TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MEMORIA DEL 2015

© Tribunal Constitucional

Depósito legal: M-15486-2016

Presentación

Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Como en años anteriores desde que fui nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, tengo el honor de dar a conocer a la ciudadanía la Memoria anual de la actividad realizada por esta Institución en cumplimiento de sus funciones. En esta ocasión, ese honor de acercar nuestra labor a la opinión pública es, si cabe, todavía mayor, dado que la Memoria que se presenta es la relativa a 2015, año en que se ha conmemorado el trigésimo quinto aniversario del Tribunal Constitucional y en que, con tal ocasión, hemos tenido la inmensa satisfacción de recibir la visita en nuestra sede de Sus Majestades los Reyes de España.

A estas alturas de su ya dilatada andadura no parece necesario extenderse en remarcar el meritorio papel desempeñado por el Tribunal Constitucional como principal baluarte de la Constitución de 1978, por cuyo cumplimiento y efectividad ha velado con denuedo y dedicación. Como fruto de ese esmero en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, la labor del Tribunal Constitucional a lo largo de sus treinta y cinco años de vida ha sido determinante en el enraizamiento de los principios y valores constitucionales en nuestro sistema jurídico y, en general, en nuestra sociedad, siendo decisiva su contribución a la consolidación en España del Estado democrático de Derecho, la efectiva protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, y la articulación de la organización territorial del Estado diseñada por el constituyente. Creo sinceramente que el balance de la trayectoria del Tribunal Constitucional, como intérprete y guardián de la Constitución, no puede calificarse sino como ampliamente positivo. Por ello, justo es reconocer el valioso patrimonio jurisprudencial proporcionado por los magistrados que desde la creación del Tribunal nos han precedido en el cargo, y no menos obligado resulta mostrar el firme compromiso de los actuales en seguir ejerciendo nuestros cometidos con entrega y responsabilidad, a fin de mantener el buen hacer de la Institución como garante máximo del texto constitucional.

Por desgracia, este año de conmemoración se vio tristemente ensombrecido en abril de 2015 por el fallecimiento del Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, prestigioso jurista y querido compañero, al que siempre guardaremos en nuestra memoria y a cuya destacada contribución a la labor del Tribunal Constitucional quiero rendir aquí tributo. La vacante causada, que ha de ser ocupada por un nuevo magistrado nombrado a propuesta del Senado, se encuentra a día de hoy pendiente todavía de cobertura, circunstancia en la que sin duda han incidido los respectivos calendarios de las elecciones autonómicas y generales celebradas en 2015.

El arraigo que durante esos treinta y cinco años de existencia ha adquirido el Tribunal Constitucional como Institución nuclear del Estado es perfectamente conciliable con el carácter dinámico de su regulación. Desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica 2/1979 por la que se rige el Tribunal Constitucional (LOTC) ha estado sujeta a sucesivas remodelaciones cuando, a juicio del legislador, se han detectado disfunciones o nuevas necesidades que merecen la correspondiente respuesta y adaptación normativa. De entre estas revisiones —hasta diez desde su aprobación—, las dos últimas se han producido precisamente en el año 2015.

De un lado, a través de la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, se ha llevado a cabo la modificación de la Ley Orgánica 2/1979 «para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación». Así, mediante la adición de los nuevos arts. 2.1.e) bis, 10.1.d) bis y 79 LOTC, el Tribunal recupera entre sus competencias la de conocer de este procedimiento de control previo de constitucionalidad, si bien, como indica el título de la Ley reformadora, sólo en relación con los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma.

De otro lado, también la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, ha procedido a reformar la Ley Orgánica 2/1979, en este caso, «para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho». La reforma se ha concretado en la nueva redacción dada a los artículos 80, 87 y 92 LOTC, así como al apartado 4 de su art. 95, previa supresión de su apartado 5. Según indica el Preámbulo de la citada Ley de modificación, la revisión normativa se acomete ante la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por ello, el objeto de las nuevas previsiones incorporadas es el de introducir instrumentos de ejecución que doten al Tribunal «de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones». Como es sabido, la aprobación de esta reforma no ha estado exenta de controversia, y de hecho, frente a la indicada Ley Orgánica 15/2015 se han interpuesto por el Gobierno de Cataluña y por el Gobierno Vasco sendos recursos de inconstitucionalidad, actualmente admitidos a trámite y pendientes de resolución.

El dinamismo del Tribunal Constitucional se evidencia también en el constante diálogo que su jurisprudencia mantiene con la de otras instancias jurisdiccionales del ámbito europeo, cuyo valor como canon hermenéutico se impone en virtud del art. 10.2 CE.

En el año 2015, este vínculo se ha hecho especialmente evidente en relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no sólo porque lógicamente hayamos seguido dictando nuestros pronunciamientos a la luz de su doctrina, sino también por la presencia que importantes asuntos atinentes al Tribunal Constitucional han tenido en sus resoluciones.

Sin duda, y como ya avancé en la memoria del año precedente, mención específica merece la Sentencia de 20 de enero de 2015 (asunto Arribas Antón c. España). En ella, el Tribunal Europeo refrendó el requisito de especial trascendencia constitucional que la ley exige desde 2007 a los recursos de amparo, considerando que la inadmisión de las demandas por falta de justificación de esta exigencia no resulta lesiva del art. 6 del Convenio, aunque indicando que, en los casos admitidos, el Tribunal Constitucional ha de expresar la aplicación del criterio de apreciación de dicho requisito, tal y como desde entonces se viene reflejando en las providencias de admisión.

Asimismo, también ha de destacarse la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada el 3 de noviembre de 2015 en el asunto Arnaldo Otegi Mondragón c. España y otras cuatro demandas. En esta resolución se rechaza la queja sobre la supuesta falta de imparcialidad del Presidente y otro Magistrado del Tribunal Constitucional en el marco de un recurso de amparo, y en consecuencia, en este punto concreto se declaran inadmisibles las demandas formuladas. De este modo, el Tribunal Europeo viene a confirmar el criterio de los AATC 238/2013 y 202/2014, que previamente habían inadmitido la recusación promovida respecto a estos magistrados.

Más allá de la actividad jurisdiccional, los lazos entre ambos Tribunales también se han reforzado a nivel institucional. Si grande fue el honor, como Presidente del Tribunal Constitucional, de ser invitado en enero de 2015 a pronunciar el discurso del solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no menor ha sido la satisfacción de acoger en nuestra Institución la visita del Presidente de dicho Tribunal, Dean Spielmann, en mayo de ese mismo año, quien a su vez fue recibido en audiencia por Su Majestad el Rey. Con ocasión de tal visita, se celebró en nuestra sede un interesante seminario en el que, entre otros aspectos, tuvimos ocasión de reflexionar sobre las dificultades de articulación de la dimensión multinivel del sistema europeo de protección de derechos humanos, y donde el Presidente del Tribunal de Estrasburgo subrayó un dato sumamente significativo, cual es que, en 2014, de 825 asuntos examinados en dicha jurisdicción en relación con España, sólo en cuatro ocasiones se declaró la violación del Convenio, cifra, según sus propias palabras, «extremadamente baja y muy satisfactoria», que sin duda nos congratula.

Como resultado también de la tutela multinivel que recae sobre muchos de los derechos y principios constitucionales, el mismo mecanismo de interacción mantiene el Tribunal Constitucional con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como se ha puesto de manifiesto en varios de los pronunciamientos dictados por nuestro Tribunal en el año 2015. Por la novedad que implica, de obligada mención resulta la STC 232/2015, de 5 de noviembre, que, a los efectos de salvaguardar el art. 24 CE, ha puesto de manifiesto que corresponde al Tribunal Constitucional velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea cuando ya exista una interpretación auténtica efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de modo que el desconocimiento y preterición de esa norma comunitaria en los términos interpretados por dicho Tribunal puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, y en consecuencia, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. De hecho, tal fue la conclusión alcanzada en la referida Sentencia, dado que la decisión judicial recurrida procedió a aplicar una norma de Derecho interno que se oponía a la interpretación que de una norma del Derecho comunitario invocada por el recurrente había ofrecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso en un asunto idéntico al enjuiciado, de ahí que se considerara lesivo que el órgano judicial no hubiera dado preferencia a la previsión comunitaria así interpretada frente a la norma interna incompatible. De este modo, más allá de los supuestos en que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquiere valor interpretativo ex art. 10.2 CE, también la función del Tribunal Constitucional como garante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva conduce a atender y dar relevancia a su doctrina sobre Derecho de la Unión.

Desde luego, no es esta la única Sentencia de interés dictada por el Tribunal en el año 2015. Entre muchas otras, por su especial trascendencia para garantizar el imperio de la Constitución y la salvaguarda del Estado democrático de Derecho, también merecen ser destacadas cuatro específicas Sentencias en que el Tribunal Constitucional ha enjuiciado la impugnación de determinadas acciones de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de esta Comunidad Autónoma, adoptadas desde septiembre de 2014, en relación con las consultas a la ciudadanía y el «futuro político de Cataluña».

La primera de ellas es la STC 31/2015, de 25 de febrero, relativa a la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. En esta Sentencia, en atención al reparto constitucional de competencias, el Tribunal consideró que no eran inconstitucionales los preceptos relativos —o cuya aplicación se circunscriba— a las consultas sectoriales, pero en cambio sí declaró la inconstitucionalidad de las previsiones indisolublemente vinculadas a los elementos definidores de las consultas generales, en atención a su carácter materialmente referendario. Esta última apreciación determinó que la STC 32/2015, de la misma fecha —25 de febrero—, declarara también la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Presidente de la Generalitat de Cataluña, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, así como de sus anexos; y ello porque en esta norma se convocaba realmente una consulta general de naturaleza referendaria.

Con posterioridad, la STC 138/2015, de 11 de junio, extendió la declaración de inconstitucionalidad a las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas y vinculadas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifestaran su opinión sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre de 2014, en una consulta que versaba sobre dos preguntas: si querían que Cataluña se convirtiera en un Estado y si querían que ese Estado fuera independiente. Por considerar que en esta consulta se planteaban cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional, incidiendo en aspectos resueltos con el proceso constituyente y sustraídos a la decisión de los poderes constituidos, el Tribunal Constitucional concluyó que las preguntas del denominado «proceso de participación ciudadana» objeto de impugnación desbordaban el ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña.

Por último, la STC 259/2015, de 2 de diciembre, también declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, así como su anexo. Tal resolución impugnada se concebía como el acto fundacional del «proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república», proclamando, entre otras previsiones, la apertura de un proceso constituyente para preparar las bases de una futura constitución catalana, y afirmando la no supeditación en este proceso a las decisiones de las instituciones del Estado español y, en particular, a las del Tribunal Constitucional. En su Sentencia, el Tribunal consideró que esta resolución infringía las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE), y que asimismo desconocía las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y afirman la unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE), sin respetar tampoco el cauce constitucionalmente establecido para abordar una redefinición del orden constitucional como la pretendida (art. 168 CE), y dando a su vez lugar a la vulneración de los arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Como no podía ser de otro modo, e igual que ya remarqué el año anterior respecto a la STC 42/2014 —relativa a la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña»—, en todos estos pronunciamientos el Tribunal Constitucional ha resuelto las cuestiones planteadas desde la única perspectiva para la que resulta competente —la jurisdiccional, y no la política—, y de conformidad con el parámetro que debe regir su enjuiciamiento —esto es, la adecuación a las normas y principios de la Constitución, por cuyo respeto tiene la obligación de velar. En estas Sentencias, de nuevo de manera unánime, el Tribunal ha reiterado los límites constitucionales de la acción política, recordando que éstos no son inmodificables, pero que su revisión requiere seguir los cauces de reforma establecidos en el propio texto constitucional. Ignorar esos límites y cauces supone desconocer la primacía incondicional de la Constitución, a cuya garantía está consagrada la actividad jurisdiccional de este Tribunal y el respeto a la ley, fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE).

Los pronunciamientos hasta ahora citados no son más que una muestra de las 8.771 resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional a lo largo del año 2015, de las cuales 272 fueron sentencias. En esta ocasión, además de reducir los asuntos pendientes de sentencia tanto ante el Pleno como ante las Salas, también hemos terminado más asuntos en fase de admisión que los ingresados durante el año —un total de 7.309.

Cierto es que, frente a la tendencia de años anteriores, la demanda de justicia constitucional en el año 2015 ha disminuido ligeramente. Ello resulta manifiesto en casi todos los procedimientos de los que con mayor frecuencia conoce el Tribunal.

Así, mientras se han mantenido constantes los conflictos de competencia —cinco, todos ellos suscitados por Comunidades Autónomas frente al Gobierno de la Nación—, no ha ocurrido lo mismo ni con los recursos de inconstitucionalidad —se han interpuesto 42 frente a los 60 del año anterior—, ni tampoco con las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los tribunales de justicia —se han elevado 113 en vez de las 141 de 2014. Por lo que se refiere a los pronunciamientos dictados en relación con estos tres tipos de procedimientos, el Tribunal Constitucional ha resuelto un alto número de ellos, con un total de 170 sentencias, que solucionan 172 asuntos. Asimismo, también ha juzgado dos conflictos en defensa de la autonomía local y cinco impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas.

En cuanto a los recursos de amparo, también los ingresados en 2015 —un total de 7.203— han experimentado una disminución respecto al año anterior (7.663). Lo que, en cambio, sigue la misma tónica es el escaso porcentaje de admisión a trámite de estos recursos. En 2015, únicamente fueron admitidos para su posterior resolución en sentencia un total de 84, cifra que supone el 1,06 por 100 de los recursos de amparo que el Tribunal conoció en fase de admisión. El resto de amparos —esto es, un 98,94 por 100— fue inadmitido por las razones que se exponen en el capítulo IV, epígrafe 1. D, cuyo examen sigue evidenciando el alto porcentaje de recursos presentados que tienen como causa de inadmisión la apreciación de óbices procesales derivados del incumplimiento por las demandas de los requisitos legales exigidos para su admisión a trámite —entre otros, y significativamente, creo conveniente seguir insistiendo en el considerable número de demandas de amparo que continúan ignorando la exigencia implantada en 2007 de justificar la especial trascendencia constitucional, omisión ésta que ha dado lugar al 16,67 por 100 de las inadmisiones.

Junto a su actividad jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha seguido desarrollando durante el año 2015 una relevante actividad institucional a nivel nacional e internacional, como corolario a las funciones que como Institución del Estado tiene encomendadas.

En el ámbito nacional, la actividad institucional en 2015 viene marcada por la ya referida celebración del XXXV Aniversario de la constitución pública del Tribunal. Como acto principal de esta efeméride, y según antes he indicado, para todos nosotros fue un honor recibir la visita, el 9 de septiembre, de Sus Majestades los Reyes, quienes firmaron en el Libro de Honor y compartieron un almuerzo con todos los Magistrados. En la memoria de esta celebración queda también el acto de presentación y matasellado de primer día de circulación del sello postal conmemorativo, que tuvo lugar en la Sala de vistas del Tribunal y del que se realizó una tirada de 220.000 ejemplares.

Asimismo, cabe destacar los encuentros mantenidos, con ocasión de los compromisos asumidos en varias Comunidades Autónomas, con sus respectivos Presidentes. Han sido ciertamente positivos y enriquecedores mis reuniones con la Presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz; con el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, don Emiliano García-Page; y, finalmente, con el Presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera.

Ha de subrayarse también que en el 2015 se ha mantenido la tradición anual de las Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, cuya XXI edición se celebró en Cuenca, los días 6 y 7 de noviembre bajo el título «Democracia constitucional y diversidad cultural». Con mi enhorabuena a los Letrados y a todos los participantes, quiero también dejar constancia y agradecer al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a la Audiencia Provincial y al Ayuntamiento de Cuenca su inestimable contribución al éxito de las Jornadas.

En el ámbito internacional, hemos continuado con nuestra activa participación y presencia en diferentes foros, conferencias y seminarios que han tenido lugar a lo largo del año, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral.

Además de las ya indicadas acciones institucionales desarrolladas con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional español tampoco ha faltado a la ya obligada cita con nuestros homólogos de Italia y Portugal. El Tribunal Constitucional de Portugal organizó en octubre en Lisboa la XVII Conferencia Trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España, bajo el título «El derecho del trabajo en la jurisprudencia constitucional: evolución actual».

Asimismo, cabe destacar nuestra participación en la IX Reunión del bureau de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que tuvo lugar en marzo en Venecia, para avanzar en la organización del IV Congreso de la Conferencia Mundial que tendrá lugar en Lituania en el mes de septiembre de 2017. De igual modo, también entre otras acciones desplegadas en el marco de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, nuestro servicio de doctrina constitucional ha respondido a diez consultas formuladas, a través del denominado «Foro-Venecia», por los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Kirguistán, Lituania, Noruega y Polonia.

En 2015, a su vez, hemos tenido el honor de recibir en Madrid las visitas de trabajo de representantes de otros tribunales homólogos, que han servido para intercambiar experiencias sobre el funcionamiento y la organización de los respectivos sistemas de garantías constitucionales. Me permito destacar las de Albania, Chile, Filipinas, Indonesia, Méjico, Perú, República Dominicana, Venezuela y Turquía.

En el ámbito iberoamericano, y en la línea y el espíritu con los que tradicionalmente hemos trabajado conjuntamente durante estos años con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cabe destacar, por un lado, la organización de sendos cursos de formación dirigidos al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por otro, se han aprovechado las oportunidades que ofrecen los Centros de Formación de la Cooperación Española y se han organizado sendos seminarios sobre «Nuevos retos del derecho a la intimidad», en Antigua, y sobre «Los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios», en Montevideo, dirigidos a los miembros de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), de la que tengo el honor de ostentar la Secretaría Permanente.

Por último, con el objetivo de fortalecer la cooperación y la comunicación entre tribunales constitucionales y de establecer un marco estable de cooperación, se han firmado en 2015 convenios de colaboración con la Corte Centroamericana de Justicia, con el Consejo Constitucional del Reino de Marruecos, con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y con el Tribunal Constitucional de Chile. Como se señala en su articulado, y entre otros propósitos, dichos convenios facilitarán «el intercambio de información y documentación legal, jurisprudencial o doctrinal, la recíproca colaboración en publicaciones, el asesoramiento técnico y la realización de seminarios», actividades todas ellas orientadas a tal objetivo.

A lo largo de 2015, hemos seguido trabajando asimismo en nuestro propósito de acercar el Tribunal Constitucional a los ciudadanos a través de la ventana abierta que constituye la web. Hemos centrado nuestro esfuerzo en la mejora de la comunicación y la transparencia, insistiendo en la difusión de amplias notas informativas que contribuyan a una mejor comprensión del ejercicio de la función jurisdiccional que corresponde a esta Institución. Conscientes del interés que muchas de nuestras resoluciones despiertan en otros países, hemos incorporado también, junto a la traducción al inglés de las sentencias y autos más relevantes, la de todas las notas de prensa. Con el mismo objetivo de facilitar nuestros pronunciamientos a la ciudadanía, hemos continuado con las labores de actualización, normalización y depuración del contenido e índices de la base de datos de «Jurisprudencia constitucional» incorporada a la web del Tribunal, con un tesauro de descriptores y una ontología semántica que representa una novedosa modalidad de visualización gráfica de conceptos jurídicos.

Asimismo, mantenemos abiertas nuestras puertas para todos aquellos ciudadanos que deseen conocer in situ el Tribunal Constitucional. Durante el año 2015, hemos vuelto a comprobar con gratitud el aumento del interés por visitar nuestra sede y hemos atendido 119 visitas —17 más que en 2014—, principalmente de institutos y colegios, universidades o asociaciones culturales, entre otros colectivos.

Cabe destacar igualmente que, por primera vez, los interesados que no tengan la posibilidad de acudir en persona al Tribunal pueden realizar desde mediados de 2015 una visita virtual a través de un vídeo institucional, colgado en nuestra web, que ofrece también una explicación rápida y sencilla de cuáles son las competencias y el funcionamiento de la Institución.

Otra de las novedades del período responde al cumplimiento de la Ley Orgánica 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que incluye al Tribunal Constitucional, en relación exclusivamente con sus actividades sujetas a derecho administrativo, en el ámbito de aplicación de las disposiciones de su título I, que lleva por rúbrica «Transparencia de la actividad pública». El año 2015 ha sido en la práctica el primer año natural de la aplicación de estas disposiciones, por lo que en esta Memoria se ha incorporado, por vez primera, un nuevo apartado, bajo el título «Transparencia y acceso a la información pública», en el que se da cuenta de la actividad del Tribunal en esta materia.

A su vez, el Tribunal es plenamente consciente de que como Institución del Estado, con importantes vínculos con cortes, tribunales y salas constitucionales de muchos países, tiene la oportunidad de convertirse, con las limitaciones de espacio que impone la singularidad de nuestra sede, en escaparate de la riqueza artística de España. Con este objetivo, y con mi agradecimiento a todos aquellos que lo han hecho posible, me complace destacar que el Tribunal se ha convertido en depositario de tres obras de arte mediante la firma de sendos convenios con Patrimonio Nacional, el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Desde entonces, han quedado expuestos en nuestra sede el tapiz «La familia de Darío a los pies de Alejandro», del maestro tapicero Andreas Blommaert; «El juicio de Salomón», óleo del taller de Pedro Pablo Rubens; y la obra titulada «Arquitectura 1-A», del escultor Pablo Palazuelo.

Las líneas precedentes han puesto de relieve la extensa labor desarrollada por el Tribunal Constitucional a lo largo de 2015. Es evidente que nada de ello hubiera sido posible sin el trabajo y entrega de todas y cada una de las personas que han prestado servicios en la Institución durante este período, quienes día a día han demostrado su profesionalidad y su afán por mejorar el funcionamiento del Tribunal. Para ellos, por tanto, mi reconocimiento y mi máximo agradecimiento, con el deseo de que el trabajo de todos redunde en que la actividad futura del Tribunal Constitucional sea tan provechosa para la salvaguarda de los principios y valores constitucionales como sin duda lo ha sido en sus primeros treinta y cinco años de existencia.

Madrid, 18 de marzo de 2016

I. Composición del Tribunal

Por Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Mediante Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente [1]

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Vicepresidenta [2]

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † [3]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías [4]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [5]

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [6]

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas [7]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García [8]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos [9]

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [10]

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho [11]

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez [12]

Por Acuerdo de 26 de junio de 2013 (BOE núm. 153, de 27 de junio), modificado por Acuerdos de 20 de marzo de 2014 (BOE núm. 69, de 21 de marzo) y de 11 de julio de 2014 (BOE núm. 170, de 14 de julio), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en Salas y Secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez †

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Sección Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Presidente †

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [13]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Datos personales

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Murcia, 1962. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Bilbao, 1948. Catedrática de Derecho Penal

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez †

Madrid, 1953. Catedrático de Derecho Administrativo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944. Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944. Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958. Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958. Teniente Fiscal del Tribunal Supremo

[1] Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[2] Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[3] Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011). Fallecido el 15 de abril de 2015.

[4] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[5] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[6] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[7] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[8] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[9] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[10] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[11] Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo).

[12] Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

[13] Preside la Sección, en virtud del art. 8.1 LOTC, en relación con sus arts. 6.2, 7.2 y 7.3, mientras se mantenga en su composición actual (Acuerdo del Presidente de 21 de abril de 2015, sobre composición provisional de la Sección Segunda).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil. Por Resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990. Don Javier Jiménez Campo cesó ese mismo día en el cargo, por expiración del plazo de su nombramiento (Resolución de 17 de julio de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, BOE núm. 176, de 21 de julio).

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Juan Antonio Xiol Ríos

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

– Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Ignacio Torres Muro

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Doña María Josefa Alonso Mas

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.

– Don Rafael Caballero Sánchez

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cartagena.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Castellón.

– Don Carlos Padrós Reig

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Doña Belén Triana Reyes

Abogada del Estado.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Doña María Ángeles Ahumada Ruiz

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Miguel Casino Rubio

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Chacón Alonso

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio de la Cueva Aleu

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

– Doña Eva Desdentado Daroca

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.

– Don Enrique Gabaldón Codesido

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

– Don Carlos Ortega Carballo

Letrado del Tribunal de Cuentas.

– Don Fernando Pastor López

Magistrado titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12.

– Don Santiago Ripol Carulla

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

– Doña Silvia del Saz Cordero

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

– Don Francisco José Sospedra Navas

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

– Doña Yolanda Bardají Pascual

Secretaria judicial. Ex Letrada del Tribunal Supremo.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

– Doña María Victoria Cuartero Rubio

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña María Esperanza Fernández Rodríguez

Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Doña Amparo García Rubio

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Jesús María González García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado de la Junta de Andalucía, Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18 de Madrid.

– Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Fiscalía de Área de Móstoles.

– Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Doña Marta Timón Herrero

Letrada del Ayuntamiento de Barcelona.

– Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don José Manuel Pascual García, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas.

Intervención

El Interventor del Tribunal es don Ramón Padilla Puig. Tras su cese, el 20 de noviembre de 2015, fue sustituido interinamente por el Letrado don José María Utande San Juan.

III. Reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional[1]

1. La Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación (BOE núm. 228, de 23 de septiembre), ha añadido un título VI bis a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El único artículo que contiene, el 79, declara que los proyectos de Estatutos de Autonomía, así como sus propuestas de reforma, serán susceptibles de recurso de inconstitucionalidad con carácter previo. Los apartados sucesivos del nuevo art. 79 LOTC regulan los requisitos de este proceso constitucional; se remiten a la tramitación prevista por el capítulo II del título II de la Ley; y precisan los efectos de la sentencia que dicte el Tribunal.

La Ley Orgánica 12/2005 modifica, correlativamente, los arts. 2 y 10 LOTC. En el primero, añade a la enumeración de competencias del Tribunal Constitucional el “control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley” [nuevo epígrafe e) bis del art. 2.1 LOTC]. En el art. 10, apartado 1, incluye entre las atribuciones del Pleno del Tribunal la de conocer de “los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía” [nuevo epígrafe d) bis del art. 10.1 LOTC].

El preámbulo de la Ley Orgánica 12/2015 recuerda que el recurso previo de inconstitucionalidad se encontraba instituido por el texto original de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Fue suprimido por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, “cuando se encontraban todos —o casi todos— los Estatutos de Autonomía en vigor”. Y que el Consejo de Estado, en su informe sobre las posibles reformas de la Constitución española emitido en 2006, afirmó que el “control a posteriori tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental”.

2. La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (BOE núm. 249, de 17 de octubre) modifica los artículos 80, 87, 92 y 95 LOTC.

El art. 80 LOTC mantiene el carácter supletorio de la Ley de enjuiciamiento civil para diversas materias procesales; pero su nuevo párrafo segundo dispone que, en materia de ejecución de resoluciones, se aplicarán los preceptos de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa con carácter supletorio de la Ley rectora del Tribunal Constitucional. El art. 87 LOTC, por su parte, recibe un nuevo párrafo en cada uno de sus dos apartados: en virtud del primero, el Tribunal podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario (art. 87.1, párrafo 2, LOTC); en virtud del segundo, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional reciben la consideración de títulos ejecutivos a los efectos del auxilio jurisdiccional que deben prestarle los Juzgados y Tribunales (art. 87.2, párrafo 2, LOTC).

El texto hasta ahora vigente del art. 92 LOTC queda convertido en su apartado 1, segunda frase. La Ley Orgánica 15/2015 añade una primera frase en este apartado (“El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones”) y agrega los apartados siguientes:

“2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente.

3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.

b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.

d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

5. Si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas.”

Finalmente, la Ley Orgánica 15/2015 introduce en el art. 95 LOTC los cambios sistemáticos que resultan necesarios para adaptarse a la nueva redacción del art. 92.

[1] El texto de las Leyes referidas en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. Por Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 178, de 27 de julio, cve: BOE-A-2015-8372), se reguló la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales. Se atendía de esta forma la previsión del art. 86.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (introducido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), que le encomienda la publicación de sus sentencias, y las demás resoluciones dictadas, a través de medios distintos al “Boletín Oficial del Estado”; adoptando, “en su caso, las medidas que estime pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la Constitución”.

El Acuerdo prevé que, en sus resoluciones jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional preservará el anonimato de diversas personas: 1) Actuará de oficio en el caso de los menores y personas que requieran un especial deber de tutela, de las víctimas de delitos de cuya difusión se deriven especiales perjuicios y de las personas que no estén constituidas en parte en el proceso constitucional; 2) En los demás casos, que serán apreciados de oficio o a instancia de parte, podrá excepcionar el principio constitucional de publicidad en lo relativo a los datos de identidad y situación personal de las partes intervinientes en el proceso, atendiendo a los criterios que desgrana el propio Acuerdo.

II. Por Acuerdo de 23 de julio de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional ha modificado parcialmente el Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional (BOE núm. 178, de 27 de julio, cve: BOE-A-2015-8373). Añade una disposición adicional nueva, la número 2, que precisa el régimen jurídico de la remuneración de transición que el artículo 25.1 LOTC reconoce a aquellos Magistrados que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años.

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

V. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

D) Libertad personal (art. 17 CE)

E) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

G) Derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE)

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derechos al juez imparcial y a la defensa

b) Derecho a un proceso con todas las garantías

c) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

d) Presunción de inocencia

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

L) Libertad sindical (art. 28 CE)

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2015 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, a las sentencias dictadas, al resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al Registro General del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.369 asuntos jurisdiccionales; es decir, 509 menos que en 2014. Esta reducción en la demanda de justicia constitucional, que en su conjunto supuso una minoración del 6,46 por 100, tuvo reflejo en todos los procesos constitucionales: Se promovieron menos recursos de amparo que en 2014 (7.203 frente a 7.663; una reducción del 6 por 100), bajó el número de nuevos recursos de inconstitucionalidad (42 en 2015, frente a 60 en 2014, una reducción del 30 por 100), cuestiones de inconstitucionalidad (114 frente a 141, lo que representó una reducción del 19,14 por 100), conflictos constitucionales (siete en 2015 —cinco conflictos positivos de competencia y dos conflictos en defensa de la autonomía local— frente a 11 en 2014), e incluso impugnaciones por el Gobierno de la Nación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas (una sola en 2015, frente a cuatro en 2014). Se plantearon, por vez primera, tres cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales, en virtud de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero.

Durante el año 2015 se mantuvo la habitual preponderancia de los recursos de amparo: 7.203, lo que representó el 97,74 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 7.104, de los cuales 6.192 fueron interpuestos por personas físicas y otros 912 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos formularon 92 demandas de amparo, el Defensor del Pueblo interpuso un recurso y el Ministerio Fiscal promovió los dos restantes.

Con respecto a su origen, persistió el predominio habitual de los recursos de amparo promovidos en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal. De modo que si en 2014 los recursos procedentes de la jurisdicción penal fueron 3.485, esto es, el 45,47 por 100, en 2015 esta cifra fue de 3.429, es decir, el 47,60 por 100 del total de recursos de amparo (porcentaje que se sitúa en el 49,95 por 100 si añadimos los 169 recursos procedentes de vigilancia penitenciaria). En 2015 continuó el ligero descenso de amparos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 2.221 en 2014 y 1.898 en 2015. De modo que su participación en el total de nuevos recursos de amparo descendió desde el 28,98 al 26,35 por 100. Creció levemente el número de recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil, que pasaron de 1.137 en 2014 a 1.184, el 16,43 por 100 en 2015; 409 procedieron de la jurisdicción social (352 en 2014), el 5,67 por 100, y 33 de la jurisdicción militar (30 en 2014) el 0,45 por 100. Fueron 13 los recursos de amparo frente a actos parlamentarios promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,18 por 100 del total.

Algo más de la cuarta parte de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (2.067, un 28,69 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias Provinciales (2.456, un 34,09 por 100), los Tribunales Superiores de Justicia (1.121, el 15,56 por 100) y los Juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.116, el 15,49 por 100). Se promovieron tres recursos de amparo frente a resoluciones del Tribunal Militar Central y otros tantos en relación con resoluciones de los Tribunales Militares Territoriales. La mayoría de los recursos de amparo tuvieron por objeto resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia o en grado de suplicación (3.116, el 43,26 por 100); seguidos por aquellos otros interpuestos frente a resoluciones dictadas en grado de casación o revisión, que alcanzaron la cifra de 2.068 (28,71 por 100). Por último, en 1.887 recursos de amparo se impugnaban resoluciones dictadas en primera o única instancia (26,20 por 100).

En 5.416 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 75,19 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 992 demandas de amparo (13,77 por 100 de los recursos de amparo). Los demás derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.851 demandas de amparo (25,70 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 5.325 demandas de amparo constitucional (73,92 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE destacan, por la frecuencia de su invocación, los derechos a la presunción de inocencia, invocado en 990 demandas (13,74 por 100), a un proceso con todas las garantías, alegado en 574 ocasiones (7,97 por 100 de las demandas) y los derechos a la defensa y a la asistencia letrada (232 demandas de amparo, un 3,22 por 100) y a la prueba pertinente para la defensa (211, un 2,93 por 100).

Se interpusieron 42 recursos de inconstitucionalidad, siendo sus promotores, mayoritariamente, los Gobiernos y Parlamentos autonómicos y el Presidente del Gobierno de la Nación (17 recursos cada uno de ellos). A gran distancia se encuentran los seis recursos interpuestos por Diputados y Senadores: cinco frente a leyes estatales y uno respecto de una ley autonómica. Se promovieron dos recursos de inconstitucionalidad por personas no legitimadas para ello, que fueron inadmitidos por providencia.

A lo largo del año se presentaron 112 cuestiones de inconstitucionalidad. Los Tribunales Superiores de Justicia plantearon la mayor parte de ellas: 68 (33 respecto de leyes estatales y 35 en relación con normas autonómicas con rango de ley); por los Juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales se plantearon 34 cuestiones (15 respecto de leyes estatales y 19 sobre normas autonómicas); el Tribunal Supremo planteó cinco (dos sobre leyes estatales y tres en relación con leyes autonómicas), las Audiencias Provinciales cuatro, todas ellas sobre leyes estatales y una la Audiencia Nacional, sobre una ley estatal. La Sala Segunda del Tribunal elevó una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el artículo 230.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Se presentaron cinco conflictos positivos de competencia, todos ellos promovidos por los gobiernos autonómicos frente a normas y resoluciones adoptadas por autoridades estatales. Se plantearon dos conflictos en defensa de la autonomía local y una impugnación de disposiciones autonómicas.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 272 sentencias a lo largo del año. De ellas, el Pleno dictó 107: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 90 (56 en recursos de inconstitucionalidad, 23 en cuestiones de inconstitucionalidad, cinco en conflictos positivos de competencia, otras tantas en impugnaciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el art. 161.2 de la Constitución y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local) y 17 en procesos de amparo, cuyo conocimiento había sido previamente avocado. Las Salas dictaron las 165 sentencias restantes: 67 la Sala Primera (37 en cuestiones de inconstitucionalidad y 30 en procesos de amparo) y 98 la Sala Segunda (49 en procesos de amparo, 47 en cuestiones de inconstitucionalidad y dos en conflictos positivos de competencia).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones.

El Tribunal dictó un total de 229 autos. El Pleno dictó 89 de ellos, la Sala Primera 30 y la Sala Segunda 28; los 82 autos restantes fueron dictados por las Secciones: 21 por la Sección Primera, 24 por la Sección Segunda, 17 por la Sección Tercera y 20 por la Sección Cuarta.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el “Boletín Oficial del Estado” de cuatro autos, todos ellos dictados por el Pleno: AATC 8/2015, de 20 de enero, que inadmitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y su texto refundido; ATC 121/2015, de 7 de julio, que inadmitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona respecto del art. 26.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalitat para 2012; ATC 137/2015, de 21 de julio, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona en relación con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal, y AATC 189/2015 y 190/2015, de 5 de noviembre, que denegaron la suspensión en sendos recursos de amparo promovidos en relación con los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que admitieron a trámite la “Propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales”.

Durante 2015 el Pleno inadmitió mediante auto un recurso de inconstitucionalidad, 54 cuestiones de inconstitucionalidad y dos conflictos en defensa de la autonomía local. También por auto, el Pleno acordó la extinción de cuatro recursos de inconstitucionalidad y una impugnación de disposiciones autonómicas, así como el desistimiento en dos recursos de inconstitucionalidad; las Salas acordaron la extinción de 11 cuestiones: nueve la Sala Primera y dos la Sala Segunda.

Las Salas y Secciones dictaron 46 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo; si bien la práctica totalidad de estos recursos se hallaba pendiente de admisión, en tres casos el desistimiento se produjo en recursos de amparo ya admitidos a trámite (ATC 25/2015, de 16 de febrero, de la Sala Segunda, y AATC 151/2015 y 152/2015, de 21 de septiembre, de la Sala Primera).

El Tribunal dictó 32 autos resolviendo recursos de súplica. Veinticinco de ellos habían sido interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a providencias inadmitiendo a trámite los correspondientes recursos de amparo. Nueve de estos recursos fueron estimados (AATC 18/2015, de 2 de febrero; 31/2015, de 16 de febrero; 49/2015, de 20 de febrero; 99/2015, de 1 de junio; 106/2015, de 15 de junio; 140/2015, de 23 de julio; 159/2015 y 160/2015, de 1 de octubre, y 176/2015, de 30 de octubre) y los otros 16 desestimados. Debe advertirse que si bien en la práctica totalidad de los casos la estimación del recurso de súplica vino acompañada de la reposición de las actuaciones al momento anterior a dictarse la providencia controvertida, en los AATC 31/2015 y 176/2015 junto con la estimación del recurso de súplica se acordó igualmente la inadmisión del recurso de amparo concernido. Los siete recursos restantes habían sido formulados por la representación procesal de la parte actora en cuatro procesos de amparo (AATC 24/2015, de 16 de febrero, y 57/2015, de 16 de marzo, dictados por la Sala Segunda; 115/2015, de 6 de julio, de la Sala Primera, y 143/2015, de 24 de julio, de la Sección Tercera), un recurso de inconstitucionalidad (ATC 148/2015, de 10 de septiembre) y dos conflictos en defensa de la autonomía local (AATC 102/2015, de 9 de junio, y 168/2015, de 6 de octubre).

En relación con la suspensión de normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, el Pleno dictó 17 autos. Acordó el levantamiento íntegro de la suspensión de la norma impugnada en los AATC 63/2015, de 17 de marzo; 196/2015, de 18 de noviembre, y 202/2015, de 1 de diciembre, y en otros tres autos dispuso el levantamiento parcial (AATC 67/2015, de 14 de abril; 122/2015, de 7 de julio, y 226/2015, de 15 de diciembre). En siete autos mantuvo la medida cautelar de suspensión: cinco de ellos fueron dictados en recursos de inconstitucionalidad (AATC 32/2015, de 17 de febrero; 135/2015, de 21 de julio; 170/2015, de 7 de octubre, y 181/2015 y 182/2015, de 3 de noviembre), uno en conflicto positivo de competencia (ATC 186/2015, de 3 de noviembre) y otro en una impugnación de disposiciones autonómicas (ATC 53/2015, de 3 de marzo). Finalmente, en el ATC 23/2015, de 3 de febrero, el Pleno del Tribunal declaró que no había lugar a pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, al haber sido derogada la norma durante la sustanciación del incidente.

En procesos de amparo se dictaron 23 autos relacionados con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC. En seis de estos autos se otorgó la suspensión (AATC 7/2015, de 19 de enero; 59/2015, de 16 de marzo; 90/2015 y 94/2015, de 25 de mayo, y 178/2015 y 179/2015, de 2 de noviembre); a ellos se deben sumar los AATC 92/2015, de 25 de mayo, y 119/2015, de 6 de julio, en los que se mantuvo la medida cautelar acordada en la providencia de admisión del correspondiente recurso de amparo; en otros 13 se denegó (AATC 27/2015 y 29/2015, de 16 de febrero; 116/2015 y 117/2015, de 6 de julio; 127/2015, de 20 de julio; 189/2015 y 190/2015, de 5 de noviembre; 207/2015 a 210/2015, 212/2015 y 213/2015, de 14 de diciembre). Finalmente, en los AATC 50/2015, de 2 de marzo, y 95/2015, de 25 de mayo, si bien se denegó la medida cautelar interesada, se acordó la anotación preventiva de la demanda de amparo.

Se dictaron dos autos denegando la aclaración de sentencias y otros tres procedieron a la rectificación de errores materiales padecidos en otras tantas resoluciones. El Pleno denegó la aclaración de la STC 27/2015, de 19 de febrero, mediante el ATC 55/2015, de 5 de marzo, y la Sala Primera hizo lo propio respecto de la STC 200/2014, de 15 de diciembre (ATC 17/2015, de 2 de febrero). La Sala Primera dictó dos autos de rectificación: el ATC corrigió un error material advertido en la STC 77/2015, de 27 de abril, y el ATC 198/2015, de 30 de noviembre, rectificó el error padecido en el recurso de amparo 6312-2014; la Sala Segunda rectificó, en el ATC 177/2015, de 2 de noviembre, un error material padecido en la STC 181/2015, de 7 de septiembre. Se dictaron tres autos de inadmisión de sendos incidentes de ejecución de sentencia: el Pleno dictó el ATC 120/2015, de 7 de julio, en el que rechazó el incidente promovido en relación con la STC 150/2012, de 5 de julio, y la Sala Segunda dictó los AATC 65/2015, de 13 de abril, y 197/2015, de 30 de noviembre, inadmitiendo los incidentes de ejecución de las SSTC 199/2014, de 15 de diciembre, y 138/2014, de 8 de septiembre, respectivamente.

Tres autos acordaron la acumulación de procesos constitucionales. En el ATC 68/2015, de 14 de abril, el Pleno acordó la acumulación de dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares; la Sala Primera acumuló dos recursos de amparo en el ATC 56/2015, de 16 de marzo, y la Sala Segunda hizo otro tanto en el ATC 100/2015, de 8 de junio.

Se dictaron 13 autos aceptando 14 abstenciones de Magistrados en procesos de amparo (en el ATC 83/2015, de 12 de mayo, se aceptaron dos abstenciones) y otros dos declarando que no se había producido un funcionamiento anormal del Tribunal (AATC 88/2015, de 25 de mayo, y 109/2015, de 22 de junio).

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2015 el Pleno admitió a trámite 109 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, así como tres recursos de amparo previamente avocados. Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto un recurso de inconstitucionalidad, 54 cuestiones de inconstitucionalidad y dos conflictos en defensa de la autonomía local. Por providencia inadmitió dos recursos de inconstitucionalidad formulados por quienes carecían de legitimación activa al efecto.

Por su parte, las Salas y Secciones admitieron a trámite 84 recursos de amparo y dictaron 7.880 providencias de inadmisión y 485 de terminación. Como ya se ha indicado en su momento, nueve providencias de inadmisión fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal; si bien en dos de estos casos el Auto resolutorio de la súplica acordó la inadmisión definitiva del recurso de amparo. De modo que del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo, 8.452 (cifra que resulta de sumar a las 7.880 providencias de inadmisión las 485 providencias de terminación y las 87 providencias de admisión de recursos de amparo dictadas) solo el 1,02 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia; el restante 98,99 por 100 de las resoluciones supusieron la inadmisión del recurso.

La presente Memoria incorpora por primera vez un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. Destaca el predominio del motivo relativo a la ausencia de doctrina constitucional (20 admisiones de recursos de amparo, un 22,98 por 100), al que siguen, por su importancia numérica, las providencias que, bien mencionan varios motivos, bien no hacen indicación de ninguno (13 en cada caso, un 14,95 por 100); la aclaración o cambio de doctrina constitucional resultante de cambios normativos sobrevenidos (12 recursos admitidos por este motivo, un 13,79 por 100); el incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o la existencia de resoluciones judiciales contradictorias (11 demandas de ampo, el 12,65 por 100); la aclaración o cambio de doctrina consecuencia de un proceso de reflexión interna (10 recursos, el 11,49 por 100); las consecuencias políticas generales que plantea el recurso (cuatro demandas, el 4,60 por 100) y la aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de la aparición de nuevas realidades sociales (dos recursos, un 2,29 por 100). Un recurso de amparo se admitió al advertir el eventual origen normativo de la vulneración constitucional denunciada y otro por la repercusión social o económica de la cuestión que planteaba.

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos muestran un año más el predominio de la causa de inadmisión relativa a la inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado (2.955 recursos de amparo fueron inadmitidos por este motivo, lo que representa un 36,92 por 100 del total de inadmisiones), seguida a gran distancia por las atinentes a la falta de justificación o la insuficiente justificación de la especial transcendencia constitucional de la demanda (respectivamente 1.334, el 16,67 por 100, y 1.569, el 19,60 por 100) y la falta de agotamiento de todos los recursos en la vía judicial previa (878 casos, el 10,69 por 100). Porcentajes inferiores al 10 por 100 presentaron las inadmisiones por falta de subsanación de defectos procesales oportunamente advertidos al recurrente (556 providencias de inadmisión, un 6,94 por 100); extemporaneidad del recurso de amparo (347, un 4,33 por 100); la falta de especial trascendencia constitucional (62, el 0,78 por 100) o la falta de denuncia tempestiva de la vulneración del derecho fundamental invocado (35, un 0,43 por 100). A estas causas de inadmisión se añaden 189 providencias en las que se mencionan diversos motivos (un 2,36 por 100) y otras 81 en las que se indicaron otros motivos (1,01 por 100).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2015 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 166 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales; admitió a trámite 112, inadmitió 59 —de ellos, 57 por auto y dos mediante providencia— y dio por finalizados siete asuntos en fase de admisión. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión 57 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. El Pleno avocó para su conocimiento tres recursos de amparo y defirió a las Salas el conocimiento de nueve asuntos: dos a la Sala Primera y siete a la Sala Segunda. Dictó 107 sentencias que resolvieron otros tantos asuntos (pues no había ninguno acumulado) y declaró extinguidos siete procesos, por lo que resolvió —por sentencia o por auto de terminación— 114 asuntos, de modo que finalizó el año con seis asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos pendientes suman un total de 223, acumulados en 217 procesos.

Con respecto a las Salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.630 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 4.229; además, dio por terminados —por desistimiento u otras causas— 65 recursos que se hallaban pendientes de admisión (28 por providencia y 37 por auto). Por consiguiente, al finalizar el año había 696 recursos menos en trámite de admisión ante la Sala. Teniendo en cuenta los asuntos recibidos otros años, se hallaban en esta situación 1.770 recursos de amparo (en esta cifra se incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex arts. 49.4 y 50.4 LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex art. 88 LOTC).

En la Sala Segunda ingresaron 3.573 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.644 y dio por terminados 482 recursos pendientes de admisión (mediante 457 providencias y 24 autos). Al finalizar el año, la Sala se hallaba tramitando 605 asuntos menos que el año anterior, lo que significa que el número total de recursos pendientes de admisión ascendía a 1.542.

A lo largo del año las Salas recibieron nueve procesos atribuidos por el Pleno en virtud del art. 10 LOTC: dos la Sala Primera y siete la Sala Segunda. De modo que la Sala Primera acabó 2015 con diez asuntos atribuidos por el Pleno (nueve cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia) y ante la Sala Segunda pendían 19 cuestiones de inconstitucionalidad.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, las Salas dictaron 86 sentencias en asuntos asignados por el Pleno y 79 en recursos de amparo, que resolvieron 81 asuntos, al haber dos acumulados. La Sala Primera resolvió mediante sentencia 37 cuestiones de inconstitucionalidad y la Sala Segunda 47 cuestiones y dos conflictos positivos de competencia.

Se dictaron 96 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó 17 de ellas. Al finalizar el año tenía pendientes 11 recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente. La Sala Primera dictó 30 sentencias en procesos de amparo, resolutorias de 31 demandas. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 32 asuntos nuevos, acumuló un recurso y acordó el desistimiento en otros dos recursos previamente admitidos. Al finalizar el año se hallaban pendientes de sentencia de la Sala Primera un total de 34 recursos de amparo, no habiendo ninguno pendiente ante sus Secciones. La Sala Segunda dictó 49 sentencias en procesos de amparo, resolutorias de 50 recursos; admitió a trámite 52 amparos y acordó el desistimiento en uno que había sido admitido a trámite. Al concluir el año la Sala Segunda tenía pendientes de Sentencia 54 recursos de amparo. No había ninguno pendiente de resolución definitiva ante las Secciones.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2015 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 217 procesos que comprendían 223 asuntos, seis de ellos previamente acumulados. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 157 recursos de inconstitucionalidad (163 con los acumulados), 19 cuestiones de inconstitucionalidad, 11 recursos de amparo avocados, 23 conflictos positivos de competencia, cuatro conflictos en defensa de la autonomía local y tres cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales. Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir 28 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia deferidos por el Pleno a las Salas y que penden ante ellas (nueve cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia en la Sala Primera y 19 cuestiones en la Segunda).

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad dos recursos de inconstitucionalidad y 55 cuestiones.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 99. A los 11 recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben añadirse los 34 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera y los 54 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 3.312, de los cuales 1.770 correspondían a la Sala Primera y 1.542 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2015 el Tribunal dictó 55 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 109 en cuestiones de inconstitucionalidad, siete en conflictos positivos de competencia, cinco en impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local.

El Pleno dictó 90 de estas sentencias. De ellas, 56 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes disposiciones estatales y autonómicas en las siguientes materias: agricultura (SSTC 11/2015, de 5 de febrero, y 85/2015, de 30 de abril), comercio (STC 156/2015, de 9 de julio), consultas populares no referendarias (STC 31/2015, de 25 de febrero), contratación administrativa (STC 237/2015, de 19 de noviembre), costas (SSTC 57/2015, de 18 de marzo; 92/2015, de 14 de mayo, y 233/2015, de 5 de noviembre), educación (SSTC 155/2015, de 9 de julio), empleados públicos (SSTC 104/2015, de 28 de mayo; 156/2015, de 9 de julio, y 238/2015, de 19 de noviembre), empleo y relaciones laborales (SSTC 8/2015, de 22 de enero; 27/2015, de 19 de febrero; 198/2015 y 199/2015, de 24 de septiembre), ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito social (STC 272/2015, de 17 de diciembre), ferrocarriles (STC 197/2015, de 24 de septiembre), fundaciones (STC 14/2015, de 5 de febrero), medio ambiente y ordenación territorial y urbanística (SSTC 5/2015, de 22 de enero; 13/2015, de 5 de febrero; 57/2015, de 18 de marzo; 92/2015, de 14 de mayo, y 214/2015, de 22 de octubre), ordenación del sistema financiero (STC 12/2015, de 5 de febrero, y 47/2015, de 5 de marzo), prestaciones y régimen público de la Seguridad Social (SSTC 49/2015, de 5 de marzo, y 84/2015, de 30 de abril), presupuestos y finanzas públicas (STC 44/2015, de 5 de marzo, y 215/2015, de 22 de octubre), régimen electoral (STC 15/2015, de 5 de febrero), régimen jurídico de los entes públicos (SSTC 103/2015, de 28 de mayo, y 230/2015, de 5 de noviembre, y 236/2015, de 19 de noviembre), régimen minero y energético (SSTC 28/2015, de 19 de febrero; 48/2015, de 5 de marzo; 105/2015 y 106/2015, de 28 de mayo; 260/2015, de 3 de diciembre, y 270/2015, de 17 de diciembre), registro civil (STC 199/2015, de 24 de septiembre), Defensor del Pueblo autonómico (STC 46/2015, de 5 de marzo), tributos (SSTC 26/2015, de 19 de febrero; 30/2015, de 19 de febrero; 59/2015, de 18 de marzo; 73/2015, de 14 de abril; 102/2015, de 26 de mayo; 107/2015, 108/2015 y 111/2015, de 28 de mayo; 136/2015, de 11 de junio; 202/2015, de 24 de septiembre, y 211/2015, de 8 de octubre), turismo (STC 209/2015, de 8 de octubre), universidades (STC 176/2015, de 22 de julio) y vivienda (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, y 216/2015, de 22 de octubre).

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 23 sentencias dictadas por el Pleno y 84 por las Salas (37 la Sala Primera y 47 la Sala Segunda). Las sentencias del Pleno tuvieron por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley en materia de acceso a la función pública (SSTC 157/2015, de 9 de julio, y 200/2015, de 24 de septiembre), acceso a la enseñanza (STC 271/2015, de 17 de diciembre), finanzas públicas y presupuestos (SSTC 201/2015, de 24 de septiembre; 212/2012 y 213/2015, de 8 de octubre; 219/2015, 220/2015 y 221/2015, de 22 de octubre, y 234/2015, de 5 de noviembre), medio ambiente (SSTC 50/2015, de 5 de marzo; 231/2015, de 5 de noviembre, y 269/2015, de 17 de diciembre), minas (STC 235/2015, de 5 de noviembre), retribuciones extraordinarias de los empleados públicos (SSTC 83/2015, de 30 de abril; 184/2015, de 10 de septiembre, y 210/2015, de 8 de octubre), Seguridad Social (STC 79/2015, de 30 de abril; 95/2015, de 14 de mayo, 109/2015 y 110/2015, de 28 de mayo), tributos (STC 60/2015, de 18 de marzo) y urbanismo y ordenación del territorio (SSTC 29/2015, de 19 de febrero, y 218/2015, de 22 de octubre).

Las sentencias dictadas por las Salas en cuestiones de inconstitucionalidad versaron sobre normas estatales y autonómicas con rango de ley en materia de colegios profesionales (STC 229/2015, de 2 de noviembre), empleo y relaciones laborales (STC 140/2015, de 22 de junio), faltas penales y administrativas (SSTC 4/2015, de 19 de enero, y 10/2015, de 2 de febrero), ordenación farmacéutica (STC 41/2015, de 2 de marzo), prestaciones y régimen público de la Seguridad Social (SSTC 116/2015 a 123/2015 y 125/2015 a 135/2015, de 8 de junio, y 144/2015, de 22 de junio), presupuestos y finanzas públicas (STC 62/2015, de 13 de abril; 246/2015 a 253/2015 y 255/2015 a 258/2015, de 30 de noviembre), retribuciones extraordinarias de los empleados públicos (SSTC 97/2015 y 100/2015, de 25 de mayo; 113/2015 y 114/2015, de 8 de junio; 141/2015 y 143/2015, de 22 de junio; 151/2015 y 153/2015, de 6 de julio; 161/2015 a 166/2015, 168/2015 y 170/2015 a 175/2015, de 20 de julio; 188/2015 a 193/2015, de 21 de septiembre; 205/2015 y 206/2015, de 5 de octubre; 224/2015, 225/2015, 227/2015 y 228/2015, de 2 de noviembre; 241/2015, 243/2015 y 245/2015, de 30 de noviembre, y 264/2015, de 14 de diciembre), tributos (STC 22/2015, de 16 de febrero), urbanismo (SSTC 43/2015, de 2 de marzo; 56/2015, de 16 de marzo; 244/2015, de 30 de noviembre, y 254/2015, de 30 de noviembre) y vivienda (SSTC 267/2015 y 268/2015, de 14 de diciembre).

Se dictaron siete sentencias resolutorias de otros tantos conflictos positivos de competencia. Cinco de ellas fueron dictadas por el Pleno en conflictos planteados respecto de disposiciones generales y resoluciones estatales en materia de becas y ayudas al estudio (STC 25/2015, de 19 de febrero), ganadería (STC 58/2015, de 18 de marzo), laboral (STC 61/2015, de 18 de marzo), minas y medio ambiente (STC 45/2015, de 5 de marzo) y sanidad y farmacia (STC 6/2015, de 22 de enero). La Sala Segunda dictó dos sentencias resolutorias de sendos conflictos positivos de competencia planteados por la Xunta de Galicia respecto de convocatorias estatales de ayudas públicas en materia laboral (STC 178/2015, de 7 de septiembre, y 185/2015, de 21 de septiembre).

El Pleno resolvió igualmente un conflicto en defensa de la autonomía local (STC 92/2015, de 14 de mayo) y cinco impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones autonómicas, tres de ellas dictadas por diferentes órganos de la Comunidad de Cataluña (SSTC 32/2015, de 25 de febrero; 138/2015, de 11 de junio, y 259/2015, de 2 de diciembre) y las dos restantes por el Gobierno de Canarias (SSTC 137/2015, de 11 de junio, y 147/2015, de 27 de junio).

El Pleno acordó, siempre en sentencia, la inadmisión parcial de un recurso de inconstitucionalidad (STC 197/2015, de 24 de septiembre) y diez cuestiones de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia o por otros defectos procesales (SSTC 79/2015, de 30 de abril; 157/2015, de 9 de julio; 201/2015, de 24 de septiembre; 212/2015 y 213/2015, de 8 de octubre; 219/2015 a 221/2015, de 22 de octubre; 234/2015, de 5 de noviembre, y 269/2015, de 17 de diciembre) y apreció la pérdida sobrevenida de objeto en otras tres (SSTC 83/2015, de 30 de abril; 184/2015, de 10 de septiembre; 210/2015, de 8 de octubre). La Sala Primera inadmitió cinco cuestiones por inadecuada formulación del juicio de relevancia (SSTC 241/2015, de 30 de noviembre; 246/2015, 247/2015, 249/2015 y 258/2015, de 30 de noviembre) y constató la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de otras 17 (SSTC 97/2015 y 100/2015, de 25 de mayo; 113/2015 y 114/2015, de 8 de junio; 153/2015, de 6 de julio; 166/2015, 168/2015, 170/2015, 172/2015 y 175/2015, de 20 de julio; 188/2015, 189/2015, 192/2015 y 193/2015, de 21 de septiembre; 205/2015 y 206/2015, de 5 de octubre; 225/2015, de 2 de noviembre) y la pérdida parcial de objeto de la cuestión en la STC 243/2015, de 30 de noviembre. A su vez, la Sala Segunda inadmitió total o parcialmente 11 cuestiones (SSTC 4/2015, de 19 de enero; 43/2015, de 2 de marzo, que además apreció la pérdida parcial de objeto de la cuestión; 56/2015, de 16 de marzo; 248/2015, 250/2015, 251/2015 a 253/2015 y 255/2015 a 257/2015, de 30 de noviembre) y apreció la pérdida de objeto en otras 19 (SSTC 141/2015, de 22 de junio; 151/2015, de 6 de julio; 161/2015 a 165/2015, 171/2015, 173/2015 y 174/2015, de 20 de julio; 190/2015 y 191/2015, de 21 de septiembre; 224/2015 y 226/2015 a 228/2015, de 2 de noviembre; 244/2015 y 245/2015, de 30 de noviembre; 264/2015, de 14 de diciembre).

En 47 de las 177 pronunciadas en estos procesos constitucionales se formularon votos particulares: 30 de estas sentencias fueron dictadas por el Pleno, nueve por la Sala Primera y ocho por la Sala Segunda.

Durante 2015 el Pleno inadmitió mediante auto 53 cuestiones de inconstitucionalidad —ya fuera por no satisfacerse los requisitos procesales o por resultar notoriamente infundadas—, un recurso de inconstitucionalidad (ATC 139/2015, de 21 de julio) y dos conflictos en defensa de la autonomía local (AATC 70/2015, de 14 de abril —confirmado en súplica por el ATC 102/2015, de 9 de junio—, y 149/2015, de 10 de septiembre —confirmado en súplica por el ATC 168/2015, de 6 de octubre). También por auto, el Pleno acordó la extinción de cuatro recursos de inconstitucionalidad (AATC 51/2015, de 3 de marzo; 165/2015 y 166/2015, de 6 de octubre, y 171/2015, de 20 de octubre) y una impugnación de disposiciones autonómicas (ATC 54/2015, de 3 de marzo), así como el desistimiento en dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 169/2015, de 6 de octubre, y 223/2015, de 15 de diciembre). Las Salas apreciaron la extinción de 11 cuestiones de inconstitucionalidad: diez de ellas se habían promovido en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y del régimen urbanístico del suelo de Cantabria (AATC 211/2015, 214/2015, 215/2015, 216/2015, 217/2015, 218/2015, 219/2015, 220/2015, 221/2015 y 222/2015, de 14 de diciembre) y una respecto de la disposición adicional decimocuarta del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias (ATC 28/2015, de 16 de febrero).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2015 el Tribunal dictó 127 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 36 normas estatales con rango de ley. El Pleno dictó 49 de estas sentencias (32 en recursos de inconstitucionalidad y 17 en cuestiones de inconstitucionalidad), en tanto que las Salas dictaron 78, todas ellas en cuestiones de inconstitucionalidad (35 la Sala Primera y 43 la Sala Segunda). El Pleno acordó la inadmisión parcial de un recurso de inconstitucionalidad (STC 197/2015, de 24 de septiembre), inadmitió ocho cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas estatales con rango de ley (SSTC 79/2015, de 30 de abril; 201/2015, de 24 de septiembre; 212/2015 y 213/2015, de 8 de octubre; 219/2015 a 221/2015, de 22 octubre, y 234/2015, de 5 de noviembre) y constató la extinción, total o parcial, por pérdida de objeto de otras cinco (SSTC 83/2015, de 30 de abril; 105/2015 y 106/2015, de 28 de mayo; 184/2015, de 10 de septiembre, y 210/2015, de 8 de octubre). La Sala Primera inadmitió por sentencia cinco cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 241/2015, 246/2015, 247/2015, 249/2015 y 258/2015, todas de 30 de noviembre) y declaró extinguidas, por pérdida sobrevenida de objeto, otras 19 (SSTC 97/2015 y 100/2015, de 25 de mayo; 113/2015 y 114/2015, de 8 de junio; 153/2015, de 6 de julio; 166/2015, 168/2015, 170/2015, 172/2015 y 175/2015, de 20 de julio; 188/2015, 189/2015, 192/2015 y 193/2015, de 21 de septiembre; 205/2015 y 206/2015, de 5 de octubre; 225/2015, de 2 de noviembre; 243/2015, de 30 de noviembre, y 264/2015, de 14 de diciembre). La Sala Segunda inadmitió total o parcialmente 11 cuestiones (SSTC 4/2015, de 19 de enero; 43/2015, de 2 de marzo; 245/2015, 248/2015, 250/2015 a 253/2015, y 255/2015 a 257/2015, de 30 de noviembre) y constató la extinción total o parcial de la cuestión en 19 sentencias (SSTC 43/2015; 141/2015, de 22 de junio; 151/2015, de 6 de julio; 161/2015 a 165/2015, 171/2015, 173/2015 a 175/2015, de 20 de julio; 190/2015 y 191/2015, de 21 de septiembre; 224/2015, 227/2015 y 228/2015, de 2 de noviembre; 244/2015 y 245/2015, de 30 de noviembre). En 37 de estas 127 sentencias se formuló algún voto particular.

En estas sentencias el Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 25 preceptos legales estatales y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros tres. Si bien por lo común las declaraciones de inconstitucionalidad tuvieron como corolario la anulación de los preceptos legales concernidos, en las SSTC 13/2015, de 5 de febrero, y 211/2015, de 8 de octubre, se modularon los efectos de la anulación acordada.

El Pleno dictó 43 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre las siguientes normas estatales con rango de ley: Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y su texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (AATC 8/2015, de 20 de enero; 21/2015, de 3 de febrero; 36/2015 y 38/2015, de 17 de febrero; 61/2015 y 62/2015, de 17 de marzo, y 201/2015, de 1 de diciembre); Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (AATC 9/2015 y 10/2015, de 20 de enero; 52/2015, de 3 de marzo; 154/2015, de 22 de septiembre; 167/2015, de 6 de octubre; 172/2015 y 173/2015, de 20 de octubre; 183/2015, de 3 de noviembre, y 225/2015, de 15 de diciembre); Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (ATC 20/2015, de 3 de febrero; 111/2015, de 23 de junio, y 145/2015, de 10 de septiembre); Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (ATC 33/2015, 34/2015 y 35/2015, de 17 de febrero, y 60/2015, de 17 de marzo); Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (AATC 66/2015, de 14 de abril, y 195/2015, de 18 de noviembre); Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (AATC 74/2015, de 28 de abril, y 155/2015, de 22 de octubre); Ley hipotecaria, reformada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (ATC 84/2015, de 12 de mayo); Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (AATC 112/2015, de 23 de junio, y 146/2015, de 10 de septiembre); Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social (AATC 129/2015, 130/2015, 132/2015, 133/2015 y 134/2015, de 21 de julio); Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo estatal de inversión local (ATC 136/2015, de 21 de julio); Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código penal (ATC 180/2015, de 3 de noviembre), y 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal (AATC 137/2015 y 138/2015, de 21 de julio); Ley Orgánica del Poder Judicial (ATC 172/2015, de 20 de octubre) Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964 (ATC 188/2015, de 5 de noviembre); Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2011 (ATC 224/2015, de 15 de diciembre) y la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas para la flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (ATC 227/2015, de 15 de diciembre). Asimismo, inadmitió, también por auto, un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con varios preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa (ATC 139/2015, de 21 de julio, confirmado en súplica por el ATC 148/2015, de 10 de septiembre).

Por lo que se refiere a los procesos resueltos por sentencia, cuatro de ellos tuvieron por objeto diferentes preceptos de leyes orgánicas. En primer lugar, la STC 3/2015, de 19 de enero, dictada por la Sala Segunda, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la regulación de la reiteración de la falta de hurto contenida en el art. 623.1 del Código penal. La Sentencia reiteró la interpretación constitucionalmente conforme del precepto legal controvertido ya acordada en la STC 185/2014, de 6 de noviembre, de acuerdo con la cual la mención que se hace en la norma a las “faltas ya enjuiciadas” ha de entenderse hecha a las declaradas en sentencia firme previa y las faltas “no enjuiciadas” deben de ser probadas en el concreto proceso en que se plantea la aplicación de la figura de la falta de hurto con reiteración. En la STC 4/2015, de 19 de enero, esta misma Sala inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad relativa a la misma cláusula del Código penal, por falta del requisito procesal de acreditación del juicio de aplicabilidad y relevancia.

Las otras dos sentencias fueron dictadas por el Pleno: la STC 155/2015, de 9 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra respecto del art. 9.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Dicho precepto regula el acceso a la educación no obligatoria de los extranjeros mayores de edad, sin que de su literalidad pueda inferirse la limitación del acceso a este nivel educativo para los extranjeros no residentes en España. A su vez, la STC 176/2015, de 22 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. En particular, la Sentencia declaró que la habilitación al Gobierno para la regulación de determinados extremos (títulos universitarios y oficiales y estructura de las enseñanzas oficiales) no desconoce la reserva de ley de orgánica en materia de educación y autonomía universitaria, al tratarse de ámbitos en los que es pertinente la colaboración reglamentaria al necesitar de una regulación normativa particularmente detallada. Asimismo, concluyó que la exigencia de equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno y representación de las universidades privadas no es contraria a la Constitución pues con ella se trata de corregir la situación de desigualdad que, también por lo que hace al gobierno de las universidades, ha padecido la mujer; tampoco apreció causa de inconstitucionalidad en las previsiones relativas a la participación del personal docente e investigador en las decisiones estrictamente académicas de las universidades privadas y en la elección de su rector. Finalmente, la STC 176/2015 rechazó que la regulación de los cuerpos docentes universitarios contenida en la Ley Orgánica vulnerase el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas o contraviniese la reserva de ley orgánica.

Durante 2015 se dictaron un total de 15 sentencias en procesos que tenían por objeto diferentes preceptos de leyes aprobatorias de los presupuestos generales del Estado. Cumple señalar, no obstante, que 13 de estas sentencias acordaron la inadmisión, por inadecuada formulación del juicio de relevancia, de las distintas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con la regulación de la distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, incluyendo los de escolarización diferenciada por sexo: STC 234/2015, de 5 de noviembre, cuya doctrina aplicaron luego las SSTC 246/2015, 247/2015, 248/2015, 249/2015, 250/2015, 251/2015, 252/2015, 253/2015, 255/2015, 256/2015, 257/2015, 258/2015, todas de 30 de noviembre.

El Pleno del Tribunal, en la STC 44/2015, de 5 de marzo, declaró inconstitucional y nula la disposición de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2005 relativa al procedimiento de determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria. Según concluyó la Sentencia, este precepto no solo carecía de conexión directa con el contenido necesario de la Ley presupuestaria sino que además incidía en la autonomía de las Cámaras. La Sentencia desestimó en todo lo demás el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 Diputados frente a la mencionada Ley de presupuestos generales del Estado, singularmente en lo relativo al descuento por volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud, calificado como prestación patrimonial de carácter público sin naturaleza tributaria, por lo que su inclusión en la ley presupuestaria no transgredió la prohibición constitucional de crear tributos mediante este tipo de leyes. En aplicación de esta doctrina, la STC 62/2015, de 13 de abril, dictada por la Sala Primera, estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto de la disposición adicional de esa misma Ley de presupuestos generales del Estado que modificó la Ley del medicamento para establecer un descuento obligatorio a fabricantes e importadores sobre el volumen de ventas de medicamentos dispensados en territorio nacional a través de la receta oficial del Sistema Nacional de Salud.

Se dictaron un total de 88 sentencias —31 de ellas fueron dictadas por el Pleno, 28 por la Sala Primera y otras 29 por la Sala Segunda— en procesos que tenían por objeto diferentes preceptos contenidos en decretos-leyes dictados por el Gobierno de la Nación.

La STC 12/2015, de 5 de febrero, a la que se formularon dos votos particulares, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados frente al Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. La Sentencia entendió suficientemente justificada la concurrencia del presupuesto habilitante necesario para dictar normas de urgencia y la existencia de una conexión de sentido entre la extraordinaria y urgente necesidad aducida —la concurrencia de una multitud de inversores minoristas que habían adquirido productos financieros complejos— y las medidas contenidas en la norma cuestionada para hacerle frente (entre otras, la creación de una comisión de seguimiento).

El 19 de febrero se dictaron tres sentencias que tenían por objeto otros tantos decretos-leyes: SSTC 27/2015, 28/2015 y 29/2015. La primera de ellas resolvió un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente a diversos preceptos del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, relativos a las obligaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y la competencia para sancionar el incumplimiento de la carga de mantener la inscripción como demandantes de empleo para que pudieran disfrutar de las prestaciones y subsidios por desempleo. La Sentencia estimó el recurso y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos cuestionados por ausencia del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, al no aceptar las razones invocadas por el Gobierno: coyuntura de crisis económica y voluntad de dotar de seguridad jurídica a la normativa sobre disciplina infractora en la materia. La STC 28/2015 desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Extremadura en relación con el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, relativo al régimen económico de la producción de energía, que incorporaba un nuevo índice de precios al consumo (IPC) de referencia. La Sentencia entendió acreditada la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. A su vez, la STC 29/2015 declaró inconstitucional y nulo el precepto del Real-Decreto ley 8/2011, que introducía la regla del silencio administrativo negativo para las solicitudes de actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo. La Sentencia declaró que el objetivo del Gobierno de dotar de seguridad jurídica a la normativa en materia de concesión de autorizaciones y licencias urbanísticas no representa por sí solo una justificación suficiente para aprobar normas de urgencia en el ámbito urbanístico. Más allá de la existencia de inseguridad jurídica, es preciso que esa incertidumbre venga cualificada por determinadas circunstancias (elevado número de particulares afectados, envergadura de los intereses económicos en juego o naturaleza de los derechos comprometidos) para que pueda entenderse que se trata de una situación de extraordinaria y urgente necesidad.

En la STC 47/2015, de 5 de marzo, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con algunos preceptos del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, sobre la recapitalización de las cajas de ahorro como medida para el reforzamiento del sistema financiero. La Sentencia puso de relieve que las previsiones legales cuestionadas —que encuadró en la competencia estatal sobre bases de crédito y banca, sin invasión de la correlativa autonómica en materia de cajas de ahorro— tenían como propósito facilitar el flujo del crédito al sistema bancario en una coyuntura de grave crisis económica y de incertidumbre de los mercados internacionales. También se constató la concurrencia de los dos requisitos —presupuesto habilitante y conexión de sentido— en la STC 48/2015, de 5 de marzo, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Xunta de Galicia respecto del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La doctrina de esta sentencia, que cuenta con un voto particular discrepante, fue aplicada en las SSTC 105/2015 y 106/2015, de 28 de mayo, desestimatorias de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Junta de Extremadura y el Gobierno de Canarias, en relación con el mismo Real Decreto-ley.

La STC 49/2015, de 5 de marzo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados respecto del precepto del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, que suspendía la actualización de las pensiones del ejercicio 2012. La Sentencia rechazó que la suspensión constituyese un supuesto de irretroactividad auténtica constitucionalmente prohibida, pues cuando la norma fue aprobada los pensionistas no tenían un derecho consolidado, sino una mera expectativa a la revalorización de sus pensiones. La STC 49/2015 descartó igualmente la vulneración del derecho de propiedad al apreciar que la norma impugnada no provocaba la expropiación de bienes o derechos toda vez que lo suspendido no era un derecho cierto o consolidado, sino futuro o eventual. La doctrina de esta Sentencia fue reiterada en dos resoluciones del Pleno (SSTC 95/2015, de 14 de mayo, y 109/2015, de 28 de mayo), ocho Sentencias de la Sala Primera (SSTC 119/2015, 120/2015, 125/2015, 127/2015, 130/2015, 131/2015 y 135/2015, de 8 de junio, y 144/2015, de 22 de junio) y otras 12 de la Sala Segunda (SSTC 116/2015, 117/2015, 118/2015, 121/2015, 122/2015, 123/2015, 126/2015, 128/2015, 129/2015, 132/2015, 133/2015, 134/2015, todas de 8 de junio). En 16 de estas sentencias se formuló algún voto particular discrepante (SSTC 95/2015, 109/2015, 116/2015, 117/2015, 119/2015, 120/2015, 125/2015, 126/2015, 127/2015, 129/2015, 130/2015, 131/2015, 133/2015, 134/2015, 135/2015 y 144/2015).

La STC 81/2015, de 30 de abril, desestimó el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Parlamento de Navarra respecto del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De un lado, la Sentencia constató la concurrencia de los presupuestos habilitantes para la aprobación de una norma de urgencia como la controvertida y, de otro, que no se habían sobrepasado los límites materiales a los decretos-leyes pues no había vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos ni invadido las competencias que las Comunidades Autónomas ostentan respecto de sus propios empleados (en este punto, la Sentencia reitera la doctrina de la STC 63/1986, de 21 de mayo, conforme a la cual las medidas de contención de gastos de personal se enmarcan dentro de la competencia estatal de planificación económica general). La doctrina de la STC 81/2015 fue aplicada en la STC 243/2015, de 30 de noviembre.

En relación con el mismo precepto del Real Decreto-ley 20/2012, en la STC 83/2015, de 30 de abril, el Pleno del Tribunal apreció la pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión toda vez que los promotores de la acción en el proceso judicial a quo habían obtenido satisfacción extraprocesal a su pretensión. Esta misma circunstancia se apreció en otras 37 sentencias: dos de ellas dictadas por el Pleno (SSTC 184/2015, de 10 de septiembre, y 210/2015, de 8 de octubre), 18 por la Sala Primera (SSTC 97/2015 y 100/2015, de 25 de mayo; 113/2015 y 114/2015, de 8 de junio; 153/2015, de 6 de julio; 166/2015, 168/2015, 170/2015, 172/2015 y 175/2015, de 20 de julio; 188/2015, 189/2015, 192/2015 y 193/2015, de 21 de septiembre; 205/2015 y 206/2015, de 5 de octubre; 225/2015, de 2 de noviembre, y 264/2015, de 14 de diciembre) y 17 por la Sala Segunda (SSTC 141/2015, de 22 de junio; 151/2015, de 6 de julio; 161/2015 y 162/2015, de 20 de julio; 163/2015, 164/2015, 165/2015, 171/2015, 173/2015, y 174/2015, de 20 de julio; 190/2015 y 191/2015, de 21 de septiembre; 224/2015, 227/2015 y 228/2015, de 2 de noviembre; 243/2015 y 245/2015, de 30 de noviembre). La Sala Primera inadmitió otra cuestión de inconstitucionalidad con el mismo objeto en la STC 241/2015, de 30 de noviembre.

La STC 136/2015, de 11 de junio, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que establecían suplementos territoriales en el sector eléctrico para cubrir sobrecostes originados por tributos y recargos autonómicos. La Sentencia rechazó que pudiera hablarse de extraordinaria y urgente necesidad cuando los suplementos territoriales a los que se refería el Decreto-ley ya contaban con una regulación previa y estaban a disposición del Gobierno para cumplir la finalidad perseguida por el Real Decreto-ley 20/2012.

La STC 156/2015, de 9 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que modificaban la regulación de los permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, los horarios comerciales y el régimen de promoción de ventas. La Sentencia constató la concurrencia del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia al apreciar que las medidas de política económica tenían conexión de sentido con la situación de urgencia —crisis económica— invocada por el Gobierno, por más que la efectividad de algunas de ellas quedara aplazada a un momento posterior. Por otro lado, la STC 156/2015 descartó que las medidas controvertidas invadiesen competencias autonómicas, toda vez que corresponde al Estado establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y la ordenación del comercio interior. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por cinco Magistrados.

La STC 196/2015, de 24 de septiembre, estimó el recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con el Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, en cuanto añadía una disposición adicional al texto refundido de la Ley de aguas sobre competencias autonómicas en materia de policía del dominio público hidráulico. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, concluyó que no se había acreditado la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el recurso a la norma de urgencia controvertida. En concreto, la STC 196/2015 hizo hincapié en que de la STC 30/2011 —expresamente invocada en el Real Decreto-ley 12/2011— no se deriva la insoslayable necesidad de proceder a una reforma de la legislación estatal en materia de aguas que afecte al conjunto de Comunidades Autónomas y no se ciña a Andalucía, única directamente concernida por aquel pronunciamiento.

La STC 197/2015, de 24 de septiembre, dictada por el Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Los artículos controvertidos enuncian un listado de líneas y tramos integrantes de la red ferroviaria de interés general que debía regir hasta la aprobación del catálogo de líneas y tramos de la red previsto en la Ley del sector ferroviario. La Sentencia entendió acreditado el presupuesto habilitante de la legislación de urgencia al concurrir una situación de extraordinaria y urgente necesidad provocada por la anulación de un precepto de la Ley del sector ferroviario por la STC 245/2012, de 18 de diciembre; este hecho obligaba al Estado a identificar con precisión las infraestructuras ferroviarias pertenecientes a la red ferroviaria de interés general. Además, rechazó que los preceptos legales impugnados afectaran al régimen jurídico-constitucional de las Comunidades Autónomas toda vez que no contenían una delimitación directa y positiva de las competencias autonómicas, por más que su contenido pudiera incidir en ellas.

La STC 199/2015, de 24 de septiembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por más de 50 Diputados en relación con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta norma de urgencia modificó un total de 28 textos normativos con rango de ley e incidió en medio centenar de materias (entre ellas, horarios comerciales, fuerzas armadas, sector minero, registro civil…). La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por tres Magistrados, declaró que un decreto-ley puede contener medidas normativas de carácter heterogéneo, siempre que no afecten a las materias que le están constitucionalmente vedadas. Rechazó, además, la exigencia de un presupuesto habilitante común a todas las medidas contenidas en un decreto-ley transversal. La STC 199/2015 declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos relativos a la llevanza del Registro Civil por los registradores de la propiedad y mercantiles al no estar justificada la aprobación de una norma de urgencia cuya entrada en vigor se difiere, sin embargo, más de un año y se condiciona su efectividad a futuros cambios legislativos. Sobre el art. 124 de este mismo Real Decreto-ley, que reformó el impuesto estatal sobre depósitos en las entidades de crédito, versó la STC 211/2015, de 8 de octubre. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular concurrente, anuló el precepto legal impugnado, cuyos efectos no eran inmediatos, por lo que no podía entenderse justificada la urgencia de su aprobación.

En la STC 201/2015, de 24 de septiembre, el Pleno del Tribunal inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con dos preceptos del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. La Sentencia, reiterando lo ya declarado en el Auto 136/2015, de 21 de julio, que había inadmitido una cuestión de inconstitucionalidad anterior planteada por el mismo órgano judicial en relación con el mismo precepto legal, constató la inadecuada formulación del juicio de relevancia. Idéntica conclusión de inadmisión se alcanzó en las SSTC 212/2015 y 213/2015, de 8 de octubre y en las SSTC 219/2015, 220/2015 y 221/2015, de 22 de octubre, todas ellas del Pleno.

La STC 215/2015, de 22 de octubre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto del precepto del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prohibía a todas las Administraciones públicas y a sus entidades dependientes realizar, durante el año 2012, aportaciones con cargo a fondos públicos a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyeran la cobertura de la contingencia de jubilación. Apreciada la concurrencia del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia, la Sentencia rechazó las cuestiones de competencia invocadas por el Gobierno autonómico. En particular, la STC 215/2015 subrayó que la prohibición de realizar aportaciones a planes de empleo público es una medida que se encuadra en el título competencial estatal de coordinación de la planificación general de la actividad económica. Asimismo, entendió que la incidencia de la legislación estatal en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas estaba justificada por la responsabilidad del Estado de garantizar el equilibrio económico general.

Finalmente, la STC 270/2015, de 17 de diciembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia frente a los preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, relativos al régimen retributivo aplicable a los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado. La Sentencia cuenta con un voto particular concurrente, suscrito por tres Magistrados.

En materia laboral y de Seguridad Social se dictaron seis sentencias. Todas ellas resolvieron el fondo de los asuntos planteados, con la sola excepción de la STC 79/2015, de 30 de abril, dictada por el Pleno, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de un precepto de la Ley general de la Seguridad Social en relación con el derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente.

La STC 8/2015, de 22 de enero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados frente a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Reiterando la doctrina contenida en la STC 119/2014, de 16 de julio, esta Sentencia desestimó la impugnación de la introducción de un periodo de prueba de un año en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (extremo sobre el que también versó la STC 140/2015, de 22 de junio); régimen de prelaciones entre convenios colectivos y alteración de condiciones de trabajo; definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción justificativas del despido objetivo; salarios de tramitación; régimen de aplicación a los empleados públicos de la suspensión del contrato o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de organización, y nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que posibilitan la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento del trabajador de la edad de jubilación. Las SSTC 8/2015 y 140/2015 cuentan, cada una de ellas, con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

La STC 110/2015, de 28 de mayo, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la regla para calcular la base de cotización a la Seguridad Social de los contratos de trabajo a tiempo parcial, en aras de determinar la base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente dimanantes de esta tipología de contratos, contenida en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, reformado en este concreto extremo por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de la estabilidad. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, rechazó que la norma fuera contraria a los principios de igualdad —por comparación entre los trabajadores a tiempo completo y quienes prestan sus servicios a tiempo parcial—, de interdicción de la arbitrariedad —pues el distinto tratamiento de situaciones diferentes se sitúa dentro del margen de libertad de configuración del legislador— y la prohibición de discriminación por razón de sexo, pues no cabe hablar de discriminación indirecta de las trabajadoras cuando la norma se fundamenta en un principio objetivo: la aportación proporcional al sistema de la Seguridad Social.

Por su parte, la STC 198/2015, de 24 de septiembre, desestimó un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Cataluña frente a la previsión, introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, en el que se prevé que determinados órganos estatales, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, presten asesoramiento técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores. La Sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados, concluyó que el diseño del sistema de asesoramiento es una actividad que se incardina en el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, pues concierne a la regulación de una concreta obligación empresarial en el ámbito de la relación laboral. Asimismo, declaró que el asesoramiento técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo llevado a cabo por órganos estatales se traduce en actividades meramente informativas cuyos resultados no son vinculantes para las empresas ni constituyen actos de gestión y, por ello, no excluye las funciones de las Comunidades Autónomas en materia de ejecución de la legislación laboral. La Sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

Finalmente, la STC 272/2015, de 17 de diciembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco y anuló aquellos preceptos de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que atribuían la titularidad de la potestad para sancionar determinadas infracciones del orden social al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina.

En las materias de urbanismo, medio ambiente y costas se dictaron siete sentencias.

La STC 13/2015, de 5 de febrero, estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos artículos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y anuló aquellos relativos a transferencias y obras hidráulicas que se habían aprobado sin el informe previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, informe sobre cuya constitucionalidad se había pronunciado el Tribunal en la STC 110/2011, de 22 de junio. El informe autonómico, de solicitud preceptiva aunque no vinculante en cuanto a su contenido, representa, según recalca la STC 13/2015, un mecanismo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Estado específicamente previsto en una norma integrante del bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, la omisión de su solicitud vició de inconstitucionalidad los preceptos legales estatales sobre los que debió haberse pronunciado la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante, en atención al principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas y en aras de proteger los intereses de las demás Comunidades Autónomas, la nulidad se difirió un año a fin de que el legislador pudiera sustituir dichas normas por otras aprobadas cumplimentando el trámite omitido.

Reiterando la doctrina sentada en la STC 141/2014, de 11 de septiembre, las SSTC 43/2015, de 2 de marzo, y 56/2015, de 16 de marzo, dictadas ambas por la Sala Segunda, desestimaron sendas cuestiones inconstitucionalidad planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y los correlativos del texto refundido de la Ley de suelo de 2008. En particular, a estos preceptos se les reprochaba vulneración del derecho de propiedad y las garantías expropiatorias al haber ignorado el deber de indemnización por el valor real de los bienes inmuebles objeto de expropiación. Sin embargo, recordando lo afirmado en la ya citada STC 141/2014, la Sentencia que ahora se reseña hizo hincapié en que el deber de indemnizar no exige que la compensación sea equivalente al valor de mercado de los bienes y derechos expropiados, pues el legislador estatal cuenta con un margen de apreciación en la definición del método de valoración del suelo como parte integrante del régimen estatutario del derecho de propiedad fundiaria; margen de libertad que consiente la exclusión de la valoración de las expectativas de incremento del valor del bien eventualmente resultantes del proceso de transformación urbanística.

También en relación con la Ley de suelo se dictaron las SSTC 218/2015, de 22 de octubre, y 244/2015, de 20 de noviembre, que aplicó la doctrina de aquella. La primera de estas sentencias declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto del texto refundido de la Ley de suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008 que establecía el método de cálculo de la indemnización que había de percibir el propietario de suelo que se viera privado de la facultad de participar en la actuación de primera urbanización, cuando no se hubiera iniciado todavía la urbanización pero tampoco se hubieran incumplido los deberes urbanísticos que pesaran sobre dichos propietarios. Según declaró la STC 218/2015, haciéndose eco de la doctrina sentada en la STC 141/2014, de 11 de septiembre, ese método de valoración no garantizaba el proporcional equilibrio que ha de existir entre la compensación prevista en la ley y el contenido real de la facultad de la que se ve privado el propietario. A la Sentencia se formularon tres votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados, y un voto particular concurrente.

En la STC 231/2015, de 5 de noviembre, el Pleno del Tribunal desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta disposición adicional convalidó las medidas excepcionales para gestionar la escasez de agua en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro que habían sido adoptadas bajo la cobertura del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, luego anulado por Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009. La STC 231/2015 negó que la medida legislativa impugnada lesionase el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues la convalidación legislativa aprobada trataba de garantizar la conservación de unas obras realizadas con el fin de servir al interés general, en esta ocasión cualificado por la situación excepcional de sequía padecida en las áreas afectadas. Por otro lado, subrayó que el fallo que invalidó el reglamento que daba cobertura a las actuaciones tuvo naturaleza declarativa y su observancia no precisaba de la demolición de las obras realizadas, de modo que la resolución judicial quedó ejecutada con la anulación del reglamento, garantizándose con ello el cabal respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de intangibilidad de las sentencias firmes. La STC 231/2015 cuenta con un voto particular parcialmente concurrente suscrito por dos Magistrados.

La STC 233/2015, de 5 de noviembre, dictada por el Pleno, estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de costas. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 149/1991, de 4 de julio, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que excluye del dominio público terrenos que hubieran sido trasformados artificialmente o dedicados a ciertas actividades, toda vez que la naturaleza demanial de los bienes integrados en el dominio público por imperativo constitucional no es disponible para el legislador. La STC 233/2015 declaró igualmente inconstitucional y nula la regulación singular del deslinde de la isla de Formentera, pues los elementos definitorios de la zona marítimo-terrestre o las playas, y, por ende, la protección que otorga la figura del demanio natural, han de obedecer a una concepción unitaria en el territorio nacional. A idéntica conclusión llegó la Sentencia en relación con la previsión legal de reintegro al dominio privado de los bienes que perdieran su condición demanial, y con la disposición adicional que establecía un régimen específico para las instalaciones de depuración de aguas residuales construidas en el dominio público marítimo-terrestre y que habían de ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, pues esta previsión legal no satisface los cánones de razonabilidad y proporcionalidad en tanto que no respeta el monopolio jurisdiccional de jueces y tribunales. La Sentencia sentó la interpretación conforme con la Constitución de la disposición legal que excluye a determinados núcleos de población —enumerados en el anexo de la Ley— del dominio público marítimo-terrestre. La STC 233/2015 concluyó que dicha disposición se limita a identificar terrenos de dominio público que han perdido sus características naturales, lo que no implica su exclusión inmediata, sino que se trata únicamente del presupuesto necesario para iniciar el expediente que, de acuerdo con la Ley de costas, puede concluir con su eventual desafectación. La Sentencia desestimó el recurso en lo demás (remisión al reglamento de los criterios para delimitar el alcance de las olas en los mayores temporales conocidos, exclusión de la zona marítimo-terrestre de terrenos inundados artificial y controladamente, redefinición de las playas, o posibilidad de reducción de la zona de servidumbre).

En materia de vivienda la STC 216/2015, de 22 de octubre, dictada por el Pleno, desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto más de 50 Diputados en relación con la disposición adicional de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, relativa al régimen aplicable a las ayudas de los planes estatales de vivienda y renta básica de emancipación, identificando, en particular, las ayudas y subvenciones que se mantenían y aquellas otras que se suprimían. La Sentencia concluyó que el precepto legal controvertido no vulneraba el principio constitucional de irretroactividad pues sus efectos se proyectaban hacia el futuro y no hacia el pasado y subrayó que su contenido no afectaba a ningún derecho subjetivo o interés legítimo pues sus destinatarios únicamente tenían una mera expectativa de renovación de las ayudas. A la STC 216/2015 se formuló un voto particular discrepante.

La STC 10/2015, de 2 de febrero, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, que establecía que las infracciones administrativas tipificadas en dicha normativa serían calificadas por las Administraciones públicas competentes como leves, graves o muy graves en función de determinados criterios, tales como riesgo para la salud o posición en el mercado infractor, entre otros. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 166/2012, de 1 de octubre, la Sentencia, dictada por la Sala Primera, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado, al rechazar que resultara acorde con el principio de taxatividad, pues posponía la calificación de las infracciones al momento aplicativo de dicha norma.

La STC 11/2015, de 5 de febrero, desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias frente al precepto de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, en el que se prevé la creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida. La Sentencia consideró que el Estado, actuando en ejercicio de su competencia sobre ordenación general de la economía, puede adoptar una medida como la controvertida habida cuenta de que el registro es un instrumento idóneo y necesario para garantizar la homogeneidad en el trato al conjunto de interesados en el territorio nacional y la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Por su parte, la STC 85/2015, de 30 de abril, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario en relación con las condiciones para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias y con la creación de un registro nacional de las mismas. La Sentencia declaró inconstitucional el precepto que atribuía a la Administración del Estado el ejercicio de la potestad de reconocimiento de la condición de entidad prioritaria, al considerar que la competencia sobre ordenación general de la economía no justifica la exclusión de las Comunidades Autónomas de las decisiones de aplicación de la norma estatal, sin que tampoco se hubiese acreditado que resultara indispensable la centralización del acto de reconocimiento para conseguir la finalidad de la norma. En cuanto al registro nacional de asociaciones prioritarias, la Sentencia consideró que, aunque el Estado es competente para su creación, esa habilitación competencial no implicaba la centralización de funciones ejecutivas distintas de la inscripción que, por lo demás, ha de realizarse siempre a partir de la información suministrada por las Comunidades Autónomas.

En materia tributaria, amén de la ya reseñada STC 136/2015, de 11 de junio, cumple citar las sentencias dictadas en relación con la regulación del impuesto estatal sobre depósitos en entidades de crédito. Es el caso de la STC 26/2015, de 19 de febrero, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña frente a un precepto de la Ley 16/2012, de 27 de septiembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Esta Sentencia declaró la constitucionalidad del mencionado tributo al considerar que el establecimiento de un tipo cero no contraviene la finalidad recaudatoria del impuesto ya que esta posibilidad está prevista dentro del amplio margen del legislador. La STC 26/2015, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por cuatro Magistrados, declaró, asimismo, que la regulación legal del impuesto era respetuosa con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y, en particular, que la medida de compensación aplicable a tributos autonómicos de idéntico objeto no merecía tacha alguna de invalidez, pues con ella se trataba de impedir que durante el proceso de elaboración de la norma las Comunidades Autónomas creasen, en procedimientos legislativos más rápidos, tributos equivalentes al impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito estatal. La doctrina de esta Sentencia fue reiterada en las SSTC 59/2015, de 18 de marzo; 73/2015, de 14 de abril, y 102/2015, de 26 de mayo; las dos primeras cuentan con un voto particular discrepante.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2015 se dictaron un total de 36 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas: 32 de ellas fueron dictadas por el Pleno (24 en recursos de inconstitucionalidad, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local), una por la Sala Primera (STC 41/2015, de 2 de marzo, dictada en cuestión de inconstitucionalidad) y tres por la Sala Segunda (SSTC 22/2015, de 16 de febrero; 143/2015, de 22 de junio, y 229/2015, de 2 de noviembre, dictadas todas en cuestiones de inconstitucionalidad). Si bien la mayoría resolvió el fondo de las controversias suscitadas, debe consignarse la existencia de dos sentencias que inadmitieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto disposiciones legales autonómicas: SSTC 157/2015, de 9 de julio (texto refundido de la Ley de función pública de Galicia) y 269/2015, de 17 de diciembre (Ley de las Cortes de Castilla y León declarando un proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera). En estas sentencias el Tribunal declaró la nulidad íntegra de tres normas autonómicas con rango de ley (SSTC 50/2015, de 5 de marzo; 94/2015, de 14 de mayo, y 107/2015, de 28 de mayo), la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 64 preceptos legales autonómicos y estableció la interpretación conforme de otros 12. Las SSTC 22/2015, de 16 de febrero; 60/2015, de 18 de marzo, y 143/2015, de 22 de junio, modularon los efectos de la declaración de nulidad de los preceptos legales autonómicos afectados.

El Pleno inadmitió por auto 25 cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 37/2015, de 17 de febrero; 69/2015, de 14 de abril; 76/2015, de 30 de abril; 97/2015, de 26 de mayo; 101/2015 y 103/2015, de 9 de junio; 121/2015, de 7 de julio; 154/2015, de 22 de septiembre; 183/2015 y 184/2015, de 3 de noviembre; 193/2015 y 194/2015, de 18 de noviembre, y 225/2015, 228/2015 y 229/2015, de 15 de diciembre) y dos conflictos en defensa de la autonomía local planteados en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 70/2015, de 14 de abril, y 149/2015, de 10 de septiembre).

También por auto, las Salas acordaron la extinción de 11 cuestiones de inconstitucionalidad (ocho de estos autos fueron dictados por la Sala Primera: AATC 211/2015, 215/2015, 216/2015, 217/2015, 218/2015, 219/2015, 221/2015 y 222/2015, de 14 de diciembre; y los otros tres por la Sala Segunda: AATC 28/2015, de 16 de febrero; 214/2015 y 220/2015, de 14 de diciembre). El Pleno aceptó el desistimiento del Presidente del Gobierno en dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a leyes autonómicas (AATC 169/2015, de 6 de octubre, y 223/2015, de 14 de diciembre).

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, y como ya se ha reseñado anteriormente, el Pleno dictó 12 autos. En tres acordó el levantamiento íntegro de la suspensión de la norma impugnada (en los AATC 63/2015, de 17 de marzo; 196/2015, de 18 de noviembre, y 202/2015, de 1 de diciembre) y en otros tres autos dispuso el levantamiento parcial (AATC 67/2015, de 14 de abril; 122/2015, de 7 de julio, y 226/2015, de 15 de diciembre). En cinco autos mantuvo la medida cautelar de suspensión, dictados en recursos de inconstitucionalidad (AATC 32/2015, de 17 de febrero; 135/2015, de 21 de julio; 170/2015, de 7 de octubre, y 181/2015 y 182/2015, de 3 de noviembre). Finalmente, en el ATC 23/2015, de 3 de febrero, el Pleno declaró que no había lugar a pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, pues la norma había sido derogada en el momento de dictarse el auto.

En 2015 el Tribunal anuló íntegramente dos leyes autonómicas en las SSTC 50/2015, de 5 de marzo, y 94/2015, de 14 de mayo. En la primera de estas sentencias, el Pleno del Tribunal resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la Ley autonómica 5/2010, de 28 de mayo, que introdujo la posibilidad de emplazar estaciones de esquí en el territorio de un parque natural, lo que impedía la ejecución de una resolución judicial previa que había anulado un plan de ordenación de recursos naturales de idéntico contenido. La Sentencia, aplicando la doctrina sentada en la STC 203/2013, de 5 de diciembre, sobre leyes singulares dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto, singular y excepcional, declaró que no existía justificación de la extraordinaria trascendencia y complejidad que hiciera necesario el uso de la Ley y la intervención singular del legislador, ni se argumentó la prevalencia absoluta otorgada al desarrollo socioeconómico de los municipios integrados en el espacio natural sobre el objetivo prioritario original de conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. La STC 50/2015 consideró desproporcionado el sacrificio padecido en este caso por el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. La Sentencia contiene un voto particular discrepante suscrito por tres Magistrados.

A su vez, la STC 94/2015 estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo único de la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, en el que se dispuso que el abono del complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo se pudiera efectuar antes del 31 agosto de 2013. La Sentencia señaló que la determinación de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas no se integra en el régimen estatutario de los funcionarios públicos, pues tales retribuciones no se limitan al ámbito funcionarial sino que alcanzan a todo el personal al servicio del sector público, y que la limitación de las retribuciones tiene una relación directa con la fijación de la política económica, el principio de coordinación entre haciendas públicas y el principio de estabilidad presupuestaria, lo que remite a la competencia estatal. Por consiguiente, encuadró la medida controvertida dentro de las competencias estatales de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y, en paralelo, declaró que el incremento de tales retribuciones en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra había ignorado la prohibición de aumento de las mismas previsto en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2013.

Por lo que hace a las leyes reguladoras de las instituciones estatutarias, cabe mencionar en primer lugar la STC 15/2015, de 5 de febrero, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Senadores respecto de la Ley 4/2014, de 21 de julio, que reformó la Ley electoral de Castilla-La Mancha, reduciendo de 53 a 33 el número de diputados del Parlamento autonómico. La Sentencia reiteró la doctrina contenida en la STC 197/2014, de 12 de junio, en la que se consideraba que el Estatuto de Autonomía castellano-manchego no incurría en discriminación ni arbitrariedad cuando establecía una horquilla de 25 a 35 representantes. La fijación definitiva del número de representantes es una cuestión que corresponde decidir a las instancias autonómicas, sea en el Estatuto de Autonomía o en las normas de desarrollo, por lo que ningún reproche podía hacerse a la disposición legal controvertida. Por otro lado, la Ley impugnada no incurrió en vulneración de los principios de representación proporcional y pluralismo político, ni del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. La proporcionalidad no es un mandato de resultado, sino un criterio orientador de la conversión de sufragios en representantes, sin que se pierda la representatividad política de las principales opciones por la reducción del número de representantes. Por su parte, la STC 46/2015, de 5 de marzo, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic de Greuges. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de aquellos preceptos que atribuían al defensor del pueblo autonómico la condición de autoridad catalana para la prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y de los que le reconocían competencias y funciones consustanciales a ese reconocimiento. Se afirmó que corresponde al Estado la designación de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, ya que tal facultad implica un ejercicio del ius contrahendi que puede generar responsabilidad frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales. La Sentencia desestimó el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás, realizando una interpretación constitucionalmente conforme de los preceptos que atribuyen al Síndic de Greuges facultades en relación con la Administración local, así como aquellos que regulan las relaciones de colaboración de él con el Defensor del Pueblo.

En la STC 31/2015, de 25 de febrero, el Pleno del Tribunal estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias (generales y sectoriales) y otras formas de participación ciudadana. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la regulación de consultas generales que, con una denominación distinta, convocan a un referéndum, pues corresponde al Estado la competencia exclusiva para regular la participación ciudadana con las garantías de un proceso electoral. Respecto de las consultas sectoriales, la Sentencia realizó una interpretación conforme de la Constitución y resolvió la inconstitucionalidad de aquellos preceptos ligados a elementos definidores de las consultas generales. Finalmente, declaró la constitucionalidad de aquellas disposiciones aplicables solo a las consultas sectoriales, que recaban la opinión de cualquier colectivo, articulando voluntades particulares o colectivas, pero no del cuerpo electoral en su conjunto.

Respecto de los servicios públicos autonómicos, la STC 84/2015, de 30 de abril, dictada por el Pleno, estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Senadores respecto de dos preceptos de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, que habilitaban al Servicio Madrileño de Salud para adjudicar la concesión de la gestión de la asistencia sanitaria a empresas privadas en seis hospitales y priorizaban, a efectos de esta adjudicación, a sociedades constituidas mayoritariamente por profesionales sanitarios que presten sus servicios en el propio Servicio Madrileño de Salud. La Sentencia anuló esta última previsión pues la preferencia en la adjudicación de la gestión de servicios públicos de asistencia sanitaria a sociedades compuestas mayoritariamente por determinados profesionales supone la exclusión de licitadores que, aun contando con la misma solvencia económica y técnica, no pueden llegar a reunir unas condiciones sólo accesibles a un tipo de profesionales. En este sentido, tal prioridad resulta contraria al principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos prevista por la legislación básica estatal que regula los contratos del sector público. Por el contrario, la Sentencia rechazó que la heterogeneidad de la Ley de la que formaban parte los preceptos recurridos lesionara el principio de seguridad jurídica y que la concesión a empresas privadas sea de suyo contraria al régimen público de Seguridad Social o vulnere la competencia atribuida en exclusiva al Estado en la materia, dado que la eventual apertura a otras fórmulas de gestión se realiza preservando la titularidad pública del servicio. Tampoco se consideró lesionado el principio de igualdad entre los ciudadanos según les corresponda un centro de gestión pública directa o de gestión privada, ya que la normativa no establece una diferencia de trato en cuanto al contenido, alcance y calidad de la prestación sanitaria. Por último, la previsión de gestión indirecta de determinados hospitales públicos no vulnera el derecho a la protección de la salud, pues no se restringe el acceso de los ciudadanos a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud ni se alteran las características de dicho régimen, sin que, por lo demás, el legislador autonómico haya sobrepasado los límites de la legislación básica estatal en esta materia.

La STC 103/2015, de 28 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Senadores en relación con un precepto de otra Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid —la Ley 6/2011, de 28 de diciembre—, que transforma la empresa pública Canal de Isabel II en empresa mixta con participación de capital privado y contempla la venta del 49 por 100 del capital de la sociedad a operadores económicos y ciudadanos. La Sentencia, dictada por el Pleno, descartó la vulneración de los preceptos estatales sobre contratos del sector público y encomiendas de gestión, sin que se apreciase que el precepto impugnado impusiese una encomienda directa sin seguir procedimiento alguno de licitación al margen de las exigencias de la normativa estatal. Asimismo, se rechazó que existiese menoscabo del principio de autonomía local, pues la resolución de los convenios no impide que el municipio concernido pueda elegir si desea prestar directamente los servicios de su competencia o encomendar labores y servicios a una entidad instrumental dependiente de otra Administración. Por último, tampoco se estimó vulnerado el principio de irretroactividad, pues la regulación legal tiene vocación pro futuro y no incide sobre relaciones jurídicas de efectos ya consumados.

Respecto de las normas legales relativas al empleo público autonómico se dictaron diez sentencias, entre ellas las SSTC 157/2015, de 9 de julio, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto del precepto de la Ley del Parlamento de Galicia 15/2010, de 28 de diciembre, que modificaba la relación de puestos de trabajo de la Consejería del Mar, por inadecuada realización del trámite de audiencia a las partes en el proceso judicial previo, y 245/2015, de 30 de noviembre, que inadmitió otra cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de un precepto de la Ley de la Región de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, que suprimía la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para el personal al servicio del sector público regional, por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia; en esta Sentencia se acordó igualmente la extinción parcial del objeto del proceso.

La STC 41/2015, de 2 de marzo, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el primer inciso del artículo 24.5 de la Ley del Parlamento Balear 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de Baleares. Aplicando la doctrina contenida en las SSTC 63/2011, de 16 de mayo, 79/2011, de 6 de junio y 117/2011, de 4 de julio, la Sentencia, dictada por la Sala Primera, declaró inconstitucional el mencionado inciso, pues impedía participar a los farmacéuticos mayores de 65 años en los concursos públicos para el otorgamiento de autorizaciones de oficinas de farmacia. También aplicaron doctrina constante las SSTC 200/2015, de 24 de septiembre, que declaró nula la dispensa de cualificación para el acceso por promoción interna introducida en la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de los policías locales de Aragón (la Sentencia reiteró la doctrina iniciada en la STC 175/2011, de 8 de noviembre), y 229/2015, de 2 de noviembre, que declaró la nulidad de la exención de colegiación de empleados públicos incluida en la Ley de las Cortes de Castilla y León 8/1997, de 8 de julio (en esta ocasión se aplicó la doctrina de la STC 3/2013, de 17 de enero).

Por su parte, la STC 104/2015, de 28 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 Senadores en relación con el Decreto-ley 1/2012, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana, en cuanto regula, entre otros extremos, la reducción de retribuciones de los empleados públicos autonómicos, el régimen de negociación colectiva, las reducciones de la jornada laboral, los períodos de complementación de salarios, los complementos retributivos, la suspensión de las ayudas de acción social, la formación permanente de los funcionarios y la denegación de la prolongación del servicio activo. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, precisó que la norma recurrida no regula el régimen general del derecho a la negociación colectiva, ya que nada dispone sobre la fuerza vinculante de los convenios ni sobre su intangibilidad frente a las normas legales. Respecto a los preceptos relativos a las reducciones de la jornada laboral y retribuciones, se descartó toda vulneración del derecho al trabajo porque no impiden que los empleados públicos sigan prestando servicio. Las disposiciones reguladoras del período de complementación de salarios no vulneran, según concluyó la STC 104/2015, las normas estatales en materia de Seguridad Social, sino que se limitan a complementarlas. En lo que atañe a los complementos retributivos, la suspensión de la convocatoria y la concesión de cualquier ayuda en concepto de acción social, se precisó que no se trata de derechos adquiridos ni consolidados pues no están incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que ningún reproche de constitucionalidad cabe hacer a las medidas legislativas controvertidas.

La STC 143/2015, de 22 de junio, estimó parcialmente una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con diversos artículos de la Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010, según la redacción dada por la Ley 3/2010, de 24 de junio. Reiterando la doctrina contenida en la STC 219/2013, de 19 de diciembre, se declaró inconstitucional y nulo el precepto que estableció una congelación salarial temporal para todos los empleados autonómicos, al ser contrario a la legislación estatal básica, contenida en el Real Decreto-ley 8/2010, de 8 de mayo. Por el contrario, se declaró la constitucionalidad de la reducción de las aportaciones a planes de protección social pues se trata de un concepto retributivo distinto al salario, cuya regulación no se había visto afectada por el Real Decreto-ley anteriormente referido y disponible, por ello mismo, para el legislador autonómico.

La STC 230/2015, de 5 de noviembre, dictada por el Pleno del Tribunal, estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. La Sentencia estimó acreditada la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y, en relación con las concretas medidas impugnadas, declaró la nulidad de las referidas al régimen laboral del personal de las fundaciones del sector púbico andaluz y al nombramiento del personal no administrativo, al faltar la conexión de sentido ya que no servían a los fines generales de estabilidad presupuestaria. Al contrario, concluyó que concurría esa conexión de sentido con el objetivo de reducción del déficit público en las medidas relacionadas con la reestructuración del sector público andaluz a través de la supresión y extinción de centros directivos de Consejerías.

En la STC 236/2015, de 19 de noviembre, el Pleno del Tribunal desestimó un recurso de inconstitucionalidad promovido respecto de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en el que se impugnaba la totalidad de la Ley y específicamente algunos de sus preceptos. Respecto de lo primero, la Sentencia negó que la Ley fuera contraria a las previsiones del Estatuto de Autonomía al privar de sus funciones a la Administración general de Andalucía. En cuanto a lo segundo, la Sentencia rechazó la impugnación de los diversos preceptos legales cuyo contenido afectaba al régimen de actuación de la Administración autonómica. La Sentencia cuenta con un Voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

Finalmente, la STC 238/2015, de 19 de noviembre, estimó el recurso de constitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de aquellos extremos de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, que preveían un proceso de integración voluntaria en el cuerpo superior de inspectores tributarios y en el cuerpo técnico de gestión tributaria de la Generalitat de Cataluña. La Sentencia consideró que la regulación impugnada establecía supuestos de acceso a la función pública mediante una prueba restringida, habida cuenta de que los potenciales candidatos sólo pueden ser funcionarios de otras Administraciones públicas con destino definitivo en Cataluña o que presten servicios en la Administración de la Generalitat. Esta normativa resulta contraria al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública y vulnera el carácter materialmente básico de la regla que garantiza el carácter abierto de las convocatorias.

Se dictaron seis sentencias que tenían por objeto preceptos de normas legales autonómicas en materia de ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente.

La STC 5/2015, de 22 de enero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos artículos de la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales de Canarias, relativos a la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Reiterando la doctrina sentada en la STC 87/2012, de 18 de abril, la Sentencia anuló los preceptos autonómicos que modificaban la extensión de las servidumbres del dominio público marítimo-terrestre y la operación de deslinde, al tratarse de determinaciones que corresponden a la competencia básica estatal. La STC 5/2015 estableció la interpretación constitucionalmente conforme del precepto de la Ley canaria relativo a la formación de un censo de edificaciones ubicadas en el demanio marítimo-terrestre y que tengan valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que puedan solicitar sus titulares de acuerdo con el régimen transitorio de la Ley de costas. La Sentencia afirmó que la Comunidad Autónoma puede crear el censo de viviendas en ejercicio de sus propias competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con el objetivo de sistematizar y ordenar la información que posea en relación con las edificaciones que entiende protegibles en aplicación del régimen transitorio de la Ley de costas, sin que ello merme la competencia exclusiva del Estado para definir los criterios de legalización de edificaciones que no respondan a las disposiciones de la Ley de costas.

La STC 57/2015, de 18 de marzo, revolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Senadores en relación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral. La Sentencia rechazó la impugnación de la totalidad de la Ley fundada en la falta de elaboración de una evaluación de impacto ambiental del plan, ya que la aprobación legislativa de este plan no acarrea consecuencias ambientales inmediatas, y en la eventual infracción del principio de autonomía local, pues en la fase prelegislativa de elaboración de la Ley se abrió un trámite de audiencia con participación de todos los municipios afectados por el plan de ordenación del litoral. La STC 57/2015 anuló los preceptos legales que imponían a los municipios la dirección de los crecimientos urbanísticos, permitían al Gobierno cántabro prescindir por completo de la clasificación urbanística del suelo en el diseño y ejecución de sus políticas sectoriales con incidencia territorial, y supeditaban la plenitud de la potestad sancionadora municipal a la previa adaptación de su planeamiento urbanístico a las previsiones de la Ley aprobatoria del plan de ordenación del litoral. Finalmente, la Sentencia sentó la interpretación constitucionalmente conforme del precepto legal que atribuía carácter vinculante al informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la autorización de construcciones en suelo no urbanizable, limitando ese carácter vinculante a la consideración de los aspectos que trasciendan la esfera de lo municipal y determinen la denegación de la autorización o licencia por afectar a intereses supramunicipales. La doctrina de esta Sentencia fue reiterada en la STC 92/2015, de 14 de mayo, que desestimó el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por 17 municipios respecto de la misma Ley del plan de ordenación del litoral.

La STC 154/2015, de 9 de julio, dictada por el Pleno, estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo. Concretamente, los parlamentarios recurrentes impugnaron la regulación legal de los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración autonómica sobre viviendas de protección pública adquiridas bajo la vigencia de regímenes de protección anteriores, y el régimen de subrogación autonómica en el ejercicio de competencias locales. Por lo que hace a este segundo bloque de materias, la Sentencia anuló la atribución a la Comunidad Autónoma del ejercicio generalizado de competencias urbanísticas —entre ellas, la potestad de planeamiento— en los casos de grave incumplimiento que impliquen afectación manifiesta a intereses supramunicipales en materia de ordenación del territorio y urbanismo, por un período de hasta cinco años, pues con ello el legislador autonómico articuló una intervención autonómica excesiva y con tintes sancionadores, en particular por cuanto prescindía del requerimiento previo que permitiera al municipio concernido evitar la intervención autonómica por sustitución. Afirmó, asimismo, que el plazo concedido por la Ley autonómica a las entidades locales para evitar la actuación por sustitución de la Comunidad Autónoma (10 y 15 días) desconocía el establecido en la norma básica estatal (un mes) en garantía de la autonomía local. Por otro lado, declaró inconstitucional la utilización del criterio de la gravedad de la infracción urbanística como presupuesto habilitante de la intervención sustitutiva autonómica pues contravenía el de la afectación competencial empleado en la normativa básica estatal. Finalmente, la STC 154/2015 estableció la interpretación constitucionalmente conforme del precepto legal que faculta a la Administración autonómica para formular, tramitar, aprobar y ejecutar los instrumentos de planeamiento en determinados supuestos de delimitación de reserva de terrenos para el patrimonio autonómico de suelo. La Sentencia declaró que la Administración autonómica solamente podrá ejercer esas competencias urbanísticas para garantizar que el patrimonio autonómico intervenga en el mercado del suelo y la vivienda y preserve las características medioambientales del suelo no urbanizable, ponderando en cada caso los intereses locales afectados y habilitando la participación municipal correlativamente a dichos intereses.

La STC 254/2015, de 30 de noviembre, dictada por la Sala Primera, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto de la Ley de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria, que preveía la posibilidad de otorgar autorizaciones provisionales para legalizar las construcciones sobre las que pendían órdenes judiciales de demolición, suspendiendo su ejecución en caso de que dichas edificaciones se ajustasen al nuevo planeamiento en tramitación. Reiterando la doctrina contenida en la STC 92/2013, de 22 de abril, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso referido a las demoliciones judiciales. El precepto autonómico introducía la autorización provisional como causa de suspensión específica del procedimiento de ejecución de sentencias, vulnerando así la reserva estatal en materia de legislación procesal. Asimismo, se consideró que la suspensión de una demolición judicial, sobre la base de la tramitación de un plan de ordenación urbana que eventualmente legalizara la edificación, infringía el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, que únicamente pueden ser privadas de efectos cuando concurran elementos que impidan su ejecución, sin que la mera expectativa de cambio normativo implique ninguna alteración de los términos en que la disputa procesal fue planteada.

Por último, la STC 269/2015, de 17 de diciembre, inadmitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 2/2008, de 17 de junio, de declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora). En esta ocasión no se había respetado el carácter prejudicial de la cuestión pues el órgano judicial promotor ya había aplicado la norma legal de cuya constitucionalidad dudaba.

Procede hacer ahora mención a otras tres sentencias dictadas en relación con normas autonómicas atinentes a ámbitos materiales próximos a la ordenación territorial y la protección ambiental. Es el caso de la STC 214/2015, de 22 de octubre, que estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2007, de 26 de julio, que exigía la previa autorización judicial para el acceso de los agentes forestales a montes o terrenos forestales de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Madrid, salvo en caso de extinción de incendios forestales. La Sentencia anuló el precepto al apreciar que contravenía la normativa básica estatal sobre montes, que permite que los agentes de la guardería forestal penetren y permanezcan en terrenos privados sin las restricciones introducidas por la ley autonómica. Además, la STC 214/2015 rechazó la aplicación al monte o terreno forestal, espacio abierto o al aire libre, de la garantía constitucional de la inviolabilidad domiciliaria. Por su parte, la STC 235/2015, de 5 de noviembre, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo 47 de la Ley 13/2015, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, que declaraba la totalidad del territorio insular zona no registrable a los efectos de la concesión de autorizaciones administrativas para los recursos de la sección C) de la Ley de minas. La Sentencia apreció una extralimitación en el ejercicio de las competencias autonómicas en materia ambiental pues la cuestionada prohibición genérica, absoluta e incondicionada de explotación de los recursos mineros entraba en contradicción insalvable con el principio de registrabilidad consagrado en la legislación estatal básica. A idéntica conclusión llegó la STC 260/2015, de 3 de diciembre, que —reiterando la doctrina de la STC 235/2015— anuló el precepto de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears que establecía el criterio de la excepcionalidad del registro de terrenos para los recursos de la sección C) de la Ley de minas.

En la STC 93/2015, de 14 de mayo, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto respecto de dos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. La Sentencia, que cuenta con tres votos particulares parcialmente discrepantes, suscrito uno de ellos por dos Magistrados, rechazó la pretendida inconstitucionalidad de la previsión estatutaria de los decretos-leyes autonómicos, fuente normativa de urgencia sometida a límites, entre los que figuran los consignados en el art. 86.1 CE como exigencias mínimas del principio democrático. Por otro lado, declaró la inconstitucionalidad de aquellos preceptos que disciplinaban el contenido del derecho a la vivienda, en la medida en que implicaban una afectación directa y con vocación de generalidad de las vertientes individual e institucional del derecho de propiedad sobre la vivienda, rebasando los límites materiales de los decretos-leyes. Asimismo, se declaró la inconstitucionalidad de la norma autonómica que regulaba el supuesto de expropiación del uso de la vivienda en casos de lanzamiento hipotecario, pues la norma respondía a un principio incompatible con la regulación estatal y menoscababa el ejercicio legítimo que el Estado ha hecho de su competencia exclusiva de ordenación general de la economía. Por último, se desestimó el recurso respecto de la definición de vivienda deshabitada en cuanto que tal concepto es instrumental de la actividad de fomento en materia de vivienda prevista por la normativa, sin que pueda considerarse como el corolario de un deber de destinar efectivamente la vivienda a un uso habitacional. La doctrina contenida en esta Sentencia fue posteriormente reiterada en la STC 107/2015, de 28 de mayo. En esta última se estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno frente al Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, que establecía un impuesto infringiendo la exigencia estatutaria de que los tributos propios fuesen creados por Ley del Parlamento. La Sentencia, dictada por el Pleno, declaró inconstitucional y nula esta norma.

En materia tributaria, la STC 22/2015, de 16 de febrero, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción dada por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre. En aplicación de la doctrina contenida en las SSTC 196/2012, de 31 de octubre, y 60/2013, de 13 de marzo, la Sentencia, dictada por la Sala Segunda, concluyó que el hecho imponible del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente ya estaba gravado en el impuesto de actividades económicas y por tanto vulneraba la prohibición de doble imposición. La Sentencia acotó el alcance de la declaración de nulidad al precisar que únicamente permite la revisión de aquellas situaciones que no hubiesen adquirido firmeza por no haber recaído una resolución administrativa o judicial firme.

La STC 30/2015, de 19 de febrero, estimó un recurso de inconstitucionalidad promovido respecto de un precepto de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos Magistrados, reiterando la doctrina de la STC 26/2015, de 19 de febrero, ya reseñada, anuló el precepto legal autonómico que regulaba el impuesto sobre depósitos en entidades de crédito pues los elementos esenciales del tributo autonómico coincidían con los de su homónimo estatal. La doctrina de esta Sentencia fue reiterada por las SSTC 108/2015 y 111/2015, de 28 de mayo, y 202/2015, de 24 de septiembre.

Por último, la STC 60/2015, de 18 de marzo, dictada por el Pleno en una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2006 que establecía una bonificación del 99 por 100 de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones de las adquisiciones mortis causa, de la que sólo se podían beneficiar los contribuyentes (causahabientes) residentes en la Comunidad Valenciana. La Sentencia declaró que tomar la residencia como elemento de diferenciación, sin que ello esté suficientemente justificado, no sólo vulnera el principio de igualdad, sino que supone la utilización de un criterio de reparto de las cargas públicas carente de una justificación razonable y, por ello, incompatible con un sistema tributario justo.

La STC 14/2015, de 5 de febrero, declaró la constitucionalidad de la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones procedentes del proceso de transformación de las cajas de ahorro de Navarra. La Sentencia declaró que esta acción legislativa se encuentra dentro de los límites competenciales de la Comunidad Foral, pues no regula la organización ni el funcionamiento de las fundaciones bancarias, que han de sujetarse a la legislación estatal, sino de aquellas otras resultantes del proceso de transformación de las cajas de ahorro de Navarra y que sean competencia de la Comunidad Foral.

A su vez, la STC 209/2015, de 8 de octubre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con las disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que únicamente permitían la apertura de nuevos hoteles y apartamentos turísticos en el archipiélago si estos gozaban de la calificación de establecimientos de categoría cinco estrellas o superior. La Sentencia declaró que esta previsión legal había sido adoptada vulnerando la competencia estatal sobre ordenación general de la economía y en contra de lo dispuesto en la normativa básica en la materia, constituida por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Ley que únicamente permite exceptuar la libertad de acceso a una actividad de servicios con base en objetivos de ordenación territorial, urbana y de protección ambiental, y no en criterios de planificación turística y económica como sucede en este caso. La STC 209/2015 anuló los preceptos legales autonómicos impugnados.

La STC 237/2015, de 19 de noviembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulaban determinados aspectos del procedimiento simplificado de adjudicación de contratos: cargas documentales que habían de satisfacer los concursantes, publicación del anuncio de licitación y plazo para la presentación de proposiciones.

Por último, la STC 271/2015, de 17 de diciembre, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo de la Ley de las Cortes Valencianas 6/2009, de 30 de junio, de protección de la maternidad, que computaba al hijo concebido y no nacido como miembro de la unidad familiar en las solicitudes de acceso a los centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos públicos. La Sentencia concluyó que la previsión autonómica se encuadra dentro de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo de las bases estatales y produce un efecto de puntuación adicional de valor moderado para el supuesto de escasez de plazas, por lo que opera dentro del legítimo margen de configuración que corresponde al legislador autonómico.

D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica “Conflictos constitucionales”, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos de la autonomía local. Pues bien, las resoluciones dictadas en 2015 en conflictos en defensa de la autonomía local ya han sido reseñadas en epígrafes anteriores, por lo que no procede su reiteración ahora.

En 2015 se pronunciaron siete sentencias en conflictos positivos de competencia: cinco de ellas fueron dictadas por el Pleno y las dos restantes por la Sala Segunda. Todas ellas resolvieron el fondo de las pretensiones deducidas en relación con los actos del poder público controvertidos en cada proceso constitucional; en seis de ellas se trataba de disposiciones y resoluciones de la Administración del Estado (SSTC 25/2015, de 19 de febrero; 45/2015, de 5 de marzo; 58/2015 y 61/2015, de 18 de marzo; 178/2015, de 7 de septiembre, y 185/2015, de 21 de septiembre), en tanto que en la STC 6/2015, de 22 de enero, se resolvió un conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación frente al acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia aprobando el catálogo priorizado de productos farmacéuticos de la Comunidad Autónoma de Galicia. En cuatro de estas sentencias se formularon votos particulares.

En el ATC 185/2015, de 3 de noviembre, el Pleno acordó la extinción de un conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. De otro lado, en el ATC 186/2015, de 3 de noviembre, se acordó el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión en el conflicto promovido por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de enero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional.

La STC 6/2015, de 22 de enero, resolvió el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución, de 30 de diciembre de 2010, por la que se hizo público el acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia que aprobó un catálogo priorizado de productos farmacéuticos de dicha comunidad autónoma. Reiterando la doctrina contenida en la STC 211/2014, de 18 de diciembre, el Pleno del Tribunal desestimó el conflicto y declaró que la legislación autonómica no afectó el régimen de la Seguridad Social ni vulneró las competencias estatales en materia de sanidad. Esta Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

La STC 25/2015, de 19 de febrero, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el conflicto planteado por la Generalitat de Cataluña respecto a varios preceptos del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas, que calificaban como no territorializables las denominadas becas de movilidad y las becas a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y supeditaban el traspaso a las Comunidades Autónomas del pleno ejercicio de las competencias ejecutivas a la transferencia de los medios necesarios. La Sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, suscritos por uno y cuatro Magistrados respectivamente, anuló la atribución a la Administración del Estado de la competencia para otorgar ayudas destinadas a cursar estudios en una Comunidad Autónoma distinta de aquella en la que tuviera su domicilio el peticionario, al no justificarse suficientemente la centralización de esta función ejecutiva.

La STC 45/2015, de 5 de marzo, desestimó el conflicto competencial planteado por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto. La Sentencia declaró que los preceptos relativos a la entidad explotadora que realiza trabajos de rehabilitación, la formación de inventarios de instalaciones de residuos mineros y las actividades de inspección, no invadían las competencias ejecutivas autonómicas.

La STC 58/2015, de 18 de marzo, desestimó el conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados, encuadró dentro de la competencia básica estatal en materia de sanidad los preceptos reglamentarios que contienen las condiciones para garantizar el bienestar animal, el cuidado en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, el libro de explotación de los mataderos y los programas sanitarios de control oficial de enfermedades equinas y de vigilancia epizootiológica.

La STC 61/2015, de 18 de marzo, estimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y anuló los preceptos del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en la redacción dada por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, que atribuían al Servicio Público de Empleo Estatal funciones ejecutivas en relación con la formación profesional, sobre la base de los eventuales efectos supraterritoriales de tales funciones. La Sentencia declaró que los preceptos impugnados vulneraban el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias pues no concurrían razones de excepcionalidad que justificaran el desplazamiento de las competencias autonómicas con fundamento en la supraterritorialidad de los efectos de esas funciones.

La Sala Segunda resolvió sendos conflictos positivos de competencia en las SSTC 178/2015, de 7 de septiembre, y 185/2015, de 21 de septiembre. La primera de ellas estimó el conflicto planteado por la Xunta de Galicia frente a la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 22 de septiembre de 2009 que había convocado la concesión de subvenciones para la realización de programas de formación e inserción laboral. La Sentencia, aplicando la doctrina sentada en la STC 88/2014, de 9 de junio, concluyó que la gestión centralizada de estas subvenciones vulneró las competencias autonómicas gallegas y el deber de territorializar dichos fondos, sin que concurriera ningún motivo habilitante para atribuir al Estado las potestades controvertidas. La Sentencia contiene un voto particular concurrente y otro voto discrepante. La STC 185/2015 desestimó un conflicto positivo interpuesto por la Xunta de Galicia frente a la convocatoria de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal, dirigidos a trabajadores ocupados. Reiterando asimismo la doctrina de la STC 88/2014, la Sentencia encuadró la convocatoria controvertida dentro de las competencias estatales en materia de formación profesional e hizo hincapié en que el contenido, la naturaleza y los destinatarios de las ayudas ponen de relieve el ámbito supraterritorial de desenvolvimiento de las acciones formativas financiadas y, con ello, la exigencia de una coordinación a cargo del Estado. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

E) Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas

En 2015 se dictaron cinco sentencias y dos autos en impugnaciones formuladas por el Gobierno de la Nación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley. Por lo que hace a los autos, en el ATC 53/2015, de 3 de marzo, el Pleno mantuvo la suspensión del Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el ATC 54/2015, de 3 de marzo, se declaró extinta la impugnación de varios preceptos del Decreto del Gobierno de Canarias 107/2014, de 2 de octubre, por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa en el ámbito territorial de Canarias.

Con respecto a las resoluciones dictadas por el Pleno en forma de sentencia, la STC 32/2015, de 25 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña. En línea con la doctrina contenida en la STC 31/2015, de 25 de febrero, la Sentencia constató que la norma reglamentaria autonómica controvertida llevaba a efecto la convocatoria de una consulta de carácter referendario, estableciendo además las reglas y previsiones específicas para su celebración, sin disponer de la preceptiva autorización estatal. Igualmente en aplicación de la doctrina de la STC 31/2015, la STC 137/2015, de 11 de junio, anuló los preceptos del Reglamento de consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, relativos a las consultas referendarias en las que se contempla la participación del cuerpo electoral mediante el ejercicio del derecho al voto y con las garantías propias de un proceso electoral.

La STC 138/2015, de 11 de junio, estimó la impugnación planteada por el Gobierno de la Nación respecto de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, y personas residentes en Cataluña para que manifestasen, el día 9 de noviembre de 2014, su opinión sobre el futuro político de Cataluña. La Sentencia declaró expresamente la inconstitucionalidad de las actuaciones “contenidas en la página web http://www.participa2014.cat/es/index.html y los actos y actuaciones de preparación para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta”. En este caso, la declaración de inconstitucionalidad no llevó aparejada la de nulidad pues las actuaciones concernidas habían agotado sus efectos antes de pronunciarse la Sentencia.

La STC 147/2015, de 25 de junio, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 107/2014, de 2 de octubre, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se convocaba una consulta ciudadana mediante pregunta directa acerca de si Canarias “debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo”. La Sentencia concluyó que la disposición impugnada convocaba a una consulta de carácter refrendario, aunque estuviera dirigida a un cuerpo electoral atípico o irregular, por lo que, en aplicación de la doctrina contenida en la STC 137/2015, de 11 de junio, habría infringido las competencias exclusivas del Estado referidas a las consultas populares.

Finalmente, la STC 259/2015, de 2 de diciembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 que, entre otros extremos, “declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república”.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 96 sentencias en procesos de amparo. El Pleno dictó 17 de ellas, 30 la Sala Primera y 49 la Sala Segunda. En estas sentencias se resolvieron 98 asuntos, pues en las SSTC 65/2015, de 13 de abril, y 186/2015, de 21 de septiembre, se resolvieron cuatro recursos de amparo previamente acumulados. A 31 de estas sentencias se formuló algún voto particular: 11 del Pleno, 18 de la Sala Primera y dos de la Sala Segunda.

Por lo que hace a la parte dispositiva de estas sentencias, en 60 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en 34 se denegó y en otras dos se inadmitió el correspondiente recurso de amparo en su totalidad. La Sala Segunda inadmitió dos recursos de amparo en las SSTC 160/2015, de 14 de julio (inadmisión de un recurso de amparo electoral por falta de justificación de su especial trascendencia constitucional) y 242/2015, de 30 de noviembre (inadmisión del recurso por falta de invocación tempestiva del derecho fundamental que se dice vulnerado).

Con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de amparo, las Salas y Secciones del Tribunal dictaron 29 autos resolutorios de recursos de súplica interpuestos en la mayoría de los casos por el Ministerio Fiscal (son excepciones los AATC 24/2015, de 16 de febrero; 57/2015, de 16 de marzo; 115/2015, de 6 de julio, y 143/2015, de 24 de julio) frente a otras tantas providencias de inadmisión de demandas de amparo. Nueve de estos recursos fueron estimados (AATC 18/2015, de 2 de febrero; 31/2015, de 16 de febrero; 49/2015, de 20 de febrero; 99/2015, de 1 de junio; 106/2015, de 15 de junio; 140/2015, de 23 de julio; 159/2015 y 160/2015, de 1 de octubre, y 176/2015, de 30 de octubre) y los restantes —con excepción del recurso resuelto en el ATC 57/2015, de 16 de marzo, que resultó inadmitido— desestimados. En la mayoría de los casos la estimación del recurso de súplica vino acompañada de la reposición de las actuaciones al momento anterior a dictarse la providencia controvertida, salvo en los AATC 31/2015 y 176/2015, que junto con la estimación del recurso de súplica se acordó igualmente la inadmisión del recurso de amparo concernido. De otra parte, se dictaron 46 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo.

En relación con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC, se dictaron 23 autos. En seis de ellos se otorgó la suspensión (AATC 7/2015, de 19 de enero; 59/2015, de 16 de marzo; 90/2015 y 94/2015, de 25 de mayo, y 178/2015 y 179/2015, de 2 de noviembre); en los AATC 92/2015, de 25 de mayo, y 119/2015, de 6 de julio, se mantuvo la medida cautelar acordada en la providencia de admisión del correspondiente recurso de amparo. En otros 13 se denegó (AATC 27/2015 y 29/2015, de 16 de febrero; 116/2015 y 117/2015, de 6 de julio; 127/2015, de 20 de julio; 189/2015 y 190/2015, de 5 de noviembre; 207/2015 a 210/2015, 212/2015 y 213/2015, de 14 de diciembre) y en los AATC 50/2015, de 2 de marzo, y 95/2015, de 25 de mayo, si bien se denegó la medida cautelar interesada, se acordó la anotación preventiva de la demanda de amparo.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

Se dictaron cuatro sentencias en procesos de amparo en los que se había aducido la vulneración del derecho a la igualdad o de la prohibición de discriminación que proclama el artículo 14 de la Constitución. En dos de ellas se desestimó el recurso (SSTC 66/2015, de 13 de abril, y 203/2015, de 5 de octubre, ambas de la Sala Segunda), se otorgó el amparo en la STC 77/2015, dictada por la Sala Primera, y se inadmitió el recurso en la STC 242/2015, de 30 de noviembre, dictada por la Sala Segunda.

La STC 66/2015, desestimó el recurso de amparo promovido por cuatro trabajadores del Instituto Valenciano de la Vivienda que fueron objeto de un despido colectivo fundado en que ya habían cumplido los 55 años de edad. La Sentencia concluyó que si bien la edad es un factor que puede alcanzar la prohibición constitucional de discriminación, en este caso se trataba de un criterio adecuado y proporcionado ya que los trabajadores de esa edad podían percibir un subsidio por desempleo hasta alcanzar la edad de jubilación. Por tanto, la STC 66/2015 concluyó que la medida adoptada minimiza los daños que produce la extinción de los contratos de trabajo y no supone una lesión desproporcionada en relación con los fines que persigue. A su vez, la STC 203/2015 desestimó el recurso promovido por un trabajador que fue despedido disciplinariamente por una falta muy grave de malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideraciones a los jefes, compañeros y subordinados, al haber redactado un escrito que incluía apelativos vejatorios para otra empleada de la misma empresa. El recurrente denunciaba un trato sancionatorio desigual respecto de otros representantes de los trabajadores que participaron en la difusión y distribución del escrito y a los que se les impuso, en cambio, una sanción menor. Esta alegación fue rechazada al constatarse la exclusiva y autónoma autoría del escrito a cargo del recurrente, de modo que la sanción dispar tenía fundamento en un distinto comportamiento de los representantes sindicales.

La STC 77/2015 otorgó el amparo por vulneración del derecho a la igualdad ante el deber de contribuir, en conexión con el principio de protección a la familia, a una familia numerosa que carecía de su título acreditativo en el momento de adquirir el inmueble en el que habitaban. La Sentencia aseveró que, dado que el beneficio fiscal se sujeta a la condición de familia numerosa y este requisito se cumplía en el momento de devengo del tributo, no puede negarse la devolución del impuesto vinculado a la compra de la vivienda familiar por la simple ausencia del soporte documental acreditativo de esa condición. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

C) Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

Con respecto a las libertades ideológica y religiosa, el Pleno dictó las SSTC 145/2015, de 25 de junio, y 177/2015, de 20 de julio. En la primera de ellas, se otorgó el amparo a un farmacéutico de Sevilla que no disponía ni dispensaba en su negocio preservativos ni medicamentos con el principio activo levonorgestrel, popularizado como “píldora del día después”. La Sentencia afirmó que, al no existir unanimidad científica sobre los efectos abortivos del principio activo, a la vista de las convicciones éticas sobre el derecho a la vida que tiene el recurrente y de su inscripción en las listas de objetores del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, el incumplimiento relativo a la disposición y dispensación de levonorgestrel hallaba cobertura en el derecho a la objeción de conciencia, correlato del derecho fundamental a la libertad ideológica, según lo dispuesto en la STC 53/1985, de 11 de abril. Además, se afirma que el derecho de la mujer a acceder a medicamentos anticonceptivos no se vio obstaculizado por esta falta de dispensación pues se hallaban disponibles en otras oficinas de farmacia cercanas a la regentada por el demandante de amparo. La Sentencia cuenta con tres votos particulares, uno de ellos suscrito por dos Magistrados. La STC 177/2015 desestimó el recurso de amparo interpuesto por dos condenados por un delito de injurias contra la Corona que habían quemado una fotografía a tamaño real de las efigies de los Reyes, puesta boca abajo, en una concentración pública al término de una manifestación encabezada por una pancarta que decía “300 años de Borbones, 300 años combatiendo la ocupación española”. La Sentencia rechazó que la condena hubiera vulnerado las libertades de expresión e ideológica pues el reproche penal que habían merecido los actores no tuvo como presupuesto su ideología sino el contenido de un acto de naturaleza simbólica incitador del odio. La Sentencia cuenta con tres votos particulares, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.

D) Libertad personal (art. 17 CE)

Las SSTC 42/2015, de 2 de marzo, y 204/2015, de 5 de octubre, otorgaron el amparo a quienes denunciaban la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal por las resoluciones judiciales que inadmitieron a trámite su demanda de habeas corpus por razones de fondo. La STC 63/2015, de 13 de abril, otorgó el amparo a quien le fuera desestimada la solicitud de extinción de su responsabilidad penal por prescripción de la pena. La Sentencia concluyó que el criterio interpretativo empleado en las resoluciones recurridas —que apreciaron interrupción del cómputo del plazo de prescripción de la pena en la sucesión de decisiones judiciales en respuesta a las solicitudes de cumplimiento alternativo— no podía entenderse amparado en la literalidad de la norma aplicable. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

La STC 182/2015, de 7 de septiembre, estimó un recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Fiscal en un supuesto en el que se ratificó tardíamente una medida de internamiento psiquiátrico forzoso de una menor. La Sentencia precisó que el plazo legalmente establecido para la ratificación del internamiento involuntario no puede ser desconocido por la concurrencia de factores volubles e indeterminados, como es el reparto de asuntos jurisdiccionales pues ello afecta al principio de proporcionalidad que debe informar todas las medidas limitativas del derecho a la libertad personal. Por su parte, la STC 217/2015, de 22 de octubre, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal a quien se había aplicado la prórroga de una medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. La Sentencia declaró que la resolución que acordó la prórroga se fundamentó en la normativa establecida para prorrogar la prisión provisional, medida cautelar que tan solo está prevista para un condenado a una pena de prisión y no para un acusado que resulta absuelto y sometido a una medida de seguridad. Al no preverse normativamente prórroga alguna para estos supuestos, la medida adoptada carecía de la preceptiva cobertura legal.

La STC 226/2015, de 2 de noviembre, desestimó el recurso de amparo interpuesto por quien, disfrutando anticipadamente del beneficio de libertad condicional, había visto denegada su solicitud de indulto al no reunir los requisitos necesarios para su tramitación. La Sentencia no apreció las alegadas vulneraciones de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva; en cuanto a lo primero, reiteró la doctrina constante en virtud de la cual la denegación de un beneficio penitenciario no puede ser calificada por sí sola como lesión del derecho fundamental invocado. Además, constató que la finalidad de reinserción pretendida por el indulto ya se estaba llevando a efecto en virtud del instrumento de la libertad condicional anticipada, alternativa que se había valorado como más oportuna en esta ocasión. Por su parte, la STC 261/2015, de 14 de diciembre, otorgó el amparo a quien, antes de la reforma del artículo 58.1 del Código penal por la Ley Orgánica 5/2010, se había visto privado de libertad en la doble condición de penado en una causa y sometido a una medida cautelar personal en otra, sin que los órganos judiciales atendieran a su solicitud de doble cómputo de ese tiempo. La Sentencia declaró lesionado el derecho a la libertad personal por infracción de la doctrina contenida en la STC 57/2008, de 28 de abril, en relación con el doble cómputo del tiempo pasado en prisión en distintas causas penales.

E) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

La Sala Segunda dictó dos sentencias que otorgaron el amparo por vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen (STC 18/2015, de 16 de febrero) y a la inviolabilidad del domicilio (STC 54/2015, de 16 de marzo). En la primera de ellas la vulneración de los derechos fundamentales traía causa de la captación con cámara oculta de imágenes sobre aspectos relativos a la vida privada del demandante de amparo y su posterior difusión en diversos programas de televisión sin solicitar ni obtener el consentimiento de las personas filmadas. En la segunda, la Administración tributaria utilizó como prueba de la comisión de una infracción los datos obtenidos en una inspección del domicilio de la mercantil demandante de amparo. Si bien esta inspección había sido consentida, la Administración tributaria no había informado a los administradores de la empresa de los derechos que les asistían y, en particular, del derecho a oponerse a la propia inspección, lo que llevó a la STC 54/2015 a constatar la ausencia de un consentimiento eficaz que justificara la entrada en el domicilio social de la empresa inspeccionada.

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

Amén de las ya reseñadas SSTC 177/2015 y 203/2015, que desestimaron sendos recursos de amparo en los que se había denunciado vulneración de la libertad de expresión, se dictaron otras dos sentencias en relación con este derecho fundamental. La STC 65/2015, de 13 de abril, denegó el amparo solicitado por dos portavoces de una asociación ecologista, condenados por injurias graves a una magistrada. Los recurrentes habían publicado en un periódico una carta en la que se acusaba a la magistrada de falta de imparcialidad y competencia. La Sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, entendió que las acusaciones dirigidas contra la magistrada constituyeron una reprobación ad personam que lesionaba su honor profesional, no justificada en la libertad de expresión e información. La STC 65/2015 declaró asimismo que, en razón de la singular posición en la que se encuentran los titulares de los órganos judiciales, la represión de invectivas dirigidas contra jueces y magistrados no vulnera de suyo las libertades de expresión e información, y encuentra justificación por un lado en la escasa capacidad de réplica personal de que aquellos disponen y, por otro, en la necesaria confianza que los ciudadanos deben tener en la justicia. Por su parte, la STC 187/2015, de 21 de septiembre, estimó el recurso de amparo promovido por un profesor que, en el marco de un procedimiento disciplinario, fue sancionado por algunas afirmaciones vertidas en los escritos que había elaborado en defensa de su posición y que habían sido consideradas lesivas de la dignidad de otros funcionarios. La Sentencia declaró que las expresiones objeto de sanción no podían considerarse desconectadas del derecho de defensa al no haber sido objeto de difusión pública y porque venían a reforzar los motivos por los que se solicitaba el archivo de expediente sancionador. Además, las afirmaciones no podían considerarse insultantes o descalificadoras de las personas afectadas por su directa conexión con la argumentación defensiva del demandante.

G) Derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE)

En la STC 24/2015, de 16 de febrero, la Sala Segunda del Tribunal estimó un recurso de amparo promovido por un sindicato en relación con una resolución que había prohibido diversas concentraciones y marchas de protesta laboral. La Sentencia constató la vulneración del derecho de reunión al considerar que, aunque la habitualidad de las concentraciones pueda justificar la limitación del derecho invocado por alteración del orden público con peligro para las personas o bienes, en este caso no concurrían tales razones para denegar su celebración. Además, reiterando la doctrina contenida en las SSTC 284/2005, de 7 de noviembre, y 301/2006, de 23 de octubre, puso de relieve que el ejercicio reiterado del derecho de manifestación no puede reputarse ejercicio abusivo o extralimitado del mismo.

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Se dictaron tres sentencias en relación con la actividad de las cámaras parlamentarias. Las SSTC 1/2015, de 19 de enero, y 23/2015, de 16 de febrero, estimaron los recursos promovidos por el portavoz del grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia frente a los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid que inadmitieron diversas iniciativas parlamentarias. Ambas Sentencias, aplicando la doctrina contenida en la STC 40/2003, de 27 de febrero, declararon vulnerado el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, anularon los acuerdos parlamentarios controvertidos y dispusieron la retroacción de actuaciones a fin de que se dictaran nuevas resoluciones respetuosas con el mencionado derecho fundamental. La STC 19/2015, de 16 de febrero, estimó el recurso de amparo promovido por algunos miembros del comité promotor de la iniciativa legislativa popular “Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català” frente al acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña que dejó sin efecto la previa admisión a trámite de la misma iniciativa legislativa popular aduciendo que su aprobación hubiera comportado un aumento del gasto presupuestario. La Sentencia declaró vulnerado el derecho de los demandantes a la participación en los asuntos públicos, pues la decisión de la Mesa impidió que los representantes políticos se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa popular. Añadió que la decisión de la Mesa carecía de cobertura legal y se basaba en un hecho no configurado normativamente como causa de inadmisión. La STC 19/2015 cuenta con un voto particular discrepante.

Asimismo, se dictaron cuatro sentencias resolutorias de otros tantos recursos de amparo electoral. La STC 86/2015, de 7 de mayo, otorgó el amparo al partido político Ciudadanos frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Guadalajara que anuló su candidatura en las elecciones del municipio de Cantaloja al apreciar la concurrencia de una irregularidad en la formación de la lista. La Sentencia declaró vulnerado el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, así como el derecho de sufragio pasivo, en la medida que la junta electoral no había dado a la formación política afectada la posibilidad de subsanar los defectos padecidos. La STC 158/2015, de 14 de junio, denegó el amparo instado por el Partido Popular de Caldas de Reis frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declaraba la validez de dos papeletas del Partido Socialista Obrero Español, que habían sido recortadas antes de ser introducidas en la urna. La Sentencia descartó que el defecto padecido en las papeletas respondiera a una manipulación voluntaria por el elector, por lo que no podía considerarse causa de nulidad. A su vez, la STC 159/2015, de 14 de julio, estimó el recurso de amparo interpuesto por la coalición electoral Ganemos-Izquierda Unida-Verdes frente a la inadmisión del recurso contencioso-electoral promovido contra el acto de escrutinio general de las elecciones del Parlamento de Extremadura. Esta coalición controvertía la denegación de su solicitud de revisión de los votos declarados nulos en la circunscripción de Badajoz, denegación que la STC 159/2015 consideró como una indebida limitación del derecho de sufragio pasivo, que comprende el derecho o facultad de los actores implicados en el proceso electoral a la revisión o recuento de los votos. Finalmente, la STC 160/2015, de 14 de julio, inadmitió, por falta de justificación de su especial trascendencia, el recurso de amparo promovido por el Partido Socialista frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que desestimó su recurso contencioso-electoral sobre las elecciones al Ayuntamiento de Lorca.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

Durante 2015 el Tribunal dictó 76 sentencias en procesos en los que se denunciaba la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. En epígrafes anteriores se han reseñado ya aquellas sentencias que resolvieron recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en relación con normas legales estatales (STC 231/2015, de 5 de noviembre) o autonómicas (SSTC 50/2015, de 5 de marzo, y 254/2015, de 30 de noviembre) a las que se reprochaba la vulneración de alguna de las facetas que integran este derecho fundamental. También se ha reseñado anteriormente que la STC 160/2015, de 14 de julio, inadmitió un recurso de amparo en el que se invocaba, entre otros, el derecho a la tutela judicial.

La STC 55/2015, de 16 de marzo, denegó el amparo a quien había sido condenado en un proceso penal en el cual una de las sesiones del juicio oral en primera instancia no quedó documentada —ni por soporte audiovisual, ni por acta escrita detallada— por causas ajenas a la parte. Partiendo de la premisa de que la falta de documentación de las actuaciones procesales no afecta a su validez, la Sentencia concluyó que, en el caso, no se habían vulnerado las garantías esenciales del proceso.

Por su parte, la STC 183/2015, de 10 de septiembre, dictada por el Pleno, desestimó un recurso de amparo frente a las sentencias dictadas en un pleito social en el que la demandante de amparo denunció haber sido objeto de una represalia empresarial, lo que constituía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad. La Sentencia constató que si bien la trabajadora había aportado pruebas indiciarias suficientes para hacer dudar de la legitimidad de la reacción empresarial, la empresa había logrado acreditar que su decisión respondía a un fundamento objetivo de carácter económico. A esta Sentencia se formuló un voto particular suscrito por cuatro Magistrados.

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales

Respecto de la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva consistente en el acceso a la justicia, se dictaron cinco sentencias:

La STC 39/2015, de 2 de marzo, otorgó el amparo frente a la desestimación de un incidente de oposición a la ejecución hipotecaria sin entrar a resolver la excepción procesal opuesta por el afectado: la ausencia de tasación de la finca ejecutada en el contrato de préstamo hipotecario. La resolución judicial controvertida remitía la elucidación de este concreto extremo a un posterior juicio declarativo. La STC 39/2015 constató que esta forma de proceder se fundó en una interpretación rigorista y excesivamente formalista de la norma a aplicar, pues si bien la Ley no contemplaba la excepción opuesta por el ejecutado, el órgano judicial debió haberle dado respuesta motivada y fundada en Derecho, en aras a preservar el acceso a la jurisdicción.

La STC 115/2015, de 8 de junio, estimó un recurso de amparo frente a la inadmisión de un reconocimiento de retracto arrendaticio fundado en que no se había consignado el precio de venta. La Sentencia subrayó que esta exigencia no estaba contemplada en la legislación procesal y su utilización había lesionado el derecho del recurrente a obtener una respuesta en Derecho sobre su pretensión.

Como ya se ha reseñado en el epígrafe correspondiente al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, la STC 159/2015, de 14 de julio, estimó un recurso de amparo electoral promovido frente a la denegación de revisión de los votos nulos correspondientes a la circunscripción de Badajoz. La Sentencia declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho al acceso a la jurisdicción pues la inadmisión del recurso contencioso-electoral por no haberse agotado la vía administrativa previa, acordada por la Sala sentenciadora del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, contravino la doctrina sentada en la STC 169/2007, de 18 de julio.

La STC 186/2015, de 21 de septiembre, otorgó el amparo a una empresa a la que se había inadmitido su recurso contencioso-administrativo frente al justiprecio fijado en un expediente expropiatorio. La inadmisión se basó en la falta de acreditación del apoderamiento del consejero-delegado de la mercantil para entablar acciones judiciales, siendo así que entre la documentación aportada junto con la demanda figuraban tanto la escritura de constitución de la sociedad como la certificación de las facultades conferidas al consejero-delegado para promover recursos.

La STC 207/2015, de 5 de octubre, otorgó el amparo frente a la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en materia de extranjería al entender el órgano judicial actuante que las funciones de representación asumidas ante la Administración por la abogada del actor decayeron en la vía jurisdiccional y a la vista de la ausencia de un procurador con poder suficiente. La Sentencia apreció la vulneración del derecho de acceso a la justicia pues la designación de un procurador del turno de oficio ha de reputarse suficiente para que éste asuma la representación procesal del demandante.

En cuanto al acceso al recurso, ha de mencionarse en primer término la STC 7/2015, de 22 de enero, dictada por el Pleno del Tribunal, estimó el recurso promovido frente a un Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió un recurso de casación por defectos padecidos en el escrito de preparación. La inadmisión traía causa, en esta ocasión, de una doctrina jurisprudencial sentada tras la conclusión del trámite de preparación y sin ponderar el intento de subsanar el defecto padecido tan pronto como la parte tuvo conocimiento de su existencia. En aplicación de la doctrina sentada en esta sentencia se otorgó el amparo en las SSTC 17/2015 y 20/2015, de 16 de febrero; 37/2015 y 38/2015, de 2 de marzo; 52/2015, de 16 de marzo; 64/2015, de 13 de abril, y 139/2015, de 22 de junio. Por el contrario, se denegó —pues la parte recurrente no había intentado la subsanación— en las SSTC 16/2015, de 16 de febrero; 34/2015, 35/2015, 36/2015 y 40/2015, de 2 de marzo; 51/2015 y 53/2015, de 16 de marzo; 67/2015, 68/2015, 69/2015, 70/2015, 71/2015 y 72/2015, de 14 de abril; 75/2015 y 76/2015, de 27 de abril; 78/2015, 80/2015 y 82/2015, de 30 de abril, y 179/2015, de 7 de septiembre. Con excepción de las SSTC 38/2015, 51/2015, 52/2015, 72/2015, 76/2015, 80/2015, 82/2015 y 179/2015, todas estas sentencias cuentan con algún voto particular.

La STC 90/2015, de 11 de mayo, otorgó el amparo a quien se le había denegado la asistencia jurídica gratuita porque solicitó este beneficio en apelación y no en primera instancia. La Sentencia concluyó que esta forma de proceder no ponderó adecuadamente el derecho fundamental que estaba en juego: el derecho de acceso a la justicia. En particular, la STC 90/2015 hizo hincapié en que la denegación se acordó sin tomar en consideración que el solicitante había contado con la asistencia jurídica gratuita de terceros, como tampoco el dato sobrevenido de la necesidad de pago de tasas en apelación, cuya exigencia no era previsible cuando se inició el proceso. La STC 124/205, de 8 de junio, reiteró esta misma doctrina.

La STC 149/2015, de 6 de julio, otorgó el amparo frente a la inadmisión de un recurso de apelación porque el recurrente no había presentado el impreso de autoliquidación de tasas dentro del plazo para la formalización del recurso. Pese a que el apelante aportó la documentación cuatro días después de ser apercibido, el órgano judicial no dio por subsanado el defecto al haberse superado el plazo máximo de 20 días, a contar desde la fecha de notificación de la sentencia impugnada, de que disponía la parte para el abono de las tasas y la correcta formalización del recurso. La STC 149/2015 concluyó que esta interpretación de la norma procesal era en exceso rigorista y privaba de contenido a la subsanación intimada.

En la STC 194/2015, de 21 de septiembre, se estimó el recurso de amparo promovido frente al archivo de un recurso de apelación penal. El órgano judicial infirió el desistimiento tácito del recurso de la ausencia en el acto de la vista del procurador y abogado designados por el apelante, pese a que habían sido correctamente citados. La Sentencia concluyó que el órgano judicial incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso, aquí en la concreta manifestación del derecho a la revisión de una condena penal. No constaba en autos la voluntad del apelante de desistir del recurso, sin que la incomparecencia de los profesionales pueda reputarse expresión inequívoca, bien que tácita, de esa voluntad, pues no hay base normativa alguna que conecte la no comparecencia con la renuncia a la acción procesal.

La STC 91/2015, de 11 de mayo, estimó un recurso de amparo por inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones, fundada en que la sentencia controvertida era susceptible de recurso extraordinario, sin que el órgano judicial actuante precisase cuál era ese recurso procedente. En esta misma línea, la STC 96/2015, de 25 de mayo, otorgó el amparo frente a la inadmisión inmotivada de un incidente de nulidad de actuaciones en un proceso contencioso-administrativo; la STC 98/2015, de 25 de mayo, hizo lo propio respecto de la inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones en un litigio civil; la STC 142/2015, de 22 de junio, otorgó el amparo frente a la inadmisión inmotivada de un incidente de nulidad de actuaciones en una causa penal, y la STC 180/2015, de 7 de septiembre, estimó parcialmente un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo con esta misma doctrina.

En la STC 208/2015, de 5 de octubre, se estimó el recurso de amparo promovido frente a una diligencia de ordenación que, sin intervención del juez titular del órgano judicial, inadmitió un incidente de nulidad de actuaciones e impidió la personación de la recurrente en un procedimiento de ejecución hipotecaria al no considerarla parte en el proceso. Aplicando la doctrina contenida en la STC 79/2013, de 8 de abril, se declaró la nulidad de la diligencia y se reconoció el derecho a comparecer a quien tenga un interés legítimo en el proceso de ejecución, aunque no haya sido parte en el proceso principal, a fin de garantizar su defensa. Además, la Sentencia consideró que el secretario judicial, al dictar la diligencia de ordenación, se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones e impedido que el órgano judicial pudiera pronunciarse sobre una materia de su exclusivo conocimiento.

La STC 223/2015, de 2 de noviembre, estimó, al apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el recurso de amparo interpuesto frente a una sentencia de apelación penal que, pese a estimar el recurso de apelación interpuesto exclusivamente por el acusado, introdujo una calificación jurídica más grave que la realizada en primera instancia, al aplicar el tipo básico y no el atenuado del delito por el que el recurrente había sido condenado. La Sentencia subrayó que, en el marco de la apelación, el órgano judicial está limitado a ejercitar su actividad jurisdiccional sujetándose a las peticiones de los recurrentes, por lo que, si existe, como aquí sucedía, un único apelante, no cabe modificar la resolución recurrida en su perjuicio.

b) Interdicción de la indefensión

Dos sentencias hicieron referencia a la carga que pesa sobre los órganos judiciales de asegurar el efectivo emplazamiento de quien pueda verse afectado en un proceso de ejecución hipotecaria. Por un lado, en la STC 89/2015, de 11 de mayo, se otorgó el amparo a quien había sido emplazada por edictos, pese a que su nuevo domicilio era conocido por la entidad ejecutante y pudo haber sido aportado al proceso. Por otro lado, la STC 167/2015, de 20 de julio, concedió el amparo a quien no fue notificada personalmente, por haber abandonado la finca hipotecada debido a una situación de violencia de género. La Sentencia hizo hincapié en que el órgano judicial debió haber agotado todos los medios de averiguación del domicilio real de la ejecutada y ponderar adecuadamente la circunstancia de la violencia de género que padecía.

La STC 181/2015, de 7 de septiembre, otorgó el amparo a quien fuera emplazado a un proceso de desahucio mediante edictos sin que previamente se hubiesen agotado todos los medios posibles para realizar una comunicación personal y efectiva, a pesar de que los documentos aportados en la demanda proporcionaban información útil para emplazar al demandado.

La STC 195/2015, de 21 de septiembre, estimó el recurso de amparo promovido por el Ayuntamiento de Toledo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías en un proceso contencioso-administrativo en el que los órganos judiciales rechazaron aplicar un precepto de la Ley autonómica de ordenación del territorio y de la actividad urbanística por considerar que infringía la Ley básica sobre régimen de suelo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sentencia constató el exceso de jurisdicción resultante de la inaplicación de la Ley autonómica sin planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad alguna, lo que cercenó las posibilidades de intervención del Ayuntamiento en el procedimiento preterido. La STC 195/2015 declaró que el recurrente en amparo había quedado en una situación de efectiva indefensión, pues no tuvo oportunidad de que se tramitara la cuestión de inconstitucionalidad con las garantías y efectos asociados a la misma.

En la STC 232/2015, de 5 de noviembre, el Pleno del Tribunal Constitucional otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con una resolución judicial que había interpretado la Directiva europea sobre el trabajo de duración determinada de modo distinto a como lo había hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Auto de 9 de febrero de 2012, asunto Lorenzo Martínez. Se daba la circunstancia de que el caso sometido a la consideración del órgano judicial actuante y el que había dado origen al Auto mencionado —donde el Tribunal de Justicia afirmó que el principio de no discriminación contenido en la Directiva era incompatible con una normativa, como la española, que reserva el disfrute de un complemento salarial, como son los sexenios, a los funcionarios de carrera excluyendo a los interinos—, eran sustancialmente iguales.

Finalmente, la STC 266/2015, de 14 de diciembre, otorgó el amparo a una sociedad mercantil que, habiendo adquirido una finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, se vio privada de su titularidad en una causa penal a la que no había sido emplazada. La Sentencia declaró vulnerado el derecho de acceso al proceso por ausencia de emplazamiento de la mercantil, que ostentaba un interés relevante en el resultado del proceso penal y que, sin embargo, no pudo actuar en defensa de su posición jurídica.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

La STC 9/2015, de 2 de febrero, otorgó el amparo a una menor que sufrió un embarazo no deseado pese a habérsele implantado un dispositivo anticonceptivo. La STC 9/2015 puso de manifiesto que en la sentencia desestimatoria del recurso de casación formulado en el proceso por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria no había una razonable valoración de las pruebas practicadas acerca de la efectiva implantación del dispositivo anticonceptivo, incumpliendo con ello las exigencias constitucionales de motivación que garantiza la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial motivada y jurídicamente fundada.

En la STC 99/2015, de 25 de mayo, se desestimó el recurso de amparo planteado frente a la desestimación de un recurso contencioso-administrativo sobre promoción interna de funcionarios de la Junta de Andalucía, que había sido resuelta sobre la base de una interpretación de la normativa de la Unión Europea distinta de la sostenida por el Tribunal de Justicia, sin plantear cuestión prejudicial. La Sentencia declaró que el órgano judicial había razonado suficientemente los criterios jurídicos que le llevaron a separarse, de forma justificada, de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea e, implícitamente, a no plantear la cuestión prejudicial.

La STC 101/2015, de 25 de mayo, otorgó el amparo respecto de la sentencia dictada en un proceso de liquidación de una sociedad conyugal que, sin ofrecer motivación suficiente, había establecido una presunción de ganancialidad de una finca controvertida entre las partes. Se constató la existencia de una insuficiencia en la motivación de la resolución judicial impugnada, pues no permitía identificar los criterios esenciales sobre los que se fundó la calificación como ganancial del bien litigioso.

La STC 112/2015, de 8 de junio, desestimó un recurso de amparo promovido por quien, tras ser absuelto por el tribunal del jurado, había visto cómo en apelación se anulaba esa absolución y se ordenaba la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal de diferente composición. La Sentencia declaró que procede la anulación de una absolución penal y la correlativa retroacción de actuaciones en aquellos casos en los que no se haya observado alguna regla esencial del proceso, como es el deber de motivación, de modo que la decisión controvertida resultaba fundada en Derecho y fruto de un ejercicio razonable de la potestad de control del cumplimiento del deber de motivación que pesa sobre el tribunal del jurado.

La STC 169/2015, de 20 de julio, estimó el recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con una resolución judicial que confirmó la validez de la resolución administrativa dictada en el marco de un expediente sancionador incoado por la comisión de una falta muy grave prevista en la Ley de carreteras de Galicia. A esta conclusión había llegado el órgano judicial sentenciador pese a admitir la falta de tipicidad de la conducta, afirmando la naturaleza reparadora y no sancionadora del procedimiento seguido contra el actor. La STC 169/2015 concluyó que la atribución inmotivada de efectos resarcitorios a la medida acordada, frente al carácter sancionador que se le había otorgado por la propia Administración autora del acto, había mermado significativamente las posibilidades de defensa del recurrente.

En la STC 222/2015, de 2 de noviembre, se otorgó el amparo a quien había controvertido una liquidación tributaria basándose en la invalidez de la norma foral fiscal aplicada por la Administración, sin que esta pretensión fuera acogida por el órgano judicial sentenciador, que adujo su incompetencia para enjuiciar normas forales fiscales por estarle atribuida en exclusiva esta función al Tribunal Constitucional tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero. La Sentencia puso de manifiesto que, sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Constitucional, el órgano judicial debió haber exteriorizado las razones jurídicas que justificaran su decisión de aplicar la norma, si la consideraba válida, o plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional, en otro caso; al no hacerlo así, lesionó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del demandante. Esta misma doctrina se reiteró en las SSTC 239/2015 y 240/2015, de 30 de noviembre, y 262/2015 y 263/2015, de 14 de diciembre.

La STC 152/2015, de 6 de julio, declaró que había incurrido en incongruencia la sentencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que había resuelto un recurso de apelación sin identificar con precisión la pretensión realmente deducida por el actor, dejando imprejuzgadas sus reclamaciones sobre exceso de costes de urbanización y lucro cesante por pérdida de oportunidad. De otro lado, en la ya reseñada STC 226/2015, de 2 de noviembre, se desestimó un recurso de amparo formulado en relación con la denegación de un indulto a quien disfrutaba anticipadamente del beneficio de libertad condicional. Aplicando la doctrina de la STC 163/2002, de 16 de septiembre, la Sentencia concluyó que al haber existido motivación cualificada para rechazar la tramitación del indulto, no se había producido infracción del derecho a la tutela judicial.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derechos al juez imparcial y a la defensa

La reseñada STC 152/2015, de 6 de julio, otorgó el amparo a quien denunciaba la composición parcialmente diferente de la Sala que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones respecto de aquella otra que había enjuiciado el recurso de apelación, pues había pasado de estar compuesta por cinco Magistrados a formarla tan solo aquéllos que habían sostenido el criterio mayoritario en la sentencia de apelación. La STC 152/2015 apreció la lesión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley puesto que el debate procesal previo y la resolución del incidente de nulidad de actuaciones se vieron viciados ya que, sin causa justificativa, la composición de la Sala fue alterada sin una justificación objetiva y razonable.

En la también referida STC 187/2015, de 21 de septiembre, se otorgó el amparo a quien había sido sancionado por las expresiones utilizadas en su defensa en el curso de un procedimiento disciplinario. La Sentencia declaró vulnerada la libertad de expresión en conexión con el derecho a la defensa pues las indicadas expresiones habían sido empleadas para sustentar las razones en las que el interesado basaba su petición de archivo del expediente.

b) Derecho a un proceso con todas las garantías

La ya reseñada STC 54/2015, de 16 de marzo, otorgó el amparo a una sociedad mercantil por vulneración de sus derechos a la inviolabilidad domiciliaria y a un proceso con todas las garantías en relación con las actuaciones de la Administración en una inspección tributaria. La Sentencia declaró la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de no autoincriminación puesto que se había empleado como prueba en el procedimiento administrativo sancionador el reconocimiento de los hechos realizado por el representante de la mercantil en un proceso penal por hechos distintos.

Ha sido igualmente referida la STC 99/2015, de 25 de mayo, desestimatoria de un recurso de amparo promovido frente a las resoluciones adoptadas en un proceso judicial en el que se había aplicado el Derecho de la Unión Europea en sentido no coincidente con la doctrina del Tribunal de Justicia sin plantear cuestión prejudicial. La Sentencia declaró que, desde la vertiente del derecho a un proceso con todas las garantías, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional valorar la eventual aplicación al caso concreto de la normativa de la Unión Europea y formular las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del Derecho de la Unión.

En la también reseñada STC 195/2015, de 21 de septiembre, se otorgó el amparo al Ayuntamiento de Toledo respecto de la inaplicación judicial de una Ley autonómica sin planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, vulnerándose así el derecho a un proceso con todas las garantías. Finalmente, la STC 265/2015, de 14 de diciembre, otorgó el amparo a una mercantil a la que se le había privado de la posibilidad de rebatir la realidad de un hecho nuevo introducido en la contestación a la demanda formulada en un incidente concursal.

c) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

La Sala Segunda dictó tres Sentencias en las que se apreció vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, todas ellas padecidas en procedimientos contencioso-administrativos en materia de extranjería, otorgándose el correspondiente amparo: SSTC 74/2015, de 27 de abril, respecto de una demora superior a dos años en la celebración de la vista oral, y 87/2015 y 88/2015, de 11 de mayo, demoras superiores a tres y dos años respectivamente. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 142/2010, de 21 de diciembre, todas estas sentencias otorgaron el amparo en atención a la inexistencia de especial complejidad de los procesos jurisdiccionales y a la vista de la entidad del interés puesto en juego en dichos procesos por los actores.

d) Presunción de inocencia

Tres sentencias desestimaron otros tantos recursos de amparo en los que se invocaba la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se trata de las ya reseñadas SSTC 2/2015, de 19 de enero; 55/2015, de 16 de marzo, y 112/2015, de 8 de junio, y de la STC 33/2015, de 2 de marzo. Esta última desestimó un recurso de amparo en el que se cuestionaba la eficacia probatoria de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en diligencias policiales y de las que luego se había retractado el acusado. Reiterando la doctrina sobre la materia contenida, entre otras, en la STC 165/2014, de 8 de octubre, la Sentencia hizo hincapié en que si bien el atestado policial únicamente tiene valor de denuncia, la declaración autoinculpatoria formulada en el curso de las diligencias policiales es una manifestación documentada, voluntaria y libre, que cuando se realiza con observancia de requisitos legales adquiere existencia jurídica, aunque no pueda ser reconocida como prueba de confesión ni de cargo. A este respecto, la Sentencia concluyó que se habían respetado los requisitos constitucionales que garantizan los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

En cinco sentencias se resolvieron otros tantos recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora.

La ya reseñada STC 2/2015, de 19 de enero, denegó el amparo solicitado por quien fuera condenado por un delito de uso de información privilegiada. La Sentencia, empleando como parámetro de examen el canon de razonabilidad, concluyó la imposibilidad de formular, ni en el plano argumental ni en el axiológico, tacha de irrazonabilidad al juicio aplicativo efectuado por los órganos jurisdiccionales. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 111/2004, de 12 de julio, la STC 21/2015, de 16 de febrero, anuló la sanción impuesta a la demandante de amparo por no haber aportado datos suficientes para identificar a quien conducía el vehículo con el que se había cometido una infracción de tráfico, pues el deber de identificación que pesa sobre el titular del mismo ha de entenderse satisfecho con la aportación del nombre, apellidos y domicilio del supuesto responsable, no siéndole exigible que comunique, además, otros datos personales que no exige expresamente la norma vigente en el momento en que se cometen los hechos. Por su parte, la STC 63/2015, de 13 de abril, estimó el recurso de amparo promovido frente a diversas resoluciones judiciales que resolvieron una petición de prescripción de la pena apreciando una causa de interrupción de la misma no prevista en la ley, en concreto, las diversas respuestas judiciales a las peticiones realizadas en la ejecutoria de la que trajo causa el amparo. Esta Sentencia, reseñada en apartados anteriores, contiene un voto particular discrepante.

Dos sentencias denegaron el amparo por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en relación con sendas sanciones administrativas impuestas por simulación de actividad económica mediante servicios inexistentes y expedición de facturas sin autorización. Las SSTC 146/2015, de 25 de junio, y 150/2015, de 6 de julio, apreciaron que no constituía una extralimitación interpretativa la subsunción del tipo infractor en la Ley general tributaria, sin que pudiesen, por tanto, considerarse infringidos los términos del precepto legal, desde el punto de vista literal, metodológico o axiológico. Ambas Sentencias cuentan con un voto particular discrepante.

L) Libertad sindical (art. 28 CE)

Dos de las Sentencias dictadas en el año 2015 resolvieron sendos recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho a la libertad sindical. La STC 148/2015, de 6 de julio, dictada por la Sala Primera, desestimó el recurso promovido por un liberado sindical de la Administración pública que había percibido complementos de productividad extraordinario y remanente en cuantía inferior a la correspondiente a los otros jefes de sección de su unidad. La Sentencia, que cuenta con un voto particular discrepante, consideró que la cuantificación se había basado en criterios objetivos, razonables y compatibles con la libertad sindical, sin que resultase arbitrario distinguir entre el complemento de productividad ordinaria, que se reconoce por igual a todos los trabajadores, y los complementos de productividad extraordinaria y remanente, que varían en función de los trabajos especiales o extraordinarios que realiza cada trabajador. Por su parte, la ya reseñada STC 203/2015, de 5 de octubre, dictada por la Sala Segunda, denegó el amparo promovido por quien viera su contrato laboral extinguido mediante despido disciplinario por una falta muy grave de “malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideraciones a los jefes, compañeros y subordinados”. En concreto, el recurrente en amparo, representante sindical, redactó un comunicado que incluía apelativos vejatorios para otra empleada de la misma empresa. La Sentencia no apreció vulneración del derecho a la libertad sindical en conexión con la garantía de indemnidad, en la medida en que no se lograron acreditar hechos que pudiesen vincular los precedentes de conflictividad sindical con la medida extintiva discutida.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

VI. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2015 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho.

En 2015 se llevó a cabo la quinta convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo del Pleno de 29 de abril de 2015 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 112, de 11 de mayo). Fue otorgada mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 17 de octubre de 2015 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 244, de 12 de octubre).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) PROCESO TÉCNICO

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 2.932 títulos, de los cuales

a) Por compra: 2.789

b) Por donación: 143.

Revistas: Se han incorporado 19 nuevas publicaciones seriadas en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 462.280 registros bibliográficos. Durante el año 2015 se han incorporado al catálogo 34.732 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

— 3.757 libros, de los cuales 294 son libros digitales;

— 15.255 artículos de revistas;

— 15.675 capítulos de obras colectivas;

— 43 publicaciones periódicas, de las cuales 27 son revistas electrónicas;

— 1.461 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 156.280. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 10.851 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 3.808 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas y sentencias de distintos tribunales. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 12 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico.

E) Encuadernación:

Han sido encuadernados 20 volúmenes de revistas y boletines; además, han sido restaurados 7 libros.

2) SERVICIOS A LOS LECTORES

La Biblioteca ha realizado un total de 2.703 préstamos de libros y 2.728 devoluciones. Ha atendido 14.580 consultas a través de la aplicación informática, así como 2.909 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 5.121 recursos bibliográficos: 2.107 libros, 2.006 artículos de revistas y 1.008 artículos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

— Biblioteca Nacional.

— Bibliotecas universitarias.

— Biblioteca del Congreso de los Diputados.

— Biblioteca del Senado.

— Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

— Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

— Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

— Bibliotecas de Ministerios.

— Bibliotecas de Academias.

— Bibliotecas de Colegios de Abogados.

— Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

— Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

— Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 107), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el año 2014 se realizaron un total de 21 estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal.

Durante el año 2015 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado los tomos de la colección “Jurisprudencia constitucional” correspondientes al primer y segundo semestres del año 2013 (tomos 92 y 93).

Se ha continuado elaborando el “Boletín interno de jurisprudencia constitucional”, que resume y sistematiza la doctrina del Tribunal Constitucional y se distribuye como material de trabajo para los Magistrados y Letrados del Tribunal.

El trabajo conjunto de los servicios de Doctrina Constitucional y de Informática ha permitido continuar con las labores de actualización, normalización y depuración del contenido e índices de la base de datos de “Jurisprudencia constitucional”, incorporado a la web del Tribunal Constitucional. Fruto de este trabajo ha sido, en particular, la incorporación de un tesauro de descriptores y una ontología semántica, que representa una novedosa modalidad de visualización gráfica de conceptos jurídicos.

Asimismo, el Servicio de Doctrina Constitucional ha seguido facilitando la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, remitiendo cuatrimestralmente una selección de sentencias del Tribunal Constitucional para su incorporación a la base de datos “Codices” y su inclusión en los boletines de jurisprudencia constitucional que edita dicha institución. Por otro lado, el Servicio ha respondido a diez consultas formuladas, a través del denominado “Foro-Venecia”, por los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Kirguistán, Lituania, Noruega y Polonia.

Finalmente, por Acuerdo del Pleno de 29 de abril de 2015, hecho público mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 30 de abril (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 112, de fecha 11 de mayo), se llevó a cabo la duodécima convocatoria de seis becas de formación jurídica teórico-práctica en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. Estas becas fueron concedidas mediante resolución de la Presidencia del Tribunal de 8 de octubre de 2015 (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 244, de fecha 12 de octubre).

3. Servicio de Informática

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es).

Durante el año 2015, la página web del Tribunal recibió 907.830 visitas, de un total de 567.738 visitantes diferentes, lo que hace un promedio de 1,59 visitas por visitante.

Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Media anual
Total de visitas | 799.715 | 792.339 | 688.327 | 984.234 | 907.830 | 834.489
Promedio de visitas diarias | 2.191 | 2.171 | 1.886 | 2.697 | 2.487 | 2.286
Total de visitantes | 517.069 | 478.144 | 446.455 | 627.713 | 567.738 | 527.424
Promedio de visitantes al día | 1.417,00 | 1.310,00 | 1.223,16 | 1.719,76 | 1.555,00 | 1.445

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios con origen en España (el 82,67 por 100). Del resto de accesos, el 7,31 por 100 se efectuó desde países de Iberoamérica, el 6,17 por 100 desde países europeos, el 2,57 por 100 desde los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el 0,14 por 100 desde países africanos, el 0,09 por 100 desde China y el 0,03 por 100 desde Australia.

De los países iberoamericanos, las visitas se han producido desde Perú (21,58 por 100), México (18,34 por 100), Colombia (11,28 por 100), Argentina (8,97 por 100), Chile (6,18 por 100), Bolivia (5,69 por 100), República Dominicana (5,49 por 100), Brasil (4,34 por 100), Venezuela (4,15 por 100), Costa Rica (4,15 por 100), Ecuador (3,51 por 100), Guatemala (1,46 por 100), El Salvador (1,43 por 100), Honduras (1,34 por 100), Nicaragua (1,08 por 100), Panamá (0,95 por 100), Cuba (0,04 por 100), Aruba (0,01 por 100), Jamaica (0,01 por 100) y Barbados (0,01 por 100).

Los países europeos desde los que se ha producido las visitas son Francia (20,03 por 100), Alemania (18,04 por 100), Gran Bretaña (15,55 por 100) y Gibraltar (0,04 por 100), Rusia (11,72 por 100), Italia (10,70 por 100), Rumanía (4,07 por 100), Portugal (3,14 por 100), Holanda (3,00 por 100), Bélgica (2,84 por 100), Noruega (2,28 por 100), Polonia (1,61 por 100), Luxemburgo (1,42 por 100), Suiza (1,25 por 100), Suecia (0,93 por 100), Ucrania (0,82 por 100), Bosnia-Herzegovina (0,06 por 100), Armenia (0,05 por 100), Islandia (0,02 por 100), Chipre (0,02 por 100), Montenegro (0,02 por 100), Macedonia (0,02 por 100), Liechtenstein (0,02 por 100) y Azerbaiyán (0,02 por 100).

Las visitas correspondientes a los países africanos corresponden a Marruecos (53,27 por 100), Argelia (7,52 por 100), Egipto (4,94 por 100), Cabo Verde (3,84 por 100), Túnez (3,44 por 100), Emiratos Árabes (3,40 por 100), Qatar (3,36 por 100), Angola (3,32 por 100), Sudáfrica (3,25 por 100), Guinea Ecuatorial (2,76 por 100), Senegal (2,50 por 100), Mozambique (1,39 por 100), Etiopía (1,31 por 100), Kenia (0,99 por 100), Arabia Saudí (0,78 por 100), Madagascar (0,65 por 100), Nigeria (0,52 por 100), Ghana (0,43 por 100), República Democrática del Congo (0,41 por 100), Mauritania (0,22 por 100), Ruanda (0,21 por 100), Kuwait (0,20 por 100), Namibia (0,19 por 100), Benín (0,16 por 100), Togo (0,14 por 100), Tanzania (0,14 por 100), Malawi (0,10 por 100), Yibuti (0,09 por 100), Comores (0,09 por 100), Gabón (0,06 por 100), Sudán (0,05 por 100) Uganda (0,05 por 100), Gambia (0,05 por 100), Nigeria (0,04 por 100), Omán (0,03 por 100), Camerún (0,03 por 100), Burkina Faso (0,01 por 100), Libia (0,01 por 100), Bahréin (0,01 por 100) y Mali (0,01 por 100).

De las visitas realizadas desde el continente asiático, China es el país desde el que se realizó el mayor número (el 50,62 por 100), seguido de Japón (19,53 por 100), Filipinas (18,44 por 100), Armenia (1,85 por 100), Kirguistán (1,84 por 100), Irak (1,46 por 100), Malasia (1,43 por 100), Pakistán (0,82 por 100), Kazajstán (0,66 por 100), Arabia Saudí (0,54 por 100), Bangladesh (0,52 por 100), Uzbekistán (0,51 por 100), Sri Lanka (0,42 por 100), Siria (0,39 por 100), Afganistán (0,26 por 100), Myanmar (0,19 por 100), Territorios Palestinos (0,18 por 100), Camboya (0,16 por 100), Islas Faroe (0,11 por 100) y Mongolia (0,09 por 100).

El apartado más consultado de la web del Tribunal Constitucional ha sido el de “Buscador de jurisprudencia constitucional” a través del portal “hj.tribunalconstitucional.es” con 2.713.992 visitas, de un total de 239.741 visitantes diferentes. La evolución de visitas del sistema buscador de jurisprudencia ha ido creciendo desde su implantación:

Año | 2013 | 2014 | 2015
Total de visitas | 1.728.944 | 2.196.039 | 2.713.992
Promedio de visitas diarias | 4.737 | 6.017 | 7.436
Total de visitantes diferentes | 131.688 | 206.051 | 239.741

Los usuarios proceden principalmente de España (68,79 por 100) y el resto se localizan en los otros países de Europa (18,92 por 100), Norteamérica (4,48 por 100), Asia (4,49 por 100), Sudamérica (3,29 por 100), África (0,02) y Oceanía (0,01 por 100).

La navegación por internet utilizada por los usuarios que han accedido al sistema de jurisprudencia se ha realizado sobre todo a través de navegador “Chrome”, seguido del uso de “Firefox” e “Internet Explorer”.

Los listados de sentencias generados como resultado de las búsquedas han alcanzado 361.950, lo que supone una reducción importante respecto de la del año anterior.

De los ficheros existentes en la página web los más descargados fueron los correspondientes a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (con 81.910 descargas); a la Nota de prensa 44/2014, relativa al resumen de la memoria del Tribunal Constitucional del año 2013 (con 32.994 descargas); al documento “Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisdicción constitucional española” contenido en la actividad “XV encuentro de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España” (con 12.096 descargas); a la Nota de prensa 83/2013, relativa al derecho a la intimidad familiar (7.635 descargas); y, por último, a la Nota de prensa 52/2015, relativa al derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que fue sancionado por no disponer de la “píldora del día después” (7.068 descargas).

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org) ha registrado 37.537 visitas, de un total de 10.055 visitantes, con un promedio de 2,16 visitas por visitante. El total de consultas a los diferentes apartados (fotografías, videos, documentos, etc.) fue de 518.148, con un promedio de 13,8 elementos consultados por visita.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web han sido España (140.737 consultas), Perú (38.901), Estados Unidos (35.633), China (29.393), México (25.973), Venezuela (22.428), Colombia (21.400), Alemania (16.408) y Ecuador (15.894).

Los documentos más descargados fueron el “Cuestionario de la Corte de Justicia de la República Dominicana para la Conferencia de Santo Domingo 2014” (9.088 descargas); el “Cuestionario del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para la conferencia de Santo Domingo 2014” (7.502 descargas); el “Cuestionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México para la conferencia de Cádiz 2012” (7.370 descargas); la ponencia “Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en Perú” para la actividad de Cartagena de Indias, Colombia 2013” (6.213 descargas); la ponencia “Costa Rica. Procesos de protección de los derechos fundamentales” para la actividad de Cartagena de Indias, Colombia 2013 (4.758 descargas); y el “Cuestionario de la Sala de lo Constitucional de la República de Honduras para la conferencia de Santo Domingo 2014” (4.670 descargas).

Los apartados más visitados fueron, en el siguiente orden, “Acerca de CIJC”; los relativos al seminario sobre “Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales”, desarrollado en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia, 2013); los relativos al seminario sobre “Derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, desarrollado en la ciudad de Antigua (Guatemala, 2015); los referentes a la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana, 2014); y los relacionados con la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en la ciudad de Cádiz (España, 2012).

Durante el año 2015, el Servicio de Informática ha continuado trabajando en la política de reducción del uso del papel para lo cual ha desarrollado un nuevo sistema de notificaciones electrónicas bajo la plataforma del Ministerio de Justicia denominada “Lexnet” que entrará en funcionamiento en el ejercicio 2016; ha desarrollado un registro telemático para la presentación de demandas de amparo con certificado de firma electrónica reconocida a través de la página web que entrará también en funcionamiento en el año 2016; ha desarrollado diversas aplicaciones para la gestión del trabajo interno mediante el uso de firma electrónica; y ha implementado la factura electrónica integrando la gestión económica del Tribunal con el Registro Central de Facturas. También ha desarrollado una nueva página web para el Tribunal Constitucional que se pondrá en producción en el ejercicio 2016; ha adquirido el código de la aplicación destinada a la gestión económica y tramitación de expedientes de gastos del Tribunal para adaptarla a sus necesidades; ha sustituido las cabinas de almacenamiento del Centro de procesamiento de datos principal debido a su obsolescencia; y, en fin, ha sustituido parte de los cortafuegos del sistema informático del Tribunal.

Por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 2 de marzo de 2015 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 59, de 10 de marzo), se acordó conceder las tres becas de formación relacionadas con la informática del Tribunal Constitucional que habían sido convocadas por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de octubre de 2014 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 267, de 4 de noviembre).

4. Servicio de Gerencia

En el área de gestión de recursos humanos debe destacarse la cobertura de tres plazas mediante los correspondientes concursos de méritos. El concurso relativo a la primera de ellas, de Jefe de Unidad de personal y asuntos generales en el Servicio de Gerencia, fue convocado por Resolución de la Presidencia de 30 de abril de 2015 y resuelto por Resolución de la Presidencia de 2 de noviembre de 2015 (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 268, de 9 de noviembre). Los concursos relativos a las otras dos plazas, de Técnico de tratamiento de doctrina constitucional en el Servicio de Doctrina Constitucional y de Técnico de biblioteca en el Servicio de Biblioteca y Documentación, fueron convocados por sendas Resoluciones de la Presidencia de 13 de enero de 2015 y resueltos también por Resoluciones de la Presidencia de 26 de mayo y 9 de junio de 2015, respectivamente (ambas publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 143, de 16 de junio de 2015).

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 652 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
57 | 1
477 | 2
63 | 4
49 | 6
6 | 8

Además se han tramitado 22 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 814.726,04 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria.

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) INGRESO DE FONDOS

1) Documentación jurisdiccional: En 2015 han ingresado por transferencia un total de 942 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General.

2) Documentación no jurisdiccional: Ingresaron 212 unidades de instalación.

B) DESCRIPCIÓN Y REPRODUCCIÓN

Durante 2015 el Archivo General del Tribunal Constitucional prosiguió sus trabajos de organización, normalización de datos descriptivos e integración de registros en bases de datos:

1) Documentación jurisdiccional: Se incorporaron a la base de procesos constitucionales del Archivo General un total de 8.165 nuevos registros, que incrementan el total de registros inscritos en dicha base de datos (documentos compuestos o expedientes; y documentos simples, que no se agrupan en expedientes) hasta los 188.213, una vez realizadas las pertinentes depuraciones.

2) Documentación no jurisdiccional: 16.661 nuevos registros de base de datos, que contiene en total 234.471.

Se han digitalizado más de 40.000 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia.

C) GESTIÓN DOCUMENTAL

A lo largo del año, con el apoyo de consultores externos, se han proseguido los trabajos de integración de la plataforma de gestión documental con las diversas aplicaciones de tramitación actualmente en producción en el Tribunal Constitucional. Dicho proceso, que persigue la normalización de la información gestionada por los diversos sistemas de tramitación con vistas a mejorar su integridad y calidad, ha implicado una importante carga de trabajo, habiéndose desarrollado en estrecha colaboración con el Servicio de Informática. En este punto es especialmente destacable la mejora obtenida en la integridad de los datos procedentes de la aplicación de Gestión Procesal, la cual resulta imprescindible para su reutilización futura en las nuevas aplicaciones que puedan sustituirla.

Se ha procedido al desarrollo de un interfaz web de usuario conforme al estándar CMIS, esto es, independiente de la plataforma de gestión documental utilizada, actualmente “Alfresco”, de manera que podría utilizarse otra alternativa sin necesidad de grandes y costosas adaptaciones. Dicho interfaz permitirá tanto la búsqueda de contenidos en la plataforma como lanzar procesos, a solicitud del usuario, de visualización de documentos electrónicos y de solicitud de préstamos o reproducciones de aquéllos en formato físico.

Asimismo se ha probado y adaptado satisfactoriamente al entorno del Tribunal Constitucional la herramienta de digitalización certificada “Factum”, software desarrollado por la Universidad de Murcia y con el cual el Tribunal ha podido contar a efectos de valoración y prueba con vistas a su implantación en el Tribunal una vez se proceda a la suscripción del pertinente convenio de colaboración tecnológica entre la Universidad y el Tribunal.

D) SERVICIOS A USUARIOS

Durante 2015 se han realizado 1.425 préstamos de documentación del Archivo General (un incremento del 51 por 100), además de atender un total de 42 solicitudes de documentación digitalizada y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

E) BECAS DE FORMACIÓN. RECURSOS HUMANOS

Por Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 135, de 4 de junio), se convocaron dos becas de formación relacionadas con la gestión documental y archivística en el Tribunal Constitucional, siendo adjudicadas las mismas por Resolución de la Presidencia de 2 de diciembre de 2014 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 300, de 12 de diciembre). De acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria, dichas becas se prorrogaron por un período de doce meses mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 23 de noviembre de 2015.

A lo largo de 2015, y de acuerdo con el plan de formación establecido, han sido numerosas las actividades desarrolladas por las adjudicatarias de las becas, consistiendo las mismas en la normalización y depuración de registros en bases de datos; la identificación y diagramación de procedimientos; la descripción normalizada de documentos fotográficos; la gestión de transferencias y otras tareas propias de la gestión documental y archivística.

VII. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2015 ascendieron a 23.084,44 miles de euros, lo que representa una disminución del 2,27 por 100, esto es, 535,74 miles de euros, respecto del ejercicio 2014, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 23.620,18 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1. (Gastos de personal): 17.069,01 miles de euros.

– Capítulo 2. (Gastos corrientes en bienes y servicios): 4.807,37 miles de euros.

– Capítulo 4. (Transferencias corrientes): 400,06 miles de euros.

– Capítulo 6. (Inversiones reales): 760,00 miles de euros.

– Capítulo 8. (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2015 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS REALIZADOS | GRADO DE EJECUCIÓN
Capítulo 1 | 17.069.010,00 | 16.061.906,46 | 94,10 por 100
Capítulo 2 | 4.807.370,00 | 4.012.894,02 | 83,47 por 100
Capítulo 4 | 400.060,00 | 345.440,93 | 86,35 por 100
Capítulo 6 | 760.000,00 | 471.129,31 | 61,99 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 21.240,00 | 44,25 por 100
TOTAL | 23.084.440,00 | 20.912.610,72 | 90,59 por 100

VIII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

30 DE ENERO

Audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

21 DE MARZO

9.ª reunión del bureau de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Venecia (Italia).

23 DE ABRIL

Reunión de trabajo con el Consejo Constitucional del Reino de Marruecos. Firma del convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional de España y el Consejo Constitucional de Marruecos. Rabat (Marruecos).

27 DE JULIO

Reunión de trabajo con el Tribunal Constitucional de Chile. Firma del convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de Chile. Santiago de Chile (Chile).

15 DE OCTUBRE

XVII Conferencia Trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España sobre “El Derecho del trabajo en la jurisprudencia constitucional: evolución actual”. Lisboa (Portugal).

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

4 DE MARZO

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Humberto Sierra Porto.

4 DE MARZO

Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia don Guillermo Cadalso y el Magistrado don Ricardo Acevedo. Firma del convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional de España y la Corte Centroamericana de Justicia.

9 DE MARZO

Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara, el Magistrado don Justo Pedro Castellanos y el Magistrado don Idelfonso Reyes.

2 DE JUNIO

Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Indonesia, don Arief Hidayat.

2 DE JULIO

Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y de la Sala Constitucional, doña Gladys María Gutiérrez.

23 DE SEPTIEMBRE

Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara. Firma de un convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

5 DE OCTUBRE

Vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, don Manuel Miranda Canales.

18 DE NOVIEMBRE

Presidente de la Corte Suprema del Perú, don Víctor Ticona Postigo.

15 DE DICIEMBRE

Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, don Óscar Urviola Hani, y el Magistrado don José Luis Sardón de Taboada.

REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

11 DE MAYO

Reunión de trabajo de una delegación de la Corte Suprema de Filipinas.

22 DE MAYO

Jornada-Seminario con motivo de la visita oficial del Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, don Dean Spielmann.

17 DE SEPTIEMBRE

Reunión de trabajo de una delegación integrada por miembros de diferentes instituciones de Turquía en el marco del proyecto “Libertad de expresión y libertad de medios de comunicación” del Consejo de Europa y el Tribunal Constitucional de Turquía.

16-17 DE NOVIEMBRE

Jornada de trabajo con una delegación de la Corte Constitucional de la República de Albania.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

7-8 DE ABRIL

VII curso de formación bajo el título “Técnicas de argumentación jurídica”, dirigido al Tribunal Constitucional dominicano en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento del Tribunal Constitucional dominicano” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (Santo Domingo).

1-3 DE JUNIO

VIII curso de formación bajo el título “Interpretación jurisprudencial constitucional”, dirigido al Tribunal Constitucional dominicano en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento del Tribunal Constitucional dominicano” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (Santo Domingo).

15-18 DE JUNIO

Seminario Iberoamericano sobre “Nuevos retos del derecho a la intimidad”, en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE). Centro de formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Montevideo (Uruguay).

28-30 DE SEPTIEMBRE

Seminario Iberoamericano sobre los “Derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios”, en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE). Centro de formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Antigua (Guatemala).

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15 DE ENERO

Entrega del Premio Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Valencia).

15 DE ABRIL

Conferencia-homenaje en memoria del Magistrado y Catedrático de Derecho Administrativo don Luis Ortega Álvarez, en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo).

27 DE ABRIL

Asistencia al funeral por las víctimas del accidente aéreo de los Alpes (Barcelona).

27 DE MAYO

Presentación del libro en homenaje póstumo al Fiscal don Fernando Herrero-Tejedor Algar. Sede del Tribunal Constitucional.

24 DE JUNIO

Conmemoración del XXX aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Palacio Real (Madrid).

21 DE JULIO

Audiencia con Su Majestad el Rey Felipe VI. Entrega de la Memoria del Tribunal correspondiente al año 2014. Palacio Real (Madrid).

23 DE JULIO

Presentación y matasellado de primer día de circulación del sello postal conmemorativo emitido por Correos con motivo del XXXV aniversario de la constitución pública del Tribunal Constitucional. Sede del Tribunal Constitucional.

8 DE SEPTIEMBRE

Solemne apertura del año judicial, presidida por Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Tribunal Supremo (Madrid).

9 DE SEPTIEMBRE

Visita de Sus Majestades los Reyes al Tribunal Constitucional en el XXXV aniversario de su constitución.

23 DE SEPTIEMBRE

Encuentro con la Presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz. Palacio de San Telmo (Sevilla).

5-7 DE NOVIEMBRE

XXI Jornadas de Letrados del Tribunal Constitucional, organizadas por la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, bajo el título “Democracia constitucional y diversidad cultural” (Cuenca).

6 DE NOVIEMBRE

Encuentro con el Presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page. Palacio de Fuensalida (Toledo).

12 DE NOVIEMBRE

Encuentro con el Presidente de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera. Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León (Valladolid).

10 DE DICIEMBRE

Conmemoración del XXXVII aniversario de la Constitución española. Congreso de los Diputados (Madrid).

IX. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «Crisis y Constitución», que plasma los resultados de las XIX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebrada en El Burgo de Osma (Soria) en octubre de 2013. Asimismo, ambas instituciones coeditaron una edición especial de la Constitución española de 1978.

El Tribunal Constitucional español publicó los trabajos de la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en Cádiz (España) en mayo de 2012 y dedicada a «Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional».

Convenios de colaboración

El Premio Francisco Tomás y Valiente fue instituido en 1996 por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para honrar la memoria de quien fuera insigne historiador y jurista, con el fin de estimular los estudios académicos sobre Constitución y Justicia Constitucional, a la que el homenajeado dedicó sus mejores esfuerzos, bajo el signo de la libertad y la tolerancia, como Profesor, Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional. La convocatoria correspondiente al año 2015 fue llevada a cabo por Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 24 de marzo de 2015 («BOE» núm. 82, de 6 de abril). El premio fue declarado desierto por el Jurado constituido para juzgar los trabajos presentados, fallo que se hizo público mediante Resolución de 26 de noviembre de 2015, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales («BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2015).

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han acordado prorrogar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su primer año de funcionamiento.

El Tribunal celebró convenios de colaboración con diversas jurisdicciones constitucionales, con la finalidad de establecer y desarrollar un marco de colaboración para realizar actividades relacionadas con el ámbito de sus competencias, tales como el intercambio de información y documentación, la colaboración en publicaciones, el asesoramiento técnico y la realización de seminarios, jornadas o eventos. Un convenio con la Corte Centroamericana de Justicia fue firmado el 4 de marzo de 2015. El 23 de abril siguiente, el Tribunal signó un acuerdo de colaboración con el Consejo Constitucional del Reino de Marruecos. Un convenio con el Tribunal Constitucional de Chile fue firmado el 27 de julio de 2015. Y fue firmado otro convenio con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana el siguiente 23 de septiembre.

Asimismo, el Tribunal ha concertado con diversas instituciones el depósito de varias obras de arte en la sede de Domenico Scarlatti: con esta finalidad, ha firmado varios contratos de depósito temporal con el Patrimonio Nacional, el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la finalidad de que queden expuestos en la sede del Tribunal el tapiz «La familia de Darío a los pies de Alejandro», del maestro flamenco don Andreas Blommaert (siglo XVI); «El juicio de Salomón», óleo sobre lienzo del taller de don Pedro Pablo Rubens (1611-1614); y la escultura de acero titulada «Arquitectura 1-A», del artista don Pablo Palazuelo (1983-1984).

Por último, el Tribunal Constitucional firmó el 19 de febrero de 2015 un acuerdo de colaboración con la Universidad de Nápoles Federico II, para la realización de prácticas académicas por parte de los alumnos de dicho centro educativo.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución
(http://www.tribunalconstitucional.es/es/LeyTransparencia/InformacionEconomicaContractual/Paginas/02_Convenios.aspx).

X. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento” (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica “Transparencia de la actividad pública”, se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es “en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo” [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña “Transparencia e información institucional”, se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de “Transparencia e información institucional”, se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea éste el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se relacionan las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas; y, en fin, se prevé la publicación de la información más solicitada.

Durante el año 2015 se han dirigido al Tribunal Constitucional 42 solicitudes de información pública[1]. De ellas, 39 (92,9 por 100) fueron promovidas por personas físicas y tres (7,1 por 100) por personas jurídicas (un partido político, una empresa editorial y un medio de comunicación social). Todas se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 38 casos (90,5 por 100), el papel en otros tres (7,1 por 100) y en uno de ellos no se indicó de manera expresa la modalidad de respuesta requerida (2,4 por 100), por lo que la información interesada se facilitó por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En 14 resoluciones de la Secretaría General (34,1 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada; en 12 (29,2 por 100) se remitió la información solicitada a las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional, por versar sobre su actividad jurisdiccional; en dos (4,9 por 100) se remitió a los solicitantes a la página web del Tribunal Constitucional, por figurar publicada en esa página la información interesada o poder accederse a la misma a través de aquélla; en otra (2,4 por 100) se concedió parcialmente el acceso a la información pedida, remitiendo al solicitante respecto al resto de la información requerida a la página web del Tribunal; en ocho (19,6 por 100) no se accedió a la información interesada; en dos (4,9 por 100) se inadmitió la solicitud de información; y, en fin, en otras dos (4,9 por 100) se tuvo por desistidos a los solicitantes, al no haber atendido el requerimiento de identificar suficientemente la información interesada.

De las ocho solicitudes en las que no se concedió el acceso a la información, una lo fue por no existir en parte dicha información y, respecto a la información existente, por proteger los datos de carácter personal de las personas afectadas por la misma; tres, por tener por objeto actividad del Tribunal Constitucional no sujeta a Derecho administrativo; dos, por versar sobre información ajena al Tribunal; y otras dos, por tratarse de solicitudes de asesoramiento jurídico.

De las dos solicitudes de información inadmitidas, una lo fue por no haber organizado el Tribunal Constitucional el acto sobre el que se requería información, sin que se pudiera conocer, dados los términos genéricos en los que se formuló la solicitud de información, el órgano que pudiera resultar competente [artículo 18.1 d) de la Ley 19/2013]; y la otra por versar sobre la actividad jurisdiccional del Tribunal, sin que existiese constancia, en el momento de dictarse la resolución, que se hubiera iniciado el proceso constitucional sobre el que se requería información.

Las solicitudes de acceso a la información han versado sobre una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas: a) Información relativa a datos profesionales, retributivos y/o estatutarios de los miembros del Tribunal Constitucional, del personal a su servicio y de Magistrados eméritos (7); b) Información sobre actos institucionales o conmemorativos (3); c) Información y datos estadísticos sobre procesos constitucionales (4); d) Información sobre la tramitación de concretos procesos constitucionales (12); e) Información sobre la identificación y condiciones de utilización de las sentencias del Tribunal Constitucional (2); f) Información sobre la cancelación de datos personales en las resoluciones publicadas en la página web del Tribunal Constitucional (1); g) Información sobre el acceso a las notas de prensa del Tribunal Constitucional (1); h) Información sobre la jurisprudencia constitucional existente en determinada materia (1); e i) Información y asesoramiento para promover denuncias, acciones en la vía judicial ordinaria o para iniciar procesos constitucionales (8).

[1] Una de las solicitudes de información pública se acumuló a otra precedente, formulada por la misma persona y sobre idéntica información, dando lugar ambas a una única resolución de la Secretaría General.

Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados
en el “Boletín Oficial del Estado”

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Discurso en el acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

VI. Discurso en la jornada-seminario celebrado con ocasión de la visita del Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

VII. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación (BOE núm. 228, de 23 de septiembre de 2015; cve: BOE-A-2015-10196)

2) Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (BOE núm. 249, de 17 de octubre de 2015; cve: BOE-A-2015-11160)

3) Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales (BOE núm. 178, de 27 de julio de 2015, cve: BOE-A-2015-8372)

4) Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (BOE núm. 178, de 27 de julio de 2015, cve: BOE-A-2015-8373)

LEY ORGÁNICA 12/2015, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA O DE SU MODIFICACIÓN (BOE NÚM. 228, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015; CVE: BOE-A-2015-10196).

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:

PREÁMBULO

El Estado Autonómico pactado en la Transición y diseñado por la Constitución Española de 1978 ha funcionado razonablemente bien durante los más de treinta y cinco años que la norma fundamental lleva en vigor. Ha permitido la creación y consolidación de un Estado de las Autonomías fuerte y se ha erigido en factor decisivo en la construcción de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 147, configura los Estatutos de Autonomía como la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante del ordenamiento jurídico. De tal suerte que los Estatutos de Autonomía comparten con la Constitución, en el ámbito respectivo de su Comunidad Autónoma, su conceptualización como principio inspirador y su condición de fundamento del orden social y la convivencia política y cívica.

Por todo ello, resulta evidente que los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado. Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de constitucionalidad.

En este sentido, el parecer del Consejo de Estado, en su informe sobre las reformas de la Constitución española emitido en 2006, es diáfano cuando afirma que “este control a posteriori tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad”.

Ciertamente, la existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma no constituye una novedad desde un punto de vista histórico-jurídico. De hecho, la existencia del recurso previo de inconstitucionalidad se encontraba instituida por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y no fue suprimido hasta la promulgación de la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, cuando se encontraban todos —o casi todos— los Estatutos de Autonomía en vigor.

Todo ello permite inferir que, para evitar el cuestionamiento constitucional e institucional y vertebrar con rigor jurídico y cohesión social el Estado, se torna necesario y conveniente restablecer, adaptándolo a la actual configuración del Estado, el recurso previo de inconstitucionalidad, eso sí, sólo para los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma. Se evita así el principal reproche que mereció en el pasado esta institución jurídica cuando pudo ser utilizada por los grupos minoritarios para paralizar la entrada en vigor de normas legales, de carácter orgánico, aprobadas por las Cortes Generales.

En definitiva, se hace necesario garantizar el, no siempre fácil, equilibrio entre la especial legitimidad que tienen los Estatutos de Autonomía como norma institucional básica de las Comunidades Autónomas, en cuya aprobación intervienen tanto las Comunidades Autónomas como el Estado y, en ocasiones, el cuerpo electoral mediante referéndum, y el respeto de dicho texto al marco constitucional, construido alrededor de la Constitución como norma fundamental del Estado y de nuestro ordenamiento jurídico.

El alcance de la reforma afecta a tres preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Se modifica el artículo 2, a efectos de incluir entre las funciones del Tribunal Constitucional el control previo de constitucionalidad en los casos previstos en el artículo 79 de la presente Ley (Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma).

Se modifica el artículo 10, a efectos de incluir entre los asuntos de los que corresponde conocer al Tribunal en Pleno, los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma.

Se añade un nuevo Título VI bis y un nuevo artículo 79 (que había dejado sin contenido la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio), que es el que regula el nuevo control previo de inconstitucionalidad de los Proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma, señalando que el recurso tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo del proyecto de Estatuto o de la propuesta de reforma de Estatuto tras su tramitación en ambas Cámaras de las Cortes Generales. Por lo demás, el procedimiento se rige por lo previsto para los recursos de inconstitucionalidad, si bien, por la naturaleza propia de este recurso, el plazo para su interposición es extremadamente breve (tres días). Y para impedir dilaciones indeseables en su resolución, se establece un plazo improrrogable de seis meses para que el Tribunal resuelva con carácter preferente. El nuevo artículo 79 precisa además los efectos de la interposición del recurso –que suspende automáticamente la tramitación del proyecto–, y de la Sentencia estimatoria del mismo, que tendrá como consecuencia la imposibilidad de seguir el procedimiento en tanto los proyectos declarados inconstitucionales no hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Uno. Se añade un nuevo epígrafe e) bis en el apartado uno del artículo segundo, con la siguiente redacción:

“e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.”

Dos. Se añade un nuevo epígrafe d) bis en el párrafo uno del artículo diez, con la siguiente redacción:

“d) bis. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.”

Tres. Se añade un nuevo título VI bis y un nuevo artículo setenta y nueve, que tendrán la siguiente redacción:

“TÍTULO VI BIS

Del recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía

Artículo setenta y nueve.

Uno. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos.

Dos. El recurso tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de Reforma de un Estatuto, una vez aprobado por las Cortes Generales.

Tres. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitución y con esta Ley Orgánica, están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía.

Cuatro. El plazo para la interposición del recurso será de tres días desde la publicación del texto aprobado en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales”. La interposición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes.

Cinco. Cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.

Seis. El recurso previo de inconstitucionalidad se sustanciará en la forma prevista en el capítulo II del título II de esta Ley y deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de seis meses desde su interposición. El Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación.

Siete. Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a su entrada en vigor, incluido, en su caso, el correspondiente procedimiento de convocatoria y celebración de referéndum.

Ocho. Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexión o consecuencia quedan afectados por tal declaración y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.

Nueve. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa.”

Disposición final.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 22 de septiembre de 2015.–Felipe R.–El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey.

LEY ORGÁNICA 15/2015, DE 16 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DEL ESTADO DE DERECHO (BOE NÚM. 249, DE 17 DE OCTUBRE DE 2015; CVE: BOE-A-2015-11160)

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:

PREÁMBULO

Uno de los principales componentes del ejercicio de cualquier función jurisdiccional es la existencia de instrumentos suficientes para garantizar la efectividad de las resoluciones dictadas en el ejercicio de dicha función.

La garantía de dicha efectividad es un elemento esencial para la existencia de un Estado de Derecho, ya que sin esta garantía tal Estado no existiría.

Nuestra Constitución encomienda al Tribunal Constitucional la función de ser su supremo intérprete y garante mediante el ejercicio de su función jurisdiccional.

Si bien la actual regulación del Tribunal Constitucional contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real.

Para ello, la reforma contenida en esta Ley Orgánica introduce, en sede constitucional, instrumentos de ejecución que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

Así la reforma desarrolla las funciones de auxilio jurisdiccional de tal manera que el Tribunal pueda acometer la ejecución de sus resoluciones, bien directamente o bien a través de cualquier poder público.

A tales efectos, la reforma atribuye el carácter de título ejecutivo a las resoluciones del Tribunal, y establece, en materia de ejecución, la aplicación supletoria de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También se abre la posibilidad de que el Tribunal pueda acordar que sus resoluciones se notifiquen a cualquier autoridad o empleado público.

La reforma establece un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En estos casos, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplirlas y, una vez se reciba el informe o venza el plazo que se hubiera dado, el Tribunal podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria. Todo ello, sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan.

Asimismo, se permite que, en situaciones en las que concurran circunstancias de especial trascendencia constitucional, como, por ejemplo, los supuestos de incumplimiento notorio, y se trate de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas el Tribunal pueda adoptar las medidas de ejecución necesarias inaudita parte. Si bien, en la misma resolución que las acuerde dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, trámite tras el cual decidirá el mantenimiento, la modificación o la revocación de las medidas inicialmente adoptadas.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 80, que queda redactado del siguiente modo:

“Se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados.

En materia de ejecución de resoluciones se aplicará, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.”

Dos. Se modifica el artículo 87, que queda redactado en los siguientes términos:

“1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario.

2. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.

A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos.”

Tres. Se modifica el artículo 92, que pasará a tener la siguiente redacción:

“1. El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.

Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó.

2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente.

3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.

b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.

c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.

d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

5. Si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas.”

Cuatro. Se suprime el contenido del apartado 4 actual del artículo 95 y el contenido del apartado 5 pasa a numerarse como 4 con la siguiente redacción:

“4. Los límites de la cuantía de estas sanciones o de las multas previstas en la letra a) del apartado 4 del artículo 92 podrán ser revisados, en todo momento, mediante ley ordinaria.”

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 16 de octubre de 2015.–Felipe R.–El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey.

ACUERDO DE 23 DE JULIO DE 2015, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REGULA LA EXCLUSIÓN DE LOS DATOS DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES (BOE NÚM. 178, DE 27 DE JULIO DE 2015, CVE: BOE-A-2015-8372)

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo 1.

El Tribunal Constitucional en sus resoluciones jurisdiccionales preservará de oficio el anonimato de los menores y personas que requieran un especial deber de tutela, de las víctimas de delitos de cuya difusión se deriven especiales perjuicios y de las personas que no estén constituidas en parte en el proceso constitucional.

Artículo 2.

El Tribunal, en los demás casos, podrá excepcionar, de oficio o a instancia de parte, la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones (artículo 164 CE), en lo relativo a los datos de identidad y situación personal de las partes intervinientes en el proceso.

A tal fin, si una parte estimase necesario que en un asunto sometido al conocimiento del Tribunal no se divulgue públicamente su identidad o situación personal, deberá solicitarlo en el momento de formular la demanda o en el de su personación, exponiendo los motivos de su petición.

El Tribunal accederá a la petición cuando, a partir de la ponderación de circunstancias debidamente acreditadas concurrentes en el caso, la estime justificada por resultar prevalente el derecho a la intimidad u otros intereses constitucionales.

Artículo 3.

En los casos en que proceda preservar el anonimato de las personas concernidas por la publicación de las resoluciones del Tribunal Constitucional, se sustituirá su identidad por las iniciales correspondientes y se omitirán los demás datos que permitan su identificación.

Disposición transitoria.

Las disposiciones de este acuerdo serán aplicables a los procesos iniciados antes de su entrada en vigor.

Disposición final.

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín oficial del Estado”.

Madrid, 23 de julio de 2015.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

ACUERDO DE 23 DE JULIO DE 2015, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 178, DE 27 DE JULIO DE 2015, CVE: BOE-A-2015-8373)

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo único.

El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 (“Boletín Oficial del Estado” número 185, de 3 de agosto) queda modificado en los siguientes términos:

1. La disposición adicional pasará a denominarse “disposición adicional primera”.

2. Se añade una disposición adicional segunda, que tendrá la siguiente redacción:

“1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese, incluida la correspondiente a los trienios que hayan sido reconocidos durante el ejercicio del cargo.

2. El Magistrado cesante podrá optar por percibir la remuneración de transición de modo global o fraccionadamente, a petición del interesado.

3. En caso de fallecimiento, la remuneración de transición se transmite con su misma extensión, alcance y contenido al cónyuge e hijos, por mitad.

4. A los efectos de la disposición adicional primera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, los miembros del Tribunal Constitucional que, tras su cese, optaran por la percepción de la pensión indemnizatoria o la remuneración de transición sólo podrán ejercer actividades públicas o privadas previa renuncia a percibir cualquier retribución o contraprestación, sin perjuicio de las legalmente compatibles.”

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Madrid, 23 de julio de 2015.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el “Boletín Oficial del Estado”

Índice de suplementos del “Boletín Oficial del Estado” en los que se han publicado las Sentencias y determinados Autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO | SENTENCIAS
47, de 24 de febrero de 2015 | 1/2015 — 8/2015
52, de 2 de marzo de 2015 | 9/2015 — 15/2015
64, de 16 de marzo de 2015 | 16/2015 — 32/2015
85, de 9 de abril de 2015 | 33/2015 — 50/2015
98, de 24 de abril de 2015 | 51/2015 — 61/2015
122, de 22 de mayo de 2015 | 62/2015 — 73/2015
136, de 8 de junio de 2015 | 74/2015 — 86/2015
146, de 19 de junio de 2015 | 87/2015 — 95/2015
159, de 4 de julio de 2015 | 96/2015 — 111/2015
160, de 6 de julio de 2015 | 112/2015 — 138/2015
182, de 31 de julio de 2015 | 139/2015 — 147/2015
194, de 14 de agosto de 2015 | 148/2015 — 160/2015
200, de 21 de agosto de 2015 | 161/2015 — 177/2015
245, de 13 de octubre de 2015 | 178/2015 — 184/2015
260, de 30 de octubre de 2015 | 185/2015 — 202/2015
272, de 13 de noviembre de 2015 | 203/2015 — 213/2015
284, de 27 de noviembre de 2015 | 214/2015 — 221/2015
296, de 11 de diciembre de 2015 | 222/2015 — 235/2015
312, de 30 de diciembre de 2015 | 236/2015 — 238/2015
10, de 12 de enero de 2016 | 239/2015 — 260/2015
19, de 22 de enero de 2016 | 261/2015 — 272/2015

NÚMERO DE SUPLEMENTO | AUTOS
47, de 24 de febrero de 2015 | 8/2015
194, de 14 de agosto de 2015 | 121/2015
200, de 21 de agosto de 2015 | 137/2015
296, de 11 de diciembre de 2015 | 189/2015 y 190/2015

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2015, de 19 de enero de 2015.

Recurso de amparo 5178-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de solicitudes de comparecencia, preguntas de respuesta oral en Pleno y proposición no de ley.

Vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

Sala Segunda. Sentencia 2/2015, de 19 de enero de 2015

Recurso de amparo 5865-2013. Promovido por don Francisco Javier Merino de la Cuesta respecto de las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de lo Penal que le condenaron por un delito de información privilegiada.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a la legalidad sancionadora: condena fundada en actividad probatoria de cuyo resultado se infiere, de manera no irrazonable, arbitraria ni contraria a la lógica, la culpabilidad del acusado; interpretación no irrazonable del tipo.

Sala Segunda. Sentencia 3/2015, de 19 de enero de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7045-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal.

Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014).

Sala Segunda. Sentencia 4/2015, de 19 de enero de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7360-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal.

Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

Pleno. Sentencia 5/2015, de 22 de enero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6964-2009. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, costas y medio ambiente: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen limitaciones o servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre y regulan su deslinde; interpretación conforme del precepto que crea un censo de edificaciones singulares ubicadas en el demanio marítimo-terrestre (STC 87/2012).

Pleno. Sentencia 6/2015, de 22 de enero de 2015

Conflicto positivo de competencia 823-2011. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución de 30 de diciembre de 2010 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el catálogo priorizado de productos farmacéuticos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Competencias sobre sanidad, productos farmacéuticos y Seguridad Social: ejercicio adecuado de las competencias autonómicas (STC 211/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 7/2015, de 22 de enero de 2015

Recurso de amparo 2399-2012. Promovido por Compañía de Distribución Integral Logista, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que tuvo por no preparado su recurso de casación contra Sentencia de la Audiencia Nacional parcialmente estimatoria de su impugnación sobre liquidación de los impuestos sobre las labores del tabaco y sobre el valor añadido asimilado a la importación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad a un escrito de la parte recurrente en el que trata de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que considera infringidas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 8/2015, de 22 de enero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5610-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Derechos a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad: constitucionalidad de los preceptos legales relativos al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; modificación sustancial de las condiciones de trabajo, negociación colectiva; extinción del contrato de trabajo, procesos por despido; aplicación de la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor en el sector público; y nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción de los contratos de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 9/2015, de 2 de febrero de 2015

Recurso de amparo 4930-2012. Promovido por doña R. D. S. O., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Institut Català de la Salut.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resolución judicial carente de una estimación expresa o tácita de las pruebas practicadas que permita conocer las razones que condujeron al órgano judicial a descartar su valoración.

Sala Primera. Sentencia 10/2015, de 2 de febrero de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6926-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con el artículo 50.1 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Derecho a la legalidad sancionadora: nulidad del precepto legal que vulnera la vertiente material del derecho a la legalidad sancionadora al remitir la calificación de las infracciones administrativas al momento aplicativo (STC 166/2012).

Pleno. Sentencia 11/2015, de 5 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 76-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Competencias sobre legislación civil y ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal estatal que prevé la creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida (STC 112/2013).

Pleno. Sentencia 12/2015, de 5 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 3931-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

Límites a los decretos-leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas ideadas para hacerle frente. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 13/2015, de 5 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1399-2014. Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Competencias sobre aguas: nulidad de los preceptos legales aprobados sin solicitar la emisión del informe, previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, respecto de cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte al territorio de esta Comunidad Autónoma (STC 110/2011).

Pleno. Sentencia 14/2015, de 5 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 3552-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones.

Competencias sobre fundaciones, legislación mercantil, ordenación del crédito y la banca y general de la economía: interpretación conforme del ámbito de aplicación de la ley foral, que no regula las fundaciones bancarias sino las ordinarias que resulten de la transformación de cajas de ahorro de Navarra y sean de competencia de la Comunidad Foral.

Pleno. Sentencia 15/2015, de 5 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6408-2014. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.

Autonomía política, principios pluralista y de interdicción de la arbitrariedad, derecho de acceso a los cargos públicos y sistema de representación proporcional: constitucionalidad de la ley autonómica que reduce la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha (STC 197/2014).

Sala Primera. Sentencia 16/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 1114-2012. Promovido por JOSEL, S. L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación y sanción del impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 17/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 2246-2012. Promovido por la Compañía de Distribución Integral Logista, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre aranceles e impuesto sobre el valor añadido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 18/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 3571-2012. Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de imágenes sobre aspectos de la vida privada del recurrente captadas sin su consentimiento.

Sala Primera. Sentencia 19/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 3738-2012. Promovido por doña Concepción Fuya Lasnig y tres personas más en relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña inadmitiendo a trámite la iniciativa legislativa popular “Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català”.

Vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos: inadmisión fundada en un hecho no configurado legalmente como causa de inadmisión de una iniciativa legislativa popular. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 20/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 5479-2012. Promovido por Majanicho Club, S. L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del impuesto de sociedades.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 21/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 716-2013. Promovido por Ana Fernández Martín frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid que confirmó la multa impuesta por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un vehículo que había cometido una infracción de tráfico.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: STC 30/2013 (resolución sancionadora que carece de fundamento razonable en la infracción administrativa aplicada).

Sala Segunda. Sentencia 22/2015, de 16 de febrero de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4538-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad de los preceptos legales que gravan actividades sujetas al impuesto sobre actividades económicas sin finalidad extrafiscal (STC 179/2006).

Sala Primera. Sentencia 23/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 7512-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid en relación con los acuerdos de la Mesa de la Cámara que inadmitieron diversas solicitudes de comparecencia, una pregunta de respuesta escrita y una proposición no de ley.

Vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

Sala Segunda. Sentencia 24/2015, de 16 de febrero de 2015

Recurso de amparo 2126-2014. Promovido por la confederación sindical de Comisiones Obreras de Andalucía en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, desestimatoria del recurso formulado frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, que prohibió la realización de diversas concentraciones y marchas.

Vulneración del derecho de reunión: prohibición de manifestaciones fundada en un supuesto ejercicio abusivo del derecho (STC 284/2005) y en el agotamiento del fin del derecho a manifestarse.

Pleno. Sentencia 25/2015, de 19 de febrero de 2015

Conflicto positivo de competencia 3321-2008. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas.

Competencias en materia de educación: nulidad del precepto reglamentario estatal que establece el carácter no territorializable de las becas de movilidad. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 26/2015, de 19 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1808-2013. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los tributos y compensación por ocupación del hecho imponible: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Voto particular.

Pleno. Sentencia 27/2015, de 19 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6368-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Competencias en materia laboral y límites a los decretos leyes: nulidad por falta de acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante para abordar la reforma urgente de algunas de las obligaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y de la competencia para sancionar el incumplimiento del deber de mantener la inscripción como demandantes de empleo.

Pleno. Sentencia 28/2015, de 19 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6412-2013. Promovido por el Gobierno de Extremadura en relación con los arts. 1; 2, apartados uno y dos; 3; disposición adicional única y disposición final tercera del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Límites a los decretos leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante para la regulación legal urgente del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (STC 183/2014).

Pleno. Sentencia 29/2015, de 19 de febrero de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1772-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa.

Límites a los decretos leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente el precepto legal que enumera los supuestos en los que se requiere acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa en materia de ordenación territorial y urbanística.

Pleno. Sentencia 30/2015, de 19 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5832-2014. Interpuesto por la Presidenta, en funciones, del Gobierno respecto del artículo 161 de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 26/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 31/2015, de 25 de febrero de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5829-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.

Competencias sobre consultas referendarias: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a las consultas referendarias generales.

Pleno. Sentencia 32/2015, de 25 de febrero de 2015

Impugnación de disposiciones autonómicas 5830-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, así como de sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

Competencias sobre consultas referendarias: nulidad del Decreto autonómico que convoca una consulta referendaria general (STC 31/2015).

Sala Segunda. Sentencia 33/2015, de 2 de marzo de 2015.

Recurso de amparo 686-2012. Promovido por don Adam Ujidos López en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito contra la salud pública.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: valor de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en diligencias policiales (STC 165/2014).

Sala Primera. Sentencia 34/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 1716-2012. Promovido por Casas Canarias de Campo, S. L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 35/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 2605-2012. Promovido por Promotora de Informaciones, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 36/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 2860-2012. Promovido por Josel, S. L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 37/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 3176-2012. Promovido por France Telecom España, S. A. U., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del impuesto sobre actividades económicas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 38/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 3315-2012. Promovido por France Telecom, S. A. U., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre apremio por diferentes recargos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas).

Sala Segunda. Sentencia 39/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 4219-2012. Promovido por don Miguel Ángel Gutiérrez Peinado respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarrobledo desestimatorio del incidente de oposición a la ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): resolución judicial que no examina una premisa lógica del proceso racional de formación de la decisión, sino que remite a la parte demandante a un proceso posterior.

Sala Primera. Sentencia 40/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 5280-2012. Promovido por Arigo 98, S. L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 41/2015, de 2 de marzo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2285-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears respecto del primer inciso del artículo 24.5 de la Ley del Parlamento Balear 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de Baleares.

Discriminación por razón de edad: inconstitucionalidad del precepto legal que impide participar en los procedimientos de instalación de nuevas oficinas de farmacia a los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años (STC 63/2011).

Sala Segunda. Sentencia 42/2015, de 2 de marzo de 2015

Recurso de amparo 3188-2013. Promovido por el Ministerio Fiscal en relación con el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Mérida que inadmitió la incoación de un procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 35/2008).

Sala Segunda. Sentencia 43/2015, de 2 de marzo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1591-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Competencias sobre urbanismo: inadmisión parcial y pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 141/2014); constitucionalidad del precepto legal que excluye la valoración de expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial y urbanística aún no realizados.

Pleno. Sentencia 44/2015, de 5 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1955-2005. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2005.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto de la Ley de presupuestos que limita la autonomía de las Cámaras legislativas al regular el procedimiento de determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Pleno. Sentencia 45/2015, de 5 de marzo de 2015

Conflicto positivo de competencia 7869-2009. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto.

Competencias sobre minas y medio ambiente: adecuado ejercicio de las competencias básicas estatales.

Pleno. Sentencia 46/2015, de 5 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2502-2010. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic de Greuges.

Potestades del Síndic de Greuges: interpretación conforme de los preceptos que definen las funciones de protección y garantía de los derechos constitucionales y estatutarios (STC 31/2010); nulidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen al Síndic de Greuges la condición de autoridad catalana para la prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Pleno. Sentencia 47/2015, de 5 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2856-2011. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.

Principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad e igualdad; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de los preceptos legales dictados al amparo de las competencias estatales sobre bases de ordenación del crédito, banca y seguros, acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante para la regulación urgente.

Pleno. Sentencia 48/2015, de 5 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6045-2012. Interpuesto por la Xunta de Galicia, contra el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Principio de seguridad jurídica y límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido para la reforma de las medidas de fomento de la producción de energías renovables. Voto particular.

Pleno. Sentencia 49/2015, de 5 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1114-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones. Voto particular.

Pleno. Sentencia 50/2015, de 5 de marzo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1549-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la Ley de Castilla y León 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio, de declaración del parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).

Derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): nulidad de la Ley que impide la ejecución de la sentencia anulatoria de un plan de ordenación de los recursos naturales. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 51/2015, de 16 de marzo de 2015

Recurso de amparo 3626-2012. Promovido por doña María Pilar Horcajada de Lamo en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó su pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

Sala Primera. Sentencia 52/2015, de 16 de marzo de 2015

Recurso de amparo 3819-2012. Promovido por don José Antonio Joan Bagué en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de casación frente al Auto de la Audiencia Nacional sobre declaración de responsabilidad en materia tributaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 53/2015, de 16 de marzo de 2015

Recurso de amparo 6372-2012. Promovido por doña María Gil Sanjuán en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre deslinde de costas.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 54/2015, de 16 de marzo de 2015

Recurso de amparo 2603-2013. Promovido por la entidad Chatarras Iruña, S. A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona que desestimaron su impugnación de diversas actuaciones de comprobación e investigación, llevadas a cabo por la Hacienda de Navarra.

Vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a un proceso con todas las garantías: entrada en las dependencias de la empresa realizada sin instrucción de derechos; vulneración de la garantía de no autoincriminación.

Sala Primera. Sentencia 55/2015, de 16 de marzo de 2015

Recurso de amparo 3222-2013. Promovido por don Javier Ruiz Benítez de Lugo Parejo en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife que le condenaron por un delito de conducción temeraria en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: falta de documentación de la vista oral no causante de indefensión, control de la valoración judicial de la prueba de cargo (STC 137/2005).

Sala Segunda. Sentencia 56/2015, de 16 de marzo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2965-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y el texto refundido de la Ley de suelo.

Derecho de propiedad y expropiación forzosa: inadmisión parcial y pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 141/2014); constitucionalidad del precepto legal que excluye la valoración de expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial y urbanística aún no realizados (STC 43/2015).

Pleno. Sentencia 57/2015, de 18 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 7826-2004. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado en relación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral.

Competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente; autonomía local: nulidad de los preceptos legales que imponen la dirección de los crecimientos urbanísticos, permiten al Gobierno autonómico prescindir enteramente de la clasificación urbanística del suelo en el diseño y ejecución de sus políticas sectoriales con incidencia territorial, y hacen depender el ejercicio de la potestad sancionadora municipal de la adaptación del planeamiento a la Ley; interpretación conforme del precepto legal que atribuye fuerza vinculante a los informes emitidos por un órgano autonómico.

Pleno. Sentencia 58/2015, de 18 de marzo de 2015

Conflicto positivo de competencia 5937-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.

Competencias sobre ordenación general de la economía, ganadería y sanidad: constitucionalidad de las disposiciones estatales sobre condiciones mínimas que deben reunir las explotaciones equinas, libros de explotación y programas sanitarios de control oficial (STC 158/2011). Voto particular.

Pleno. Sentencia 59/2015, de 18 de marzo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1873-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y facultades de enmienda del Senado: STC 26/2015 (constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito), concurrencia del requisito de la conexión de homogeneidad en el ejercicio del derecho de enmienda (STC 119/2011). Voto particular.

Pleno. Sentencia 60/2015, de 18 de marzo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3337-2013. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 12 bis de la Ley de la Comunidad Valenciana por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el art. 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria a la residencia habitual en la Comunidad Valenciana.

Pleno. Sentencia 61/2015, de 18 de marzo de 2015

Conflicto positivo de competencia 4305-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con diversos preceptos del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en la redacción dada por el artículo primero del Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el anterior y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

Competencias en materia laboral: preceptos reglamentarios estatales que vulneran competencias autonómicas al atribuir el ejercicio de funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal.

Sala Primera. Sentencia 62/2015, de 13 de abril de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6069-2009. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto de la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2005.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad del precepto legal que introduce el descuento sobre el volumen de ventas de productos farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud (STC 44/2015).

Sala Primera. Sentencia 63/2015, de 13 de abril de 2015

Recurso de amparo 4416-2012. Promovido por don Álvaro Ramírez Montoya respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de A Coruña y por un Juzgado de lo Penal en ejecutoria por un delito de hurto.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas (STC 97/2010). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 64/2015, de 13 de abril de 2015

Recurso de amparo 4592-2012. Promovido por BMC Software Distribution BV, en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 65/2015, de 13 de abril de 2015

Recursos de amparo 1485-2013 y 1486-2013 (acumulados). Promovidos por don Ivo Aragón Iñigo Fernández y don Sergio Benítez Moriana en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Teruel y de un Juzgado de lo Penal que les condenaron por un delito de injurias graves con publicidad.

Supuesta vulneración de las libertades de expresión e información: condena por injurias graves por las inequívocas acusaciones de falta de probidad dirigidas contra el juzgador en un determinado proceso. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 66/2015, de 13 de abril de 2015

Recurso de amparo 3875-2013. Promovido por doña Candelaria Martínez Martínez y tres personas más en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Social desestimatorias de su demanda en expediente de regulación de empleo.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: utilización del criterio de la edad superior a cincuenta y cinco años como factor determinante para la selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo.

Pleno. Sentencia 67/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de amparo 1713-2012. Promovido por Banco Santander, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 68/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de amparo 2604-2012. Promovido por Promotora de Informaciones, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 69/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de amparo 3045-2012. Promovido por Inmobiliaria Alozaima, S. L., y otras cuatro entidades mercantiles, en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 70/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de amparo 3985-2012. Promovido por Transportes de tierra, aire y mar, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre fijación de justiprecio expropiatorio.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 71/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de amparo 4503-2012. Promovido por Construcciones Azagra, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto sobre el valor añadido.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 72/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de amparo 112-2013. Promovido por Pegasa 2, S. L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

Pleno. Sentencia 73/2015, de 14 de abril de 2015

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1881-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias respecto del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y facultades de enmienda del Senado: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (SSTC 26/2015 y 59/2015). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 74/2015, de 27 de abril de 2015

Recurso de amparo 9400-2009. Promovido por don Issa Koulibaly respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid en proceso sobre denegación de la autorización de residencia.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Primera. Sentencia 75/2015, de 27 de abril de 2015

Recurso de amparo 1664-2012. Promovido por Endesa, S. A., y Endesa Generación, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso) y a la igualdad ante la ley: inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 76/2015, de 27 de abril de 2015

Recurso de amparo 6696-2012. Promovido por don Víctor Hugo Tituaña Yugcha en relación con el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre denegación de la concesión de la nacionalidad española.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

Sala Primera. Sentencia 77/2015, de 27 de abril de 2015

Recurso de amparo 3303-2013. Promovido por don Miguel Andrés Milano Aspe y doña Kelli Marie Angevine en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Vulneración del derecho a la igualdad ante el deber de contribuir, en conexión con el principio de protección económica de la familia: resolución judicial que, al atribuir eficacia constitutiva al título de familia numerosa, excluye a los recurrentes del disfrute de un beneficio fiscal. Voto particular.

Pleno. Sentencia 78/2015, de 30 de abril de 2015

Recurso de amparo 3814-2012. Promovido por la mercantil Josel, S. L., en relación con el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso) y a la igualdad ante la ley: inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 79/2015, de 30 de abril de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4921-2012. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del segundo inciso del párrafo primero del artículo 174.2 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, principio de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Pleno. Sentencia 80/2015, de 30 de abril de 2015

Recurso de amparo 5157-2012. Promovido por doña María de los Ángeles Jordá Escola en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso) y a la igualdad ante la ley: inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

Pleno. Sentencia 81/2015, de 30 de abril de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5736-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra frente al artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Límites a los decretos-leyes, competencias en materia de ordenación general de la economía y función pública y principio de seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido en la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional de complemento específico, correspondientes al mes de diciembre de 2012; observancia de los límites materiales de los decretos-leyes.

Pleno. Sentencia 82/2015, de 30 de abril de 2015

Recurso de amparo 5985-2012. Promovido por el Ayuntamiento de Málaga en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre sanción impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso) y a la igualdad ante la ley: inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

Pleno. Sentencia 83/2015, de 30 de abril de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1697-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad.

Pleno. Sentencia 84/2015, de 30 de abril de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1884-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, en relación con los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid.

Principios de legalidad y seguridad jurídica, procedimiento legislativo, principio de mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, competencias sobre contratos y concesiones administrativas, sanidad y Seguridad Social: nulidad del precepto legal que otorgaba preferencia, en la adjudicación de los centros de atención primaria, a las sociedades de profesionales compuestas íntegra o mayoritariamente por profesionales del Servicio Madrileño de Salud.

Pleno. Sentencia 85/2015, de 30 de abril de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6228-2013. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Competencias sobre ordenación general de la economía y agricultura: nulidad de los preceptos legales que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas.

Sala Primera. Sentencia 86/2015, de 7 de mayo de 2015

Recurso de amparo electoral 2606-2015. Promovido por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en relación con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Guadalajara que dejó sin efecto la proclamación de su candidatura en la circunscripción electoral de Cantalojas.

Vulneración del derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad: anulación de una candidatura sin brindar la oportunidad de subsanar los defectos padecidos en su composición.

Sala Segunda. Sentencia 87/2015, de 11 de mayo de 2015

Recurso de amparo 4521-2009. Promovido por don Hermenegildo Abaga Maye Obomo respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Segunda. Sentencia 88/2015, de 11 de mayo de 2015

Recurso de amparo 2151-2010. Promovido por don Edgar Antonio Reyes Gutiérrez respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 20 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Segunda. Sentencia 89/2015, de 11 de mayo de 2015

Recurso de amparo 7556-2013. Promovido por doña Nuria Corona Segura en relación con el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Écija que denegó su solicitud de nulidad de actuaciones en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar los medios de conocimiento de su domicilio real (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 90/2015, de 11 de mayo de 2015

Recurso de amparo 393-2014. Promovido por doña María del Carmen Pérez Aguilar en relación con el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Quart de Poblet que desestimó su impugnación de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valencia sobre reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado que las circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran posteriormente.

Sala Segunda. Sentencia 91/2015, de 11 de mayo de 2015

Recurso de amparo 4102-2014. Promovido por don José Luis Zaldua Azurmendi en relación con la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que formuló respecto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que confirmó, en apelación, su condena por un delito contra la ordenación del territorio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 204/2014).

Pleno. Sentencia 92/2015, de 14 de mayo de 2015

Conflicto en defensa de la autonomía local 1501-2005. Planteado por el Ayuntamiento de Santander y otros dieciséis municipios en relación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral.

Autonomía local, ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente: extinción parcial del conflicto en defensa de la autonomía local, constitucionalidad de los preceptos legales cuyas determinaciones urbanísticas y de ordenación territorial se imponen a los instrumentos de planeamiento local (STC 57/2015).

Pleno. Sentencia 93/2015, de 14 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 4286-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Límites a los decretos-leyes, derecho de propiedad y competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil y ordenación general de la economía: Nulidad de los preceptos legales que definen el contenido esencial del derecho de propiedad y regulan la expropiación de viviendas deshabitadas, interpretación conforme del precepto que establece la definición de viviendas deshabitadas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 94/2015, de 14 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 4834-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo.

Competencias sobre ordenación general de la economía y principios de coordinación entre haciendas públicas y de estabilidad presupuestaria: nulidad de la Ley Foral, que establece el término para el abono del complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo.

Pleno. Sentencia 95/2015, de 14 de mayo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7434-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de la suspensión de la paga única compensatoria prevista para el caso de que el índice de precios al consumo real sea superior al previsto (STC 49/2015). Voto particular

Sala Segunda. Sentencia 96/2015, de 25 de mayo de 2015

Recurso de amparo 5619-2012. Promovido por General Yagüe 8, S. L., en relación con la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que formuló frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos desestimatoria del recurso sobre resolución sancionadora dictada por la Junta de Castilla y León.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 204/2014).

Sala Primera. Sentencia 97/2015, de 25 de mayo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5391-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 98/2015, de 25 de mayo de 2015

Recurso de amparo 6628-2013. Promovido por don Carlos Quintana Peña en relación con la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que formuló frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Sevilla, en proceso de propiedad horizontal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 204/2014).

Sala Primera. Sentencia 99/2015, de 25 de mayo de 2015

Recurso de amparo 1082-2014. Promovido por doña María Elena Mariscal del Castillo en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre convocatoria de pruebas selectivas, por promoción interna, en la Administración general de la Junta de Andalucía.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías: negativa no arbitraria ni irrazonable a plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC 27/2013).

Sala Primera. Sentencia 100/2015, de 25 de mayo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1629-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 101/2015, de 25 de mayo de 2015

Recurso de amparo 3874-2014. Promovido por don Jean Basile Catris, sucedido procesalmente por doña Sofía Rossomolinos Ep Catris, respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de liquidación de sociedad de gananciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que establece una presunción de ganancialidad del bien controvertido (STC 102/2014).

Pleno. Sentencia 102/2015, de 26 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 275-2015. Interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias respecto del artículo 124 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 73/2015).

Pleno. Sentencia 103/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1895-2012. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el artículo 5 de la Ley de la Asamblea de Madrid 6/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y de seguridad jurídica, competencias sobre contratación pública y concesiones y en materia de procedimiento administrativo: constitucionalidad del precepto legal autonómico que modifica el régimen jurídico del Canal de Isabel II.

Pleno. Sentencia 104/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2063-2012. Interpuesto por cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Consell 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana.

Límites de los decretos-leyes autonómicos: constitucionalidad de las disposiciones sobre personal laboral del sector público de la Comunidad Valenciana contenidas en el Decreto-ley impugnado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 105/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6066-2012. Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Límites de los decretos-leyes y principio de seguridad jurídica: pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso, constitucionalidad de las disposiciones subsistentes (STC 48/2015).

Pleno. Sentencia 106/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6084-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Límites de los decretos-leyes y principio de seguridad jurídica: pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso, constitucionalidad de las disposiciones subsistentes (STC 48/2015).

Pleno. Sentencia 107/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 7279-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

Límites a los decretos-leyes autonómicos: nulidad del decreto-ley que, vulnerando las limitaciones establecidas por el Estatuto de Autonomía, crea un tributo autonómico (STC 93/2015).

Pleno. Sentencia 108/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 631-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de presupuestos generales para 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal autonómico que establece un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 30/2015).

Pleno. Sentencia 109/2015, de 28 de mayo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1457-2014. Planteada por la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones (STC 49/2015). Voto particular.

Pleno. Sentencia 110/2015, de 28 de mayo de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2502-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de A Coruña en relación con los apartados a) y b) de la regla tercera del número 1, de la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada, respectivamente, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de la estabilidad.

Principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal que establece la regla para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente de los trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 156/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 111/2015, de 28 de mayo de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 7870-2014. Interpuesto por la Presidente del Gobierno en funciones respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 30/2015).

Sala Segunda. Sentencia 112/2015, de 8 de junio de 2015

Recurso de amparo 1281-2013. Promovido por don Lluís Corominas Padullés en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictadas en juicio ante tribunal del jurado.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que anulan la Sentencia de instancia y el veredicto del jurado, y ordenan la retroacción de actuaciones sin prejuzgar el resultado del nuevo enjuiciamiento.

Sala Primera. Sentencia 113/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5080-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 114/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5490-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 115/2015, de 8 de junio de 2015

Recurso de amparo 1040-2014. Promovido por Secciones Mobiliarias, S. L., en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Valencia y un Juzgado de Primera Instancia de Alzira que inadmitieron su demanda de reconocimiento de un derecho de retracto arrendaticio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda de retracto sin causa legal, al exigir el cumplimiento de una carga de consignación inexistente (STC 144/2004).

Sala Segunda. Sentencia 116/2015, de 8 junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1458-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 117/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1459-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Segunda. Sentencia 118/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1460-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Primera. Sentencia 119/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 120/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1462-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 121/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1463-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Segunda. Sentencia 122/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2131-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Segunda. Sentencia 123/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3450-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Segunda. Sentencia 124/2015, de 8 de junio de 2015

Recurso de amparo 3834-2014. Promovido por doña Matilde Torres Sánchez en relación con el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cáceres, que desestimó su impugnación de la resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita denegatoria de este beneficio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia (STC 90/2015).

Sala Primera. Sentencia 125/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6288-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 126/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6289-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 127/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6396-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 128/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6397. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Segunda. Sentencia 129/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6398-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 130/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6481-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 131/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6482-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 132/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6483-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).

Sala Segunda. Sentencia 133/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6484-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 134/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6721-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 135/2015, de 8 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6722-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Pleno. Sentencia 136/2015, de 11 de junio de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2205-2013. Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Límites de los decretos-leyes, principios de seguridad jurídica e igualdad tributaria: nulidad de los preceptos legales que disponen la repercusión obligatoria de los tributos o recargos autonómicos a los consumidores de energía eléctrica del propio territorio.

Pleno. Sentencia 137/2015, de 11 de junio de 2015

Impugnación de disposiciones autonómicas 6415-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Competencias sobre consultas ciudadanas: nulidad de los preceptos reglamentarios que regulan las consultas mediante preguntas directas (STC 31/2015).

Pleno. Sentencia 138/2015, de 11 de junio de 2015

Impugnación de disposiciones autonómicas 6540-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre de 2014.

Competencias sobre consultas referendarias: inconstitucionalidad de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria para que catalanes y residentes en Cataluña manifestaran su opinión sobre el futuro político de Cataluña, contenidas en una página web, así como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente y vinculada a esa consulta.

Sala Primera. Sentencia 139/2015, de 22 de junio de 2015

Recurso de amparo 3457-2012. Promovido por Banco Sabadell, S. A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 140/2015, de 22 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 693-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del apartado primero del artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Derechos a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, principio de interdicción de la arbitrariedad: STC 119/2014 (constitucionalidad del período de prueba establecido para el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 141/2015, de 22 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2857-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Murcia en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 142/2015, de 22 de junio de 2015

Recurso de amparo 2949-2014. Promovido por don Carles Xavier Odena Folch respecto de la inadmisión por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de un incidente de nulidad de actuaciones instado en un proceso por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 91/2015).

Sala Segunda. Sentencia 143/2015, de 22 junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7477-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010, en la redacción dada por la Ley 3/2010, de 24 de junio.

Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 219/2013).

Sala Primera. Sentencia 144/2015, de 22 de junio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 89-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular.

Pleno. Sentencia 145/2015, de 25 de junio de 2015

Recurso de amparo 412-2012. Promovido por don Joaquín Herrera Dávila en relación con las sanciones impuestas a la oficina de farmacia que regenta, por la Junta de Andalucía y confirmadas por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Vulneración del derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho a la libertad religiosa: sanción impuesta al carecer la oficina de farmacia de existencias de preservativos y del medicamento con el principio activo levonorgestrel. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 146/2015, de 25 de junio de 2015

Recurso de amparo 6280-2012. Promovido por don Félix Santiago Melián en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su impugnación de las resoluciones sancionadoras dictadas por la Administración tributaria en relación con la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de la conducta consistente en la emisión de facturas carentes de sustento real en operación económica, en el tipo relativo al incumplimiento de las obligaciones de facturación. Voto particular.

Pleno. Sentencia 147/2015, de 25 de junio de 2015

Impugnación de disposiciones autonómicas 6416-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto del Presidente del Gobierno de Canarias 107/2014, de 2 de octubre, por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa en el ámbito territorial de Canarias.

Competencias sobre consultas ciudadanas: nulidad de los preceptos reglamentarios que regulan las consultas mediante preguntas directas (STC 137/2015).

Sala Primera. Sentencia 148/2015, de 6 de julio de 2015

Recurso de amparo 5098-2012. Promovido por don Julián Muñoz Lázaro en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real sobre cuantificación de productividad y la desestimación de su impugnación por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de esa ciudad.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical: fijación de complementos para un empleado que tiene concedido permiso para desarrollar labores sindicales que no vulnera la garantía de indemnidad retributiva. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 149/2015, de 6 de julio de 2015

Recurso de amparo 3513-2013. Promovido por Construcciones Ferymer, S. A., respecto del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto frente a una Sentencia dictada en juicio ordinario de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de un recurso de apelación sin tomar en consideración el abono de las tasas judiciales en un plazo de tiempo razonable posterior al requerimiento.

Sala Primera. Sentencia 150/2015, de 6 de julio de 2015

Recurso de amparo 3717-2013. Promovido por don Juan Rito Cubas en relación con la resolución sancionadora adoptada por la dependencia regional de inspección de la Delegación Especial de Canarias, y las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de la conducta consistente en la emisión de facturas carentes de sustento real en operación económica, en el tipo relativo al incumplimiento de las obligaciones de facturación (STC 146/2015). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 151/2015, de 6 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6632-2013. Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 152/2015, de 6 de julio de 2015

Recurso de amparo 107-2014. Promovido por don Joaquín Moreno Grau respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en recurso de apelación sobre impugnación de proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de Alcoy.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (incongruencia) y al juez ordinario predeterminado por la ley: resoluciones judiciales que no dan respuesta a las reclamaciones sobre exceso de costes de urbanización y lucro cesante por pérdida de oportunidad; incidente de nulidad de actuaciones resuelto por el órgano judicial en composición parcialmente diferente de aquella que dictó la Sentencia controvertida.

Sala Primera. Sentencia 153/2015, de 6 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3164-2014. Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid respecto de los artículos 2 y 3.3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Pleno. Sentencia 154/2015, de 9 de julio de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1832-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo.

Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho de propiedad, autonomía local y competencias en materia de urbanismo y vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen a la Administración autonómica el ejercicio subsidiario de las potestades de planeamiento y de disciplina urbanística; interpretación conforme del precepto relativo a la intervención autonómica en las delimitaciones de reserva para patrimonio autonómico de suelo (STC 51/2004).

Pleno. Sentencia 155/2015, de 9 de julio de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2085-2010. Interpuesto por el Parlamento de Navarra, en relación con el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.

Derecho a la educación: constitucionalidad del precepto legal que regula el acceso a la educación no obligatoria de los extranjeros mayores de edad (STC 236/2007). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 156/2015, de 9 de julio de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5741-2012. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Límites a los decretos leyes; competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: constitucionalidad de los preceptos legales que modifican la regulación de los permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, los horarios comerciales y el régimen de promoción de ventas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 157/2015, de 9 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6096-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, respecto del artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, de la Xunta de Galicia, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de función pública de Galicia, en la redacción dada al mismo por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.

Derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad: inadmisión de la cuestión por inadecuada realización del trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en el proceso judicial.

Sala Segunda. Sentencia 158/2015, de 14 de julio de 2015

Recurso de amparo electoral 3810-2015. Promovido por el Partido Popular de Caldas de Reis en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que estimó el recurso contencioso-electoral interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español en relación con las elecciones al concejo de Caldas de Reis.

Supuesta vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: resolución judicial que da por válidos dos votos emitidos en papeletas a las que se había recortado el espacio inferior en blanco.

Sala Segunda. Sentencia 159/2015, de 14 de julio de 2015

Recurso de amparo electoral 3811-2015. Promovido por la coalición electoral Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitió su recurso contencioso-electoral, frente a sendos acuerdos de las juntas electorales de Badajoz y Extremadura sobre proclamación de electos.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: resoluciones que impiden la revisión de votos anulados.

Sala Segunda. Sentencia 160/2015, de 14 de julio de 2015

Recurso de amparo electoral 3826-2015. Promovido por el Partido Socialista Obrero Español en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que desestimó su recurso contencioso-electoral sobre elecciones al Ayuntamiento de Lorca.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: inadmisión del recurso de amparo electoral que no contiene justificación de su especial trascendencia constitucional.

Sala Segunda. Sentencia 161/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4558-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid respecto del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 162/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5371-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 163/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5372-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 164/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5373-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 165/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5374-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 166/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5375-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 167/2015, de 20 de julio de 2015

Recurso de amparo 6203-2013. Promovido por doña María del Carmen Mateos Pérez respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jerez de la Frontera que impidió su personación en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resolución judicial que no realiza una especial ponderación de la situación de violencia de género que estaba padeciendo la ejecutada no emplazada al proceso hipotecario.

Sala Primera. Sentencia 168/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7166-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 169/2015, de 20 de julio de 2015

Recurso de amparo 7452-2013. Promovido por don Faustino Albuín Silva en relación con la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo que desestimó su demanda frente a resolución sancionadora de la Diputación Provincial de Lugo en aplicación de la Ley de carreteras de Galicia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (resolución fundada en Derecho): desestimación del recurso contencioso-administrativo fundada en una alteración de la naturaleza jurídica del acto impugnado, al que no se atribuye carácter sancionador sino reparador.

Sala Primera. Sentencia 170/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 743-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 171/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 890-2014. Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 172/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3311-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 173/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4552-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 174/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5186-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra respecto del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 175/2015, de 20 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Pleno. Sentencia 176/2015, de 22 de julio de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6084-2007. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Principio de igualdad, libertad de creación de centros docentes, derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, reserva de ley orgánica y competencias sobre universidades: constitucionalidad de los preceptos relativos a los órganos de gobierno y representación de las universidades privadas; la Conferencia general de política universitaria; el régimen de títulos y estructura de las enseñanzas oficiales, y régimen jurídico y concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. Voto particular.

Pleno. Sentencia 177/2015, de 22 de julio de 2015

Recurso de amparo 956-2009. Promovido por don Jaume Roura Capellera y don Enric Stern Taulats respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central Penal que les condenaron por un delito de injurias a la Corona.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión: quema pública del retrato de los Reyes constitutiva de una incitación al odio. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 178/2015, de 7 de septiembre de 2015

Conflicto positivo de competencia 974-2010. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 22 de septiembre de 2009, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas específicos de formación e inserción laboral a favor de los jóvenes desempleados en situación o con riesgo de exclusión social.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de competencias de gestión de subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 179/2015, de 7 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 2649-2013. Promovido por Antonio Cano e Hijos, S. A., respecto del Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a una Sentencia de la Audiencia Nacional relativa a la liquidación del arancel aduanero común y el impuesto sobre el valor añadido.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso) y a la igualdad ante la ley: inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

Sala Segunda. Sentencia 180/2015, de 7 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 3372-2013. Promovido por don Juan Díez López, en relación con la Sentencia dictada en juicio verbal sobre medidas de regulación de relaciones paterno-filiales y la posterior inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 142/2015).

Sala Segunda. Sentencia 181/2015, de 7 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 4572-2013. Promovido por Girabelmar, S. L., y otras dos personas respecto de las resoluciones por un Juzgado de Primera Instancia de Marbella en juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado, cuyo domicilio y correo electrónico figuraban en la documentación obrante en autos (STC 30/2014).

Sala Segunda. Sentencia 182/2015, de 7 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 5924-2014. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas en procedimiento de internamiento psiquiátrico no voluntario.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resolución judicial tardía y fundada en una interpretación de los plazos de ratificación de la medida de internamiento involuntario contraria a la efectividad del derecho fundamental afectado.

Pleno. Sentencia 183/2015, de 10 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 155-2013. Promovido por doña Noelia Márquez Guerrero en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, estimatoria del recurso de suplicación formulado frente a Sentencia de un Juzgado de lo Social de Ciudad Real en proceso por despido.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (garantía de indemnidad): extinción contractual comunicada resulta ajena a todo móvil de represalia por el ejercicio del derecho a la tutela judicial (STC 125/2008). Voto particular.

Pleno. Sentencia 184/2015, de 10 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3623-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en relación con el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 185/2015, de 21 de septiembre de 2015

Conflicto positivo de competencia 4602-2010. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, de 1 de febrero de 2010, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 88/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 186/2015, de 21 de septiembre de 2015

Recursos de amparo acumulados 5987-2012 y 6996-2012. Promovidos por Vista San Felipe, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en proceso sobre fijación de justiprecio expropiatorio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que inadmite un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la satisfacción de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, incurriendo en error patente (STC 167/2014).

Sala Primera. Sentencia 187/2015, de 21 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 1388-2013. Promovido por don Manuel Ramón Domínguez Benítez respecto de la resolución sancionadora dictada por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 18 de enero de 2010, y las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimatorias de su impugnación.

Vulneración del derecho a la libertad de expresión en conexión con el derecho a la defensa: funcionario público sancionado por las afirmaciones vertidas en su denuncia de acoso en el trabajo.

Sala Primera. Sentencia 188/2015, de 21 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5370-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 189/2015, de 21 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6038-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 190/2015, de 21 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7491-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cáceres en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 191/2015, de 21 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7492-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 192/2015, de 21 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7493-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 193/2015, de 21 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4108-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 194/2015, de 21 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 4229-2014. Promovido por don Pablo César Quinzo Quinzo en relación con los Autos dictados por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en recurso de apelación frente a Sentencia del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (doble instancia penal): archivo del recurso de apelación basado en el desistimiento tácito que el órgano judicial infirió de la ausencia de los profesionales designados por el apelante en la vista del recurso.

Sala Primera. Sentencia 195/2015, de 21 de septiembre de 2015

Recurso de amparo 6011-2014. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo en relación con las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatorias de la impugnación de la Orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, que aprobó definitivamente el plan de ordenación municipal de Toledo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 173/2002). Voto particular.

Pleno. Sentencia 196/2015, de 24 de septiembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6363-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana respecto de la disposición final primera del Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, para la aplicación del convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

Competencias en materia de aguas y límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente el precepto legal relativo a las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico (STC 30/2011). Voto particular.

Pleno. Sentencia 197/2015, de 24 de septiembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6866-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, límites a los decretos-leyes y competencias en materia de ferrocarriles: inadmisión parcial del recurso de inconstitucionalidad; justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante para dictar las normas legales de urgencia controvertidas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 198/2015, de 24 de septiembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 7473-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por el que se añade una disposición adicional decimoséptima a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Competencias en materia de prevención de riesgos laborales: regulación del asesoramiento técnico a empresas de hasta veinticinco trabajadores que no vulnera las competencias ejecutivas autonómicas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 199/2015, de 24 de septiembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5099-2014. Interpuesto por más de cincuenta Diputados de los Grupo Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda plural; y Unión Progreso y Democracia, respecto del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente los preceptos legales relativos a las empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, y a la llevanza del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Voto particular.

Pleno. Sentencia 200/2015, de 24 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1795-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Zaragoza en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de las policías locales de Aragón.

Principio de autonomía local y competencias en materia de función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico sobre integración de los auxiliares de policía local (STC 175/2011).

Pleno. Sentencia 201/2015, de 24 de septiembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1796-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (ATC 136/2015).

Pleno. Sentencia 202/2015, de 24 de septiembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2464-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.

Límites de las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 108/2015).

Sala Segunda. Sentencia 203/2015, de 5 de octubre de 2015

Recurso de amparo 4337-2013. Promovido por don Juan Carlos Robles Chaves en relación con las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Social de Málaga en proceso por despido.

Supuesta vulneración de la libertad sindical en conexión con los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (garantía de indemnidad) y con las libertades de expresión e información: despido disciplinario del autor de un escrito que incluía apelativos vejatorios para otra empleada de la misma empresa.

Sala Primera. Sentencia 204/2015, de 5 de octubre de 2015

Recurso de amparo 4887-2013. Promovido por doña Nouria Taibi en relación con el Auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca que denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 195/2014).

Sala Primera. Sentencia 205/2015, de 5 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6633-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 206/2015, de 5 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6907-2013. Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 207/2015, de 5 de octubre de 2015

Recurso de amparo 1250-2014. Promovido por don Oumar Fall respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de Málaga que inadmitieron su impugnación de la orden administrativa de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de apoderamiento del procurador que había sido designado de oficio.

Sala Segunda. Sentencia 208/2015, de 5 de octubre de 2015

Recurso de amparo 6076-2014. Promovido por doña María Adelaida Londoño Molinares respecto de la inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones decretada por diligencia de ordenación de un Juzgado de Primera Instancia de Arona en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: diligencia de ordenación que impide la personación en el procedimiento de ejecución hipotecaria sin que el órgano judicial hubiera podido resolver lo procedente respecto del incidente de nulidad de actuaciones interesado (STC 115/1999).

Pleno. Sentencia 209/2015, de 8 de octubre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 1133-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

Competencias sobre ordenación general de la economía, ordenación del territorio y del litoral, turismo, urbanismo y vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos al régimen de autorizaciones administrativas previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Pleno. Sentencia 210/2015, de 8 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3123-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Pleno. Sentencia 211/2015, de 8 de octubre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5970-2014. Interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana respecto del artículo 124 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente una reforma de la regulación del impuesto estatal sobre depósitos en las entidades de crédito. Voto particular.

Pleno. Sentencia 212/2015, de 8 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1996-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de los artículos 8 y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

Pleno. Sentencia 213/2015, de 8 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1997-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de los artículos 8 y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

Pleno. Sentencia 214/2015, de 22 de octubre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 8405-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 9 de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que introduce un nuevo primer párrafo en el apartado 3 del artículo 100 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre medio ambiente, montes y Administración de justicia: nulidad del precepto legal autonómico que requiere autorización judicial para que los agentes forestales accedan a montes de titularidad privada.

Pleno. Sentencia 215/2015, de 22 de octubre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5423-2012. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto del artículo 2.3 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Límites a los decretos leyes, competencias sobre función pública y ordenación general de la economía; autonomía financiera: constitucionalidad del precepto estatal que impide temporalmente a los entes integrantes del sector público realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

Pleno. Sentencia 216/2015, de 22 de octubre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5108-2013. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, garantías del procedimiento expropiatorio y facultades de enmienda del Senado: constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas y el fomento del alquiler. Voto particular.

Pleno. Sentencia 217/2015, de 22 de octubre de 2015

Recurso de amparo 5843-2014. Promovido por don Joaquín Rodríguez Rivera en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Cádiz de prórroga de la medida cautelar de prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal: prórroga de la medida cautelar de prisión provisional carente de cobertura legal.

Pleno. Sentencia 218/2015, de 22 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6059-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Principio de igualdad y garantías expropiatorias: nulidad del precepto legal que regula la compensación por privación de la facultad de participar en la actuación de primera urbanización sin que los propietarios hayan incumplido sus deberes (STC 141/2014). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 219/2015, de 22 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2208-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

Pleno. Sentencia 220/2015, de 22 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3449-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

Pleno. Sentencia 221/2015, de 22 de octubre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3669-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

Sala Primera. Sentencia 222/2015, de 2 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 7238-2012. Promovido por doña María Josefa Garmendia Larrañaga respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales.

Sala Segunda. Sentencia 223/2015, de 2 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 1167-2013. Promovido por don Adolfo Córdoba Vargas respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares que le condenó por un delito de robo con violencia o intimidación y una falta de lesiones.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (reforma peyorativa): Sentencia que, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto exclusivamente por el acusado, agrava la pena impuesta.

Sala Segunda. Sentencia 224/2015, de 2 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7124-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 225/2015, de 2 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 584-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículos 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 226/2015, de 2 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 1324-2014. Promovido por don Fernando Gómez Aura en relación con los Autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Menores sobre denegación de la apertura del trámite de concesión de indulto particular.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que satisfacen el deber reforzado de motivación (STC 163/2002).

Sala Segunda. Sentencia 227/2015, de 2 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3664-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 228/2015, de 2 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7623-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia respecto de los artículos 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y 2.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decreto-ley 20/2012.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 229/2015, de 2 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 3215-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en relación con el segundo inciso del artículo 16.2 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de colegios profesionales de Castilla y León.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico relativo a las obligaciones de colegiación de los empleados públicos (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 230/2015, de 5 de noviembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 7686-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público.

Límites a los decretos-leyes, igualdad en el acceso a las funciones públicas y competencias sobre función pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen el régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas, la sujeción a Derecho laboral del personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz y el régimen de nombramiento del personal no directivo.

Pleno. Sentencia 231/2015, de 5 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 1066-2012. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución) y garantías del procedimiento expropiatorio: constitucionalidad del precepto legal que convalida obras de ordenación de recursos hídricos derivadas de la ejecución de un reglamento anulado por Sentencia del Tribunal Supremo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 232/2015, de 5 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 1709-2013. Promovido por don Epifanio Quirós Tejado respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmatoria de la resolución administrativa de denegación del reconocimiento de los sexenios solicitados.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea al inaplicar una Directiva sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una nueva cuestión prejudicial en un supuesto idéntico al resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Lorenzo Martínez (STC 145/2012).

Pleno. Sentencia 233/2015, de 5 de noviembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5012-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

Principios de irretroactividad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y protección ambiental; régimen de los bienes demaniales: nulidad de los preceptos legales que excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos inundados artificial y controladamente, establecen un régimen específico de deslinde para la isla de Formentera e introducen una garantía del funcionamiento de determinadas instalaciones de depuración; interpretación conforme con la Constitución de la disposición que excluye determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre (STC 149/1991).

Pleno. Sentencia 234/2015, de 5 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6518-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Pleno. Sentencia 235/2015, de 5 de noviembre de 2015

Cuestión de constitucionalidad 2194-2015. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

Competencias sobre medio ambiente y minas: nulidad del precepto legal autonómico que declara todo el territorio de las Illes Balears zona no registrable a los efectos de concesión de exploración, investigación y explotación de yacimientos minerales y recursos geológicos incluidos en la sección c) de la Ley de minas.

Pleno. Sentencia 236/2015, de 19 de noviembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 2733-2011. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados respecto de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.

Principios de seguridad jurídica y de legalidad de la Administración, derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas; competencias sobre función pública: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen el régimen de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía. Voto particular.

Pleno. Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 6720-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón.

Competencias sobre contratos administrativos: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la documentación, publicación del anuncio licitación y plazo de presentación de ofertas en los procedimientos simplificados.

Pleno. Sentencia 238/2015, de 19 de noviembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 4681-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña.

Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que regula la integración voluntaria de funcionarios públicos en los cuerpos superior de inspectores tributarios y técnico de gestores tributarios de la Generalitat de Cataluña.

Sala Segunda. Sentencia 239/2015, de 30 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 274-2013. Promovido por don Teodoro Francisco Miguel Vaca Martínez de Morentín, en calidad de sucesor hereditario de doña María Esperanza Martínez de Morentín Unceta, en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales.

Sala Segunda. Sentencia 240/2015, de 30 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 1614-2013. Promovido por doña María Teresa Kutz Bandrés en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales.

Sala Primera. Sentencia 241/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 5081-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Sala Segunda. Sentencia 242/2015, de 30 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 6469-2013. Promovido por doña Joana Tejado Hernández respecto de la Sentencia dictada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid en procedimiento de filiación.

Alegada vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: inadmisión del recurso de amparo por falta de invocación tempestiva del derecho fundamental.

Sala Primera. Sentencia 243/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6522-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del artículo 2.2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Límites a los decretos-leyes, competencias en materia de ordenación general de la economía y función pública y principio de seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido en la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional de complemento específico, correspondientes al mes de diciembre de 2012; observancia de los límites materiales de los decretos-leyes; pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (SSTC 81/2015 y 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 244/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6190-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 23.1 a) y 2, en relación con los artículos 12 y 25, del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Principio de igualdad y garantías expropiatorias: STC 218/2015 (pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad; constitucionalidad del método de capitalización de rentas para la valoración del suelo rural).

Sala Segunda. Sentencia 245/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6547-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con los artículos 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 2.1 de la Ley 9/2012, de 8 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decreto-ley 20/2012.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: inadmisión parcial de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia; extinción parcial, por pérdida de objeto (STC 83/2015).

Sala Primera. Sentencia 246/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de constitucionalidad 6582-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Primera. Sentencia 247/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6583-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Segunda. Sentencia 248/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6626-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Primera. Sentencia 249/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6809-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Segunda. Sentencia 250/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6810-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Segunda. Sentencia 251/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6811-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Segunda. Sentencia 252/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6812-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Segunda. Sentencia 253/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6813-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Primera. Sentencia 254/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6860-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria, introducido por la Ley del Parlamento de Cantabria 4/2013, de 20 de junio.

Derecho a la tutela judicial efectiva, reserva de jurisdicción y competencias en materia de administración de justicia: nulidad del precepto legal autonómico que introduce una causa de suspensión de ejecución de las sentencias que impliquen la demolición de edificaciones (STC 92/2013).

Sala Segunda. Sentencia 255/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7045-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia (STC 234/2015).

Sala Segunda. Sentencia 256/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7302-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Segunda. Sentencia 257/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7403-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Sala Primera. Sentencia 258/2015, de 30 de noviembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7562-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

Pleno. Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.

Soberanía y unidad de la nación; principio democrático y primacía incondicional de la Constitución, lealtad constitucional y fidelidad a la Constitución; procedimiento de reforma constitucional: nulidad de la resolución parlamentaria que “declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república”.

Pleno. Sentencia 260/2015, de 3 de diciembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 4051-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears.

Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la excepcionalidad del registro de terrenos para los recursos incluidos en la sección c) de la Ley de minas (STC 235/2015).

Sala Segunda. Sentencia 261/2015, de 14 de diciembre de 2015

Recurso de amparo 1786-2013. Promovido por don Ismael Acuña Asensio respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona sobre liquidación de condena.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente el tiempo servido en prisión con antelación a la reforma del régimen de abono de la prisión preventiva.

Sala Primera. Sentencia 262/2015, de 14 de diciembre de 2015

Recurso de amparo 1889-2013. Promovido por doña María Aranzazu Alberdi Echenique en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales (STC 222/2015).

Sala Primera. Sentencia 263/2015, de 14 de diciembre de 2015

Recurso de amparo 4093-2013. Promovido por doña María Isabel Gordoa Altolaguirre en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales (STC 222/2015).

Sala Primera. Sentencia 264/2015, de 14 de diciembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4253-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

Sala Segunda. Sentencia 265/2015, de 14 de diciembre de 2015

Recurso de amparo 3335-2014. Promovido por la entidad Pascamor, S. L., en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Mercantil de Murcia dictadas en incidente concursal.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: privación a la actora de la posibilidad de alegar sobre un hecho nuevo introducido en la contestación a la demanda.

Sala Segunda. Sentencia 266/2015, de 14 de diciembre de 2015

Recurso de amparo 5290-2014. Promovido por la mercantil Nova Caixa Galicia-NCG División Grupo Inmobiliario, S. L. U., respecto de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela en proceso por delitos de usurpación y simulación de delito, y los Autos posteriores que denegaron la nulidad parcial del fallo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: sentencia que acuerda la anulación de determinas escrituras, inscripciones registrales, cargas y gravámenes que pesaban sobre una finca sin emplazar a la entidad que figuraba en el Registro de la Propiedad como su titular dominical.

Sala Primera. Sentencia 267/2015, de 14 de diciembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 4485-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón de la Plana sobre la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, y garantías del procedimiento expropiatorio: STC 216/2015 (constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas y el fomento del alquiler). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 268/2015, de 14 de diciembre de 2015

Cuestión de constitucionalidad 4486-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón de la Plana sobre la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, y garantías del procedimiento expropiatorio: STC 216/2015 (constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas y el fomento del alquiler).

Pleno. Sentencia 269/2015, de 17 de diciembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2869-2012. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, sobre la Ley de Castilla y León 2/2008, de 17 de junio, de declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora).

Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución) y competencias en materia ambiental: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad que no respeta su carácter prejudicial.

Pleno. Sentencia 270/2015, de 17 de diciembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 5347-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Límites a los decretos-leyes, principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen primado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 271/2015, de 17 de diciembre de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 6424-2014. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto al artículo 22 de la Ley de las Cortes Valencianas 6/2009, de 30 de junio, de protección de la maternidad.

Competencias sobre educación: constitucionalidad del precepto legal autonómico que computa al nasciturus como miembro de la unidad familiar en las solicitudes de plaza en los procesos de admisión de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos.

Pleno. Sentencia 272/2015, de 17 de diciembre de 2015

Recurso de inconstitucionalidad 7134-2014. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con varios preceptos de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que atribuyen la titularidad de la potestad para sancionar determinadas infracciones al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto Social de la Marina.

AUTOS

Pleno. Auto 8/2015, de 20 de enero de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2995-2014. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2995-2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y del texto refundido de la Ley de suelo.

Pleno. Auto 121/2015, de 7 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 7490-2013. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7490-2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona respecto del artículo 26.3 de la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2012.

Pleno. Auto 137/2015, de 21 de julio de 2015

Cuestión de inconstitucionalidad 2639-2015. Inadmite la cuestión de inconstitucionalidad 2639-2015, planteada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona en relación con la disposición final octava de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal.

Pleno. ATC 189/2015, de 5 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 6205-2015. Deniega la suspensión en el recurso de amparo 6205-2015, promovido por los Diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite la “propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales”.

Pleno. ATC 190/2015, de 5 de noviembre de 2015

Recurso de amparo 6207-2015. Deniega la suspensión en el recurso de amparo 6207-2015, promovido por los Diputados del Parlamento de Cataluña elegidos por las listas del Partido Popular respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite la “propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales”.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2011-2015)

Índice

I. Cuadros generales
Cuadro n.º 1 | Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas
Cuadro n.º 2 | Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso
Cuadro n.º 3 | Resoluciones dictadas durante el año, según el tipo de resolución
Cuadro n.º 4 | Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos)
Cuadro n.º 5 | Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos
Cuadro n.º 6 | Procesos y asuntos admitidos pendientes de Sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre
II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones |
Cuadro n.º 7 | Asuntos ingresados según el promotor
Cuadro n.º 8 | Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades autónomas
Cuadro n.º 9 | Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso
Cuadro n.º 10 | Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia
III. Recursos de amparo |
Cuadro n.º 11 | Origen de los recursos de amparo ingresados
Cuadro n.º 12 | Recurrentes y derecho fundamental invocado
Cuadro n.º 13 | Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 ce
Cuadro n.º 14 | Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas
Cuadro n.º 15 | Motivos de admisión e inadmisión de los recursos de amparo
Cuadro n.º 16 | Resoluciones dictadas y amparos resueltos
IV. Datos comparados (años 2011-2015) |
Cuadro n.º 17 | Asuntos ingresados
| Resoluciones dictadas
| Asuntos resueltos
| Asuntos pendientes

I. Cuadros generales

Cuadro n.º 1

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO Y SU DISTRIBUCIÓN INICIAL ENTRE EL PLENO Y LAS SALAS

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 15 | 588 | 603
Febrero | 15 | 536 | 551
Marzo | 18 | 711 | 729
Abril | 8 | 606 | 614
Mayo | 11 | 617 | 628
Junio | 19 | 734 | 753
Julio | 20 | 763 | 783
Agosto | 8 | 113 | 121
Septiembre | 12 | 641 | 653
Octubre | 8 | 666 | 674
Noviembre | 16 | 609 | 625
Diciembre | 16 | 619 | 635
TOTALES | 166 | 7.203 | 7.369

Cuadro n.º 2

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO, CLASIFICADOS SEGÚN EL TIPO DE PROCESO

Recursos de inconstitucionalidad | 42
Cuestiones de inconstitucionalidad [1] | 113
Recursos de amparo | 7.203
Conflictos positivos de competencia | 5
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 3
Total | 7.369

ASUNTOS INGRESADOS EN EL TRIBUNAL

ASUNTOS INGRESADOS EN EL PLENO

Cuadro n.º 3

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO[2]

| PLENO | SALA I y sus Secciones | SALA II y sus Secciones | TOTAL
SENTENCIAS |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 45 | 19 | 44 (+1) | 108
Desestimación | 49 | 25 (+1) | 27 | 101
Inadmisión | 13 | 23 | 27 | 63
TOTAL SENTENCIAS (+ asuntos acumulados): | 107 | 67 (+1) | 98 (+1) | 272 (+2)
DICTADAS POR LA SALA, O | 107 | 67 (+1) | 98 (+1) | 272 (+2)
POR LA SECCIÓN 1ª | – | – | – | –
POR LA SECCIÓN 2ª | – | – | – | –
POR LA SECCIÓN 3ª | – | – | – | –
POR LA SECCIÓN 4ª | – | – | – | –
AUTOS |  |  |  |
- Inadmisión | 57 | – | – | 57
- Terminación[3] | 7 | 37 | 24 | 68
- Suspensión de leyes | 12 | – | – | 12
- Suspensión de otras disposiciones | 5 | 7 | 14 | 26
- Aclaración o rectificación | 1 | 3 | 1 | 5
- Acumulación | 1 | 1 | 1 | 3
- Recusación y abstención | 1 | 1 | 11 | 13
- Ejecución | 1 | – | 2 | 3
- Súplica | 3 | 19 | 10 | 32
- Varios | 1 | 7 | 2 | 10
TOTAL AUTOS | 89 | 75 | 65 | 229
PROVIDENCIAS[4] |  |  |  |
Admisión | 112 | 32 | 52 | 196
Inadmisión[5] | 2 | 4.230 (-1) | 3.650 (-6) | 7.882 (-7)
Terminación | – | 28 | 457 | 485
Total providencias | 114 | 4.290 (-1) | 4.159 (-6) | 8.563 (-7)
TOTAL DE RESOLUCIONES DICTADAS | 310 | 4.432 | 4.322 | 9.064
TOTAL DE RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS | 137 | 70 | 93 | 300
TOTAL DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS[6] | 173 | 4.362 | 4.229 | 8.764
TOTAL DE ASUNTOS RESUELTOS | 173 | 4.362 | 4.224 | 8.759

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

Cuadro n.º 4

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS DISTINTOS PROCESOS (Y ASUNTOS RESUELTOS[7])

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares[8]
Recurso de inconstitucionalidad | 56 | 21
Cuestión de inconstitucionalidad | 107 | 21
Recurso de amparo | 96 (+2) | 31
Conflicto positivo de competencias | 7 | 5
Conflicto negativo de competencia | – | –
Conflicto entre órganos constitucionales | – | –
Conflicto en defensa de la autonomía local | 1 | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 5 | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 272 (+2) | 78

Cuadro n.º 5

RELACIÓN ENTRE ASUNTOS INGRESADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS

FASE DE ADMISIÓN | PLENO | SALA I | SALA II | SALAS | TOTAL
Asuntos recibidos | 166 | 3.630 | 3.573 | 7.203 | 7.369
De nuevo ingreso | 166 | 3.619 | 3.584 | 7.203 | 7.369
Traslados entre Salas | – | +44/-33 | +33/-44 |  | –
Asuntos admitidos | 112 | 32 | 52 | 84 | 196
Asuntos inadmitidos | 59 | 4.229 | 3.644 | 7.873 | 7.932
Por providencia | 2 | 4.230 | 3.650 | 7.880 | 7.882
Por Auto | 57 | – | – |  | 57
Revocaciones en súplica |  | - 1 | - 6 | - 7 | - 7
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | 7 | 65 | 482 | 547 | 554
Por providencia | – | 28 | 457 | – | –
Por Auto | 7 | 37 | 24 | 61 | 68
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | -12 | -696 | -605 | -1.301 | -1.313

FASE DE SENTENCIA | PLENO | SALA I | SALA II | SECCIONES | SALAS Y SECCIONES | TOTAL
Asuntos a sentenciar | 108 | 44 | 48 | – | 92 | 200
Asuntos admitidos | 112 | 32 | 52 | – | 84 | 196
Traslados entre Salas | – | 11 | -11 | – | – | –
Avocados (admitidos) | 3 | -2 | -1 | – | -3 | –
Deferidos a las Salas | -9 | 2 | 7 | – | 9 | –
Deferidos a las Secciones | – | – | – | – | – | –
Acumulaciones | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 4
Procesos a sentenciar | 106 | 43 | 47 | – | 90 | 196
Asuntos resueltos | 114 | 70 | 100 | – | 170 | 284
Por Sentencia | 107 | 67 | 98 | – | 165 | 272
De los cuales, por la Sala | 107 | 67 | 98 | – | 165 | 272
Sección 1ª | – | – | – | – |  |
Sección 2ª | – | – | – | – |  |
Sección 3ª | – | – | – | – |  |
Sección 4ª | – | – | – | – |  |
Asuntos terminados (después de su admisión) | 7 | 2 | 1 | – | 3 | 10
Acumulados | – | 1 | 1 | – | 2 | 2
Procesos resueltos | 114 | 69 | 99 | – | 168 | 282
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | - 6 | - 26 | - 52 | – | - 78 | - 84
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | - 8 | - 26 | - 52 | – | - 78 | - 86

Cuadro n.º 6

A) PROCESOS Y ASUNTOS ADMITIDOS PENDIENTES DE SENTENCIA A 31 DE DICIEMBRE

| PROCESOS | ASUNTOS
Pleno | 217 | 223
Recursos de inconstitucionalidad | 157 | 163
Cuestiones de inconstitucionalidad[9] | 19 | 19
Recursos de amparo avocados | 11 | 11
Conflictos positivos de competencia | 23 | 23
Conflictos negativos de competencia | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 4 | 4
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 3 | 3
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 34 | 34
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 9 | 9
Conflictos positivos de competencia | 1 | 1
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 54 | 54
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | 19 | 19
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Secciones |  |
1.ª Recursos de amparo | – | –
2.ª Recursos de amparo | – | –
3.ª Recursos de amparo | – | –
4.ª Recursos de amparo | – | –
Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad | 47 | 47
Suma de los recursos de amparo | 99 | 99
Suma de los conflictos positivos de competencia | 24 | 24

B) ASUNTOS PENDIENTES DE DECIDIR SOBRE ADMISIÓN A 31 DE DICIEMBRE

Pleno | 57
Recursos de inconstitucionalidad | 2
Cuestiones de inconstitucionalidad | 55
Recursos de amparo avocados | –
Conflictos positivos de competencia | –
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Sala Primera Recursos de amparo | 1.770
Sala Segunda Recursos de amparo | 1.542
Ambas Salas Recursos de amparo | 3.312

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

Cuadro n.º 7

PLENO: ASUNTOS INGRESADOS SEGÚN EL PROMOTOR

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | – | 17
Promovidos por el Defensor del Pueblo | – | –
Promovidos por Diputados o Senadores | 5 | 1
Promovidos por las Comunidades Autónomas | 17 | –
Otros | 1 | 1
Total | 23 | 19
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 2 | 3
Audiencia Nacional | 1 | –
Tribunal Militar Central | – | –
Tribunales Superiores de Justicia | 33 | 35
Tribunales Militares Territoriales | – | –
Audiencias Provinciales | 4 | –
Juzgados | 15 | 19
Otros | – | –
Total | 55 | 57
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) | – | 1
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  |
Estado contra Comunidades Autónomas |  | –
Comunidades Autónomas contra Estado |  | 5
Comunidades Autónomas entre sí |  | –
Conflictos negativos de competencia |  | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | 1
Total |  | 8

Cuadro n.º 8

LITIGIOSIDAD TERRITORIAL DURANTE EL AÑO, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS[10]

| Recursos de inconstitucionalidad[11] | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | 4 | – | 2 | –
Cataluña | 8 | 7 | 3 | –
Galicia | – | 1 | – | –
Andalucía | 4 | – | – | –
Asturias | 1 | 1 | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | – | – | –
Valencia | – | 1 | – | –
Aragón | – | 2 | – | –
Castilla-La Mancha | – | – | – | –
Canarias | – | 1 | – | –
Navarra | – | 2 | – | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | – | 2 | – | –
Madrid | – | – | – | –
Castilla y León | – | – | – | –
Totales | 17 | 17 | 5 | –
34 | 5

Cuadro n.º 9

RESOLUCIONES DICTADAS Y ASUNTOS RESUELTOS, SEGÚN EL TIPO DE PROCESO*

Cuadro n.º 10

ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE, CLASIFICADOS POR SU TIPO Y PROCEDENCIA

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad | 165
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | – | 39 |
Defensor del Pueblo | 1 | 2 |
Diputados o Senadores | 19 | 11 |
Comunidades Autónomas | 93 | – |
Conflictos positivos de competencia | 24
Planteados por el Gobierno de la Nación | 9
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 15
Cuestiones de inconstitucionalidad | 102
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 4
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 3
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 298

B) Clasificados por Comunidad Autónoma[14]

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | 11 | – | 2 | 5
Cataluña | 31 | 15 | 2 | 11
Galicia | 1 | 4 | – | –
Andalucía | 16 | 2 | 3 | –
Asturias | 6 | – | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | 2 | – | – | –
Murcia | – | – | – | –
Valencia | – | 5 | – | –
Aragón | 2 | 6 | – | –
Castilla-La Mancha | – | – | – | –
Canarias | 12 | 1 | – | –
Navarra | 7 | 5 | 1 | –
Extremadura | 2 | – | – | –
Baleares | – | – | – | –
Madrid | 1 | 1 | – | –
Castilla y León | 2 | – | – | –
Totales | 93 | 39 | 8 | 16
132 | 24

III. Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

ORIGEN DE LOS RECURSOS DE AMPARO INGRESADOS

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 13
Procedencia jurisdiccional | 7.190
Civil | 1.184
Penal | 3.429
Penitenciario | 169
Contencioso-administrativo | 1.898
Social | 409
Militar | 33
Otros | 68
Total | 7.203

Cuadro n.º 12

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LAS SALAS, CON EXPRESIÓN DE LOS RECURRENTES Y DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 6.196
Personas jurídicas de Derecho privado | 912
Entes públicos | 92
Defensor del Pueblo | 1
Ministerio fiscal | 2
Total | 7.203

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 992 | 13,77
Tutela judicial (art. 24 CE) | 5.416 | 75,19
Otros derechos y libertades: | 1.851 | 25,69
Vida e integridad (art. 15 CE) | 171 | 2,37
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 20 | 0,27
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 332 | 4,61
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 280 | 3,89
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 20 | 0,27
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 44 | 0,61
Reunión (art. 21 CE) | 10 | 0,14
Asociación (art. 22 CE) | 15 | 0,21
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 192 | 2,66
Legalidad penal (art. 25 CE) | 680 | 9,44
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 1 | 0,01
Educación (art. 27 CE) | 9 | 0,12
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 65 | 0,90
Petición (art. 29 CE) | 12 | 0,16
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | – | –

Cuadro n.º 13

RECURSOS DE AMPARO: FRECUENCIA DE LA INVOCACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Penitenciario | Social | Contencioso-administrativo | Militar |
ART. 24.1 |  |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 966 | 2.376 | 9 | 338 | 1.609 | 27 | 5.325
ART. 24.2 |  |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 32 | 70 | – | 1 | 26 | 2 | 131
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 38 | 128 | 6 | 6 | 53 | 1 | 232
Derecho a ser informado de la acusación | 5 | 18 | – | – | 6 | – | 29
Derecho a un proceso público. | 3 | 6 | – | – | 4 | – | 13
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 8 | 47 | – | 1 | 15 | 5 | 76
Derecho a un proceso con todas las garantías | 78 | 365 | – | 10 | 118 | 3 | 574
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 35 | 112 | – | 6 | 55 | 3 | 211
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | 1 | 6 | – | – | 8 | – | 15
Derecho a la presunción de inocencia | 17 | 845 | – | 5 | 119 | 4 | 990
Total | 1.183 | 3.973 | 15 | 367 | 2.013 | 45 | 7.596

Cuadro n.º 14

RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS, SEGÚN EL ÓRGANO QUE DICTÓ LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN

Tribunal Supremo | 2.067
Otros órganos jurisdiccionales: |
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 1
B) En segunda instancia o suplicación | 3.116
C) En primera o única instancia | 1.887
Órganos no judiciales / no consta | 132
Total | 7.203
Tribunal Supremo | 2.067
Audiencia Nacional | 305
Tribunal Militar Central | 3
Tribunales Superiores de Justicia | 1.121
Tribunales Militares Territoriales | 3
Audiencias Provinciales | 2.456
Juzgados | 1.116
Órganos no judiciales / no consta | 132
Total | 7.203

RESOLUCIONES JUDICIALES ANULADAS([15])

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 3 | 9
Tribunales Superiores de Justicia | 12 | 1
Audiencia Nacional | – | –
Audiencias Provinciales | 3 | 5
Juzgados | 4 | 12

Cuadro n.º 15

A) MOTIVOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de admisión | Recursos | Porcentaje
Ausencia de doctrina constitucional | 20 | 22,98
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 10 | 11,49
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de nuevas realidades sociales | 2 | 2,29
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 12 | 13,79
Eventual origen normativo de la vulneración | 1 | 1,15
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | 11 | 12,65
Repercusión social o económica | 1 | 1,15
Consecuencias políticas generales | 4 | 4,60
Varios motivos | 13 | 14,95
Sin indicación de motivos | 13 | 14,95
Total | 87 | 100

B) MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 1.334 | 16,67
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 1.569 | 19,60
Falta de especial trascendencia constitucional | 62 | 0,78
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 2.955 | 36,92
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 35 | 0,43
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 878 | 10,96
Extemporaneidad del recurso | 347 | 4,33
Falta de subsanación de defectos procesales | 556 | 6,94
Varios motivos | 189 | 2,36
Otros motivos | 81 | 1,01
Total | 8.006 | 100

Cuadro n.º 16

RESOLUCIONES DICTADAS Y AMPAROS RESUELTOS[16]

| SENTENCIA | AUTO | PROVIDENCIA DEFINITIVA | SUMAS
|  | Inadmisión | Terminación[17] | Inadmisión | Terminación[18] |
Pleno | 17 | – | – | – | – | 17
Sala Primera | 30 (+1) | – | 28 | 4.230 | 28 | 4.316 (+1)
Sección Primera | – | – | – | – | – | –
Sección Segunda | – | – | – | – | – | –
Sala Segunda | 49 (+1) | – | 22 | 3.650 | 457 | 4.178 (+1)
Sección Tercera | – | – | – | – | – | –
Sección Cuarta | – | – | – | – | – | –
Totales | 96 (+2) | – | 50 | 7.880 | 485 | 8.511 (+2)

IV. Datos comparados (2011-2015)

Cuadro n.º 17

DATOS COMPARADOS 2011-2015

Asuntos ingresados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Recursos de inconstitucionalidad | 31 | 38 | 76 | 60 | 42
Cuestiones de inconstitucionalidad | 51 | 42 | 106 | 141 | 113
Recursos de amparo | 7.098 | 7.205 | 7.376 | 7.663 | 7.203
Conflictos positivos de competencia | 9 | 8 | 12 | 5 | 5
Conflictos negativos de competencia | – | 1 | – | 3 | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 3 | – | 2 | 2 | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | – | 1 | 4 | 1
Requerimientos sobre tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  | 3
Total | 7.192 | 7.294 | 7.573 | 7.878 | 7.369

Resoluciones dictadas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 59 | 136 | 129 | 95 | 107
Sala Primera y sus Secciones | 77 | 59 | 39 | 48 | 67
La Sala | 55 | 59 | 39 | 48 | 67
Sección 1ª | 11 | – | – | – | –
Sección 2ª | 11 | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 71 | 51 | 51 | 72 | 98
La Sala | 50 | 50 | 51 | 72 | 98
Sección 3ª | 9 | – | – | – | –
Sección 4ª | 12 | 1 | – | – | –
Total | 207 | 246 | 219 | 215 | 272
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 43 | 44 | 43 | 52 | 64
Sala Primera y sus Secciones | 29 | 36 | 36 | 57 | 37
Sala Segunda y sus Secciones | 28 | 24 | 32 | 48 | 24
Total | 100 | 104 | 111 | 157 | 125
Providencias de inadmisión y terminación |
Pleno | – | 3 | – | – | 2
Sala Primera | 3.013 | 3.948 | 2.802 | 3.275 | 4.258
Sala Segunda | 3.387 | 3.387 | 3.082 | 3.406 | 4.107
Total | 6.400 | 7.338 | 5.884 | 6.681 | 8.367
Autos interlocutorios | 86 | 145 | 187 | 148 | 104
Providencias de admisión | 137 | 209 | 264 | 208 | 196
Total de resoluciones definitivas (Sentencias + Autos definitivos + providencias definitivas) | 6.708 | 7.691 | 6.214 | 7.051 | 8.764
Total de resoluciones dictadas | 6.931 | 8.041 | 6.665 | 7.409 | 9.064

ADMISIÓN EN LAS SALAS

ADMISIÓN EN EL PLENO

Asuntos resueltos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Recursos de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 32 | 51 | 76 | 50 | 56
(de ellos, por Sentencia de Sala) | – | – | 2 | 1 | –
Por Auto o providencia | 19 | – | 2 | 7 | 9
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | 3 | 1 | –
Acumulados con los anteriores | 4 | 6 | 5 | 5 | –
Total | 55 | 57 | 83 | 62 | 65
Cuestiones de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 22 | 41 | 17 | 32 | 107
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 6 | 11 | 6 | 15 | 84
Por Auto o providencia | 40 | 23 | 61 | 52 | 65
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | 21 | 12 | 11
Acumulados con los anteriores | 1 | 1 | – | – | –
Total | 63 | 65 | 78 | 84 | 172
Recursos de amparo |
Por Sentencia | 145 | 124 | 87 | 109 | 96
(de ellos, por Sentencia del Pleno) | 4 | 33 | 9 | 15 | 17
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 98 | 90 | 78 | 94 | 79
(de ellos, por Sentencia de Sección) | 43 | 1 | – | – | –
Por Auto de inadmisión | 37 | 2 | 5 | 3 | –
(de ellos, por Auto del Pleno) | 19 | 2 | – | – | –
Por providencia de inadmisión | 5.868 | 7.298 | 5.342 | 6.659 | 7.880
Por otras causas | 532 | 43 | 574 | 109 | 535
Acumulado con los anteriores | 2 | 5 | 3 | 2 | 2
Total | 6.584 | 7.472 | 6.012 | 6.882 | 8.513
Conflictos positivos de competencia |
Por Sentencia | 8 | 29 | 38 | 20 | 7
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 1 | 10 | 4 | 10 | 2
Por Auto o providencia | 1 | 3 | 2 | – | –
(de ellos, por resolución de Sala) |  | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | 6 | 2 | – | – | –
Total | 15 | 34 | 40 | 20 | 7
Conflictos negativos de competencia |
Por Sentencia | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | 1 | 1 | – | 3 | –
Total | 1 | 1 | – | 3 | –
Conflictos entre órganos constitucionales |
Por Sentencia | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – |  | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Por Sentencia | – | 1 | 1 | 3 | 1
Por Auto o providencia | – | – | 3 | 2 | 2
Total | – | 1 | 4 | 5 | 3
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |
Por Sentencia | – | – | – | 1 | 5
Por Auto o providencia | – | – | – | – | 1
Total | – | – | – | 1 | 6
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Por Declaración | – | – | – | – | –
Por Auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Total de asuntos resueltos | 6.708 | 7.630 | 6.217 | 6.968 | 8.759

SENTENCIAS EN LAS SALAS

SENTENCIAS EN EL PLENO

Asuntos admitidos pendientes de Sentencia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 202 | 182 | 175 | 183 | 157
Acumulados | 13 | 8 | 8 | 4 | 6
Procesos en la Sala Primera | 3 | 2 | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | 1 | 1 | – | – | –
Total | 219 | 193 | 183 | 187 | 163
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 68 | 32 | 27 | 27 | 19
Acumulados | 1 | 1 | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 11 | 26 | 19 | 35 | 9
Procesos en la Sala Segunda | 17 | 22 | 25 | 46 | 19
Total | 97 | 81 | 71 | 108 | 47
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | 56 | 29 | 23 | 23
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 7 | 4 | 4 | 1 | 1
Procesos en la Sala Segunda | 18 | 12 | 9 | 2 | –
Total | 25 | 72 | 42 | 26 | 24
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – |  | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Procesos en el Pleno | 7 | 5 | 7 | 5 | 4
Acumulados | 1 | 1 | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | 1 | – | – | –
Total | 8 | 7 | 7 | 5 | 4
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |
Procesos en el Pleno | – | – | 1 | 4 | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | 1 | 4 | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno |  |  |  |  | 3
Total |  |  |  |  | 3
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 27 | 15 | 12 | 10 | 11
(acumulados con los anteriores) | 2 | 2 | – | – | –
Sala Primera y sus Secciones | 47 | 59 | 77 | 36 | 34
(acumulados con los anteriores) | 2 | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 67 | 66 | 78 | 70 | 54
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | – | –
Suma de procesos de amparo | 145 | 142 | 167 | 116 | 99
Total de procesos pendientes de Sentencia de Pleno | 270 | 290 | 251 | 252 | 217
Total de procesos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 171 | 193 | 212 | 190 | 117
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Pleno | 284 | 302 | 259 | 256 | 223
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 173 | 183 | 212 | 190 | 117

Asuntos pendientes de admisión | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | 6 | 2 | 4 | 5 | 2
Cuestiones de inconstitucionalidad | 24 | 10 | 38 | 50 | 55
Recursos de amparo avocados | 2 | – | – | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | – | 1 | – | –
Conflictos negativos de competencia | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2 | 2 | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | – | – | – | – | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – | – | –
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 2.032 | 1.510 | 1.987 | 2.403 | 1.770
Sala Segunda | 1.388 | 1.385 | 1.751 | 2.060 | 1.542
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 34 | 14 | 43 | 55 | 57
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 3.420 | 2.895 | 3.738 | 4.463 | 3.312

PENDIENTES DE SENTENCIA EN EL PLENO

PENDIENTES DE SENTENCIA EN LAS SALAS

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN EL PLENO

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN LAS SALAS

RESUMEN DEL PLENO

RESUMEN DE LAS SALAS

RESUMEN DEL TRIBUNAL

[1] Entre ellas, una cuestión interna de inconstitucionalidad.

[2] Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

[3] Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

[4] Providencias que no son de mero trámite.

[5] Fueron revocadas en súplica nueve providencias de inadmisión: dos de la Sala Primera y siete de la Sala Segunda. En dos casos la revocación de la providencia vino acompañada de la inadmisión del recurso de amparo.

[6] Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

[7] Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados.

[8] Algunas sentencia contaron con varios votos particulares. Se formularon asimismo votos particulares a 13 autos.

[9] Entre ellas, una cuestión interna de inconstitucionalidad.

[10] Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

[11] Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

[14] Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

[15] Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los Tribunales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo Tribunal, sólo se registra la anulación de la sentencia.

[16] Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

[17] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[18] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tramitó un total de 672 demandas contra España. De ellas, 668 fueron inadmitidas o archivadas por otras causas y se dictaron cuatro sentencias en procesos derivados de la actuación de los poderes públicos españoles. En dos de estas sentencias —las dictadas en los casos Arratibel Garciandia c. España, de 5 de mayo, y Blesa Rodríguez c. España, de 1 de diciembre— se estimaron las correspondientes demandas. Resultaron, por el contrario, desestimatorias las sentencias recaídas en los casos Arribas Antón c. España, de 20 de enero, y Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (E. R. N. E.) c. España, de 21 de abril.

Además de estas sentencias, cabe reseñar diferentes decisiones adoptadas en trámite de admisión. Así, en el caso Luis M. Balsells i Castelltort y otros c. España, se inadmitió el 6 de enero de 2015 la demanda promovida por quienes consideraban que el tiempo transcurrido entre la celebración del juicio oral ante un Juzgado de lo Social, en un proceso de impugnación de un convenio colectivo, y la fecha en que se dictó sentencia había excedido en gran medida el plazo razonable al que se refiere el art. 6.1 CEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que los demandantes no habían agotado la vía interna al no haber ejercido una acción de responsabilidad por mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

La decisión de 20 de enero de 2015, dictada en los casos acumulados O. G. S. c. España y D. M. I. c. España, acordó la inadmisión, por prematuras, de las demandas que postulaban el carácter suspensivo de los recursos administrativos presentados contra las resoluciones denegatorias de sendas solicitudes de protección internacional. En esta ocasión, el Tribunal Supremo había dictado sentencia estimatoria del recurso de casación formulado por los afectados, anulado las resoluciones administrativas controvertidas y ordenado la retroacción de actuaciones para que la Administración procediera a un nuevo examen de las solicitudes. Identidad sustancial en cuanto al supuesto de hecho y la conclusión adoptada por el Tribunal se dio en la decisión de 7 de julio de 2015, caso D. O. R. c. España y S. E. c. España.

La falta de agotamiento de las vías de recurso internas fundamentó igualmente la inadmisión de los casos acumulados Noureddine Bellid c. España y Azzedine Bellid c. España, el 16 de junio de 2015. En esta ocasión los demandantes denunciaban la vulneración de la presunción de inocencia como consecuencia del rechazo de sus reclamaciones de indemnización por el tiempo transcurrido en privación de libertad. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que los demandantes únicamente habían invocado, en los recursos de amparo promovidos ante el Tribunal Constitucional, la violación del art. 24.1 CE por inadmisión de sus recursos de casación, pero no su derecho a la presunción de inocencia, que pretendían hacer valer ante el Tribunal de Estrasburgo.

El 26 de mayo de 2015 se inadmitió el caso Soberanía de la razón y otros c. España, en el que se denunciaba que la exigencia de acreditar las firmas de al menos un 0,1 por 100 de los electores en la circunscripción, prevista en la Ley electoral española para los partidos sin representación en el Congreso o en el Senado, obstaculizaba el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política en condiciones de igualdad con los partidos con representación, no sujetos a la obligación de recibir un mínimo de avales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que este trato diferente respecto de los partidos con representación parlamentaria tiene una justificación objetiva y razonable, señaladamente la de asegurar que los partidos concurrentes cuentan con apoyo concreto y esencial de parte del electorado. Recordó, además, que los derechos consagrados en el art. 3 del Protocolo número 1 al Convenio europeo de derechos humanos no son absolutos, sino que caben restricciones implícitas en cuyo establecimiento los Estados miembros cuentan con un amplio margen de apreciación.

El 1 de septiembre de 2015, se inadmitió el recurso correspondiente al caso Marcial Dorado Baúlde c. España, en el que se denunciaba la vulneración del derecho a que la declaración de culpabilidad y condena sean examinados por una jurisdicción superior, debido a la limitación del ámbito del recurso de casación en el sistema judicial español, el cual no permite un examen completo de los hechos y las pruebas del caso. El Tribunal recordó el amplio margen de apreciación del que disponen los Estados contratantes en la determinación del ejercicio del derecho al examen de la declaración de culpabilidad o condena, de forma que dicho examen puede referirse a cuestiones de hecho y de Derecho, o limitarse a las cuestiones de Derecho.

De entre las resoluciones acordando el archivo de las demandas en tramitación, cabe reseñar la decisión dictada el 17 de marzo de 2015 en el caso G. V. A. c. España. La demandante denunciaba que la orden de expulsión que pesaba sobre ella a Argentina privaría a su hija menor, de nacionalidad española, de cualquier contacto con su padre, ingresado en prisión, y su madre, considerando desproporcionada esta medida, sin que a su juicio la jurisdicción interna hubiese ponderado debidamente los intereses en juego. La demandante y el Gobierno español alcanzaron finalmente un acuerdo amistoso, por el que el último se comprometía a dejar sin efecto la orden de expulsión de territorio nacional y al abono de una suma de dinero en concepto de reparación del daño causado (19 104,73 euros). Asimismo, el Gobierno español afirmó que, en el futuro, la interpretación de la disposición pertinente de la ley aplicada (Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España) será hecha de conformidad con el art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos bajo la supervisión efectiva de la jurisdicción ordinaria, tal y como declaró el Tribunal Constitucional en su Sentencia 186/2013, de 4 de noviembre.

Por lo que respecta a las dos sentencias estimatorias, el 5 de mayo de 2015, la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Arratibel Garciandia c. España, estimando la demanda interpuesta por quien, tras ser detenido en régimen de incomunicación por presunta pertenencia a una organización terrorista, denunció haber sido sometido a malos tratos. La Sentencia declaró vulnerada la prohibición de tortura (art. 3 CEDH) en su vertiente procesal, por ausencia de una detenida y efectiva investigación de las denuncias formuladas por el demandante, que fueron sobreseídas por un Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial de Navarra. El posterior recurso de amparo había sido inadmitido por el Tribunal Constitucional.

La Sentencia de 1 de diciembre de 2015, dictada en el asunto Blesa Rodríguez c. España, apreció la vulneración del derecho a un tribunal independiente e imparcial, a causa de las relaciones profesionales regulares y remuneradas existentes entre uno de los magistrados y la universidad que había formulado la querella que dio origen al proceso penal seguido contra el demandante. La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien declaró que se había conculcado el art. 6.1 CEDH en lo relativo al requisito de un tribunal imparcial en relación con este magistrado, inadmitió la parte de la demanda que alegaba la vulneración del mismo derecho respecto a otro magistrado. Según señaló la Sentencia, el demandante podría haberlo recusado por razón de su imparcialidad antes del inicio del juicio, lo que no hizo y por tanto no llegó a agotar las vías de recurso internas.

Como ya se ha indicado anteriormente, otras dos sentencias desestimaron las demandas planteadas en relación con la actuación de los poderes públicos españoles. La Sentencia de 20 de enero de 2015, en el asunto Arribas Antón c. España, no apreció que se hubiese vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 6.1 CEDH) de quien viera inadmitido su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por carecer de especial trascendencia constitucional. El demandante consideraba esta causa de inadmisión excesivamente formalista y la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional contraria al Convenio europeo de derechos humanos. La Sentencia, recordando que no es función del Tribunal Europeo de Derechos Humanos controlar en abstracto las normativas nacionales de acceso a los recursos, sino determinar si su aplicación al demandante ha infringido el Convenio, declaró que la subordinación de la admisibilidad de un recurso de amparo a los criterios previstos legalmente e interpretados por la jurisprudencia constitucional, así como a su justificación por el recurrente, no resulta desproporcionada ni contraria al derecho de acceso a la jurisdicción constitucional.

Por Sentencia de 21 de abril de 2015, dictada en el asunto Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (E. R. N. E.) c. España, la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la prohibición del derecho de huelga prevista en la normativa nacional para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no vulnera el derecho a la libertad de asociación (art. 11 CEDH) del sindicato demandante, sindicato mayoritario entre los policías del País Vasco. La Sentencia aseveró que la naturaleza específica de las actividades de este colectivo requiere un servicio ininterrumpido a fin de garantizar la seguridad pública y la defensa del orden, de forma que la restricción cuestionada constituye una injerencia justificada por un fin legítimo.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 303 asuntos relacionados con España.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 3: prohibición de la tortura

* Sentencia de 5 de mayo de 2015. Asunto Arratibel Garciandia c. España

El 18 de enero de 2011, el demandante fue detenido en su domicilio en el marco de una investigación judicial acerca de un presunto delito de pertenencia a una organización del grupo terrorista ETA y sujeto a detención en régimen de incomunicación en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Sometido a reconocimientos médicos periódicos, declaró padecer dolores pero no respondió a las preguntas relativas a eventuales malos tratos padecidos. Con posterioridad, denunció esos malos tratos ante un Juzgado de Instrucción de Pamplona, que archivó las actuaciones, decisión confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Navarra. El posterior recurso de amparo fue inadmitido a trámite.

La Sentencia constató que, ante las alegaciones de malos tratos, el Juzgado de Instrucción se limitó a examinar los informes de los médicos forenses y la declaración del demandante por videoconferencia, sin atender a sus declaraciones ante la Guardia Civil y ante el Juez Central de Instrucción, ni las grabaciones de las cámaras de seguridad de las dependencias en las que estuvo detenido; no procedió a la identificación y audiencia de los agentes de la Guardia Civil que habían intervenido en su detención, ni oyó a los médicos forenses ni al abogado de oficio presente en sus declaraciones; ni tan siquiera procedió a su examen físico y psicológico. De todo ello concluyó que la investigación no se había desarrollado con el suficiente detenimiento ni efectividad, lo que constituye una infracción del art. 3 CEDH en su aspecto procesal. Se recordó que cualquier denuncia de malos tratos contrarios al art. 3 del Convenio, por parte de la policía o de otros cuerpos equiparables del Estado, requiere una investigación oficial efectiva que conduzca, en su caso, al castigo de los responsables, pues de otro modo la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes resultaría ineficaz en la práctica. En un contexto de ausencia total de comunicación con el exterior, señaló la Sentencia, se exige un esfuerzo aún mayor de las autoridades internas para determinar los hechos denunciados.

2. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 20 de enero de 2015. Asunto Arribas Antón c. España

El demandante fue sancionado por falta disciplinaria muy grave por el director del hospital psiquiátrico de Zamudio en el que trabajaba como auxiliar psiquiátrico. La resolución sancionadora fue revocada en vía contencioso-administrativa, procediendo posteriormente la Administración sanitaria a instruir un nuevo procedimiento que concluyó con la imposición de una sanción por infracción disciplinaria muy grave. El demandante se alzó frente a esta nueva sanción aduciendo que la primera ya había sido anulada por falta de pruebas. Sin embargo, su recurso contencioso-administrativo fue íntegramente desestimado. Promovido recurso de amparo, el Tribunal Constitucional lo inadmitió al constatar que el demandante no había logrado justificar la especial trascendencia constitucional.

Por Sentencia de 20 de enero de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el recurso del actor en el que alegaba que la causa de inadmisión de su recurso de amparo resultaba excesivamente formalista y que la interpretación del criterio de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo —introducido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo— por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le habría privado de su derecho a un proceso equitativo y a un recurso efectivo (arts. 6.1 y 13 CEDH). Partiendo de la premisa de que el derecho a un Tribunal no es ilimitado sino que su ejercicio puede supeditarse a la satisfacción de los requisitos de admisibilidad introducidos por las normativas procesales nacionales, la Sentencia no apreció vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 6.1 CEDH, lo que hizo decaer la denuncia de infracción del art. 13 del Convenio. En concreto, aseveró que el hecho de subordinar la admisibilidad de un recurso de amparo a circunstancias objetivas y a su justificación por el recurrente, al tratarse de criterios legalmente previstos y objeto de interpretación por la jurisprudencia constitucional, no resulta desproporcionado ni contrario al derecho de acceso al Tribunal Constitucional.

* Sentencia de 1 de diciembre de 2015. Asunto Blesa Rodríguez c. España

En mayo de 2013 la Universidad de La Laguna formuló querella contra el demandante, profesor de su Facultad de Farmacia, acusándole de haber presentado un currículum falso en un concurso público para la apertura de nuevas oficinas de farmacia. Tras diversas incidencias procesales, se dictó providencia de señalamiento del juicio oral en el que se indicaba una composición de la Sala distinta de la que efectivamente formaría el tribunal sentenciador. El demandante promovió sendos recursos de casación y de amparo denunciando vicios en la composición del tribunal que lo condenó, que no prosperaron. Concretamente, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido pues el acusado no había impugnado la composición del órgano judicial que lo juzgó en el momento de serle notificada.

La Sentencia examinó separadamente las alegaciones del demandante respecto de cada uno de los dos magistrados que, en su opinión, integraron indebidamente el tribunal que lo juzgó. Respecto de uno de ellos, al que reprochaba haber intervenido en algún trámite previo de la causa, intervención que habría afectado a su imparcialidad objetiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció falta de agotamiento de las vías internas de recurso pues pudiendo haberlo recusado antes del inicio del juicio oral, el acusado se aquietó. En relación con el otro magistrado cuya presencia en el tribunal sentenciador controvertía el demandante, pues compatibilizaba su condición de magistrado suplente con la de empleado de la Universidad querellante, la Sentencia consideró que el demandante había formulado la queja de falta de imparcialidad tan pronto como le fue posible: en el recurso de casación que interpuso ante el Tribunal Supremo. Descartada la concurrencia de cualquier óbice procesal, la Sentencia concluyó que las relaciones profesionales regulares, estrechas y remuneradas entre ese magistrado y la universidad que había promovido el proceso penal contra el demandante permitían objetivamente justificar el recelo de éste acerca de la imparcialidad necesaria del magistrado, vulnerándose con ello el art. 6.1 CEDH respecto al requisito de un tribunal imparcial.

3. Artículo 11: libertad de reunión y de asociación

* Sentencia de 21 de abril de 2015. Asunto Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (E. R. N. E.) c. España

En el año 2004 el sindicato demandante, mayoritario en la Policía autónoma vasca, solicitó autorización al Departamento de Interior del Gobierno Vasco para organizar una huelga con el objeto de protestar contra las condiciones de trabajo y reclamar la firma de un nuevo convenio. El Departamento denegó la solicitud, alegando que el art. 6.8 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad prohíbe el ejercicio del derecho de huelga para este colectivo de funcionarios. Confirmada esta denegación en vía contencioso-administrativa, el sindicato promovió recurso de amparo, que fue inadmitido al apreciar el Tribunal Constitucional que el referido precepto legal no era contrario a las previsiones constitucionales sobre el derecho a la huelga o la prohibición de discriminación, extremos ambos que habían sido alegados por el sindicato en su demanda de amparo.

El sindicato formuló demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que la denegación del ejercicio del derecho de huelga de los policías autónomos vascos era discriminatoria en relación con otros colectivos que, pese a ejercer funciones sustancialmente idénticas, gozan de ese derecho (arts. 11 y 14 CEDH). La Sentencia recordó en primer lugar que el derecho de huelga no tiene carácter absoluto, sino que consiente ciertas condiciones y restricciones que, estando previstas en la ley, a la que corresponde identificar con precisión las categorías de empleados afectados, resulten necesarias en una sociedad democrática para responder a un fin legítimo. En este sentido, la Sentencia constató que la previsión legal controvertida resulta suficientemente clara y previsible, englobando con la expresión “fuerzas y cuerpos de seguridad” a los colectivos de carácter civil y armado. Constató igualmente la concurrencia de la exigencia del fin legítimo, pues consideró que la exclusión del derecho de huelga se funda en la necesidad de garantizar la prestación del servicio público ejercido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin desatender la particular naturaleza de las funciones encomendadas a tales cuerpos y las eventuales consecuencias que para la defensa del orden y la seguridad pública tendría cualquier interrupción de sus actividades. La necesidad de un servicio continuado distingue a este colectivo respecto de otros funcionarios, como médicos o magistrados, y justifica la limitación de su libertad sindical, lo que descarta la concurrencia de indicios de arbitrariedad que permitan inferir discriminación alguna. La Sentencia desestimó, por manifiestamente infundada, la queja relativa a la falta de motivación suficiente del recurso de amparo.

V. Discurso en el acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015

Señor Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, miembros del Tribunal, Excelencias, Señoras y Señores:

Como europeo y como Presidente del Tribunal Constitucional constituye para mí un gran honor haber sido invitado a este solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con ocasión del cual tengo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes.

1. El sistema europeo de protección de los derechos humanos: signo de identidad europea.

Tomo la palabra con emoción, pues soy bien consciente de las deudas de gratitud que los ciudadanos europeos tenemos contraídas con esta institución, cuya aportación a la construcción y al desarrollo del sistema europeo de protección de los derechos humanos ha sido capital.

Cuando, sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, que fue, en primer lugar, una guerra civil europea, los padres fundadores del Consejo de Europa firmaron en Roma, el 4 de noviembre de 1950, el Convenio europeo de derechos humanos, del que este año conmemoramos el sesenta y cinco aniversario, dieron un paso de gigante en la concepción de los instrumentos de protección de los derechos humanos. Pues no se limitaron a hacer una declaración solemne, en línea con la universal de los derechos humanos de 1948, ni a proclamar una serie de valores superiores y comunes —tales como la democracia, el respeto a las libertades y la preeminencia del Derecho—, sino que, además, y precisamente como elocuente manifestación de su compromiso con el reconocimiento de esos derechos y la afirmación de esos valores, establecieron una jurisdicción internacional encargada de garantizar el respeto por los Estados firmantes de los derechos fundamentales que habían reconocido.

Esta apuesta, entonces revolucionaria, por un sistema que garantizase la efectividad de los derechos, ha sido, como cumplidamente acreditan los hechos, una apuesta de éxito. Nunca los derechos y libertades han estado más y mejor protegidos en Europa. Al amparo del imponente cuerpo de doctrina del Tribunal de Estrasburgo, la Europa de los derechos que soñaron aquellos padres fundadores es hoy una realidad tangible y los principios democráticos son el referente común en el que todos nos reconocemos.

Probablemente, la característica más expresiva de la vitalidad del sistema europeo de protección de los derechos humanos sea su capacidad de actualización, el permanente “estado de obras” en el que vive, del que dan cuenta las sucesivas reformas del Convenio, que tanto han contribuido a su dinamismo y perfeccionamiento. Estas reformas, muestra de la adaptabilidad del sistema a sus propias exigencias y necesidades y a los cambios sociales y políticos del entorno, son, en primer término, manifestación de la tensión, del nivel de auto-exigencia con el que el Tribunal desempeña la función de garantía de derechos que le es propia. Una función que, como le gusta señalar al Presidente Spielmann, tiene hoy su piedra angular en el derecho al recurso individual abierto a 800 millones de justiciables. El recurso individual es, en efecto, el instrumento a través del cual el Tribunal elabora su doctrina sobre el contenido de los derechos reconocidos en el Convenio y hace real y efectiva su protección. Son los derechos encarnados en el ciudadano aquellos de los que el Tribunal conoce y a los que presta su tutela.

Esta es, señor Presidente, la grandeza del sistema europeo de protección de los derechos humanos. Un sistema que constituye, a mi entender, y creo que es preciso subrayarlo en estos momentos en los que Europa vive una crisis política y nuestros ciudadanos aún sufren los efectos devastadores de la última crisis económica, un signo fundamental de la identidad europea. Nada dice más y mejor de la identidad política europea, de la civitas maxima que queremos que sea Europa, que nuestro común propósito de hacer de la salvaguardia de los derechos humanos, de su protección real y efectiva, el fundamento de nuestro orden político.

Como ha sido justamente recordado, el sistema de protección de los derechos humanos, al que dio carta de naturaleza el Convenio de Roma, ha sido el corolario de una profunda y fecunda veta del pensamiento europeo que desde antiguo ha querido hacer de este viejo continente un espacio de libertades políticas y que ha postulado una concepción filosófica y política de la persona que se fundamenta en el pleno reconocimiento de su dignidad. Hoy, nuestros textos, herederos de ese legado en el que queremos reconocernos, tienen en el homo dignus y en los derechos que le son inherentes el fundamento y objetivo de todo el sistema. La dignidad democrática es la afirmación del valor único, universal e insustituible de cada persona en cuanto tal, y constituye por ello la fuente originaria de sus derechos fundamentales. No por casualidad, el otro gran texto europeo de referencia en materia de derechos humanos, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, de incuestionable relevancia política para la Unión, se abre afirmando la inviolabilidad de la dignidad humana, que “será —dice— respetada y protegida” (art. 1). Esta visión compartida de la igual dignidad de todo ser humano constituye, creo, lo mejor del patrimonio espiritual y moral europeo.

2. La influencia del Convenio de Roma y Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España.

Seguramente, la importancia del Convenio europeo de derechos humanos y de la doctrina creada por este Tribunal al interpretarlo y aplicarlo, por todos reconocida, ha sido particularmente percibida —diría que vivida— en aquellos países que, como el mío, han conocido no hace aún muchas décadas procesos de transición democrática. Para nosotros esta jurisprudencia ha desempeñado, en particular en los primeros años del régimen democrático, una clara función de referente y ha sido un instrumento democratizador de primer orden.

España ratificó el Convenio europeo de derechos humanos el 26 de septiembre de 1979, es decir, tan sólo meses después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, que se había inspirado claramente en él.

Esta ratificación tuvo una singular trascendencia, porque el art. 10.2 del texto constitucional establece que los derechos fundamentales y las libertades públicas que la Constitución reconoce se deben interpretar de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por España. De resultas, por consiguiente, de la ratificación del Convenio de Roma, todo el acervo doctrinal elaborado por este Tribunal en torno a los derechos reconocidos en el mismo se convirtió en un canon hermenéutico principal para la lectura del texto constitucional.

Este canon, que desde las primeras sentencias calificamos “de decisiva relevancia” (STC 22/1981, FJ 3), se ha mostrado fecundísimo en la labor interpretativa del Tribunal Constitucional español, que durante sus treinta y cinco años de existencia ha recurrido de forma constante y reiterada a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para dotar de contenido a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978.

Es difícil dar expresiva cuenta del alcance de esta irradiación. Desde un punto de vista meramente cuantitativo, se ha traducido en más de quinientas sentencias del Tribunal Constitucional, que de forma expresa se han inspirado en la doctrina de Estrasburgo. Los datos son singularmente llamativos en la jurisprudencia dictada en recursos de amparo, en la que, según los estudios disponibles, en torno al 60 por 100 de nuestras sentencias contienen referencias europeas. La más ponderada valoración cualitativa, por su parte, arroja datos no menos impresionantes: derechos tan relevantes como el de igualdad ante la ley y no discriminación[1] (art. 14 CE), el derecho a la intimidad[2] (art. 18.1 CE), el derecho al secreto de las comunicaciones[3] (art. 18.3 CE), la libertad de expresión[4] (art. 20.1 CE), el derecho de reunión y manifestación[5] (art. 21 CE), el derecho a un proceso con todas las garantías[6] (art. 24.2), el derecho de defensa[7] (art. 24.2 CE) o el de presunción de inocencia[8] (art. 24.2 CE) han sido configurados por nuestra doctrina siguiendo las pautas de Estrasburgo.

Estos datos muestran que el Tribunal Constitucional español se ha tomado muy en serio ese diálogo obligado con los convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y con sus órganos de garantía, que impone el art. 10.2 del texto constitucional, y que ha realizado con plena disposición la labor de recepción que este precepto pretendía. En este sentido, cabría decir que el Tribunal Constitucional español ha hecho suyo el principio de la “fuerza de cosa interpretada” de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El resultado de esta influencia y, en general, de la apertura a la internacionalización en la interpretación del texto constitucional de que ha hecho gala el Tribunal Constitucional ha sido, creo, una sólida y avanzada doctrina sobre los derechos fundamentales que ha calado, a su vez, en la jurisdicción ordinaria y ha redundado en un elevado y eficaz nivel de protección de los derechos humanos en España. Situación que, como es obvio, alivia la carga de trabajo del Tribunal de Estrasburgo, pues hace de nuestros tribunales, ordinarios y Constitucional, en virtud del principio de subsidiariedad, naturales y eficaces garantes de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma y de sus Protocolos adicionales.

Con el paso de los años y el desarrollo de nuestra propia jurisprudencia esa labor de recepción de la doctrina europea se presenta cada vez más dialógica y menos unilateral, hasta el punto de que no faltan episodios que bien podrían figurar en un “código de buenas prácticas” sobre diálogo entre tribunales.

Recordaré uno particularmente expresivo, referido a la protección del derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones, en el que se suceden, en interesante interacción, pronunciamientos de ambos tribunales. La primera secuencia del asunto al que me refiero viene dada por la sentencia de este Tribunal en el asunto Valenzuela Contreras contra España, de 30 de julio de 1998, que condenó a mi país por entender que la normativa referida a las intervenciones telefónicas, por genérica e incompleta en la regulación de los supuestos de intervención de las comunicaciones, resultaba inadecuada. El Tribunal constató la existencia de un problema de calidad de la ley, que no establecía con claridad los supuestos y condiciones para la intervención, y estimó la queja del recurrente que denunciaba la vulneración de su derecho a la privacidad (art. 8 CEDH).

Esta doctrina del Tribunal de Estrasburgo fue plenamente asumida por el Tribunal Constitucional español, meses después, en la STC 49/1999, de 5 de abril, que censuró, siguiendo la pauta europea, las carencias de la ley española, que consideró contraria al art. 18.3 de la Constitución española. No obstante lo cual, el Tribunal Constitucional señaló también que la incorporación por los jueces ordinarios de los criterios derivados del art. 8 del Convenio, tal y como había sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resultaría, aunque persistiesen las carencias de la ley, respetuosa del derecho al secreto de las comunicaciones.

Años después, concretamente en el 2003, el Tribunal volvió a condenar a España en el asunto Prado Bugallo, en esencia por aquellas mismas razones de falta de calidad de la ley que habían determinado su primer pronunciamiento. Aunque el texto legal había sido modificado —art. 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) en la redacción de 1988—, persistían las mismas deficiencias del anterior: no se preveía qué infracciones podían dar lugar a la autorización de las escuchas, ni se establecían límites temporales a las mismas, ni precauciones sobre el modo de realizar las grabaciones, ni garantías destinadas a asegurar que las comunicaciones registradas llegaran intactas a la defensa y al juez. El Tribunal no dejó de reconocer que la jurisprudencia española, tanto la constitucional como sobre todo la del Tribunal Supremo, habían completado ampliamente la regulación legal a la luz de su propia doctrina, pero comoquiera que este complemento se había producido con posterioridad a los hechos del caso, de nuevo la falta de calidad de la ley determinó la condena de España.

La secuencia final de esta historia viene dada por la Decisión de 25 de septiembre de 2006, en el que se inadmite la demanda Abdulkadir Coban, que supuso un cambio significativo respecto a España y a las quejas relativas a la calidad de su ley. Aunque la regulación legal seguía presentando las deficiencias denunciadas, el Tribunal tomó en consideración la labor realizada por el Tribunal Constitucional —del que cita hasta siete sentencias— y por el Tribunal Supremo para completar la norma legal, incorporando las garantías establecidas por la jurisprudencia europea, para, en este caso, desestimar la queja. “Aunque resulta deseable una reforma legislativa que incorpore a la ley los principios que resultan de la jurisprudencia de este Tribunal, tal y como el propio Tribunal Constitucional lo ha indicado constantemente, el Tribunal —concluye la Decisión— estima que el art. 579 LECrim, tal y como se modificó por la ley … y se ha completado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, establece reglas claras y detalladas que precisan a priori con suficiente claridad la extensión y las modalidades de ejercicio del poder de apreciación de las autoridades en el ámbito objeto de consideración”. Por consiguiente, pese a la persistencia de las carencias legales, el Tribunal al que ahora me dirijo valoró la incorporación por vía jurisprudencial de las garantías dimanantes de su doctrina para concluir que la regulación legal, completada en esos términos, ya no vulneraba el Convenio.

Esta interacción se ha producido, asimismo, respecto de una cuestión que interesa particularmente al Tribunal europeo, en la medida en la que compromete su autoridad. Me refiero al cumplimiento de sus sentencias.

Como es sabido, el Convenio de Roma no establece la forma en que los Estados deben ejecutar las sentencias del Tribunal y el legislador español no ha previsto, pese a haber sido reiteradamente requerido a ello por nuestra jurisprudencia, procedimiento específico alguno para llevarlo a cabo.

Pues bien, la jurisprudencia constitucional española ha sido beligerante a la hora de garantizar la ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que declaran vulnerado alguno de los derechos humanos protegidos por el Convenio, subsanando en alguna medida las carencias que en esta materia presenta la legislación española. Así, en la Sentencia 245/1991, de 16 de diciembre, el Tribunal Constitucional concedió el amparo a los recurrentes y anuló el juicio penal que la Sentencia Barberá, Messegué y Jabardo había declarado contrario a las garantías de un juicio justo (art. 6 CEDH), al estimar que la declaración de esta vulneración había de tener un efecto actual y efectivo sobre el derecho a la libertad de los demandantes de amparo, que, como consecuencia del referido juicio penal, se encontraban cumpliendo pena de privación de libertad.

Abundando en la misma línea, el Tribunal Constitucional ha propugnado una interpretación de la Ley de enjuiciamiento criminal que permita que las condenas penales sean revisadas por la propia jurisdicción penal, dando efectividad a las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STC 240/2005, de 10 de octubre). Esta tesis, que ya había sido postulada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en alguna resolución (Auto de 29 de abril del 2004), ha sido ahora con toda claridad asumida por un acuerdo de la Sala, conforme al cual “en tanto no exista en el Ordenamiento Jurídico una expresa previsión legal para la efectividad de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aprecien la violación de derechos fundamentales de un condenado por los Tribunales españoles, el recurso de revisión del art. 954 LECrim cumple este cometido” (Auto del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014).

Los llamamientos de la jurisprudencia, constitucional y ordinaria al legislador, parecen finalmente haber hecho mella en éste, ya que un anteproyecto de ley, pendiente actualmente de tramitación parlamentaria, contiene una expresa regulación de la revisión de las sentencias penales firmes cuando ésta venga exigida por las sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo.

3. El sistema en la encrucijada: la llamada tutela multinivel de los derechos fundamentales.

Señor Presidente, la dimensión multinivel del sistema europeo de protección de derechos humanos es hoy, con seguridad, el principal desafío al que nos enfrentamos. Un reto que está poniendo a prueba su coherencia y, a la postre, su virtualidad misma en la tutela de los derechos y libertades fundamentales.

Creo que debiéramos empezar por hacer un ejercicio de sinceridad: si por algo se caracteriza el llamado modelo de tutela multinivel —el año pasado el Presidente del Tribunal Federal Constitucional alemán y buen amigo, Andreas Voßkuhle, lo comparaba aquí con el bizarro objeto que es un móvil— es por su complejidad y sofisticación. A los derechos reconocidos en las Constituciones nacionales se suman los consagrados en el Convenio europeo de derechos humanos y hoy también, en los países pertenecientes a la Unión Europea, los que proclama la Carta de derechos fundamentales de la Unión. Declaraciones de derechos sobrepuestas que aparecen, cada una, respaldada por la jurisdicción de un Tribunal que se presenta como su máximo intérprete.

Por más que queramos minimizarlo, los instrumentos normativos en liza son dispares, los derechos reconocidos en los mismos no son siempre plenamente coincidentes y tampoco lo son, en ocasiones, las interpretaciones que de ellos realizan los distintos Tribunales. Inevitablemente ha habido y va a haber discrepancias jurisprudenciales que de forma inexorable se traducirán en diversos niveles y estándares de protección.

A esta diversidad y relativa heterogeneidad sustantiva hay que añadir la complejidad procedimental que introduce la posibilidad de interponer, en el curso del mismo proceso, cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, esperemos que pronto, cuestiones prejudiciales potestativas y no vinculantes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tribunales, todos ellos, que el sistema llama a interactuar, pero cuya natural querencia es, como resulta obvio, la defensa de la propia jurisdicción.

La diversificación de la eficacia de las resoluciones de unos y otros tribunales, por su lado, no resulta una cuestión menor, pues va en buena medida a determinar la estrategia de defensa elegida por el ciudadano en cada caso y, en última instancia, a robustecer unas instancias respecto a otras.

No es de extrañar que todo ello pueda generar confusión y, por momentos, perplejidad en el ciudadano, que entiende muy bien el carácter esencial y la vocación universal de los derechos humanos, pero al que le cuesta aceptar que su contenido y nivel de tutela varíe en función del tribunal encargado de la resolución del asunto y que no exista certeza sobre quién y cuándo ha de pronunciarse sobre el mismo, ni sobre si, obtenida una sentencia, ésta va a poder ser adecuadamente ejecutada.

Estas perplejidades del ciudadano son también, a menudo, las del juez ordinario, que, como consecuencia del sistema multinivel, ha visto reforzado su papel y reconfigurada su posición en relación con su respectivo Tribunal Constitucional, y con frecuencia se siente ante un conflicto de lealtades y en una situación de encrucijada sustantiva y/o procedimental. ¿Cómo actuar cuando la ley nacional le ofrece dudas tanto de constitucionalidad como de conformidad con el Derecho comunitario y con el Convenio europeo de derechos humanos? ¿Por qué instancia de protección decantarse cuando constata la existencia de niveles diferentes de tutela en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respectivo, en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Qué vía procedimental practicar: la cuestión de inconstitucionalidad, la cuestión prejudicial, o quizás simultanear ambas?

La ausencia de pautas claras y practicables tanto por lo que se refiere a la articulación de los distintos estándares de protección como a la de las distintas vías procedimentales utilizables genera una inquietante sensación de incertidumbre, a la que se suma el peligro cierto de un indeseable alargamiento de los procesos. La inseguridad jurídica y las dilaciones indebidas podrían acabar erosionando la legitimidad del sistema.

A veces me pregunto si, encantados con la complejidad y sofisticación del modelo, que tan bien se presta a la lucubración doctrinal y al debate auto-referencial, no hemos olvidado quién es el destinatario último de la protección del sistema y el único que justifica nuestra existencia y nuestra labor: el ciudadano o, más ampliamente, la persona titular de libertades y derechos. Como decía expresivamente en un seminario en Madrid el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Presidente Emérito del Tribunal Constitucional español, Pedro Cruz Villalón, los ciudadanos no tienen la culpa de que el sistema europeo de protección de los derechos humanos sea un sistema multinivel. La complejidad del sistema no puede recaer sobre aquellos a quienes protege y menos aún menoscabar el derecho a una tutela eficaz de sus derechos y libertades.

Seguramente la crisis que ha abierto el reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión respecto del acuerdo de adhesión de la Unión al Convenio de Roma, resulte a la postre beneficiosa, porque va a enfrentar a cada uno a sus propias responsabilidades. La adhesión de la Unión Europea al Convenio europeo de derechos humanos que, no se olvide, es una previsión de los propios Tratados (art. 6.2 del Tratado de la Unión Europea), constituye una pieza crucial para el cierre del sistema y para la propia legitimación y credibilidad de la Unión, pero es preciso que se produzca en condiciones, que sea fuente de soluciones y no de nuevos conflictos. Ocultar los problemas no es nunca un buen remedio para resolverlos y el activismo judicial tiene límites que no es sensato desconocer. Es la hora de la política, porque los problemas del sistema necesariamente exigen decisiones políticas, que directamente remiten a quienes en los sistemas democráticos ostentan la representación ciudadana.

Mientras esas decisiones no lleguen estoy seguro de que los actores de este sistema complejo vamos a proceder con la sensibilidad y la inteligencia necesarias para evitar o minimizar los problemas, porque nuestro compromiso con la tutela de los derechos de los derechos humanos así nos lo exige. Los principios de subsidiariedad y equilibrio institucional y la deferencia hacia la función que corresponde al otro, que siempre han guiado nuestra actuación, deben, si cabe, robustecerse, pues son la mejor garantía para prevenir y evitar el conflicto. Pero cuando éste llegue a producirse —el conflicto es inherente al propio funcionamiento del sistema—, la experiencia nos dice que el diálogo conducido con humildad, el conocimiento recíproco y la empatía, son buenos medios para abordarlo.

Poco después de concluida la Primera Guerra Mundial, un joven poeta americano, fascinado por la cultura europea, Thomas Stern Eliot, describía al viejo continente como una tierra yerma, “The Waste Land”: “Unreal City, / Under the brown fog of a winter dawn, / A crowd flowed over London Bridge, so many, / I had not thought death had undone so many…”. Si casi cien años después otra es nuestra imagen de Europa, se debe, en buena medida, a que poco después del desgarramiento de la Segunda Guerra Mundial, un puñado de visionarios decidieron decir nunca más (“Plus jamais ça!”) y como garantía de esa decisión construyeron un sistema de protección de los derechos humanos que hoy nos define como europeos.

Los recientes atentados de París, que quiero firmemente condenar – los españoles sabemos bien el dolor inútil que causa el terrorismo-, han puesto de relieve la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestro sistema, que se defiende con dificultad del fanatismo y del terror. Pero han mostrado, en paralelo, su fuerza: una inmensa voluntad ciudadana de convivencia, un firme y común propósito de reafirmación y defensa de nuestros valores, libertades y derechos. Sobre nuestros hombros —sobre los de todos— recae hoy esta grave responsabilidad.

Muchas gracias.

[1] STC 22/1981, de 2 de julio; o STC 9/2010, de 27 de abril.

[2] STC 119/2001, de 24 de mayo; o STC 12/2012, de 30 de enero.

[3] STC 49/1996, de 26 de marzo; o STC 184/2003, de 23 de octubre.

[4] STC 62/1982, de 15 de octubre; o STC 371/1993, de 13 de diciembre.

[5] STC 195/2003, de 27 de octubre; o STC 170/2008, de 15 de diciembre.

[6] STC 167/2002, de 18 de septiembre; o STC 174/2011, de 7 de noviembre.

[7] STC 37/1988, de 3 de marzo; o STC 184/2009, de 7 de septiembre.

[8] STC 303/1993, de 25 de octubre; o STC 131/1997, de 15 de julio.

VI. Discurso en la jornada-seminario celebrado con ocasión de la visita del Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015

Señor Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Señores Magistrados del Tribunal Constitucional, Excelencias, Señoras y Señores:

Quisiera que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento al Presidente Dean Spielmann, en mi nombre y en el de todos los miembros del Tribunal Constitucional español, por haber tenido la gentileza de aceptar la invitación a visitar nuestra sede y asistir a este acto, que se enmarca en el XXXV aniversario de la constitución de nuestro Tribunal. Su presencia es testimonio de su respeto y estima por nuestro Tribunal, como ya se evidenció al invitarme a pronunciar el discurso del solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 30 de enero de este año, en Estrasburgo.

De alguna manera, quisiera que mis palabras fuesen una prolongación de las que entonces tuve la oportunidad de pronunciar, por lo que volveré de nuevo sobre la idea de que, en mi opinión, la dimensión multinivel del sistema europeo de protección de derechos humanos es hoy, con seguridad, el principal desafío al que se enfrentan nuestras instituciones. Un reto que está poniendo a prueba la coherencia del sistema de protección y, a la postre, su virtualidad misma en la tutela de los derechos y libertades fundamentales.

Como es bien sabido, España ratificó el Convenio europeo de derechos humanos el 26 de septiembre de 1979, tan sólo meses después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Una Constitución que había establecido en su artículo 10.2 que “las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. A resultas, por consiguiente, de esta ratificación todo el acervo doctrinal elaborado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convertía en un canon hermenéutico de primer orden para la lectura de la Constitución.

Este canon, que desde las primeras sentencias calificamos “de decisiva relevancia” (STC 22/1981, FJ 3), se ha mostrado fecundísimo en la labor interpretativa del Tribunal Constitucional español, que durante sus treinta y cinco años de existencia ha recurrido de forma constante a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para dotar de contenido a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978. Creo que es de justicia reconocer que si en nuestro país existe, como así es, una sólida y avanzada doctrina sobre derechos fundamentales, que ha redundado en un elevado y eficaz nivel de protección, en buena medida se debe a la benéfica influencia de la jurisprudencia europea.

Si esta labor de recepción, como era de esperar, fue inicialmente pasiva, con el paso de los años y el desarrollo de nuestra propia jurisprudencia se ha hecho más dialógica y menos unilateral, hasta el punto de que no faltan en la misma episodios que bien podrían figurar en un “código de buenas prácticas” sobre diálogo entre tribunales.

Es cierto que por el momento no disponemos de la experiencia de que la doctrina establecida por el Tribunal de Estrasburgo se haya visto alterada en atención a las consideraciones de la jurisprudencia española. Pero sí contamos con algún ejemplo de cómo un inicial pronunciamiento negativo del Tribunal europeo sobre el ordenamiento español se ha visto matizado tras la aplicación por los tribunales españoles de su jurisprudencia.

Particularmente expresivo en este sentido es lo ocurrido con la protección del derecho al secreto de las comunicaciones, en el que se han sucedido, en interesante interacción, pronunciamientos de ambos tribunales. La primera secuencia del asunto vino dada por la sentencia del Tribunal Europeo en el asunto Valenzuela Contreras contra España, de 30 de julio de 1998, que condenó a España al entender que la normativa referida a las intervenciones telefónicas, por genérica e incompleta en la regulación de los supuestos de intervención de las comunicaciones, resultaba inadecuada. El Tribunal constató la existencia de un problema de calidad de la ley, que no establecía con claridad los supuestos y condiciones para la intervención, y estimó la queja del recurrente que denunciaba la vulneración de su derecho a la privacidad (art. 8 CEDH).

Esta doctrina del Tribunal de Estrasburgo fue plenamente asumida por el Tribunal Constitucional español, meses después, en la STC 49/1999, de 5 de abril, que, siguiendo la pauta europea, censuró las carencias de la legislación española, que consideró contraria al artículo 18.3 de la Constitución española. Ello no obstante, nuestro Tribunal señaló también que la incorporación por los jueces ordinarios de los criterios derivados del artículo 8 del Convenio, tal y como había sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resultaría, aunque persistiesen las carencias de la ley, respetuosa del derecho al secreto de las comunicaciones.

Años después, concretamente en el 2003, el Tribunal europeo volvió a condenar a España en el asunto Prado Bugallo, en esencia por aquellas mismas razones de falta de calidad de la ley que habían determinado su primer pronunciamiento. Aunque el texto legal había sido modificado —art. 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) en la redacción de 1988—, persistían las mismas deficiencias del anterior: no se preveía qué infracciones podían dar lugar a la autorización de las escuchas, ni se establecían límites temporales a las mismas, ni precauciones sobre el modo de realizar las grabaciones, ni garantías destinadas a asegurar que las comunicaciones registradas llegaran intactas a la defensa y al juez. El Tribunal no dejó de reconocer que la jurisprudencia española, tanto la constitucional como, sobre todo, la del Tribunal Supremo, habían completado ampliamente la regulación legal a la luz de su propia doctrina, pero comoquiera que este complemento se había producido con posterioridad a los hechos del caso, de nuevo la falta de calidad de la ley determinó la condena de España.

El final de esta historia viene dada por la Decisión de 25 de septiembre de 2006, en el que se inadmite la demanda Abdulkadir Coban, que supuso un cambio significativo respecto a España y a las quejas relativas a la calidad de su ley. Aunque la regulación legal seguía presentando las deficiencias denunciadas, el Tribunal europeo tomó en consideración la labor realizada por este Tribunal Constitucional —del que cita hasta siete sentencias— y por el Tribunal Supremo para completar la norma legal, incorporando las garantías establecidas por la jurisprudencia europea, para, en este caso, desestimar la queja.

Aunque los ejemplos, como éste, de la fructífera interrelación entre nuestros Tribunales podrían multiplicarse, quiero detenerme ahora en uno muy destacado y reciente, que se ha producido cuando el 20 de enero de este año el Tribunal europeo dictó Sentencia en el caso Arribas Antón contra España, en el que, más allá del interés particular del demandante, se ventilaba la compatibilidad con el Convenio europeo de la reforma del régimen del recurso de amparo español llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Como es sabido, el Tribunal de Estrasburgo ha desestimado la demanda y admitido la compatibilidad de la nueva regulación legal con el Convenio europeo. En particular, apreció:

a) Que la configuración de un recurso como el de amparo corresponde al legislador estatal y la finalidad perseguida por la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007 (facilitar el trabajo del Tribunal Constitucional, reforzando su intervención subsidiaria, y atribuyendo a la jurisdicción ordinaria el papel principal de garantía de los derechos fundamentales), es legítima (§§ 49 y 50).

b) Y que someter la admisibilidad del recurso de amparo a requisitos de carácter objetivo, como la relevancia constitucional del caso, no es desproporcionada ni vulnera el derecho a un juicio justo (§ 50).

Pero al tiempo que el Tribunal europeo avala la reforma legislativa, hace a nuestro Tribunal Constitucional dos indicaciones generales (§ 46 de la Sentencia):

La primera, que el Tribunal Constitucional defina el contenido y el alcance de la especial trascendencia constitucional, estaba debidamente cumplida ya desde nuestra STC 155/2009, de 25 de junio, en la que se identificaron, sin ánimo exhaustivo, los supuestos idóneos para la apreciación de esa especial trascendencia constitucional. De otro lado, las dudas surgidas sobre el modo en que ha de cumplimentarse la nueva obligación procesal de justificar la especial trascendencia constitucional fueron despejadas por el Tribunal en diversas resoluciones.

La segunda indicación, esto es, la explicitación de la especial trascendencia constitucional apreciada en cada uno de los recursos admitidos a trámite, no formaba parte de nuestra praxis, pues sólo en contadas ocasiones el Tribunal había explicitado en sentencia el motivo que le llevó a apreciar la existencia de la especial trascendencia constitucional, y siempre en casos en los que una de las partes había aducido que la demanda no debió ser admitida a trámite por carecer de esta condición.

Pues bien, actualmente las providencias de admisión a trámite de recursos de amparo dictadas por las Salas o las Secciones del Tribunal han pasado a contener la alusión a cuál o cuáles de los supuestos enunciados en nuestra STC 155/2009 es el apreciado en el caso concreto. Y, además, para que adquiera la necesaria difusión, esa apreciación se ha trasladado a los “antecedentes de hecho” de las sentencias o, en su caso, a los fundamentos jurídicos.

He expuesto con cierto detalle estos dos ejemplos porque lo son de un genuino “diálogo entre Tribunales”, expresión que ha perdido progresivamente una parte de su fuerza como consecuencia de la banalización de su uso. Como ha sido justamente observado, el diálogo entre tribunales no es el mero conocimiento y la eventual cita de las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros o internacionales, sino el proceso de influencias recíprocas que se produce cuando un tribunal reacciona conscientemente ante la apreciación que de su actuación ha realizado otro. Un proceso que, en nuestro caso, es obligado como consecuencia de la riqueza y complejidad del sistema europeo de protección de los derechos humanos del que formamos parte.

Con todo, la satisfacción por estos ejemplos de adecuada interacción entre el Tribunal europeo y el nuestro, no debe ocultarnos las dificultades que derivan del sistema de protección multinivel de los derechos fundamentales del que nos hemos dotado.

En nuestro marco jurídico, a los derechos reconocidos en las Constituciones nacionales se suman los consagrados en el Convenio europeo de derechos humanos y hoy también, en los países pertenecientes a la Unión Europea, los que proclama la Carta de derechos fundamentales de la Unión. Declaraciones de derechos sobrepuestas que aparecen, cada una, respaldada por la jurisdicción de Tribunales que se presentan como máximos intérpretes.

Estos Tribunales, por su parte, responden cada uno en su configuración a lógicas institucionales diversas, circunstancia que, por momentos, puede hacer de nuestros diálogos, auténticos diálogos de sordos. Por aludir solamente a los Tribunales aquí representados, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se extiende a cuarenta y siete países, países con niveles de desarrollo político, económico social y cultural muy distintos y que enfrentan problemas de muy diverso calado y naturaleza por lo que a la protección de los derechos humanos se refiere. En este sentido, el esforzado papel desempeñado por el Tribunal de Estrasburgo en la defensa de la democracia y de los elementos esenciales del Estado de Derecho, en determinados países, merece toda nuestra admiración y reconocimiento. Ahora bien, a nadie se le escapa la dificultad que supone interpretar unitariamente el Convenio de Roma para realidades tan heterogéneas. Se corre el riesgo de que la patología propia de determinadas realidades nacionales pese en exceso en la construcción de la jurisprudencia europea y pueda menoscabarse el principio de “fuerza de cosa interpretada”.

De otra parte, el Tribunal europeo tutela los derechos fundamentales sin condicionantes normativos ajenos al Convenio de Roma y sus Protocolos, mientras que a los Tribunales Constitucionales nacionales nos corresponde la protección del sistema constitucional en su integridad, nosotros nos debemos a la Constitución entera, lo que nos obliga en nuestras resoluciones a considerar y garantizar la efectividad de aquellos otros preceptos constitucionales que no contemplan derechos fundamentales.

Aunque la protección de los derechos fundamentales sea, en efecto, nuestro territorio común, los problemas, que en nuestra interacción, debemos afrontar no son menores: los instrumentos normativos que nos rigen y aplicamos son dispares, los derechos reconocidos en los mismos no son siempre plenamente coincidentes y tampoco lo son, en ocasiones, las interpretaciones que de ellos realizamos los distintos Tribunales. Inevitablemente ha habido y va a haber discrepancias jurisprudenciales que de forma natural se traducirán en diversos niveles y estándares de protección.

En gran medida estas dificultades de articulación son el reflejo de la tensión entre los principios de universalidad y subsidiariedad en la protección de los derechos humanos. Cuando apelamos a la universalidad de los derechos fundamentales afirmamos, sin duda, que basta con la sola condición humana, en cualquier contexto y circunstancia, para ostentar su titularidad. Pero, al mismo tiempo, los titulares de estos derechos están sujetos a ordenamientos nacionales que, incluso ciñéndonos a los estados europeos democráticos, presentan singularidades que no pueden ser desconocidas. En última instancia, el derecho internacional de los derechos humanos del siglo XXI es una compleja red de sistemas de derecho que se superponen; y aunque tienen su propia lógica interna, no pueden ignorarse mutuamente.

La responsabilidad de respetar y hacer respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales recae principalmente sobre los Estados. Y, por razones desgraciadamente de todos conocidas, ha sido desde mediados del siglo XX, cuando la comunidad internacional ha asumido también la responsabilidad de la tutela de los derechos humanos. Pero esta responsabilidad entra en juego cuando las instancias nacionales fallan en el desempeño de su cometido.

En el marco del Convenio de Roma, el principio de subsidiariedad ha sido afirmado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1968, en el caso lingüístico belga. Este principio tiene manifestaciones procesales, como la obligación de los interesados de agotar los recursos internos del Estado demandado; pero tiene también manifestaciones sustantivas, como la sabia doctrina jurisprudencial construida por el Tribunal sobre el “margen de apreciación nacional”, según la cual los Estados miembros gozan, respecto de la interpretación y aplicación de determinados derechos y libertades o, lo que viene a ser lo mismo, en el marco de la resolución de determinados conflictos, de un margen de determinación sobre la amplitud del derecho o sus límites.

Efectivamente, si la formulación convencional de un derecho ofrece espacios de indefinición, y para colmarlos en un caso concreto no existe consenso o posición común entre los Estados partes en el sistema, especialmente si se atañe al ámbito moral, el Tribunal reconoce a los Estados un margen de apreciación a fin de adoptar la solución adecuada, en el entendimiento de que las autoridades nacionales están en mejor posición para resolver sobre ciertas violaciones de los derechos humanos. Este examen contextual de compatibilidad con el Convenio hace posible que el Tribunal europeo ofrezca respuestas distintas a casos similares que se producen en coyunturas nacionales diferenciadas.

En todo caso, corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinar en qué supuestos opera el margen de apreciación y, en última instancia, controlar el uso que cada Estado haga del mismo.

Como es sabido, la entrada en vigor del Protocolo núm. 15 del Convenio europeo de derechos humanos va a suponer el reconocimiento expreso de estos principios en el preámbulo de la Convención. En adelante estos principios no serán autorrestricciones elaboradas por el Tribunal de Estrasburgo sino previsiones del Convenio, vinculantes para todos. “Afirmando que incumbe en primer lugar a las Altas Partes contratantes —reza el nuevo párrafo que cerrará el Preámbulo—, conforme al principio de subsidiariedad, garantizar el respeto de derechos y libertades definidos en el presente Convenio y sus protocolos, y que, a tal efecto, gozan de un margen de apreciación, bajo el control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos instituido por el presente Convenio”…[1].

Si se repara en los términos del texto añadido, se advierte todo el juego de equilibrios que quiere garantizarse. Un juego de equilibrios que es inherente a la noción de subsidiariedad misma. De una parte, la afirmación de que en primer término corresponde a los Estados la garantía de los derechos y libertades reconocidos. De otra, la de que en el desempeño de esta función gozan de un margen de apreciación. Y, por último, como cláusula de cierre, la del papel fundamental de control que corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un papel, ciertamente, subsidiario pero también último y supremo.

Probablemente, una lectura prudente pero plena del principio de subsidiariedad y de sus implicaciones puede contribuir decisivamente a superar algunas de las dificultades de articulación que el sistema multinivel de protección de los derechos humanos en Europa presenta. Entre otras cosas, propiciando y enriqueciendo ese diálogo franco, conducido desde el conocimiento recíproco y la empatía, que venimos postulando.

La primera exigencia del principio de subsidiariedad remite a los Estados nacionales. Comoquiera que son éstos los primeros garantes del Convenio, es preciso que tanto el legislador, al ejercer su función legislativa, como los jueces, al enjuiciar los casos de que conozcan, como, en fin, nosotros mismos al interpretar y aplicar la Constitución, tengamos siempre presente el Convenio europeo y la interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal europeo. Pues, en la medida en la que prestemos la tutela que éste requiere, no será precisa intervención ulterior de Estrasburgo.

La segunda exigencia remite al Tribunal en el desempeño de su jurisdicción, una jurisdicción que —se afirma— debe ejercer desde el respeto al margen de apreciación correspondiente a los Estados. Aunque el alcance del “margen de apreciación” habrá de ser definido y probablemente recreado, no parece discutible que su previsión expresa es una llamada a la prudencia en el enjuiciamiento de los instrumentos y estándares de protección nacionales. Una llamada que necesariamente pasa por una aproximación acurada a los diferentes desarrollos de los derechos realizados por los Estados, desde el presupuesto de la diversidad de las regulaciones y de los sistemas jurídicos que conviven en Europa. Para que ello sea posible es fundamental el esfuerzo de explicación que el juez nacional haga de la regulación que aplica y de las circunstancias locales que determinaron su decisión.

Los europeos hemos querido hacer que la protección de los derechos humanos —lo dije en Estrasburgo— sea signo principal de nuestra identidad, pero hemos querido al mismo tiempo que esta protección se lleve a cabo mediante un sistema descentralizado y pluralista, convergente pero no uniforme (J. M. Sauve), porque esa diversidad es otra de las señas de nuestra identidad europea.

Muchas gracias

[1] Traducción no oficial. De acuerdo con lo previsto en el art. 7 del Protocolo, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después de la fecha en la que todas las Altas Partes contratantes del Convenio hayan expresado el consentimiento para vincularse al mismo.

VII. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)