TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2017

Primera edición: junio de 2018

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Depósito legal: M-15718-2018

Presentación

Juan José González Rivas

Por primera vez desde que asumí mi mandato como Presidente del Tribunal Constitucional en marzo de 2017, me corresponde el honor de presentar a la opinión pública su Memoria anual, que da a conocer al conjunto de la ciudadanía sus distintas actividades durante el pasado año, ofreciendo en particular los resultados de su trabajo jurisdiccional.

Los principios que guían al Tribunal Constitucional desde su establecimiento hace ya 38 años representan también las líneas directrices que como Presidente me propongo impulsar: cumplir plenamente su papel como intérprete supremo y auténtico de la Constitución; servir al ciudadano a través de una eficaz y eficiente impartición de justicia; así como continuar el proceso de modernización y de apertura iniciado por esta Institución, proceso que debe operar tanto frente al propio ciudadano como frente al exterior.

* * *

En 2017, la actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional ha estado marcada, sin lugar a dudas, por la situación vivida en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como por la respuesta jurídica que desde esta sede se ha dado a la misma, en aras de preservar los límites que impone la Constitución como marco de convivencia integrador de todos los españoles.

En especial, el Tribunal hubo de pronunciarse acerca de la validez de sendas normas autonómicas que atentaban directa y gravemente contra los postulados basilares de nuestra convivencia constitucional. Se trata de las sentencias 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la nulidad de la totalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación», y 124/2017, de 8 de noviembre, que hizo lo propio con la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república».

En ambos casos se trataba de leyes que pretendían fundar un régimen jurídico excepcional y que, al proclamar su supremacía jurídica sobre cualesquiera otras normas que pudieran contradecirlas, vulneraban abiertamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, fuentes de legitimación de la acción del legislador autonómico. Ambas leyes pervirtieron el ejercicio del autogobierno, ignoraron la condición del pueblo español como único sujeto constituyente, y trataron en vano de dotar de cobertura normativa a acciones directamente atentatorias contra los principios y valores constitucionales, en particular el principio democrático que informa toda la acción de los poderes públicos.

Respecto de estas sentencias, me gustaría aprovechar esta presentación para realizar unas consideraciones generales.

Desde su sentencia 42/2014, respecto de la resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba una Declaración de soberanía y del llamado derecho a decidir, hasta las dos últimas sentencias más arriba referidas, el Tribunal Constitucional ha emitido cerca de dos docenas de resoluciones, entre sentencias, autos e incidentes de ejecución, que configuran de forma clara los parámetros en los que debe enjuiciarse el llamado «proceso» catalán.

Por un lado, el Tribunal ha delimitado el llamado «derecho a decidir», como aspiración política, puesto que la Constitución española no impone un sistema de «democracia militante» y puesto que además no contiene cláusulas de intangibilidad que refrenen su posibilidad de reforma.

Por otro lado, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha defendido sin fisuras, desde la óptica del Derecho, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española, imponiendo estos principios básicos como los límites inquebrantables a los que, a falta de reforma constitucional, están obligados todos los poderes públicos y todos los ciudadanos.

En sus resoluciones sobre este asunto, el Tribunal Constitucional, midiendo la gravedad del mismo así como su impacto sobre la sociedad, ha tratado en todo momento de actuar con celeridad, mesura y proporcionalidad, atendiendo, como se dice, al respeto a la situación política y a su propio rol como garante jurídico de la Constitución.

En este sentido, es de subrayar el consenso que ha presidido la grandísima mayoría de estas decisiones, tomadas por unanimidad.

* * *

Más allá de este ámbito, este Tribunal ha desarrollado en 2017, por lo demás, una intensa labor jurisdiccional. Es significativo y reseñable que la misma haya aspirado a continuar la senda emprendida en años anteriores, tendente a disminuir la pendencia y los tiempos de resolución.

Durante el año 2017 se dictaron un total de 6.319 resoluciones definitivas, de las cuales 156 fueron sentencias. El Tribunal ha seguido reduciendo el número de asuntos pendientes de sentencia, tanto ante el Pleno como las Salas; y ha terminado un número de recursos ligeramente inferior al de los ingresados durante el año (6.381).

La demanda de justicia constitucional en el año 2017 ha disminuido ligeramente. Aunque se suscitaron más recursos de inconstitucionalidad que el año anterior (47, en comparación con 32 en 2016), así como otros procesos (cuatro impugnaciones de disposiciones autonómicas y seis cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales), disminuyó el principal caudal de asuntos que recibe el Tribunal Constitucional: hubo 6.286 recursos de amparo (en vez de los 6.685 recibidos el año 2016) y 33 cuestiones de inconstitucionalidad (frente a las 44 de 2016), así como cinco conflictos constitucionales (en 2016, 12).

El Tribunal Constitucional ha resuelto 100 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, así como conflictos de competencia, mediante 98 sentencias. La mayoría las dictó el Pleno del Tribunal (94, concretamente); las restantes cuatro, las dictó la Sala Primera. El Tribunal también ha juzgado dos conflictos en defensa de la autonomía local y tres impugnaciones de disposiciones de las Comunidades Autónomas. Estos 105 asuntos resueltos mediante sentencia son un 150 por 100 de los 70 asuntos de Pleno admitidos a trámite durante el año. Esta actividad del Pleno y de las Salas del Tribunal (en virtud de la reforma de la Ley Orgánica rectora del Tribunal llevada a cabo en 2007) le ha permitido seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya constitucionalidad es puesta en duda. De este modo, el Tribunal mejora en la práctica la defensa jurisdiccional de la Constitución.

El Tribunal ha declarado contrarios a la Constitución preceptos legales incluidos en 19 disposiciones con rango de ley del Estado, además de llevar a cabo la interpretación conforme de cinco de ellas. De las disposiciones anuladas en todo o en parte, nueve eran Reales Decretos-leyes. También declaró la nulidad de dos Decretos-leyes de Comunidades Autónomas, concretamente de Andalucía y Valencia. En total, declaró la nulidad de 26 disposiciones legales autonómicas, procedentes de Andalucía (1), Aragón (2), Baleares (1), Castilla-La Mancha (2), Cataluña (11), Galicia (3), Madrid (1), Navarra (5) y Valencia (2). Asimismo, declaró la interpretación conforme a la Constitución de normas de Asturias, Cataluña y Galicia.

Los recursos de amparo ingresados en 2017 —un total de 6.286— han experimentado una disminución respecto al año anterior (6.685), como se señaló antes. Como en años precedentes, sigue siendo notable el escaso porcentaje de admisión a trámite de estos recursos. Sólo fueron admitidos, para su posterior sustanciación y resolución por sentencia, 70 recursos de amparo: cifra que supone el 1,27 por 100 de los amparos que el Tribunal resolvió en fase de admisión; el restante 98,73 por 100 de los recursos fueron inadmitidos, por las razones que se exponen en el capítulo IV, epígrafe 1.D, de esta Memoria. Sigue resultando llamativo que, a estas alturas, más de una séptima parte de las demandas de amparo (concretamente 823, un 13,56 por 100 de las inadmitidas por mera providencia en virtud del art. 50 LOTC) siguen sin ofrecer la más mínima justificación de la trascendencia constitucional del recurso, tal y como exige la Ley rectora del Tribunal desde la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Creo que este es un dato que merece una reflexión por parte de todos y, especialmente, de los procuradores y abogados a quienes la ley confía la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (art. 81 LOTC), como ha venido siendo señalado en las memorias del Tribunal Constitucional de los últimos años.

El Tribunal otorgó 47 amparos por vulneración de los derechos y libertades fundamentales proclamados por la Constitución española. En otras cinco sentencias declaró el recurso sin fundamento o inadmisible. De nuevo, tras la reforma de 2007, el Tribunal ha dictado más sentencias de control de leyes y de conflictos que resolviendo recursos de amparo: 103 en comparación con 53.

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Por lo que respecta a las sentencias dictadas en el año 2017, cabe mencionar en primer término, además de las anteriormente referidas, una larga serie, iniciada con la sentencia 26/2017, de 16 de febrero, y culminada con las SSTC 37/2017, de 1 de marzo, 59/2017, de 11 de mayo, y 72/2017, de 5 de junio. Estas sentencias enjuiciaron el tributo local de plusvalía desde la perspectiva del principio constitucional de capacidad económica y concluyeron declarando la inconstitucionalidad de las normas forales fiscales y de la Ley de haciendas locales, únicamente en la medida en que sometían a tributación situaciones en las que no existen incrementos de valor de los terrenos afectados. También en materia tributaria merece cita la STC 73/2017, de 8 de junio, que declaró la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que introducía un procedimiento de declaración especial para la regularización de la situación tributaria de determinados contribuyentes; esta sentencia moduló expresamente los efectos del fallo ponderando las exigencias del principio de seguridad jurídica.

Cuatro sentencias dictadas en 2017 versaron sobre distintos aspectos tanto del régimen de cooficialidad lingüística en Cataluña como de la intervención autonómica sobre diferentes libertades públicas y derechos fundamentales: SSTC 86/2017 a 89/2017, de 4 de julio. En la primera de ellas el Tribunal enjuició la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña y, en lo que ahora estrictamente interesa destacar, declaró contraria a las libertades de expresión e información la exigencia de que los medios de comunicación tracen una clara separación entre información y opinión. En la STC 87/2017 el Pleno del Tribunal anuló el precepto de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña, que subordinaba el acceso a cursos de lengua castellana al previo conocimiento básico de la lengua catalana, en la medida en que ello representa una quiebra del principio de igualdad entre ambas lenguas españolas cooficiales en el territorio autonómico. En esta misma sentencia se estableció la interpretación conforme del precepto legal que configura al catalán como lengua vehicular en la gestión de las políticas de acogida e integración de inmigrantes, señalando en especial que ello no debe erigirse en obstáculo insalvable para la eventual gestión de dichas políticas en castellano. La STC 88/2017 realizó una interpretación conforme con la Constitución de los preceptos de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, relativos a la denominada disponibilidad lingüística. Esta sentencia subraya que, al hallarnos ante relaciones privadas, que se rigen por el principio de libertad, no resulta adecuado aplicar el régimen de la cooficialidad, propio y específico del Derecho público en cuanto atañe a las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos; consecuentemente, no deriva de este principio un deber para los particulares ni, por ende, su eventual desatención podrá ser objeto de represión con el uso de la potestad sancionadora de la administración. Finalmente, la STC 89/2017, igualmente de 4 de julio, enjuició la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine, estableciendo la interpretación constitucionalmente conforme del precepto que establece las cuotas de pantalla en función de los idiomas de doblaje o subtitulado, ponderándolo con el principio de libertad individual.

En el último mes del año el Tribunal dictó otras tres sentencias a las que creo pertinente referirme. La STC 144/2017, de 14 de diciembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad que el Presidente del Gobierno había interpuesto frente a la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. La sentencia efectuó el juicio de validez de la norma legal controvertida desde la perspectiva que ofrece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal y concluyó declarando su nulidad en la medida en que incidía sobre conductas tipificadas en la legislación estatal pues regulaba el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en el seno de las asociaciones de usuarios de esta sustancia.

La STC 151/2017, de 21 de diciembre, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, declaró la nulidad, deferida hasta la celebración de las próximas elecciones locales, del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, relativo a la moción de censura al alcalde. En esta sentencia, el Pleno del Tribunal concluyó que las medidas adoptadas por el legislador para hacer frente a los supuestos de cambio de grupo municipal de concejales firmantes de la moción de censura no superaban el juicio de proporcionalidad que debe hacerse en aras de la efectividad del derecho a la igualdad en el ejercicio de las funciones representativas.

Finalmente, la STC 152/2017, de 21 de diciembre, declaró la nulidad de diversos preceptos del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, relativos a las consecuencias económicas de la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas «Castor», sita frente a las costas de Castellón y Tarragona. Se trata de un nuevo ejemplo del modo como el Tribunal enjuicia el recurso a la habilitación constitucional para la legislación de urgencia, combinando su plena y eficaz operatividad con el respeto a las garantías del procedimiento legislativo ordinario ante los representantes del pueblo español.

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Por último, me gustaría destacar las actividades extrajurisdiccionales desarrolladas por el Tribunal.

Durante este ejercicio, hemos mantenido intacto nuestro esfuerzo por seguir avanzando hacia la máxima transparencia, dando a conocer a la Institución a través de una página web que ofrece información detallada sobre la misma. El compromiso del Tribunal ha merecido el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo «Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores», conocido en abril de 2017, le otorgó una puntuación de 9,87 por su fiel cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley de transparencia.

Con ese mismo objetivo, hemos seguido publicando, cada vez en un número mayor, amplias notas de prensa sobre las resoluciones del Tribunal, ya sean providencias, autos o sentencias; una práctica que permite una rápida difusión de las decisiones jurisdiccionales más relevantes y contribuye a que los ciudadanos comprendan mejor la función constitucional que cumple la Institución.

Como en años pasados, esta Institución ha llevado a cabo una activa política en materia de puertas abiertas: en 2017, ha recibido más de un centenar de visitas (en concreto, 112) de colegios, institutos, universidades o asociaciones de diversa índole, entre otros colectivos.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una relevantísima actividad de tipo representativo e institucional, tanto nacional como internacional.

Al igual que en años anteriores, he mantenido en nombre del Tribunal encuentros institucionales con los Presidentes de varias Comunidades Autónomas —de Murcia, don Fernando López Miras, de Andalucía, doña Susana Díaz Pacheco, de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla Roiz—, aprovechando la presencia en actos institucionales ocurridos en ellas.

Entre el 19 y el 21 de octubre tuvieron lugar en Úbeda las XXIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, bajo el título «La ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional», cuya sesión inaugural tuve el honor de inaugurar. Traslado mi mayor enhorabuena a todos los organizadores y participantes en las mismas, de un alto nivel científico, y que sin duda constituyeron un gran éxito.

En el ámbito internacional, hemos continuado con nuestra activa participación en diferentes foros, conferencias y seminarios, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, reforzando y estrechando nuestras relaciones con otros Tribunales y Consejos Constitucionales —desde Chile o El Salvador a Cabo Verde— y también con instituciones relacionadas con nuestro ámbito de trabajo.

Este año, a finales del mes de enero, acudimos nuevamente a la apertura solemne del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución con la que este Tribunal mantiene una estrecha vinculación.

Asimismo organizamos en Sevilla la primera reunión conjunta de los Tribunales Constitucionales de España, Italia y Portugal, así como del Consejo Constitucional de Francia, bajo el título «Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y en los ordenamientos jurídicos nacionales».

De forma más amplia, el Tribunal Constitucional es asimismo muy activo en otras actividades de cooperación internacional, y ha continuado trabajando con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en diferentes áreas geográficas.

En particular, tal y como ya sucedió en 2016, el Tribunal Constitucional ha organizado dos seminarios con el Consejo Constitucional de Marruecos en el marco del Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo Árabe (conocido como MASAR); y asimismo, gracias al Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada en 2017 se han celebrado dos seminarios sobre justicia constitucional en los Centros de Formación de la AECID de La Antigua y Cartagena de Indias, dirigidos a los Tribunales Constitucionales y Salas de lo Constitucional que participan en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC).

En última instancia, me gustaría expresar mi reconocimiento a la labor de todos los funcionarios y trabajadores de este Tribunal, cuyo tesón y cuya dedicación resultan imprescindibles para que éste ejerza, en beneficio del ciudadano, las funciones que le son asignadas constitucionalmente. A todos ellos, mi mayor gratitud y mis parabienes.

Madrid, 5 de marzo de 2017

I. Composición del Tribunal

Tras la renovación parcial del Tribunal verificada en marzo de 2017, a propuesta del Senado, se incorporaron los Excmos. Sres. don Ricardo Enríquez Sancho [1], don Alfredo Montoya Melgar [2], don Cándido Conde-Pumpido Tourón [3] y la Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón [4]. Los nuevos Magistrados tomaron posesión de sus cargos el miércoles 15 de marzo de 2017, cesando en esa fecha los Excmos. Sres. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente [5], la Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Vicepresidenta [6], y el Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho [7]. El discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal en el acto de esta duodécima renovación se recoge en el anexo V.

Por Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Juan José González Rivas. Mediante Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente [8]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta [9]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [10]

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [11]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García [12]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos [13]

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [14]

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez [15]

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho [16]

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar [17]

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón [18]

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón [19]

Por Acuerdo de 28 de marzo de 2017 (BOE núm. 75, de 29 de marzo), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en Salas y Secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Sección Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara, Presidente

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Datos personales

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944.

Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944.

Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958.

Teniente Fiscal del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Madrid, 1937.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

A’ Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional

[1] Nombrado por Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[2] Nombrado por Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[3] Nombrado por Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[4] Nombrada por Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores en el BOE de 14 de marzo).

[5] Nombrado Magistrado mediante Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011) y Presidente, por Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio). Cesado de uno y otro cargo mediante Reales Decretos 255/2017 y 256/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[6] Nombrada Magistrada mediante Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011) y Vicepresidenta, por Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio). Cesada de uno y otro cargo mediante Reales Decretos 257/2017 y 258/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[7] Nombrado por Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo). Cesado mediante Real Decreto 259/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[8] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

[9] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

[10] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[11] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[12] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[13] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[14] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[15] Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

[16] Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[17] Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[18] Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[19] Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil. Por Resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por Acuerdo de 21 de julio de 2017, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

- Don Juan Antonio Xiol Ríos

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

- Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

- Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

- Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

- Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

- Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

- Don Ignacio Torres Muro

Catedrático de Derecho Constitucional en servicios especiales.

- Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

- Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

- Doña María Esperanza Fernández Rodríguez

Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).

- Doña Amparo García Rubio

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

- Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

- Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

- Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 90 de Madrid.

- Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

- Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

- Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

- Don Rafael Caballero Sánchez

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

- Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

- Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

- Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

- Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada titular del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz.

- Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

- Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

- Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

- Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don Manuel Gómez Tomillo

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

- Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

- Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

- Don Jesús María González García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

- Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

- Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

- Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

- Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado de la Junta de Andalucía, Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

- Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

- Don Carlos Padrós Reig

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

- Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

- Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

- Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Rafael Rebollo Vargas

Profesor Titular, acreditado como Catedrático, de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona

- Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

- Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona.

- Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

- Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

- Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

- Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

- Doña Belén Triana Reyes

Abogada del Estado.

- Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

- Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

- Don Marcial Viñoly Palop

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Antonio Luis Ramos Membrive, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas.

Intervención

La Interventora del Tribunal es doña Mónica Rino García-Camacho, funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. Por Acuerdo de 28 de marzo de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2017, cve: BOE-A-2017-3369), se dispuso la composición de las Salas y Secciones del Tribunal tras su duodécima renovación parcial, llevada a cabo el 15 de marzo de 2017.

II. El Pleno del Tribunal Constitucional adoptó un Acuerdo, el 25 de mayo de 2017, que modifica la forma de resolver las peticiones de desistimiento de los recursos de amparo: hasta entonces se resolvían siempre mediante auto; a partir de este Acuerdo, sólo se decidirán mediante auto los desistimientos solicitados en recursos ya admitidos a trámite; en los pendientes de admisión, por el contrario, las Secciones acordarán mediante providencia que se notificará al Ministerio Fiscal por si estimare necesario interponer recurso de súplica.

III. Por Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 181, de 31 de julio de 2017, cve: BOE-A-2017-9107), se actualizaron y completaron las normas que regulan los anticipos de caja fija, previa derogación del Acuerdo del Pleno de 14 de diciembre de 1999 que hasta entonces regulaba la gestión de gastos del capítulo 2.º del presupuesto del Tribunal Constitucional mediante el procedimiento de anticipo de caja fija. El Acuerdo de 1999, que contaba con antecedentes (Acuerdos de la Junta de Gobierno de 19 de mayo de 1980 y de 26 de febrero de 1997), había sido modificado el 9 de mayo de 2002 y el 21 de noviembre de 2013. Ahora se ha optado por adoptar un texto nuevo, que recoge sistemáticamente todas las reglas en la materia adaptándolas a la legislación vigente.

IV. El Presidente del Tribunal Constitucional delegó diversas competencias, en materia de contratación, en el Secretario General, mediante Resolución de 28 de marzo de 2017 (BOE núm. 79, de 3 de abril de 2017, cve: BOE-A-2017-3675).

Por su parte, el Secretario General del Tribunal Constitucional delegó competencias en el Secretario General Adjunto del Tribunal, mediante Acuerdo de 5 de abril de 2017 (BOE núm. 91, de 17 de abril de 2017, cve: BOE-A-2017-4209). La delegación atañe a competencias en materia de personal; sobre los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal; a las cuestiones relativas a la transparencia y el acceso a la información pública; así como diversas facultades en materia económico-financiera.

V. El Secretario General del Tribunal Constitucional, mediante Resolución de 24 de enero de 2017, asignó un identificador a las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina constitucional o que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». Se trata del identificador europeo de jurisprudencia (ECLI: European Case Law Identifier), y consta de los elementos siguientes: ECLI (identificador europeo); ES (código de país); TC (código del órgano jurisdiccional); año (en el que se dictó la resolución); ordinal (el número de orden asignado por el Tribunal a sus resoluciones); y letra, que permite discriminar el tipo de resolución (ninguna para las sentencias; A para los autos; D para las declaraciones).

VI. El registro electrónico del Tribunal Constitucional, creado por Acuerdo del Pleno de 15 de septiembre de 2016 (BOE núm. 284, de 24 de noviembre de 2016, cve: BOE-A-2016-11054), quedó inicialmente abierto a la presentación de demandas de amparo, con carácter voluntario. Así lo determinó, en virtud del artículo 14 del Acuerdo de Pleno, una Resolución de la Secretaría General de 25 de noviembre de 2016 (publicada en la sede electrónica del Tribunal Constitucional).

El ámbito de aplicación del registro electrónico del Tribunal Constitucional se vio modificado dos veces a lo largo de 2017. Mediante Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, se dispuso que los trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico incluyesen, además de la presentación de demandas de amparo, cualquier otro tipo de escritos que debieran surtir efectos en procesos de amparo.

La posterior Resolución de la Secretaría General de 23 de noviembre de 2017 dispuso que, a partir del 1 de enero de 2018, la utilización del registro electrónico resultaría obligatoria para la presentación por medio de Procurador de demandas, escritos y documentos que deban surtir efectos en procesos de amparo. Asimismo, amplió los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los documentos: además del DNI electrónico y los certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) de persona física o clase 2 y de empleado público o clase AP, aceptó el uso de los certificados emitidos por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Procesos sobre normas forales fiscales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

E) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

F) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

G) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

H) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

b) Derechos a la defensa y a la prueba

c) Presunción de inocencia

I) Libertad sindical (art. 28 CE)

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2017 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 6.381 asuntos jurisdiccionales; es decir, 393 menos que en 2016. Esta ligera reducción en la demanda de justicia constitucional, que en su conjunto supuso una minoración del 5,80 por 100, tuvo reflejo en la mayoría de los procesos constitucionales pues, si bien se promovieron menos recursos de amparo que en 2016 (6.286 frente a 6.685 una reducción del 5,96 por 100), cuestiones de inconstitucionalidad (33 frente a 44, lo que representó una reducción del 25 por 100) y conflictos constitucionales (en 2016 se habían planteado un total de 12 y en 2017 únicamente cinco: tres conflictos positivos de competencia y dos conflictos entre órganos constitucionales), se incrementó el número de recursos de inconstitucionalidad (47 en 2017, frente a 32 en 2016; un incremento del 46,87 por 100). Se plantearon asimismo cuatro impugnaciones de disposiciones autonómicas y seis cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales.

Se mantuvo la habitual preponderancia de los recursos de amparo: 6.286, lo que representó el 98,51 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 6.216, de los cuales 5.468 fueron interpuestos por personas físicas y otros 748 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos formularon 65 demandas de amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de amparo alguno.

Con respecto a su origen, persistió el predominio habitual de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.256, el 51,79 por 100 (porcentaje que se eleva al 53,59 por 100 si se suman las 113 demandas de amparo procedentes de vigilancia penitenciaria), un número algo superior al de recursos de amparo en materia penal promovidos en 2016, cuando se alcanzaron los 3.169 (3.492 si se agregan los recursos de amparo procedentes de vigilancia penitenciaria). También aumentó ligeramente el número de recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil, que pasó de 1.086 en 2016 (16,25 por 100) a 1.117 (17,76 por 100) y de la jurisdicción social, que pasó de 412 en 2016 (6,16 por 100) a 513 en 2017 (8,16 por 100). En 2017 se acentuó el descenso de amparos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 1.200 frente a 1.659 en 2016 (en términos porcentuales eso representó una disminución del 24,82 por 100 del total de amparos al 19,09 por 100). Fueron 27 los recursos de amparo frente a actos parlamentarios promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,42 por 100 del total y 25 los procedentes de la jurisdicción militar (0,39 por 100). Hubo, finalmente, dos amparos electorales.

Algo más de un tercio de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (2.325, un 36,98 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias Provinciales (2.264, un 36,01 por 100), los Juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.013, el 16,11 por 100) y los Tribunales Superiores de Justicia (367, el 5,83 por 100; lo que representa un significativo descenso con respecto a los 1.055, el 15,78 por 100, de 2016). Se promovieron seis recursos de amparo frente a resoluciones del Tribunal Militar Central y uno respecto de una sentencia de los Tribunales Militares Territoriales.

En 4.689 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 74,59 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 795 demandas de amparo (12,65 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo (invocados en 1.679 demandas, un 26,71 por 100) destacan las 594 invocaciones del derecho a la legalidad penal (9,45 por 100) y las 364 del derecho a la libertad y seguridad (5,79 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 4.644 demandas de amparo constitucional (73,88 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE destacan, por la frecuencia de su invocación, los derechos a la presunción de inocencia, invocado en 993 demandas (15,79 por 100), a un proceso con todas las garantías, alegado en 786 ocasiones (12,5 por 100 de demandas) y los derechos a la defensa y a la asistencia letrada (298 demandas de amparo, un 4,74 por 100) y a la prueba pertinente para la defensa (260, un 4,13 por 100).

Se interpusieron 47 recursos de inconstitucionalidad, 31 por el Presidente del Gobierno y tres por el Defensor del Pueblo frente a leyes autonómicas; los Gobiernos y Parlamentos autonómicos plantearon dos recursos respecto de normas estatales con valor o fuerza de ley y los diputados y senadores cuatro frente a normas estatales con rango de ley y siete respecto de leyes autonómicas.

A lo largo del año se presentaron 33 cuestiones de inconstitucionalidad: 19 de ellas por Juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales (18 respecto de leyes estatales y una frente a una norma legal autonómica), nueve por los Tribunales Superiores de Justicia (frente a seis leyes estatales y tres autonómicas), dos por el Tribunal Supremo (sendas leyes estatal y autonómica), otras tantas por las Audiencias Provinciales (con igual distribución de objeto: una ley estatal y otra autonómica) y una de la Audiencia Nacional respecto de una ley estatal. Los órganos judiciales plantearon seis cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales.

Se presentaron tres conflictos positivos de competencia promovidos por Gobiernos autonómicos, dos conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y cuatro impugnaciones de disposiciones autonómicas planteadas por el Gobierno de la Nación.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 156 sentencias a lo largo del año. De ellas, el Pleno dictó 103, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 99 (70 en recursos de inconstitucionalidad; nueve en cuestiones de inconstitucionalidad; 12 en conflictos positivos de competencia; tres en impugnaciones de disposiciones autonómicas; dos en conflictos en defensa de la autonomía local; tres en cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales (que se habían planteado conjuntamente con otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad, las cuales fueron inadmitidas) y cuatro en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado. Las Salas dictaron las 53 sentencias restantes: 22 la Sala Primera (18 en recursos de amparo, tres en cuestiones de inconstitucionalidad y una en cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales) y 31 la Sala Segunda, todas ellas en procesos de amparo.

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los escritos que instan la jurisdicción constitucional. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, en particular los autos.

El Tribunal dictó un total de 175 autos. El Pleno dictó 76 de ellos, la Sala Primera, 19 y la Sala Segunda, 28; los 52 autos restantes fueron dictados por las secciones: 28 por la Sección Primera, 12 por la Sección Segunda, en tanto que las Secciones Tercera y Cuarta dictaron seis autos cada una de ellas.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 autos, todos ellos del Pleno.

Tres de estos autos estimaron otros tantos incidentes de ejecución planteados por el Gobierno de la Nación en relación con la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que había anulado la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015: ATC 24/2017, de 14 de febrero, que anuló parcialmente la Resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI, de 6 de octubre de 2016, sobre la orientación política del Gobierno, y dedujo testimonio de particulares en relación con diversos miembros de la mesa de la cámara parlamentaria autonómica; ATC 123/2017, de 19 de septiembre, que anuló el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre por el que se admitiera a trámite, por el procedimiento de urgencia extraordinaria, la proposición de ley denominada «del referéndum de autodeterminación» y dedujo igualmente testimonio de particulares en relación con diversos miembros de la mesa de la cámara parlamentaria autonómica, y ATC 124/2017, de 19 de septiembre, que anuló el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña, también de 7 de septiembre, admitiendo a trámite, de nuevo por el procedimiento de urgencia extraordinaria, de la proposición de ley denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república» y, una vez más, dedujo testimonio de particulares en relación con diferentes miembros de la mesa de la cámara parlamentaria autonómica. Se publicaron asimismo en el «Boletín Oficial del Estado» otros dos autos resolutorios de incidentes suscitados por el Gobierno de la Nación: ATC 126/2017, de 20 de septiembre, en el que se acordó la imposición de multas coercitivas en la impugnación de disposiciones autonómicas 4332-2017 planteada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 807/XI, por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley del referéndum de autodeterminación, y ATC 127/2017, de 21 de septiembre, que asimismo impuso multas coercitivas en la impugnación de disposiciones autonómicas 4333-2017 planteada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, por el que se aprueban normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación. Ambos autos cuentan con un voto particular concurrente suscrito por tres magistrados. Igualmente, se insertó en el «Boletín Oficial del Estado» el ATC 144/2017, de 8 de noviembre, estimatorio del incidente de ejecución de la STC 114/2017, de 17 de octubre, que había declarado inconstitucional y nula la Ley denominada «del referéndum de autodeterminación». En este último auto se anularon las resoluciones del pleno del Parlamento de Cataluña de 27 de octubre de 2017, denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente», deduciéndose nuevamente testimonio de particulares respecto de diversos miembros de la mesa de la cámara parlamentaria autonómica.

De los restantes autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado», dos acordaron la inadmisión a trámite de sendas cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales (AATC 109/2017, de 18 de julio, en relación con la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre bienes inmuebles de Gipuzkoa, y 150/2017, de 14 de noviembre, respecto de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, general tributaria de Bizkaia, al que se formuló un voto particular) y otros dos inadmitieron cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 174/2017, de 19 de diciembre, en relación con diversos preceptos del texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial, y 175/2017, de 19 de diciembre, respecto de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico de la Región de Murcia). El ATC 134/2017, de 5 de octubre, acordó la admisión a trámite de un recurso de amparo promovido por el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de la convocatoria de comparecencia ante la cámara parlamentaria del Presidente del Gobierno de Cataluña «con objeto de valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de referéndum de autodeterminación» y su suspensión cautelar. Por último, el ATC 142/2107, de 31 de octubre, inadmitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5241-2017, interpuesto por el Gobierno de Cataluña frente al acuerdo del pleno del Senado por el que se aprobaron las medidas requeridas por el Gobierno de España al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Durante 2017 el Pleno inadmitió mediante auto 18 cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales. También declaró extintos tres recursos de inconstitucionalidad, ocho cuestiones de inconstitucionalidad y una cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales. Por otra parte, dictó dos autos desestimatorios de los recursos de súplica planteados por el Gobierno de Cataluña respecto de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad 4062-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la reforma del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (ATC 117/2017, de 16 de agosto) y por la Presidenta del Parlamento de Cataluña en relación con el Auto 119/2017, de 7 de septiembre de 2017, en el que se acordó no admitir a trámite su recusación de todos los Magistrados integrantes del Tribunal Constitucional, en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015 (ATC 121/2017, de 13 de septiembre).

Las Salas y Secciones dictaron 12 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo. Con la sola excepción del ATC 99/2017, de 3 de julio, en todos los casos los correspondientes recursos se hallaban pendientes de admisión.

Las distintas Secciones dictaron 16 autos resolutorios de recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Se estimaron ocho de estos recursos (AATC 1/2017, de 10 de enero; 7/2017, de 18 de enero; 19/2017, de 6 de febrero, y 46/2017, de 7 de marzo, autos ambos en los que, juntamente con la estimación del recurso de súplica, la Sección correspondiente acordó la inadmisión del recurso de amparo del que aquel traía causa; 54/2017, de 20 de abril; 78/2017, de 10 de mayo; 98/2017, de 27 de junio, y 154/2017, de 16 de noviembre) y se desestimaron los otros ocho.

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, el Pleno dictó ocho autos. Mantuvo la suspensión de los preceptos legales impugnados en los correspondientes procesos constitucionales en dos de estos autos (AATC 77/2017, de 9 de mayo, y 118/2017, de 6 de septiembre). Acordó el levantamiento parcial en otros tres (AATC 18/2017, de 31 de enero, al que se formuló un voto particular; 130/2017, de 3 de octubre, y 170/2017, de 14 de diciembre). En los tres restantes resolvió el levantamiento íntegro de la suspensión (AATC 63/2017, de 25 de abril; 131/2017, de 3 de octubre, y 163/2017, de 28 de noviembre).

Se dictaron 22 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En nueve de ellos se acordó la suspensión total o parcial del acto del poder público frente al que se solicitaba el amparo (AATC 35/2017, de 27 de febrero; 52/2017, de 18 de abril; 124/2017, de 5 de octubre, dictado por el Pleno y al que ya se ha hecho referencia al reseñar los autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado», y 155/2017 a 160/2017, de 21 de noviembre), que se denegó en otros once (AATC 2/2017 y 3/2017, de 16 de enero; 23/2017, de 13 de febrero; 58/2017 y 59/2017, de 24 de abril; 128/2017, de 2 de octubre; 137/2017, de 16 de octubre; 145/2017 a 147/2017, de 13 de noviembre, y 173/2017, de 18 de diciembre). En el ATC 106/2017, de 17 de julio, la Sala Segunda del Tribunal, al tiempo que denegó la solicitud de tramitación cautelar de un procedimiento de ejecución hipotecaria, ordenó la anotación preventiva de la demanda de amparo en el Registro de la Propiedad; anotación registral que también fue acordada por la Sala Primera mediante el ATC 97/2017, de 19 de junio. Finalmente, la Sala Segunda declaró la extinción de la pieza separada de suspensión abierta en un recurso de amparo, mediante el ATC 57/2017, de 24 de abril.

Con anterioridad ya se han reseñado los cuatro autos dictados por el Pleno resolutorios de otros tantos incidentes de ejecución (AATC 24/2017, de 14 de febrero; 123/2017 y 124/2017, de 19 de septiembre, y 144/2017, de 8 de noviembre). A ellos debemos añadir otros autos dictados por la Sala Primera: el ATC 105/2017, de 17 de julio, que inadmitió el incidente de ejecución promovido en relación con la STC 177/2016, de 17 de octubre, recaída en recurso de amparo, y el ATC 162/2017, de 27 de noviembre, que declaró no haber lugar al incidente de ejecución de la STC 72/2017, de 8 de junio, dictada en cuestión de inconstitucionalidad.

La Sala Primera dictó los AATC 82/2017, de 22 de mayo, acumulando dos recursos de amparo, y 95/2017, de 2 de junio, que acordó la acumulación de un total de siete recursos de amparo. La Sala Segunda acordó la acumulación de dos procesos de amparo en el ATC 172/2017, de 18 de diciembre.

Se dictaron 48 autos aceptando la abstención de magistrados en distintos procesos constitucionales y otros tres inadmitiendo sendas recusaciones de magistrados (AATC 119/2017, de 7 de septiembre, confirmado en súplica por el ATC 121/2017, de 13 de septiembre; 125/2017, de 20 de septiembre, y 132/2017, de 3 de octubre). La Sala Primera dictó un auto declarando que no se había producido funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo (ATC 72/2017, de 8 de mayo).

Dos autos constataron la incompetencia del Tribunal Constitucional para resolver la impugnación de una denegación de asistencia jurídica gratuita (AATC 38/2017, de 28 de febrero, y 75/2017, de 9 de mayo).

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2017 el Pleno admitió a trámite 70 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, así como un recurso de amparo (ATC 134/2017, de 5 de octubre). Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto un recurso de inconstitucionalidad (ATC 142/2017, de 31 de octubre), 18 cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales. Por su parte, las Salas declararon la extinción de seis cuestiones de inconstitucionalidad: dos la Sala Primera y cuatro la Segunda.

En materia de recurso de amparo, las Salas y Secciones admitieron a trámite 70 recursos y dictaron siete autos de inadmisión, 5.690 providencias de inadmisión y 420 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión de solicitudes y demandas de amparo. Como ya se ha indicado en su momento, ocho providencias de inadmisión fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal. Ahora bien, en dos de estos ocho casos (AATC 19/2017, de 6 de febrero, y 46/2017, de 7 de marzo), la estimación del recurso de súplica formulado por el Ministerio Fiscal y la correlativa revocación de la providencia de inadmisión inicialmente dictada vino acompañada de la inadmisión del recurso de amparo por motivos distintos: incumplimiento de la carga de justificación suficiente de la especial trascendencia constitucional de la demanda, en lugar de la inicialmente apreciada falta de agotamiento de la vía judicial previa. Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (5.855, cifra que arroja la suma de las providencias de admisión y los autos y providencias de inadmisión, menos las seis revocaciones en súplica sin reafirmar la inadmisión por otra causa), solo el 2,39 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 97,61 por 100 supuso la inadmisión del recurso.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro que sistematiza las causas de admisión de los recursos de amparo, según los criterios empleados en las distintas providencias. El motivo predominante fue la ausencia de doctrina constitucional (27, el 38,03 por 100 de las demandas admitidas a trámite), seguido de la aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna (17, el 23,94 por 100) y el incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o la existencia de resoluciones judiciales contradictorias (ocho, el 11,27 por 100); los motivos referidos a la aclaración o cambio de doctrina consecuencia de cambios normativos, el eventual origen normativo de la vulneración del derecho fundamental para cuya protección se solicite el amparo, la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por las resoluciones judiciales o la diversidad de motivos, fueron causa de admisión de cuatro recursos de amparo cada una de ellas (el 5,63 por 100 para cada uno de estos motivos); en dos casos se admitieron sendos amparos en los que concurría prima facie el requisito de las consecuencias políticas generales (2,82 por 100) y en uno se admitió debido a la eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley (1,41 por 100).

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos muestran el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (2.396 recursos de amparo fueron inadmitidos por esta causa, es decir, el 39,48 por 100 de las demandas de amparo), seguida a gran distancia de la relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (1.173, el 19,33 por 100), la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional (823, el 13,56 por 100), la falta de agotamiento de la vía judicial previa (576, el 9,49 por 100), la falta de subsanación de defectos procesales (524, el 8,63 por 100), la extemporaneidad del recurso (298, el 4,91 por 100), la inexistencia de lesión del derecho fundamental invocado (105, el 1,73 por 100) o la falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental (25, el 0,41 por 100). En 149 providencias de inadmisión se citaron varios motivos acumulados (2,46 por 100).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2017 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 95 recursos, cuestiones de inconstitucionalidad, cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales y conflictos constitucionales; admitió a trámite 70 e inadmitió 24 mediante auto. Asimismo, admitió a trámite un recurso de amparo avocado de la Sala Segunda (ATC 134/2017). Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión dos recursos de inconstitucionalidad, siete cuestiones de inconstitucionalidad y una impugnación de disposiciones autonómicas. Avocó para su conocimiento siete recursos y defirió a las Salas el conocimiento de otros tantos asuntos: dos a la Sala Primera y cinco a la Sala Segunda. El Pleno dictó 103 sentencias y dio por terminados diez asuntos pendientes de sentencia, por lo que resolvió —por sentencia o por auto de terminación— 113 procesos (y 113 asuntos, pues no tenía ninguno acumulado). Así pues, el Pleno finalizó el año con 42 asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos pendientes suman un total de 116, acumulados en 115 procesos.

Con respecto a las Salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.155 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.127 y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros 38 recursos que se hallaban pendientes de admisión (29 por providencia y nueve por auto). Por consiguiente, al finalizar el año había 36 recursos menos en trámite de admisión ante la Sala. Teniendo en cuenta los asuntos recibidos otros años, se hallaban en esta situación 1.211 recursos de amparo (en esta cifra se incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex arts. 49.4 y 50.4 LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex art. 88 LOTC).

En la Sala Segunda ingresaron 3.130 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 2.574 y dio por terminados 393 recursos pendientes de admisión (mediante 391 providencias y dos autos). Al finalizar el año, la diferencia entre asuntos recibidos y resueltos en fase de admisión era de 119 más, ascendiendo a 1.167 el total de recursos de amparo pendientes de admisión.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, la Sala Primera dictó cuatro sentencias en asuntos cuyo conocimiento le había sido previamente atribuido por el Pleno (tres en cuestiones de inconstitucionalidad y una en cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales) y declaró extinguidas dos cuestiones de inconstitucionalidad; la Sala Segunda terminó otras cuatro cuestiones mediante auto. En materia de recursos de amparo, las Salas dictaron 49 sentencias: la Sala Primera resolvió mediante sentencia 18 recursos y la Sala Segunda, 31. Además, la Sala Segunda declaró terminado por desistimiento un recurso de amparo que se encontraba pendiente de sentencia (ATC 99/2017).

A lo largo del año las Salas recibieron siete procesos atribuidos por el Pleno en virtud del art. 10 LOTC: cinco la Sala Primera y dos la Sala Segunda. Al finalizar 2017, la Sala Segunda tenía pendientes de sentencia dos cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento le había sido deferido por el Pleno y la Sala Primera, ninguna.

Se dictaron 53 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó cuatro de ellas. Al finalizar el año tenía pendientes diez recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente.

La Sala Primera dictó 18 sentencias en procesos de amparo. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 26 asuntos nuevos y acumuló hasta nueve recursos en dos autos (en el ATC 82/2017, de 22 de mayo, acumuló dos recursos de amparo, y en el ATC 95/2017, de 19 de junio, acumuló siete en dos procesos). Al finalizar el año se hallaban pendientes de sentencia de la Sala Primera un total de 31 recursos de amparo, acumulados en 24 procesos, no habiendo ninguno pendiente ante sus Secciones. La Sala Segunda dictó 31 sentencias en procesos de amparo, admitió a trámite 44 demandas, acordó la acumulación de dos procesos de amparo (en el ATC 172/2017, de 18 de diciembre) y dio por terminado por desistimiento un recurso admitido a trámite. Al concluir el año la Sala Segunda tenía pendientes de Sentencia 51 recursos de amparo acumulados en 50 procesos. No había ninguno pendiente de resolución definitiva ante las Secciones.

Así pues, las Salas finalizaron el año con ocho procesos más pendientes de sentencia (que acumulaban 14 asuntos): la Sala Primera redujo seis procesos pendientes de sentencia y la Sala Segunda incrementó los recursos pendientes de sentencia en 15. En general, el Tribunal consiguió reducir 28 recursos del número de asuntos pendientes de sentencia.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2017 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 115 procesos que comprendían 116 asuntos. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 76 recursos de inconstitucionalidad (77 con los acumulados), 12 cuestiones de inconstitucionalidad, diez recursos de amparo avocados, 13 conflictos positivos de competencia, tres conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales. Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir dos cuestiones de inconstitucionalidad deferidos por el Pleno a la Sala Segunda y que penden ante ella.

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad dos recursos de inconstitucionalidad, siete cuestiones de inconstitucionalidad y una impugnación de disposiciones autonómicas.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 92. A los diez recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben añadirse los 31 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera, acumulados en 24 procesos, y los 51 asuntos que, en 50 procesos, pendían en la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 2.378, de los cuales 1.211 correspondían a la Sala Primera y 1.167 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2017 el Tribunal dictó 70 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 12 en cuestiones de inconstitucionalidad, 12 en conflictos positivos de competencia, tres en impugnaciones de disposiciones autonómicas, dos en conflictos en defensa de la autonomía local y cuatro que resolvieron cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales. La suma arroja un total de 103 sentencias resolutorias de 105 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, habida cuenta de que la STC 152/2017, de 21 de diciembre, estimó parcialmente tres recursos de inconstitucionalidad, previamente acumulados, interpuestos frente al Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

El Pleno dictó la mayoría de estas sentencias (99); la Sala Primera pronunció tres en cuestiones de inconstitucionalidad y una, resolutoria de una cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales. La Sala Segunda únicamente dictó sentencias en recursos de amparo.

De las sentencias dictadas por el Pleno, 70 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes disposiciones estatales o autonómicas en las siguientes materias: agricultura (STC 66/2017, de 25 de mayo), aguas (STC 116/2017, de 19 de octubre), asistencia sanitaria y prestaciones farmacéuticas (SSTC 33/2017, de 1 de marzo; 63/2017 y 64/2017, de 25 de mayo; 80/2017 y 82/2017, de 22 de junio; 98/2017, de 20 de julio; 139/2017, de 30 de noviembre, y 145/2017, de 14 de diciembre), asociaciones (STC 144/2017, de 14 de diciembre), cinematografía (STC 89/2017, de 4 de julio), colegios profesionales (STC 62/2017, de 25 de mayo), comercio interior (SSTC 25/2017, de 16 de febrero; 46/2017, de 27 de abril, y 56/2017, de 11 de mayo), consultas referendarias (STC 51/2017, de 10 de mayo), consumo (STC 88/2017, de 4 de julio), cuerpos de policía (STC 154/2017, de 21 de diciembre), deporte (STC 102/2017, de 20 de julio), derecho civil (SSTC 95/2017, de 6 de julio, y 133/2017, de 16 de noviembre), empleo público (SSTC 20/2017, de 2 de febrero; 43/2017, de 27 de abril, y 142/2017, de 12 de diciembre), energía (SSTC 21/2017, de 2 de febrero; 91/2017, de 6 de julio, y 152/2017, de 21 de diciembre), garantía de la unidad de mercado (SSTC 79/2017, de 22 de junio; 110/2017 y 111/2017, de 5 de octubre, y 119/2017, de 19 de octubre), inmigración (STC 87/2017, de 4 de julio), metrología (STC 117/2017, de 19 de octubre), montes (SSTC 118/2017, de 19 de octubre; 132/2017, de 4 de noviembre; 147/2017, de 14 de diciembre, y 155/2017, de 21 de diciembre), presupuestos y finanzas públicas (STC 90/2017, de 5 de julio), procedimientos legislativos y reglamentos parlamentarios (STC 139/2017, de 29 de noviembre), protección del medio ambiente (SSTC 53/2017, de 101 de mayo, y 109/2017, de 21 de septiembre), régimen local (SSTC 19/2017, de 2 de febrero; 44/2017 y 45/2017, de 27 de abril; 54/2017, de 11 de mayo; 93/2017, de 6 de julio; 101/2017, de 20 de julio, y 108/2017, de 21 de septiembre), relaciones laborales y empleo (SSTC 81/2017, de 22 de junio; 100/2017, de 20 de julio, y 153/2017 y 156/2017, de 21 de diciembre), seguridad pública y protección civil (STC 58/2017, de 11 de mayo), senadores de designación autonómica (SSTC 123/2017, de 2 de noviembre, y 141/2017, de 30 de noviembre), tasas (SSTC 27/2017, de 16 de febrero, y 15/2017, 2 de febrero, 24/2017, de 16 de febrero, y 35/2017, de 1 de marzo, sobre tasas judiciales) y tributos (SSTC 73/2017, de 8 de junio, y 94/2017, de 6 de julio), telecomunicaciones y medios de comunicación social (SSTC 78/2017, de 22 de junio; 86/2017, de 4 de julio; 103/2017, de 6 de septiembre, y 150/2017, de 21 de diciembre) y urbanismo (SSTC 34/2017, de 1 de marzo, y 143/2017, de 14 de diciembre). La STC 114/2017, de 17 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación» y la STC 124/2017, de 8 de noviembre, hizo lo propio respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 12 sentencias, 9 de ellas dictadas por el Pleno y las tres restantes por la Sala Primera. Las sentencias del Pleno versaron sobre normas estatales o autonómicas con rango de ley en materia de colegios profesionales (STC 69/2017, de 25 de mayo), moción de censura al alcalde (STC 151/2017, de 21 de diciembre), tasas judiciales (SSTC 47/2017, de 27 de abril; 55/2017, de 11 de mayo, y 92/2017, de 6 de julio), tributos locales (STC 59/2017, de 11 de mayo) y urbanismo (STC 28/2017, de 16 de febrero). La STC 23/2017, de 16 de febrero, inadmitió por prematura una cuestión de inconstitucionalidad sobre tasas judiciales, en tanto que la STC 57/2017, de 11 de mayo, hizo lo propio con otra cuestión de inconstitucionalidad planteada en materia de tributos locales con una inadecuada formulación del llamado juicio de relevancia. Las tres sentencias dictadas en cuestiones de inconstitucionalidad por la Sala Primera versaron sobre disposiciones forales de navarra en materia de derecho civil (STC 41/2017, de 24 de abril) y tributos locales (STC 72/2017, de 5 de junio) y sobre normas legales relativas a tasas judiciales (STC 49/2017, de 8 de mayo).

En tres sentencias, el Pleno del Tribunal resolvió conjuntamente sendas cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales de validez de normas forales fiscales; todas ellas acordaron la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad y estimaron la cuestión prejudicial de validez en relación con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, de 16 de febrero; 37/2017, de 1 de marzo, y 48/2017, de 27 de abril).

El Pleno dictó 12 sentencias en conflictos positivos de competencia. La mitad de ellas resolvieron conflictos sobre disposiciones generales y resoluciones estatales en materia de asistencia sanitaria (SSTC 97/2017, de 17 de julio, y 99/2017, de 20 de julio) y asistencia social (STC 9/2017, de 19 de enero), integración de personas con movilidad reducida (STC 18/2017, de 2 de febrero) y producción de energía eléctrica (SSTC 36/2017, de 1 de marzo, y 68/2017, de 25 de mayo). Las seis sentencias restantes versaron sobre disposiciones normativas infralegales y resoluciones generales autonómicas en materia de asistencia sanitaria y prestaciones farmacéuticas (SSTC 7/2017, de 19 de enero; 16/2017, de 2 de febrero, y 134/2017, de 16 de noviembre), creación de órganos autonómicos (SSTC 52/2017, de 10 de mayo, y 77/2017, de 21 de junio) y demarcación de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles (STC 67/2017, de 25 de mayo).

La STC 65/2017, de 25 de mayo, declaró extinto un conflicto en defensa de la autonomía local planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con la ley autonómica de presupuestos para 2013, y la STC 107/2017, de 21 de septiembre, desestimó el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por 2.393 municipios respecto de diversos preceptos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Ambas sentencias fueron dictadas por el Pleno.

El Pleno resolvió, igualmente, tres impugnaciones de disposiciones autonómicas: en aplicación de la doctrina sentada en la STC 114/2017, de 17 de octubre, anulatoria de la Ley denominada «del referéndum de autodeterminación», el Pleno procedió a la anulación de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña, por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña (STC 120/2017, de 31 de octubre); el Decreto del Gobierno de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, de normas complementarias para la celebración del referéndum mencionado (STC 121/2017, de 31 de octubre) y el Decreto del Gobierno de Cataluña 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria «del referéndum de autodeterminación de Cataluña» (STC 122/2017, de 31 de octubre).

Finalmente, la Sala Primera, en la STC 113/2017, de 16 de octubre, resolvió una cuestión prejudicial de validez relativa a un precepto de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Bizkaia.

En 33 de las 103 sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, todas ellas del Pleno, se formularon votos particulares.

Durante 2017 el Pleno del Tribunal acordó por auto la inadmisión de un recurso de inconstitucionalidad (ATC 142/2017, de 31 de octubre, en el que se acordó la inadmisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña frente al acuerdo del Pleno del Senado que había aprobado las medidas requeridas por el Gobierno de España al amparo del artículo 155 CE), la extinción de otros dos (AATC 114/2017, de 18 de julio, y 120/2017, de 12 de septiembre) y estimó el incidente de ejecución promovido por el Gobierno de la Nación en otro (ATC 144/2017, de 8 de noviembre). También inadmitió 18 cuestiones de inconstitucionalidad —ya fuera por no satisfacerse los requisitos procesales o por resultar notoriamente infundadas— y declaró la extinción de otra (ATC 6/2017, de 18 de enero, respecto de una cuestión de inconstitucionalidad en materia de tasas judiciales). La Sala Primera acordó la extinción de dos cuestiones de inconstitucionalidad y rechazó un incidente de ejecución de la STC 72/2017, de 5 de junio, que había resuelto una cuestión de inconstitucionalidad en materia de tributos locales (ATC 162/2017, de 27 de noviembre); la Sala Segunda declaró extintas otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. Por otro lado, el Pleno inadmitió a trámite cuatro cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales, declaró extinguida otra (ATC 4/2017, de 17 de enero) y denegó la petición de aclaración de la STC 107/2017, de 21 de enero, dictada en conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 148/2017, de 14 de noviembre).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2017 el Tribunal dictó 47 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 26 leyes o disposiciones con rango de ley del Estado. El Pleno dictó 46 de estas sentencias (36 en recursos de inconstitucionalidad, nueve en cuestiones de inconstitucionalidad y una en conflicto en defensa de la autonomía local) y la Sala Primera, una (STC 49/2017, de 8 de mayo, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad en materia de tasas judiciales).

En la STC 119/2017, de 31 de octubre, el Pleno declaró la pérdida de objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto respecto de diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que habían sido anulados en sentencias previas. En otros casos, el Pleno acordó la inadmisión de diferentes cuestiones de inconstitucionalidad, bien por haberse planteado prematuramente (STC 23/2017, de 16 de febrero), bien por inadecuada formulación del denominado juicio de aplicabilidad y relevancia (SSTC 37/2017, de 1 de marzo, y 48/2017, de 27 de abril, sentencias ambas resolutorias de sendas cuestiones de inconstitucionalidad y prejudicial de normas forales fiscales que el órgano judicial promotor había planteado conjuntamente, y 57/2017, de 11 de mayo).

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 63 preceptos legales estatales y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros 16. Si bien por lo común las declaraciones de inconstitucionalidad tienen como corolario la anulación de los preceptos legales concernidos, en las SSTC 47/2017, 27 de abril; 53/2017, 55/2017 y 59/2017, de 11 de mayo; 73/2017, de 8 de junio; 100/2017, de 6 de julio, y 151/2017, de 21 de diciembre, se modularon los efectos de la anulación acordada.

El Pleno dictó 13 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre las siguientes normas estatales con rango de ley: Leyes de enjuiciamiento criminal (AATC 100/2017, de 4 de julio; 108/2017 y 112/2017, de 18 de julio) y de enjuiciamiento civil (ATC 169/2017, de 13 de diciembre); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (ATC 113/2017, de 18 de julio); Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social (ATC 65/2017, de 25 de abril); el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (ATC 166/2017, de 12 de diciembre); el texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (ATC 174/2017, de 19 de diciembre) y los textos refundidos de las Leyes general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (ATC 167/2017, de 12 de diciembre); sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (ATC 43/2017, de 28 de febrero) y de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (AATC 101/2017, de 4 de julio; 139/2017 y 140/2017, de 17 de octubre).

Por lo que se refiere a los procesos resueltos por sentencia, tan solo en uno de ellos se enjuició la constitucionalidad de un precepto integrante de una ley orgánica: la STC 151/2017, de 21 de diciembre, conoció de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del párrafo tercero del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general. La Sala promotora de la cuestión entendía que este precepto, en la redacción introducida por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, era contrario al derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), al elevar el quórum para plantear mociones de censura en el ámbito local cuando alguno de los concejales proponentes hubiera dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político al que se adscribió al inicio de su mandato. El Pleno del Tribunal concluyó que esta solución legal al problema conocido como «transfuguismo» representaba una interferencia desproporcionada en el núcleo de la función representativa de los concejales y declaró su inconstitucionalidad, difiriendo su nulidad «hasta la convocatoria de un nuevo proceso de elecciones locales».

En 17 sentencias se enjuició la constitucionalidad de diferentes reales decretos-leyes. Cinco de ellas versaron sobre el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Las SSTC 55/2017, de 11 de mayo, y 92/2017, de 6 de julio, dictadas ambas en cuestiones de inconstitucionalidad, declararon la nulidad de sendos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la redacción dada por el mencionado decreto-ley, relativos a la cuota variable de las tasas judiciales (STC 55/2017) y a las tasas a abonar en los procesos abreviados y ordinarios y al recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (STC 92/2017), siempre por referencia a las personas físicas como obligadas al pago. Las STC 24/2017, de 16 de febrero, y 35/2017, de 1 de marzo, ambas del Pleno, desestimaron sendos recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno de Andalucía y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; en particular, la última de estas sentencias concluyó que se había acreditado suficientemente la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad legitimadora de la aprobación del decreto-ley controvertido. Finalmente, la Sala Primera, en la STC 49/2017, de 8 de mayo, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad con idéntico objeto.

La constitucionalidad de diferentes preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ya había sido enjuiciada en dos sentencias del año 2016: las SSTC 139/2016, de 21 de julio, y 183/2016, de 3 de noviembre. La doctrina sentada en estas resoluciones fue reiterada en las SSTC 33/2017, de 1 de marzo; 63/2017 y 64/2017 de 25 de mayo, y 98/2017, de 20 de julio, todas ellas dictadas por el Pleno en sendos recursos de inconstitucionalidad. En particular, estas sentencias, que cuentan todas ellas con votos particulares discrepantes, subrayaron que tanto la definición de los sujetos beneficiarios de la asistencia del Sistema Nacional de Salud como el establecimiento del régimen de prescripción de medicamentos y productos sanitarios, forman parte de las competencias reservadas al Estado en materia de bases y coordinación de la sanidad. Más allá de este núcleo común, la STC 63/2017 declaró la inconstitucionalidad del precepto de este real decreto-ley que atribuía competencias ejecutivas a la Organización Nacional de Trasplantes, fundándose exclusivamente en el criterio de la supraterritorialidad de la actividad: la autorización a entidades que deseen dedicarse a la promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos. La doctrina de la STC 64/2017 fue expresamente aplicada en la STC 80/2017, de 22 de junio, para desestimar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno vasco respecto del artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, cuyo tenor trae causa de uno de los preceptos del Real Decreto-ley 16/2012 enjuiciados en la ya mencionada STC 64/2017.

En cuanto a la utilización del decreto-ley como instrumento normativo para el establecimiento y prórroga de medidas de fomento del empleo y su conformidad con el orden constitucional de distribución de competencias, el Pleno dictó otras tres sentencias. La STC 100/2017, de 20 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. Esta sentencia, tras constatar que se justificó suficientemente la concurrencia del presupuesto habilitante y la conexión de sentido entre la situación de urgencia declarada y las medidas adoptadas para hacerle frente, anuló el precepto que habilitaba al titular de la dirección general del Servicio Público de Empleo Estatal para dictar las resoluciones que fueran precisas en desarrollo del real decreto-ley controvertido. A la STC 100/2017 se formuló un voto particular, suscrito por dos magistrados.

Reiterando la doctrina de la STC 100/2017, la STC 153/2017, de 21 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto asimismo por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, que regula el programa de activación para el empleo. Esta sentencia declaró la nulidad de diversos preceptos del decreto-ley que, con fundamento exclusivamente en el carácter supraterritorial de la actividad, atribuían funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal y regulaban sus relaciones con los servicios autonómicos de empleo. A la STC 153/2017 se formuló un voto particular, suscrito por tres magistrados. La prórroga del programa de activación para el empleo, llevada a cabo en el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, fue igualmente objeto de impugnación —mediante la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad— por el Gobierno vasco; impugnación resuelta en la STC 156/2017, de 21 de diciembre, que, reiterando la doctrina de las SSTC 100/2017 y 153/2017, anula los preceptos del mencionado decreto-ley que atribuían funciones ejecutivas supraterritoriales al Servicio Público de Empleo Estatal. La STC 156/2017 cuenta con un voto particular suscrito por tres magistrados.

La STC 34/2017, de 1 de marzo, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña respecto del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo. Esta sentencia del Pleno, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, declaró contrario al orden constitucional de distribución de competencias el precepto legal estatal que establecía que la superficie del terreno ocupado por una estación de servicio no había de computarse como superficie comercial, pues se trata de una determinación correspondiente a la competencia autonómica sobre comercio interior.

Reiterando la doctrina de la STC 195/2016, de 24 de septiembre, en la STC 46/2017, de 27 de abril, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta sentencia concluyó que se habían satisfecho las exigencias constitucionales en cuanto a la acreditación del presupuesto habilitante —extraordinaria y urgente necesidad— justificativo del recurso al decreto-ley y la conexión de sentido entre la urgencia declarada y las medidas adoptadas para subvenirla, en lo que respecta a la liberalización de horarios comerciales y régimen de apertura y traslado de centros comerciales. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados. Con posterioridad se dictó la STC 56/2017, de 11 de mayo, en la que el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Andalucía frente a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, fruto de la conversión del antes citado Real Decreto-ley 8/2014 en proyecto de ley y su consiguiente tramitación parlamentaria. La STC 56/2017 cuenta con un voto particular.

En la STC 73/2017, de 8 de junio, el Pleno estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso respecto de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esta disposición adicional regulaba una declaración tributaria especial que permitía la regularización de la situación tributaria de los titulares de bienes o derechos que no se correspondieran con las rentas declaradas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de no residentes. La regularización se concretaba en la doble obligación de presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar el 10 por 100 al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos antes mencionados. La STC 73/2017 anuló la inclusión de una previsión legal de este tipo, que afecta al cumplimiento de un deber constitucional, en un decreto-ley. La sentencia modula los efectos del fallo señalando que, por exigencias del principio constitucional de seguridad jurídica, la nulidad declarada no permitía la revisión de las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo del precepto legal controvertido.

El Pleno, en la STC 150/2017, de 21 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con el artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Esta sentencia, a la que se formuló un voto particular suscrito por tres magistrados, concluyó que no se había satisfecho el requisito de adecuada acreditación del presupuesto habilitante consistente en la identificación de la urgente necesidad para proceder a la reducción del número de miembros del consejo de administración de la indicada corporación pública.

Finalmente, la STC 152/2017, de 21 de diciembre, declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. Concretamente, la sentencia resuelve los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento y el Gobierno de Cataluña y más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de la norma de urgencia, anulando las disposiciones legales reguladoras de los efectos del rescate de la concesión de la instalación de almacenamiento de gas «Castor» al no concurrir el presupuesto habilitante consistente en la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que hubiera de hacerse frente mediante la aprobación de una norma con rango de ley.

Por lo que hace a las leyes anuales aprobatorias de los presupuestos generales del Estado, en 2017 se dictó una única sentencia: la STC 43/2017, de 27 de abril, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. En esta sentencia, que cuenta con un voto particular suscrito por cuatro magistrados, el Pleno del Tribunal afirmó que el título competencial sobre ordenación general de la economía habilita al Estado tanto para prohibir temporalmente las aportaciones a planes y fondos de pensiones por los entes del sector público, como para limitar las distintas ofertas de empleo público; declaró, igualmente, que la fijación de la duración mínima en la jornada de trabajo del personal del sector público representa una determinación integrante de las bases del régimen estatuario de los funcionarios públicos.

Respecto de la regulación de las denominadas tasas judiciales y además de las resoluciones antes citadas, que enjuiciaron la constitucionalidad del Real Decreto-ley 3/2013, es preciso mencionar las SSTC 15/2017, de 2 de febrero, y 47/2017, de 27 de abril. Ambas sentencias fueron dictadas por el Pleno y en ellas, reiterando la doctrina sentada en la STC 140/2016, de 21 de julio, se desestimaron un recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Gobierno de Andalucía, y una cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, respectivamente, en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reguladora de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. La STC 15/2017 examinó la regulación general de determinados aspectos de estas tasas, en tanto que la STC 47/2017 enjuició específicamente la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo.

Seis sentencias, todas ellas dictadas por el Pleno, tuvieron por objeto distintos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La STC 44/2017, de 27 de abril, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados de diversos grupos parlamentarios del Congreso y reiteró la interpretación constitucionalmente conforme de los preceptos relativos a la coordinación por las diputaciones provinciales de las competencias municipales y asunción por las comunidades autónomas de competencias en materia de educación establecida en las SSTC 41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio. Este mismo fallo se reiteró en las SSTC 45/2017, de 27 abril, si bien por referencia exclusiva a las competencias educativas; 93/2017, de 6 de julio; 101/2017, de 20 de julio, sentencia ésta que cuenta con un voto particular y que, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias, examina las disposiciones controvertidas de la Ley 27/2013 también desde la perspectiva del régimen específico de insularidad canaria, y 107/2017, de 21 de septiembre, resolutoria del conflicto en defensa de la autonomía local planteado respecto de la citada Ley por 2.393 municipios de toda España. Por su parte, la STC 54/2017, de 11 de mayo, parcialmente estimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña, no solo reiteró dicha interpretación conforme sino que, además, declaró la nulidad del precepto de la Ley 27/2013 relativo a la cobertura de puestos de trabajo por personal eventual. Esta última sentencia cuenta con un voto particular suscrito por cinco magistrados.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, fue objeto de cuatro sentencias del Pleno. En orden estrictamente cronológico, la primera de ellas fue la STC 79/2017, de 22 de junio, que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Parlamento de Cataluña. Esta sentencia hizo hincapié en que el principio de reconocimiento mutuo permite, pero no impone necesariamente, la atribución de eficacia extraterritorial a los actos y disposiciones de las comunidades autónomas; consecuentemente, la STC 79/2017 declaró la nulidad de los preceptos legales atributivos de tal eficacia en todo el territorio nacional a las actuaciones de las autoridades competentes en materia económica, al ser contrarios al principio de territorialidad de competencias en que se funda el modelo constitucional de distribución del poder, así como aquellos otros que vaciaban las competencias normativas autonómicas. Por otra parte, la sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que atribuía efectos suspensivos automáticos a la impugnación de normas y actos autonómicos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ante la Audiencia Nacional. La sentencia también estableció la interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a las atribuciones del Consejo para la unidad de mercado en los procedimientos en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos.

A su vez, la STC 110/2017, de 5 de octubre, a la que se formuló un voto particular suscrito por tres magistrados, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña y, reiterando la doctrina de la STC 79/2017, declaró la nulidad del precepto de la Ley de garantía de la unidad de mercado dedicado al principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. La STC 111/2017, también de 5 de octubre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Andalucía y declaró la nulidad de la atribución a las autoridades del lugar de fabricación de la competencia de supervisión y control de la normativa relacionada con los requisitos de producción, uso y consumo del producto. Finalmente, la STC 119/2017, de 31 de octubre, declaró, en atención al contenido de las SSTC 79/2017 y 110/2017, la pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto de diversos preceptos de la Ley 20/2013.

En la STC 53/2017, de 11 de mayo, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña, en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Partiendo de la doctrina contenida en la STC 13/1998, de 22 de enero, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del encuadramiento competencial de algunos de los preceptos legales, a los que indebidamente se atribuyó carácter básico en materia de protección ambiental. Consecuentemente, la sentencia ciñó el ámbito de aplicación de dichas disposiciones a las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos cuya elaboración y adopción, aprobación o autorización sea competencia del Estado, sin perjuicio de aquellas disposiciones que han de ser también aplicadas por las comunidades autónomas por tratarse de reglas de procedimiento común o bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Asimismo, la STC 53/2017, a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscritos por dos magistrados, estableció la interpretación constitucionalmente conforme de otros preceptos de la Ley controvertida, atinentes, entre otros aspectos, a las consultas ambientales transfronterizas.

Al versar sobre la utilización racional de los recursos naturales, en materias conexas con la examinada en la STC 53/2017, procede hacer ahora referencia a las sentencias dictadas en relación con la modificación de la Ley de montes por la Ley 21/2015, de 20 de julio, y con el texto de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Respecto del primer texto legal, el Pleno dictó las SSTC 118/2017, de 19 de octubre, y 155/2017, de 21 de diciembre. En la primera de ellas, que cuenta con un voto particular suscrito por tres magistrados, se declaró la nulidad parcial de la regulación de los caminos naturales, en tanto que se estableció la interpretación conforme del precepto que atribuye expresamente iniciativa para la construcción de este tipo de caminos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la STC 155/2017 se desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón respecto de los preceptos de la ya mencionada Ley 21/2015 relativos al trasvase Tajo-Segura que fueron objeto de tramitación parlamentaria y finalmente aprobados sin disponer del informe preceptivo de la Comunidad Autónoma de Aragón. La sentencia cuenta con un voto particular. Por lo que se refiere a la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, su constitucionalidad fue enjuiciada por el Pleno del Tribunal en la STC 143/2017, de 14 de diciembre. Esta sentencia, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, declaró la nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de edificios, así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; igualmente, estableció la interpretación constitucionalmente conforme de la exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las instalaciones de nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas, indicando al respecto que los actos de uso del suelo concernidos deben proyectarse en terrenos en situación básica de suelo rural. Por disposición expresa del fallo de esta sentencia, sus declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad y las interpretaciones conformes, han de extenderse al texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, en aquellos preceptos que reproduzcan el contenido de la Ley 8/2013.

La STC 58/2017, de 11 de mayo, dictada por el Pleno, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil. La sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de la disposición relativa a la declaración de emergencias de interés nacional, señalando al respecto la necesaria comunicación previa a las comunidades autónomas concernidas cuando la declaración de dicha situación se produzca a iniciativa de la propia administración general del Estado.

En aplicación de la doctrina sentada en las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, resolutorias ambas de sendas cuestiones de inconstitucionalidad y previas de validez de normas forales fiscales acumuladas, la STC 59/2017, de 11 de mayo, del Pleno del Tribunal, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de diversos preceptos del texto refundido de la Ley de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regulan el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, si bien únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

En la STC 66/2017, de 25 de mayo, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con la Ley 23/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La sentencia declara nula la reserva, en favor de la administración estatal, de funciones de control preventivo en la materia al tratarse de actividades ejecutivas cuya titularidad y ejercicio ha de corresponder a las comunidades autónomas y cuyo ejercicio coordinado puede asegurarse con los mecanismos de colaboración previstos en la propia ley. Por otro lado, la sentencia establece la interpretación conforme con la Constitución de la atribución a la Agencia de información y control alimentarios de las potestades de elevar propuestas de resolución en procedimientos sancionadores y de formular denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, especificando que la agencia únicamente podrá hacer uso de estas potestades cuando la competencia para sancionar corresponda al Estado.

En la STC 81/2017, de 22 de junio, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. En aplicación de la doctrina sobre territorialidad de las competencias, sintetizada, entre otras, en la STC 198/2014, de 15 de diciembre, la sentencia que ahora se reseña, y que cuenta con un voto particular, declaró inconstitucional y nula la atribución al Servicio público de empleo estatal de funciones ejecutivas en materia de acreditación e inscripción de las entidades de formación cuando los centros de teleformación, los centros móviles y otras entidades formativas estén ubicados o desarrollen su actuación en más de una comunidad autónoma.

En la STC 91/2017, de 6 de julio, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Canarias en relación con varios preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. En relación con las disposiciones relativas a la mejora de la calidad de la regulación, la sentencia las encuadró en la competencia estatal sobre bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, precisando que su contenido no impide el ejercicio de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo ni excluye la definición de principios o diseños normativos diversos por las comunidades autónomas. Partiendo de estas premisas, la STC 91/2017 precisó que la exigencia de licencias locales para determinadas actividades y el establecimiento de una planificación energética vinculante no agotan los eventuales desarrollos legislativos diversos. De igual modo, consignó que la creación de un fondo para la compra de derechos de créditos de carbono tampoco impide la participación en él de las comunidades autónomas.

La STC 117/2017, de 19 de octubre, dictada por el Pleno del Tribunal, desestimó el recurso interpuesto por el Gobierno de Andalucía respecto de dos preceptos de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. En concreto, la sentencia hizo hincapié en que la competencia normativa estatal en la materia abarca la posibilidad de modificar el régimen legal previamente existente, incluyendo la eventual introducción de cambios normativos en el modo de ejercer las funciones ejecutivas, habida cuenta de que la competencia autonómica en la materia se limita exclusivamente a los aspectos de ejecución o gestión de la legislación estatal.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2017 se dictaron un total de 39 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas: 37 de ellas fueron dictadas por el Pleno (34 en recursos de inconstitucionalidad, dos en cuestiones de inconstitucionalidad y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local) y las dos restantes por la Sala Primera en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 41/2017, de 24 de abril, y 72/2017, de 5 de junio).

La práctica totalidad de estas sentencias abordaron el análisis del fondo de la controversia constitucional planteada en cada ocasión. Las SSTC 62/2017, de 25 de mayo, y 141/2017, de 30 de noviembre, ambas dictadas por el Pleno, representan las únicas excepciones a esta regla general. En la STC 62/2017 se declaró la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, de un conflicto en defensa de la autonomía local planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos preceptos de la Ley 20/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. Por otro lado, en la STC 141/2017 se apreció la pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno frente a la Ley de las Cortes Valencianas 10/2016, cuya nulidad se había declarado en la STC 123/2017, de 2 de noviembre.

En estas 39 sentencias el Tribunal declaró la nulidad íntegra de cinco leyes (SSTC 82/2017, de 22 de junio; 108/2017, de 21 de septiembre; 114/2017, de 17 de octubre; 124/2017, de 8 de noviembre, y 144/2017, de 14 de diciembre) y dos decretos-leyes autonómicos (SSTC 142/2017, de 12 de diciembre, y 145/2017, de 14 de diciembre). Asimismo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 150 preceptos legales autonómicos, estableciendo la interpretación conforme con la Constitución de otros 25. Se modularon los efectos de la nulidad declarada en las SSTC 41/2017, de 24 de abril; 51/2017, de 10 de mayo, y 133/2017, de 16 de noviembre.

El Pleno inadmitió por auto cuatro cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 5/2017, de 17 de enero; 42/2017, de 28 de febrero; 64/2017, de 25 de abril, y 175/2017, de 19 de diciembre) y apreció la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de dos recursos de inconstitucionalidad promovidos ambos en relación con la disposición adicional 40 de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017, que había sido anulada por la STC 90/2017, de 5 de julio (AATC 114/2017, de 18 de julio, y 120/2017, de 12 de septiembre).

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, el Pleno dictó ocho autos. En dos de ellos acordó el mantenimiento íntegro de la suspensión de la norma impugnada (AATC 77/2017, de 9 de mayo, y 118/2017, de 6 de septiembre; a este último auto se formuló un voto particular); en tres el levantamiento parcial (AATC 18/2017, de 31 de enero, que cuenta con un voto particular; 130/2017, de 3 de octubre, y 170/2017, de 14 de diciembre) y en los tres restantes el levantamiento total (AATC 63/2017, de 25 de abril; 131/2017, de 3 de octubre, y 163/2017, de 28 de noviembre).

De las 39 sentencias recaídas en procesos constitucionales sobre leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas, 16 tuvieron por objeto normas con rango de ley emanadas de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La STC 19/2017, de 2 de febrero, estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica. Este precepto, si bien por una parte se limita a simplificar el procedimiento de constitución de instancias locales de ámbito inferior al municipio, lo hace utilizando el adjetivo «descentralizada[s]», lo que supone otorgar personalidad jurídica propia a estas instancias, algo que choca frontalmente con la nueva configuración jurídica que les atribuye la normativa básica estatal a partir de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Consecuentemente, la STC 19/2017 declaró la inconstitucionalidad de este concreto inciso. En materia también de régimen local, la STC 108/2017, de 21 de septiembre, dictada asimismo por el Pleno, declaró —al resolver un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno— la nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, que procedió a la creación de un nuevo municipio, Medinyà, sin que se satisficiera el requisito relativo al límite mínimo de población fijado en la Ley de bases del régimen local (5.000 habitantes, frente a los 866 con que contaba el núcleo de Medinyá al momento de aprobarse la ley autonómica controvertida).

A su vez, en la STC 25/2017, de 16 de febrero, el Pleno enjuició la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y medidas para determinadas actividades de promoción. La sentencia anuló las limitaciones legales autonómicas sobre horarios comerciales y períodos de venta en rebajas, introducidas en contravención de la libertad reconocida en ambos ámbitos por la normativa básica estatal.

En la STC 51/2017, de 10 de mayo, el Pleno estimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. Partiendo de la premisa, ya sentada en resoluciones anteriores (SSTC 31/2010, de 28 de junio, y 31/2015, de 25 de febrero) de que el Estado ostenta competencia exclusiva para el establecimiento y regulación del referéndum, cualquiera que sea la modalidad o ámbito territorial sobre el que se proyecte, la sentencia anuló la regulación del referéndum consultivo de ámbito autonómico, nueva modalidad de consulta referendaria introducida por el legislador autonómico en abierta contravención del régimen constitucional y estatutario de distribución de competencias. Posteriormente, en la STC 90/2017, de 5 de julio, el Pleno del Tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional cuadragésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat para 2017, que introducía «medidas en materia de organización y gestión del proceso referendario», toda vez que con dicha disposición se trataba de dar cobertura financiera a un proceso referendario que, tanto por razones competenciales como sustantivas, contravenía el orden constitucional. La STC 90/2017 extendió la nulidad a tres partidas presupuestarias en el supuesto de que fueran utilizadas para la financiación de ese mismo proceso referendario. En la STC 114/2017, de 17 de octubre, el Pleno estimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación». La sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la ley que proclamaba su supremacía jurídica sobre cualesquiera otras normas que pudieran contradecirla, incluyendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña; pretendía fundamentarse en un supuesto «derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña» que la Constitución no reconoce ni forma parte del ordenamiento por vía de los tratados internacionales ratificados por España y desconocía el título exclusivo del Estado para regular el referéndum, pretendiendo decidir por esta vía cuestiones fundamentales, como la unidad del sujeto titular de la soberanía, que únicamente podrían decidirse a través del oportuno procedimiento de reforma constitucional. La STC 114/2017 puso asimismo de manifiesto que el texto legal impugnado adolecía de vicios esenciales de procedimiento que afectaron a su tramitación y aprobación, al punto de perturbar la formación de la voluntad de la cámara parlamentaria autonómica, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes. Íntimamente vinculada con la Ley íntegramente anulada en la STC 114/2017, se encontraba la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República». Pues bien, esta ley fue declarada inconstitucional y nula en su totalidad por la STC 124/2017, de 8 de noviembre. El Pleno del Tribunal alcanzó esta conclusión al advertir que la Ley autonómica pretendía dar forma jurídica transitoria a los elementos constitutivos de un nuevo Estado, resultante de una ilícita declaración unilateral de independencia subsiguiente a una consulta referendaria cuya realización atentaba frontalmente contra el ordenamiento constitucional.

La constitucionalidad de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña, fue analizada en dos resoluciones distintas: SSTC 78/2017, de 22 de junio, y 86/2017, de 4 de julio. La primera de estas sentencias resolvió el recurso de inconstitucionalidad en su día promovido por el Presidente del Gobierno, que impugnaba la constitucionalidad de diversos preceptos del citado texto legal, desde una perspectiva estrictamente competencial. La STC 78/2017 estimó parcialmente dicho recurso y declaró la nulidad de la ley autonómica en los siguientes extremos: a) la caracterización como básica de la competencia exclusiva del Estado para ordenar, gestionar, planificar y controlar el espectro radioeléctrico; b) la regulación del soporte necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, al tratarse de una decisión correspondiente a la reseñada competencia estatal; c) la introducción, por el legislador catalán, de un informe autonómico en un procedimiento cuya regulación corresponde en exclusiva al Estado; d) la atribución de potestad sancionadora a la Administración de la Generalitat de Cataluña en ámbitos situados extramuros de la competencia autonómica sobre prestación de servicios de comunicación audiovisual y e) la limitación de la vigencia de la licencia para prestar dichos servicios por debajo de lo establecido en la normativa estatal en garantía del mercado audiovisual. Además, la sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de diversos preceptos legales autonómicos. Por su parte, la STC 86/2017 resolvió un recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en el que, por razones sustantivas, se cuestionaba la constitucionalidad de diversos preceptos de la misma ley autonómica. La sentencia estimó parcialmente el recurso y declaró la nulidad tanto de los términos legales en que se atribuía potestad sancionadora al Consejo Audiovisual de Cataluña, en la medida en que podía abocar a la imposición de un doble castigo por los mismos hechos, cuanto de la imposición a los medios de comunicación del deber de diferenciar con claridad la narración de hechos y la exposición de opiniones, atendiendo al riesgo de efecto desaliento del ejercicio de las libertades de expresión e información que encerraba. La STC 86/2017 estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales relativos al uso del catalán y el aranés como «lengua[s] normalmente utilizada[s]», precisando que ello no puede privar al castellano de su condición de lengua de uso normal en los medios de comunicación públicos en Cataluña.

Acerca de los derechos lingüísticos en Cataluña, el Pleno del Tribunal dictó otras tres sentencias. La STC 87/2017, de 4 de julio, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. La sentencia anuló el precepto legal autonómico que supeditaba la realización de cursos de aprendizaje del castellano a la previa demostración de la posesión de competencias básicas en la lengua catalana y estableció, en términos similares a los reseñados para la STC 86/2017, la interpretación conforme del precepto legal que erige al catalán en lengua vehicular para la gestión de las políticas de acogida e integración de inmigrantes. La STC 88/2017, también de 4 de julio, el Pleno estableció la interpretación conforme a la Constitución de un precepto de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, relativo al llamado deber de disponibilidad lingüística, precisando al respecto que del derecho del consumidor a ser atendido en la lengua oficial de su elección no se derivan obligaciones concretas cuyo incumplimiento pueda acarrear la imposición de sanciones. Además, la STC 88/2017 precisó que el derecho de los consumidores a recibir determinados documentos e informaciones en catalán ha de entenderse por referencia a ese alcance efectivo del deber de disponibilidad lingüística y sin perjuicio del pleno respeto a la legislación estatal. Finalmente, en la STC 89/2017, de 4 de julio igualmente, el Pleno resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine, relativos a las obligaciones lingüísticas impuestas a los distribuidores y exhibidores cinematográficos. La sentencia estableció la interpretación constitucionalmente conforme del precepto relativo a la obligación de distribución en catalán de copias de obras cinematográficas dobladas o subtituladas, formulando un juicio de proporcionalidad del alcance porcentual de dicha obligación en función de la cuota total de pantalla.

En la STC 94/2017, de 6 de julio, el Pleno estimó el recurso de constitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. La sentencia concluyó que el tributo autonómico recurrido representaba un supuesto de doble imposición al contrastar sus elementos esenciales con los del impuesto sobre el valor añadido, habida cuenta de que en ambos casos se grava el mismo hecho imponible: la prestación de un servicio por un operador o empresario. La sentencia cuenta con un voto particular suscrito por cinco magistrados.

La STC 95/2017, de 6 de julio, dictada por el Pleno del Tribunal, desestimó el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña. La sentencia subrayó que el legislador catalán puede disciplinar las situaciones temporales de la propiedad vinculadas a instituciones civiles propias y precisó que la regulación de la propiedad temporal constituye un supuesto de crecimiento orgánico del derecho civil propio que encuentra acomodo en la competencia asumida al respecto en el Estatuto de Autonomía.

En la STC 102/2017, de 20 de julio, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto a diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. En concreto, esta sentencia concluyó que el precepto que facultaba a la Generalitat de Cataluña para suscribir convenios y acuerdos internacionales en materia de profesiones deportivas rebasaba el ámbito de la potestad autonómica para celebrar acuerdos de colaboración en las materias competenciales con proyección exterior, vulnerando la competencia exclusiva del Estado sobre relaciones internacionales.

Finalmente, la STC 139/2017, de 29 de noviembre, dictada en recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno, estableció la interpretación conforme con la Constitución del precepto del Reglamento del Parlamento de Cataluña que regula el procedimiento de lectura única resultante de la modificación llevada a cabo el 26 de julio de 2017. Esta reforma abrió el posible uso del procedimiento legislativo a las iniciativas parlamentarias presentadas por solo dos grupos, abandonando con ello la exigencia anterior de unanimidad de los grupos integrantes de la Cámara. La sentencia establece la validez del precepto señalando que su redacción no conlleva la exclusión de los trámites de proposición y debate de enmiendas a la iniciativa legislativa en cada caso concernida.

Cinco sentencias, dictadas todas ellas por el Pleno, tuvieron por objeto normas con rango de ley dictadas por la Comunidad Valenciana.

La STC 27/2017, de 16 de febrero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de dos artículos de Ley de las Cortes Valencianas 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, sobre tasas por prestación de los servicios de atención social y de servicios sociales. La sentencia constató la desaparición sobrevenida del objeto de buena parte del proceso constitucional. En la STC 103/2017, de 6 de septiembre, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado asimismo por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con un precepto del Decreto-ley del Gobierno valenciano 5/2013, de 7 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat Valenciana. La sentencia, a la que se formuló un voto particular, concluyó que se había acreditado suficientemente la concurrencia del presupuesto habilitante —situación de extraordinaria y urgente necesidad— y la conexión de sentido entre el mismo y las medidas adoptadas para hacerle frente, al tiempo que descartó que la norma de urgencia afectara a una institución básica de la comunidad autónoma. La STC 123/2017, de 2 de noviembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de designación de senadores en representación de la Comunidad Valenciana. Concretamente, la sentencia anuló los preceptos relativos a los deberes de comparecencia de los senadores designados ante las Cortes Valenciana y la posible revocación de su nombramiento. La anulación de estos preceptos legales determinó la declaración, en la STC 141/2017, de 30 de noviembre, de la pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la misma Ley autonómica 10/2016. Por último, la STC 145/2017, de 14 de diciembre, aplicando la doctrina sentada en la STC 134/2017, de 16 de noviembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al Decreto-ley del Gobierno valenciano 3/2015, de 24 julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Esta sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados, declaró la nulidad de la norma legal de urgencia autonómica que extendía la cobertura sanitaria a personas que no tenían la consideración de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

Otras cinco sentencias se dictaron en procesos de inconstitucionalidad sobre normas de la Comunidad Foral de Navarra. La Sala Primera dictó dos de ellas: SSTC 41/2017, de 24 de abril, y 72/2017, de 5 de junio. La STC 41/2017, de 24 de abril, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad que versaba sobre la ley del Fuero nuevo de Navarra que reconocía legitimación activa para la declaración de la filiación no matrimonial exclusivamente a los hijos. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de dicha ley en cuanto que impedía a los progenitores la reclamación de la filiación no matrimonial. En la STC 72/2017 y aplicando la doctrina establecida en las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, 37/2017, de 1 de marzo, y 59/2017, de 11 de mayo, declaró la nulidad de los preceptos de la Ley Foral de haciendas locales de Navarra que regulaban el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida en que sometían a tributación situaciones en las que no existían incrementos de valor. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 134/2017, de 16 de noviembre, el Pleno dictó la STC 140/2017, de 30 de noviembre, que, estimando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, declaró la nulidad de la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra, en la medida en que modificaba las condiciones de aportación de los usuarios a la financiación de los medicamentos establecidas en la normativa básica estatal. A esta sentencia se formuló un voto particular, suscrito por cuatro magistrados. El Pleno dictó, asimismo en recurso de inconstitucionalidad, la STC 144/2017, de 14 de diciembre, que anuló en su totalidad la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis de Navarra, al incidir indebidamente sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal; según constató la sentencia, aunque se trate en apariencia de una normativa de carácter simplemente autorizatorio, lo cierto es que, en la medida en que reconoce la posibilidad de que puedan realizarse funciones de acopio o adquisición y ulterior distribución de cannabis, se estaría dando cobertura legal a comportamientos delictivos y, por tanto, menoscabando la competencia exclusiva del legislador estatal para definir los tipos penales. Por último, la STC 154/2017, de 21 de diciembre, también del Pleno del Tribunal, declaró la nulidad de diversos preceptos de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra, en los que se incluía una dispensación de requisitos para la promoción interna de los policías locales, el régimen de cooperación y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el modo de incorporación a las policías locales de las policías auxiliares. La STC 154/2017 cuenta con un voto particular.

En 2017 el Pleno del Tribunal dictó tres sentencias en relación con leyes del Parlamento de Galicia. En la STC 21/2017, de 2 de febrero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Galicia. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 18/2011, de 3 de marzo, la sentencia declaró la nulidad de diversos preceptos de la ley autonómica controvertida relativos a las relaciones económicas entre compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad y usuarios de sus servicios (cobro de derechos de extensión de la potencia eléctrica a los adquirentes de suelo urbanizado ubicado en polígonos industriales, régimen económico de los derechos por alquiler de los contadores electrónicos y posibilidad de facturar en función del consumo estimado de energía). La STC 62/2017, de 25 de mayo, estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Por contradicción con la normativa básica estatal en la materia, la sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos que establecían la obligación de comunicación previa al colegio profesional gallego en caso de desplazamiento temporal de un profesional de la Unión Europea y el régimen de responsabilidad por daños derivados de un trabajo profesional oportunamente visado por el colegio correspondiente. Por último, la STC 133/2017, de 16 de noviembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad en su día interpuesto por el Presidente del Gobierno y declaró la nulidad —estrictamente pro futuro— de los preceptos de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia dedicados a la adopción y a la autotutela, institución que permitiría a cualquier persona mayor de edad designar en escritura pública a futuros tutores en previsión de una eventual incapacidad.

Dos sentencias del Pleno —la STC 28/2017, de 16 de febrero, y la STC 69/2017, de 25 de mayo— resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad sobre leyes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La primera de ellas declaró la nulidad de un precepto del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística que, vulnerando las garantías procedimentales establecidas en la normativa básica, permitía la aprobación de instrumentos de planeamiento prescindiendo del trámite de información pública. La segunda aplicó la doctrina sentada en la STC 3/2013, de 17 de enero, y anuló un precepto de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de creación de colegios profesionales que, invadiendo la esfera de competencias reservadas al Estado, establecía el régimen de colegiación de los empleados públicos.

Otras dos sentencias versaron sobre leyes de las Cortes de Aragón. En la STC 82/2017, de 19 de julio, el Pleno estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley de las Cortes de Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón. La sentencia declaró la nulidad del precepto legal autonómico que establecía una tasa de reposición del personal de hospitales y centros de salud autonómicos que ignoraba las limitaciones fijadas por el legislador estatal. En la STC 116/2017, de 19 de octubre, dictada igualmente por el Pleno en recurso de inconstitucionalidad, se declaró la nulidad de diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón, que contravenían el principio de unidad de cuenca en la gestión de los recursos hidráulicos, invadiendo así competencias estatales.

Las SSTC 132/2017, de 14 de noviembre, y 147/2017, de 14 de diciembre, recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal. En la primera de ellas se desestimó el recurso interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso respecto de la supresión del carácter obligatorio de la acotación del pastoreo en los terrenos afectados incendios forestales, supresión acorde con la reforma en este punto de la Ley de montes. En la segunda se estableció la interpretación conforme con la Constitución de las dos disposiciones transitorias de la ley autonómica.

La STC 20/2017, de 2 de febrero, dictada por el Pleno del Tribunal, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid. La sentencia declaró nula la equiparación del personal laboral fijo de determinados centros hospitalarios con el personal estatutario por exceder la competencia autonómica de desarrollo de las normas estatales sobre función pública.

En la STC 65/2017, de 25 de mayo, el Pleno declaró extinto el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. Toda vez que en 2014 el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares habían alcanzado un acuerdo sobre financiación que afectaba al objeto del proceso y que, a pesar de haber sido requeridos para ello, los cabildos no formularon alegaciones que justificasen el mantenimiento de su interés en la obtención de una respuesta a su pretensión, la sentencia concluyó apreciando la pérdida sobrevenida de objeto.

En la STC 109/2017, de 21 de septiembre, el Pleno estimó el recurso de inconstitucionalidad planteado en relación con varios preceptos de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. La sentencia declaró que las medidas que permitían subsanar la falta de evaluación ambiental o la contravención de sus condiciones mediante la repetición del procedimiento o la exclusión de evaluación para determinados instrumentos de planeamiento, contradecían la normativa básica y representaban una reducción de los niveles de protección ambiental garantizados por el Estado.

Por último, la STC 142/2017, de 12 de diciembre, dictada por el Pleno y estimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, anuló el Decreto-ley del Gobierno de Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, que fijaba una jornada de trabajo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía y lectiva para el personal docente, inferior a la establecida en la normativa básica estatal. La sentencia cuenta con un voto particular.

D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica «Conflictos constitucionales», la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos en defensa de la autonomía local. Habida cuenta de que las resoluciones dictadas en 2017 en conflictos en defensa de la autonomía local ya han sido reseñadas en epígrafes anteriores (SSTC 65/2017, de 25 de mayo, y 107/2017, de 21 de septiembre y ATC 148/2017, de 14 de noviembre), no procede ahora su reiteración.

En 2017 se pronunciaron 12 sentencias en conflictos positivos de competencia y tres que resolvieron otras tantas impugnaciones de disposiciones autonómicas. Todas estas sentencias, que fueron dictadas por el Pleno del Tribunal, se pronunciaron sobre el fondo de las pretensiones deducidas por la parte actora.

Por lo que se refiere a los conflictos positivos de competencia, la mitad de las sentencias dictadas tuvieron por objeto disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación (SSTC 9/2017, de 19 de enero; 18/2017, de 2 de febrero; 36/2017, de 1 de marzo; 68/2017, de 25 de mayo; 97/2017, de 17 de julio, y 99/2017, de 20 de julio) y las otras seis, disposiciones y resoluciones autonómicas: en tres casos fueron decretos del Gobierno de Cataluña (SSTC 52/2017, de 10 de mayo; 67/2017, de 25 de mayo, y 77/2017, de 21 de julio); en dos sendas resoluciones del Servicio andaluz de salud (SSTC 7/2017, de 19 de enero, y 16/2017, de 2 de febrero) y en uno, un decreto del Gobierno vasco (STC 134/2017, de 16 de noviembre). Las sentencias sobre impugnaciones de disposiciones autonómicas enjuiciaron la constitucionalidad de una resolución del Parlamento de Cataluña (STC 120/2017, de 31 de octubre) y dos decretos del Gobierno de Cataluña (SSTC 121/2017 y 122/2017, de 31 de octubre). A cinco de estas 15 sentencias se formularon votos particulares.

Asimismo, se dictaron tres autos estimatorios de otros tantos incidentes de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, recaída en impugnación de disposiciones autonómicas (AATC 24/2017, de 14 de febrero, y 123/2017 y 124/2017, de 19 de septiembre); en este mismo proceso constitucional se dictó un auto de inadmisión de la recusación de la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal, formulada por la entonces presidenta del Parlamento de Cataluña (ATC 119/2017, de 7 de septiembre; confirmado en súplica por el ATC 121/2017, de 13 de septiembre). En la impugnación de disposiciones autonómicas 4332-2017, que tenía por objeto la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña, por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, de referéndum de autodeterminación, se dictaron otros cinco autos: AATC 125/2017, de 20 de septiembre, que inadmitió una recusación de todos los magistrados del Tribunal; 126/2017, de 20 de septiembre, que impuso multas coercitivas a las personas designadas para la sindicatura electoral de Cataluña y electorales de demarcación; 132/2107, de 3 de octubre, que inadmitió una nueva recusación; 151/2017, de 14 de noviembre, que levantó las multas coercitivas impuestas en el ya citado ATC 126/2017; y 168/2017, de 12 de diciembre, denegando la aclaración del ATC 151/2017. En la impugnación de disposiciones autonómicas 4333-2017, que tenía por objeto el Decreto del Gobierno de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación, finalmente resuelta por la STC 121/2017, de 31 de octubre, se dictaron otros dos autos: AATC 127/2017, de 21 de septiembre, imponiendo multas coercitivas a varios altos cargos de la Administración autonómica catalana, y 143/2017, de 8 de noviembre, que acordó el levantamiento de estas multas coercitivas.

En relación con las sentencias dictadas en conflictos positivos de competencia, como ya se ha indicado anteriormente, seis de ellas tuvieron por objeto normas y resoluciones de la Administración del Estado.

La STC 9/2017, de 19 de enero, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña frente a la resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad convocando subvenciones estatales para fomentar la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 13/1992, de 6 de febrero, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad de los apartados de la resolución que atribuían al Estado competencias para la convocatoria, ejecución, tramitación y resolución de estas subvenciones. La declaración de inconstitucionalidad no llevó aparejada la de nulidad, excluyendo la sentencia su incidencia sobre aquellas resoluciones que hubieran agotado sus efectos por referirse a un ejercicio económico cerrado.

La STC 18/2017, de 2 de febrero, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Esta sentencia, a la que se formuló un voto particular, concluyó que la definición exhaustiva de las obligaciones de los usuarios de las tarjetas, las reglas procedimentales para su renovación y el régimen sancionador contenido en la norma reglamentaria rebasaban el ámbito de la competencia estatal sobre condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales, por lo que declaró su nulidad.

En materia energética se dictaron las STC 36/2017, de 1 de marzo, y 68/2017, de 25 de mayo. La primera de ellas resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, estableciéndose la interpretación conforme a la Constitución del precepto que atribuye a la Administración general del Estado la facultad de autorizar ciertas instalaciones eléctricas en función de la potencia instalada. La segunda estimó parcialmente el conflicto promovido asimismo por el Gobierno de Cataluña respecto del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Esta sentencia declaró la nulidad del precepto que introduce la prohibición de que los generadores puedan conectarse a la red de varios consumidores y concluyó que el otorgamiento por la Administración del Estado de las autorizaciones para implantar sistemas de ahorro y eficiencia resulta conforme a la Constitución, siempre que el aprovechamiento eléctrico afecte a más de una comunidad autónoma o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

Por otra parte, las SSTC 97/2017, de 17 de julio, y 99/2017, de 20 de julio, resolvieron sendos conflictos planteados por el Gobierno vasco en materia de asistencia sanitaria. La STC 97/2017, a la que se formuló un voto particular, desestimó el conflicto planteado en relación con el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. La STC 99/2017 declaró la constitucionalidad de los preceptos que, con incidencia en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, se incluyen en el Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.

Dos sentencias resolvieron sendos recursos planteados por el Gobierno de la Nación frente a resoluciones del Servicio andaluz de salud: SSTC 7/2017, de 19 de enero, y 16/2017, de 2 de febrero. En ambas se reiteró la doctrina de la STC 210/2016, de 15 de diciembre, que había desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al Decreto-ley del Gobierno de Andalucía 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. La STC 7/2017 desestimó el conflicto planteado en relación con la resolución de la Dirección gerencia del Servicio andaluz de salud, de 25 de enero de 2012, que regula la selección de medicamentos y dispensación de productos sanitarios por dicho servicio, en tanto que la STC 16/2017 hizo lo propio en el conflicto trabado frente a la resolución de 20 de diciembre de 2012, de la misma dirección-gerencia, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

Tres sentencias estimaron otros tantos conflictos positivos de competencia planteados por el Gobierno de la Nación frente a disposiciones generales y actuaciones del Gobierno de Cataluña. La STC 52/2017, de 10 de mayo, declaró la nulidad del Decreto 16/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, así como del acuerdo o decisión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña relativo a los llamados «plan ejecutivo para la preparación de estructuras de estado» y «plan de infraestructuras estratégicas», anunciados en la web «govern.cat», a través de la web «Generalitat de Catalunya» («gencat.cat»), dentro del documento «10 proyectos estratégicos de acción de gobierno y para la transición nacional 2015». La STC 67/2017, de 25 de mayo, estimó parcialmente el conflicto planteado en relación con diversos preceptos del Decreto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. La sentencia declaró la nulidad de los preceptos reglamentarios que rebasaron los límites estrictamente ejecutivos de la competencia autonómica en la materia: los relativos a la supresión y reagrupación futura de los registros públicos de derecho privado; modificaciones de los distritos hipotecarios que contemplaban la segregación y posterior agrupación de los registros; instalación de oficinas de atención al usuario con competencias para tramitar operaciones registrales; creación de registros mediante agrupación personal; habilitación a órganos administrativos autonómicos para el desarrollo, interpretación y ejecución del decreto; provisión de registros mediante concurso especial y nombramiento de registradores accidentales. Para concluir, la STC 77/2017, de 21 de julio, al estimar el correspondiente conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la denominación «Asuntos Exteriores» dada a una de las consejerías del gobierno de Cataluña en los Decretos de la Generalitat de Cataluña 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, y 45/2016, de 19 de enero, de estructuración del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Además, en aplicación de la doctrina sentada en la STC 228/2016, de 22 de diciembre, la sentencia que ahora se reseña llevó a cabo la interpretación constitucionalmente conforme del precepto reglamentario que atribuye al departamento correspondiente el ejercicio de las tareas propias de la Administración en el ámbito de la coordinación de la acción exterior, haciendo hincapié en que esa función no impide el pleno ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. La STC 77/2017 cuenta con un voto particular.

Finalmente, la STC 134/2017, de 16 de noviembre, estimó parcialmente el conflicto planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Gobierno vasco 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, suscrito uno de ellos por tres magistrados, declaró la nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos que extendían la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud y modificaban las condiciones de aportación de los usuarios en la financiación de medicamentos. Su doctrina fue reiterada por las SSTC 140/2017, de 30 de noviembre, y 145/2017, de 14 de diciembre.

Las SSTC 120/2017, 121/2017 y 122/2017, de 31 de octubre, estimaron las impugnaciones formuladas por el Gobierno de la Nación de tres disposiciones autonómicas: la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña; el Decreto de la Generalitat de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación, y el Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Tanto el acuerdo parlamentario como las normas reglamentarias autonómicas fueron declarados inconstitucionales y nulas en aplicación de la doctrina contenida en la STC 114/2017, de 17 de octubre, que, como ya se ha indicado en su momento, anuló la Ley del Parlamento de Cataluña denominada «del referéndum de autodeterminación». En estas tres sentencias se dispuso su doble publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

E) Procesos sobre normas forales fiscales

La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, atribuyó al Tribunal Constitucional la potestad para enjuiciar las normas forales fiscales tanto mediante el conocimiento de los recursos directos contra ellas como a través de la resolución de las cuestiones prejudiciales que puedan suscitar los órganos judiciales. La constitucionalidad de esta ley orgánica fue confirmada por la STC 118/2016, de 23 de junio, que desestimó los recursos de inconstitucionalidad que habían interpuesto los Gobiernos y Asambleas legislativas de La Rioja y de Castilla y León.

En 2017 se dictaron cuatro sentencias resolutorias de otras tantas cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales: SSTC 26/2017, de 16 de febrero; 37/2017, de 1 de marzo; 48/2017, de 27 de abril, y 113/2017, de 16 de octubre. Mediante auto, el Pleno del Tribunal inadmitió otras cuatro cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales (AATC 109/2017, 110/2017 y 111/2017, de 18 de julio, y 150/2017, de 14 de noviembre; auto este último al que se formuló un voto particular), y declaró la extinción de otra (ATC 4/2017, de 17 de enero).

En las SSTC 26/2017, 37/2017 y 48/2017 se resolvieron conjuntamente sendas cuestiones de inconstitucionalidad relativas a diversos preceptos del texto refundido de la Ley de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y prejudiciales de validez de normas forales fiscales en cuanto regulaban el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana en los territorios históricos de Gipuzkoa (STC 26/2017) y Álava (SSTC 37/2017 y 48/2017). En todas ellas se acordó la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad al no superar el juicio de aplicabilidad y se declaró la nulidad de las correspondientes normas forales fiscales de los territorios históricos, en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. La doctrina sentada en estas sentencias fue posteriormente aplicada en la STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos ya reseñados anteriormente, de los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley de haciendas locales.

Por su parte, la STC 113/2017 estimó la cuestión prejudicial de validez planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Bizkaia. Aplicando la doctrina sentada en la STC 203/2016, de 1 de diciembre, la sentencia declaró la nulidad de las reglas para la determinación del rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva por signos, índices o módulos, recogidas en la norma foral fiscal controvertida.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 53 sentencias en procesos de amparo. El Pleno dictó cuatro de ellas, 18 la Sala Primera y 31 la Sala Segunda. A ocho de estas sentencias se formuló algún voto particular: tres del Pleno, una de la Sala Primera y cuatro de la Sala Segunda.

En lo que atañe a la parte dispositiva de estas sentencias, en 47 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en cinco se denegó y en la STC 61/2017, de 22 de mayo, la Sala Segunda inadmitió por extemporaneidad un recurso de amparo.

Con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de amparo, se dictaron ocho autos de inadmisión: en el ATC 27/2017, de 20 de febrero, la Sección Cuarta inadmitió un recurso de amparo con el que se pretendía la revisión de condena penal en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Serrano Contreras c. España, de 20 de marzo de 2012; en los AATC 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017 y 34/2017, de 27 de febrero, en todos estos autos, de la Sala Segunda, y que cuentan con un voto particular suscrito por dos magistrados, se inadmiten sendos recursos de amparo promovidos frente a la denegación de solicitudes de indemnización formuladas al amparo de la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo; 36/2017, de 27 de febrero, de la Sala Primera, que inadmitió un recurso de amparo resultante de una denuncia de torturas que se decían padecidas bajo custodia policial y que no habían sido suficientemente investigadas, tal y como concluyó la STC 153/2013, de 9 de septiembre, y 40/2017, de 28 de febrero, del Pleno, en el que se inadmitió una demanda de amparo sobre negativa al acercamiento de presos al domicilio familiar. A este último auto se formuló un voto particular, suscrito por tres magistrados. Especialmente significativo resulta el ATC 134/2017, de 5 de octubre, en virtud del cual el Pleno admitió a trámite un recurso de amparo promovido por el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña y acordó la suspensión del pleno de la cámara autonómica convocado para el siguiente día 9 de ese mismo mes de octubre de 2017.

Las Salas y sus Secciones dictaron 16 autos que resolvieron recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a otras tantas providencias de inadmisión de los correspondientes recursos de amparo. Ocho de ellos estimaron el recurso (AATC 1/2017, de 10 de enero; 7/2017, de 18 de enero; 19/2017, de 6 de febrero; 46/2017, de 7 de marzo; 54/2017, de 20 de abril; 78/2017, de 10 de mayo; 98/2017, de 27 de junio, y 154/2017, de 16 de noviembre) y los otros ocho lo desestimaron (AATC 8/2017, de 18 de enero; 20/2017, de 6 de febrero; 45/2017, de 6 de marzo; 47/2017, de 7 de marzo; 53/2017, de 19 de abril; 96/2017, de 19 de junio; 135/2017, de 10 de octubre, y 141/2017, de 23 de octubre). De otra parte, se dictaron 12 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo.

Por lo que hace a las medidas cautelares previstas en el artículo 56 LOTC, se dictaron 21 autos. Como ya se ha indicado anteriormente, en nueve de ellos se acordó la suspensión total o parcial del acto del poder público impugnado en amparo (AATC 35/2017, de 27 de febrero; 52/2017, de 18 de abril; 124/2017, de 5 de octubre, dictado por el Pleno y al que ya se ha hecho referencia al reseñar los autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado», y 155/2017 a 160/2017, de 21 de noviembre) y en otros once se rechazó (AATC 2/2017 y 3/2017, de 16 de enero; 23/2017, de 13 de febrero; 58/2017 y 59/2017, de 24 de abril; 128/2017, de 2 de octubre; 137/2017, de 16 de octubre; 145/2017 a 147/2017, de 13 de noviembre, y 173/2017, de 18 de diciembre). En el ATC 106/2017, de 17 de julio, la Sala Segunda del Tribunal denegó la solicitud de suspender cautelarmente la tramitación de un procedimiento de ejecución hipotecaria y ordenó la anotación preventiva de la demanda de amparo en el Registro de la Propiedad.

La Sala Primera dictó dos autos de acumulación de recursos de amparo (AATC 82/2017, de 22 de mayo, y 95/2017, de 19 de junio, que acumuló hasta un total de siete recursos de amparo en dos procesos) y la Sala Segunda dictó un auto de acumulación, el ATC 172/2017, de 18 de diciembre.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

Por lo que específicamente se refiere al tratamiento en vía de amparo del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, la Sala Segunda dictó tres sentencias (a las que habrá de añadirse la ya reseñada STC 61/2017, de 22 de mayo, igualmente de la Sala Segunda, que inadmitió un recurso de amparo en el que se aducía vulneración del derecho a la igualdad). En la STC 2/2017, de 16 de enero, se otorgó el amparo a una trabajadora a la que, tras una baja por embarazo y maternidad, se le impidió ejercer su derecho preferente de ocupar su puesto de trabajo disfrutando de las nuevas condiciones pactadas en convenio; la sentencia, que cuenta con un voto particular, concluyó que la actuación empresarial representó una discriminación directa por razón de sexo al situar a la trabajadora en una clara posición de desventaja frente a sus compañeros varones. En la STC 105/2017, de 18 de septiembre, sentencia que a la que se formuló un voto particular, se denegó el amparo a quien, siendo hija extramatrimonial, solicitaba su reconocimiento como heredera legítima y forzosa de su padre, quien había fallecido con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución; la sentencia hizo hincapié en el hecho de que la aplicación al caso de las exigencias derivadas del derecho constitucional de igualdad en la filiación, tal y como postulaba la recurrente, supondría dotar a la norma constitucional de una indebida eficacia retroactiva de grado máximo que, en el caso, afectaría a una sucesión que agotó totalmente sus efectos con anterioridad a la promulgación de la Constitución. Finalmente, la STC 112/2017, de 16 de octubre, otorgó el amparo por vulneración del derecho fundamental a la igualdad, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, a los trabajadores de una empresa que aplicaba un convenio colectivo que computaba el complemento de antigüedad en función de la fecha de ingreso de los trabajadores en la empresa. La sentencia declaró que no es posible, transcurridos veinte años desde la adopción del convenio enjuiciado, seguir aceptando, con criterios de racionalidad y objetividad, la persistencia de unas razones económicas y laborales que, en principio, justificaron el mantenimiento de esta doble escala salarial.

La Sala Primera dictó la STC 149/2017, de 18 de diciembre, que resolvió el recurso de amparo promovido por dos empleadas interinas de la Xunta de Galicia, destinadas en Lugo y Ourense respectivamente. Estas trabajadoras habían solicitado la permuta de sus puestos de trabajo, petición que les fuera denegada en vía administrativa y judicial, sin que ni la administración autonómica ni los órganos de la jurisdicción social intervinientes ponderasen adecuadamente la incidencia de la decisión en la conciliación de la vida laboral y familiar.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

La STC 39/2017, de 24 de abril, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes. Aplicando doctrina constante del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia constató que no se había practicado una investigación eficaz y suficiente de la denuncia formulada por quien decía haber padecido torturas hallándose bajo custodia policial, pues no basta la constatación de la ausencia de signos de maltrato físico para acordar el archivo de las investigaciones cuando todavía existen medios de instrucción posibles para averiguar la verdad de lo sucedido.

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

En 2017 la Sala Segunda dictó dos sentencias otorgando el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal en relación con los derechos a la asistencia letrada (STC 13/2017, de 30 de enero) y a la tutela judicial efectiva (STC 96/2017, de 17 de julio). En la primera de estas sentencias se tomó en consideración la Directiva de la Unión Europea 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, para concluir que el derecho a la asistencia letrada de quien se encuentra privado de libertad al hallarse detenido incluye el derecho de acceso a los datos del expediente policial que permitan fiscalizar la corrección de la privación de libertad. En la STC 96/2017 se otorgó el amparo por incumplimiento de la carga de motivación reforzada de las resoluciones judiciales que incidan sobre la libertad personal; en esta ocasión se optó por el ingreso en establecimiento penitenciario de quien no había manifestado expresamente su rechazo a cumplir condena mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

E) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

En la STC 38/2017, de 24 de abril, la Sala Segunda otorgó el amparo a un subteniente del Ejército del Aire y delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles que había sido sancionado disciplinariamente por la emisión de un juicio crítico sobre el comportamiento de otros militares. La sentencia anuló la sanción disciplinaria al constatar que el mensaje crítico controvertido hallaba amparo en la libertad de expresión, pues era la manifestación de una opinión en términos no insultantes.

F) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Cuatro sentencias de la Sala Segunda otorgaron el amparo por vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos protegido por el artículo 23 de la Constitución: SSTC 11/2017, de 30 de enero; 32/2017, de 27 de febrero; 71/2017, de 5 de junio, y 76/2017, de 19 de junio. La primera de ellas otorgó el amparo a una diputada de las Cortes Valencianas cuyas iniciativas parlamentarias fueron inadmitidas por la mesa de la cámara legislativa autonómica sin motivación suficiente y sin ponderar su incidencia en el ejercicio de las funciones representativas de la diputada. La STC 32/2017 estimó el recurso de amparo promovido por el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, que denunciaba la falta de respuesta en plazo por el Ejecutivo autonómico a sus solicitudes de información sobre las personas designadas como miembros del Gobierno; estas peticiones de información se habían formulado conforme a lo dispuesto en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que prevé un trámite de fiscalización parlamentaria de la idoneidad de los candidatos a ocupar puestos en el Gobierno regional. En la STC 71/2017 se otorgó el amparo a varios diputados del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento de Cataluña a quienes la mesa de la cámara había vulnerado su derecho al ejercicio de las funciones representativas al aceptar una iniciativa legislativa que conllevaba la creación de una ponencia conjunta en la que se verían obligados a integrarse diputados autonómicos radicalmente contrarios a la propuesta legislativa. Finalmente, la STC 76/2017 estimó el recurso de amparo promovido por diez senadores y declaró nulos los acuerdos de la mesa del Senado que denegaron su solicitud de constitución como grupo parlamentario; si bien es cierto que los senadores demandantes de amparo pertenecían a formaciones políticas diversas, no lo es menos que existe un uso parlamentario que permite la integración temporal de senadores de otras formaciones políticas para facilitar la constitución de grupo propio. Según constató la sentencia, el acuerdo parlamentario impugnado representó la aplicación anticipada de una causa de disolución de los grupos parlamentarios: la pérdida sobrevenida del número mínimo exigido para su constitución.

Con respecto al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, la STC 131/2017, de 13 de noviembre, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a un funcionario autonómico a quien se le había denegado el disfrute de una plaza ganada en concurso a partir de la creación ex novo de una causa de inadmisibilidad por vínculo conyugal entre funcionarios no prevista en la legislación de empleo público.

G) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

Según ha habido ocasión de reseñar anteriormente, diversas sentencias dictadas en 2017 otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de consuno con otro derecho fundamental: SSTC 39/2017, de 24 de abril, vulneración del derecho a la integridad física y moral en denuncia de torturas; 96/2017, de 17 de julio, incumplimiento de la carga de motivación reforzada en resoluciones judiciales que conciernen a la libertad personal, y 112/2017, de 16 de octubre, doble escala salarial. A ellas cabe añadir la STC 22/2017, de 13 de febrero, dictada por la Sala Segunda, que otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con una condena penal impuesta desatendiendo la doctrina que en torno a la prescripción sentara la STC 63/2005, de 14 de marzo.

En las siguientes páginas se dará cuenta de las sentencias que versaron específicamente sobre los distintos contenidos del derecho fundamental proclamado en el primer apartado del artículo 24 de la Constitución.

a) Acceso a la justicia y al recurso legal

Cuatro sentencias dictadas en 2017 otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y consiguiente derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada. La Sala Primera dictó tres de ellas: SSTC 3/2017 y 4/2017, de 16 de enero, que, aplicando la doctrina sentada en la STC 148/2016, de 19 de septiembre, constataron la concurrencia de la referida infracción constitucional en sendos procesos sobre cláusulas suelo hipotecarias en los que el órgano judicial actuante había apreciado indebidamente una situación de prejudicialidad o litispendencia, lo que le había llevado a dejar imprejuzgado el fondo de la pretensión oportunamente deducida por la actora; y STC 60/2017, de 22 de mayo, en relación con la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo al entender el juzgado que se trataba de un incidente de ejecución de una sentencia previa del mismo órgano jurisdiccional, siendo así que el tribunal sentenciador había inadmitido la misma pretensión cuando se le había presentado en forma incidental al reputarla un recurso contencioso-administrativo autónomo. La Sala Segunda, en la STC 12/2017, de 30 de enero, otorgó el amparo a una organización sindical a la que se había inadmitido su recurso contencioso-administrativo por falta de un requisito procedimental subsanable, sin darle ocasión de proceder a la subsanación.

Sobre acceso al recurso legal se dictaron 13 sentencias.

Una primera aproximación a estas sentencias permite hacer referencia a las dictadas por las Salas antes del pronunciamiento por el Pleno del Tribunal de la STC 115/2017, de 19 de octubre, que inició una serie de seis sentencias que se cerró con la 149/2017, de 18 de diciembre. Antes de la sentencia plenaria de 19 de octubre de 2017, la Sala Primera había otorgado tres amparos por vulneración del derecho al recurso: SSTC 42/2017, de 24 de abril, en relación con una inadmisión de recurso de suplicación laboral que representaba una reducción de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, pues en el caso el recurso pretendía reparar la vulneración de tales derechos, y 70/2017, de 5 de junio, y 104/2017, de 18 de septiembre, ambas sobre inadmisión de recurso de apelación por impago de la tasa judicial luego declarada inconstitucional. Por este mismo motivo, la Sala Segunda había otorgado el amparo en cuatro sentencias (SSTC 40/2017, de 24 de abril; 74/2017, de 19 de junio; 83/2017 y 84/2017, de 3 de julio).

La STC 115/2017, de 19 de octubre, dictada por el Pleno, otorgó el amparo a un trabajador municipal que había sido despedido en ejecución de un acuerdo de amortización de plazas adoptado por la junta de gobierno local. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 147/2016, de 19 de septiembre, la sentencia que ahora se reseña aseveró que la ausencia de todo pronunciamiento, en la sentencia de casación, sobre la incompetencia del órgano administrativo, tempestivamente aducida por el actor, representaba una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho al recurso. Esta sentencia cuenta con un voto particular suscrito por dos magistrados e inicia una serie compuesta por otras cinco sentencias: en las SSTC 126/2017 y 127/2017, de 13 de noviembre, la Sala Segunda otorgó el amparo; en la STC 129/2017, de 13 de noviembre, la Sala Primera hizo lo propio, en sentencia a la que se formuló un voto particular; en las SSTC 136/2017, de 27 de noviembre, y 148/2017, de 18 de noviembre, por el contrario, la Sala Segunda denegó el amparo pues la incompetencia de la junta de gobierno no había sido alegada por la actora en el proceso judicial correspondiente.

b) Interdicción de la indefensión

En ocho sentencias se otorgó el amparo por incumplimiento del mandato de proscripción de la indefensión. En cuatro de los asuntos resueltos por dichas sentencias la indefensión se había producido por defectos en el emplazamiento de la parte demandada en procedimientos de ejecución hipotecaria (SSTC 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero; 106/2017, de 18 de septiembre, y 138/2017, de 27 de noviembre). En otros dos el vicio consistió en la falta de asistencia del Ministerio Fiscal a la vista oral de sendos procesos de incapacitación (SSTC 31/2017, de 27 de febrero, y 85/2017, de 3 de julio). En la STC 50/2017, de 8 de mayo, se otorgó el amparo a un ciudadano francés a quien, en un juicio ordinario de reclamación de cantidad, se había emplazado mediante edictos sin agotar las posibilidades de cooperación judicial en el seno de la Unión Europea. En la STC 137/2017, de 27 de noviembre, la inadecuada constitución de la relación procesal debida a la falta de diligencia del órgano jurisdiccional actuante se había producido en un juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

Además de la ya mencionada STC 96/2017, de 17 de julio, defectuosa motivación en una resolución judicial que determinó el modo de cumplimiento de una condena penal, se dictaron otras cinco sentencias que otorgaron el amparo por deficiencias en la motivación de las resoluciones judiciales en cada caso controvertidas.

La Sala Segunda, en la STC 14/2017, de 30 de enero, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva a un extranjero con residencia permanente en España y que padecía una discapacidad, que había sido objeto de expulsión del territorio nacional como consecuencia de la imposición de una condena de pena privativa de libertad superior a un año. La sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al constatar la ausencia de una adecuada ponderación tanto de la situación de especial vulnerabilidad del demandante de amparo como de su arraigo en España. Por su parte, la Sala Primera, en la STC 29/2017, de 27 de febrero, otorgó el amparo a una extranjera residente en España a quien se sustituyó una pena inicial de dos años de prisión por la expulsión y prohibición de entrada al territorio nacional, y por consiguiente al espacio Schengen, durante seis años. También en este caso tanto la resolución administrativa inicial como la judicial que la confirmó se hallaban ayunas de una adecuada ponderación del arraigo familiar de la afectada.

La STC 30/2017, de 27 de febrero, de la Sala Segunda, otorgó el amparo a un taxista que fuera sancionado por una infracción prevista en un precepto que, andando el tiempo, la STC 13/2013, de 28 de enero, declaró inconstitucional. Planteado un incidente de nulidad de actuaciones, el órgano judicial sentenciador no atendió a la mencionada anulación del precepto en el que se tipificaba la conducta que había dejado de ser ilícita.

La STC 75/2017, de 19 de junio, de la Sala Primera, otorgó el amparo frente a las resoluciones dictadas en apelación en un proceso de ejecución hipotecaria desatendiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de consumidor. Reiterando la doctrina recogida en las SSTC 145/2012, de 2 de julio, y 232/2015, de 5 de noviembre, la sentencia que ahora se reseña declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, lo que dio lugar a una selección irrazonable de la norma aplicable al caso.

Finalmente, en la STC 135/2017, de 27 de noviembre, la Sala Segunda otorgó el amparo y declaró la nulidad de una providencia de inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones que había dejado sin explicación la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por el contrario, en la STC 128/2017, de 13 de noviembre, la Sala Primera desestimó un recurso de amparo en el que también se denunciaba defectuosa motivación en un proceso en el que se impugnaba una liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los inmuebles de naturaleza urbana. En esta ocasión, el órgano judicial sentenciador había motivado adecuadamente la valoración de la prueba obrante en las actuaciones, así como la imposibilidad de compartir el alegato de confiscatoriedad dirigido contra el tributo objeto de liquidación.

H) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

Aplicando la doctrina sentada en la STC 173/2002, de 9 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal otorgó un amparo en la STC 1/2017, de 16 de enero, al apreciar infracción del derecho a un proceso con todas las garantías en un asunto en el que el órgano judicial sentenciador había inaplicado una ley autonómica, dictada en el ámbito de la competencia de desarrollo normativo de unas bases que habían permanecido inalteradas, sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. Esta sentencia cuenta con un voto particular concurrente.

Como ya se ha indicado con anterioridad, el mismo vicio de inconstitucionalidad determinó la estimación de sendos recursos de amparo relacionados con la ausencia del Ministerio Fiscal en la vista oral en procesos de incapacitación. Las SSTC 31/2017, de 27 de febrero, de la Sala Segunda, y 85/2017, de 3 de julio, de la Sala Primera, concluyeron que esa ausencia representó un quebranto del derecho a un proceso con todas las garantías.

En la STC 125/2017, de 13 de noviembre, la Sala Primera otorgó el amparo a quien, tras haber sido absuelto en la instancia de un delito doloso de falsedad en documento público, fue condenado en casación por la modalidad culposa de este mismo tipo penal sin que se le concediera audiencia personal. La sentencia apreció vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, pues se amplió el sustrato fáctico predefinido en la instancia sin respetar los principios de contradicción, inmediación y publicidad.

b) Derechos a la defensa y a la prueba

En la STC 130/2017, de 13 de noviembre, la Sala Segunda otorgó el amparo, por vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba, a quien padeciera la falta de práctica de una prueba inicialmente admitida. En esta ocasión, la prueba no fue practicada porque se trasladó a la parte la carga de disponer de medios técnicos de reproducción de una cinta de video; el órgano judicial no suspendió el acto del juicio, ordenó la disposición de los medios precisos para esa reproducción y ni tan siquiera había informado previamente a la parte de la necesidad de que acudiera a la vista provisto de un reproductor de cintas de video.

En la STC 146/2017, de 29 de noviembre, el Pleno otorgó el amparo por infracción de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías respecto de una condena por delito contra la salud pública dictada en casación fundada en la reconsideración de un supuesto error de prohibición; esta causa de exención de la responsabilidad penal se había introducido de oficio en la instancia y no había sido objeto de debate durante la causa.

c) Presunción de inocencia

En la STC 8/2017, de 19 de enero, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo a quien viera denegada una petición de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de justicia. El demandante de amparo había sido sometido a la medida cautelar personal de prisión provisional en una causa penal en la que resultó finalmente absuelto. En aplicación de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos Puig Panella c. España, de 25 de abril de 2006, y Tendam c. España, de 13 de julio de 2010, la sentencia que ahora se reseña hizo hincapié en que el razonamiento utilizado por el órgano judicial actuante para denegar la indemnización —la acreditada la inexistencia objetiva de delito—, no respetaba el derecho a la presunción de inocencia. La sentencia contó con un voto particular parcialmente discrepante. Esta misma doctrina fue luego aplicada para un supuesto esencialmente idéntico en la STC 10/2017, de 30 de enero, de la Sala Segunda a la que se formuló un voto particular.

I) Libertad sindical (art. 28 CE)

La STC 17/2017, de 2 de febrero, dictada por el Pleno del Tribunal, desestimó el recurso de amparo promovido por un sindicato en relación con una supuesta vulneración del derecho a la huelga en el ente público Radio Televisión Madrid. En el caso, la emisora había dispuesto de medios técnicos para la retransmisión de un partido de fútbol durante una jornada de huelga; la sentencia, a la que se formuló un voto particular, negó que se tratara de un supuesto de esquirolaje técnico.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2017 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho.

En 2017 se llevó a cabo la séptima convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante Resolución de la Secretaría General de 22 de mayo de 2017 («Boletín Oficial del Estado» núm. 130, de 1 de junio de 2017). Fue otorgada mediante Resolución de la Secretaría General del Tribunal de 17 de noviembre de 2017 («Boletín Oficial del Estado» núm. 289, de 28 de noviembre de 2017).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 2.626 títulos, de los cuales

a) Por compra: 2.428

b) Por donación: 198

Revistas: Se han incorporado 28 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales 12 son revistas impresas y 16 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 523.814 registros bibliográficos. Durante el año 2017 se han incorporado al catálogo 31.189 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

- 3.230 libros, de los cuales 279 son libros digitales;

- 14.923 artículos de revistas;

- 11.209 capítulos de obras colectivas;

- 28 publicaciones periódicas, de las cuales 16 son revistas electrónicas;

- 1.799 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 173.931. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 8.806 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 4.149 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas y sentencias de distintos tribunales. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 12 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet del Tribunal y han sido distribuidos por correo electrónico.

E) Encuadernación:

Han sido encuadernados 45 libros.

2) Servicios a los lectores

La Biblioteca ha realizado un total de 2.785 préstamos de libros y 2.773 devoluciones. Ha atendido 101 consultas en la Sala de lectura y 16.761 consultas a través de la aplicación informática, así como 3.545 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 5.349 recursos bibliográficos: 2.105 libros, 2.151 artículos de revistas y 1.093 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de teoría del Estado, pensamiento y ciencia política, filosofía, economía, historia, sociología y disciplinas afines— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

- Biblioteca Nacional.

- Bibliotecas universitarias.

- Biblioteca del Congreso de los Diputados.

- Biblioteca del Senado.

- Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

- Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

- Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

- Bibliotecas de Ministerios.

- Bibliotecas de Academias.

- Bibliotecas de Colegios de Abogados.

- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 105), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal o, en su caso, avalados por un profesor universitario. En el año 2017 se realizaron un total de 9 estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal.

En el año 2017 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado los tomos números 96 y 97 de la colección «Jurisprudencia constitucional» correspondientes al primer y segundo semestres del año 2015. La versión digital de los volúmenes integrantes de esta colección es accesible a través del portal web del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene actualizados los contenidos, tanto del «Buscador de jurisprudencia constitucional» que figura en la página web del Tribunal, como de las «Gacetas de Jurisprudencia Constitucional», editadas digitalmente con periodicidad semestral y que sintetizan todas las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional; se acompañan índices de la normativa enjuiciada y de la jurisprudencia citada en dichas resoluciones, así como enlaces a su texto íntegro y que pueden consultarse en la página web del Tribunal Constitucional.

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2017 a través del denominado «Foro Venecia», este Servicio dio respuesta a 16 solicitudes de información cursadas por la propia Comisión y por los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de República de Lituania, República Kirguisa, República de Moldavia, Rumanía, Georgia, Países Bajos, República Checa, República de Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, República de Polonia y República de Bulgaria.

En el año 2017 el Tribunal Constitucional ha sido partícipe en la puesta en marcha de la «Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». La red facilitó numerosa información sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de indudable interés para el trabajo de magistrados y letrados. Igualmente formuló cuatro consultas que fueron respondidas por el Servicio de Doctrina Constitucional.

El «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio de 2017 publicó la resolución de 22 de mayo anterior, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se llevó a cabo la decimocuarta convocatoria de seis becas para la realización de actividades de formación jurídica teórico-práctica relacionadas con la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina del Tribunal Constitucional. Tras el pertinente proceso selectivo, estas becas fueron concedidas por resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 11 de octubre.

3. Servicio de Informática

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es), que durante el año 2017 recibió 761.049 visitas, de un total de 529.238 visitantes diferentes.

Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Total de visitas | 688.327 | 984.234 | 907.830 | 1.053.651 | 761.049
Total de visitantes | 446.455 | 627.713 | 567.738 | 680.233 | 529.238
Promedio de visitantes al día | 1.223 | 1.719 | 1.555 | 1.864 | 1.450

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios con origen en España (el 74,68 por 100). Del resto de accesos, el 11,10 por 100 se efectuó desde países europeos, el 8,67 por 100 desde países de Iberoamérica, el 4,57 por 100 desde los Estados Unidos y Canadá, el 0,68 por 100 desde China, resto de Asia y Australia y, en fin, el 0,19 por 100 desde países africanos.

Las visitas desde los países europeos se produjeron sobre todo desde Francia (28,42 por 100), Rusia (20,93 por 100), Gran Bretaña (13,11 por 100), Holanda (6,12 por 100), Alemania (5,05 por 100), Italia (4,58 por 100) y Rumanía (4,03 por 100). Por su parte, en Iberoamérica se llevaron a cabo fundamentalmente desde Perú (17,13 por 100), México (16,89 por 100), Bolivia (11,69 por 100), Argentina (9,17 por 100), Colombia (9,12 por 100), Chile (4,91 por 100) y Costa Rica (4,65 por 100). Desde el continente asiático, China fue el país desde el que se realizó el mayor número de visitas (el 18,63 por 100), seguido de Corea del Sur (14,31 por 100), Turquía (11,99 por 100), Filipinas (11,33 por 100), Japón (8,34 por 100) e India (7,41 por 100). En fin, desde el continente africano las visitas correspondieron principalmente a Marruecos 33,82 por 100), Túnez (25,58 por 100), Sudáfrica (6,16 por 100) y Argelia (5,89 por 100).

La herramienta informática el «Buscador de Jurisprudencia constitucional», ubicada dentro de la página web, recibió a lo largo del año un total de 2.683.691 de visitas. Su evolución desde su puesta en funcionamiento en 2013 ha sido la siguiente:

Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Total de visitas | 1.728.944 | 2.196.039 | 2.713.992 | 2.683.691 | 2.863.590

Los usuarios procedían principalmente de España (77,06 por 100) y el resto se localizaban en los otros países de Europa (12,88 por 100), América (7,45 por 100), Asia (0,62 por 100), África (0,07 por 100) y Oceanía (0,02 por 100). Los usuarios de origen desconocido supusieron un 4,55 por 100 del total.

Los usuarios que accedieron a la herramienta de jurisprudencia lo hicieron sobre todo a través del navegador «Chrome», seguido del uso de «Firefox» e «Internet Explorer».

De los documentos existentes en la página web los más descargados fueron los relativos a las «26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (con 45.891 descargas), a la nota de prensa 10/2017 sobre la STC 26/2017, de 16 de febrero (33.354 descargas) y al texto de la STC 26/2017 que anuló parcialmente la Norma Foral reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el territorio histórico de Gipuzkoa (26.152 descargas). Le siguieron el texto de la STC 13/2017, de 30 de enero, sobre la vinculación de las directivas de la UE antes de su transposición (8.309 descargas); el documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (7.939 descargas); el texto de la STC 73/2017, de 8 de junio, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la «Declaración tributaria especial» (más conocida como la «amnistía fiscal») prevista en el Real Decreto-ley 12/2012, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (7.443 descargas); el texto de la STC 114/2017, de 17 de octubre, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, «del referéndum de autodeterminación» (6.976 descargas); el folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (4.572 descargas); el texto vigente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (3.133 descargas); la Memoria del Tribunal del año 2016 (2.672 descargas); el currículum del Presidente don Juan José González Rivas (2.531 descargas); la Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional (1.742 veces); el texto de la Constitución española (1.464 descargas); la convocatoria de becas de formación relacionadas con la doctrina constitucional (1.396 descargas); y el Manual del usuario de la sede electrónica (1.349 descargas).

Desde el apartado «Ayúdanos a mejorar» de la página web se recibieron 73 encuestas que aportaron, de forma anónima, opiniones y sugerencias acerca de la web del Tribunal. Además, desde la pestaña de «Acceso a la información pública» se realizaron 43 peticiones de información y desde la de «Visitas» se efectuaron 93 solicitudes de visita a la sede del Tribunal Constitucional, correspondientes a 69 organizaciones diferentes. Por lo demás, las suscripciones existentes durante el año 2017 al «sistema de alertas» de la página web fueron las siguientes:

missing image file | MATERIAS | N.º
Notas de prensa | 258
Resoluciones | 301
Anuncios de contratación | 65
Convocatorias de personal | 88
Resoluciones en materia de transparencia | 115

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org) registró a lo largo del año 2017 un total de 68.826 visitas, que dieron lugar a 585.305 consultas a los diferentes apartados (documentos, fotografías, videos, etc.).

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron España, Estados Unidos, México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Rusia, Chile, Francia y Brasil.

Los documentos más descargados fueron:

- Con relación al Seminario de Cartagena de Indias del año 2013 sobre los «Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales», la ponencia de Perú (7.316 descargas), de Guatemala (4.631 descargas), de España (3.352 descargas) y de la República Dominicana (2.634 descargas).

- Con referencia al cuestionario de la X Conferencia celebrada en Santo Domingo en el año 2014 sobre «La Normatividad de la Constitución», las respuestas de Bolivia (5.018 descargas), de Honduras (4.526 descargas), de Ecuador (4.458 descargas) y de Paraguay (2.843 descargas).

- Respecto del cuestionario de la IX Conferencia celebrada en Cádiz en el año 2012 sobre el «Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional», las respuestas de México (2.679 descargas).

La APP desarrollada por el Tribunal Constitucional para dispositivos móviles (IOS y Android) tuvo las siguientes descargas:

La mayor parte de las descargas se produjeron en China (el 64,62 por 100). El resto lo fueron, fundamentalmente, en España (11,63 por 100), Japón (10,07 por 100), Estados Unidos (10,00 por 100), Perú (0,58 por 100), México (0,27 por 100), Francia (0,27 por 100), Bolivia (0,25 por 100), Tailandia (0,14 por 100), República Dominicana (0,12 por 100) y Chile (0,10 por 100).

Durante el año 2017 la página web del Tribunal incorporó un registro electrónico que permitía la presentación electrónica de demandas de amparo. Su regulación se hizo por el Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal (BOE núm. 284, de 24 de noviembre), que preveía que mediante resolución del Secretario General se determinarían los aspectos de su funcionamiento. Esos aspectos se regularon, en un primer momento, en la Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fijaba el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional, que disponía su uso voluntario para la presentación de demandas de amparo y limitaba los certificados de firma electrónica válidos a los del DNI electrónico u otros reconocidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No obstante, las subsiguientes Resoluciones de 24 de febrero y de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, modificaron el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional (en términos expuestos con mayor detalle en el anexo I de esta Memoria):

- La primera amplió el registro electrónico también para la presentación de otros escritos y documentos que deban surtir efectos en los procesos de amparo.

- La de 23 de noviembre estableció su uso obligatorio desde el día 1 de enero de 2018 para la presentación «por medio de Procurador» de demandas, escritos y documentos que deban surtir efectos en los procesos de amparo.

- Asimismo, admitió como certificados electrónicos válidos también los emitidos por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

Pues bien, durante el año 2017, de un total de 6.286 escritos presentados como demandas de amparo, 3.441 lo fueron de forma presencial en el Registro del Tribunal y otras 2.845 de manera telemática a través de su sede electrónica.

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y Asuntos Generales

En el área de gestión de recursos humanos debe destacarse la cobertura de dos plazas mediante los correspondientes concursos de méritos. El concurso relativo a la primera de ellas, de Jefe de unidad de mantenimiento en el Servicio de Gerencia, fue convocado por Resolución de la Presidencia de 23 de diciembre de 2016 y resuelto por Resolución de la Presidencia de 3 de abril de 2017 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 91, de 17 de abril). El concurso relativo a la otra plaza, de Técnico de documentación y estadística jurisdiccional en el Servicio de Doctrina Constitucional, fue convocado por Resolución de la Presidencia de 21 de abril de 2017 y resuelto también por Resolución de la Presidencia de 27 de junio de 2017 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 159, de 5 de julio).

Asimismo se han cubierto en el año dos puestos de Secretaría del Jefe de Gabinete por el sistema de libre designación, convocados por sendas Resoluciones de la Presidencia de 21 de abril y 22 de junio de 2107, resueltas por Resoluciones de la Presidencia de 20 de junio de 2017 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 152, de 27 de junio) y de 15 de septiembre de 2017 (publicada el «Boletín Oficial del Estado» núm. 231, de 25 de septiembre).

Por último, por Resolución de la Presidencia de 19 de diciembre de 2017 se convocó concurso de méritos para la cobertura de una plaza de Gestor, encontrándose en tramitación al tiempo de confección de esta memoria.

2) Asuntos Económicos y Contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 1.383 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
100 | 1
993 | 2
143 | 4
137 | 6
10 | 8

Además se han tramitado 20 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 457.468,84 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 se muestra en el apartado de «información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

3) Mantenimiento

En lo que respecta a la gestión de las infraestructuras del Tribunal, destaca el suministro e instalación de los sistemas de detección y extinción de incendios en las dependencias del Tribunal Constitucional, así como de diverso equipamiento de climatización y de sistemas de alimentación ininterrumpida.

4) Archivo general

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2017 han ingresado por transferencia un total de 961 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 27.821 cajas ocupadas.

Finalizada la migración de datos desde la base de datos hasta ahora utilizada en el Archivo General, así como de datos y documentos desde las aplicaciones de tramitación; y realizadas las pertinentes depuraciones, las cifras totales que actualmente constan en el repositorio de archivo del Tribunal Constitucional, referidas a documentación tanto en soporte físico como electrónico, son las siguientes:

- Total expedientes creados en 2017: 11.780, de los cuales 4.552 son expedientes electrónicos.

- Documentos (electrónicos) creados en 2017: 42.608.

Ello supone que las cifras totales quedan en los siguientes valores:

- Número total de expedientes: 396.747 (electrónicos y en soporte papel), de los cuales 20.443[1] son expedientes electrónicos.

- Número total de documentos (electrónicos): 329.332 (ficheros binarios en formato PDF).

A lo largo de 2017, con el apoyo de consultores externos, se han proseguido los trabajos de implantación del archivo electrónico en el Tribunal Constitucional. Se ha integrado la plataforma con el nuevo registro electrónico del Tribunal, de manera que los documentos presentados a través de él –y los metadatos de los mismos–, junto con los correspondientes acuses de recibo, se almacenan directamente en el repositorio; se ha diseñado e implantado el índice electrónico de los expedientes; se han establecido permisos de acceso a nivel no ya de serie documental sino en función de parámetros más precisos; y se han perfeccionado, por último, diversos flujos de trabajo de gestión documental.

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado más de 50.000 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia. Se ha procedido igualmente a la digitalización y subida al repositorio del Archivo de documentos contables en formato papel para su asociación a los correspondientes expedientes de gasto.

C) Servicios a usuarios

Durante 2017 se han realizado 774 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 33 solicitudes de digitalización de documentos y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas y el mantenimiento de las herramientas «ARNo» (Acuerdos Normativos del Tribunal Constitucional) e «Inobart» (Inventario de Bienes Artísticos).

D) Becas de formación. Recursos humanos

Por Resolución de 21 de julio de 2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convocan becas de formación relacionadas con la gestión documental y archivística en el Tribunal Constitucional (BOE núm. 216, de 7 de septiembre), se convocaron dos becas, adjudicadas por Resolución de 2 de febrero de 2017 de la Presidencia del Tribunal Constitucional (BOE núm. 33, de 8 de febrero), habiéndose incorporado los beneficiarios de forma efectiva los días 24 de febrero y 9 de marzo de 2017.

[1] Los expedientes económicos no se han calificado por el momento como expedientes electrónicos dado que no son gestionados íntegramente de ese modo, a diferencia de otros tipos. Sin embargo, la digitalización de documentos en papel y su incorporación al expediente determinará próximamente su conceptuación como electrónicos.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2017 ascendieron a 23.590,92 miles de euros, lo que representa una disminución del 2,56 por 100, esto es, 589,12 miles de euros, respecto del ejercicio 2016, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 23.001,80 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

- Capítulo 1. (Gastos de personal): 17.375,06 miles de euros.

- Capítulo 2. (Gastos corrientes en bienes y servicios): 4.778,23 miles de euros.

- Capítulo 4. (Transferencias corrientes): 788,63 miles de euros.

- Capítulo 6. (Inversiones reales): 601,00 miles de euros.

- Capítulo 8. (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2017 se realizó una transferencia de crédito entre distintas aplicaciones presupuestarias por importe de 100,00 miles de euros, del concepto 481 «Remuneraciones de transición Magistrados (art. 25.1 Ley Orgánica 2/1979)» al concepto 480 «Pensión exPresidentes del Tribunal Constitucional (Ley 12/86)», para atender las obligaciones derivadas del reconocimiento de la pensión indemnizatoria al ex Presidente del Tribunal Constitucional con ocasión de la renovación parcial del Tribunal producida en marzo de 2017, toda vez que entre las dotaciones del presupuesto para 2016, prorrogado hasta la aprobación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para 2017, no figuraban las relativas a dicho concepto presupuestario.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2017 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 17.375.060,00 | 15.869.143,32 | 91,33 por 100
Capítulo 2 | 4.778.230,00 | 3.529.764,70 | 73,87 por 100
Capítulo 4 | 788.630,00 | 417.181,36 | 52,90 por 100
Capítulo 6 | 601.000,00 | 279.031,14 | 46,43 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 22.050,00 | 45,94 por 100
Total | 23.590.920,00 | 20.117.170,52 | 85,28 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 se muestra en el apartado de «información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

27 de enero

Participación en el solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

27 y 28 de octubre

I reunión conjunta de los Tribunales Constitucionales de España, Italia y Portugal y del Consejo Constitucional de Francia, convocada por el Tribunal Constitucional español, formando la reunión cuadrilateral sobre «Los derechos humanos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y los ordenamientos jurídicos nacionales». Sevilla.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

12 de enero

Presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, don Milton Ray Guevara.

20 y 21 de febrero

Presidente del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, don João Pinto Semedo.

3 de abril

Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara.

7 de abril

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, don José Armando Pineda Navas.

16 de mayo

Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, don Benigno Pendás.

22 de mayo

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Panamá, don José Ayú Prado y del Embajador de Panamá, don Milton Cohen-Henríquez.

29 de mayo

Embajadora de la República Checa, doña Katerina Lukesova.

30 de mayo

Fiscal ante el Tribunal Constitucional, don Fernando Cadeño.

26 de junio

Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, don Carlos Carmona Santander.

10 de julio

Magistrado del Consejo de Estado de Colombia, don Alberto Yepes.

25 de julio

Magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, don Eloy Espinosa.

25 de julio

Presidente del Consejo de la Magistratura de Perú, don Guido Águila y del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú, don Martín Santiváñez.

29 de septiembre

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, don Alberto Pérez Dayán.

5 de octubre

Delegación de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá.

10 de octubre

Embajador de la República Dominicana, don Olivo Rodríguez Huertas.

30 de octubre

Visita de cortesía de una delegación de 26 miembros del Parlamento de Ucrania.

10 de noviembre

Magistrado de la Corte de Justicia Constitucional de la República de Corea, don Ahn Changho.

13 de noviembre

Embajadora de la República de Chipre en España, doña Koula Sophianou.

29 de noviembre

Embajadora de la República de Moldavia en España, doña Violeta Agrici.

11 de diciembre

Ministro del Tribunal Constitucional de Chile, don Domingo Hernández Emparanza.

11 de diciembre

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, don José Ayú Prado Canals

12 de diciembre

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, don José Antonio Pineda Barales.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

23 de enero

Visita de trabajo de una delegación del Consejo Constitucional de Francia.

1 de marzo

Encuentro de trabajo con el Ministro de Justicia de Túnez, don Gazi Jeribi.

7 de marzo

Visita de una delegación de alcaldes de la Mancomunidad de La Yecla.

15 de marzo

Acto de toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.

18 y 19 de mayo

Visita de estudio de la Corte Constitucional de Turquía y Seminario sobre justicia constitucional celebrado en el marco del Programa conjunto de apoyo al recurso individual ante dicha Corte, promovido por el Consejo de Europa.

19 de mayo

I Congreso internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica.

5 de junio

Visita de la LXVII promoción de Jueces.

25-26 de septiembre

Estancia de trabajo de miembros de la carrera judicial en el Tribunal Constitucional.

29 de septiembre

Estancia de trabajo de una delegación de la Suprema Corte de Justicia de México.

3 de noviembre

Estancia de trabajo de magistrados del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial.

22 de noviembre

Reunión de trabajo del Jurado Premio Tomás y Valiente.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

22 de febrero

Participación en los actos relativos a la visita de Estado del Presidente de Argentina, don Maurucio Macri.

15 de marzo

Toma de posesión de los Magistrados don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.

23 de marzo

Toma de posesión del Presidente y la Vicepresidenta del Tribunal Constitucional, don Juan José González Rivas y doña Encarnación Roca Trías.

31 de marzo

Despacho con S. M. el Rey del Presidente del Tribunal Constitucional.

3-5 de abril

Celebración del seminario de jurisprudencia constitucional iberoamericana sobre protección de los derechos de las personas discapacitadas, conjuntamente organizado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cartagena de Indias (Colombia).

6 de abril

Seminario sobre «Los aspectos jurídicos de los acuerdos de paz y de la Constitución de El Salvador» en Casa de América.

8 de mayo

Participación en los actos relativos a la visita de Estado del Presidente de la República de Costa Rica, don Guillermo Solís y su esposa, doña Mercedes Peñas, en el Palacio Real de Madrid.

19 de mayo

Participación en la cumbre internacional de Universidades iberoamericanas y Cortes Supremas de Iberoamérica, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

31 de mayo

Asistencia a la Embajada de Italia con motivo de la celebración de su Fiesta Nacional.

3-10 de junio

Celebración del seminario iberoamericano sobre «Protección multinivel de los derechos humanos», conjuntamente organizado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La Antigua (Guatemala).

8 de junio

Asistencia a la Embajada de la Federación de Rusia con motivo de la celebración de su Fiesta Nacional.

9 de junio

Asistencia a la Embajada de la República Portuguesa con motivo de la celebración de su Fiesta Nacional.

15 de junio

Otorgamiento al Congreso de los Diputados del Premio «Concordia y tolerancia» por el Consejo General de Procuradores de España y asistencia a su fiesta institucional.

19 de junio

Participación en el acto de homenaje a las víctimas judiciales del terrorismo celebrado en el Tribunal Supremo.

22 de junio

Asistencia a la Embajada del Reino Unido con motivo de la celebración del cumpleaños de S. M. la Reina Isabel II.

27 de junio

Participación en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso de los Diputados.

28 de junio

Participación en los actos de conmemoración del XL aniversario de las elecciones constituyentes de 1977 celebrados en el Congreso de los Diputados.

29 de junio

Conferencia internacional de clausura del V Aniversario de la Cátedra Google sobre «Derecho e innovación tecnológica ante el nuevo marco europeo de privacidad» en la Universidad San Pablo – CEU.

4 de julio

Asistencia a la Embajada de Estados Unidos de América con motivo de la celebración del Día de la Independencia.

10 de julio

Conferencia del Presidente sobre «El interés objetivo casacional» con motivo de la presentación del libro «Estudios sobre el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo» en la sede de la Bolsa de Madrid.

14 de julio

Asistencia a la Embajada de Francia con motivo de la celebración de su Fiesta Nacional.

21 de julio

Clausura de las Jornadas organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura sobre el Pacto de Estado para la Justicia.

24 de julio

Entrega a S. M. el Rey de la Memoria anual de actividades de 2016 del Tribunal Constitucional.

5 de septiembre

Asistencia al solemne acto de apertura del Año Judicial 2017 en el Tribunal Supremo.

3 de octubre

Asistencia a la Embajada de República Federal de Alemania con motivo de la celebración del Día de la Unidad.

12 de octubre

Participación en los actos del Desfile con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional de España.

19 de octubre

Clausura del Congreso Internacional de la UNED «La nueva reforma procesal penal: derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas».

19 - 21 de octubre

Inauguración de las XXIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, organizadas por dicha Asociación, bajo el título «La ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional». Úbeda.

26 de octubre

Encuentro institucional del Presidente del Tribunal Constitucional con la Presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz Pacheco. Sevilla.

6 de noviembre

Encuentro institucional con el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, don Fernando López Miras. Murcia.

7 de noviembre

Conferencia en la inauguración del curso académico 2017-2018 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, sobre «La protección de los derechos fundamentales en el sistema constitucional español». Murcia.

17 de noviembre

Visita institucional de cortesía al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla Roiz. Santander.

17 de noviembre

Conferencia de clausura del XXIII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre «La función constitucional del juez». Santander.

20 de noviembre

Participación en los actos relativos a la visita oficial del Presidente de Palestina, don Mahmoud Abbas en el Palacio Real de Madrid.

23 de noviembre

Participación en los actos conmemorativos del XL aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa, celebrados en el Senado y el Congreso de los Diputados.

23 de noviembre

Apertura del curso académico 2017-2018 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

29 de noviembre

Participación en el acto de entrega del Premio Confilegal a su trayectoria profesional a la Vicepresidenta doña Encarnación Roca Trías.

5 de diciembre

Participación en la recepción que, con motivo del Día de la Constitución española, se celebra en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

6 de diciembre

Participación en los actos conmemorativos del XXXIX aniversario de la Constitución, celebrados en el Palacio del Congreso de los Diputados.

11 de diciembre

Participación en el acto de entrega de los XVI Premios Montero Ríos y del XVI Premio Iurisgama, celebrado en el Senado.

12 de diciembre

Participación en el acto de toma de posesión del Fiscal General del Estado, don Julián Sánchez Melgar.

13 de diciembre

Participación en algunos de los actos organizados en el Tribunal Supremo con ocasión de la 2.ª Reunión Preparatoria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana.

15 de diciembre

Participación en el acto de presentación del «Diccionario panhispánico del español jurídico». Salamanca.

18 de diciembre

Participación en los actos organizados con ocasión de la visita de Estado del Presidente de Ecuador, don Lenin Moreno, y su esposa, doña Rocío González de Moreno.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal Constitucional español publicó los trabajos de la XI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en Lima (Perú) en junio de 2016 y dedicada al tema de «Estado constitucional y desarrollo económico».

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «Democracia constitucional y diversidad cultural», que plasma los resultados de las XXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebrada en Cuenca en noviembre de 2015.

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han acordado prorrogar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su tercer año de funcionamiento.

En el ámbito universitario, el Tribunal firmó el 27 de septiembre de 2017 un convenio de cooperación en materia bibliográfica con la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/informacion-economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

IX. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de «Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican todas las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2017 se han dirigido al Tribunal Constitucional 37 solicitudes de información pública, siendo el número de solicitudes recibidas similar al del año 2016 (33) e inferior al del año 2015 (42), ejercicio en el que entraron en vigor las disposiciones de la Ley 19/2013 en materia de derecho de acceso a la información pública. En número de 35 (94,60 por 100) fueron promovidas por personas físicas y dos (5,40 por 100) por personas jurídicas (un órgano administrativo y un colegio profesional). Todas se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 35 casos (94,60 por 100), el correo postal en uno (2,70 por 100) y en otro no se indicó de manera expresa la modalidad de respuesta requerida (2,70 por 100), por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En diez resoluciones de la Secretaría General (27 por 100) se concedió el acceso a la información; en 13 (35 por 100) se remitió la información solicitada a las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en siete (19 por 100) se remitió a los solicitantes a las páginas web del Tribunal Constitucional y de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado por figurar publicada en esas páginas la información requerida o poder acceder a la misma a través de ellas, sin que le resultase exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en tres (8,10 por 100) no se accedió a la información pedida; en otras tres (8,10 por 100) se tuvo por desistidos a los solicitantes, al no haber atendido el requerimiento de identificar suficientemente la información interesada; y en una (2,80 por 100) se acordó el archivo de la solicitud de información por no tener cabida los hechos en ella referidos en el derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013.

Dos de las solicitudes en las que no se concedió el acceso a la información versaron sobre la prestación de asesoramiento jurídico por parte del Tribunal. La tercera tenía por objeto informes internos cuyos destinatarios exclusivos son los órganos y los Magistrados del Tribunal [art. 18.1 b) Ley 19/2013], así como la petición de artículos o trabajos doctrinales sobre una determinada materia, petición ajena al ámbito de acceso a la información pública.

Las solicitudes de acceso a la información han versado sobre una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas: a) Información relativa a la relación de puestos de trabajo del Tribunal y a datos profesionales y administrativos del personal a su servicio (2); b) Información sobre doctrina constitucional en diferentes materias (4); c) Acceso a determinadas resoluciones dictadas por el Tribunal (3); d) Información sobre la interposición, estado de tramitación y documentación de concretos procesos constitucionales (16); e) El contenido de todas las resoluciones dictadas en materia de derecho de acceso a la información pública (1); f) Información sobre cancelación de datos personales en las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal (1); g) Autorización para la reproducción de obra fotográfica existente en el Archivo para la ilustración de un libro sobre el Tribunal (1); h) Procedimiento de obtención de certificación digital de las resoluciones del Tribunal (1); i) Información sobre asistencia letrada en proceso de amparo (1); j) Informes y artículos doctrinales sobre la elección de Magistrados del Tribunal (1); y, en fin, k) Información y asesoramiento para promover denuncias, acciones en la vía judicial y obtener prestaciones asistenciales (3).

Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados
en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Discurso en el acto de la duodécima renovación parcial del Tribunal Constitucional

VI. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Acuerdo de 28 de marzo de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2017, cve: BOE-A-2017-3369).

2) Acuerdo de 25 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre forma de resolución de las peticiones de desistimiento de recursos de amparo.

3) Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional, en materia de anticipos de caja fija (BOE núm. 181, de 31 de julio de 2017, cve: BOE-A-2017-9107).

4) Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, sobre delegación de competencias en materia de contratación (BOE núm. 79, de 3 de abril de 2017, cve: BOE-A-2017-3675).

5) Acuerdo de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por el que se delegan competencias en el Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional (BOE núm. 91, de 17 de abril de 2017, cve: BOE-A-2017-4209).

6) Resolución de 24 de enero de 2017 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, sobre asignación del identificador ECLI a las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina constitucional o que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

7) Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

8) Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

ACUERDO DE 28 DE MARZO DE 2017, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE DISPONE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 75, DE 29 DE MARZO DE 2017, CVE: BOE-A-2017-3369).

En virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, ha dispuesto la siguiente composición de las Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo:

Artículo 1.

1. La Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Juan José González Rivas, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.

2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Juan José González Rivas, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón.

3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Andrés Ollero Tassara, estará integrada por don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y doña María Luisa Balaguer Callejón.

Artículo 2.

1. La Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Encarnación Roca Trías, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Encarnación Roca Trías, don Juan Antonio Xiol Ríos y don Pedro González-Trevijano Sánchez.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Fernando Valdés Dal-Ré, estará integrada por don Fernando Valdés Dal-Ré, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho.

Madrid, 28 de marzo de 2017.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

ACUERDO DE 25 DE MAYO DE 2017, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE FORMA DE RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES DE DESISTIMIENTO DE RECURSOS DE AMPARO.

El Pleno del Tribunal Constitucional adoptó el día 25 de mayo de 2017 el siguiente acuerdo:

Se resolverán mediante providencia y sin previa audiencia del Ministerio Fiscal las peticiones de desistimiento formuladas con anterioridad a la decisión sobre admisión a trámite del recurso de amparo. La resolución habrá de notificarse al Ministerio Fiscal, que podrá interponer recurso de súplica.

Se reservará la forma de auto, con previa audiencia del Ministerio Fiscal y eventuales partes personadas, para las resoluciones que decidan sobre los desistimientos formulados con posteridad a la admisión a trámite de la demanda. Contra el auto podrá interponerse recurso de súplica.

ACUERDO DE 21 DE JUNIO DE 2017, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA (BOE NÚM. 181, DE 31 DE JULIO DE 2017, CVE: BOE-A-2017-9107).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia conferida por el artículo 2.2 de la Ley Orgánica, 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. Establecimiento del sistema de anticipos de caja fija.

1. Se establece el sistema de anticipos de caja fija para la atención inmediata, con posterior aplicación al presupuesto, de las obligaciones de carácter periódico o repetitivo, como las referentes a dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones por razón del servicio, material no inventariable, comunicaciones, suministros y servicios, mantenimiento y reparación y, en general, de las comprendidas en los conceptos integrados en el capítulo segundo del Presupuesto de gastos del Tribunal Constitucional.

2. La cuantía global del anticipo de caja fija no podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos anuales del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del Presupuesto del Tribunal.

Segundo. Situación de los fondos.

1. Corresponde al Secretario General del Tribunal interesar de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la ordenación y realización de pagos por el concepto de anticipos de caja fija a favor de la Caja pagadora del Tribunal Constitucional.

2. La provisión de fondos se situará por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en una cuenta corriente de este Tribunal Constitucional en el Banco de España, bajo el título de «Tesoro Público. Provisión de fondos».

3. Se podrán abrir cuentas corrientes de carácter instrumental en el Banco de España o en entidad financiera privada, para la gestión de estos fondos. La selección de la misma, en su caso, se realizará por el Secretario General, a propuesta de la Mesa de Contratación.

Tercero. Procedimiento de gestión.

1. Los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija deberán seguir la tramitación general establecida en el Tribunal Constitucional, recabando su fiscalización previa y su aprobación por el órgano competente.

2. Solo los gastos cuyo pago, de conformidad con este Acuerdo, se haga en efectivo, estarán exentos del requisito de intervención previa, sin perjuicio de su posterior remisión a la Intervención para su control.

3. Con cargo al anticipo de caja fija no podrán realizarse pagos individualizados superiores a 5.000 euros, excepto los destinados a indemnizaciones por razón del servicio, sin que, a efectos de la aplicación de este límite, puedan acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.

4. Los gastos que hayan de atenderse con el anticipo de caja fija deberán estar debidamente documentados en facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, acompañados de la conformidad del Jefe de Servicio competente con la prestación recibida y con la factura. En dichas facturas o documentos justificativos se estampará, previa fiscalización de la Intervención, el «páguese» por el Gerente.

Cuarto. Disposición de fondos.

1. Las disposiciones de fondos de las cuentas en las que se sitúen los destinados a estas atenciones se efectuarán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas del Gerente y del Cajero pagador.

2. Cuando no sea posible otra modalidad de pago, podrá efectuarse la disposición de fondos mediante tarjeta de débito o crédito y restantes medios admitidos en la normativa y usos bancarios incompatibles con la mancomunidad de firmas autorizadas, realizándose contra una cuenta corriente cuyo único objeto sea la situación de las cantidades precisas para cada pago.

3. Podrán efectuarse pagos en efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de cuantía que no exceda de 500 euros.

Quinto. Cajas con efectivo.

1. Para posibilitar los pagos en efectivo, se autoriza el mantenimiento de existencias de numerario con los siguientes límites máximos:

En la Caja pagadora, en la sede de Doménico Scarlatti, 4.000 euros.

En la Subcaja pagadora, en la sede de San Francisco de Sales, 1.000 euros.

2. De la custodia e integridad de los fondos en efectivo depositados en las citadas Cajas será responsable el Cajero pagador.

Sexto. Rendición de cuentas e imputación del gasto.

1. El Cajero pagador rendirá cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.

2. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados, serán aprobadas por el Secretario General, previa fiscalización del Interventor.

3. A la vista de las cantidades justificadas, se expedirán los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan. Dichos documentos se expedirán a favor del Cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan los gastos realizados, previa fiscalización de la Intervención.

Séptimo. Estados de tesorería.

En las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y octubre, y referidos al último día del trimestre inmediatamente anterior, se formularán estados de tesorería, que serán remitidos al Secretario General y al Interventor, quienes podrán efectuar, por sí mismos o por los funcionarios que designen, las comprobaciones y arqueos que estimen oportunos. El Secretario General podrá acordar, asimismo, que se formulen, con carácter extraordinario, estados de situación de tesorería referidos a fechas determinadas.

Disposición final primera.

Para la ejecución de este acuerdo, se delega en el Secretario General:

a) La designación de Cajero pagador, así como de los sustitutos del Gerente y del Cajero pagador, sin que, en ningún caso, pueda una misma persona desempeñar ambas funciones.

b) La aprobación, previa propuesta conjunta del Gerente y del Interventor, de los modelos de documentos y de los procedimientos que puedan ser necesarios para su aplicación.

Disposición final segunda.

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de octubre 2017.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados el Acuerdo de 14 de diciembre de 1999 y los Acuerdos de modificación del mismo, de 9 de mayo de 2002 y 21 de noviembre de 2013.

Madrid, 21 de junio de 2017.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2017, DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (BOE NÚM. 79, DE 3 DE ABRIL DE 2017, CVE: BOE-A-2017-3675)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto), he resuelto delegar las funciones que le corresponden a esta Presidencia como órgano de contratación, en el Secretario General del Tribunal Constitucional.

Madrid, 28 de marzo de 2017.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

ACUERDO DE 5 DE ABRIL DE 2017, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE DELEGAN COMPETENCIAS EN EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 91, DE 17 DE ABRIL DE 2017, CVE: BOE-A-2017-4209)

De conformidad con lo previsto en el artículo 99.2, párrafo 2.º, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en el apartado c) del artículo 26.1 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, y previa autorización del Presidente del Tribunal, esta Secretaría General acuerda delegar en el Secretario general adjunto:

Primero.

La jefatura superior del personal no Letrado y asimilado al servicio del Tribunal Constitucional, a excepción de lo relativo al régimen disciplinario.

Segundo.

La competencia para proponer las bases de los procedimientos de cobertura de plazas a que se refiere el artículo 21.a) del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.

Tercero.

Las competencias asignadas a la Secretaría General en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre de 2006 («BOE» del día 1 de enero de 2007), por el que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal, modificado por Acuerdos del Pleno del Tribunal de 26 de marzo de 2009 («BOE» de 8 de abril) y 28 de abril de 2010 («BOE» de 30 de abril).

Cuarto.

Las competencias que corresponden a la Secretaría General del Tribunal Constitucional para la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Quinto.

Las siguientes competencias, en materia económico-financiera:

1. La administración de los créditos para gastos del presupuesto del Tribunal.

2. La autorización del gasto.

3. La ordenación de los pagos.

4. La liquidación del presupuesto del Tribunal.

El presente acuerdo tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de abril de 2017.–El Secretario General del Tribunal Constitucional, Andrés Javier Gutiérrez Gil.

RESOLUCIÓN DE 24 DE ENERO DE 2017 DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE ASIGNACIÓN DEL IDENTIFICADOR ECLI A LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ACCEDAN A LA BASE DE DATOS DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL O QUE SE PUBLIQUEN EN EL «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO»

En el ejercicio de la competencia fijada en el artículo 99.1.b) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se adopta la presente resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:

Antecedentes

1. El «Diario Oficial de la Unión Europea» de 29 de abril de 2011 publicó las «Conclusiones del Consejo en las que se promueve la creación de un identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) y la definición de un conjunto mínimo de metadatos uniformes de jurisprudencia» (C 127/1), documento en el que el Consejo de la Unión Europea constata que la existencia de «diferentes normas de denominación y diseño para los metadatos compromete las posibilidades de una consulta transfronteriza eficaz y sencilla de la jurisprudencia por parte de los jueces, los profesionales del Derecho y los ciudadanos».

2. Ello ha dado lugar a la creación de un identificador europeo de jurisprudencia (ECLI: European Case Law Identifier) que tiene un mismo formato reconocible para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y de la Unión Europea, estando compuesto de cinco elementos obligatorios: ECLI: sigla del identificador europeo de jurisprudencia / código de país / código del órgano jurisdiccional que dictó la resolución / año en que se dictó la resolución / un número ordinal asignado.

3. Complementariamente y de acuerdo con las conclusiones del Consejo, la Comisión Europea ha desarrollado un buscador multilingüe que permite encontrar resoluciones jurisdiccionales en las bases de los editores de jurisprudencia que han aplicado la norma ECLI y dan acceso a sus datos.

4. En España, el CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, ostenta desde 2012 la condición de coordinador nacional del ECLI.

Fundamentos jurídicos

1. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 164.1 de la Constitución, «las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere», añadiendo el artículo 86 de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que «las sentencias y las declaraciones a que se refiere el título VI se publicarán en el ‘Boletín Oficial del Estado’ dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la misma forma cuando así lo estime conveniente», así como que «sin perjuicio en lo dispuesto en el apartado anterior, el Tribunal podrá disponer que las sentencias y demás resoluciones dictadas sean objeto de publicación a través de otros medios, y adoptará, en su caso, las medidas que estime pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la Constitución».

2. Por su parte, el artículo 99.2 de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional atribuye a la Secretaría General «la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional», en cuyo cumplimiento se lleva a cabo tanto la publicación periódica de las sentencias, declaraciones y, en su caso, autos, en el «Boletín Oficial del Estado», corno el mantenimiento actualizado de la base de datos de doctrina constitucional en la sede electrónica del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es) y la edición de la colección «Jurisprudencia Constitucional», publicación periódica en la que se recopilan debidamente sistematizados, en volúmenes semestrales, los textos íntegros de sentencias, declaraciones y determinados autos dictados por el Tribunal Constitucional, confiando a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado la impresión, publicación, difusión y venta de la edición oficial de esta colección.

3. Con el fin de facilitar la cita correcta e inequívoca de las resoluciones del Tribunal Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina constitucional o que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado’’, procede asignar a las mismas el identificador europeo de jurisprudencia (ECLI).

Las sentencias, autos y declaraciones del Tribunal Constitucional en que se introduzca el identificador, responderán al siguiente algoritmo:

- ECLI (identificador europeo).

- ES (código país).

- TC (código de órgano jurisdiccional).

- Año (en el que se dictó la resolución).

- Ordinal (el asignado por el Tribunal).

- Letra que permita discriminar el tipo de resolución (ninguna para las sentencias; A para los autos; D para las declaraciones).

- Por lo que antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Introducir, como nuevo metadato, el identificador ECLI en las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina constitucional o que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

Póngase en conocimiento del coordinador nacional para España del identificador ECLI.

Madrid, a 24 de enero de 2017.–El Secretario General del Tribunal Constitucional, Andrés Javier Gutiérrez Gil.

RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2017, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA QUE SE FIJA EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Registro Electrónico del Tribunal Constitucional fue creado por Acuerdo de su Pleno, de 15 de septiembre de 2016 («BOE» número 284, de 24 de noviembre). En su artículo 14 se establece que mediante resolución del Secretario General publicada en la sede electrónica del Tribunal se determinarán progresivamente determinados aspectos de su funcionamiento. En ejecución del mismo, se dispone:

1. Son trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico: la presentación de demandas de amparo y escritos que deban surtir efectos en procesos de amparo.

2. Su utilización tendrá carácter voluntario.

3. Los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los documentos son: DNI electrónico y certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) de Persona Física o Clase 2 y de Empleado Público o Clase AP.

Madrid, 24 de febrero de 2017.–El Secretario General del Tribunal Constitucional, Andrés Gutiérrez Gil.

RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA QUE SE FIJA EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Registro Electrónico del Tribunal Constitucional fue creado por Acuerdo de su Pleno, de 15 de septiembre de 2016 («BOE» número 284, de 24 de noviembre). En su artículo 14 se establece que mediante resolución del Secretario General publicada en la sede electrónica del Tribunal se determinarán progresivamente determinados aspectos de su funcionamiento. En ejecución del mismo, se dispone:

1. Son trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico: la presentación de demandas de amparo, otros escritos y documentos que deban surtir efectos en procesos de amparo.

2. Su utilización tendrá carácter obligatorio desde el 1 de enero de 2018 para la presentación por medio de Procurador de demandas, escritos y documentos que deban surtir efectos en procesos de amparo.

3. Los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los documentos son: DNI electrónico, certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) de Persona Física o Clase 2 y de Empleado Público o Clase AP; así como el emitido por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

Madrid, 23 de noviembre de 2017.–El Secretario General del Tribunal Constitucional, Andrés Gutiérrez Gil.

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las Sentencias y determinados Autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO | SENTENCIAS
46, de 23 de febrero de 2017 | 1/2017 — 9/2017
59, de 10 de marzo de 2017 | 10/2017 — 21/2017
71, de 24 de marzo de 2017 | 24/2017 — 25/2017
72, de 25 de marzo de 2017 | 22/2017 — 23/2017 26/2017 — 28/2017
83, de 7 de abril de 2017 | 29/2017 — 37/2017
126, de 27 de mayo de 2017 | 38/2017 — 48/2017
142, de 15 de junio de 2017 | 49/2017 — 59/2017
156, de 1 de julio de 2017 | 60/2017 — 69/2017
168, de 15 de julio de 2017 | 70/2017 — 73/2017
171, de 19 de julio de 2017 | 74/2017 — 90/2017
191, de 11 de agosto de 2017 | 91/2017 — 102/2017
247, de 13 de octubre de 2017 | 103/2017 — 109/2017
256, de 24 de octubre de 2017 | 110/2017 — 114/2017
278, de 16 de noviembre de 2017 | 115/2017 — 124/2017
308, de 20 de diciembre de 2017 | 125/2017 — 134/2017
7, de 8 de enero de 2018 | 135/2017 — 141/2017
15, de 17 de enero de 2018 | 142/2017 — 156/2017

NÚMERO DE SUPLEMENTO | AUTOS
72, de 25 de marzo de 2017 | 24/2017
191, de 11 de agosto de 2017 | 109/2017
229, de 22 de septiembre de 2017 | 123/2017, 124/2017, 126/2017 y 127/2017
241, de 6 de octubre de 2017 | 134/2017
278, de 16 de noviembre de 2017 | 142/2017 y 144/2017
308, de 20 de diciembre de 2017 | 150/2017
15, de 17 de enero de 2018 | 174/2017 y 175/2017

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2017, de 16 de enero de 2017

Recurso de amparo 770-2015. Promovido por la Generalitat Valenciana en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictada en proceso sobre contratación pública.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 173/2002). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 2/2017, de 16 de enero de 2017

Recurso de amparo 2723-2015. Promovido por doña Nuria Ruiz Gómez respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que desestimó, en suplicación, su demanda de indemnización por daños y perjuicios.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: trabajadora a la que, con posterioridad a una baja por embarazo y maternidad, se le impide ejercer su derecho preferente de modificación de las condiciones laborales reconocido por convenio (STC 66/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 3/2017, de 16 de enero de 2017

Recurso de amparo 3398-2015. Promovido por don Manuel Espinosa Sánchez y doña Irene Ortega Gallardo en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Primera. Sentencia 4/2017, de 16 de enero de 2017

Recurso de amparo 4033-2015. Promovido por don Florencio Pérez Rodríguez en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Sala Primera. Sentencia 5/2017, de 16 de enero de 2017

Recurso de amparo 4591-2015. Promovido por don Luis Jesús Agrela Rubio respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola (Málaga) denegatorio de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 6/2017, de 16 de enero de 2017

Recurso de amparo 1881-2016. Promovido por don Jean-Pierre Georges Ollivier respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca denegatorio de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 7/2017, de 19 de enero de 2017

Conflicto positivo de competencia 1923-2012. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 25 de enero de 2012, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, farmacia y Seguridad Social: STC 210/2016 (constitucionalidad de las previsiones legales autonómicas relativas a la selección, mediante la correspondiente convocatoria pública, por el servicio de salud, de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica).

Pleno. Sentencia 8/2017, de 19 de enero de 2017

Recurso de amparo 2341-2012. Promovido por don Marcus August Baier en relación con las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su petición de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: denegación de indemnización por prisión provisional fundada en la falta de acreditación de la inexistencia objetiva del hecho delictivo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 9/2017, de 19 de enero de 2017

Conflicto positivo de competencia 4777-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la resolución de la Secretaría de Estado de servicios sociales e igualdad de 18 de mayo de 2016, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios que vulneran competencias autonómicas al atribuir al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 13/1992).

Sala Segunda. Sentencia 10/2017, de 30 de enero de 2017

Recurso de amparo 7088-2012. Promovido por don Zelmat Salah en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia que denegaron su petición de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: STC 8/2017 (denegación de indemnización por prisión provisional fundada en la falta de acreditación de la inexistencia objetiva del hecho delictivo). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 11/2017, de 30 de enero de 2017

Recurso de amparo 3497-2013. Promovido por doña Mónica Oltra Jarque respecto de los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas sobre inadmisión a trámite de dos proposiciones no de ley.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación suficiente (STC 44/2010).

Sala Segunda. Sentencia 12/2017, de 30 de enero de 2017

Recurso de amparo 4090-2014. Promovido por la Confederación Nacional del Trabajo respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inadmitió su impugnación de la resolución dictada por el Ministerio de Cultura sobre restitución de documentos incautados durante la Guerra Civil.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la satisfacción de los requisitos exigidos a las personas para entablar acciones, sin brindar la posibilidad de subsanar el defecto padecido (STC 186/2015).

Sala Segunda. Sentencia 13/2017, de 30 de enero de 2017

Recurso de amparo 7301-2014. Promovido por don Ramón Mendoza Jiménez y doña Geanina Schein en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Illescas desestimatorio de su solicitud de habeas corpus.

Vulneración de los derechos a la libertad personal y a la asistencia letrada: negativa del funcionario instructor a proporcionar copia del atestado policial que hiciera posible la impugnación de la detención del solicitante.

Sala Segunda. Sentencia 14/2017, de 30 de enero de 2017

Recurso de amparo 1920-2015. Promovido por don Luis Enrique Lamadriz Torres respecto de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un Juzgado de Castellón desestimatorias de su impugnación de la sanción de expulsión del territorio nacional impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativas y judiciales que no ponderaron las circunstancias personales y familiares al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).

Pleno. Sentencia 15/2017, de 2 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1024-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: pérdida sobrevenida de objeto del proceso (STC 140/2016), carencia argumental del recurso.

Pleno. Sentencia 16/2017, de 2 de febrero de 2017

Conflicto positivo de competencia 1092-2013. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, farmacia y Seguridad Social: STC 210/2016 (constitucionalidad de las previsiones legales autonómicas relativas a la selección, mediante la correspondiente convocatoria pública, por el servicio de salud, de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica).

Pleno. Sentencia 17/2017, de 2 de febrero de 2017

Recurso de amparo 1168-2014. Promovido por la Confederación General del Trabajo respecto de las Sentencias de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de Madrid sobre huelga en el ente público Radio Televisión Madrid.

Supuesta vulneración del derecho a la huelga: utilización de medios técnicos no habituales para la emisión televisiva de un partido de fútbol en jornada de huelga. Voto particular.

Pleno. Sentencia 18/2017, de 2 de febrero de 2017

Conflicto positivo de competencia 2113-2015. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, asistencia social, tráfico y circulación de vehículos a motor: nulidad de los preceptos reglamentarios que regulan la correcta utilización y la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Voto particular.

Pleno. Sentencia 19/2017, de 2 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2256-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica.

Competencias sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y entidades locales: nulidad del precepto legal autonómico que conlleva la caracterización subjetiva de los entes locales inferiores al municipio (STC 41/2016).

Pleno. Sentencia 20/2017, de 2 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5190-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que equipara el personal laboral fijo de determinados centros hospitalarios con el personal estatutario.

Pleno. Sentencia 21/2017, de 2 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5191-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Competencias sobre energía: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan diversos aspectos de la relación económica entre compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad y los consumidores (STC 18/2011).

Sala Segunda. Sentencia 22/2017, de 13 de febrero de 2017

Recurso de amparo 5046-2015. Promovido por don Silvestre Cano Valero respecto de las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Almería, que lo condenaron por un delito de apropiación indebida.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación que se aparta de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 63/2005).

Pleno. Sentencia 23/2017, de 16 de febrero de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 1628-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad prematuramente planteada.

Pleno. Sentencia 24/2017, de 16 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3035-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos apartados del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, principio de igualdad material, control jurisdiccional de la Administración: pérdida sobrevenida de objeto del recurso; constitucionalidad de los preceptos legales que gravan con una tasa la interposición de recursos contencioso-administrativos, modulan el importe de dicha tasa cuando se impugnen sanciones administrativas y regulan su exacción en los supuestos de acumulación de acciones (SSTC 140/2016 y 202/2016).

Pleno. Sentencia 25/2017, de 16 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 7067-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.

Competencias sobre comercio interior: nulidad de los preceptos legales autonómicos que limitan, en determinados períodos temporales, la libertad de horarios comerciales reconocida por la normativa básica estatal (STC 211/2016).

Pleno. Sentencia 26/2017, de 16 de febrero de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad y prejudicial de validez de normas forales fiscales1012-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia-San Sebastián, en relación, de un lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Gipuzkoa, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad económica y prohibición de conficastoriedad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad; nulidad de los preceptos de la norma foral fiscal en tanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Pleno. Sentencia 27/2017, de 16 de febrero de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1842-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista respecto de los artículos 35 y 44 de la Ley de las Cortes Valencianas 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

Condiciones básicas de igualdad; principios de igualdad y no discriminación, justicia financiera, capacidad económica, progresividad, no confiscatoriedad y equidad en la asignación de los recursos públicos; derecho a la integridad física y moral: constitucionalidad de la regulación autonómica de las tasas por prestación de los servicios de atención social y de servicios sociales.

Pleno. Sentencia 28/2017, de 16 de febrero de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 2544-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 36.2 A), párrafo segundo, del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre.

Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal autonómico que limita la publicación de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de aprobación inicial.

Sala Primera. Sentencia 29/2017, de 27 de febrero de 2017

Recurso de amparo 3279-2014. Promovido por doña Osatohanmwen Imafidon respecto de las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado de lo Penal de Manresa que le condenaron por un delito de falsedad en documento público.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (motivación): resoluciones judiciales que no ponderan la existencia de arraigo familiar al acordar la sustitución de una pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.

Sala Segunda. Sentencia 30/2017, de 27 de febrero de 2017

Recurso de amparo 22-2015. Promovido por don Rafael Aznal Navarro en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en proceso por sanción impuesta en materia de transportes terrestres.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación) en relación con el derecho a la legalidad sancionadora: autos dictados en incidente de ejecución de sentencia que no dan adecuada respuesta a la alegación relativa a la aplicación de un precepto legal posteriormente declarado inconstitucional (STC 13/2013).

Sala Segunda. Sentencia 31/2017, de 27 de febrero de 2017

Recurso de amparo 5030-2015. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto de las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas en proceso de incapacitación.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: celebración de vista sin la presencia de la Fiscal designada para intervenir como defensora del demandado (STC 199/2006).

Sala Segunda. Sentencia 32/2017, de 27 de febrero de 2017

Recurso de amparo 6933-2015. Promovido por el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha respecto de las resoluciones dictadas por la Mesa de la Cámara que inadmitieron a trámite sendas peticiones de documentación.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: denegación de documentación solicitada para el ejercicio de la función de fiscalización de la idoneidad para el cargo de los designados como miembros del Consejo de Gobierno autonómico.

Pleno. Sentencia 33/2017, de 1 de marzo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4585-2012. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Límites de los decretos-leyes, derecho a la protección de la salud y competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que modifican la regulación jurídica de la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, el régimen de prescripción de medicamentos y productos sanitarios, y la acción social destinada al personal estatutario de los servicios públicos de salud. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 34/2017, de 1 de marzo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3071-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de los artículos 39.2 y 40 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.

Límites de los decretos-leyes y competencias sobre urbanismo y comercio interior: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la incidencia territorial de las instalaciones de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 35/2017, de 1 de marzo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3076-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso respecto del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Límites de los decretos-leyes, derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, justicia gratuita: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales controvertidos.

Pleno. Sentencia 36/2017, de 1 de marzo de 2017

Conflicto positivo de competencia 5958-2014. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Competencias sobre energía: interpretación conforme con la Constitución del precepto reglamentario relativo a la autorización de instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica (STC 32/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 37/2017, de 1 de marzo de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad y prejudicial de validez de normas forales fiscales 6444-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Álava, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad económica y prohibición de conficastoriedad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad; nulidad de los preceptos de la norma foral fiscal en tanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana (STC 26/2017).

Sala Segunda. Sentencia 38/2017, de 24 de abril de 2017

Recurso de amparo 7430-2015. Promovido por don José Salazar Pérez respecto de la sanción disciplinaria que le fuera impuesta por el Ministerio de Defensa y las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central, que la confirmaron.

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción disciplinaria impuesta por la emisión de un juicio crítico sobre el comportamiento que, respecto de la actividad asociativa, mantienen otros miembros de las Fuerzas Armadas (STC 272/2006).

Sala Primera. Sentencia 39/2017, de 24 de abril de 2017

Recurso de amparo 332-2016. Promovido por don Eneko Compains Silva en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial de Navarra y de un Juzgado de Instrucción de Pamplona que archivaron las diligencias previas incoadas por un delito de torturas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de torturas que se dicen sufridas bajo custodia policial (STC 130/2016).

Sala Segunda. Sentencia 40/2017, de 24 de abril de 2017

Recurso de amparo 351-2016. Promovido por doña Rosa Ehrlich Romero respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia de Majadahonda que denegaron la tramitación de un recurso de apelación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 227/2016).

Sala Primera. Sentencia 41/2017, de 24 de abril de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 5077-2016. Planteada por el Juzgado de violencia sobre la mujer núm. 1 de Tafalla respecto de la ley 71 de la compilación de Derecho civil foral de Navarra, aprobada por Ley 1/1973, de 1 de marzo, en la redacción dada por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril.

Derecho a la tutela judicial e investigación de la paternidad: inconstitucionalidad del precepto foral que impide a los progenitores la reclamación de la filiación no matrimonial (STC 273/2005).

Sala Primera. Sentencia 42/2017, de 24 de abril de 2017

Recurso de amparo 5126-2016. Promovido por doña Belén Gómez Redondo respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social que denegaron la tramitación de un recurso de suplicación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión del recurso de suplicación basada en una interpretación de la ley procesal que reduce las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales (STC 149/2016).

Pleno. Sentencia 43/2017, de 27 de abril de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1815-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación laboral, ordenación general de la economía, función pública y régimen jurídico de las Administraciones públicas: constitucionalidad de los preceptos legales que impiden temporalmente a los entes integrantes del sector público realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (STC 215/2015), limitan la incorporación de nuevos empleados públicos y establecen la gestión centralizada de programas de empleo (STC 194/2016) y el límite inferior de la jornada de trabajo en el sector público (STC 99/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 44/2017, de 27 de abril de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2002-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, la Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Autonomía local, reserva de ley orgánica y competencias sobre régimen local: extinción parcial del proceso constitucional, interpretación conforme con la Constitución del precepto relativo a la coordinación por las diputaciones provinciales de competencias municipales (SSTC 41/2016 y 111/2016).

Pleno. Sentencia 45/2017, de 27 de abril de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2003-2014. Interpuesto por el Parlamento de Andalucía respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Autonomía local y competencias sobre régimen local: extinción parcial del proceso constitucional, interpretación conforme con la Constitución del precepto relativo a la asunción autonómica de competencias municipales en materia educativa (STC 41/2016).

Pleno. Sentencia 46/2017, de 27 de abril de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5972-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Límites de los decretos-leyes y competencia sobre ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos sobre régimen de horarios comerciales (STC 195/2016) y apertura y traslado de centros comerciales. Votos particulares

Pleno. Sentencia 47/2017, de 27 de abril de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 7601-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto de diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: nulidad de la tasa que grava la interposición por personas físicas del recurso de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (STC 140/2016).

Pleno. Sentencia 48/2017, de 27 de abril de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad y prejudicial de validez de normas forales fiscales 232-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Álava, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad; extinción de la cuestión prejudicial de validez (STC 37/2017).

Sala Primera. Sentencia 49/2017, de 8 de mayo de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 2887-2015. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: pérdida sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; constitucionalidad de la previsión legal de tasas para la interposición de recursos de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (SSTC 140/2016 y 47/2017).

Sala Primera. Sentencia 50/2017, de 8 de mayo de 2017

Recurso de amparo 4853-2016. Promovido por don Vincent Labrune en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Eivissa en juicio ordinario de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal llevado a efecto sin agotar las posibilidades de cooperación judicial en el seno de la Unión Europea.

Pleno. Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 8912-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum.

Competencias sobre consultas referendarias: nulidad de los preceptos legales que regulan los aspectos generales de las consultas y las consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de Cataluña.

Pleno. Sentencia 52/2017, de 10 de mayo de 2017

Conflicto positivo de competencia 3808-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad.

Principios de unidad y autonómico; supremacía de la Constitución y procesos de reforma constitucional, competencias sobre hacienda, Seguridad Social y seguridad pública: nulidad del reglamento y de los planes autonómicos.

Pleno. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 54/2017, de 11 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1996-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso, nulidad de los preceptos legales relativos a la cobertura de puestos de trabajo por personal eventual, interpretación conforme de otros preceptos legales (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 55/2017, de 11 de mayo de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 2966-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: inadmisión y pérdida sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; nulidad del precepto legal que establece la cuota variable de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (STC 140/2016).

Pleno. Sentencia 56/2017, de 11 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 292-2015. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Límites de los decretos-leyes y competencia sobre ordenación general de la economía: STC 46/2017 (constitucionalidad de los preceptos sobre régimen de horarios comerciales y apertura y traslado de centros comerciales). Voto particular.

Pleno. Sentencia 57/2017, de 11 de mayo de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 409-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, en relación con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principios de igualdad y capacidad económica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Pleno. Sentencia 58/2017, de 11 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1880-2016. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil.

Competencias sobre seguridad pública y protección civil: interpretación conforme del precepto legal que regula la declaración de emergencias de interés nacional.

Pleno. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 4864-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017).

Sala Primera. Sentencia 60/2017, de 22 de mayo de 2017

Recurso de amparo 3312-2015. Promovido por doña Carmen Huguet, don Carlos Maiques y la mercantil Skylark, S. A., en relación con la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante desestimatoria del recurso formulado frente a la denegación tácita, acordada por el Ayuntamiento de Jávea, de solicitud de iniciación del procedimiento especial de revisión de varias liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): desestimación del recurso contencioso-administrativo que deja imprejuzgada la cuestión de fondo planteada por los actores al remitir a un incidente de ejecución de sentencia que ya había sido rechazado por otro juzgado.

Sala Segunda. Sentencia 61/2017, de 22 de mayo de 2017

Recurso de amparo 935-2016. Promovido por don Joan Roca Sagarra en relación con las Sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de este mismo orden jurisdiccional de Barcelona que desestimaron su demanda sobre extinción de la prestación de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos.

Alegada vulneración del derecho a la igualdad: extemporaneidad del recurso de amparo interpuesto tras el vencimiento del plazo legalmente establecido para impugnar actuaciones de las Administraciones públicas.

Pleno. Sentencia 62/2017, de 25 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 8260-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a los criterios territoriales de colegiación, a la colegiación de personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas y al visado colegial; interpretación conforme con la Constitución de la previsión de existencia de un servicio colegial de visado a disposición de consumidores y usuarios.

Pleno. Sentencia 63/2017, de 25 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 414-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Límites de los decretos-leyes, derechos a la igualdad y a la asistencia sanitaria, competencias sobre sanidad, salud pública, medicamentos y función pública: nulidad del precepto legal que atribuye funciones ejecutivas a la Organización Nacional de Trasplantes a partir exclusivamente del criterio de la supraterritorialidad (STC 27/2014). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 64/2017, de 25 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 419-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Límites de los decretos-leyes y competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de las competencias estatales. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 65/2017, de 25 de mayo de 2017

Conflicto en defensa de la autonomía local 3468-2013. Planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.

Autonomía local y financiación autonómica de servicios locales: extinción, por pérdida sobrevenida, del conflicto en defensa de la autonomía local.

Pleno. Sentencia 66/2017, de 25 de mayo de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6227-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos apartados de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Competencias sobre agricultura y ordenación general de la economía: nulidad de la atribución de determinadas competencias ejecutivas a la Agencia de Información y Control Alimentarios; interpretación conforme del precepto que le faculta para adoptar distintas decisiones en el ejercicio de la potestad sancionadora (STC 85/2015).

Pleno. Sentencia 67/2017, de 25 de mayo de 2017

Conflicto positivo de competencia 3647-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.

Competencias sobre registros públicos: nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos relativos al régimen y criterios objetivos de demarcación de los registros de la propiedad y mercantiles, modifican los distritos hipotecarios, regulan la instalación de oficinas de atención al usuario, la provisión de registros mediante concurso especial, el nombramiento de registradores accidentales, la creación de registros mediante agrupación personal y habilitan a distintos órganos administrativos para el desarrollo normativo de las previsiones reglamentarias.

Pleno. Sentencia 68/2017, de 25 de mayo de 2017

Conflicto positivo de competencia 574-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

Competencias sobre energía: nulidad del precepto reglamentario que prohíbe la conexión de un generador a la red interior de varios consumidores; interpretación conforme del precepto relativo a la autorización de vertidos a la red de energía eléctrica por consumidores que implanten sistemas de ahorro y eficiencia.

Pleno. Sentencia 69/2017, de 25 de mayo de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 2839-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto al segundo inciso del artículo 8 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de creación de colegios profesionales de Castilla-La Mancha.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos (STC 3/2013).

Sala Primera. Sentencia 70/2017, de 5 de junio de 2017

Recurso de amparo 4589-2013. Promovido por Cea Ibérica Chocostar, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona que denegó la tramitación de un recurso de apelación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 55/2017).

Sala Segunda. Sentencia 71/2017, de 5 de junio de 2017

Recurso de amparo 3292-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: SSTC 224/2016 y 225/2016 (inadecuada calificación de las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean incorporarse).

Sala Primera. Sentencia 72/2017, de 5 de junio de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 686-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con diversos apartados del artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.

Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017).

Pleno. Sentencia 73/2017, de 8 de junio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3856-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

Límites de los decretos-leyes y principio de justicia tributaria: nulidad del precepto legal que introduce un procedimiento de declaración especial para la regularización de la situación tributaria de determinados contribuyentes.

Sala Segunda. Sentencia 74/2017, de 19 de junio de 2017

Recurso de amparo 3121-2014. Promovido por Hotelera de Menorca, S. A., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Baleares y un Juzgado de Primera Instancia de Ciutadella de Menorca que denegaron la tramitación de un recurso de apelación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016).

Sala Primera. Sentencia 75/2017, de 19 de junio de 2017

Recurso de amparo 1582-2016. Promovido por doña Julia Nicolás Medrano y don José Luis Antonio Díaz Alonso respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de La Rioja y un Juzgado de Primera Instancia de Logroño en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones judiciales que resuelven un recurso de apelación y rechazan un incidente de nulidad de actuaciones sin tomar en consideración la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del concepto de consumidor.

Sala Segunda. Sentencia 76/2017, de 19 de junio de 2017

Recurso de amparo 5064-2016. Promovido por don Josep Lluís Cleries i González y otros nueve senadores frente a los acuerdos de la Mesa del Senado que denegaron la constitución del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (CDC).

Vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: aplicación de una causa de disolución a un grupo parlamentario todavía no constituido.

Pleno. Sentencia 77/2017, de 21 de junio de 2017

Conflicto positivo de competencia 672-2016. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto de la Generalitat de Cataluña 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, en lo relativo a la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia y del Decreto de la Generalitat de Cataluña 45/2016, de 19 de enero, de estructuración del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos referidos a la acción exterior autonómica sin conexión con el ámbito de competencias de la Generalitat de Cataluña; interpretación conforme del precepto relativo a la función de coordinación de la acción exterior (STC 228/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 78/2017, de 22 de junio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 8112-2006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña.

Competencias sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social: nulidad de los preceptos legales autonómicos que desconocen la competencia exclusiva del Estado para la planificación del espacio radioeléctrico, contradicen la normativa básica estatal en materia de licencias para servicios de comunicación audiovisual cuya prestación exige el uso del espectro radioeléctrico y atribuyen a las instituciones autonómicas determinadas competencias de inspección, control y sanción; interpretación conforme con la Constitución de diversos preceptos legales.

Pleno. Sentencia 79/2017, de 22 de junio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1397-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad de las disposiciones legales estatales relativas a las garantías de la libertad de establecimiento y circulación, principio de eficacia en todo el territorio nacional, determinación de la autoridad de origen y aplicación a actos o disposiciones autonómicos del régimen de suspensión automática consecuencia de su impugnación por el Consejo para la Unidad de Mercado; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a las atribuciones de la secretaría del Consejo en procedimientos en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos.

Pleno. Sentencia 80/2017, de 22 de junio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5679-2015. Interpuesto por el Gobierno Vasco frente al artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

Competencias sobre sanidad: STC 64/2017 (constitucionalidad del precepto legal estatal que regula la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria).

Pleno. Sentencia 81/2017, de 22 de junio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3219-2016. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de competencias ejecutivas (STC 198/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 82/2017, de 22 de junio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1387-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley de las Cortes de Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón.

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal autonómico que lleva a cabo una estabilización del empleo público en el ámbito sanitario.

Sala Segunda. Sentencia 83/2017, de 3 de julio de 2017

Recurso de amparo 4642-2014. Promovido por Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha, S. A., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Albacete y un Juzgado de Primera Instancia que denegaron la tramitación de un recurso de apelación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016).

Sala Segunda. Sentencia 84/2017, de 3 de julio de 2017

Recurso de amparo 277-2015. Promovido por Hotelera de Menorca, S. A., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Baleares y un Juzgado de Primera Instancia de Ciutadella de Menorca que denegaron la tramitación de un recurso de apelación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016).

Sala Primera. Sentencia 85/2017, de 3 de julio de 2017

Recurso de amparo 6179-2015. Promovido por el Ministerio Fiscal en relación con las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas en proceso de incapacitación.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: celebración de vista sin la presencia del Fiscal designado para intervenir como defensor del demandado (STC 31/2017).

Pleno. Sentencia 86/2017, de 4 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3766-2006. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Derechos lingüísticos, libertades de expresión e información, derecho a la legalidad sancionadora y reserva de ley orgánica; competencia sobre condiciones básicas de igualdad, relaciones internacionales, medios de comunicación social y telecomunicaciones: nulidad de los preceptos legales autonómicos que imponen la clara separación entre informaciones y opiniones, como principio básico de la regulación de los contenidos audiovisuales y tipifican la reiteración de ilícitos administrativos; interpretación conforme de diversos preceptos legales autonómicos relativos a la planificación del espacio radioeléctrico, servicio público audiovisual de ámbito local y reserva de espacio público de comunicación.

Pleno. Sentencia 87/2017, de 4 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6352-2010. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en funciones respecto de los apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña.

Derechos lingüísticos y competencia sobre inmigración: nulidad del precepto legal autonómico que hace depender el acceso al conocimiento de la lengua castellana de la efectiva adquisición de competencias básicas en lengua catalana; interpretación conforme de la afirmación del catalán como lengua vehicular en la gestión de las políticas de acogida e integración de inmigrantes.

Pleno. Sentencia 88/2017, de 4 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 7418-2010. Interpuesto por el Defensor del Pueblo respecto del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

Derechos lingüísticos, libertades de expresión y de empresa: interpretación conforme del precepto legal autonómico relativo al derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a la imposición sobre las empresas privadas de un deber de disponibilidad lingüística.

Pleno. Sentencia 89/2017, de 4 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 7454-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine.

Derechos lingüísticos y a la igualdad, libertad de empresa; competencias sobre condiciones básicas de igualdad y comercio exterior: interpretación conforme del precepto legal autonómico que impone determinadas obligaciones lingüísticas a las empresas distribuidoras.

Pleno. Sentencia 90/2017, de 5 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1638-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la disposición adicional cuadragésima y diversas partidas presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017.

Estado de Derecho y unidad de la nación española, procedimientos de reforma constitucional; competencias en materia de consultas referendarias: nulidad del precepto legal y de las partidas presupuestarias en cuanto que se utilicen por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a los gastos derivados de la organización, gestión y convocatoria del proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.

Pleno. Sentencia 91/2017, de 6 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6642-2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios artículos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, entes locales, urbanismo y energía: desaparición sobrevenida de objeto en lo relativo a actuaciones de renovación y rehabilitación urbana; adecuado ejercicio de las competencias estatales en materia de calidad de la regulación, régimen de licencias, planificación energética vinculante y creación de un fondo para la compra de créditos de carbono.

Pleno. Sentencia 92/2017, de 6 de julio de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 5173-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.

Derechos a la igualdad, a la igualdad tributaria y a la tutela judicial efectiva: nulidad de determinadas tasas judiciales, en su aplicación a las personas físicas (STC 140/2016).

Pleno. Sentencia 93/2017, de 6 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2006-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016).

Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital.

Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico que grava la disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios, a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 95/2017, de 6 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2465-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña.

Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de la regulación autonómica de la propiedad temporal.

Sala Segunda. Sentencia 96/2017, de 17 de julio de 2017

Recurso de amparo 6485-2015. Promovido por doña Ximena Patricia Merino Benavidez en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Santander y un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria que declararon el incumplimiento voluntario de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. comisión de un delito de estafa.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que carecen de motivación en cuanto a la voluntariedad del incumplimiento de la pena.

Pleno. Sentencia 97/2017, de 17 de julio de 2017

Conflicto positivo de competencia 6714-2012. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Competencias sobre sanidad: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 33/2017). Voto particular.

Pleno. Sentencia 98/2017, de 20 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 433-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de las competencias estatales. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 99/2017, de 20 de julio de 2017

Conflicto positivo de competencia 766-2013. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.

Competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios que afectan a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Pleno. Sentencia 100/2017, de 20 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6199-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco contra el artículo primero, disposiciones adicionales primera y segunda, y disposiciones finales cuarta y quinta del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas.

Competencias sobre empleo: nulidad del programa de recalificación profesional de quienes agoten su protección por desempleo, así como de su prórroga, y de la habilitación a órganos directivos ministeriales para el desarrollo reglamentario del decreto-ley. Voto particular.

Pleno. Sentencia 101/2017, de 20 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2043-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 857-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos con Estados miembros de la Unión Europea sobre equiparación de profesiones deportivas (STC 228/2016).

Pleno. Sentencia 103/2017, de 6 de septiembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6645-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso respecto del Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 7 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat Valenciana.

Límites de los decretos-leyes autonómicos: constitucionalidad de la utilización del decreto-ley para establecer el régimen jurídico de Radiotelevisión Valenciana, entidad que no reviste la condición de institución autonómica básica, sin afectar a las competencias de las Cortes Valencianas (STC 60/1986). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 104/2017, de 18 de septiembre de 2017

Recurso de amparo 6231-2015. Promovido por Disa Península, S. L. U., frente a las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Alicante acordando la inadmisión de recurso de apelación frente a sentencia pronunciada en un procedimiento concursal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016).

Sala Segunda. Sentencia 105/2017, de 18 de septiembre de 2017

Recurso de amparo 3870-2015. Promovido por doña Flora Conde Sánchez en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de A Coruña y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes en proceso sobre declaración de heredera.

Supuesta vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de nacimiento: apertura de la sucesión hereditaria anterior a la entrada en vigor de la Constitución (STC 9/2010). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 106/2017, de 18 de septiembre de 2017

Recurso de amparo 4129-2016. Promovido por doña Ramona San Emeterio Pérez respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario denegatorio de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada practicada sin intentar averiguar su domicilio (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre de 2017

Conflicto en defensa de la autonomía local 4292-2014. Planteado por 2.393 municipios respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Autonomía local: constitucionalidad de la regulación legal del ejercicio por las entidades locales de competencias impropias, de la coordinación provincial de determinadas funciones municipales y del plan económico-financiero que han de presentar los entes locales que no satisfagan distintos objetivos de estabilidad presupuestaria (SSTC 41/2016 y 111/2016).

Pleno. Sentencia 108/2017, de 21 de septiembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1401-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà.

Competencias sobre régimen local: nulidad de la ley autonómica que crea un municipio cuya cifra de población no alcanza el umbral establecido por la legislación básica en la materia.

Pleno. Sentencia 109/2017, de 21 de septiembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2540-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

Competencias sobre medio ambiente y procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, vulnerando la normativa básica estatal en la materia, introducen causas de exención de la evaluación ambiental estratégica, establecen la nulidad de actos administrativos por omisión de informes técnicos y permiten la subsanación de la evaluación ambiental omitida.

Pleno. Sentencia 110/2017, de 5 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1411-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de las Administraciones públicas: extinción parcial del objeto del recurso y reiteración de interpretación de conformidad (STC 79/2017); nulidad del precepto legal dedicado al principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. Voto particular.

Pleno. Sentencia 111/2017, de 5 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1454-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de las Administraciones públicas; principios de territorialidad, igualdad y seguridad jurídica, libertades de empresa y de circulación: extinción parcial del objeto del recurso (STC 79/2017); nulidad del precepto legal que atribuye a las autoridades del lugar de fabricación la competencia para el control del cumplimiento de la normativa sobre producción y requisitos del producto para su uso y consumo.

Sala Segunda. Sentencia 112/2017, de 16 de octubre de 2017

Recurso de amparo 5547-2016. Promovido por la federación de industrias y trabajadores agrarios de la Unión General de Trabajadores de España, respecto de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó, en casación, su impugnación del convenio colectivo de la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos, S. A.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial que contiene una motivación no respetuosa con el derecho a la igualdad retributiva.

Sala Primera. Sentencia 113/2017, de 16 de octubre de 2017

Cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 1346-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 29.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Bizkaia.

Sistema tributario de los territorios históricos: STC 203/2016 (nulidad de las modificaciones introducidas en el método de estimación objetiva de determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas).

Pleno. Sentencia 114/2017, de 17 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4334-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación».

Soberanía y unidad nacional, reforma constitucional, procedimiento legislativo y competencias en materia de consultas referendarias: nulidad de la ley autonómica que tiene por objeto la regulación de un «referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, las consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la sindicatura electoral de Cataluña».

Pleno. Sentencia 115/2017, de 19 de octubre de 2017

Recurso de amparo 7315-2014. Promovido por don Daniel Alia Coello en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza controvertida). Voto particular.

Pleno. Sentencia 116/2017, de 19 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4682-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.

Competencias en materia de aguas: nulidad de los preceptos legales no amparados por los títulos competenciales autonómicos o que contradicen el principio de unidad de gestión de la cuenca hidrográfica (STC 227/1988).

Pleno. Sentencia 117/2017, de 19 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5269-2015. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto del artículo 19.3 y la disposición transitoria única de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.

Competencias sobre pesas y medidas, principios de seguridad jurídica, igualdad y territorialidad de las competencias autonómicas: constitucionalidad de la regulación legal del régimen de habilitación para la ejecución del control metrológico.

Pleno. Sentencia 118/2017, de 19 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2143-2016. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía frente a los apartados tercero a octavo de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

Competencias sobre montes y medio ambiente: nulidad parcial de la regulación legal de los caminos naturales, interpretación conforme de la habilitación para la construcción de dichos caminos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 119/2017, de 31 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5437-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con los artículos 6, 19 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de las Administraciones públicas: extinción del objeto del recurso de inconstitucionalidad (SSTC 79/2017 y 110/2017).

Pleno. Sentencia 120/2017, de 31 de octubre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 4332-2017. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación».

Soberanía y unidad nacional, reforma constitucional, procedimiento legislativo y competencias en materia de consultas referendarias: nulidad de la resolución parlamentaria dictada para dar cumplimiento a una ley declarada inconstitucional y nula (STC 114/2017).

Pleno. Sentencia 121/2017, de 31 de octubre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 4333-2017. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto de la Generalitat de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación.

Soberanía y unidad nacional, reforma constitucional, procedimiento legislativo y competencias en materia de consultas referendarias: nulidad de la norma reglamentaria dictada para dar cumplimiento a una ley declarada inconstitucional y nula (STC 114/2017).

Pleno. Sentencia 122/2017, de 31 de octubre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 4335-2017. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña.

Soberanía y unidad nacional, reforma constitucional, procedimiento legislativo y competencias en materia de consultas referendarias: nulidad de la norma reglamentaria dictada para dar cumplimiento a una ley declarada inconstitucional y nula (STC 114/2017).

Pleno. Sentencia 123/2017, de 2 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 649-2017. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana.

Estatuto jurídico de los senadores electos por las Asambleas legislativas autonómicas: nulidad de los preceptos legales relativos a la revocación, por las Cortes Valencianas, del nombramiento de senadores designados por la Cámara autonómica.

Pleno. Sentencia 124/2017, de 8 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4386-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

Soberanía nacional, monarquía parlamentaria, unidad de la Nación y derecho a la autonomía, supremacía de la Constitución: nulidad de la Ley autonómica que pretende «dar forma jurídica, de forma transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo estado» resultante de la declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña (STC 114/2017).

Sala Primera. Sentencia 125/2017, de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 2350-2014. Promovido por don Leopoldo Barrantes Conde en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de falsedad en documento oficial.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena, pronunciada en casación, fundada en la atribución de valor probatorio a testimonios personales valorados sin respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción (STC 167/2002).

Sala Segunda. Sentencia 126/2017, de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 5291-2015. Promovido por doña MB. M. P., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza controvertida).

Sala Segunda. Sentencia 127/2017, de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 5353-2017. Promovido por los herederos de doña N. A. C., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza controvertida).

Sala Primera. Sentencia 137 de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 7369-2015. Promovido por Fomento Inmobiliario y Urbanización, S. A., respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimatoria del recurso de apelación sobre liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la prueba: denegación de prueba propuesta en apelación; resolución judicial que ofrece una valoración motivada de la prueba obrante en las actuaciones y da respuesta a la alegación del pretendido carácter confiscatorio del tributo.

Sala Primera. Sentencia 129/2017, de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 2031-2016. Promovido por doña Estrella Rodríguez Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza controvertida). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 130/2017, de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 2817-2016. Promovido por doña María Ángeles Cestero Gordillo en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y un Juzgado de Instrucción de Madrid que absolvieron a todos los acusados en juicio de faltas de lesiones.

Vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba: resoluciones judiciales que hacen recaer sobre la parte la carga de aportar los medios técnicos que permitan la audición y el visionado de una grabación de los hechos controvertidos.

Sala Segunda. Sentencia 131/2017, de 13 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 3538-2016. Promovido por don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho respecto de la Sentencia dictada la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, en apelación, estima impugnación de la resolución de un proceso de provisión de puesto de trabajo en la Administración de la Junta de Castilla y León.

Vulneración del derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad: resolución judicial que crea una causa de incompatibilidad basada en el nexo matrimonial entre dos funcionarios que ocupan puestos jerárquicamente relacionados.

Pleno. Sentencia 132/2017, de 14 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3277-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados respecto de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal.

Principio de protección ambiental, competencias sobre montes y aprovechamientos forestales: constitucionalidad de la norma legal autonómica que, de acuerdo con la legislación básica en la materia, suprime el carácter obligatorio de la acotación del pastoreo en los terrenos afectados por un incendio forestal.

Pleno. Sentencia 133/2017, de 16 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2845-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de los artículos 27 a 45 de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia.

Competencias sobre derecho civil: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la adopción y la autotutela. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 134/2017, de 16 de noviembre de 2017

Conflicto positivo de competencia 4540-2012. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto del Gobierno Vasco 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud y modifican las condiciones de aportación de los usuarios en la financiación de medicamentos. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 135/2017, de 27 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 4850-2014. Promovido por la organización de productores núm. 652, Greenmed, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en proceso sobre reintegro de ayuda agrícola.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que deja sin explicación la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sala Segunda. Sentencia 136/2017, de 27 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 6138-2014. Promovido por doña María Luisa de la Cita Burgueño en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la demandante (STC 147/2016).

Sala Primera. Sentencia 137/2017, de 27 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 5108-2016. Promovido por don Nicolás Sauveur Tixeront Castellano con respecto a las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas en juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 181/2015).

Sala Primera. Sentencia 138/2017, de 27 de noviembre de 2017

Recurso de amparo 6694-2016. Promovido por Lorerecan, S. L, en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Arona en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 139/2017, de 29 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4062-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en la redacción dada por la reforma parcial aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión de 26 de julio de 2017.

Derecho a la participación política de los parlamentarios: interpretación conforme con la Constitución de la regulación del procedimiento de lectura única de las proposiciones de ley.

Pleno. Sentencia 140/2017, de 30 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 501-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los preceptos legales autonómicos que modifican las condiciones de aportación de los usuarios en la financiación de medicamentos (STC 134/2017). Voto particular.

Pleno. Sentencia 141/2017, de 30 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4061-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de designación de senadores o senadoras en representación de la Comunitat Valenciana.

Estatuto jurídico de los senadores electos por las Asambleas legislativas autonómicas: pérdida sobrevenida de objeto del recurso de inconstitucionalidad (STC 123/2017).

Pleno. Sentencia 142/2017, de 12 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3719-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.

Competencias sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la norma legal que fija la duración de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos (STC 158/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Competencias sobre urbanismo: nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de los edificios, así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que establece la exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las instalaciones de nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y 5/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 144/2017, de 14 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1534-2015. Promovido por el Presidente del Gobierno contra la totalidad de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra.

Competencias sobre asociaciones, sanidad, legislación penal y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas establecida en la legislación estatal al regular el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en el marco de las asociaciones de consumidores de esta sustancia.

Pleno. Sentencia 145/2017, de 14 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6022-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de la norma legal autonómica que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 146/2017, de 14 de diciembre de 2017

Recurso de amparo 1659-2016. Promovido por don Ignacio Agorria Ortiz de Zárate y otras cuatro personas frente a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que los condenó, en casación, por un delito contra la salud pública.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en casación impuesta a partir de la reconsideración de la concurrencia de una circunstancia, la existencia de un error de prohibición, introducida de oficio por el tribunal de instancia y sobre la que no pudieron pronunciarse los acusados (STC 167/2002).

Pleno. Sentencia 147/2017, de 14 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3411-2017. Promovido por la Defensora del Pueblo contra el artículo único y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

Principio de protección ambiental, competencias sobre montes y aprovechamientos forestales: interpretación conforme con la Constitución del régimen transitorio de los acotamientos al pastoreo y de los expedientes sancionadores en tramitación (STC 132/2017).

Sala Segunda. Sentencia 148/2017, de 18 de diciembre de 2017

Recurso de amparo 3566-2016. Promovido por don Juan Carlos Nájera Cisneros en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla en proceso por despido.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la demandante (STC 136/2017).

Sala Primera. Sentencia 149/2017, de 18 de diciembre de 2017

Recurso de amparo 5542-2016. Promovido por doña Luisa Fidalgo Rodríguez y doña Marta Canto Pérez respecto de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, en suplicación, rechazó su solicitud de permuta de puestos de trabajo.

Vulneración del derecho a la igualdad: resolución judicial que niega la permuta con fundamento en la interinidad de la relación de empleo y sin ponderar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Pleno. Sentencia 150/2017, de 21 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3418-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto del artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio.

Límites de los decretos-leyes y control parlamentario de los medios de comunicación social del Estado: ausencia de presupuesto habilitante para la reducción del número de miembros de consejo de administración de la corporación RTVE. Voto particular.

Pleno. Sentencia 151/2017, de 21 de diciembre de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 5210-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general.

Igualdad en el acceso a los cargos públicos: establecimiento de un quórum específico para la votación de una moción de censura al alcalde, aplicable a los supuestos en los que medien desvinculaciones del grupo municipal, que no supera el juicio de proporcionalidad respecto del derecho al ejercicio de los cargos representativos. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre de 2017

Recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 (acumulados). Interpuestos por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversos preceptos legales que regulan las consecuencias económicas de la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas «Castor».

Pleno. Sentencia 153/2017, de 21 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 1571-2015. Interpuesto por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el programa de activación para el empleo.

Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen diversas funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal y regulan las relaciones de este con los servicios autonómicos de empleo (STC 100/2017). Voto particular.

Pleno. Sentencia 154/2017, de 21 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 6972-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra.

Competencias sobre función pública, policía foral y policías locales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan las relaciones entre cuerpos de policía, la dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011), la integración de policías auxiliares en los cuerpos de policía local y el régimen disciplinario de los policías de Navarra. Voto particular.

Pleno. Sentencia 155/2017, de 21 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 2192-2016. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

Procedimiento legislativo y facultades de enmienda de los parlamentarios: ausencia de informe autonómico sobre el trasvase Tajo-Segura que no constituye vicio de nulidad de las disposiciones legales concernidas (SSTC 110/2011 y 13/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 156/2017, de 21 de diciembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 3849-2016. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el programa de activación para el empleo.

Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal (SSTC 100/2017 y 153/2017). Voto particular.

AUTOS

Pleno. Auto 24/2017, de 14 de febrero de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, y de los Autos 141/2016, de 19 de julio, y 170/2016, de 6 de octubre, planteado por el Gobierno de la Nación.

Pleno. Auto 109/2017, de 18 de julio de 2017

Cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 639-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 639-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del impuesto de bienes inmuebles de Gipuzkoa.

Pleno. Auto 123/2017, de 19 de septiembre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con determinados acuerdos adoptados por la Mesa y el Pleno del Parlamento de Cataluña el 6 de septiembre de 2017.

Pleno. Auto 124/2017, de 19 de septiembre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la Mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

Pleno. Auto 126/2017, de 20 de septiembre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 4332-2017. Acuerda la imposición de multas coercitivas en la impugnación de disposiciones autonómicas 4332-2017 planteada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 807/XI, por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley del referéndum de autodeterminación. Voto particular.

Pleno. Auto 127/2017, de 21 de septiembre de 2017

Impugnación de disposiciones autonómicas 4333-2017. Acuerda la imposición de multas coercitivas en la impugnación de disposiciones autonómicas 4333-2017 planteada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, por el que se aprueban normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación. Voto particular.

Pleno. Auto 134/2017, de 5 de octubre de 2017

Recurso de amparo 4856-2017. Admite a trámite el recurso de amparo 4856-2017, promovido por el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña y acuerda la suspensión de convocatoria de pleno parlamentario.

Pleno. Auto 142/2017, de 31 de octubre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 5241-2017. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5241-2017, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente al acuerdo del pleno del Senado por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno de España al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Pleno. Auto 144/2017, de 8 de noviembre de 2017

Recurso de inconstitucionalidad 4334-2017. Estima los incidentes de ejecución promovidos por el Presidente del Gobierno en relación con las resoluciones dictadas por el pleno del Parlamento de Cataluña, en sesión de 27 de octubre de 2017, denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente».

Pleno. Auto 150/2017, de 14 de noviembre de 2017

Cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 3438-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 3438-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 102.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, general tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. Voto particular.

Pleno. Auto 174/2017, de 19 de diciembre de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz en relación con varios artículos del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial.

Pleno. Auto 175/2017, de 19 de diciembre de 2017

Cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6, varios apartados, de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico de la Región de Murcia.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2013-2017)

Índice

I. Cuadros generales
Cuadro n.º 1 | Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas
Cuadro n.º 2 | Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso
Cuadro n.º 3 | Resoluciones dictadas durante el año, según el tipo de resolución
Cuadro n.º 4 | Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos)
Cuadro n.º 5 | Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos
Cuadro n.º 6 | Procesos y asuntos admitidos pendientes de Sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones
Cuadro n.º 7 | Asuntos ingresados según el promotor
Cuadro n.º 8 | Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades Autónomas
Cuadro n.º 9 | Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso
Cuadro n.º 10 | Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

III. Recursos de amparo
Cuadro n.º 11 | Origen de los recursos de amparo ingresados
Cuadro n.º 12 | Recurrentes y derecho fundamental invocado
Cuadro n.º 13 | Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE
Cuadro n.º 14 | Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas
Cuadro n.º 15 | Motivos de admisión e inadmisión de los recursos de amparo
Cuadro n.º 16 | Resoluciones dictadas y amparos resueltos

IV. Datos comparados (Años 2013-2017)
Cuadro n.º 17 | Asuntos ingresados
| Resoluciones dictadas
| Asuntos resueltos
| Asuntos pendientes

I.

Cuadros generales

Cuadro n.º 1

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO Y SU DISTRIBUCIÓN INICIAL ENTRE EL PLENO Y LAS SALAS

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 5 | 539 | 544
Febrero | 8 | 463 | 471
Marzo | 7 | 621 | 628
Abril | 7 | 514 | 521
Mayo | 8 | 619 | 627
Junio | 6 | 633 | 639
Julio | 11 | 663 | 674
Agosto | 1 | 98 | 99
Septiembre | 16 | 542 | 558
Octubre | 11 | 526 | 537
Noviembre | 10 | 545 | 555
Diciembre | 5 | 523 | 528
Totales | 95 | 6.286 | 6.381

Cuadro n.º 2

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO, CLASIFICADOS SEGÚN EL TIPO DE PROCESO

Recursos de inconstitucionalidad | 47
Cuestiones de inconstitucionalidad | 33
Recursos de amparo | 6.286
Conflictos positivos de competencia | 3
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | 2
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 4
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 6
Total | 6.381

ASUNTOS INGRESADOS EN EL TRIBUNAL

ASUNTOS INGRESADOS EN EL PLENO

Cuadro n.º 3

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO[1]

| PLENO | SALA I y sus Secciones | SALA II y sus Secciones | TOTAL
Sentencias |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 72 | 20 | 28 | 120
Desestimación | 29 | 2 | 2 | 33
Inadmisión | 2 | – | 1 | 3
Total sentencias (+ asuntos acumulados): | 103 (+2) | 22 | 31 | 156
Dictadas por la Sala |  | 22 | 31 |
Por la sección 1.ª |  | – | – |
Por la sección 2.ª |  | – | – |
Por la sección 3.ª |  | – | – |
Por la sección 4.ª |  | – | – |
Autos | 77 | 58 | 40 | 175
- Inadmisión | 24 | 1 (+1) | 6 (+1) | 31 (+2)
- Terminación[2] | 4 | 11 | 7 | 22
- Suspensión de leyes | 8 | – | – | 8
- Suspensión de otras disposiciones | 1 | 4 | 17 | 22
- Aclaración o rectificación | 3 | 3 | – | 6
- Acumulación | – | 2 | 1 | 3
- Recusación y abstención | 26 | 23 | 2 | 51
- Ejecución | 8 | 2 | – | 10
- Súplica | 2 | 10 | 6 | 18
- Varios | 1 (+1) | 2 | 1 | 4 (+1)
Providencias[3] | 70 (+1) | 3.184 (-4) | 2.996 (-4) | 6.250 (-7)
Admisión | 70 | 26 | 44 | 140
Inadmisión[4] | – | 3.129 (-4) | 2.561 (-4) | 5.690 (-8)
Terminación | – | 29 | 391 | 420
Total de resoluciones dictadas | 250 | 3.264 | 3.067 | 6.581
Total de resoluciones interlocutorias | 119 | 72 | 71 | 262
Total de resoluciones definitivas[5] | 131 | 3.192 | 2.996 | 6.319
Total de asuntos resueltos | 133 | 3.189 | 2.993 | 6.314

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

Cuadro n.º 4

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS DISTINTOS PROCESOS (Y ASUNTOS RESUELTOS[6])

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares
Recurso de inconstitucionalidad | 70 (+2) | 27
Cuestión de inconstitucionalidad[7] | 12 | 1
Recurso de amparo | 53 | 8
Conflicto positivo de competencias | 12 | 5
Conflicto negativo de competencia | – | –
Conflicto entre órganos constitucionales | – | –
Conflicto en defensa de la autonomía local | 2 | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 3 | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | 4 | –
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 156 (+2) | 41

Cuadro n.º 5

RELACIÓN ENTRE ASUNTOS INGRESADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS

Fase de admisión | Pleno | Sala I | Sala II | Salas | Total
Asuntos recibidos | 96 | 3.155 | 3.130 | 6.285 | 6.381
De nuevo ingreso | 95 | 3.143 | 3.143 |  |
Traslados entre Salas | (+1) | (+76/-64) | (+64/-77) |  |
Asuntos admitidos | 71 | 26 | 44 | 70 | 141
Asuntos inadmitidos | 24 | 3.127 | 2.574 | 5.701 | 5.725
Por providencia | – | 3.129 | 2.561 | 5.690 | 5.690
Por Auto[8] | 24 | 1 (+1) | 6 (+1) | 7 (+2) | 31 (+2)
Revocaciones en súplica | – | - 4 | - 4 | - 8 | - 8
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | – | 38 | 393 | 431 | 431
Por providencia | – | 29 | 391 | 420 | 420
Por Auto | – | 9 | 2 | 11 | 11
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | + 2 | - 36 | + 119 | + 83 | + 85

FASE DE SENTENCIA | PLENO | SALA I | SALA II | SECCIONES | SALAS Y SECCIONES | TOTAL
Asuntos a sentenciar | 71 | 23 | 47 |  | 70 | 141
Asuntos admitidos | 71 | 26 | 44 |  | 70 | 141
Traslados entre Salas |  |  |  |  |  |
Avocados (admitidos) | 7 | -5 | -2 |  |  |
Deferidos a las Salas | -7 | 2 | 5 |  |  |
Deferidos a las Secciones |  |  |  |  |  |
Acumulaciones | – | 7 | 1 |  | 8 | 8
Procesos a sentenciar | 71 | 16 | 46 |  | 62 | 133
Asuntos resueltos | 113 | 24 | 32 |  | 56 | 169
Por Sentencia | 103 | 22 | 31 |  | 53 | 156
De los cuales, por la Sala |  |  |  |  |  |
Sección 1.ª |  |  |  |  |  |
Sección 2.ª |  |  |  |  |  |
Sección 3.ª |  |  |  |  |  |
Sección 4.ª |  |  |  |  |  |
Asuntos terminados (después de su admisión) | 10 | – | 1 |  | 1 | 11
Acumulados | – | 2 | – |  | 2 | 2
Procesos resueltos | 113 | 22 | 32 |  | 54 | 167
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | -42 | -1 | + 15 |  | + 14 | -28
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | -42 | -6 | + 14 |  | + 8 | -34

Cuadro n.º 6

A) PROCESOS Y ASUNTOS ADMITIDOS PENDIENTES DE SENTENCIA A 31 DE DICIEMBRE

| Procesos | Asuntos
Pleno | 115 | 116
Recursos de inconstitucionalidad | 76 | 77
Cuestiones de inconstitucionalidad | 12 | 12
Recursos de amparo avocados | 10 | 10
Conflictos positivos de competencia | 13 | 13
Conflictos negativos de competencia | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | 3 | 3
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1 | 1
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 24 | 31
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 50 | 51
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 2 | 2
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad | 24 | 14
Suma de los recursos de amparo | 74 | 92
Suma de los conflictos positivos de competencia | 21 | 13

B) ASUNTOS PENDIENTES DE DECIDIR
SOBRE ADMISIÓN A 31 DE DICIEMBRE

Pleno | 10
Recursos de inconstitucionalidad | 2
Cuestiones de inconstitucionalidad | 7
Conflictos positivos de competencia | –
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Sala Primera Recursos de amparo | 1.211
Sala Segunda Recursos de amparo | 1.167
Ambas Salas Recursos de amparo | 2.378

II.

Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones
y declaraciones

Cuadro n.º 7

PLENO: ASUNTOS INGRESADOS SEGÚN EL PROMOTOR

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | – | 31
Promovidos por el Defensor del Pueblo | – | 3
Promovidos por Diputados o Senadores | 4 | 7
Promovidos por las Comunidades Autónomas | 2 | –
Otros | – | –
Total | 6 | 41
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 1 | 1
Audiencia Nacional | 1 | –
Tribunal Militar Central | – | –
Tribunales Superiores de Justicia | 6 | 3
Tribunales Militares Territoriales | – | –
Audiencias Provinciales | 1 | 1
Juzgados | 18 | 1
Otros | – | –
Total | 27 | 6
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  | 6
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  |
Estado contra Comunidades Autónomas |  | –
Comunidades Autónomas contra Estado |  | 3
Comunidades Autónomas entre sí |  | –
Conflictos negativos de competencia |  | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  | 2
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | 4
Total |  | 9

Cuadro n.º 8

LITIGIOSIDAD TERRITORIAL DURANTE EL AÑO,
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS[9]

| Recursos de inconstitucionalidad[10] | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | – | 2 | – | –
Cataluña | 2 | 16 | 2 | –
Galicia | – | – | – | –
Andalucía | – | 2 | – | –
Asturias | – | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | 1 | – | –
Valencia | – | 3 | – | –
Aragón | – | 2 | – | –
Castilla-La Mancha | – | 1 | – | –
Canarias | – | – | 1 | –
Navarra | – | – | – | –
Extremadura | – | 2 | – | –
Baleares | – | 2 | – | –
Madrid | – | – | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 2 | 31 | 3 | –
33 | 3

Cuadro n.º 10

ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE, CLASIFICADOS POR SU TIPO Y PROCEDENCIA

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad | 76
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | – | 40 |
Defensor del Pueblo | – | 2
Diputados o Senadores | 10 | 7
Comunidades Autónomas | 17 | –
Conflictos positivos de competencia | 13
Planteados por el Gobierno de la Nación | 1
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 12
Cuestiones de inconstitucionalidad | 14
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | 3
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 108

B) Clasificados por Comunidad Autónoma [11]

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | 1 | 4 | – | 1
Cataluña | 9 | 16 | – | 8
Galicia | – | – | – | –
Andalucía | 1 | 2 | – | 1
Asturias | 1 | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | 1 | – | –
Valencia | – | 3 | – | –
Aragón | – | 5 | – | –
Castilla-La Mancha | – | – | – | –
Canarias | 3 | 1 | – | 1
Navarra | 1 | 4 | 1 | –
Extremadura | – | 2 | – | –
Baleares | – | 1 | – | –
Madrid | 1 | 1 | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 17 | 40 | 1 | 11
57 | 12

III.

Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

ORIGEN DE LOS RECURSOS DE AMPARO INGRESADOS

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 27
Procedencia jurisdiccional | 6.224
Civil | 1.117
Penal | 3.256
Penitenciario | 113
Contencioso-administrativo | 1.200
Social | 513
Militar | 25
Electoral | 2
Otros | 33
Total | 6.286

Cuadro n.º 12

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LAS SALAS, CON EXPRESIÓN DE LOS RECURRENTES Y DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 5.468
Personas jurídicas de Derecho privado | 748
Entes públicos | 65
Defensor del Pueblo | –
Ministerio fiscal | –
Otros | 5
Total | 6.286

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 795 | 12,65
Tutela judicial (art. 24 CE) | 4.689 | 74,59
Otros derechos y libertades: | 1.679 | 26,71
Vida e integridad (art. 15 CE) | 160 | 2,55
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 24 | 0,38
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 364 | 5,79
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 246 | 3,91
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 33 | 0,52
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 56 | 0,89
Reunión (art. 21 CE) | 8 | 0,13
Asociación (art. 22 CE) | 7 | 0,11
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 118 | 1,88
Legalidad penal (art. 25 CE) | 594 | 9,45
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | – | –
Educación (art. 27 CE) | 12 | 0,19
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 37 | 0,59
Petición (art. 29 CE) | 20 | 0,32
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | – | –

Cuadro n.º 13

RECURSOS DE AMPARO: FRECUENCIA
DE LA INVOCACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Peniten-ciario | Social | Conten-cioso-administrativo | Militar |
Art. 24.1 |  |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 953 | 2.148 | 56 | 443 | 1.027 | 17 | 4.644
Art. 24.2 |  |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 10 | 74 | 1 | 34 | 12 | 1 | 132
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 47 | 146 | 1 | 49 | 55 | - | 298
Derecho a ser informado de la acusación | - | 28 | - | - | 7 | 2 | 37
Derecho a un proceso público. | 6 | 12 | - | 2 | 4 | - | 24
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 9 | 47 | 1 | 5 | 11 | 1 | 74
Derecho a un proceso con todas las garantías | 144 | 498 | 1 | 50 | 89 | 4 | 786
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 50 | 149 | - | 13 | 44 | 4 | 260
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | – | 17 | – | – | 1 | – | 18
Derecho a la presunción de inocencia | 13 | 916 | 6 | 5 | 48 | 5 | 993
Total | 1.232 | 4.035 | 66 | 601 | 1.298 | 34 | 7.266

Cuadro n.º 14

RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS, SEGÚN EL ÓRGANO QUE DICTÓ LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN

Tribunal Supremo | 2.325
Otros órganos jurisdiccionales: | 3.792
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 5
B) En segunda instancia o suplicación | 2.335
C) En primera o única instancia | 1.452
Órganos no judiciales / no consta | 169
Total | 6.286

Tribunal Supremo | 2.325
Audiencia Nacional | 141
Tribunal Militar Central | 6
Tribunales Superiores de Justicia | 367
Tribunales Militares Territoriales | 1
Audiencias Provinciales | 2.264
Juzgados | 1.013
Órganos no judiciales / no consta | 169
Total | 6.286

RESOLUCIONES JUDICIALES ANULADAS[12]

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 9 | 1
Tribunales Superiores de Justicia | 6 | 2
Audiencia Nacional | 10 | –
Audiencias Provinciales | 9 | 6
Juzgados | 4 | 21

Cuadro n.º 15

A) MOTIVOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de admisión | Recursos | Porcentaje
Ausencia de doctrina constitucional | 27 | 38,03
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 17 | 23,94
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 4 | 5,63
Eventual origen normativo de la vulneración | 4 | 5,63
Eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley | 1 | 1,41
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | 8 | 11,27
Eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales | 4 | 5,63
Repercusión social o económica | – | –
Consecuencias políticas generales | 2 | 2,82
Varios motivos | 4 | 5,63
Sin indicación de motivos | – | –
Total | 71 | 100

B) MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 823 | 13,56
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 2.396 | 39,48
Falta de especial trascendencia constitucional | 1.173 | 19,33
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 105 | 1,73
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 25 | 0,41
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 576 | 9,49
Extemporaneidad del recurso | 298 | 4,91
Falta de subsanación de defectos procesales | 524 | 8,63
Varios motivos | 149 | 2,45
Otros motivos | – | –
Total | 6.069 | 100

Cuadro n.º 16

RESOLUCIONES DICTADAS Y AMPAROS RESUELTOS [13]

| Sentencia | Auto | Providencia definitiva | Sumas
|  | Inadmisión[14] | Terminación[15] | Inadmisión | Terminación[16] |
Pleno | 4 | 1 | – | – | – | 5
Sala Primera | 18 | 1 (+1) | 9 | 3.129 (–4) | 29 | 3.186 (–3)
Sección Primera | – | – | – | – | – | –
Sección Segunda | – | – | 6 | – | – | 6
Sala Segunda | 31 | 6 (+1) | 3 | 2.561 (-4) | 391 | 2.992 (-3)
Sección Tercera | – | – | – | – | – | –
Sección Cuarta | – | – | – | – | – | –
Totales | 53 | 8 (+2) | 12 | 5.690 (–8) | 420 | 6.183 (–6)

IV.

Datos comparados

(2013-2017)

Cuadro n.º 17

DATOS COMPARADOS 2013-2017

Asuntos ingresados | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Recursos de inconstitucionalidad | 76 | 60 | 42 | 32 | 47
Cuestiones de inconstitucionalidad | 106 | 141 | 113 | 44 | 33
Recursos de amparo | 7.376 | 7.663 | 7.203 | 6.685 | 6.286
Conflictos positivos de competencia | 12 | 5 | 5 | 10 | 3
Conflictos negativos de competencia | – | 3 | – | – | 3
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | 1 | 2
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2 | 2 | 2 | 1 | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1 | 4 | 1 | – | 4
Requerimientos sobre tratados internacionales | – | – | – | – | 0
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  | 2 | 1 | 6
Total | 7.573 | 7.878 | 7.368 | 6.774 | 6.381

Resoluciones dictadas | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 129 | 95 | 107 | 125 | 103
Sala Primera y sus Secciones | 39 | 48 | 67 | 37 | 22
La Sala | 39 | 48 | 67 | 37 | 22
Sección 1.ª | – | – | – | – | –
Sección 2.ª | – | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 51 | 72 | 98 | 66 | 31
La Sala | 51 | 72 | 98 | 66 | 31
Sección 3.ª | – | – | – | – | –
Sección 4.ª | – | – | – | – | –
Total | 219 | 215 | 272 | 228 | 156
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 43 | 52 | 64 | 83 | 28
Sala Primera y sus Secciones | 36 | 57 | 37 | 19 | 12
Sala Segunda y sus Secciones | 32 | 48 | 24 | 20 | 13
Total | 111 | 157 | 125 | 123 | 53
Providencias de inadmisión y terminación
Pleno | – | – | 2 | – | –
Sala Primera | 2.802 | 3.275 | 4.258 | 3.653 | 3.158
Sala Segunda | 3.082 | 3.406 | 4.107 | 3.851 | 2.952
Total | 5.884 | 6.681 | 8.367 | 7.504 | 6.110
Autos interlocutorios | 187 | 148 | 104 | 86 | 122
Providencias de admisión | 264 | 208 | 196 | 127 | 140 (+1)
Total de resoluciones definitivas (Sentencias + Autos definitivos + providencias definitivas) | 6.214 | 7.051 | 8.764 | 7.855 | 6.319
Total de resoluciones dictadas | 6.665 | 7.409 | 9.064 | 7.852 | 6.581

ADMISIÓN EN LAS SALAS

ADMISIÓN EN EL PLENO

Asuntos resueltos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Por Sentencia | 76 | 50 | 56 | 84 | 70
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 2 | 1 | – | – | –
Por Auto o providencia | 2 | 7 | 8 | 3 | 3
(de ellos, por resolución de Sala) | 3 | 1 | – | 3 | –
Acumulados con los anteriores | 5 | 5 | – | 3 | 2
Total | 83 | 62 | 64 | 90 | 75
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Por Sentencia | 17 | 32 | 107 | 41 | 12
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 6 | 15 | 84 | 25 | 3
Por Auto o providencia | 61 | 52 | 65 | 79 | 25
(de ellos, por resolución de Sala) | 21 | 12 | 11 | 2 | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 78 | 84 | 172 | 120 | 37
Recursos de amparo |  |
Por Sentencia | 87 | 109 | 96 | 88 | 53
(de ellos, por Sentencia del Pleno) | 9 | 15 | 17 | 10 | 4
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 78 | 94 | 79 | 78 | 49
(de ellos, por Sentencia de Sección) | – | – | – | – | –
Por Auto de inadmisión | 5 | 3 | – | 3 | 8
(de ellos, por Auto del Pleno) | – | – | – | 1 | 1
Por providencia de inadmisión | 5.342 | 6.659 | 7.880 | 7.026 | 5.690
Por otras causas | 574 | 109 | 535 | 478 | 432
Acumulado con los anteriores | 3 | 2 | 2 | 1 | – 6
Total | 6.012 | 6.882 | 8.513 | 7.596 | 6.177
Conflictos positivos de competencia |  |
Por Sentencia | 38 | 20 | 7 | 12 | 12
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 4 | 10 | 2 | – | –
Por Auto o providencia | 2 | – | – | – | –
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 40 | 20 | 7 | 12 | 12
Conflictos negativos de competencia |  |
Por Sentencia | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | 3 | – | – | –
Total | – | 3 | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |
Por Sentencia | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |
Por Sentencia | 1 | 3 | 1 | 2 | 2
Por Auto o providencia | 3 | 2 | 2 | 1 | –
Total | 4 | 5 | 3 | 3 | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |
Por Sentencia | – | 1 | 5 | – | 3
Por Auto o providencia | – | – | 1 | – | –
Total | – | 1 | 6 | – | 3
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales
Por Declaración | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Por Sentencia | – | – | – | – | 4
Por Auto o providencia | – | – | – | 1 | 5
Total | – | – | – | 1 | 9
Total de asuntos resueltos | 6.217 | 7.057 | 8.765 | 7.822 | 6.315

SENTENCIAS EN LAS SALAS

SENTENCIAS EN EL PLENO

Asuntos admitidos pendientes de Sentencia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 175 | 183 | 157 | 103 | 76
Acumulados | 8 | 4 | 6 | 3 | 1
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 183 | 187 | 163 | 106 | 78
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 27 | 27 | 19 | 20 | 12
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 19 | 35 | 9 | 3 | –
Procesos en la Sala Segunda | 25 | 46 | 19 | 1 | 2
Total | 71 | 108 | 47 | 24 | 14
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 29 | 23 | 23 | 22 | 13
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 4 | 1 | 1 | – | –
Procesos en la Sala Segunda | 9 | 2 | – | – | –
Total | 42 | 26 | 24 | 22 | 13
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | 1 | 3
Total | – | – | – | 1 | 3
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |
Procesos en el Pleno | 7 | 5 | 4 | 2 | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 7 | 5 | 4 | 2 | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  |  |
Procesos en el Pleno | 1 | 4 | – | – | –
Total | 1 | 4 | – | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | 3 | 1 | 1
Total | – | – | 3 | 1 | 1
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 12 | 10 | 11 | 8 | 10
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | –
Sala Primera y sus Secciones | 77 | 36 | 34 | 26 | 24
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | 7
Sala Segunda y sus Secciones | 78 | 70 | 54 | 40 | 50
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | 1
Suma de procesos de amparo | 167 | 116 | 99 | 74 | 84
Total de procesos pendientes de Sentencia de Pleno | 251 | 252 | 217 | 157 | 115
Total de procesos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 212 | 190 | 117 | 70 | 76
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Pleno | 259 | 256 | 223 | 160 | 116
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 212 | 190 | 117 | 70 | 84

Asuntos pendientes de admisión | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | 4 | 5 | 2 | 1 | 2
Cuestiones de inconstitucionalidad | 38 | 50 | 55 | 10 | 7
Recursos de amparo avocados | – | – | – | – | –
Conflictos positivos de competencia | 1 | – | – | – | –
Conflictos negativos de competencia | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | – | – | – | 1
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | – | – | – | –
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 1.987 | 2.403 | 1.770 | 1.224 | 1.211
Sala Segunda | 1.751 | 2.060 | 1.542 | 1.134 | 1.167
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 43 | 55 | 57 | 11 | 10
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 3.738 | 4.463 | 3.312 | 2.358 | 2.378

PENDIENTES DE SENTENCIA EN EL PLENO

PENDIENTES DE SENTENCIA EN LAS SALAS

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN EL PLENO

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN LAS SALAS

RESUMEN DEL PLENO

RESUMEN DE LAS SALAS

RESUMEN DEL TRIBUNAL

[1] Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

[2] Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

[3] Providencias que no son de mero trámite.

[4] Fueron revocadas en súplica nueve providencias de inadmisión: dos de la Sala Primera y siete de la Sala Segunda.

[5] Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

[6] Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados.

[7] De ellas, ninguna cuestión interna de inconstitucionalidad.

[8]Entre paréntesis figuran los dos autos que, estimando el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la providencia de inadmisión del correspondiente recurso de amparo, acordaron su inadmisión por motivo distinto del inicialmente apreciado.

[9] Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

[10] Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

[11] Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

[12] Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial sólo se registra la anulación de la sentencia.

[13] Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

[14]Entre paréntesis figuran los dos autos que, estimando el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la providencia de inadmisión del correspondiente recurso de amparo, acordaron su inadmisión por motivo distinto del inicialmente apreciado.

[15] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[16] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tramitó en total 641 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra representó el 1,01 por 100 de las demandas tramitadas durante el año por el Tribunal, que ascendieron a 63.350.

Por lo que se refiere a las demandas relacionadas con España, cumple señalar que 634 de ellas fueron declaradas inadmisibles, otras seis fueron resueltas por sentencia y el asunto Jiménez Ruiz c. España fue archivado mediante auto de la Sección Tercera, actuando en composición de Comité de tres Jueces, de 9 de noviembre de 2017. En cuanto a las sentencias, fue desestimatoria la dictada en el asunto López Elorza c. España, de 12 de diciembre de 2017, y estimatorias las otras cinco: asuntos Aparicio Navarro Reverter y García San Miguel y Orueta c. España, de 10 de enero de 2017; Rubio Dosamantes c. España, de 21 de febrero de 2017; Trabajo Rueda c. España, de 30 de mayo de 2017; Atutxa Mendiola y otros c. España, de 13 de junio de 2017; y N. D. y N. T. c. España, de 3 de octubre de 2017.

Además de estas sentencias cabe mencionar algunas resoluciones adoptadas en fase de admisión y la ya consignada decisión de archivo del asunto Jiménez Ruiz c. España, referido a la denegación de pensión de viudedad resultante de la falta de comunicación al juez de la reconciliación posterior a la separación judicial de los cónyuges. La demandante había aducido discriminación contraria al artículo 14 del Convenio y vulneración del derecho de propiedad, protegido por el artículo 1 del Protocolo adicional núm. 1. Las partes alcanzaron un acuerdo amistoso por el cual el Gobierno de España se allanaba a los argumentos de la actora y otorgaba tanto una pensión de jubilación con los atrasos correspondientes, como una cantidad indemnizatoria.

En el asunto Benavent Díaz c. España, la Sección Tercera, actuando como Sala en composición de siete Jueces, acordó unánimemente la inadmisión de una demanda en la que se controvertía una sanción privativa de libertad impuesta a un suboficial del Ejército de Tierra por la comisión de una infracción leve. La decisión de inadmisión se fundó en la vigencia de las reservas formuladas a los artículos 5 y 6 del Convenio en el momento de formalizarse la adhesión de España. Dichas reservas se orientan a salvaguardar la compatibilidad de los indicados preceptos del Convenio de Roma con la regulación que el Derecho español contiene del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Como ya se ha indicado, la vigencia de tales reservas determinó la inadmisión de la demanda.

En sendas decisiones de 19 de octubre de 2017, se acordó el archivo parcial y la inadmisión parcial de los asuntos E. S. c. España y S. M. c. España. Las demandas habían sido promovidas por quienes habían visto cómo la Administración española rechazaba su solicitud de protección internacional. Ambos demandantes adujeron el riesgo que correrían caso de ser devueltos a sus países de origen y la inexistencia de un recurso efectivo con el que controvertir la decisión administrativa. Sin embargo, la Sección Tercera, actuando nuevamente en composición de Comité de tres Jueces, constató que la orden de expulsión había quedado en suspenso al haber sido impugnada en vía contencioso-administrativa, lo que tornaba inconsistente el alegato de infracción del derecho a un recurso efectivo, en relación con los derechos a la vida y a la integridad física (artículos 13, 2 y 3 del Convenio, respectivamente) y determinaba el archivo de las actuaciones.

Cronológicamente, la primera de las sentencias dictadas en el año 2017 en asuntos relacionados con España fue la recaída en el caso Aparicio Navarro Reverter y García San Miguel y Orueta c. España, de 10 de enero de 2017. Los demandantes alegaban no haber sido notificados de la existencia de un proceso judicial en el que se discutía la legalidad de la construcción de una vivienda de su propiedad. El Tribunal de Estrasburgo constató que los afectados eran perfectamente identificables y que la falta de emplazamiento al proceso vulneró las garantías del derecho a un proceso equitativo, proclamado en el artículo 6 del Convenio. La sentencia acordó una satisfacción equitativa para los demandantes, en los términos del artículo 41 del Convenio.

En su sentencia de 21 de febrero de 2017, en el asunto Rubio Dosamantes c. España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó la demanda interpuesta por una cantante mexicana en relación con los comentarios que, sobre su vida sentimental y su orientación sexual, se hicieron en diferentes programas de televisión. La sentencia declaró que los tribunales nacionales habían vulnerado el derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 8 del Convenio, al no ponderarlo adecuadamente en su contraste con la libertad de expresión e información.

El 30 de mayo de 2017, el Tribunal de Estrasburgo dictó sentencia estimatoria en el asunto Trabajo Rueda c. España. La sentencia, a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante, concluyó que se había vulnerado el derecho a la vida privada del demandante cuando la policía, careciendo de autorización judicial, accedió a su ordenador para comprobar que en él se guardaban archivos de pornografía infantil por cuya posesión y difusión fue posteriormente condenado en vía penal. El Tribunal constató que no se había acreditado la concurrencia de razones de urgencia que justificaran la falta de intervención judicial.

En el asunto Atutxa Mendiola y otros c. España, en el que se dictó sentencia de 13 de junio de 2017, el Tribunal estimó la demanda interpuesta por tres antiguos miembros del Parlamento vasco condenados por el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia al no haber dado adecuado cumplimiento a la orden que este mismo órgano judicial les había dirigido para que disolvieran el grupo parlamentario Batasuna. La sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho a un proceso equitativo, protegido por el artículo 6 del Convenio, en su vertiente de derecho a la defensa, en la medida en que la sentencia condenatoria había tomado en especial consideración un elemento subjetivo del injusto —la intencionalidad de la conducta enjuiciada— directamente y sin dar audiencia a los acusados.

Por sentencia de 3 de octubre de 2017 se resolvió finalmente el asunto N. D. y N. T. c. España. La sentencia, que cuenta con un voto particular parcialmente discrepante, estimó las demandas promovidas por quienes habían sido objeto de devolución inmediata al Reino de Marruecos tras un intento frustrado de atravesar ilegalmente el puesto fronterizo de Melilla. El Tribunal concluyó que se habían producido sendas vulneraciones del artículo 4 del Protocolo núm. 4 al Convenio, que prohíbe taxativamente las expulsiones colectivas de extranjeros y, en relación con ellos, del artículo 13 del Convenio, toda vez que los demandantes no habían dispuesto de una vía efectiva de recurso previa a su devolución inmediata.

Finalmente, el 12 de diciembre de 2017 se dictó sentencia en el asunto López Elorza c. España, desestimando la demanda promovida por un ciudadano de Colombia y Venezuela, quien afirmaba que su extradición a los Estados Unidos le exponía a un riesgo de internamiento contrario al derecho a no padecer torturas ni tratos degradantes reconocido en el artículo 3 del Convenio. La sentencia, tras examinar las directrices sobre imposición de penas en Estados Unidos y las circunstancias del caso, concluyó que la posibilidad de que el demandante fuera condenado a cadena perpetua era mínima e hipotética, por lo que no consideró probada la existencia de un riesgo real en el caso. No obstante, la sentencia también apuntó la conveniencia de que España pospusiera la extradición hasta la existencia de una sentencia firme que conjurase todo peligro.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 370 asuntos relacionados con España, cifra que no incluye los asuntos que no hayan sido previamente registrados como demandas. De ellos, 63 pendían de la decisión de un Juez, seis de Comités de tres Jueces y 96 habían sido sometidos a la competencia de Salas de siete Jueces.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 3: prohibición de la tortura

* Sentencia de 12 de diciembre de 2017. Asunto López Elorza c. España

El demandante, nacional de Colombia y Venezuela y residente en España, había sido acusado en Estados Unidos de la comisión de un delito relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes. La solicitud de detención y posterior extradición fue aceptada por España al apreciar la Audiencia Nacional que las autoridades estadounidenses habían dado garantías suficientes de que una eventual condena que llevara aparejada la imposición de una pena de cadena perpetua podría ser recurrida y que, en todo caso, el acusado podría solicitar el indulto o conmutación de la pena. Promovido recurso de amparo, fue inadmitido, de una parte, porque no se satisfizo la carga que sobre el recurrente pesaba de denunciar, tan pronto como hubiera ocasión para ello y en todo caso ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales a la intimidad y a la legalidad penal y, de otra, por la manifiesta inexistencia de cualquiera otra violación de un derecho fundamental susceptible de tutela en amparo.

La sentencia reiteró que la cadena perpetua no es por sí misma una pena incompatible con el Convenio, siempre que no resulte desproporcionada. Al respecto, hizo hincapié en que la prohibición de tratos inhumanos o degradantes del artículo 3 del Convenio, si bien no impide el cumplimiento íntegro de este tipo de penas, excluye por completo que sean irreducibles de jure y de facto, de modo que el condenado ha de tener alguna posibilidad de llegar a salir en libertad. La cadena perpetua será conforme con el artículo 3 del Convenio si el derecho nacional permite su revisión, con vistas a su conmutación, condonación, extinción o libertad condicional. En el caso, tras analizar las circunstancias concurrentes y las directrices sobre imposición de penas, el Tribunal concluyó que no había quedado demostrada siquiera la imposición de la pena en cuestión. No obstante, apuntó la conveniencia de aguardar hasta que se dictase una resolución definitiva antes de ejecutar la extradición.

2. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 10 de enero de 2017. Asunto Aparicio Navarro Reverter y García San Miguel y Orueta c. España

Los demandantes, propietarios de un apartamento en Sanxenxo, no recibieron comunicación oficial alguna de la pendencia de un proceso contencioso–administrativo en el que se concluyó declarando la ilegalidad de las obras de construcción de dicha vivienda. El subsiguiente recurso de amparo fue inadmitido al apreciarse falta de especial trascendencia constitucional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la vulneración del derecho de acceso al proceso habida cuenta de que los demandantes, quienes tenían un evidente interés en la impugnación contencioso–administrativa resuelta inaudita parte, eran perfectamente identificables a partir de los datos obrantes en las actuaciones judiciales y no habían sido llamados al proceso para permitirles actuar en defensa de sus derechos e intereses. Además, constató que habían desplegado toda la diligencia exigible al instar un incidente de nulidad de actuaciones tan pronto tuvieron conocimiento de la sentencia y pudieron personarse y constituirse en parte. La sentencia añadió que ni la modificación del planeamiento urbanístico sobrevenida tras el pronunciamiento de la sentencia, ni la eventual legalización futura de la urbanización, constituyen fórmulas suficientes de reparación de la infracción de las garantías del derecho a un proceso equitativo, en los términos del art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos.

* Sentencia de 13 de junio de 2017. Asunto Atutxa Mendiola y otros c. España

Los demandantes eran miembros de la Mesa del Parlamento del País Vasco en el momento en que fue dictada la sentencia que declaró la ilegalidad de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. En ejecución de sentencia, la Sala Especial del Tribunal Supremo ordenó la disolución de todos los grupos parlamentarios que llevaran el nombre de Batasuna. Como consecuencia de la desatención de esta orden, los demandantes fueron condenados por un delito de desobediencia. El posterior recurso de amparo fue desestimado por la STC 205/2013, de 5 de diciembre.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 13 de junio de 2017, declaró vulnerado el derecho a un proceso equitativo en la medida en que la condena se fundó en una nueva valoración de pruebas de carácter personal realizada sin dar oportunidad a los acusados a exponer sus argumentos ni brindarles audiencia. Tras una sentencia absolutoria en instancia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó en casación a partir de una apreciación sobre la concurrencia de un elemento subjetivo, la intencionalidad de la conducta, que prescindió del contacto directo con los acusados.

3. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 21 de febrero de 2017. Asunto Rubio Dosamantes c. España

La cantante Paulina Rubio promovió una acción civil para la protección de su derecho al honor y a la vida privada frente a quienes habían realizado comentarios sobre su vida sentimental y orientación sexual en distintos programas de televisión. La demanda fue desestimada en primera instancia y apelación; el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación y la demanda de amparo fue inadmitida porque no se había justificado su especial trascendencia constitucional.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató la vulneración del derecho a la vida privada de la demandante (art. 8 del Convenio) toda vez que la revelación de aspectos como los concernidos en el caso no puede merecer la consideración de injerencia legítima en la esfera íntima de la persona habida cuenta de que no contribuye a la celebración de un debate ilustrado sobre temas de interés general. Los órganos jurisdiccionales nacionales no llevaron a cabo una ponderación circunstanciada de los derechos en presencia —derecho a la vida privada y familiar y libertades de expresión e información—, por lo que no satisficieron las obligaciones positivas dimanantes del artículo 8 del Convenio.

* Sentencia de 30 de mayo de 2017. Asunto Trabajo Rueda c. España

En este caso, el demandante había sido condenado por un delito de corrupción de menores como consecuencia de la posesión y difusión de pornografía infantil. La investigación policial que derivó en su posterior condena se inició a resultas de la denuncia formulada por el técnico que había procedido a reparar el ordenador personal del demandante, quien al momento de comprobar el correcto funcionamiento del aparato informático había encontrado ficheros conteniendo pornografía infantil. La policía, sin solicitar autorización judicial, procedió a comprobar el contenido de los ficheros en cuestión y amplió la búsqueda a otras partes del disco duro del ordenador. La condena penal fue confirmada en casación y el posterior recurso de amparo fue desestimado por la STC 173/2011, de 7 de noviembre.

Analizada la cuestión desde la perspectiva que ofrece la definición del derecho a la vida privada y familiar plasmada en el artículo 8 del Convenio, la sentencia apreció que el Derecho español contiene previsiones normativas suficientes que contemplan la posibilidad de prescindir de la autorización judicial en situaciones de urgencia que precisen de una actuación inmediata; constató, igualmente, que la injerencia en el derecho afectado tenía una de las finalidades contempladas en el indicado precepto convencional. Sin embargo, concluyó que la medida no superaba el juicio de proporcionalidad pues no se había acreditado la existencia de un riesgo efectivo de desaparición de los ficheros guardados en un ordenador intervenido y que se encontraba en poder de las fuerzas de seguridad.

4. Artículos 13: derecho a un recurso efectivo, y 4 del Protocolo núm. 4: prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros

* Sentencia de 3 de octubre de 2017. Asunto N. D. y N. T. c. España

Como ya se ha avanzado, los demandantes en este asunto habían tratado en vano de penetrar en el territorio nacional, siendo devueltos a Marruecos. Meses después de este primer intento, ambos lograron su propósito, si bien el primero de ellos fue posteriormente devuelto a su país y, respecto del segundo, sobre quien pesa asimismo una orden de expulsión, se ignora su paradero.

La sentencia estimó la demanda y declaró la vulneración del artículo 4 del Protocolo adicional núm. 4 al Convenio, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros y, en relación con esta misma prohibición, del artículo 13 del Convenio, referido al derecho a un recurso efectivo. Rechazó el Tribunal la objeción de que los hechos habían tenido lugar fuera del territorio nacional puesto que las vallas fronterizas se encuentran bajo el control continuo y exclusivo de las autoridades españoles, lo que implica el sometimiento a la jurisdicción de España y la consiguiente aplicación de las garantías del Convenio. Sentado esto, hizo hincapié en que la devolución inmediata y coactiva de los demandantes al Reino de Marruecos representó un supuesto manifiesto de expulsión que, al producirse en ausencia de una resolución administrativa o judicial individualizada, revistió el carácter de expulsión colectiva a los efectos del mencionado artículo 4 del Protocolo núm. 4. Por otro lado, dado que los demandantes no tuvieron acceso a un intérprete ni a la información necesaria sobre el derecho de asilo o el procedimiento que había de seguirse para su expulsión, la sentencia estimó que se habían visto privados del derecho a un recurso efectivo.

V. Discurso en el acto de la duodécima renovación parcial del Tribunal Constitucional

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017

Excmos. Sres. Magistrados del Tribunal Constitucional, Presidentes y Magistrados eméritos, Excmo. Sr. Presidente del Senado, Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr Ministro de Justicia, autoridades, señoras y señores:

El 12 de enero del 2011 cuatro Magistrados, cuyo nombramiento había sido propuesto por el Senado, tomamos posesión de nuestro cargo en este mismo salón de actos. La renovación se producía tras un retraso de más de tres años y vino precedida de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que acortó el periodo de ejercicio del cargo por un tiempo equivalente al de la demora. Esta es la razón por la que, transcurridos sólo algo más de seis años, se pone fin a nuestro mandato constitucional.

Lo hago acompañado de la Vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doña Adela Asua Batarrita, y con el pesar de no poder realizarlo con nuestros otros dos compañeros. El 29 de noviembre del 2013 falleció don Francisco Hernando Santiago, quien durante casi tres años desempeñó una labor con la que culminaba su dilatada carrera, leal y comprometida, al servicio de la Justicia española. Tiempo después, el 15 de abril del 2015, en el interregno de un pleno falleció en su despacho, en esta misma sede, el Magistrado don Luis Ortega Álvarez, sin que su muerte le haya sin embargo impedido enriquecer el acervo de nuestra jurisprudencia con su magisterio. Su recuerdo, que nos ha acompañado durante todos estos años, se nos hace en estos momentos particularmente vivo.

Las grandes instituciones son fruto de las aportaciones de los hombres y mujeres que las sirven, pero –y esa es su grandeza– trascienden a la contingencia de éstos. Por ello, la partida de quienes durante un tiempo las hemos encarnado, incluso cuando esa partida se produce de manera trágica, como fue el caso de nuestros compañeros, forma parte del ciclo vital de la Institución y, en la medida en la que produce su renovación, da cuenta de su permanencia y de su fortaleza. En efecto, este acto austero pero solemne con el que el Tribunal recibe a sus nuevos magistrados y despide a quienes hoy cesamos como tales, viene a visualizar la continuidad y el renuevo de la Institución, que constituyen la mejor garantía del desempeño de las trascendentales funciones que tiene encomendadas.

La renovación del Tribunal Constitucional que hoy nos concita se ha producido –y quiero congratularme por ello– conforme a los plazos legalmente previstos, con mínimo retraso. Con ella, se incorporan a la nómina de magistrados que han hecho la historia de esta casa tres eminentes juristas: el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social don Alfredo Montoya Melgar, el Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, doña María Luisa Balaguer Callejón. Y renueva merecidamente su mandato nuestro compañero don Ricardo Enríquez Sancho, que durante casi tres años ha sido un juez constitucional ejemplar. A todos ellos quiero, en nombre de la Institución y en el mío propio, darles la enhorabuena y la bienvenida a esta casa y desearles un satisfactorio y sereno ejercicio de sus graves responsabilidades.

* * *

Autoridades, señoras y señores:

De acuerdo con nuestra tradición, que no quisiera yo dejar de observar, en este acto de renovación parcial suele el Tribunal hacer balance de la actividad desarrollada en la etapa que se cierra. Una actividad que ha sido, ciertamente, ingente en los diversos ámbitos en los que el Tribunal se desenvuelve y para cuya cabal apreciación remito a nuestras memorias anuales, donde se da pormenorizada cuenta de su alcance y diversidad.

Aunque, como resulta obvio, voy a centrar mi intervención en valorar nuestra actividad jurisdiccional, que constituye nuestra primordial ocupación, permítanme que antes de dar sucinta cuenta de nuestros resultados en este ámbito, me refiera brevemente a dos proyectos que he podido ver realizados y en los que creo que la casa ha puesto y ha dado lo mejor de sí misma, razón por la que quiero aquí reconocer y agradecer el trabajo de quienes los han hecho posibles. Me refiero a nuestra modernización tecnológica, que ha permitido mejorar nuestro acercamiento a los ciudadanos, amén de hacer del Tribunal Constitucional una institución modélica en punto al cumplimiento de los objetivos de transparencia; y me refiero también al fortalecimiento de nuestra dimensión internacional, que se ha traducido en la ampliación de nuestro ámbito de influencia y en la consolidación de las relaciones existentes.

En el primer ámbito, quiero destacar y poner en valor nuestra nueva web, que facilita de forma actualizada la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística de la casa, y nos permite proporcionar puntual respuesta a las peticiones que nos llegan de información pública; el registro electrónico del Tribunal, que ya funciona a pleno rendimiento; y nuestra aplicación para dispositivos móviles, pionera en la justicia española, que permite acceder en tiempo real a la información disponible sobre nuestra actividad jurisdiccional.

En el segundo ámbito, el internacional, el Tribunal ha mantenido su participación activa en los foros a los que ya pertenecía, como son el Congreso Mundial de Justicia Constitucional, la Conferencia Europea de Justicia Constitucional, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que lideramos e impulsamos, y la llamada Trilateral, que reúne a los Tribunales constitucionales de Italia, Portugal y España, y a la que en la próxima edición se incorporará Francia; asimismo, y en paralelo, ha estrechado sus relaciones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –acabamos de incorporarnos a su Red de Cortes Superiores– y con muchos de nuestros homólogos europeos (Francia, Alemania, Austria, etc.), iberoamericanos (Perú, Chile, República Dominicana, etc.) y norteafricanos (particularmente, Marruecos). La proyección internacional del Tribunal Constitucional español es corolario lógico de su prestigio y autoridad y de requerimientos continuos, que no siempre está en condiciones de atender.

Paso a continuación a referirme a nuestra actividad jurisdiccional, de la que quisiera dar cuenta con dos breves apuntes. Uno cuantitativo, que permite percibir la magnitud del trabajo realizado en estos años y la situación en la que ahora se encuentra la Institución. Y otro, por lo escogido, cualitativo, pues dada la cantidad y diversidad de los asuntos sobre los que el Tribunal se ha pronunciado, se me hace impracticable dar en este acto siquiera sucinta cuenta de nuestra reciente doctrina, y me he permitido la licencia de elegir una de las más importantes sentencias dictadas durante de este periodo, para dialogar con ella a propósito de la actualidad.

Del trabajo del Tribunal en estos años da buena cuenta la situación de nuestra pendencia, que sin merma del proceso de elaboración y deliberación de nuestras resoluciones, se ha visto significativamente reducida. Por lo que se refiere a los asuntos de pleno, es decir, aquellos de mayor relevancia, por cuanto son propios de la jurisdicción constitucional, en junio del 2013 cuando se inició nuestro mandato, los asuntos pendientes de sentencia eran 331; hoy son menos de la mitad, concretamente, 144. Lo que significa que, si se mantiene el actual ritmo de trabajo, el nuevo Tribunal puede alcanzar el objetivo, que por momentos ha parecido inalcanzable en nuestra historia, de poner el Tribunal al día. De hecho, y por lo que respecta a los amparos, pese a que la cifra de recursos planteados sigue siendo muy alta, lo hemos conseguido ya. La rapidez con la que el Tribunal responde a las demandas de justicia constitucional que recibe habla de la calidad de nuestro sistema de control de constitucionalidad, pues también la justicia constitucional cuando es lenta es menos justicia.

Los resultados de los que doy cuenta son, quiero subrayarlo, fruto del esfuerzo de todos. En primer lugar y desde luego, de los Magistrados, pero también de la Secretaría General, del magnífico grupo de Letrados de la Casa, de los Secretarios de Justicia, de los funcionarios y del personal laboral del Tribunal, que son un ejemplo de entrega y laboriosidad, del que quiero dejar testimonio.

Como apuntaba más arriba, la doctrina elaborada por el Tribunal en estos años ha sido rica y se extiende a los más diversos ámbitos. Son tantos y de tanto calado los asuntos sobre los que el Tribunal ha debido pronunciarse, desde el enjuiciamiento constitucional de las reformas legales instrumentadas para dar respuesta a la crisis económica hasta el de las sucesivas reformas de nuestra Ley orgánica; desde el encaje constitucional de los Decretos que declaran el estado de alarma hasta la Ley de costas; desde las resoluciones que abordan los problemas constitucionales que suscita la utilización de nueva tecnología hasta la recentísima sentencia que aborda la adecuación constitucional de la imposición de las plusvalías… son tantos, digo, que en esta intervención final he renunciado a intentar exponerles una apretada e impresionista síntesis de la misma.

Por contra, he preferido elegir una sentencia que considero emblemática de la labor realizada por el Tribunal durante estos años y que creo es expresión de la que ha sido su sensibilidad colectiva, si de tal cabe hablar, para dialogar brevemente con ella a propósito del momento presente. Me refiero a la STC 42/2014, de 25 de marzo, que resolvió por unanimidad la impugnación de la disposición autonómica interpuesta por el Gobierno contra la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña» del Parlamento catalán, de la que fue ponente nuestra Vicepresidenta, que dio en ella la talla de su condición de jurista y de su hondo sentido institucional. Como es sabido, ésta fue la primera de una serie de pronunciamientos en los que el Tribunal Constitucional ha tenido que abordar con reiteración el llamado proceso soberanista catalán.

Creo interpretar el sentir del Tribunal si digo que nuestra resolución pretendió dos cosas, que por desgracia no se han conseguido, lo que, sin embargo, a mi juicio, no desmerece un ápice ni la solvencia jurídica de su texto ni la vigencia de su planteamiento, al que sinceramente creo que antes o después habrá que volver.

El Tribunal quiso, en efecto, en primer lugar, salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional, que es el cometido que la Constitución le encomienda, saliendo al paso de la atribución de la condición de soberano a quien de acuerdo con nuestro texto fundamental y con el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña no la tiene. «El art. 1.2 CE proclama –dijo con rotundidad el Tribunal– que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El precepto, “base de todo nuestro ordenamiento jurídico” (STC 6/1981, FJ 3), atribuye, por tanto, con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, FJ 4; 13/2009, FJ 16; 31/2010, FJ 12). Si en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano». En consecuencia, «el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación española”».

Pero, en segundo lugar, el Tribunal quiso poner de relieve que si la Constitución es un límite, también es un marco de integración y de convivencia abierto a todos, en el que todas las aspiraciones caben, siempre y cuando se formulen y postulen de acuerdo con los principios y reglas que nos hemos dado, y que el texto mismo de la Constitución es reformable, siempre y cuando se observen los procedimientos previstos al efecto. El Tribunal, en efecto, recordó entonces que la nuestra no es una democracia militante que imponga la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución, y que «el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución», cuyo respeto resulta inexcusable. Por ello, el Tribunal recondujo el llamado «derecho a decidir» a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución y hacedera mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional, conforme a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad que la propia declaración parlamentaria invocaba.

En el memorable discurso que, con ocasión de la inauguración del Tribunal Constitucional, pronunció el Presidente García Pelayo, advirtió con clarividencia de que «hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero que hay otros que sólo pueden y deben ser resueltos por la vía política». Pues bien, la sentencia que vengo glosando se hizo eco de esa sabia admonición al señalar el importante papel que al diálogo político debía corresponder ante el problema suscitado, y al afirmar que “la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto amplio de diálogo –concluíamos entonces– no excluye a sistema o institución alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional.»

Aunque por desgracia, desde aquel inicial pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado. Creo que nuestro planteamiento de entonces y nuestra llamada al diálogo político siguen siendo válidas; diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles.

Un diálogo, claro está, que debe practicarse desde el respeto a la Constitución y a la ley, porque cuando éstas no se respetan el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia. Como con reiteración sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el respeto a la preeminencia del Derecho es uno de los fundamentos mayores de nuestras democracias y un elemento esencial del patrimonio espiritual común europeo que, por tanto, nadie que se diga o se sienta europeo puede ignorar.

* * *

Autoridades, señoras y señores, queridas amigas y amigos:

Creo haber vivido en mi vida pocos momentos solemnes, pero, sin duda, éste de mi despedida del Tribunal Constitucional lo es. Quisiera por ello dejar en él constancia del honor inmenso que, como español y como jurista, ha sido para mí presidir el Tribunal Constitucional y manifestar mi agradecimiento a quienes han sido mis compañeros y a todos y a cada uno de los funcionarios y trabajadores de la casa, cuya lealtad, apoyo y afecto he sentido siempre y no he de olvidar. Muchas gracias.

VI. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017)

Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017)

Vicepresidente (2013-2017)