informática, así como 2.884 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 4.768 recursos bibliográficos: 1.454 libros, 2.232 artículos de revistas y 1.082 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

– Biblioteca Nacional.

– Bibliotecas universitarias.

– Biblioteca del Congreso de los Diputados.

– Biblioteca del Senado.

– Biblioteca del Consejo de Estado.

– Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

– Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

– Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

– Bibliotecas de Ministerios.

– Bibliotecas de Academias.

– Bibliotecas de Colegios de Abogados.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

– Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 28, una vez reanudadas tras la fase más grave de la pandemia), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un magistrado o magistrado emérito o por un letrado del propio Tribunal. En el año 2021 se realizaron un total de 11 estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal, así como la elaboración de su estadística jurisdiccional.

En cumplimiento de la primera de las funciones que le son reglamentariamente asignadas, la de difusión de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene en el portal internet del Tribunal, convenientemente actualizados, los contenidos del «Buscador de jurisprudencia constitucional», que incluye a texto completo la totalidad de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucionales y aquellos autos que incorporan doctrina [Sistema HJ - Buscador de jurisprudencia constitucional (tribunalconstitucional.es)] y las «gacetas de jurisprudencia constitucional», que con periodicidad trimestral, incorporan la relación de resoluciones dictadas en forma de sentencia y auto, así como diversos índices que facilitan su manejo a los lectores interesados (https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Gaceta/List).

Por otro lado, el Servicio elabora las estadísticas jurisdiccionales del Tribunal, incorporando los correspondientes avances trimestrales al portal de internet [Estadísticas jurisdiccionales (tribunalconstitucional.es)]. Además, el Servicio ha recopilado y sistematizado las series históricas de estadística jurisdiccional del Tribunal.

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2021 y a través del denominado «Foro Venecia», el Servicio dio respuesta a 16 solicitudes de información procedentes de los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Albania (cinco consultas), Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia (dos consultas), Moldavia, Países Bajos, República Checa, Rumanía y Sudáfrica. Igualmente, en el año 2021 el Tribunal Constitucional continuó su colaboración con la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta red proporciona documentación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que a su vez solicita información, proporcionada de consuno por el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional y el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España. Concretamente, en 2021 se dio respuesta a cuatro solicitudes de información en torno al ejercicio del derecho de sufragio pasivo por los internos en instituciones penitenciarias, protección de menores, restricción de publicaciones destinadas al público infantil que describan relaciones entre personas del mismo sexo y derecho al olvido y artículos en prensa digital.

Finalmente, por resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 17 de febrero de 2021 —publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 42, de 18 de febrero— se adjudicaron las becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento de la doctrina constitucional que habían sido convocadas por resolución de 28 de septiembre de 2020.

3. Servicio de Informática

De acuerdo con el Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Informática la organización, gestión y seguridad de los sistemas de información y comunicaciones y el apoyo técnico a los usuarios. Con este propósito, las capacidades informáticas de las que se dispone se han centrado en mantener la infraestructura tecnológica tras el impacto del año anterior, para lo cual se han puesto en marcha fundamentalmente dos estrategias: una defensiva, basada en mejorar la ciberseguridad y la resiliencia, y una activa, enfocada hacia la digitalización del Tribunal, con un esfuerzo especial en las actividades jurisdiccionales, firma y notificación electrónica, así como de diseñar los sistemas para facilitar una arquitectura estable que permita el teletrabajo híbrido.

1) Sistemas, comunicaciones y seguridad

A nivel organizativo, a lo largo del año se ha participado en el Subcomité de Seguridad del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), en calidad de colaborador, desde su activación en el mes de febrero, conscientes que la ciberseguridad de los asuntos jurisdiccionales es un proceso complejo que requiere de la implicación de todos los responsables, representados en el subcomité, a fin de conseguir la mejora permanente de los sistemas de seguridad y participar en la interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la parte que afecte a la seguridad judicial.

A nivel técnico, se ha redoblado el esfuerzo por dotar de mecanismos de seguridad, acentuado por la concienciación en ciberseguridad que el Tribunal ha mostrado por la adaptación a la situación de pandemia. Para ello, se han seguido buenas prácticas y recomendaciones, tanto en estaciones de trabajo como en servidores y dispositivos de comunicación. Se han seguido las guías e instrucciones técnicas del Centro Criptológico Nacional, entre otras, la CCN-STIC-599 de seguridad en equipos y la CCN-BP/18 de seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia.

Se ha puesto en marcha el plan de red securizada de videoconferencias, aprobado por Pleno gubernativo de 8 de diciembre de 2020, que ha supuesto, a nivel interno, el refuerzo de la seguridad de los dispositivo y control de acceso a la red con el objetivo de posibilitar que ningún dispositivo ajeno a la definición de dicha red pueda conectarse e, incluso, los permitidos operen conforme al rol que tengan asignado en la solución de videoconferencias para el pleno, salas y secciones del Tribunal. La tendencia tecnológica es ir facilitando la colaboración a través de puestos virtuales y salas de reuniones híbridas para simultanear trabajo presencial y a distancia. La experiencia ha sido positiva, en tanto que ha permitido la celebración de reuniones bajo un modelo híbrido, tanto desde salas de reuniones, oficinas y despachos conectándose con otros de forma remota, alcanzando prácticamente las 600 reuniones telemáticas durante el año 2021, permitiendo una cierta normalidad adaptada en la actividad interna del Tribunal pese a la evolución de la covid-19.

Adicionalmente, se han desplegado nuevas infraestructuras tecnológicas orientadas a reforzar los cortafuegos corporativos, la implantación de certificados digitales, autenticación basada en doble factor (2FA) y el uso de redes privadas virtuales (VPN) dotando de mayores exigencias de confidencialidad a las comunicaciones con los usuarios remotos. Se ha consolidado el uso creciente del trabajo a distancia del personal con conexión remota al Tribunal, con un volumen de 167 usuarios.

En cuanto a disponibilidad, se mantiene una monitorización continua de los recursos principales expuestos a internet, tanto la web institucional, la conferencia iberoamericana, la base de jurisprudencia y el correo electrónico, ante incidencias en los enlaces internet que el Tribunal tiene contratados, en situaciones producidas por intentos de ataques de denegación de servicios (DoS) o en caídas inesperadas de alimentación eléctrica.

A finales del mes de enero del ejercicio se desplegó una nueva herramienta para la gestión del soporte al usuario basada en métricas ITSM, desarrollada por el propio Servicio de Informática, con el objeto de optimizar los esfuerzos de asistencias técnicas, dado el aumento del volumen de peticiones informáticas, con atención personal, que alcanzaron las 3.770, que oscilaron entre las 586 del primer mes de registro a 322 durante el mes de diciembre.

Bajo la iniciativa de Secretaría General de dar mayor inmediatez a las incorporaciones y ceses de personal, se puso en marcha en el mes de marzo un protocolo informatizado de altas y bajas, identificando 24 pasos distribuidos con posibilidad de paralelización que permite, a través de comunicaciones electrónicas, la movilización de entre 9 y 14 técnicos, que además mejora la coordinación con otras unidades de Gerencia. Así, se ha activado el protocolo en 113 ocasiones, de los que 66 correspondieron a nuevos puestos de trabajo informatizados y 47 bajas, entre las que se cuentan principalmente personal externo que realiza trabajos en el Tribunal y personal temporal en calidad de investigador.

2) Área jurisdiccional y gubernativa

El Servicio ha desplegado una serie de funcionalidades para la firma electrónica en documentos de naturaleza jurisdiccional, integrándose con el sistema de tramitación de las secretarías de justicia del Tribunal. Desde febrero, se vienen firmando de esta manera resoluciones de providencia por parte de magistrados y letrados de la administración de justicia, así como la planificación de otros tipos de documentos para completar el expediente jurisdiccional electrónico. Desde julio, se viene notificando por vía electrónica a través de la plataforma Lexnet, para lo que ha hecho falta una integración a nivel de servicios web interoperables, previa homologación de nuestros desarrollos con los sistemas centrales de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

El rendimiento de la sede electrónica y del registro telemático del Tribunal Constitucional ha mantenido su actividad. En su faceta gubernativa, se tramitaron 386 asuntos administrativos distribuidos en un 43 por 100 por vía telemática. En cuanto a la recepción jurisdiccional de amparos, se recibieron un total de 8.294 escritos de iniciación (frente a los 6.515 del año anterior) de los que 7.092 fueron digitales, lo que supone un 28 por 100 más. Apenas el 2 por 100 de los asuntos de amparo se inician de forma presencial y el 11 por 100 por correo ordinario. En la tramitación de recursos de amparo, se recibieron un total de 15.882 escritos (un aumento significativo frente a los 11.485 del ejercicio anterior), de los que un 55 por 100 fueron por vía telemática, esto es, una proporción equivalente a la de 2020. De estos, prácticamente el 4 por 100 se entregaron de forma presencial y el 39 por 100 por correo postal.

En asuntos de competencia del Pleno, el uso de la vía telemática para la iniciación de recursos ha aumentado, alcanzando el 51 por 100 de forma electrónica del total de 76 asuntos. Esto representa un incremento respecto del año 2020, que se suma a la bajada de la presentación presencial hasta a algo más del 5 por 100. El resto se sigue cursando por correo postal. Una representación visual de estos datos se muestran en la gráfica, donde se aprecian escritos telemáticos frente a no telemáticos sobre amparos, sobre asuntos de Pleno y los relacionados con la función gubernativa-administrativa a través del registro.

Como consecuencia del desarrollo informático para las nuevas formas de trabajo, el resultado del sistema de gestión de marcajes remotos implantado en diciembre del ejercicio anterior arrojó que el uso promedio fue del 6 por 100 durante 2021, con unidades que alcanzaron el 34 por 100, lo que ha posibilitado flexibilizar la jornada frente a contingencias sobrevenidas en aquellos puestos con posibilidad de adaptación al trabajo a distancia.

En cuanto a la interoperabilidad a nivel de gestión gubernativa, se han realizado 525 transacciones electrónicas con la plataforma de contratación del sector público, tanto de publicación como de comunicación, así como 2.245 transacciones basadas en documento electrónico con la Intervención General de la Administración del Estado.

3) Portal institucional

La web institucional, www.tribunalconstitucional.es, tuvo 1.059.709 de visitas y 666.917 visitantes diferentes. El usuario de la web suele navegar desde España, en un 60,95 por 100; un 12,68 por 100 desde otros países europeos; un 8,92 por 100 desde Norteamérica y el 4,32 por 100 de países iberoamericanos. Desde Asia y Oceanía, apenas el 0,88 por 100, siendo África con un 0,24 por 100 la que menos.

De los visitantes de la web, hemos de destacar en el ámbito iberoamericano de nuevo a Perú (con un 28,12 por 100). Como novedad este año, las visitas desde Colombia han sido especialmente significativas, con un 11,03 por 100, seguido de República Dominicana (8,70 por 100), Bolivia (7,25 por 100), Argentina (6,99 por 100), Chile (6,95 por 100) y Ecuador (5,51 por 100).

En Europa ha llamado la atención, sobre todo, Rusia (con un 30,72 por 100), seguido de Francia (28,92 por 100), Gran Bretaña (16,27 por 100), Rumanía (13,03 por 100) y Alemania (10,26 por 100). Por último, desde Italia recibimos el 6,57 por 100 de las visitas, de Polonia un 3,76 por 100 y cabe mencionar Bulgaria con un 3,61 por 100.

En el bloque asiático y oceánico, el mayor número de entradas procede de India (35,53 por 100), arrebatando el primer lugar a China (con un 18,89 por 100), seguido de Israel (13,99 por 100) y Corea del Sur (5,20 por 100).

En África, los visitantes han sido principalmente de Marruecos (45,45 por 100) y en menor medida de Sudáfrica (12,04 por 100), Guinea Ecuatorial (5,57 por 100), Seychelles (4,28 por 100) y Argelia (4,11 por 100).

4) Sistema informático de jurisprudencia

El sistema informático de jurisprudencia permite la incorporación de las sentencias y autos, así como las declaraciones, a la base de conocimiento de doctrina constitucional, que se ofrece para su acceso público a través del «Buscador de Jurisprudencia» de la web institucional. Además, contiene el trabajo elaborado por el Servicio de Doctrina Constitucional de estudio y clasificación, añadiendo una serie de fichas técnicas con la identificación, síntesis, resumen y extractos de cada resolución. Incluye una enumeración de índices en detalle, como disposiciones generales citadas, las resoluciones judiciales impugnadas y los descriptores semánticos o voces jurídicas relacionadas visualmente. Junto al motor de búsqueda, se publica una ontología semántica de voces jurídicas y se mantiene un tesauro relacionado con el corpus de resoluciones del Tribunal Constitucional.

Se han recibido 6.255.512 consultas de jurisprudencia, con un promedio diario de 17.138 y un total de 476.507 usuarios diferentes. Por origen, las consultas de jurisprudencia identificadas fueron en una cantidad de 2.239.158 desde España. Ha habido un incremento de consultas desde el resto de Europa, con 758.494, manteniéndose Latinoamérica 73.949, África 1.689 y Oceanía, en número de 651, en cifras similares.

En la base de jurisprudencia la resolución más consultadas en este ejercicio ha sido la STC 11/1981, de 8 de abril, en materias relacionadas con el derecho fundamental de huelga, con más de 10.000 consultas, seguida de las SSTC 53/1985, 105/1992, 154/2002, 83/2016, 120/1990, 155/2009, 172/2020, 148/2021, 140/2021, 5/1981, 27/2020 y 31/2010, todas éstas con más de 5.000 consultas.

De la web institucional, los documentos que han suscitado más interés por número de descargas fueron los relacionados con:

1) Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (56.615 descargas);

2) Nota de prensa núm. 102/2021 (42.482 descargas);

3) Nota de prensa núm. 99/2021 (38.198 descargas);

4) Nota de prensa núm. 74/2021 (35.387 descargas);

5) Folleto divulgativo del Tribunal Constitucional (29.038 descargas);

6) Estructura y funcionamiento del Tribunal (28.901 descargas);

7) Nota de prensa núm. 72/2021 (20.915 descargas);

8) Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 149.1 y 2 CE (15.285 descargas);

9) Nota de prensa núm. 102/2021 (14.533 descargas);

10) Nota de prensa núm. 74/2021 (13.487 descargas);

11) Texto de la sentencia de la nota de prensa 74/2021 (12.827 descargas);

12) Artículo «Derecho positivo y Derecho natural, todavía…», publicado por el magistrado don Andrés Ollero (12.782 descargas).

La página web se ofrece en diferentes versiones idiomáticas, tanto en francés como en inglés. Los documentos más descargados en inglés a lo largo del año 2021 fueron precisamente:

1) STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (799 descargas);

2) STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña: función y contenido constitucional; distribución competencial con el Estado (771 descargas);

3) La Constitución española en inglés (488 descargas);

4) STC 124/2017, de 8 de noviembre, sobre la Ley del Parlamento de Cataluña de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (370 descargas);

5) STC 13/2021, de 28 de enero, sobre la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (362 descargas);

6) STC 237/2005, de 26 de septiembre, sobre el derecho de acceso a la justicia: jurisdicción universal de los Tribunales españoles en materia penal (349 descargas);

7) STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se aprueba la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña» (341 descargas);

8) Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (323 descargas);

9) Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, que juzga la supremacía de la Constitución y la primacía del Derecho de la Unión (320 descargas);

10) Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre, sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (319 descargas);

11) Sentencia 172/2020, de 17 de noviembre, sobre la ley de protección de la seguridad ciudadana (317 descargas);

12) El documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (291 descargas).

Los documentos más descargados en francés fueron:

1) Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (367 descargas);

2) La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (331 descargas);

3) El documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional» (325 descargas);

4) La Constitución española en francés (252 descargas).

5) Servicios electrónicos al ciudadano

Desde la pestaña de «Acceso a la información pública» de la página en red del Tribunal Constitucional se realizaron 88 peticiones de información. Desde el apartado «Ayúdanos a mejorar» se recibieron 9 encuestas anónimas que aportaron opiniones y sugerencias acerca de la web del Tribunal.

En el apartado «Sistema de alertas» de la web, se recibieron un total de 3.109 suscripciones de distinto tipo, fundamentalmente para resoluciones (1.068) y notas de prensa (944), completado con resoluciones de transparencia (380), convocatorias de personal (313), anuncios de contratación (210) y orden del día (194).

La app móvil del Tribunal Constitucional ha sido instalada en 496 ocasiones, tanto en teléfonos Apple iOS (202) como Android (294), siendo descargada un 81,05 por 100 de veces desde España y un 9,48 por 100 en Latinoamérica; alrededor de un 2 por 100 en el resto de Europa y sobre un 1 por 100 en América del Norte.

6) Portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional

El Servicio de Informática gestiona y mantiene, además de la web del Tribunal, el portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, bajo el dominio www.cijc.org. El portal registró este año un total de 20.447 visitas, dando lugar a la consulta de 1.116.178 activos de información en forma de documentos, fotografías, vídeos, etc. Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron Estados Unidos, España, Guatemala, República Dominicana, México y China, seguidos por Colombia, India, Perú y Reino Unido.

Por número de descargas, los documentos que tuvieron más interés en la web de la Conferencia Iberoamericana fueron:

1) Los textos constitucionales de Guatemala (453.040 descargas), República Dominicana (196.635 descargas), Colombia (23.460 descargas), Panamá (3.856 descargas) y Puerto Rico (3.541 descargas);

2) Los documentos del seminario celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en 2013, en concreto, «Protección de las garantías constitucionales en Guatemala» (10.329 descargas), «Procesos constitucionales en el marco de la justicia constitucional en Bolivia» (3.757 descargas) y «Los procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales de República Dominicana» (2.230 descargas);

3) Las respuestas de Perú al cuestionario de la IX Conferencia celebrada en Cádiz en 2012 que trató el tema «Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional» (7.896 descargas);

4) En relación con el cuestionario de la X Conferencia, celebrada en Santo Domingo en 2014, la respuesta de Honduras (6.462 descargas) y de Paraguay (3.654 descargas).

7) Accesibilidad web

Conforme a lo ordenado en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, se han realizado las siguientes actividades durante 2021:

– Una auditoría de accesibilidad web. Realizada por una empresa consultora externa, especializada en esta materia, se analizaron en profundidad las páginas web del Tribunal Constitucional, incluyendo los subdominios del buscador de jurisprudencia y del registro telemático, de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y de las aplicaciones para móviles iOS y Android. Como resultado de la auditoría se obtuvieron los documentos de informes de accesibilidad y declaraciones de accesibilidad correspondientes.

– Campaña de sensibilización acerca de la accesibilidad web. Impulsada por la Unidad Responsable de Accesibilidad del Tribunal Constitucional, se materializó en la creación de una página dedicada a temas de accesibilidad en la intranet del Tribunal, donde se ofrece información, normativa relacionada y recursos técnicos; en la publicación de dos videos de formación y concienciación, y en la celebración de una charla informativa online, a la que asistieron 65 personas de los diferentes servicios y unidades del Tribunal Constitucional.

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y asuntos generales

A) Cobertura de puestos

Se ha cubierto por concurso la plaza de secretario de justicia que había sido convocada por resolución de la Presidencia de 20 de noviembre de 2020 (BOE de 26 de noviembre de 2020), mediante resolución de la Presidencia de 3 de febrero de 2021 (BOE de 15 de febrero de 2021).

Se ha cubierto por concurso-oposición una plaza de personal laboral de ayudante de mantenimiento, que había sido convocada por resolución de la presidencia de 25 de junio de 2021 (BOE de 2 de julio de 2021), mediante resolución de la Presidencia de 13 de diciembre de 2021 (BOE de 18 de diciembre de 2021).

B) Formación

Se han impartido los siguientes cursos de formación para el personal adscrito al Tribunal:

– Curso sobre control de registros de autoridad en el catálogo de la biblioteca.

– Curso sobre transparencia y protección de datos personales.

– Curso en línea de especialización sobre los retos en la aplicación de la Ley de contratación en el sector público.

C) Personal al servicio del Tribunal Constitucional

El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2021) se distribuye como sigue:

|  | Hombres | Mujeres | Total
Altos cargos | 11 | 3 | 14
Letrados | 33 | 20 | 53
Funcionarios Administración de Justicia | Secretarios Justicia | 3 | 2 |
Gestión procesal | 6 | 10 |
Tramitación procesal | 13 | 14 |
Auxilio judicial | 5 | 2 |
Suma | 27 | 28 | 55
Funcionarios Administración Civil | Subgrupo A1 | 3 | 4 |
Subgrupo A2 | 6 | 5 |
Subgrupo C1 | 9 | 12 |
Subgrupo C2 | 3 | 9 |
Subgrupo E | 0 | 0 |
Suma | 21 | 30 | 51
Personal Laboral | Nivel 1 | 0 | 0 |
Nivel 2 | 0 | 1 |
Nivel 3 | 11 | 8 |
Suma | 11 | 9 | 20
Personal eventual | 4 | 19 | 23
Total | 107 | 108 | 216

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.245 documentos contables, con el siguiente detalle:

Capítulo | Documentos contables
I | 77
II | 1.467
III | 22
IV | 255
VI | 419
VIII | 5

Entre ellos se incluyen 9 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 213.554,78 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

3) Mantenimiento

La unidad de mantenimiento ha realizado las siguientes actuaciones, además del trabajo diario del mantenimiento de las instalaciones, inmueble, mobiliario y necesidades del personal:

– Finalización del proyecto de rehabilitación de la cubierta y sellado del lucernario del edificio sede del Tribunal Constitucional, así como la tramitación de la supervisión del proyecto por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

– Inicio y desarrollo de las obras para rehabilitar la cubierta y sellado del lucernario del edificio sede del Tribunal Constitucional (cuya finalización está prevista para febrero de 2022).

– Sustitución de diversos tramos de canalizaciones del sistema de calefacción.

– Instalación de pasamanos en las escaleras de acceso a los estrados del salón de actos y de la sala de vistas del Tribunal.

– Sustitución de falsos techos y moquetas y reparación de paramentos en diversas dependencias del Tribunal.

– Revisión y fijación de aplacados en patios interiores del Tribunal Constitucional.

– Obras de adecuación de vestíbulo de acceso al garaje del primer sótano.

– Nuevo enmarcado y reubicación de los retratos de los magistrados eméritos, ubicados en la antela del salón de actos (Galería de retratos).

Igualmente, ha continuado la colaboración con la Dirección General del Patrimonio del Estado para ejecutar el Plan Director de rehabilitación integral y ampliación de la sede principal del Tribunal Constitucional, estableciéndose un periodo de cinco años para la aprobación de los correspondientes proyectos y ejecución de las obras, todo ello por un importe total presupuestado de 21 millones de euros, según consta en el escenario plurianual de los presupuestos generales del Estado del ejercicio 2021. Está prevista la licitación del proyecto durante el ejercicio 2022.

4) Archivo General

En cuanto a la unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2021 han ingresado por transferencia un total de 813 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 30.420 unidades de instalación ocupadas.

La documentación que se ha generado a lo largo del año, tanto en soporte físico como electrónico y que integra el fondo archivístico del Tribunal Constitucional suma las siguientes cantidades[1]:

Total de expedientes creados en 2021 (en trámite y en custodia) | 16.146
Total de expedientes en fase de custodia | 9.083
– Expedientes físicos | 3.026
– Expedientes electrónicos | 5.345
– Expedientes digitalizados | 36
– Expedientes en proceso de transferencia [2] | 676

Los anteriores corresponden a:

– Expedientes de la función gobierno y administración | 5.891
– Expedientes de la función jurisdicción constitucional | 3.192
Total de expedientes en el repositorio del AGTC | 455.767

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante el año se han creado los siguientes:

Total de documentos electrónicos creados en 2021 | 111.930
Documentos electrónicos | 108.974
Documentos digitalizados | 2.956

Los anteriores corresponden a:

– Documentos de la función gobierno y administración | 25.958
– Documentos de la función jurisdicción constitucional | 85.972
Total de documentos electrónicos en el repositorio del AGTC | 701.324

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado 28.700 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia.

C) Servicios a usuarios

Durante 2021 se han realizado 1.039 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 16 solicitudes de expedientes completos y a diversas consultas y peticiones de información elaborada. Asimismo, se han registrado 607 accesos por parte de usuarios internos a la herramienta de consulta del Archivo General.

El buscador del fondo «Francisco Tomás y Valiente», disponible en la web desde el 14 de febrero de 2021, ha registrado 6.422 accesos.

Otras actividades desarrolladas por la unidad han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas, además del mantenimiento del repositorio de acuerdos reglamentarios del Tribunal Constitucional y de su inventario de obras de arte y regalos protocolarios.

5) Medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria del COVID-19

Conforme a los protocolos sanitarios aplicables en cada momento, la Gerencia del Tribunal Constitucional ha implementado las siguientes medidas para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19:

– Adquisición de mascarillas FFP2, gel hidroalcohólico, guantes protectores y pañuelos desechables para todo el personal y dependencias del Tribunal.

– Aplicación de protocolos específicos en la prestación del servicio de limpieza y el mantenimiento de las instalaciones de climatización del Tribunal.

– Aprobación, difusión y actualización de la «Guía básica de reincorporación al trabajo presencial en el Tribunal Constitucional».

– Tramitación de autorizaciones de teletrabajo y seguimiento de medidas organizativas como flexibilización horaria, escalonamiento de entradas y salidas y conciliación de la vida familiar, de conformidad con la Instrucción de Secretaría General de 19 de mayo de 2020 y la Instrucción de Secretaría General de 23 de septiembre de 2021.

– Realización de evaluaciones médicas al personal por la pertenencia a colectivos especialmente vulnerables al COVID-19 y aplicación de las correspondientes medidas preventivas, según los protocolos vigentes.

– Tramitación de contratos para adquirir las licencias de herramientas informáticas y equipos de videoconferencia (portátiles, pantallas, cámaras…) para la celebración de reuniones de trabajo telemáticas.

– Valoración y seguimiento de casos sospechosos, casos confirmados y contactos estrechos a través del servicio médico del Tribunal.

– Adquisición y realización de tests de antígenos en los casos indicados por el servicio médico del Tribunal.

– Instalación de un sistema de purificación del aire mediante ionización bipolar por plasma frío en todos los sistemas de climatización de las sedes del Tribunal.

– Instalación de mamparas de separación en los puestos de trabajo que así lo han requerido.

– Información y consulta con los representantes de los trabajadores a través del Comité de Seguridad y Salud.

– Elaboración por el servicio de prevención de informes de evaluación específicos sobre COVID-19 para la realización de actos públicos en el Tribunal.

5. Gabinete de Prensa

La oficina de prensa inserta en el Gabinete de la Presidencia ha continuado durante el 2021 con su labor de gestionar la comunicación de la actividad jurisdiccional e institucional del Tribunal Constitucional bajo los principios de transparencia, igualdad, rigor informativo y publicidad. Un año más, ha desarrollado su cometido con el objetivo último de contribuir a la difusión y comprensión del funcionamiento del Tribunal, en su papel de intérprete supremo y garante jurídico de la Constitución.

La página web del Tribunal es una buena muestra del constante y creciente compromiso con la transparencia y el acercamiento a la sociedad: ha sido actualizada de forma regular y con la mayor celeridad posible a lo largo de todo el año para que tanto las resoluciones jurídicas como los actos, visitas y viajes institucionales fuesen públicos.

Asimismo, el Gabinete de Prensa es el responsable de la relación con los medios de comunicación, a los que se presta ayuda y colaboración en su labor informativa, con el fin de mejorar la comprensión y el tratamiento general de los asuntos en la prensa.

El Gabinete ha elaborado un total de 113 notas de prensa sobre aquellas decisiones más relevantes a nivel jurídico, social, político o económico. Esta práctica ha permitido dar a conocer de forma rápida, objetiva, rigurosa y fiable un resumen de la sentencia o auto y sus fundamentos jurídicos. Asimismo, supone una importante herramienta que facilita el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación.

Esta diligencia ha estado también presente en la comunicación en redes sociales, principalmente en Twitter, Instagram y YouTube, donde se publican las citadas notas de prensa junto a las resoluciones judiciales, contenidos audiovisuales relacionados con la actividad institucional del Tribunal y toda aquella información de interés para ser divulgada. En Twitter, además de sumar casi 27.000 seguidores, se han publicado 349 mensajes, que han logrado cerca de 13.000.000 de impactos —más del doble de los obtenidos en 2020, 5.341.000—, con lo que se ha experimentado un importante crecimiento en esta red social. En Instagram son 2.450 seguidores.

Asimismo, se ha prestado la asistencia necesaria para la realización de diversas apariciones públicas y entrevistas, tanto de los magistrados como de los Presidentes don Juan José González Rivas y don Pedro José González-Trevijano en medios como Televisión Española, Radio Nacional de España, la Cadena SER o COPE.

En octubre de 2021, y tras la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid, se celebró por primera vez un curso para periodistas bajo el título «El Tribunal Constitucional y los medios de comunicación». La iniciativa contó con la participación de 28 profesionales, que pudieron conocer el funcionamiento, las competencias y la jurisprudencia del Tribunal a través de seis sesiones formativas impartidas por miembros de la institución como el Presidente, la Vicepresidenta, el Secretario General, el Secretario General Adjunto, el Letrado jefe del Servicio de Biblioteca y Doctrina, el Jefe del Gabinete del Presidente o el Jefe de Medios de Comunicación Social.

[1] Dichas cifras incluyen tanto procedimientos terminados (en fase de custodia) como iniciados y aún en tramitación, dado que el repositorio del Tribunal Constitucional incorpora todos los documentos desde el momento de su generación en los sistemas de tramitación o de su ingreso mediante el registro electrónico. Puede haber variaciones respecto de los totales de años anteriores debido a procesos de depuración de datos o a eliminación de registros.

[2] Se refiere a expedientes en soporte físico ya cerrados pero aún no remitidos al Archivo General.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2021 ascendieron a 26.569,51 miles de euros, lo que representa un incremento de 2.702,64 miles de euros (un 11,32 por 100) respecto del ejercicio 2020, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 23.866,87 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1 (Gastos de personal): 19.307,12 miles de euros.

– Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 5.120,78 miles de euros.

– Capítulo 3 (Gastos financieros): 3,00 miles de euros.

– Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 897,61 miles de euros.

– Capítulo 6 (Inversiones reales): 1.193,00 miles de euros.

– Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2021 se realizaron tres modificaciones: La primera fue una transferencia de crédito por importe de 30 mil euros desde el subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» a los subconceptos 110.00 «Personal eventual. Retribuciones básicas», por importe de 7 mil euros y 110.01 «Personal eventual. Retribuciones complementarias» por importe de 23 mil euros, para atender insuficiencias de crédito en el artículo 11. Otra transferencia de crédito, por importe de 30 mil euros, desde el subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» al subconcepto 110.01 «Personal eventual. Retribuciones complementarias» por el mismo importe, para atender insuficiencias de crédito en el mencionado subconcepto. También se realizó una ampliación de crédito, por importe de 80 mil euros, desde el subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» al subconcepto 160.00 «Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Seguridad Social», con la finalidad de atender las obligaciones con la Seguridad Social en 2021.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su secretario general, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al secretario general la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2021 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 19.307.120,00 | 17.730.133,96 | 91,83 por 100
Capítulo 2 | 5.120.780,00 | 3.207.327,81 | 62,63 por 100
Capítulo 3 | 3.000,00 | 1.734,00 | 57,80 por 100
Capítulo 4 | 897.610,00 | 354.344,28 | 39,48 por 100
Capítulo 6 | 1.193.000,00 | 627.512,61 | 52,60 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 16.643,77 | 34,67 por 100
Total | 26.569.510,00 | 21.937.696,43 | 82,57 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

1 - 3 de septiembre

Conferencia internacional «UEunidos en la diversidad: entre tradiciones constitucionales comunes e identidades nacionales», organizado conjuntamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional de Letonia. Riga, Letonia.

9 y 11 de septiembre

Participación en el solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un seminario judicial previo acerca de «El imperio de la ley y la justicia en la era digital». Estrasburgo (Francia).

23 y 24 de febrero

Actos conmemorativos del 30.º aniversario de la Corte Constitucional de Argelia. Argel (Argelia).

24 y 25 de julio

Medallas de Galicia 2020 y Festividad de Santiago Apóstol. Santiago de Compostela.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

27 de enero

Embajador de la Federación de Rusia en España, don Yuri Korchagin.

28 y 29 de junio

Presidente de la Corte Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara, para preparar la próxima reunión de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que tendrá lugar en República Dominicana en mayo de 2022.

2 de julio

Delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

7 de junio

Presidenta del Grupo de Amistad Ucrania-España y Diputada en el Parlamento de Ucrania, doña Olga Sovgyria, acompañada por el Embajador de Ucrania en España, don Serhii Pohoreltsev.

7 de julio

Presidente de la Corte Suprema de Canadá, don Richard Wagner.

Presidenta del Tribunal Constitucional de la República de Moldavia, doña Domnica Manole.

15 de septiembre

Fiscal General del Estado, doña Dolores Delgado García, para entregar la Memoria de 2020 de la Fiscalía General del Estado.

16 de septiembre

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito.

27 de septiembre

Ex-Fiscal General del Estado y ex-Ministro de Justicia de la República Dominicana, don Zadhamés Jiménez Peña.

22 de octubre

Presidenta del Tribunal Constitucional de Moldavia, doña Domnica Manole.

12 de noviembre

Magistrado del Tribunal Administrativo Federal de Alemania, don Carsten Günther.

1 de diciembre

Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Indonesia, don Anwar Usman.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

15 de febrero

Acto en conmemoración del XXV aniversario del fallecimiento de don Francisco Tomás y Valiente, Presidente emérito del Tribunal Constitucional. Firma del documento de donación del fondo documental entregado por la familia al archivo del Tribunal Constitucional.

24 de febrero

Participación telemática en la reunión del Círculo de Presidentes de la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales.

8 de marzo

Acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Coloquio sobre «Las juristas contemporáneas y su legado en el ordenamiento jurídico actual».

13 de octubre

Inauguración por el Presidente del Tribunal Constitucional del programa formativo para periodistas «El Tribunal Constitucional y los medios de comunicación», celebrado del 13 al 21 de octubre.

18 de noviembre

Acto de toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, don Juan Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas.

3 de diciembre

Delegación de la Corte de Casación de la República de Turquía, encabezada por su vicepresidente don Eyüp Yesil.

11 - 18 de diciembre

Jornadas de trabajo de una delegación del Tribunal Constitucional de la República de Moldavia, encabezada por su Presidenta, doña Domnica Manole.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

22 de febrero

Audiencia con Su Majestad el Rey don Felipe VI en relación con la entrega de la Memoria del Tribunal Constitucional de 2020. Palacio de la Zarzuela.

23 de febrero

Acto institucional con motivo del XL Aniversario del intento golpista del 23 de febrero de 1981. Congreso de los Diputados.

12 de abril

Acto conmemorativo del XL aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia. Parlamento de Galicia, Santiago de Compostela.

26 de mayo

Acto de entrega del XI Premio Gumersindo de Azcárate organizado por el Colegio de Registradores de España. Casino de Madrid.

3 de junio

Acto de presentación de la próxima reunión de la World Jurist Association. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

11 de junio

-noant

Clausura del curso formativo de especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para magistrados. Tribunal Supremo.

27 de junio

Acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Congreso de los Diputados.

5 y 6 de julio

Congreso de la World Jurist Association y homenaje a la Juez doña Ruth Bader Ginsburg. Casa de América, Madrid.

12 de julio

Acto solemne de izado de la bandera nacional en honor del Tribunal Constitucional. Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón. Madrid.

15 de julio

Acto homenaje a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento al personal sanitario, presidido por Sus Majestades los Reyes. Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid.

19 de julio

Entrega de la Memoria de 2020 del Tribunal Constitucional a Su Majestad el Rey, don Felipe VI. Palacio de la Zarzuela.

6 de septiembre

Acto solemne de apertura del año judicial, presidido por Su Majestad el Rey. Tribunal Supremo.

12 de octubre

Actos de celebración de la Fiesta Nacional. Plaza de Lima y Palacio Real, Madrid.

14 de octubre

Acto de entrega de la XIV edición del Premio Europeo Carlos V a la canciller federal de la República Federal de Alemania, doña Ángela Merkel, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Monasterio de San Jerónimo de Yuste, Cáceres.

18 de octubre

Apertura del curso académico 2021-2022 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

18 de noviembre

Acto de juramento o promesa de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Palacio de la Zarzuela.

18 - 20 de noviembre

XXVII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional sobre «Estado de alarma y Constitución». Valencia.

22 de noviembre

Acto de presentación del libro «40 años del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Al servicio de la sociedad». Fiscalía General del Estado.

25 de noviembre

Acto de entrega de los XXVII Premios Pelayo para Juristas de reconocido prestigio, concedido a doña Araceli Mangas Martín.

30 de noviembre

Acto de toma de posesión de plaza de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de doña María Emilia Casas Baamonde.

Acto de entrega de los Premios Confilegal 2021.

6 de diciembre

Conmemoración del Día de la Constitución. Congreso de los Diputados.

Conferencia anual de la Abogacía española y entrega de sus premios de Derechos Humanos 2021. Círculo de Bellas Artes.

10 de diciembre

Acto institucional conmemorativo del septuagésimo aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), presidido por Sus Majestades los Reyes. Real Academia Española.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el libro «La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico español» de Ángel Fernández Silva, que obtuvo el premio «Francisco Tomás y Valiente» en su última edición.

También ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea», que plasma los resultados de las XXVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebradas el 19 de noviembre de 2020 mediante una plataforma digital, debido a la peste del coronavirus.

El Tribunal acordó con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la difusión progresiva en formato digital de las obras escritas a consecuencia de las jornadas de letrados constitucionales. En un primer momento se han puesto en abierto tres volúmenes: «La sentencia de amparo constitucional», «La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley» y «El principio de legalidad», que se corresponden con las jornadas celebradas en 1995, 1996 y 1999. Pueden ser descargados desde la dirección https://www.tribunalconstitucional.es/es/publicaciones/Paginas/003-Actas-ALTC.aspx

Actividades formativas

El Tribunal Constitucional mantiene distintos programas de formación desde el año 2002. Durante el año 2021 se concedieron las siguientes becas, que habían sido convocadas el año anterior, mediante resoluciones de la Secretaría General de 28 de septiembre de 2020 (BOE núm. 266, de 8 de octubre de 2020):

– Una beca en tareas relacionadas con el Derecho constitucional comparado y la actividad internacional constitucional, por resolución de 8 de febrero de 2021 (BOE núm. 41, de 17 de febrero de 2021);

– Seis becas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional, por resolución de 17 de febrero de 2021 (BOE núm. 42, de 18 febrero de 2021).

Asimismo, se convocó por resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 137, de 9 de junio de 2021), una beca en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. Fue otorgada por resolución de 11 de noviembre de 2021 (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2021).

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han prorrogado el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su séptimo año de funcionamiento.

El Tribunal Constitucional celebró convenios de colaboración con instituciones de la jurisdicción constitucional de otros países, con la finalidad de proporcionar un marco de cooperación en el ámbito del derecho constitucional. El 22 de octubre de 2021 firmó un convenio con el Tribunal Constitucional del Reino de Moldova. Y el 29 de noviembre siguiente acordó un convenio de colaboración con la Corte Constitucional de la República de Indonesia.

Asimismo, celebró un convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid, el 13 de octubre de 2021, para la formación de miembros de la asociación en materia de justicia constitucional, mediante el desarrollo de un curso sobre «El Tribunal Constitucional y los medios de comunicación» en la sede de este.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/informacion-economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

IX. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de «Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2021 se han dirigido al Tribunal Constitucional 59 solicitudes de información pública. Esto representa un notable incremento respecto de las 41 solicitudes recibidas en 2020 y la recuperación de la tendencia creciente que arrancó en 2016 y se mantuvo hasta 2019 (33 en 2016, 37 en 2017, 54 en 2018 y 67 en 2019).

En número de 54 (91,52 por 100) fueron promovidas por personas físicas, cuatro (6,78 por 100) por personas jurídicas (una por un órgano público, dos por una fundación y otra por un despacho de abogados) y en una no resultaba suficientemente identificada la autoría de la solicitud (1,70 por 100). La mayoría de las 56 solicitudes (94,92 por 100) se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, dos (3,38 por 100) se presentaron a través de su registro general y una (1,70 por 100) por correo postal. Se interesó como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 54 casos (91,52 por 100), en uno, el correo postal (1,70 por 100); en cuatro ocasiones (6,78 por 100), los solicitantes no indicaron de manera expresa la modalidad de respuesta requerida, por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En 21 resoluciones de la Secretaría General (35,60 por 100)[1] se concedió el acceso a la información solicitada; en 12 (20,32 por 100) se remitió la información solicitada a las secretarías de justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de este; en 21 (35,60 por 100), se remitió a los solicitantes a las páginas web del Tribunal Constitucional y de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por figurar publicada en estas páginas la información interesada o poder acceder a la misma a través de ellas, sin que le resultase exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en una resolución (1,70 por 100) se remitió al solicitante a la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por poder acceder a la información solicitada a través de dicha página; en otra (1,70 por 100) no se accedió a la información interesada; dos solicitudes (3,38 por 100) se tuvieron por desistidas, por no haber sido atendido el requerimiento para que se identificase el solicitante y la información interesada (arts. 17.2 y 19.2 de la Ley 19/2013); y en una (1,70 por 100), por encontrarse en curso de elaboración, se accedió a la información solicitada en el mes de enero de 2022.

La solicitud en la que no se accedió a la información interesada, por exceder del ámbito del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013 [art. 2.1 f)], versó sobre la prestación de orientación o asesoramiento jurídico por parte del Tribunal.

Las solicitudes de acceso a la información han tenido por objeto una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas:

a) Interposición, estado de tramitación y documentación relativa a concretos procesos constitucionales (13);

b) Acceso a resoluciones del Tribunal (10);

c) Datos estadísticos sobre procesos constitucionales (8);

d) Procesos constitucionales en materia de protección de los derechos fundamentales (5);

e) Composición, datos profesionales, administrativos y económicos de los miembros del Tribunal Constitucional y del personal a su servicio (3);

f) Doctrina del Tribunal en determinadas materias (2);

g) Procedimientos para la declaración de inconstitucionalidad de órdenes e instrucciones ministeriales (2);

h) Solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante el Tribunal (2);

i) Información sobre la restauración de derechos como consecuencia de la nulidad del estado de alarma declarado para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 (1);

j) Funcionamiento del Tribunal (1);

k) Herramientas digitales adoptadas para el funcionamiento del Tribunal como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 (1);

l) Protocolo o normativa reguladora de la información que se publica en la página web del Tribunal (1);

m) Utilización de lenguas cooficiales en la página web del Tribunal (1);

n) Presentación de quejas y reclamaciones ante el Tribunal (1);

ñ) Contratos menores celebrados por el Tribunal para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 (1);

o) Procedimientos para actuar ante el Tribunal por la falta de renovación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial (1);

p) Resoluciones del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República (1);

q) Dosier del fondo documental «Francisco Rubio Llorente» (1);

r) Información y asesoramiento para promover reclamaciones o denuncias (1);

s) Y, en fin, información sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1).

[1] En una misma solicitud se accedió parcialmente a la información interesada y se remitió al solicitante a la página web del Tribunal Constitucional para acceder al resto de la información solicitada.

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Acuerdo de 18 de febrero de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre tratamiento de datos de carácter personal (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2021, cve: BOE-A-2021-2940).

2) Acuerdo de 19 de noviembre de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 2021, cve: BOE-A-2021-19206).

ACUERDO DE 18 DE FEBRERO DE 2021, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (BOE NÚM. 48, DE 25 DE FEBRERO DE 2021, CVE: BOE-A-2021-2940)

En atención a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2.2 y 10.1.m) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional, en sesión del día 18 de marzo de 2021, ha aprobado las siguientes normas:

Artículo 1

El tratamiento de datos personales por el Tribunal Constitucional para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas por la Constitución y por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, se llevará a cabo conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en lo que resulten aplicable.

Artículo 2

1. La Secretaría General del Tribunal Constitucional, como responsable del tratamiento, deberá mantener actualizado el registro de actividades del tratamiento del Tribunal, que podrá ser organizado en torno a conjuntos estructurados de datos y especificará, según sus finalidades, las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro deberá ser comunicada al delegado de protección de datos.

3. El Tribunal Constitucional hará público el registro de sus actividades de tratamiento, que será accesible por medios electrónicos, en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.

Artículo 3

1. La Secretaría General del Tribunal Constitucional, como responsable del tratamiento, determinará las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicarse a fin de garantizar y acreditar que los tratamientos de datos que se lleven a cabo son conformes con el Reglamento (UE) 2016/679, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial que resulte aplicable.

2. Igualmente velará por que se apliquen a los tratamientos de datos personales en el Tribunal Constitucional las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Artículo 4

1. Los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, oposición y supresión podrán ejercerse, en su caso, ante la Secretaría General del Tribunal Constitucional (calle Doménico Scarlatti, núm. 6, 28003 Madrid). Estos derechos podrán ser ejercidos por los interesados directamente o por medio de representante legal o voluntario.

2. El órgano responsable del tratamiento llevará a cabo el bloqueo de los datos cuando deba procederse a su rectificación o supresión.

3. Cuando en un proceso constitucional se solicite al Tribunal que no se divulgue públicamente su identidad o situación personal en las resoluciones que se dicten en ese proceso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales. La solicitud habrá de dirigirse al Tribunal siguiendo las reglas de postulación establecidas en el artículo 81 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Artículo 5

1. El órgano competente para desarrollar y hacer cumplir este acuerdo será, bajo la autoridad de la Presidencia del Tribunal, la Secretaría General del Tribunal Constitucional, en calidad de responsable del tratamiento.

2. El delegado de protección de datos del Tribunal Constitucional ejercerá las funciones que determinan la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento (UE) 2016/679.

3. Los responsables de los distintos servicios y unidades del Tribunal Constitucional asegurarán la protección de los datos personales en los tratamientos que les corresponda realizar, en atención a sus cometidos respectivos, conforme a los principios de protección de datos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento (UE) 2016/679.

4. Asimismo, aquellas personas físicas o jurídicas que presten servicios al Tribunal Constitucional por medio de relación contractual o de otro tipo vienen obligados a asegurar en los mismos términos la protección de los datos personales en los tratamientos que realicen por razón de la relación que les una con el Tribunal.

Disposición derogatoria única

Queda derogado el acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal, modificado por los acuerdos de 26 de marzo de 2009 y de 28 de abril de 2010, que se declaran igualmente derogados.

Disposición final única

El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de febrero de 2021.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

ACUERDO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE DISPONE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 280, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, CVE: BOE-A-2021-19206)

En virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2021, ha dispuesto la siguiente composición de las salas y secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente acuerdo:

Artículo 1

1. La Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas.

2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y doña María Luisa Balaguer Callejón.

3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Santiago Martínez-Vares, estará integrada por don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y doña Inmaculada Montalbán Huertas.

Artículo 2

1. La Sala Segunda, presidida por el Vicepresidente del Tribunal, estará integrada por don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Juan Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla y doña Concepción Espejel Jorquera.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por el Vicepresidente del Tribunal, estará integrada por don Juan Antonio Xiol Ríos, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña Concepción Espejel Jorquera.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Antonio Narváez Rodríguez, estará integrada por don Antonio Narváez Rodríguez, don Juan Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo Alcubilla.

Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano Sánchez.

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las sentencias y determinados autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO | SENTENCIAS
46, de 23 de febrero de 2021 | 1/2021 — 16/2021
69, de 22 de marzo de 2021 | 17/2021 — 40/2021
77, de 31 de marzo de 2021 | 41/2021 — 50/2021
97, de 23 de abril de 2021 | 51/2021 — 75/2021
119, de 19 de mayo de 2021 | 76/2021 — 91/2021
142, de 15 de junio de 2021 | 92/2021 — 112/2021
161, de 7 de julio de 2021 | 113/2021 — 126/2021
182, de 31 de julio de 2021 | 127/2021 — 148/2021
251, de 22 de octubre de 2021 | 149/2021 — 159/2021
268, de 9 de noviembre de 2021 | 160/2021 — 172/2021
282, de 25 de noviembre de 2021 | 173/2021 — 186/2021
17, de 20 de enero de 2022 | 187/2021 — 192/2021

NÚMERO DE SUPLEMENTO | AUTOS
46, de 23 de febrero de 2021 | 5/2021 — 8/2021
161, de 7 de julio de 2021 | 65/2021
182, de 31 de julio de 2021 | 66/2021 y 68/2021
251, de 20 de octubre de 2021 | 80/2021 y 81/2021
268, de 9 de noviembre de 2021 | 90/2021 y 95/2021
17, de 20 de enero de 2022 | 107/2021

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 1343-2018. Promovido por doña Joaquina Cortés Cortés en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de reconocimiento de pensión de viudedad.

Supuesta discriminación por razón de raza: denegación de la pensión de viudedad consecuencia de la inexistencia de unión matrimonial reconocida por el ordenamiento español (STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 2/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 6379-2018. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 23/2016, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la promoción de la excelencia académica destinadas a quienes hayan concluido estudios de educación universitaria en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), y las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha orden.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidad públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 3/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 469-2019. Promovido por don Radostin Mitkov Mitev respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que inadmitieron el recurso de apelación presentado frente a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación de recursos y declarar la firmeza de la sentencia condenatoria, impiden el ejercicio del derecho a la segunda instancia penal.

Sala Segunda. Sentencia 4/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 514-2019. Promovido por don Rusi Ventsislavov Ivanov respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que inadmitieron el recurso de apelación presentado frente a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación de recursos y declarar la firmeza de la sentencia condenatoria, impiden el ejercicio del derecho a la segunda instancia penal.

Sala Segunda. Sentencia 5/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 1331-2019. Promovido por don Maximino Antonio Martínez Suárez y otras quince personas más respecto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que declaró que aquellos habían vulnerado el deber de neutralidad que deben observar, en tanto que presidentes de federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.

Supuesta vulneración de las libertades de expresión e información y de los derechos a la igualdad y de defensa: improcedencia de la invocación de derechos fundamentales de quienes actúan en el desempeño de funciones públicas.

Sala Primera. Sentencia 6/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 2578-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 23/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca y establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, y las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha orden.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidad públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 7/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 4217-2019. Promovido por don Alfonso Mesa Puga y otras dos personas más respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 8/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo núm. 4319-2019. Promovido por doña María Pilar Moreno Monroy respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Zaragoza en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 9/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 6090-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 10/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 6091-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]

Sala Segunda. Sentencia 11/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 248-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inadmitieron su recurso de casación por infracción de la normativa autonómica.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 12/2021, de 25 de enero de 2021

Recurso de amparo 1588-2020. Promovido por doña Ana Isabel Pérez Cordido respecto del auto dictado por un juzgado de primera instancia de A Coruña en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 31/2019).

Pleno. Sentencia 13/2021, de 28 de enero de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 3848-2015. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la acción de la administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, libertad de expresión e información, reunión, tutela judicial: interpretación conforme con la Constitución de los preceptos que tipifican, como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como infracción leve la ocupación de inmuebles contra la voluntad de su titular y de vías públicas, y del régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 14/2021, de 28 de enero de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 1478-2020. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto del artículo 153.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en relación con los artículos 53 y 50.4 LOREG.

Principios de legalidad penal (taxatividad) y seguridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal que tipifica como infracción el incumplimiento de todas las normas obligatorias de la ley que no sea constitutiva de delito. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 15/2021, de 28 de enero de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 1772-2020. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 3.4 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.

Competencias sobre legislación procesal: nulidad del precepto legal autonómico que establece la acción pública en vía jurisdiccional.

Pleno. Sentencia 16/2021, de 28 de enero de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 2577-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso respecto de los Decretos-leyes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento Cataluña de convalidación del Decreto-ley 1/2020.

Límites de los decretos-leyes: nulidad parcial de los preceptos que tipifican como supuesto de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda su desocupación permanente y establecen medidas coactivas para su cumplimiento (STC 93/2015).

Sala Primera. Sentencia 17/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 3956-2018. Promovido por doña Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff y dos personas más en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de un laudo arbitral.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): sentencia que, ignorando los límites propios de la acción de anulación del laudo, la convierte en un recurso ordinario que permite la revisión de todo lo actuado.

Sala Segunda. Sentencia 18/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 3966-2018. Promovido por don Simón Viñals Pérez respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de homicidio imprudente.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en casación que no llevó a cabo una modificación del relato de hechos probados ni una nueva valoración de la prueba y que hace uso de la teoría del incremento del riesgo como modelo de imputación del resultado en los casos de imprudencias médicas. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 19/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 6348-2018. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden 24/2016, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades públicas de la Comunitat Valenciana, y la Resolución de 11 de julio de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en las universidades públicas de la comunidad valenciana durante el curso 2016/2017, y las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha orden.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 20/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 6839-2018. Promovido por doña Silvia Cazorla Úbeda respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Sabadell en juicio verbal de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin apurar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020).

Sala Primera. Sentencia 21/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 2914-2019. Promovido por don J. C. C. en relación con las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central que confirmaron una sanción administrativa por grave desconsideración con los superiores.

Vulneración de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia: sanción disciplinaria impuesta con infracción del derecho de no autoincriminación por las declaraciones prestadas como testigo en un juicio verbal civil.

Sala Segunda. Sentencia 22/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 3917-2019. Promovido por don Atik Makdad respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito contra la salud pública.

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en casación que no infringió los principios de inmediación ni acusatorio. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 23/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 3995-2019. Promovido por doña Ana Isabel García Morales en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución forzosa.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia (STC 17/2020).

Sala Primera. Sentencia 24/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 5564-2019. Promovido por don Ousmane Kebe Ndiaye respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Granollers (Barcelona) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Segunda. Sentencia 25/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 5857-2019. Promovido por Ferma Móvil, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad Real en proceso de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 26/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 6079-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 27/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 6087-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 28/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 6093-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 29/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 7447-2019. Promovido por doña Encarnación Castella Águila respecto de los autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un juzgado central de instrucción en el curso de diligencias previas por posible comisión de delitos en relación con la prestación de servicios odontológicos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y a la asistencia letrada: resoluciones judiciales que supeditaron la intervención como acusación particular a la utilización de la defensa y representación de alguna de aquellas otras previamente personadas.

Sala Primera. Sentencia 30/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 7501-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 31/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 7506-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 32/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 183-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 33/2021, de 15 de febrero de 2021

Recurso de amparo 446-2020. Promovido por Aluminios del Maestre, S. A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Villafranca de los Barros (Badajoz) en proceso de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 34/2021, de 17 de febrero de 2021

Recurso de amparo 1640-2020. Promovido por doña Meritxell Borràs i Solé respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un delito de desobediencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho), al juez ordinario predeterminado por la ley y a la doble instancia penal: competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para la investigación y enjuiciamiento de la causa que tiene incuestionable base legal explícita; limitación fundada del derecho a la doble instancia cuando la resolución ha sido dictada por el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.

Pleno. Sentencia 35/2021, de 18 de febrero de 2021

Recurso de amparo 1265-2018. Promovido por don Jerry Aroon-Kumar Rustveld respecto de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Baleares y un juzgado de lo penal de Palma de Mallorca, que le condenaron por un delito de amenazas leves.

Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: privación del derecho a la última palabra, a cuyo ejercicio no se había renunciado expresamente; matización de la doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre.

Pleno. Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021

Conflicto positivo de competencia 4088-2019. Planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos del Reglamento de adopción internacional aprobado por el Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo.

Competencias en materia de relaciones internacionales y protección de menores: nulidad de diversos preceptos de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, y de su Reglamento de desarrollo, que atribuyen funciones estrictamente ejecutivas a la administración del Estado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 37/2021, de 18 de febrero de 2021

Conflicto positivo de competencia 4709-2019. Planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Potestad de autoorganización y autonomía parlamentaria, derechos históricos de los territorios forales y régimen de cooficialidad lingüística: nulidad del precepto reglamentario que prevé la incorporación de los datos suministrados por los órganos legislativos a la base nacional de subvenciones.

Pleno. Sentencia 38/2021, de 18 de febrero de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 3681-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco.

Competencias sobre función pública: pruebas de acceso restringidas que contravienen las bases estatales en la materia (STC 38/2004).

Pleno. Sentencia 39/2021, de 18 de febrero de 2021

Conflicto positivo de competencia 4491-2020. Planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el artículo 5.3 a) del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Competencias sobre legislación laboral: nulidad del precepto reglamentario que presupone la reserva de potestades de ejecución a un órgano estatal.

Pleno. Sentencia 40/2021, de 18 de febrero de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 4649-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local.

Límites materiales de los decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma de la participación de los entes locales en fondos de titularidad autonómica.

Sala Segunda. Sentencia 41/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 1128-2018. Promovido por don Gerardo González León en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 42/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 1575-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir respecto de la Resolución de 26 de junio de 2016 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2015-2016 en las Universidades de la Comunitat Valenciana.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020) y de las resoluciones judiciales que afirmaron su legalidad. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 43/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 1963-2019. Promovido por doña Mónica Sorina Popescu en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Arganda del Rey (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos llevado a cabo sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 44/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 2535-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 45/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 2537-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 46/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 3057-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 47/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 3068-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 48/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 3507-2019. Promovido por Grupo Inversiones Nicolás Serrano, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Murcia en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 47/2019 (inadecuada utilización de medios telemáticos para llevar a efecto el primer emplazamiento de la ejecutada).

Sala Segunda. Sentencia 49/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 3547-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 50/2021, de 3 de marzo de 2021

Recurso de amparo 7580-2019. Promovido por don Hugo Martín Francisco Ravanelli respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Gavà (Barcelona) en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 51/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 2950-2018. Promovido por don A. M. Z., respecto de la sanción impuesta por la Secretaría de Estado de Justicia y la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirmó su legalidad.

Vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la legalidad sancionadora (principio de culpabilidad): resoluciones que no toman adecuadamente en consideración la discapacidad aducida ni la petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Sala Primera. Sentencia 52/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 5565-2018. Promovido por don Carlos Santiago Contreras respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Valdemoro (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión, por prematuro, del recurso de amparo.

Sala Primera. Sentencia 53/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6546-2018. Promovido por don Óscar Urralburu Arza, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, respecto de la inadmisión de una proposición de ley sobre derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario regional.

Vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo en conexión con el derecho de los ciudadanos a la participación: inadmisión de una iniciativa parlamentaria fundada en el veto presupuestario gubernamental cuya suficiencia y razonabilidad no examinó la mesa de la cámara (SSTC 223/2006 y 242/2006).

Sala Primera. Sentencia 54/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 1728-2019. Promovido por doña María Pilar Ruiz Lorente respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Tafalla (Navarra), en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial del decreto de la letrada de la administración de justicia (STC 17/2020).

Sala Segunda. Sentencia 55/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 2563-2019. Promovido por la entidad mercantil Izo Corporate, S. L., respecto de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de laudo arbitral.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable negativa judicial a proceder al archivo del proceso de anulación del laudo, instado por las partes tras alcanzar un acuerdo extrajudicial (STC 46/2020).

Sala Primera. Sentencia 56/2021, de 15 de marzo de 2021

Recursos de amparo 3546-2019 y 3560-2019 (acumulados). Promovidos por Penrei Inversiones, S. L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 57/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 5866-2019. Promovido por doña María Virtudes Carnicel Flores respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares en ejecutoria de sentencia condenatoria por un delito de abandono de familia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, en aplicación del precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impide la revisión judicial del decreto de la letrada de la administración de justicia.

Sala Segunda. Sentencia 58/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6502-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 59/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6503-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 60/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6820-2019. Promovido por don Mourad Hlal respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Guadalajara en juicio verbal de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020).

Sala Primera. Sentencia 61/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6838-2019. Promovido por doña Esperanza de la Calle Gil respecto de la sentencia dictada, en suplicación, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido disciplinario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial que desestima una pretensión indemnizatoria pese a reconocer la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora cuyo ordenador fue objeto de monitorización. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 62/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 7505-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 63/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 729-2020. Promovido por don Carlos José Mir Canales respecto de la resolución sancionadora de la Tesorería General de la Seguridad Social confirmada, en suplicación, por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, desatendiendo el Derecho transitorio y aplicando al caso el régimen de notificaciones a través de la sede electrónica, declararon la extemporaneidad del recurso de alzada en vía administrativa.

Sala Primera. Sentencia 64/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 862-2020. Promovido por Grúas Puente Rublán, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Benavente (Zamora) en proceso ordinario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (STC 40/2020).

Sala Segunda. Sentencia 65/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 976-2020. Promovido por la entidad Banco Santander, S. A., con respecto a la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimatoria de una acción de anulación de laudo arbitral.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden público (SSTC 46/2020 y 17/2021).

Sala Segunda. Sentencia 66/2021, de 15 de marzo de 2021

Recurso de amparo 980-2020. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con diversas resoluciones y actos de la presidencia de la cámara.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo: discrepancias jurídicas acerca del titular de la presidencia de la Generalitat de Cataluña que no perturban las funciones representativas de los parlamentarios.

Pleno. Sentencia 67/2021, de 17 de marzo de 2021

Recurso de amparo 1447-2020. Promovido por don Carles Mundó i Blanch en relación con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la presunción de inocencia: condena impuesta existiendo prueba documental suficientemente valorada por la resolución judicial; motivación adecuada de la cuota diaria de la pena de multa impuesta (STC 34/2021).

Pleno. Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 4261-2018. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Competencias en materia de contratación pública: nulidad parcial de los preceptos legales estatales relativos al órgano competente para resolver, en el ámbito autonómico, el recurso especial en materia de contratación; eficacia de las clasificaciones de empresas, e inserción en una sola plataforma electrónica del perfil de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con la Constitución de distintos preceptos legales y apreciación de diversos supuestos de disconformidad con el orden constitucional de distribución de competencias.

Pleno. Sentencia 69/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6238-2019. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que dispusieron su suspensión como diputado.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a la tutela judicial: resoluciones parlamentarias que aplican, motivadamente y sin afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del cargo parlamentario (STC 97/2020).

Pleno. Sentencia 70/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6711-2019. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda respecto de los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acuerdan continuar, sin solicitar autorización del Congreso de los Diputados y del Senado, la vista oral en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que parten de una adecuada comprensión de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria; improcedencia de extrapolar la doctrina de la STJUE de 19 de diciembre 2019.

Pleno. Sentencia 71/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de amparo 6720-2019. Promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol, don Josep Rull i Andreu y don Jordi Turull i Negre respecto de los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acuerdan continuar, sin solicitar autorización del Congreso de los Diputados y del Senado, la vista oral en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que parten de una adecuada comprensión de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria; improcedencia de extrapolar la doctrina de la STJUE de 19 de diciembre 2019.

Pleno. Sentencia 72/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 6835-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.

Competencias sobre legislación civil, mercantil y procesal, ordenación del crédito y de la economía: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos al documento justificativo de la contratación y clausulado de los contratos y de contratos de tracto continuado; nulidad del precepto legal sobre titulización de créditos y, por conexión o consecuencia, de la tipificación como infracción administrativa de la no comunicación de cesión de créditos a fondos de titulización.

Pleno. Sentencia 73/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de amparo 7439-2019. Promovido por don Jesús Sebastián Rocho Leal en relación con el auto de un juzgado de instrucción de Badajoz que denegó incoación de procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: órgano judicial que dejó transcurrir un tiempo desproporcionadamente largo antes de pronunciarse sobre la libertad del interesado y que, cuando lo hizo, inadmitió la solicitud de habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 95/2012); planteamiento facultativo del incidente de nulidad de actuaciones cuando la demanda de amparo alegue vulneración del derecho a la libertad personal en procedimientos de habeas corpus. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 74/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 440-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 19 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria.

Competencias sobre ordenación de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que, al definir el concepto de «vino» entra en contradicción insalvable con la normativa básica estatal.

Pleno. Sentencia 75/2021, de 18 de marzo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 4911-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados respecto del artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, en la redacción dada por la reforma de 1 de julio de 2020.

Régimen lingüístico: constitucionalidad del precepto que permite el uso del bable/asturiano en las actuaciones parlamentarias. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 76/2021, de 15 de abril de 2021

Recurso de amparo electoral 2117-2021. Promovido por el Partido Popular, don Antonio Cantó García del Moral y don Agustín Conde Bajén, en relación con la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que declaró la inelegibilidad de estos últimos.

Supuesta vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: exclusión de las listas electorales de quienes no ostentaban la condición de electores. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 77/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 6510-2018. Promovido por doña Luz Aurora Cuya Ayala respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Móstoles (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación). STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Segunda. Sentencia 78/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 541-2019. Promovido por don Clemente Cerros Díez de Baldeón en relación con las sentencias de un juzgado de lo penal y la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaron por un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Vulneración del derecho a la legalidad penal: condena impuesta por el incumplimiento de una medida adoptada en un proceso penal que se había sobreseído.

Sala Segunda. Sentencia 79/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 1468-2019. Promovido por doña Flora Mayo González y la entidad Asistencia Técnica Integral de Salamanca, S. L., respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de Zaragoza en procedimiento ordinario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: notificaciones practicadas tras la sustitución, no comunicada a los colegios profesionales radicados fuera de Aragón, del sistema Lexnet por Avantius.

Sala Primera. Sentencia 80/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 1692-2019. Promovido por don Jesús Rocho Sosa y doña Josefa Rodríguez Sanabria en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Badajoz decretando prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: medida cautelar adoptada sin poner de manifiesto las actuaciones esenciales del expediente (STC 83/2019).

Sala Segunda. Sentencia 81/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 3826-2019. Promovido por doña A. R. G. y don M. F. J., en relación con las resoluciones de la dirección de un colegio público de Alicante y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, que confirmaron su legalidad.

Supuesta vulneración de los derechos a la educación, igualdad y no discriminación, integridad física y moral y a no padecer indefensión: medida preventiva de suspensión de asistencia al centro escolar, en tanto se procedía a la emisión de un diagnóstico médico, adoptada con ponderación del interés superior del menor. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 82/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 4513-2019. Promovido por LG Inversa Recycle Pallets, S. L. U., respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de Jerez de la Frontera (Cádiz) en juicio verbal de desahucio arrendaticio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 30/2014).

Sala Primera. Sentencia 83/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 4575-2019. Promovido por don Víctor González Méndez en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 84/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 5128-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 85/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 7132-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 86/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 7508-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 87/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 1004-2020. Promovido por Aluminios Torralba, S. A., respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de Murcia en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos llevado a cabo sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 88/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 1683-2020. Promovido por doña Carmen Borrero Rodríguez en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su impugnación de la denegación por silencio de solicitud de concesión de uso, ocupación y aprovechamiento de un inmueble en el municipio de Cartaya (Huelva).

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial que desatiende el previo reconocimiento por sentencia de la titularidad dominical de un bien, que se retrotrae a un momento anterior a la entrada en vigor de la Ley de costas.

Sala Segunda. Sentencia 89/2021, de 19 de abril de 2021

Recurso de amparo 1914-2020. Promovido por Fuentes y Rebellín, S. L., en relación con las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia e instrucción de Molina de Segura (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 47/2019 (inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal).

Pleno. Sentencia 90/2021, de 22 de abril de 2021

Recurso de amparo 6240-2019. Promovido por don Josep Rull i Andreu respecto de su suspensión como diputado, acordada por la mesa del Congreso de los Diputados.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a la tutela judicial: STC 69/2021 (resoluciones parlamentarias que aplican, motivadamente y sin afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del cargo representativo).

Pleno. Sentencia 91/2021, de 22 de abril de 2021

Recurso de amparo 1403-2020. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Supuesta vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución judicial dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 92/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 1944-2019. Promovido por don José Edwin Lara Anticona, doña Eusebia Teófila Burgos Ramírez y don José Wilfredo Lara Burgos respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 93/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 3223-2019. Promovido por doña Piedad Ángeles Peris García en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Segovia y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda en proceso de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: mensajes difundidos a través de una red social en los que tilda de asesino y se expresa alivio por la muerte de un torero en el curso de la lidia. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 94/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 3987-2019. Promovido por don Fernando Ruiz Fernández en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Santoña (Cantabria) en juicio verbal por desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020).

Sala Segunda. Sentencia 95/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 5050-2019. Promovido por las entidades Grupo Luzelma, S. L., y Santa Victoria, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Algeciras en incidente de tasación de costas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): tasación de las costas que ignora la declaración del proceso como de cuantía indeterminada.

Sala Segunda. Sentencia 96/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 5527-2019. Promovido por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu respecto de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de lo contencioso-administrativo de Girona que inadmitieron recuso de apelación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de recurso de apelación por extemporáneo sin tener en cuenta la aclaración del fallo (STC 105/2006).

Sala Segunda. Sentencia 97/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 6802-2019. Promovido por doña Esther Rodríguez Manzanares respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de Albacete en juicio verbal de desahucio arrendaticio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 30/2014).

Sala Segunda. Sentencia 98/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo núm. 7028-2019. Promovido por don Gabriel Gavriluta en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de junio).

Sala Primera. Sentencia 99/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 7436-2019. Promovido por don Jenri Ramírez Rosario en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo penal de Huesca que le condenaron por varios delitos.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia: captación y grabación de comunicaciones orales mantenidas en el interior de sendos vehículos que se prolongó por espacio de tres meses.

Sala Segunda. Sentencia 100/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 7528-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 101/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 63-2020. Promovido por don Juan Carlos Molinos Molinos respecto del auto dictado por un juzgado de primera instancia de Jaén en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 102/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 501-2020. Promovido por don Jesús Manuel Escalonilla Díaz y doña Ana Teresa Torres Liñán respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 103/2021, de 10 de mayo de 2021

Recursos de amparo 691-2020 y 693-2020 (acumulados). Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., y Penrei Inversiones, S. L., respectivamente, en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 104/2021, de 10 de mayo de 2021

Recurso de amparo 764-2020. Promovido por la entidad Naguspea, S. L., respecto de la providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido respecto de una sentencia estimatoria del recurso de suplicación formulado por la contraparte en proceso de conflicto colectivo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones fundada en la procedencia del recurso de casación para la unificación de doctrina sin estar acreditada la concurrencia de identidad de situaciones fácticas entre la sentencia que se pretendía controvertir y otra dictada por este Tribunal Constitucional en cuya doctrina se fundamenta la impugnación.

Pleno. Sentencia 105/2021, de 11 de mayo de 2021

Recurso de amparo 6239-2019. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados declarando su suspensión como diputado.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a la tutela judicial: STC 69/2021 (resoluciones parlamentarias que aplican, motivadamente y sin afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del cargo parlamentario).

Pleno. Sentencia 106/2021, de 11 de mayo de 2021

Recurso de amparo 1407-2020. Promovido por don Josep Rull i Andreu respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición.

Supuesta vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y de defensa, a no padecer discriminación por razón de la lengua, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución judicial dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 107/2021, de 13 de mayo de 2021

Recurso de amparo 2670-2017. Promovido por don Francesc Homs i Molist respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia.

Alegada vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, legalidad penal, segunda instancia y tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la igualdad; supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la prueba: inadmisión parcial del recurso de amparo; denegación de prueba testifical y documental cuya relevancia en términos de defensa no se acredita.

Pleno. Sentencia 108/2021, de 13 de mayo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 4062-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en el Congreso respecto de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Principio de reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad de las sentencias, derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de inocencia; garantías del proceso penal: interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales que establecen el deber de colaboración de los poderes públicos navarros en la realización del «derecho a la verdad» y definen las funciones que puede desempeñar la Comisión de Reconocimiento y Reparación en la averiguación, documentación y acreditación de hechos (STC 83/2020). Voto particular.

Pleno. Sentencia 109/2021, de 13 de mayo de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 5150-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Valencia en relación con el apartado 1 de la disposición adicional trigésimo tercera de la Ley de las Cortes Valencianas 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece un complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección de personal estatutario facultativo del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana.

Pleno. Sentencia 110/2021, de 13 de mayo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 1813-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso respecto de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Límites materiales de los decretos leyes: nulidad del precepto que modifica la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Voto particular.

Pleno. Sentencia 111/2021, de 13 de mayo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 2295-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversas disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos que modifican el régimen de gestión de clases pasivas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 112/2021, de 13 de mayo de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 5178-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, Derecho civil, ordenación general de la economía; principio de seguridad jurídica, derecho de propiedad y libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que limitan la explotación agrícola del suelo ubicado en el ámbito territorial de aplicación de la ley.

Sala Segunda. Sentencia 113/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 3533-2018. Promovido por doña M. S. C. respecto el auto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madri0064 y un juzgado de primera instancia e instrucción de Getafe en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda sin observar el deber de motivación reforzada al no ponderar la afectación a los menores y personas con discapacidad. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 114/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 3820-2019. Promovido por don Abdelghani El Ghoufairi en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de junio).

Sala Segunda. Sentencia 115/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 6089-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 116/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 1619-2020. Promovido por D. P. G. Redacción y Administración, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Elche (Alicante) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: entidad mercantil que se desentiende de la suerte de un procedimiento de ejecución y de la convocatoria de una subasta de la que tenía fehaciente conocimiento.

Sala Segunda. Sentencia 117/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 1687-2020. Promovido por Llova Consulting, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Alicante en procedimiento de despido y reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 119/2020).

Sala Primera. Sentencia 118/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 2726-2020. Promovido por don Domingo Antonio Yumar Afonso y doña María del Pilar Martín Goya en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 119/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 3199-2020. Promovido por doña Iris Martín Varela en relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Lugo en proceso de conciliación de la vida laboral y familiar.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución judicial que no pondera las circunstancias personales de quien impugna una modificación de jornada de trabajo que incide sobre el disfrute de la reducción que tiene reconocida por cuidado de hijos.

Sala Segunda. Sentencia 120/2021, de 31 de mayo de 2021

Recurso de amparo 3368-2020. Promovido por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico en relación con las sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución jurídicamente fundada) y a un proceso con todas las garantías: inexistencia del privilegio de inmunidad absoluta de jurisdicción.

Pleno. Sentencia 121/2021, de 2 de junio de 2021

Recurso de amparo 1406-2020. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y ordinario predeterminado por la ley, de defensa, a no padecer discriminación por razón de la lengua, a un proceso con todas las garantías, de presunción de inocencia y a la legalidad penal: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 122/2021, de 2 de junio de 2021

Recurso de amparo 1474-2020. Promovido por don Jordi Cuixart i Navarro respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y ordinario predeterminado por la ley, de reunión y a la legalidad penal: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 123/2021, de 3 de junio de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 1514-2020. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en relación con las letras a) y c) del artículo 40.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.

Competencias en materia de protección ambiental: constitucionalidad del precepto legal autonómico que exceptúa de evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle.

Pleno. Sentencia 124/2021, de 3 de junio de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 2035-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular respecto de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Límites materiales de los decretos leyes: extinción del proceso cuyo objeto ha sido anulado por la sentencia 110/2021, de 13 de mayo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 125/2021, de 3 de junio de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 4192-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular respecto del artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de la regulación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Pleno. Sentencia 126/2021, de 3 de junio de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 5246-2020. Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 137 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

Principio de legalidad penal (taxatividad) en relación con el derecho a la participación política: interpretación conforme del precepto legal que prevé la imposición de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

Sala Primera. Sentencia 127/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 4163-2019. Promovido por don Juan Carlos Asenjo Grande en relación con la sentencia de un juzgado central de lo contencioso-administrativo en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 128/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 7161-2019. Promovido por don Mauricio Ospina Villegas en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 129/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 7583-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 130/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 872-2020. Promovido por la Confederación General del Trabajo respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en proceso de conflicto colectivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a libertad sindical en relación con el derecho de huelga: calificación de huelga abusiva resultante de la negativa de los cinco comités de huelga actuantes a constituir una comisión negociadora con composición ajustada a la normativa reguladora.

Sala Primera. Sentencia 131/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 1921-2020. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: pretendida vertiente negativa del derecho de acceso al proceso del poseedor con título inscrito llamado a la ejecución.

Sala Primera. Sentencia 132/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 4265-2020. Promovido por doña Rachida Kaouay respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que agravó, en apelación, la condena que le había sido impuesta por un juzgado de lo penal de Melilla como autora de un delito de tráfico de drogas.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (reformatio in peius) y a un proceso con todas las garantías: sentencia que agrava la condena impuesta fundándose en la existencia de un error, padecido en la primera instancia, en la aplicación de la ley y sin que mediara petición al respecto de las partes acusadoras.

Pleno. Sentencia 133/2021, de 24 de junio de 2021

Recursos de amparo 4037-2015 y 4098-2015 (acumulados). Promovidos por doña Ángela Bergillos Alguacil y cuatro personas más respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó por un delito contra las instituciones del Estado.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, de participación política, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal: concentración frente a la sede del Parlamento de Cataluña con la que se trataba de impedir el debate y aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 134/2021, de 24 de junio de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 3883-2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española y de su presidente.

Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos legales que detallan o precisan aspectos de la regulación preexistente y que permiten la sustitución del Senado por el Congreso en la elección de los miembros del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 135/2021, de 24 de junio de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 4090-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso respecto de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Principio de reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad de las sentencias, derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de inocencia; garantías del proceso penal: STC 108/2021 [interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales que establecen el deber de colaboración de los poderes públicos navarros en la realización del «derecho a la verdad» y definen las funciones que puede desempeñar la Comisión de Reconocimiento y Reparación en la averiguación, documentación y acreditación de hechos (STC 83/2020)]. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 136/2021, de 29 de junio de 2021

Recurso de amparo 2606-2018. Promovido por don Jaber El Ghali respecto de las resoluciones dictadas por el letrado de la administración de justicia de un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, aplicando el precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impide la revisión judicial del decreto del letrado de la administración de justicia.

Sala Segunda. Sentencia 137/2021, de 29 de junio de 2021

Recurso de amparo 202-2019. Promovido por don Txema Guijarro García y don Sergio Pascual Peña, portavoz y diputado del grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto de las resoluciones de la mesa del Congreso sobre utilización de las dependencias de la Cámara.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo representativo y a la participación política: denegación del uso de una sala del Congreso para la celebración de un encuentro interparlamentario de apoyo al Sáhara occidental.

Sala Segunda. Sentencia 138/2021, de 29 de junio de 2021

Recurso de amparo 6915-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con las órdenes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 24/2017, de 21 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de promoción de la excelencia académica del alumnado universitario de las universidades públicas y de los centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, y 27/2017, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación superior de la Comunidad Valenciana; así como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la impugnación de aquellas.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 139/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 4997-2018. Promovido por Titania Compañía Editorial, S. L., respecto de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Madrid en juicio verbal sobre ejercicio del derecho de rectificación.

Supuesta vulneración de los derechos a la información y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que estiman la pretensión de publicación del escrito de rectificación en el que predominan los elementos fácticos, al tiempo que disponen la corrección de sendas afirmaciones de carácter valorativo.

Sala Segunda. Sentencia 140/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 5508-2018. Promovido por doña Saida Mónica Ruano Rijo y tres personas más en relación con las sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales de las causas justificativas del despido colectivo.

Sala Primera. Sentencia 141/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 1576-2019. Promovido por don Cristóbal Gallego Gallego en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 142/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 5429-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 143/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 5776-2019. Promovido por don J. A. V. P. en relación con las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central que confirmaron una sanción administrativa por grave desconsideración con los superiores.

Vulneración de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia: sanción disciplinaria impuesta con infracción del derecho de no autoincriminación por las declaraciones prestadas como testigo en un juicio verbal civil (STC 21/2021).

Sala Segunda. Sentencia 144/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 5785-2019. Promovido por don E. P. S. respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrelavega (Cantabria) en autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que establece el régimen de responsabilidad civil derivada del delito desconociendo lo resuelto anteriormente por un juzgado de menores. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 145/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 2205-2020. Promovido por don Juan Manuel Bermejo Pérez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 146/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 2398-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña en relación con las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tuvieron por no preparado su recurso de casación por infracción de la normativa autonómica.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020).

Sala Primera. Sentencia 147/2021, de 12 de julio de 2021

Recurso de amparo 5275-2020. Promovido por don Carlos Aires da Fonseca Panzo respecto del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que autorizó su extradición a Angola.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con los derechos a la libertad personal, de residencia y circulación: resolución judicial que acepta como soporte de la demanda de extradición un escrito de la fiscalía angoleña carente de refrendo judicial (STC 147/2020).

Pleno. Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

Estado de alarma: nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de circulación y habilitan al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en establecimientos y actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la orden ministerial. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 149/2021, de 13 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 4949-2018. Promovido por don Jesús María Sánchez García respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Barcelona en procedimiento de ejecución de sentencia de divorcio.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones de la letrada de la administración de justicia que fueron objeto de control jurisdiccional.

Sala Segunda. Sentencia 150/2021, de 13 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 3866-2019. Promovido por doña Norma del Consuelo López Collahuazo respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 151/2021, de 13 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 5197-2019. Promovido por don Marin Sorocean respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en procedimiento de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente las circunstancias personales y familiares al ratificar la orden de expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).

Sala Primera. Sentencia 152/2021, de 13 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 1047-2020. Promovido por don Juan Antonio Prieto Gil respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de lo social de Murcia en proceso sobre reconocimiento del complemento de maternidad en pensión de jubilación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): desconocimiento y preterición de una norma antidiscriminatoria de la Unión Europea que contraviene el principio de primacía del Derecho de la Unión.

Sala Segunda. Sentencia 153/2021, de 13 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 1797-2020. Promovido por doña Fuensanta Madrigal Mellado respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social de la capital en procedimiento de tutela de derechos fundamentales.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de sexo y de las circunstancias personales: decisión empresarial de cambio de puesto de trabajo (UCI pediátrica) justificada por la concurrencia de razones objetivas ajenas a todo factor discriminatorio.

Sala Segunda. Sentencia 154/2021, de 13 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 3929-2020. Promovido por doña Juana Girona Benítez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Barcelona en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 155/2021, de 13 de septiembre de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 1530-2021. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 248.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal que regula las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 91/2019).

Pleno. Sentencia 156/2021, de 16 de septiembre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 1960-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, respecto del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos legales que excluyen a las personas jurídicas del ámbito de aplicación de la norma y regulan el régimen de imposición de costas cuando el consumidor no hubiera acudido al procedimiento extrajudicial de reclamación previa ante la entidad de crédito; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que limita los supuestos de imposición de costas a las entidades de crédito. Voto particular.

Pleno. Sentencia 157/2021, de 16 de septiembre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 315-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho civil foral de Navarra o Fuero Nuevo.

Competencias sobre Derecho civil: nulidad de las referencias al principio de paridad de ordenamientos; interpretación conforme con la Constitución de los preceptos relativos a la inscripción registral de la filiación por reconocimiento, la cesión de créditos y la dación en pago necesaria. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 158/2021, de 16 de septiembre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 1140-2021. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

Competencias sobre asistencia social y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen al Estado la gestión del ingreso mínimo vital. Voto particular.

Pleno. Sentencia 159/2021, de 16 de septiembre de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 1939-2021. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de educación, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020.

Principios de interdicción de la arbitrariedad, irretroactividad, seguridad jurídica e igualdad; exclusividad jurisdiccional y leyes singulares: constitucionalidad del precepto legal relativo a la financiación autonómica de las plazas de las guarderías municipales.

Sala Segunda. Sentencia 160/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 3884-2017. Promovido por don Pedro David Delso Sanz en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza, en procedimiento por despido.

Supuesta vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal: utilización de la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con los clientes como medio de acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales.

Sala Segunda. Sentencia 161/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 2407-2019. Promovido por don Juan Carlos Capelo Mainar respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Madrid en proceso de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no analizaron el fondo de la alegación de discapacidad cognitiva opuesta por el ejecutado.

Sala Segunda. Sentencia 162/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 3569-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Resolución de 14 de diciembre de 2017 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2017-2018 en las universidades de la Comunitat Valenciana, así como las dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 163/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 250-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que denegaron la preparación de recuso de casación por infracción de la normativa autonómica.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 128/2018 y 98/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 164/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 1264-2020. Promovido por don Hassan Ashini respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un juzgado de vigilancia penitenciaria de Canarias desestimatorio de su queja por el tratamiento penitenciario recibido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que no ponderan adecuadamente el derecho de acceso a la información administrativa al denegar la consulta por el interno de los informes elaborados por el equipo técnico y que habían servido para denegarle un permiso de salida.

Sala Segunda. Sentencia 165/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 2964-2020. Promovido por don José Benito Vieites Reboeiras en relación con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó, en casación, por sendos delitos contra la salud pública y de integración en grupo criminal.

Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: condena por un delito a quien había sido absuelto en la instancia y sin que la parte acusadora formulara petición alguna en grado de casación.

Sala Segunda. Sentencia 166/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 206-2021. Promovido por don Guillem Padilla Castelló respecto de los autos de la Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de Barcelona que inadmitieron su querella por presuntos delitos de torturas, lesiones leves, contra la integridad moral y contra las garantías constitucionales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo custodia policial (STC 34/2008).

Sala Primera. Sentencia 167/2021, de 4 de octubre de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 3492-2021. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con diversos apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de educación, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020.

Principios de interdicción de la arbitrariedad, irretroactividad, seguridad jurídica e igualdad; exclusividad jurisdiccional y leyes singulares: STC 159/2021 (constitucionalidad del precepto legal relativo a la financiación autonómica de las plazas de las guarderías municipales).

Pleno. Sentencia 168/2021, de 5 de octubre de 2021

Recurso de amparo 2109-2020. Promovido por don Santiago Abascal Conde y otros cincuenta y un diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados en respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara acordando la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Vulneración del derecho a la participación política: suspensión de la tramitación de las iniciativas parlamentarias que impide el ejercicio de la función representativa y de control al Gobierno. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 169/2021, de 6 de octubre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 3866-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados en relación con diversos apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal.

Prohibición de penas inhumanas o degradantes; derechos a la libertad personal en conexión con los principios de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, y a la legalidad penal; mandato de resocialización de las penas: constitucionalidad de la regulación legal de la prisión permanente revisable. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 170/2021, de 7 de octubre de 2021

Recurso de amparo 1463-2019. Promovido por don Artur Mas i Gavarró frente a las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenaron por un delito de desobediencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, de reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la suspensión de las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones autonómicas tramitada con el número 6540-2014.

Pleno. Sentencia 171/2021, de 7 de octubre de 2021

Recurso de amparo 5382-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto de los autos dictados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando a la mesa del Parlamento de Cataluña su suspensión en los cargos públicos que venía desempeñando.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos representativos, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del cargo parlamentario (STC 11/2020).

Pleno. Sentencia 172/2021, de 7 de octubre de 2021

Recurso de amparo avocado 4119-2020. Promovido por doña Felisa Portillo Sánchez respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimaron, en casación y suplicación, su demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 173/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 227-2019. Promovido por doña Felicidad Teresa González del Valle en relación con la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su solicitud de revisión de la pensión ordinaria de jubilación forzosa por edad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resolución judicial que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar un pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación de los haberes reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación de la recurrente.

Sala Segunda. Sentencia 174/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 1421-2019. Promovido por doña Irene Rigau i Oliver respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenaron por un delito de desobediencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, de reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: STC 170/2021 (negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la suspensión de las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones autonómicas tramitada con el número 6540-2014).

Sala Segunda. Sentencia 175/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 1454-2019. Promovido por doña Joana Ortega i Alemany respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenaron por un delito de desobediencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley, libertad ideológica y de expresión, de reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: STC 170/2021 (negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la suspensión de las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones autonómicas tramitada con el número 6540-2014).

Sala Segunda. Sentencia 176/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 7502-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 177/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 7512-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 178/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 7621-2019. Promovido por don Miguel Abellán Martínez respecto de los autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un juzgado central de instrucción en el curso de diligencias previas por posible comisión de delitos en relación con la prestación de servicios odontológicos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y a la asistencia letrada: STC 29/2021 (resoluciones judiciales que supeditaron la intervención como acusación particular a la utilización de la defensa y representación de alguna de aquellas otras previamente personadas).

Sala Segunda. Sentencia 179/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 3200-2020. Promovido por la sociedad Iveco, S.p. A., respecto del auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en pieza de nulidad de juicio ordinario en defensa de la competencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento indebidamente practicado en la persona de un procurador designado por la mercantil demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019).

Sala Primera. Sentencia 180/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 4055-2020. Promovido por don Ildefonso García Fernández respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que le condenó por un delito de violencia habitual.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): resolución judicial que no se limita al ejercicio de la función de control y depuración de la racionalidad de la sentencia absolutoria, sino que plasma una toma de posición sobre el resultado de la prueba practicada en la primera instancia susceptible de generar dudas objetivas de compromiso de su imparcialidad.

Sala Primera. Sentencia 181/2021, de 25 de octubre de 2021

Recurso de amparo 5872-2020. Promovido por la entidad Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin haber agotado previamente las posibilidades razonables de notificación personal a la entidad demandada a través de sus administradores (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 4433-2020. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 183/2021, de 27 de octubre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; la Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el citado real decreto, y el artículo 2, la disposición transitoria única y la disposición final primera (apartados uno, dos y tres) distintos preceptos del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020.

Estado de alarma: nulidad de los preceptos que designan autoridades competentes delegadas y les atribuyen potestades tanto de restricción de las libertades de circulación y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización de las limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma; la extensión temporal de su prórroga y el régimen de rendición de cuentas establecido para su vigencia. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 184/2021, de 28 de octubre de 2021

Recurso de amparo 1611-2020. Promovido por doña Carme Forcadell Lluis respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un delito de sedición.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial), al juez imparcial y ordinario predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia, a la legalidad penal; derecho a la igualdad; libertades de reunión, expresión e ideológica: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 185/2021, de 28 de octubre de 2021

Conflicto positivo de competencia 6201-2020. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Estado de alarma y restricciones de la libertad de circulación: extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, del conflicto positivo de competencia.

Pleno. Sentencia 186/2021, de 28 de octubre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 1200-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal que fija, con efectos desde el 1 de enero de 2020, las cuantías del mínimo personal aplicables al tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Sala Primera. Sentencia 187/2021, de 13 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 7579-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 188/2021, de 13 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 695-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 189/2021, de 13 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 696-2020. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 190/2021, de 17 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 4886-2019. Promovido por doña María Mercedes Rivero Bartolomé respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 191/2021, de 17 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 4121-2020. Promovido por Juan María Urruzola Loinaz respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de San Sebastián, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad).

Sala Segunda. Sentencia 192/2021, de 17 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 5704-2020. Promovido por don José Antonio Zalacaín Salanueva respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad).

AUTOS

Pleno. Auto 5/2021, de 27 de enero de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 4836-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4836-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Pleno. Auto 6/2021, de 27 de enero de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 4837-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4837-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Pleno. Auto 7/2021, de 27 de enero de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 5739-2020. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5739-2020, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en relación con la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Pleno. Auto 8/2021, de 28 de enero de 2021

Conflicto negativo de competencia 5646-2020. Inadmite a trámite el conflicto negativo de competencia 5646-2020, planteado por Salto del Edo, S. L., en relación con un expediente de evaluación simplificada de impacto ambiental de obras.

Pleno. Auto 65/2021, de 1 de junio de 2021

Cuestión de inconstitucionalidad 1431-2021. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1431-2021, planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Sala Primera. Auto 66/2021, de 21 de junio de 2021

Recurso de amparo 5872-2020. Deniega la suspensión y la anotación preventiva de la demanda en el recurso de amparo 5872-2020, promovido por Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, en pleito civil.

Pleno. Auto 68/2021, de 24 de junio de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 1998-2020. Acuerda el desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad 1998-2020, planteado por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

Pleno. Auto 80/2021, de 15 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 5781-2018. Inadmite el recurso de amparo núm. 5781-2018 interpuesto por don Gerardo Iglesias Argüelles en causa penal. Votos particulares.

Pleno. Auto 81/2021, de 15 de septiembre de 2021

Recurso de amparo 946-2019. Plantea cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, en el recurso de amparo 946-2019, promovido por la entidad de crédito CaixaBank, S. A.

Sala Primera. Auto 90/2021, de 4 de octubre de 2021

Recurso de amparo 4997-2018. Rectifica un error material padecido en la sentencia 139/2021, de 12 de julio, dictada en el recurso de amparo 4997-2018, promovido por la entidad Titania Compañía Editorial, S. L., en pleito civil.

Pleno. Auto 95/2021, de 7 de octubre de 2021

Recurso de inconstitucionalidad 5032-2021. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5032-2021, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular respecto de los párrafos tercero y cuarto del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código penal. Voto particular.

Pleno. Auto 107/2021, de 15 de diciembre de 2021

Recurso de amparo 1621-2020. Inadmite las recusaciones formuladas en distintos procesos de amparo promovidos en causas penales.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2017-2021)

Índice

I. Cuadros generales
Cuadro n.º 1 | Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas | pág. 218
Cuadro n.º 2 | Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso | pág. 219
Cuadro n.º 3 | Resoluciones dictadas durante el año | pág. 221
Cuadro n.º 4 | Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos) | pág. 223
Cuadro n.º 5 | Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos | pág. 224
Cuadro n.º 6 | Procesos y asuntos admitidos pendientes de sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre | pág. 226

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones
Cuadro n.º 7 | Asuntos ingresados según el promotor | pág. 230
Cuadro n.º 8 | Litigiosidad territorial durante el año, por comunidades autónomas | pág. 231
Cuadro n.º 9 | Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso | pág. 232
Cuadro n.º 10 | Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia | pág. 233

III. Recursos de amparo
Cuadro n.º 11 | Origen de los recursos de amparo ingresados | pág. 236
Cuadro n.º 12 | Recurrentes y derecho fundamental invocado | pág. 237
Cuadro n.º 13 | Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE | pág. 238
Cuadro n.º 14 | Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas | pág. 239
Cuadro n.º 15 | Motivos de admisión e inadmisión de los recursos de amparo | pág. 240
Cuadro n.º 16 | Resoluciones dictadas y amparos resueltos | pág. 242

IV. Datos comparados (2017-2021)
Cuadro n.º 17 | Datos comparados 2017-2021 | pág. 244
| Asuntos ingresados | pág. 244
| Resoluciones dictadas | pág. 245
| Asuntos resueltos | pág. 247
| Asuntos pendientes | pág. 252

I.

Cuadros generales

Cuadro n.º 1

Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 1 | 566 | 567
Febrero | 1 | 565 | 566
Marzo | 14 | 780 | 794
Abril | 6 | 741 | 747
Mayo | 7 | 894 | 901
Junio | 3 | 888 | 891
Julio | 8 | 899 | 907
Agosto | 6 | 93 | 99
Septiembre | 19 | 716 | 735
Octubre | 5 | 673 | 678
Noviembre | 3 | 747 | 750
Diciembre | 3 | 732 | 735
Totales | 76 | 8.294 | 8.370

Cuadro n.º 2

Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso

Recursos de inconstitucionalidad | 39
Cuestiones de inconstitucionalidad[1] | 35
Recursos de amparo[2] | 8.294
Conflictos positivos de competencia | 1
Conflictos negativos de competencia | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Total | 8.370

Asuntos ingresados en el Tribunal

Asuntos ingresados en el Pleno

Cuadro n.º 3

Resoluciones dictadas durante el año[3]

| Pleno | Sala I y sus Secciones | Sala II y sus Secciones | Total
Sentencias |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 24 (+1) | 45 (+2) | 71 | 140 (+3)
Desestimación | 28 | 8 | 13 | 49
Inadmisión/Extinción | –/2 | 1/– | –/– | 1/2
Total sentencias (+ asuntos acumulados): | 54 (+1) | 54 (+2) | 84 | 192 (+3)
Dictadas por la Sala |  | 54 (+2) | 84 | 192 (+3)
Por la Sección 1.ª / 3.ª |  | – | – |
Por la Sección 2.ª / 4.ª |  | – | – |
Autos | 45 | 33 | 37 | 115
- Inadmisión | 10 | 1 | – | 11
- Terminación[4] | 1 | 2 | – | 3
- Suspensión de leyes | 2 | – | – | 2
- Suspensión de otras disposiciones | 1 | 1 | 1 | 3
- Suspensión de resoluciones | 9 | 11 | 13 | 33
- Aclaración o rectificación | 3 | 4 | 2 | 9
- Acumulación | – | 3 | – | 3
- Recusación y abstención | 13 | 3 | 7 | 23
- Ejecución | – | 2 | 1 | 3
- Súplica | 5 | 6 (-3) | 11 (-8) | 22 (-11)
- Varios | 1 | – | 2 | 3
Providencias[5] | 62 | 3.444 | 3.391 | 6.897
Admisión[6] | 59[7] | 56 | 67 | 182
Inadmisión[8] | 3 | 3.276 (-3) | 3.160 (-8) | 6.439 (-11)
Terminación | – | 112 | 164 | 276
Total de resoluciones dictadas | 161 | 3.531 | 3.512 | 7.204
Total de resoluciones interlocutorias | 93 | 86 | 104 | 283
Total de resoluciones definitivas[9] | 68 | 3.445 | 3.408 | 6.921
Total de asuntos resueltos[10] | 69 | 3.444 | 3.400 | 6.913

Resoluciones definitivas

Cuadro n.º 4

Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos[11])

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares
Recurso de inconstitucionalidad | 23 | 14
Cuestión de inconstitucionalidad[12] | 9 | 2
Recurso de amparo | 156 (+3) | 31
Conflicto positivo de competencias | 4 | 1
Conflicto negativo de competencia | – | –
Conflicto entre órganos constitucionales | – | –
Conflicto en defensa de la autonomía local | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | – | –
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 192 (+3) | 48

Cuadro n.º 5

Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos

Fase de admisión | Pleno | Sala I | Sala II | Salas | Total
Asuntos recibidos | 86 | 4.142 | 4.142 | 8.284 | 8.370
De nuevo ingreso | 76 | 4.146 | 4.148 | 8.294 | 8.370
Avocados (no admitidos) | +10 | -5 | -5 | -10 |
Traslados entre Salas |  | +1 (-54/+55) | -1 (-55/+54) |  |
Asuntos admitidos | 59 | 56 | 67 | 123 | 182
Asuntos inadmitidos | 13 | 3.274 | 3.152 | 6.426 | 6.439
Por providencia | 3 | 3.276 | 3.160 | 6.436 | 6.439
Por auto | 10 | 1 | – | 1 | 11
Revocaciones en súplica | – | -3 | -8 | -11 | -11
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | – | 112 | 162 | 274 | 274
Por providencia | – | 112 | 162 | 274 | 274
Por auto | – | – | – | – | –
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | +14 | +700 | +761 | +1.461 | +1.475

Fase de sentencia | Pleno | Sala I | Sala II | Secciones | Salas y Secciones | Total
Asuntos a sentenciar | 84 | 45 | 53 | – | 98 | 183
Asuntos admitidos | 59 | 56 | 67 | – | 124 | 183
Traslados entre Salas | – | – | – | – | – | –
Avocados (admitidos) | 27 | -13 | -14 | – | -27 | –
Deferidos a las Salas | -2 | + 2 | – | – | +2 | –
Deferidos a las Secciones | – | – | – | – | – | –
Asuntos acumulados | – | 4 | – | – | 4 | 4
Procesos a sentenciar | 84 | 41 | 53 | – | 144 | 200
Asuntos resueltos | 62 | 74 | 76 | – | 150 | 212
Por sentencia | 54 | 54 | 84 | – | 138 | 192
De los cuales, por la Sala |  | 54 | 84 | – | 138 |
Sección 1.ª / 3.ª |  | – | – | – | – |
Sección 2.ª / 4.ª |  | – | – | – | – |
Asuntos terminados (después de su admisión) | 1 | 2 | 2 | – | 4 | 5
Acumulados | 1 | 2 | – | – | 2 | 3
Procesos resueltos | 55 | 56 | 86 | – | 144 | 199
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | +28 | -13 | -33 | – | -46 | -18
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | +29 | -15 | -33 | – | -48 | -19

Cuadro n.º 6

A) Procesos y asuntos admitidos pendientes de sentencia a 31 de diciembre

| Procesos | Asuntos
Pleno | 111 | 111
Recursos de inconstitucionalidad | 47 | 47
Cuestiones de inconstitucionalidad | 16 | 16
Recursos de amparo avocados | 48 | 48
Conflictos positivos de competencia | 1 | 1
Conflictos negativos de competencia | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | –
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 62 | 62
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 78 | 78
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad | 16 | 16
Suma de los recursos de amparo | 188 | 188
Suma de los conflictos positivos de competencia | 1 | 1

B) Asuntos pendientes de decidir sobre admisión a 31 de diciembre

Pleno | 19
Recursos de inconstitucionalidad | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 18
Recursos de amparo avocados | –
Conflictos positivos de competencia | –
Conflictos negativos de competencia | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Sala Primera Recursos de amparo | 2.454
Sala Segunda Recursos de amparo | 2.505
Ambas Salas Recursos de amparo | 4.959

II.

Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones
y declaraciones

Cuadro n.º 7

Pleno: asuntos ingresados según el promotor

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | – | 8
Promovidos por el Defensor del Pueblo | – | –
Promovidos por diputados o senadores | 17 | 9
Promovidos por las comunidades autónomas | 5 | –
Otros | – | –
Total | 22 | 17
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 1 | 1
Audiencia Nacional | 1 | –
Tribunal Militar Central | – | –
Tribunales superiores de justicia | 3 | 18
Tribunales militares territoriales | – | –
Audiencias provinciales | – | –
Juzgados | 2 | 7
Otros | – | –
Total | 7 | 26
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) |  | 2
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  |
Estado contra comunidades autónomas |  | –
Comunidades autónomas contra Estado |  | 1
Comunidades autónomas entre sí |  | –
Conflictos negativos de competencia |  | 1
Conflictos entre órganos constitucionales |  | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | –
Impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas |  | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  | –
Total |  | 2

Cuadro n.º 8

Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades Autónomas[13]

| Recursos de inconstitucionalidad[14] | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | 1 | 1 | 1 | –
Cataluña | 1 | 8 | – | –
Galicia | – | 2 | – | –
Andalucía | – | – | – | –
Asturias | – | 1 | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | 1 | – | –
Murcia | – | – | – | –
Valencia | – | – | – | –
Aragón | – | – | – | –
Castilla–La Mancha | – | – | – | –
Canarias | 1 | 3 | – | –
Navarra | – | – | – | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | 1 | 1 | – | –
Madrid | – | 1 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 4 | 18 | 1 | –
22 | 1

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso[*]

Tipo de proceso | PLENO |  | SALA I |  | SALA II |  | Total
S. | A.I. | A.T. |  | S. | A.I. | A.T. |  | S. | A.I. | A.T.
Recursos de inconstitucionalidad | 23 | 4 | 1 |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 28
Cuestiones de inconstitucionalidad | 7 | 4 | – |  | 2 | – | – |  | – | – | – |  | 13
Conflictos positivos de competencia | 4 | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 4
Conflictos negativos de competencia | – | 1 | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Impugnación de disposiciones de las comunidades autónomas | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | – | – | – |  | – | – | – |  | – | – | – |  | –
Suma parcial | 34 | 9 | 1 |  | 2 | – | – |  | – | – | – |
Totales | 44 |  | 2 |  | – | 46

S. = Sentencia A. I. = Auto de inadmisión A. T. = Auto de terminación

Cuadro n.º 10

Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad | 47
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | – | 9 |
Defensor del Pueblo | – | – |
Diputados o senadores | 19 | 13 |
Comunidades autónomas | 6 | – |
Conflictos positivos de competencia | 1
Planteados por el Gobierno de la Nación | 1
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | –
Cuestiones de inconstitucionalidad[16] | 16
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 64

B) Clasificados por Comunidad Autónoma[*]

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | 1 | 1 | 1 | –
Cataluña | 2 | 10 | – | –
Galicia | – | 2 | – | –
Andalucía | – | 1 | – | –
Asturias | – | 1 | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | 1 | – | –
Murcia | – | – | – | –
Valencia | – | 1 | – | –
Aragón | – | – | – | –
Castilla-La Mancha | – | 1 | – | –
Canarias | 2 | 2 | – | –
Navarra | – | – | – | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | 1 | 1 | – | –
Madrid | – | 1 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 6 | 22 | 1 | –
28 | 1

III.

Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

Origen de los recursos de amparo ingresados

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 26
Procedencia jurisdiccional | 8.254
Civil | 1.535
Penal | 4.255
Contencioso-administrativo | 2.102
Social | 334
Militar | 28
Electoral | 4
Otros | 10
Total | 8.294

Cuadro n.º 12

RECURRENTES Y DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 7.416
Personas jurídicas de Derecho privado | 840
Entes públicos | 33
Defensor del Pueblo | 1
Ministerio fiscal | 2
Otros | 2
Total | 8.294

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 1.246 | 13,83
Tutela judicial (art. 24 CE) | 6.601 | 75,06
Otros derechos y libertades: |  |
Vida e integridad (art. 15 CE) | 263 | 3,17
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 33 | 0,40
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 505 | 6,09
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 304 | 3,67
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 74 | 0,89
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 95 | 1,15
Reunión (art. 21 CE) | 22 | 0,27
Asociación (art. 22 CE) | 15 | 0,19
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 93 | 1,12
Legalidad penal (art. 25 CE) | 849 | 10,24
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 1 | 0,01
Educación (art. 27 CE) | 20 | 0,24
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 27 | 0,33
Petición (art. 29 CE) | 67 | 0,81
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | – | –

Cuadro n.º 13

Recursos de amparo: Frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Social | Contencioso-administrativo | Militar |
Art. 24.1 |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 1.160 | 2.906 | 247 | 1.802 | 22 | 6.137
Art. 24.2 |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 38 | 88 | 6 | 52 | 2 | 186
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 215 | 578 | 36 | 298 | 3 | 1.130
Derecho a ser informado de la acusación | 4 | 32 | 1 | 6 | – | 43
Derecho a un proceso público | 18 | 71 | 1 | 32 | – | 122
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 22 | 109 | 5 | 42 | – | 178
Derecho a un proceso con todas las garantías | 423 | 1.284 | 83 | 658 | 9 | 2.457
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 74 | 256 | 21 | 103 | 4 | 458
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | 3 | 20 | 1 | 4 | – | 28
Derecho a la presunción de inocencia | 18 | 1.400 | 5 | 107 | 7 | 1.537
Total | 1.975 | 4.946 | 406 | 3.104 | 47 | 12.276

Cuadro n.º 14

Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución

Tribunal Supremo | 4.450
Otros órganos jurisdiccionales: | 3.704
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 143
B) En segunda instancia o suplicación | 2.041
C) En primera o única instancia | 1.520
Órganos no judiciales / no consta | 140
Total | 8.294

Tribunal Supremo | 4.450
Audiencia Nacional | 203
Tribunal Militar Central | 4
Tribunales superiores de justicia | 440
Tribunales militares territoriales | 5
Audiencias provinciales | 1.811
Juzgados | 1.241
Órganos no judiciales / no consta | 140
Total | 8.294

Resoluciones judiciales anuladas([*])

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 8 | 14
Tribunales superiores de justicia | 6 | 7
Audiencia Nacional | 2 | 3
Audiencias provinciales | 3 | 6
Juzgados | 6 | 62

Cuadro n.º 15

A) MOTIVOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de admisión | Recursos | Porcentaje
Ausencia de doctrina constitucional | 25 | 18,80
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 9 | 6,76
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 5 | 3,76
Eventual origen normativo de la vulneración | 15 | 11,27
Eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley | – | –
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | 1 | 0,75
Eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales | 21 | 15,79
Repercusión social o económica | 3 | 2,26
Consecuencias políticas generales | 3 | 2,26
Varios motivos | 51 | 38,35
Total | 133 | 100

B) MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 644 | 10,00
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 2.299 | 35,70
Falta de especial trascendencia constitucional | 1.659 | 25,77
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 166 | 2,58
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 23 | 0,36
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 641 | 9,95
Extemporaneidad del recurso | 219 | 3,40
Falta de subsanación de defectos procesales | 736 | 11,43
Varios motivos | 29 | 0,45
Otros motivos | 23 | 0,36
Total | 6.439 | 100

Cuadro n.º 16

Resoluciones dictadas y amparos resueltos[19]

| SENTENCIA | AUTO | PROVIDENCIA DEFINITIVA | SUMAS
|  | Inadmisión | Terminación[20] | Inadmisión[21] | Terminación[22] |
Pleno | 20 (+1) | 1 | – | 3 | – | 24 (+1)
Sala Primera | 52 (+2) | – | 2 | 3.276 (–3) | 112 | 3.444 (–1)
Sección Primera | – | 1 | – | – | – | 1
Sección Segunda | – | – | – | – | – | –
Sala Segunda | 84 | – | – | 3.160 (–8) | 166 | 3.410 (–8)
Sección Tercera | – | – | – | – | – | –
Sección Cuarta | – | – | – | – | – | –
Totales | 156 (+3) | 2 | 2 | 6.439 (–11) | 278 | 6.877 (–8)

IV.

Datos comparados

(2017-2021)

Cuadro n.º 17

Datos comparados 2017-2021

Asuntos ingresados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Recursos de inconstitucionalidad | 47 | 12 | 27 | 24 | 39
Cuestiones de inconstitucionalidad | 33 | 42 | 33 | 27 | 35
Recursos de amparo | 6.286 | 6.918 | 7.554 | 6.515 | 8.294
Conflictos positivos de competencia | 3 | – | 5 | 3 | 1
Conflictos negativos de competencia | – | – | 1 | 1 | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | 2 | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | 4 | 3 | 1 | – | –
Requerimientos sobre tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 6 | 2 | – | – | –
Total | 6.381 | 6.977 | 7.621 | 6.570 | 8.370

Resoluciones dictadas | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 107 | 96 | 80 | 56 | 54
Sala Primera y sus Secciones | 18 | 23 | 39 | 63 | 54
La Sala | 18 | 23 | 39 | 63 | 54
Sección 1.ª | – | – | – | – | –
Sección 2.ª | – | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 31 | 23 | 59 | 76 | 84
La Sala | 31 | 23 | 59 | 76 | 84
Sección 3.ª | – | – | – | – | –
Sección 4.ª | – | – | – | – | –
Total | 156 | 142 | 178 | 195 | 192
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 34 | 34 | 21 | 20 | 11
Sala Primera y sus Secciones | 10 | 5 | 3 | 7 | 3
Sala Segunda y sus Secciones | 10 | 3 | - | - | –
Total | 54 | 42 | 24 | 27 | 14
Providencias de inadmisión y terminación |
Pleno | – | – | – | 1 | 3
Sala Primera | 3.158 | 3.142 | 3.325 | 3.342 | 3.388
Sala Segunda | 2.952 | 3.513 | 3.047 | 3.522 | 3.324
Total | 6.110 | 6.655 | 6.372 | 6.865 | 6.715
Autos interlocutorios | 119 | 90 | 160 | 147 | 101
Providencias de admisión | 140 | 151 | 227 | 214 | 182
Total de resoluciones definitivas (sentencias + autos definitivos + providencias definitivas) | 6.320 | 6.839 | 6.574 | 7.087 | 6.921
Total de resoluciones dictadas | 6.579 | 7.080 | 6.961 | 7.448 | 7.204

Admisión en las Salas

Admisión en el Pleno

Asuntos resueltos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |
Por sentencia | 70 | 52 | 32 | 14 | 23
(de ellos, por sentencia de Sala) | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | 3 | 2 | 2 | 2 | 5
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | 2 | 1 | 1 | – | –
Total | 75 | 55 | 35 | 16 | 28
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |
Por sentencia | 15 | 19 | 22 | 9 | 9
(de ellos, por sentencia de Sala) | 3 | 2 | 6 | 2 | 2
Por auto o providencia | 25 | 29 | 15 | 19 | 4
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | 1 | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 40 | 48 | 37 | 28 | 13
Recursos de amparo |  |  |
Por sentencia | 53 | 55 | 117 | 170 | 156
(de ellos, por sentencia del Pleno) | 4 | 11 | 25 | 33 | 20
(de ellos, por sentencia de Sala) | 49 | 44 | 92 | 137 | 136
(de ellos, por sentencia de Sección) | – | – | – | – | –
Por auto de inadmisión | 8 | 4 | 4 | 2 | 2
(de ellos, por auto del Pleno) | 1 | 1 | 2 | – | 1
Por providencia de inadmisión | 5.690 | 6.168 | 6.218 | 6.714 | 6.428
Por otras causas | 433 | 484 | 153 | 147 | 280
Acumulado con los anteriores | – | 5 | 2 | 11 | 3
Total | 6.186 | 6.721 | 6.494 | 7.044 | 6.869
Conflictos positivos de competencia |  |  |
Por sentencia | 12 | 11 | 3 | 2 | 4
(de ellos, por sentencia de Sala) | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | 1 | – | –
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 12 | 11 | 4 | 2 | 4
Conflictos negativos de competencia |  |  |
Por sentencia | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | 1 | – | 1
Total | – | – | 1 | – | 1
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |
Por sentencia | – | 3 | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | 3 | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |  |
Por sentencia | 2 | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | 2 | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas |  |  |  |  |
Por sentencia | 3 | 1 | 3 | – | –
Por auto o providencia | – | 1 | – | – | –
Total | 3 | 2 | 3 | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Por declaración | – | – | – | – |
Por auto o providencia | – | – | – | – |
Total | – | – | – | – |
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Total | 6 | 2 | 1 | – |
Total de asuntos resueltos | 6.322 | 6.842 | 6.575 | 7.090 | 6.915

Sentencias en las Salas

Sentencias en el Pleno

Asuntos admitidos pendientes de sentencia | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 77 | 36 | 28 | 32 | 47
Acumulados | 1 | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 78 | 36 | 28 | 32 | 47
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 13 | 11 | 7 | 10 | 18
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | 2 | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | 2 | 2 | – | – | –
Total | 15 | 15 | 7 | 10 | 18
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 13 | 2 | 3 | 4 | 1
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 13 | 2 | 3 | 4 | 1
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 3 | – | – | – | –
Total | 3 | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | 2 | – | – | –
Total | – | 2 | – | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 1 | 1 | – | – | –
Total | 1 | 1 | – | – | –
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 10 | 41 | 36 | 43 | 48
(acumulados con los anteriores) | – | – | 1 | 1 | –
Sala Primera y sus Secciones | 24 | 33 | 63 | 64 | 62
(acumulados con los anteriores) | 7 | 2 | – | 1 | –
Sala Segunda y sus Secciones | 50 | 65 | 88 | 98 | 77
(acumulados con los anteriores) | 1 | – | – | – | –
Suma de procesos de amparo | 84 | 139 | 187 | 205 | 187
Total de procesos pendientes de sentencia de Pleno | 117 | 93 | 74 | 89 | 114
Total de procesos pendientes de sentencia de Sala y Sección | 76 | 102 | 151 | 162 | 139
Total de asuntos pendientes de sentencia de Pleno | 118 | 93 | 75 | 90 | 114
Total de asuntos pendientes de sentencia de Sala y Sección | 84 | 104 | 151 | 163 | 139

Asuntos pendientes de admisión | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | 2 | 1 | – | 4 | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 7 | 4 | 6 | 2 | 18
Recursos de amparo avocados | – | – | 1 | 4 | –
Conflictos positivos de competencia | – | – | – | – | –
Conflictos negativos de competencia | – | – | – | 1 | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | 1 | – | – | – | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | – | – | – | –
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 1.211 | 1.755 | 1.969 | 1.820 | 2.454
Sala Segunda | 1.167 | 1.425 | 1.536 | 1.536 | 2.505
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 10 | 5 | 7 | 11 | 19
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 2.378 | 3.180 | 3.505 | 3.356 | 4.959

Pendientes de sentencia en el Pleno

Pendientes de sentencia en las Salas

Pendientes de admisión en el Pleno

Pendientes de admisión en las Salas

Resumen del Pleno

Resumen de las Salas

Resumen del tribunal

[1] Entre las cuestiones de inconstitucionalidad, dos fueron planteadas por el propio Tribunal como cuestiones internas.

[2] Diez de estos recursos de amparo fueron avocados por el Pleno.

[3] Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

[4] Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

[5] Providencias que no son de mero trámite.

[6] Ninguno de los autos dictados en recurso de súplica revocaron la inadmisión y admitieron a trámite el recurso de amparo.

[7] De ellas, 38 fueron providencias de admisión de recursos de amparo avocados.

[8] Fueron revocadas en súplica 14 providencias de inadmisión, todas ellas de la Sala Primera. Se indican entre paréntesis.

[9] Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

[10] Resoluciones definitivas menos revocaciones en súplica más acumulados y admisiones en súplica.

[11] Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados. Se expresan entre paréntesis. Se resolvieron 195 asuntos.

[12] Ninguna de las cuestiones de inconstitucionalidad habían sido planteadas por el propio Tribunal Constitucional como cuestiones internas de inconstitucionalidad.

[13] Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía

[14] Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

[ ] Los recursos de amparo, tanto los avocados por el Pleno como los de las Salas, aparecen en el cuadro 16. Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados.

[16] Dos de las cuestiones de inconstitucionalidad fueron cuestiones planteadas por el propio Tribunal Constitucional como cuestiones internas de inconstitucionalidad.

[ ] Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía.

[ ] Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican solo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial solo se registra la anulación de la sentencia.

[19] Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

[20] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[21] Entre paréntesis figuran las providencias de inadmisión que han sido revocadas en recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal, así como los autos que, en súplica, han admitido recursos de amparo.

[22] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó en total 614 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra equivale a 0,13 demandas por diez mil habitantes (la media de los países miembros del Consejo de Europa fue de 0,53 en 2021) y representó el 1,70 por 100 del total de las demandas examinadas durante el año por el Tribunal, que ascendieron a 36.092.

Las demandas relacionadas con España dieron lugar a doce sentencias, todas ellas de la Sección Tercera. Diez de estas sentencias declararon la vulneración del Convenio por España. Las dos restantes declararon que España había respetado los derechos humanos: En el asunto Ghailan y otros c. España, de 23 de marzo de 2021, la Sección no apreció la existencia de vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar, proclamado en el artículo 8 CEDH. La sentencia dictada en el caso Caamaño Valle c. España, de 11 de mayo de 2021, descartó la violación de los derechos a la participación política y no sufrir discriminación plasmados, respectivamente, en el artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio, el artículo 14 del Convenio y el artículo 1 de su Protocolo 12.

Además de esta docena de sentencias, cabe mencionar algunas decisiones adoptadas por la Sección Tercera en fase de admisión. En relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH), el Tribunal inadmitió la demanda promovida por la viuda e hijas de una víctima de un atentado terrorista perpetrado por el Batallón Vasco Español (asunto Ijurco Illarramendi y otros c. España, decisión de 9 de febrero de 2021). En este caso, las demandantes, que habían obtenido en su día una indemnización como familiares de una víctima del terrorismo, solicitaron, sin éxito, el abono de una nueva indemnización tras la muerte de ese familiar. Las demandantes invocaron el derecho de su familiar a la presunción de inocencia, que entendían vulnerado por el hecho de que las resoluciones administrativas y judiciales dictadas en este asunto se habían fundado en informes policiales que hacían referencia a la pertenencia de esa persona a la banda terrorista ETA, pese a que en su día resultara absuelto en causa penal por pertenencia a grupo criminal organizado. Sin embargo, la Sección Tercera del Tribunal inadmitió la demanda sobre la base de la inexistencia de un vínculo entre el proceso penal incoado en su momento contra el familiar de las reclamantes y el procedimiento indemnizatorio que ellas habían promovido, procedimientos que pueden legítimamente regirse por normas probatorias diferentes. La Sección Tercera se pronunció en términos similares en las decisiones de 16 de marzo de 2021, asuntos Iturbe Abasolo y Pérez de Arenaza Iturbe c. España, y Muguruza Bartolome y Bartolome Llamazare c. España; todas ellas inadmitieron, por inexistencia de lesión, las demandas promovidas.

Por decisión de 16 de marzo de 2021, se acordó la inadmisión de la demanda formulada en el asunto Raventos Martínez c. España. La demandante —que nunca había solicitado a las autoridades nacionales su reconocimiento como persona con discapacidad— padecía migrañas crónicas con episodios mensuales incapacitantes. Entre marzo y mayo de 2013 se ausentó del trabajo en seis ocasiones diferentes y en junio de ese mismo año fue despedida por causas objetivas, al considerar la empresa que había incurrido en absentismo laboral. Desestimadas las pretensiones deducidas en el posterior proceso por despido, la interesada acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando que había padecido discriminación, toda vez que el despido traería causa de la discapacidad que tenía, y la vulneración del derecho a un proceso justo como consecuencia de la negativa de los órganos judiciales a promover la pertinente cuestión de inconstitucionalidad respecto de la norma legal en la que se amparó la conducta empresarial. La Sección descartó la concurrencia de ambos motivos de admisión puesto que el despido se debió exclusivamente al elevado índice de absentismo, como así había acreditado la empresa, y el rechazo de la petición de plantear la cuestión de inconstitucionalidad estuvo razonado y fundado en Derecho.

Mediante decisión de 20 de abril de 2021 se inadmitió la demanda en el caso Martínez-López Puigcerver c. España. En esta ocasión, las demandantes invocaban su derecho a un juicio equitativo (art. 6.1 CEDH) en relación con una condena en costas procesales que les había sido impuesta en un recurso de casación civil. Denunciaban que en ningún momento habían tenido noticia de la existencia del proceso en grado casacional, pues el recurso extraordinario lo había promovido el abogado sin intervención de la parte. La decisión de inadmisión respaldó el criterio en su día manejado por el Tribunal Constitucional acerca de la inexistencia de una lesión material del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva imputable a los poderes públicos.

Por decisión de 11 de mayo de 2021, la Sección Tercera acordó la inadmisión de la demanda formulada en el asunto Looker c. España por un ciudadano inglés cuya extradición al Reino de Tailandia habían acordado las autoridades españolas, bien que limitada a uno solo de los delitos que se le imputaban. El demandante, que vio inadmitido su recurso de amparo en la STC 104/2019, de 16 de septiembre, invocaba sus derechos a la vida, a no ser sometido a tratos inhumanos y a un juicio justo. Fue justamente la inadmisión del recurso de amparo el hecho determinante de la también inadmisión de la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, pues el actor no había brindado a los tribunales nacionales la oportunidad de reparar la lesión que se decía padecida y que se pretendía solventar per saltum.

En la decisión de 1 de junio de 2021, se inadmitió la demanda presentada en el asunto Doumbe Nnabuchi c. España. En esta ocasión, el actor decía haber participado en un intento tumultuario coordinado entre los migrantes, que había dado como resultado la entrada en la ciudad autónoma de Melilla escalando las vallas fronterizas. Posteriormente, habría sido devuelto a territorio marroquí. Sin embargo, el Tribunal Europeo, a la vista de las circunstancias del caso, considerando que el demandante no había aportado pruebas, siquiera indiciarias, de su participación en los hechos y que las pruebas presentadas ante el propio Tribunal fueron refutadas adecuadamente por la representación del Estado español, no consideró acreditada su participación en los hechos. Lo que implicó la imposibilidad de reconocerle la condición de víctima a los efectos del artículo 34 CEDH.

Por decisión de 28 de septiembre de 2021 se inadmitió la demanda en el asunto García Saíz c. España. El recurrente había sido excluido de un proceso de selección de funcionarios por carecer de la titulación exigida, decisión luego confirmada en vía judicial. Pasado el tiempo, tuvo conocimiento del dictado de una sentencia por el Tribunal Supremo en un caso que el demandante calificaba de sustancialmente idéntico al suyo, por lo que promovió un incidente de nulidad de actuaciones tratando de lograr la extensión material de los efectos de la sentencia sobrevenida. La Sección Tercera no apreció vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) porque el incidente de nulidad de actuaciones fue rechazado con una fundamentación razonada y fundada en Derecho.

Mediante decisión de 12 de octubre de 2021 se inadmitió la demanda formulada en el asunto Ares Chofer Canarias S. L. U. c. España, en el que la mercantil actora denunciaba la infracción de su derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH). Concretamente, imputaba esta infracción a la inadmisión parcial del recurso contencioso-administrativo que había promovido frente a una denegación de licencia de actividad. La Sección, en la decisión ahora reseñada, constató que la inadmisión del recurso contencioso-administrativo fue la lógica consecuencia del comportamiento erróneo de la demandante, que se había aquietado a la resolución administrativa de gravamen.

Finalmente, la decisión de 14 de diciembre de 2021 inadmitió la demanda en el caso Martínez Almagro c. España, donde se invocaba el derecho a un proceso equitativo, en su vertiente de derecho del acusado a disponer del tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de la defensa [art. 6.3 b) CEDH]. En esta ocasión, el defensor del acusado y luego recurrente había solicitado un aplazamiento de la vista para poder preparar la defensa de su cliente en una causa que había recibido con escasa antelación. Rechazada la solicitud, el acusado fue condenado, sin que la Sección Tercera del Tribunal Europeo apreciase violación del derecho invocado pues la ponderación entre derechos y valores de relevancia constitucional llevada a cabo por los tribunales internos no fue irrazonable ni manifiestamente arbitraria o incompatible con los principios fundamentales de la Convención, toda vez que el acusado había contado en todo momento con defensa letrada, bien que con sucesivos abogados, y no indicó claramente qué pruebas no pudo utilizar o de qué manera concreta su abogado no pudo preparar adecuadamente su defensa.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 3: prohibición de la tortura

* Sentencia de 19 de enero de 2021. Asunto Gonzáles Etayo c. España.

Tras haber sido detenido y condenado por el delito de pertenencia a una organización terrorista, el recurrente denunció por la vía penal haber sido objeto de malos tratos durante su custodia policial. La Sección Tercera declaró vulnerado el artículo 3 CEDH por España al concluir que la investigación por las autoridades judiciales españolas de la denuncia de malos tratos no fue lo suficientemente exhaustiva y eficaz para cumplir con los requisitos del Convenio; en particular, atendiendo a la situación de especial vulnerabilidad del demandante, que estuvo detenido varios días en régimen de incomunicación. Asimismo, la sentencia apuntó que la realización de una identificación y audiencia de los agentes encargados de la vigilancia durante la detención policial en régimen de incomunicación —prueba sugerida por el demandante—, podría haber contribuido a aclarar los hechos, tal y como lo exige la doctrina del Tribunal.

* Sentencia de 9 de marzo de 2021. Asunto López Martínez c. España.

La demandante participó en una manifestación que finalizó con violentos altercados. Formuló denuncia de lesiones, que imputaba a los agentes de policía que hubieran intervenido en la disolución de la manifestación. La denuncia fue archivada, decisión confirmada en apelación. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por falta de lesión del derecho fundamental invocado. La sentencia de 9 de marzo de 2021 declaró vulnerado el artículo 3 del Convenio, pues en las circunstancias particulares del caso las autoridades no llevaron a cabo una investigación efectiva y suficiente. Concretamente, no procedieron a identificar e interrogar a los agentes de policía implicados, ni evaluaron adecuadamente la proporcionalidad de sus acciones hacia el demandante.

2. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Indefensión por emplazamiento edictal: sentencia de 19 de enero de 2021, asunto Klopstra c. España.

En un proceso de ejecución hipotecaria, los ejecutados fueron emplazados por edictos, sin agotar las posibilidades de notificación personal. La sentencia concluyó que los órganos judiciales intervinientes no habían garantizado el derecho de los ejecutados a defender efectivamente sus intereses. Interesa reseñar que la inadmisión de la demanda de amparo constitucional, por no concurrir el requisito de su especial trascendencia, fue confirmada en súplica por el ATC 107/2016, de 12 de mayo.

* Derecho de acceso al recurso: sentencias de 14 de septiembre de 2021, asunto Inmovilizados y Gestión S. L. C. España, y de 28 de septiembre de 2021, asunto Doménech Figueroa c. España.

La empresa demandante en el primero de estos asuntos era propietaria de una finca que fue objeto de expropiación en cinco expedientes administrativos diferentes, origen de cinco procesos contenciosos distintos. Promovidos otros tantos recursos de casación, el Tribunal Supremo admitió únicamente dos de ellos. El Tribunal Europeo concluyó que la divergencia en la apreciación de situaciones sustancialmente iguales por parte del Tribunal Supremo tuvo como efecto privar a la empresa demandante de la posibilidad de que todos sus recursos recibieran el mismo tratamiento procesal y fueran examinados en el fondo.

En el asunto Doménech Figueroa c. España, el demandante, ante el anuncio de cierre de todas las sucursales de la entidad bancaria donde trabajaba, decidió adherirse voluntariamente al plan de despido colectivo acordado con la empresa. Cuando finalmente no se cerró ninguna sucursal, inició un proceso en el que solicitaba una declaración de nulidad de su participación en el mencionado plan, acompañada del otorgamiento de una indemnización por los daños padecidos. Los órganos judiciales que conocieron de sus pretensiones incurrieron en error al entender que el demandante había mantenido, como subsidiaria, su pretensión indemnizatoria y retirado su reclamación principal de nulidad. Interpuesto recurso de casación para unificación de doctrina, el Tribunal Supremo lo declaró inadmisible al entender que no existía contradicción jurisprudencial real sino hipotética, que no era posible examinar, pues convirtió en obiter dictum lo argumentado en suplicación, como ratio decidendi, acerca del mantenimiento parcial de las pretensiones. La Sección Tercera del Tribunal Europeo concluyó que el error padecido había vulnerado el derecho a un proceso equitativo al cerrar la puerta al recurso extraordinario de suplicación.

* Condena en segunda instancia sin celebración de vista oral: sentencia de 26 de octubre de 2021. Asunto Serrano Contreras c. España (2).

El demandante había obtenido, el 20 de marzo de 2012, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimatoria de su demanda por vulneración del derecho a un proceso equitativo en relación con la condena que la fuera impuesta por el Tribunal Supremo, sin celebración de vista oral. Solicitada la revisión de su condena, el Tribunal Supremo accedió parcialmente a sus pretensiones; posteriormente, el ATC 27/2017, de 20 de febrero, inadmitió su recurso de amparo por ausencia de lesión. La sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el Tribunal Supremo, al hacer su propia interpretación sobre el alcance y el significado de las conclusiones del Tribunal Europeo en la sentencia de 20 de marzo de 2012, se había extralimitado en el uso del margen de apreciación de las autoridades nacionales y había distorsionado las conclusiones de la sentencia del Tribunal. Consecuentemente, declaró vulnerado el derecho a un juicio justo en los términos del art. 6.1 CEDH.

* Vulneración del principio de seguridad jurídica: sentencia de 14 de diciembre de 2021, asunto Melgarejo Martínez Abellanosa c. España.

Tras la tramitación de los correspondientes expedientes de inspección tributaria, el demandante debía ingresar una determinada cantidad como deuda tributaria y otra en concepto de recargo y de intereses de demora. Efectuado el pago, el recurrente presentó sendas solicitudes de pago indebido contra la liquidación efectuada por la Administración tributaria, por cada uno de los conceptos indicados. Anulada la deuda principal en vía económico-administrativa, interesó en vía contenciosa que la anulación se hiciera extensiva a los recargos, dado su carácter accesorio de la deuda principal. Tras ver desestimada su pretensión, tuvo conocimiento de que dos hermanos suyos, a los que se habían girado las mismas liquidaciones, habían obtenido un pronunciamiento judicial estimatorio por parte del mismo órgano. La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la vulneración del artículo 6 del Convenio pues las autoridades nacionales no dieron una respuesta específica que justificara por qué el mantenimiento de los recargos resultaba pertinente en su caso, ni identificaban las diferencias existentes con la situación jurídica de sus hermanos.

3. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 23 de marzo de 2021, asunto Ghailan y otros c. España

El demandante construyó su vivienda de manera ilegal hasta en dos ocasiones, las mismas que fue demolida por la administración tras la oportuna autorización judicial de entrada en el domicilio. La Sección Tercera concluyó que no existió vulneración del derecho al respeto del domicilio y respaldó las conclusiones alcanzadas por los tribunales españoles, dado que la demolición se basó en una norma clara y previsible; perseguía los objetivos legítimos de protección de los derechos de terceros, la prevención de desórdenes y la promoción del bienestar económico del país; y era proporcional y necesaria en una sociedad democrática. En particular, la proporcionalidad de la medida se desprende, por un lado, de la conducta del demandante, quien vulneró la normativa urbanística de forma flagrante, adoptó una posición poco diligente en la defensa de su derecho, no adujo en ningún momento que necesitara un alojamiento alternativo y rechazó la ayuda de emergencia argumentando que ya recibía apoyo de su familia. A mayor abundamiento, los tribunales españoles ponderaron adecuadamente el impacto que el desalojo podía tener en los hijos del demandante y, por ello mismo, ordenaron que se llevara a cabo tras la finalización del curso escolar.

* Sentencia de 26 de octubre de 2021. Asunto León Madrid c. España

La sentencia apreció vulneración de la prohibición de discriminación en relación con el derecho a la vida privada, como se expone más adelante.

4. Artículo 10: libertad de expresión

* Sentencia de 9 de marzo de 2021, asunto Benítez Moriana e Íñigo Fernández c. España

Los demandantes, miembros de una asociación que promovía un desarrollo económico sostenible, fueron condenados por un delito de injurias graves como consecuencia de una carta, publicada en un periódico, criticando a una jueza con ocasión de una sentencia en materia urbanística. La STC 65/2015, de 13 de abril, había desestimado su recurso de amparo al entender que no se había vulnerado la libertad de expresión, dado que las acusaciones de falta de imparcialidad y probidad dirigidas a la magistrada constituyeron una reprobación ad personam carente de base fáctica suficiente y de una entidad tan grave que lesionaron el honor profesional de la magistrada. La Sección Tercera consideró que las expresiones utilizadas por los demandantes se enmarcaron en el contexto de un debate sobre un asunto de interés público y guardaban una relación suficientemente estrecha con los hechos del caso, no constituyendo un ataque gratuito. Por otro lado, concluyó que la sanción impuesta a los demandantes no fue la «más leve posible» y que, aun cuando lo hubiese sido, constituye, no obstante, una sanción penal que, por su propia naturaleza, tuvo inevitablemente un efecto desalentador.

* Sentencia de 22 de junio de 2021, asunto Erkizia Almandoz c. España

El demandante participó como orador principal en un acto autorizado bajo el lema «Independencia y socialismo», para rendir homenaje a un antiguo miembro de ETA. En el acto se expuso una gran fotografía del fallecido y una pantalla en la que se proyectaban fotografías de miembros de la organización terrorista. Condenado por un delito de apología del terrorismo, su demanda de amparo fue desestimada por la STC 112/2016, de 20 de junio. La sentencia de la Sección Tercera, con un voto concordante y otro discrepante, apreció que se había vulnerado la libertad de expresión pues la condena penal supuso una injerencia que no podía tildarse de necesaria en una sociedad democrática, habida cuenta, en especial, de que el discurso del demandante no entraba en la categoría de «discurso de odio».

5. Artículo 14: prohibición de discriminación en el goce de los derechos

* Sentencia de 26 de octubre de 2021. Asunto León Madrid c. España

Un juzgado de primera instancia reconoció la paternidad de quien había iniciado un procedimiento de paternidad no matrimonial —el padre biológico— y acordó que la menor llevara el apellido del padre seguido del de la madre. La Audiencia Provincial de Mallorca desestimó la pretensión materna de que se antepusiera su apellido, razonando que la inversión del orden de los apellidos únicamente era posible, de acuerdo con la ley entonces aplicable, con el consentimiento explícito de ambos progenitores, condición que no se cumplía en este caso. Los tribunales Supremo y Constitucional inadmitieron los recursos de casación y amparo, respectivamente. El recurso de amparo fue inadmitido por sentencia, al concurrir el óbice de insuficiente justificación del requisito de la especial trascendencia constitucional de la demanda (STC 176/2012, de 15 de octubre). La Sección Tercera concluyó que existió discriminación por razón de sexo en relación con el derecho al respeto a la vida familiar. La aplicación automática de la legislación anterior, relativa a la prioridad del apellido del padre en caso de desacuerdo de los padres, no permitió al juez tomar en consideración las quejas de la demandante sobre las circunstancias concretas del caso, constituyendo una diferencia de trato injustificada basada exclusivamente en el sexo. La sentencia apreció vulneración de la prohibición de discriminación en el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar.

6. Artículo 3 del Protocolo 1: derecho a elecciones libres

* Sentencia de 11 de mayo de 2021. Asunto Caamaño Valle c. España

Un juzgado de primera instancia acordó, a instancia de la demandante, prorrogar la tutela legal parcial de su hija por incapacidad; y que, a la vista de las pruebas y de la documentación obrante en el expediente, debía restringirse el derecho al voto de la hija. La privación del derecho de sufragio fue confirmada en los sucesivos recursos de apelación y casación. El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo en el ATC 196/2016, de 28 de noviembre. La sentencia de la Sección Tercera, que cuenta con un voto particular parcialmente discrepante, concluyó que no existió vulneración alguna de los derechos del Convenio ni de sus protocolos puesto que los órganos judiciales habían procedido a una evaluación individualizada de la capacidad cognitiva de la interesada, llevada cabo con el legítimo objetivo de garantizar que solo los ciudadanos capaces de evaluar las consecuencias de sus decisiones y de tomar decisiones conscientes y juiciosas participen en los asuntos públicos. Además, la privación del derecho de voto no fue desproporcionada ni discriminatoria, pues se basó en la falta de comprensión del significado del voto por la afectada y en el riesgo efectivo de que fuera influenciada.

V. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra † (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidenta (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps † (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017)

Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017)

Vicepresidenta (2013-2017)

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré (2012-2020)

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas (2012-2021)

Presidente (2017-2021)

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías (2012-2021)

Vicepresidenta (2017-2021)

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara (2012-2021)