MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2014

Presentación

Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Una vez más me corresponde presentar a la opinión pública la Memoria del Tribunal Constitucional que da cuenta a la ciudadanía de los principales aspectos de la actividad desarrollada por la Institución en el desempeño de la tarea esencial que le está encomendada.

Desde una perspectiva sustantiva, en el año 2014 destaca, sin lugar a dudas, por su especial relevancia para la interpretación y defensa de nuestro texto fundamental, el pronunciamiento del Tribunal sobre la constitucionalidad de la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. El Tribunal ha respaldado, sin quiebras, de forma unánime, en su sentencia 42/2014, de 25 de marzo, el principio de soberanía nacional consagrado en los arts. 1.2 y 2 de nuestra Constitución, anulando el principio primero de la Declaración en cuanto consagraba la soberanía del pueblo de Cataluña. Sin embargo, también de forma unánime, ha realizado una interpretación de conformidad a la Constitución del resto de la Declaración, afirmando que nuestra norma fundamental no impone una adhesión positiva a la misma; no es el nuestro, ha dicho el Tribunal, un modelo de “democracia militante”. Por el contrario, el planteamiento de concepciones que pretenden modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro sistema, siempre, claro está, que se respeten las reglas fundamentales de la democracia, los derechos fundamentales y los procedimientos de reforma del pacto fundacional y de convivencia del que nos hemos dotado. El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación prudente y flexible de nuestra Constitución, en línea con la realizada por el Tribunal Supremo de Canadá; una interpretación en la que el Derecho ocupa el lugar que le corresponde de límite y marco de la política.

El problema del llamado “derecho a decidir” tiene una naturaleza política que el Tribunal no puede ni debe resolver, dada su naturaleza jurisdiccional y no representativa; le compete únicamente y así lo ha hecho, defender los límites y procedimientos que, de acuerdo con nuestra Constitución, conforman el contexto insoslayable en el que ha de operar la política, recordando, además el carácter central del deber de lealtad constitucional.

Por ello, con su sentencia 42/2014, el Tribunal ha prestado, creo, el mejor servicio posible a la sociedad española: defender los valores y principios nucleares e indeclinables de nuestro texto fundamental, dejando abierta, al mismo tiempo, la vía a soluciones políticas que puedan construirse a su amparo.

En definitiva, el Tribunal ha demostrado, frente a las injustas críticas que ha recibido con frecuencia en sentido contrario, que no es un órgano político, sino jurídico; que su misión es preservar los límites que impone la Constitución, sin sustituir a nuestros representantes políticos en su tarea; y que, por delicada que sea la cuestión que se le plantee, su ámbito de decisión se mueve siempre dentro de las fronteras del Derecho.

Quiero destacar también que el modelo de amparo que nació con la reforma en el año 2007 de la Ley Orgánica del Tribunal y cuya pieza clave es el requisito de la especial trascendencia constitucional, tanto en su vertiente formal como material, ha sido respaldado recientemente, frente a las críticas que ha suscitado, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de enero de 2015 (asunto Arribas Antón c. España). El Tribunal ha afirmado que la inadmisión de demandas de amparo por la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional no resulta contraria al art. 6 del Convenio. El principio de seguridad jurídica exige —ha dicho— que el Tribunal Constitucional defina la noción de especial trascendencia constitucional, como ya ha hecho en su jurisprudencia y singularmente en su STC 155/2009 (FJ 2). Ahora bien, también ha aclarado que el mismo principio exige que el Tribunal explique, en los casos admitidos, la aplicación de los criterios generales establecidos para apreciar la concurrencia de la especial trascendencia constitucional. En consecuencia, el Tribunal ha decidido, en Pleno gubernativo, que la causa de la especial trascendencia constitucional de cada asunto admitido deberá expresarse en las providencias de admisión a trámite y la referencia a estas últimas se incluirá en los antecedentes de hecho de las sentencias.

En el terreno organizativo, durante este 2014, el Tribunal ha seguido viviendo alteraciones en su composición. Han tomado posesión como Magistrados don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, tras el fallecimiento de don Francisco José Hernando Santiago y la renuncia de don Enrique López y López, y don Andrés Gutiérrez Gil ha sido nombrado nuevo Secretario General.

En el plano jurisdiccional, durante el año 2014 se dictaron un total de 7.409 resoluciones, de las cuales 215 fueron sentencias. Pese al esfuerzo realizado —que nos ha permitido reducir los asuntos de Pleno pendientes de sentencia—, no hemos podido sin embargo equiparar los asuntos terminados con los ingresados en ese mismo año —un total de 7.878—, cuyo número sigue aumentando, como se advierte desde el año 2012.

Este aumento de la demanda constitucional en el año 2014 resulta manifiesto en la mayoría de los procedimientos de los que habitualmente conoce el Tribunal, si bien se hace especialmente significativo en el número de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los tribunales de justicia: un tercio más que en 2013. El Tribunal Constitucional ha resuelto un elevado número de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, así como de conflictos de competencia (un total de 169 sentencias, que solucionan 174 asuntos, en comparación con los 135 asuntos de Pleno admitidos a trámite durante el año). Esta actividad del Pleno y de las Salas del Tribunal (en virtud de la reforma de la Ley Orgánica rectora del Tribunal llevada a cabo en 2007) le ha permitido seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya constitucionalidad es puesta en duda. De este modo, el Tribunal mejora en la práctica la defensa jurisdiccional de la Constitución.

También los recursos de amparo ingresados en 2014 —un total de 7.663— han experimentado un ligero aumento respecto al período anterior. Como en años precedentes, sin embargo, sigue siendo notable el escaso porcentaje de admisión a trámite de estos recursos: sólo fueron admitidos, para su posterior sustanciación y resolución por sentencia, el 1,08 por 100 de los amparos de que el Tribunal conoció en fase de admisión; el restante 98,92 por 100 de los recursos fueron inadmitidos, por las razones que se exponen en el capítulo IV, epígrafe 1. D, de esta Memoria. Resulta llamativo que, a estas alturas, una quinta parte de las demandas de amparo (concretamente 1.331, un 19,97 por 100 de las inadmitidas por mera providencia en virtud del art. 50 LOTC) siguen sin ofrecer la más mínima justificación de la trascendencia constitucional del recurso, tal y como exige la Ley rectora del Tribunal desde la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Creo que este es un dato que merece una reflexión por parte de todos y, especialmente, de los procuradores y abogados a quienes la ley confía la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (art. 81 LOTC).

En el plano institucional, el Tribunal ha seguido desarrollando una importante actividad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

A principios de año se celebró, en la Sala de Vistas del Tribunal, la ceremonia de imposición de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional, los Excmos. Srs. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Álvaro Rodríguez Bereijo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera —cuyo fallecimiento posterior nos llenó de tristeza—, don Pedro Cruz Villalón, doña María Emilia Casas Baamonde y don Pascual Sala Sánchez.

Con el objetivo común de fortalecer la comunicación y la cooperación entre tribunales, el Pleno del Tribunal Constitucional y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo celebraron en febrero, en la sede del Tribunal Supremo, un primer encuentro para sistematizar y establecer un foro permanente de diálogo —mediante la creación de un grupo de trabajo que encauzase las diferentes iniciativas— entre dos altos Tribunales que históricamente han contribuido de forma decisiva a la estabilidad institucional, a la seguridad jurídica y a la protección y amparo de los ciudadanos.

El primer fruto de este foro ha sido el inicio de unas Jornadas-Seminario Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo, cuyo objetivo es la reflexión conjunta sobre problemas jurídicos de especial relevancia para ambas jurisdicciones. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han de desempeñar hoy su importante labor en el marco de un avanzado, pero complejo, sistema europeo que exige la articulación de su tarea con la que corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia de la Unión. El funcionamiento de los engranajes que han de facilitar esta articulación no es siempre, sin embargo, ni claro, ni sencillo y, por ello, nos ha parecido que tenía especial interés dedicar esta I Jornada-Seminario (“Las jurisdicciones europeas y las jurisdicciones superiores de los Estados miembros”) al análisis de dos aspectos que presentan especial dificultad: la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la relación entre la cuestión prejudicial y la cuestión de inconstitucionalidad.

Por otra parte, en el marco de estas jornadas y como fruto del grupo de trabajo Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo, se firmó el primer convenio de colaboración entre ambos Tribunales con el objetivo de “establecer un marco de colaboración documental y jurisprudencial entre ambas instituciones” a través de “la puesta a disposición de fondos bibliográficos e intercambio de resoluciones”.

En el ámbito internacional, cabe destacar que el Tribunal ha continuado con su decidida voluntad de fomentar la proyección exterior y el intercambio de conocimiento con otras instituciones afines, mediante la participación en foros, conferencias y seminarios multilaterales y bilaterales.

El Tribunal Constitucional ha sido el anfitrión del encuentro anual con nuestros homólogos de Italia y Portugal. Convencidos de la necesidad de acercar el Tribunal al ciudadano y de ofrecer una visión más amplia de la riqueza y diversidad de nuestro país, el encuentro trilateral se celebró por primera vez fuera de Madrid. En efecto, la XVI Conferencia Trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España, que versó sobre la “Tutela multinivel de los derechos fundamentales”, tuvo lugar en octubre en Santiago de Compostela, colofón del camino de Santiago, modelo milenario de cooperación, acercamiento y conocimiento mutuo en nuestro continente.

Asimismo, cabe destacar nuestra participación, junto con otras 37 cortes constitucionales europeas, en el XVI Congreso de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos, que se celebró en mayo en Viena bajo el título “La cooperación entre los Tribunales Constitucionales en Europa: situación actual y perspectivas”.

En el ámbito iberoamericano, el Tribunal Constitucional participó en la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), foro de colaboración en el que participan representantes de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de los 22 países de habla española y portuguesa que lo integran. Esta décima edición, que tuvo lugar el mes de marzo en la República Dominicana, se centró en la “Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución” y se debatieron cuestiones relativas a la jurisprudencia constitucional, la eficacia y el valor jurídico de las distintas constituciones y la sujeción de los poderes públicos a la norma suprema. Asimismo, en el marco de dicha Conferencia, la CICJ firmó un acuerdo de cooperación con la Unión de las Cortes y Consejos Constitucionales Árabes. La Conferencia agradeció y aceptó el ofrecimiento de Perú para albergar la celebración de este encuentro en 2016.

En Madrid, el Tribunal ha tenido el honor de recibir las visitas de numerosos tribunales e instituciones de varios países, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre el funcionamiento y la organización de los respectivos sistemas de garantías constitucionales. Así, acogimos en nuestra sede a delegaciones de, entre otros, Bolivia, Bulgaria, Chile, Corea, Filipinas, Japón, Kirguistán, Tailandia, Turquía y la Corte Centroamericana de Justicia.

En el plano bilateral, cabe destacar la visita del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, con el que se celebraron sendas jornadas de trabajo sobre el papel de los tribunales constitucionales en los períodos de crisis económica y la influencia de ésta en los derechos sociales. Igualmente en el ámbito de las relaciones bilaterales, celebramos en París un encuentro de trabajo con el Consejo Constitucional francés que permitió un provechoso diálogo sobre asuntos de interés común tales como el recurso de amparo español y la cuestión prioritaria de constitucionalidad francesa o la perspectiva comparada de las relaciones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por último, ya en enero de este año 2015 y con el claro sentimiento de responsabilidad de ser el primer Presidente de una alta institución española en dirigirse a tan privilegiado foro, he tenido el honor de ser invitado a pronunciar la conferencia formal en la Audiencia Solemne que marca la apertura del año judicial del Tribunal de Estrasburgo.

El Tribunal se ha mantenido firme, también durante el año 2014, en su propósito de acercarse a los ciudadanos facilitando que éstos lo conozcan y comprendan mejor cuál es su función y cómo desarrolla su actividad.

Hemos seguido abriendo nuestras puertas para atender las peticiones de visitas guiadas que nos llegan de distintas entidades nacionales e internacionales, especialmente institutos y colegios, universidades o asociaciones culturales, entre otros colectivos. Nos es grato comprobar cómo el interés ciudadano por conocer de cerca el Tribunal Constitucional ha ido en aumento en los últimos años, de tal forma que en 2014 se han atendido un total de 102 visitas de grupo, 28 más que en el año anterior.

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, hemos ampliado los datos que el Tribunal Constitucional publica anualmente en su web, relativos a su actividad jurisdiccional, presupuesto y contrataciones. Desde nuestro portal, el ciudadano puede acceder fácilmente a una información completa y sistemática sobre los contratos, convenios, subvenciones, retribuciones y presupuesto de la institución, así como a información institucional y organizativa. Estos datos complementan los que el Tribunal viene facilitando desde hace años con la publicación en su web de la Memoria anual, presupuesto y procedimientos de contratación.

Asimismo, seguimos adelante con el desarrollo del Plan de Comunicación puesto en marcha en 2013, cuyo eje central es la difusión, a través de nuestra página web y mediante su envío a los medios de comunicación social, de amplias notas explicativas sobre el contenido de las resoluciones más importantes dictadas por el Pleno y las Salas del Tribunal. Los textos íntegros de las sentencias y autos del Tribunal están también disponibles en la página web, que además cuenta con un buscador de jurisprudencia que resulta de gran utilidad y es muy utilizado tanto a nivel nacional como internacional.

Durante el presente ejercicio, hemos avanzado también en la traducción del contenido de la página web, incorporando a la misma de forma periódica la versión inglesa de todas las notas de prensa.

Quiero cerrar esas palabras de presentación de la Memoria del 2014 de la misma forma que hice el año anterior: felicitando a todo el personal del Tribunal por su trabajo y dedicación y expresando un reconocimiento especial a quienes han dejado de prestar servicios en la casa, entre ellos, los Letrados que han agotado su periodo de vinculación con el Tribunal. A todos ellos, mi gratitud.

Madrid, 1 de marzo de 2015

I. Composición del Tribunal

Mediante Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo (BOE núm. 66, de 18 de marzo), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por fallecimiento de don Francisco José Hernando Santiago y a propuesta del Senado, fue nombrado Magistrado constitucional don Ricardo Enríquez Sancho. Tomó posesión el miércoles 19 de marzo. El discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal en dicho acto se recoge en el anexo V.

El día 2 de junio de 2014, don Enrique López y López presentó su renuncia como Magistrado del Tribunal Constitucional, que fue aceptada por Decreto del Presidente del Tribunal Constitucional de la misma fecha. Por Real Decreto 588/2014, de 8 de julio (BOE núm. 166, de 9 de julio, y núm. 167, de 10 de julio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y por renuncia al cargo, se declaró el cese en sus funciones.

Mediante Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE núm. 166, de 9 de julio), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Gobierno, fue nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional don Antonio Narváez Rodríguez. Tomó posesión el jueves 10 de julio.

Por Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Mediante Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente [1]

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Vicepresidenta [2]

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez [3]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías [4]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [5]

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [6]

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas [7]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García [8]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos [9]

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [10]

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sáncho [11]

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez [12]

Por Acuerdo de 26 de junio de 2013 (BOE núm. 153, de 27 de junio), modificado por Acuerdos de 20 de marzo de 2014 (BOE núm. 69, de 21 de marzo) y de 11 de julio de 2014 (BOE núm. 170, de 14 de julio), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en Salas y Secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Sección Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Presidente

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Datos personales

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Murcia, 1962. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Bilbao, 1948. Catedrática de Derecho Penal

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Madrid, 1953. Catedrático de Derecho Administrativo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944. Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944. Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958. Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958. Teniente Fiscal del Tribunal Supremo

[1] Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).¡

[2] Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[3] Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[4] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[5] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[6] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[7] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[8] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[9] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[10] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[11] Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo).

[12] Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil. Por Resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990. Don Javier Jiménez Campo cesó ese mismo día en el cargo, por expiración del plazo de su nombramiento (Resolución de 17 de julio de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, BOE núm. 176, de 21 de julio).

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

- Don Juan Antonio Xiol Ríos

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

- Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

- Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

- Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

- Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

- Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

- Don Ignacio Torres Muro

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

Fue declarada la jubilación por edad del Letrado don Luis Sánchez Serrano.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

- Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

- Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

- Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

- Don Juan Fernando Durán Alba

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

- Doña María de los Ángeles García Frías

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

- Doña Cristina Izquierdo Sans

Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Francisco Moya Hurtado de Mendoza

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

- Doña Eva Nieto Garrido

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Don Fernando Oleo Banet

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna.

- Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

- Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Doña María Angeles Ahumada Ruiz

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

- Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

- Doña Yolanda Bardají Pascual

Secretaria judicial. Ex Letrada del Tribunal Supremo.

- Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

- Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

- Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

- Don Miguel Casino Rubio

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don Manuel Chacón Alonso

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

- Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria.

- Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Doña María Victoria Cuartero Rubio

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Don Ignacio de la Cueva Aleu

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

- Doña Eva Desdentado Daroca

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.

- Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

- Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

- Doña María Esperanza Fernández Rodríguez

Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).

- Don Enrique Gabaldón Codesido

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

- Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

- Doña Amparo García Rubio

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

- Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don Jesús María González García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

- Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

- Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

- Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado de la Junta de Andalucía, Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

- Don Carlos Ortega Carballo

Letrado del Tribunal de Cuentas.

- Don Fernando Pastor López

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid.

- Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18 de Madrid.

- Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Santiago Ripol Carulla

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

- Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Murcia.

- Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

- Doña Silvia del Saz Cordero

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

- Don Francisco José Sospedra Navas

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

- Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

- Doña Marta Timón Herrero

Letrada del Ayuntamiento de Barcelona.

- Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don José Manuel Pascual García, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas.

Intervención

El Interventor del Tribunal es don Ramón Padilla Puig.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. La composición de las Salas y Secciones que forman el Tribunal Constitucional, establecida por Acuerdo de su Pleno de 26 de junio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), fue modificada para adaptarse a los cambios de Magistrados experimentados durante el año, en los términos reseñados en el capítulo I. El Acuerdo de 20 de marzo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 69, de 21 de marzo, cve: BOE-A-2014-3007), fue dictado tras la incorporación como Magistrado del Tribunal Constitucional de don Ricardo Enríquez Sancho (nombrado por Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» del día 18). El Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 170, de 14 de julio, cve: BOE-A-2014-7413), fue aprobado como consecuencia del nombramiento como Magistrado del Tribunal Constitucional de don Antonio Narváez Rodríguez (por Real Decreto 589/2014, de 8 de julio, «Boletín Oficial del Estado» del día 9).

II. Por Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, se modificó parcialmente el Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional (BOE núm. 170, de 14 de julio, cve: BOE-A-2014-7407). La nueva disposición varía el régimen de nombramiento del Secretario General del Tribunal, así como la de los jefes de sus Servicios. Igualmente crea un nuevo Servicio de Estudios, que da lugar a los consiguientes reacomodos en los Servicios preexistentes de la Secretaría General del Tribunal.

III. Por Acuerdo de 27 de mayo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, se modificó parcialmente el Acuerdo de 19 de diciembre de 2002, que regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional (BOE núm. 130, de 29 de mayo, cve: BOE-A-2014-5589). La nueva norma extiende al personal que cubre puestos de carácter eventual el régimen ya existente para los funcionarios adscritos al servicio del Tribunal, salvo los de carácter temporal, en materia de adecuación de antigüedad: de forma que el tiempo de prestación de servicios en el Tribunal Constitucional es retribuido mediante el correspondiente complemento retributivo de adecuación de antigüedad, lo que permite tomar en consideración la procedencia de distintas Administraciones públicas del personal funcionario a su servicio.

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

D) Libertad personal (art. 17 CE)

E) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

F) Libertad de residencia (art. 19 CE)

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales.

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Juez imparcial

b) Derecho a la defensa y a ser informado de la acusación.

c) Derecho a un proceso con todas las garantías

d) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

e) Presunción de inocencia

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

L) Derecho a la educación (art. 27 CE)

M) Libertad sindical (art. 28 CE)

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2014 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, a las sentencias dictadas, al resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.878 asuntos jurisdiccionales; es decir, 305 asuntos más que en 2013. Se confirma así el cambio de tendencia iniciado en 2012, de modo que, tras un lustro de reducción constante del número de nuevos asuntos ingresados (desde 2006, cuando se alcanzó el máximo de 11.741 nuevos asuntos, hasta 2011, en que esa cifra se redujo a 7.192), en los tres últimos años se ha asistido a un crecimiento suave, pero sostenido: 7.294 en 2012, 7.573 en 2013 y 7.878 en 2014. Este ligero repunte de la demanda de justicia constitucional, que en su conjunto supuso un crecimiento del 4,02 por 100, tuvo reflejo en todos los procesos constitucionales. No sólo se promovieron más recursos de amparo que en 2013 (7.663 frente a 7.376; un incremento del 3,89 por 100), sino que también creció notablemente el número de nuevas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas (141 en 2014, frente a 106 en 2013, lo que representó un incremento del 33 por 100); por el contrario, se redujo el número de nuevos recursos de inconstitucionalidad (60 en 2014 y 76 en 2013) y de conflictos constitucionales (10 en 2014 —cinco conflictos positivos de competencia, tres conflictos negativos y dos conflictos en defensa de la autonomía local— frente a 14 en 2013). Como novedad es de destacar que el Gobierno de la Nación promovió cuatro impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas.

Se mantuvo la habitual preponderancia de los recursos de amparo: 7.663, lo que representó el 97,27 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 7.242, de los cuales 6.488 fueron interpuestos por personas físicas y otros 754 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos formularon 417 demandas de amparo y las cuatro restantes las promovió el Ministerio Fiscal haciendo uso de la legitimación que le reconoce el artículo 46.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Con respecto a su origen, se mantuvo el predominio habitual de los recursos de amparo promovidos en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal. De modo que si en 2013 los recursos procedentes de la jurisdicción penal fueron 3.272, el 44,36 por 100 del total de recursos de amparo de nuevo ingreso, en 2014 esta cifra se situó en 3.485, esto es, el 45,47 por 100 (porcentaje que se eleva al 50,46 por 100 si añadimos los 382 recursos procedentes de vigilancia penitenciaria).

En 2014 continuó el ligero descenso de amparos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 2.308 en 2013 y 2.221 en 2014. De modo que su participación en el total de nuevos recursos de amparo bajó del 31,29 por 100 en 2013 al 28,98 por 100. Esta disminución fue especialmente significativa en los recursos de amparo que traían causa de procesos en materia de extranjería (inmigración, visados y permisos de residencia y trabajo, expulsiones del territorio nacional, etc.): apenas 233 —el 3,04 por 100 del total de nuevos recursos de amparo—, acentuándose así la tendencia a la baja que ya se apreciara en años anteriores (en 2012 fueron 1.038 nuevas demandas de amparo en materia de extranjería, que se redujeron a solo 558 en 2013)

Los recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil ascendieron a 1.137 (991 en 2013), el 14,84 por 100; 352 procedieron de la jurisdicción social (293 en 2013), el 4,60 por 100 y 30 de la jurisdicción militar (40 en 2013) el 0,39 por 100. Fueron nueve los recursos de amparo frente a actos parlamentarios promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,11 por 100 del total.

Algo más de la cuarta parte de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (2.139, un 27,91 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias Provinciales (2.517, un 32,85 por 100), los Juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.300, el 16,96 por ciento) y los Tribunales Superiores de Justicia (1.191, el 15,54 por 100 de las demandas de amparo). Se promovieron cinco recursos de amparo frente a resoluciones del Tribunal Militar Central (0,06 por 100) y otras tres en relación con resoluciones de los Tribunales Militares Territoriales (0,03 por 100). La mayoría de los recursos de amparo tuvieron por objeto resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia o en grado de suplicación (3.189, el 41,61 por 100); seguidos por aquellos otros interpuestos frente a resoluciones dictadas en grado de casación o revisión, que alcanzaron la cifra de 2.149 (28,04 por 100). Por último, en 2.097 recursos de amparo se impugnaban resoluciones dictadas en primera o única instancia (27,36 por 100).

En 5.570 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 72,68 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.090 demandas de amparo (14,22 por 100 de los recursos de amparo). Los demás derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.676 demandas de amparo (21,87 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 5.593 demandas de amparo constitucional (72,99 por 100). De las garantías procesales del artículo 24.2 CE destacan, por la frecuencia de su invocación, los derechos a la presunción de inocencia, invocado en 1.109 demandas (14,47 por 100), a un proceso con todas las garantías, alegado en 608 ocasiones (7,93 por 100 de demandas) y a la prueba pertinente para la defensa, que se invocó en 252 recursos (3,29 por 100).

Se interpusieron 60 recursos de inconstitucionalidad, siendo sus promotores, mayoritariamente, los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, que impugnaron leyes y normas con rango de ley estatales en 35 ocasiones. A gran distancia se encuentra los 16 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno frente a normas autonómicas con rango de ley. Ocho recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por Diputados y Senadores: seis frente a leyes estatales y dos respecto de leyes autonómicas. El Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto de una norma estatal con rango de ley.

A lo largo del año se presentaron 141 cuestiones de inconstitucionalidad. Los Tribunales Superiores de Justicia plantearon la mayor parte de ellas: 87 (76 respecto de leyes estatales y 11 en relación con normas autonómicas con rango de ley); por los Juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales se plantearon 42 cuestiones (32 respecto de leyes estatales y 10 sobre normas autonómicas); la Audiencia Nacional promovió seis cuestiones (cinco respecto de leyes estatales y una en relación con una ley autonómica); el Tribunal Supremo planteó cinco (dos sobre leyes estatales y tres frente a leyes autonómicas) y, finalmente, las Audiencias Provinciales promovieron dos cuestiones respecto de leyes estatales.

Se presentaron cinco conflictos positivos de competencia; cuatro de ellos fueron promovidos por los gobiernos autonómicos frente a normas y resoluciones adoptadas por autoridades estatales; el Gobierno de la Nación planteó un conflicto. Se plantearon tres conflictos negativos de competencia, dos conflictos en defensa de la autonomía local y cuatro impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley o resoluciones de las Comunidades Autónomas.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 215 sentencias a lo largo del año. De ellas, el Pleno dictó 95: 80 en procesos de inconstitucionalidad y conflictos (50 en recursos de inconstitucionalidad, 16 en cuestiones de inconstitucionalidad, diez en conflictos positivos de competencia, tres en conflictos en defensa de la autonomía local y una que resolvió una impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el art. 161.2 de la Constitución) y 15 en procesos de amparo, cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno. Las Salas dictaron las 120 sentencias restantes: 48 la Sala Primera (41 en procesos de amparo, cuatro en cuestiones de inconstitucionalidad y tres en conflictos positivos de competencia) y 72 la Sala Segunda (53 en procesos de amparo, 11 en cuestiones de inconstitucionalidad y ocho en conflictos positivos de competencia).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye una síntesis del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones.

El Tribunal dictó un total de 305 autos. El Pleno dictó 82 de ellos, la Sala Primera 42 y la Sala Segunda 55; los 126 autos restantes fueron dictados por las Secciones: 29 por la Sección Primera, 24 por la Sección Segunda, 29 por la Sección Tercera y 44 por la Sección Cuarta.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el “Boletín Oficial del Estado” de cinco autos: El ATC 43/2014, de 12 de febrero, dictado por el Pleno, que inadmitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Social de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; a este Auto se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por tres Magistrados. El ATC 129/2014, de 5 de mayo, de la Sala Segunda, desestimó el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la inadmisión de un recurso de amparo promovido en relación con la aplicación de las causas de suspensión del lanzamiento de viviendas ocupadas en régimen de arrendamiento introducidas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; este Auto cuenta con un voto particular suscrito por dos Magistrados. El ATC 133/2014, de 6 de mayo, dictado por el Pleno, inadmitió —aplicando la doctrina del ATC 85/2013, de 23 de abril— una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. En el ATC 300/2014, de 15 de diciembre, la Sala Segunda inadmitió a trámite un recurso de amparo planteado respecto de la decisión adoptada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de no admitir un recurso de casación interpuesto frente a una resolución de la Audiencia Provincial adoptada por un solo Magistrado; conforme al razonamiento empleado por la citada Sala del Tribunal Supremo, la configuración legal del recurso de casación revela que se estableció para impugnar sentencias dictadas por órganos colegiados, por lo que no procede su admisión cuando se controvierten resoluciones dictadas por órganos unipersonales. Finalmente, el ATC 301/2014, de 16 de diciembre, dictado por el Pleno, inadmitió un cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca en relación con el artículo 148, párrafo primero in fine, del Código civil, en cuanto distingue entre el nacimiento de la obligación de alimentos entre parientes y su exigibilidad; este Auto cuenta con un voto particular discrepante.

Durante 2014 el Pleno inadmitió mediante auto 44 cuestiones de inconstitucionalidad, dos recursos de inconstitucionalidad, tres conflictos negativos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local. También por auto, el Pleno acordó la extinción de dos recursos de inconstitucionalidad y el desistimiento en dos recursos de inconstitucionalidad y otros dos conflictos positivos de competencia. Las Salas declararon extintas doce cuestiones de inconstitucionalidad.

Las Salas y Secciones dictaron 73 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo; la mayoría de estos recursos se hallaban pendientes de admisión, si bien en 20 casos el desistimiento se produjo en recursos de amparo ya admitidos a trámite; 11 de los autos correspondientes fueron dictados por la Sala Primera (AATC 14/2014 y 16/2014, de 27 de enero; 28/2014 a 31/2014, de 10 de febrero; 42/2014, de 12 de febrero; 45/2014, de 24 de febrero; 89/2014, de 27 de marzo; 105/2014, de 7 de abril, y 182/2014, de 7 de julio) y los otros nueve por la Sala Segunda (AATC 3/2014, de 13 de enero; 15/2014, 17/2014 a 20/2014 de 27 de enero; 82/2014, de 24 de marzo; 210/2014, de 8 de septiembre, y 224/2014, de 22 de septiembre). Debe hacerse notar que el desistimiento acordado en el ATC 210/2014 fue parcial, afectando únicamente a uno de los actores en el proceso.

El Tribunal dictó 12 autos resolviendo recursos de súplica, ocho de los cuales habían sido interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a providencias inadmitiendo a trámite los correspondientes recursos de amparo. Tres de estos recursos fueron estimados (AATC 108/2014, de 7 de abril; 239/2014, de 10 de octubre, y 299/2014, de 15 de diciembre), desestimándose otros cuatro (AATC 95/2014, de 7 de abril; 129/2014, de 5 de mayo; 181/2014, de 4 de julio; 293/2014, de 10 de diciembre, y 298/2014, de 15 de diciembre). El ATC 36/2014, de 10 de febrero, dictado por la Sección Tercera, acordó el desistimiento del Ministerio Fiscal. Debe reseñarse que el ATC 239/2014 no solo estimó el recurso de súplica y dejó sin efecto la providencia de inadmisión sino que acordó, en su parte dispositiva, la admisión a trámite del recurso de amparo concernido.

En relación con la suspensión de leyes autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, el Pleno dictó nueve autos. Acordó el levantamiento íntegro de la suspensión de la norma impugnada en los AATC 153/2014, de 27 de mayo; 178/2014, de 24 de junio, y 205/2014, de 22 de julio; levantó parcialmente la suspensión en el ATC 114/2014, de 8 de abril; otros tres autos mantuvieron la suspensión (AATC 69/2014, de 10 de marzo; 115/2014, de 8 de abril, y 265/2014, de 4 de noviembre). En el ATC 229/2014, de 23 de septiembre, el Pleno del Tribunal denegó la medida cautelar de suspensión de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local solicitada por el Parlamento de Cataluña; y en el ATC 267/2014, de 4 de noviembre, denegó la suspensión solicitada por más de 50 senadores en el recurso de inconstitucionalidad promovido frente a la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

En procesos de amparo se dictaron 17 autos relacionados con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC. En nueve de estos autos se otorgó la suspensión (AATC 21/2014, de 27 de enero; 37/2014, de 10 de febrero; 84/2014, de 24 de marzo; 90/2014, de 27 de marzo; 232/2014 y 233/2014, de 6 de octubre; 282/2014, de 17 de noviembre; 290/2014 y 291/2014, de 1 de diciembre); en otros siete se denegó (AATC 19/2014, de 27 de enero; 83/2014, de 24 de marzo; 175/2014, de 23 de junio; 185/2014, de 8 de julio; 198/2014, de 21 de julio; 225/2014, de 22 de septiembre, y 297/2014, de 15 de diciembre) y en el ATC 125/2014, de 5 de mayo, se reiteró la desestimación de la petición de la medida cautelar suspensiva que había sido denegada por el ATC 137/2013, de 3 de junio.

Se dictaron cuatro autos de aclaración o rectificación. La Sala Primera dictó dos autos denegando la aclaración de sentencias (AATC 48/2014, de 24 de febrero, en relación con la STC 11/2014, de 24 de febrero; y 217/2014, de 8 de septiembre, respecto de la STC 114/2014, de 7 de julio) y el Pleno hizo lo propio en el ATC 235/2014, de 7 de octubre, que negó la aclaración de la STC 155/2014, de 25 de septiembre. En el ATC 160/2014, de 9 de junio, la Sala Primera rectificó un error material padecido en la STC 66/2014, de 5 de mayo. La Sala Segunda resolvió dos incidentes de ejecución de sentencia (AATC 157/2014, de 28 de mayo, parcialmente estimatorio del incidente promovido en relación con la STC 31/2014; y 280/2014, de 17 de noviembre, desestimatorio del incidente planteado respecto de la STC 8/2014). Tres autos acordaron la acumulación de procesos constitucionales. En el ATC 201/2014, de 22 de julio, el Pleno acordó la acumulación de dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del patrimonio de Aragón; la Sala Primera acumuló sendos recursos de amparo en los AATC 149/2014 y 150/2014, de 22 de mayo.

Se dictaron 88 autos sobre abstención y recusación de algún magistrado del Tribunal y 12 declarando que no se había producido un funcionamiento anormal del Tribunal (AATC 64/2014 a 66/2014, de 10 de marzo; 126/2014 y 127/2014, de 5 de mayo; 151/2014, de 27 de mayo; 161/2014, de 9 de junio; 171/2014 a 173/2014, de 23 de junio; 209/2014, de 8 de septiembre, y 296/2014, de 15 de diciembre).

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2014 el Pleno admitió a trámite 135 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales y, como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto 44 cuestiones de inconstitucionalidad, tres conflictos negativos de competencia, dos recursos de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa de la autonomía local.

Por su parte, las Salas y Secciones admitieron a trámite 73 recursos de amparo, inadmitieron por auto otros tres —la Sala Primera inadmitió dos recursos de amparo electoral en los AATC 52/2014 y 53/2014, de 24 de febrero, y la Sala Segunda inadmitió un recurso de amparo en el ATC 300/2014, de 15 de diciembre— y dictaron 6.662 providencias de inadmisión. Como ya se ha indicado en su momento, tres de esas providencias fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal. De modo que del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (6.738, cifra que resulta de sumar a los tres autos de inadmisión y 6.662 providencias de inadmisión, las 73 providencias de admisión de recursos de amparo dictadas) solo el 1,08 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 98,92 por 100 supuso la inadmisión del recurso.

En cuanto a las causas de inadmisión por providencia de los recursos de amparo, la presente Memoria incorpora un nuevo cuadro estadístico en el que se ofrecen las cifras totales y los motivos de inadmisión de los recursos de amparo (cuadro núm. 15). Los datos muestran un predominio de la causa de inadmisión relativa a la inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado (2.094 recursos de amparo fueron inadmitidos por este motivo, lo que representa un 31,37 por 100 del total de inadmisiones), seguida a gran distancia de las atinentes a la falta o insuficiente justificación de la especial transcendencia constitucional de la demanda (1.331 casos, un 19,97 por 100; y 1.082, el 16,27 por 100, respectivamente) y la falta de agotamiento de todos los recursos en la vía judicial previa (931 casos, el 13,99 por 100). Porcentajes inferiores al 10 por 100 presentaron las inadmisiones por falta de subsanación de defectos procesales oportunamente advertidos al recurrente (572 providencias de inadmisión, un 8,62 por 100), extemporaneidad del recurso de amparo (375, un 5,61 por 100), falta de denuncia tempestiva de la vulneración del derecho fundamental invocado (37, un 0,55 por 100) o falta de especial trascendencia constitucional (17, un 0,25 por 100). A estas causas de inadmisión se añaden 125 providencias en las que se mencionan diversos motivos (un 1,9 por 100) y otras 98 en las que se indican otros motivos (1,47 por 100).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2014 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 215 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales; admitió a trámite 135, inadmitió 45 —todos ellos por auto— y no dio por finalizado ningún asunto en fase de admisión. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión 55 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. Mediante auto declaró extinguidos 7 procesos constitucionales. Avocó para su conocimiento ocho recursos de amparo y defirió a las Salas el conocimiento de 65 asuntos: 24 a la Sala Primera y 41 a la Sala Primera. El Pleno dictó 95 sentencias, que resolvieron 100 asuntos, pues cinco habían sido previamente acumulados. Al haber resuelto —por sentencia o por auto de terminación— 107 procesos, el Pleno finalizó el año con 29 asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos pendientes suman un total de 256, acumulados en 252 procesos.

Con respecto a las Salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.843 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.266 (dos de ellos por auto); además, dio por terminados —por desistimiento u otras causas— 55 recursos que se hallaban pendientes de admisión (11 por providencia y 44 por auto). Por consiguiente, al finalizar el año había 502 recursos más en trámite de admisión ante la Sala. Teniendo en cuenta los asuntos recibidos otros años, se hallaban en esta situación 2.403 recursos de amparo (en esta cifra se incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex arts. 49.4 y 50.4 LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex art. 88 LOTC).

En la Sala Segunda ingresaron 3.820 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.396 (uno de ellos mediante auto) y dio por terminados 46 recursos pendientes de admisión (mediante ocho providencias y 38 autos). Al finalizar el año, la Sala se hallaba tramitando 325 asuntos más que el año anterior, lo que significa que el número total de recursos pendientes de admisión ascendía a 2.060.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, las Salas dictaron 26 sentencias en asuntos atribuidos por el Pleno y 94 en recursos de amparo, que resolvieron 96 asuntos, al haber dos acumulados. La Sala Primera resolvió mediante sentencia cuatro cuestiones de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencia. Por su parte, la Sala Segunda resolvió mediante sentencia un recurso de inconstitucionalidad, once cuestiones y siete conflictos positivos de competencia.

A lo largo del año las Salas recibieron 65 procesos atribuidos por el Pleno en virtud del art. 10 LOTC: 24 la Sala Primera y 41 la Sala Segunda. De modo que la Sala Primera acabó 2014 con 36 asuntos atribuidos por el Pleno (35 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia) y ante la Sala Segunda pendían 48 asuntos cuyo conocimiento le había sido atribuido por el Pleno (46 cuestiones de inconstitucionalidad y dos conflictos positivos de competencia).

Se dictaron 109 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó 15 de ellas. Al finalizar el año tenía pendientes 10 recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente.

La Sala Primera dictó 41 sentencias en procesos de amparo, resolutoria de 43 demandas pues las SSTC 7/2014, de 27 de enero, y 113/2014, de 7 de julio, se pronunciaron sobre cuatro recursos de amparo previamente acumulados. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 20 asuntos nuevos, acumuló dos recursos y acordó el desistimiento en otros 11 recursos previamente admitidos. Al finalizar el año se hallaban, por tanto, pendientes de sentencia de la Sala Primera un total de 36 recursos de amparo, no habiendo ninguno pendiente ante sus Secciones.

La Sala Segunda dictó 53 sentencias en procesos de amparo, cifra coincidente con el número de nuevas demandas de amparo admitidas por la Sala y sus Secciones, que acordó el desistimiento en ocho recursos de amparo previamente admitidos y la extinción de otro. Al concluir el año la Sala Segunda tenía pendientes de Sentencia 70 recursos de amparo. No había ninguno pendiente de resolución definitiva ante las Secciones.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2014 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 252 procesos que comprendían 256 asuntos, cuatro de ellos previamente acumulados. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 183 recursos de inconstitucionalidad (187 con los acumulados), 27 cuestiones de inconstitucionalidad, 10 recursos de amparo avocados, 23 conflictos positivos de competencia, cinco conflictos en defensa de la autonomía local y cuatro impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas. Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir 81 cuestiones de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencia deferidos por el Pleno a las Salas y que penden ante ellas (35 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia en la Sala Primera y 46 cuestiones y dos conflictos en la Segunda).

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad cinco recursos de inconstitucionalidad y 50 cuestiones.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 116. A los 10 recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben sumarse los 36 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera y los 70 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 4.463, de los cuales 2.403 correspondían a la Sala Primera y 2.060 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2014 el Tribunal dictó 50 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 31 en cuestiones de inconstitucionalidad, 21 en conflictos positivos de competencia, tres en conflictos en defensa de la autonomía local y una resolutoria de una impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el art. 161.2 CE. En estas 106 sentencias se resolvieron un total de 111 asuntos pues la STC 141/2014, de 11 de diciembre, se dictó en seis recursos de inconstitucionalidad previamente acumulados por el Tribunal haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 83 de su Ley Orgánica.

El Pleno dictó 91 de estas sentencias. De ellas, 50 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes disposiciones estatales y autonómicas en las siguientes materias: reforma estatutaria (STC 197/2014, de 4 de diciembre), impugnación de calificaciones registrales (STC 4/2014, 16 de enero), presupuestos y finanzas públicas (SSTC 5/2014, de 16 de enero; 33/2014, de 27 de febrero; 38/2014, de 11 de marzo; 56/2014, de 10 de abril; 76/2014, de 8 de mayo; 120/2014, de 17 de julio; 152/2014, de 25 de septiembre; 163/2014 y 164/2014, de 7 de octubre; 171/2014 y 172/2014, de 23 de octubre; 196/2014, de 4 de diciembre, y 207/2014, de 15 de diciembre), empleo y relaciones laborales (SSTC 22/2014, de 13 de febrero, y 119/2014, de 16 de julio), puertos (SSTC 38/2014, de 11 de marzo, y 174/2014, de 23 de octubre), función pública (SSTC 39/2014, de 11 de marzo; 111/2014, de 26 de junio, y 173/2014, de 23 de octubre), tributos (SSTC 71/2014, de 6 de mayo; 85/2014, de 29 de mayo, y 183/2014, de 6 de noviembre), telecomunicaciones (SSTC 72/2014, de 8 de mayo, y 142/2014, de 11 de septiembre), seguridad pública (STC 76/2014, de 29 de mayo), energía (SSTC 96/2014, de 12 de junio; 106/2014, de 24 de junio; 109/2014 y 110/2014, de 26 de junio; 134/2014, de 22 de julio), entidades de previsión social voluntaria (STC 97/2014, de 12 de junio), defensa de la competencia (STC 108/2014, de 26 de junio), patrimonio histórico (STC 122/2014, de 17 de julio), urbanismo (STC 141/2014, de 11 de septiembre), sanidad (STC 151/2014, de 25 de septiembre), régimen electoral (SSTC 153/2014 y 155/2014, de 25 de septiembre, y 214/2014, de 18 de diciembre), medio ambiente y espacios naturales protegidos (SSTC 154/2014, de 25 de septiembre; 161/2014 y 162/2014, de 7 de octubre; 182/2014, de 6 de noviembre, y 192/2014, de 20 de noviembre), acceso a las profesiones de abogado y procurador (STC 170/2014, de 23 de octubre), oficinas de farmacia (SSTC 181/2014, de 6 de noviembre, y 211/2014, de 18 de diciembre), cajas de ahorro (STC 209/2014, de 18 de diciembre), régimen local (STC 210/2014, de 18 de diciembre) y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (STC 215/2014, de 18 de diciembre). La Sala Segunda dictó una sentencia en relación con una norma autonómica sobre prospecciones energéticas (STC 208/2014, de 15 de diciembre).

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 16 sentencias dictadas por el Pleno —una de ellas resolutoria de una cuestión interna de inconstitucionalidad: la STC 92/2014, de 10 de junio— y 15 por las Salas. Las sentencias del Pleno tuvieron por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley en materia de presupuestos y finanzas públicas (SSTC 5/2014, de 16 de enero; 38/2014, de 11 de marzo; 56/2014, de 10 de abril, y 196/2014, de 4 de diciembre), Derecho civil (SSTC 18/2014, de 30 de enero, y 75/2014, de 8 de mayo), prestaciones de Seguridad Social (SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 92/2014, de 10 de junio, y 156/2014, de 25 de septiembre), jurisdicción contencioso-administrativa (STC 52/2014, de 10 de abril), tributos (STC 53/2014, de 10 de abril), telecomunicaciones (STC 73/2014, de 8 de mayo), productos farmacéuticos (STC 83/2014, de 29 de mayo), profesiones tituladas y colegios profesionales (STC 84/2014, de 29 de mayo), universidades (STC 87/2014, de 29 de mayo), urbanismo (STC 94/2014, de 12 de junio) y tipificación de faltas penales (STC 185/2014, de 6 de noviembre).

Las sentencias dictadas por las Salas en cuestiones de inconstitucionalidad versaron sobre normas estatales y autonómicas con rango de ley en materia de Seguridad Social (SSTC 44/2014, 45/2014 y 51/2014, de 7 de abril; 60/2014, de 5 de mayo), vivienda (SSTC 82/2014, de 28 de mayo, y 149/2014, de 22 de septiembre), Derecho civil (SSTC 125/2014 y 127/2014, de 21 de julio), colegios profesionales (STC 150/2014, de 22 de septiembre), presupuestos y finanzas públicas (SSTC 166/2014, de 22 de octubre, y 207/2014, de 15 de diciembre), policía autonómica (STC 189/2014, de 17 de noviembre) y tipificación de faltas penales (SSTC 203/2014, 205/2014 y 206/2014, de 15 de diciembre).

Asimismo, se dictaron 21 sentencias resolutorias de otros tantos conflictos positivos de competencia. De ellas, 10 fueron dictadas por el Pleno en conflictos planteados respecto de disposiciones generales y resoluciones estatales sobre educación y función pública docente (SSTC 2/2014, de 16 de enero; 17/2014, de 30 de enero; 24/2014 y 27/2014, de 13 de febrero; 107/2014, de 26 de junio), energía (SSTC 3/2014, de 16 de enero; 25/2014, de 13 de febrero, y 121/2014, de 17 de julio), productos agrarios (STC 75/2014, de 8 de mayo) y acceso a las profesiones de abogado y procurador (STC 193/2014, de 20 de noviembre). Por su parte, las Salas dictaron 11 sentencias resolutorias de otros tantos conflictos positivos de competencia planteados por las Comunidades Autónomas con respecto a actos y disposiciones estatales sobre productos agrícolas (STC 6/2014, de 27 de enero), organismos de acreditación (STC 20/2014, de 10 de febrero), integración de inmigrantes (STC 78/2014, de 28 de mayo), laboral y de Seguridad Social (SSTC 88/2014, de 9 de junio; 112/2014, de 7 de julio; 123/2014, de 21 de julio; 143/2104, de 22 de septiembre; 175/2014 y 176/2014, de 3 de noviembre, y 198/2014, de 15 de diciembre) y protección ambiental (STC 144/2014, de 22 de septiembre).

El Pleno resolvió asimismo tres conflictos en defensa de la autonomía local (SSTC 37/2014, de 11 de marzo; 95/2014, de 12 de junio, y 132/2014, de 22 de julio) y una impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el art. 161.2 CE (STC 42/2014, de 25 de marzo).

La práctica totalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal en este tipo de procesos resolvieron el fondo de los asuntos planteados, si bien en algunas de ellas se acordó la inadmisión parcial o se apreció la pérdida sobrevenida de objeto del proceso. No obstante, el Pleno inadmitió dos cuestiones de inconstitucionalidad por incorrecta formulación del juicio de relevancia (SSTC 18/2014, de 30 de enero, y 75/2014, de 8 de mayo), en tanto que la Sala Segunda inadmitió otras tres cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 125/2014, de 21 de julio; 149/2014, de 22 de septiembre, en la que se apreció asimismo la pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, y 203/2014, de 15 de diciembre).

En 35 de las 106 sentencias pronunciadas en este tipo de procesos constitucionales se formularon votos particulares. De esas 35 sentencias, 28 fueron dictadas por el Pleno del Tribunal, cuatro por la Sala Primera y tres por la Sala Segunda.

Durante 2014 el Pleno inadmitió mediante auto 44 cuestiones de inconstitucionalidad —ya fuera por no satisfacerse los requisitos procesales o por resultar notoriamente infundadas—, dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 237/2014 y 238/2014, de 9 de octubre), tres conflictos negativos de competencia (AATC 207/2014, de 22 de julio; 251/2104 y 252/2014, de 21 de octubre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 236/2014, de 7 de octubre). También por auto, el Pleno acordó la extinción de dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 163/2014, de 10 de junio, y 200/2014, de 22 de julio) y el desistimiento en dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 155/2014, de 27 de mayo, y 186/2014, de 15 de julio), y otros dos conflictos positivos de competencia (AATC 40/2014, de 11 de febrero, y 156/2014, de 27 de mayo). Las Salas apreciaron la extinción de doce cuestiones de inconstitucionalidad: diez de ellas se había promovido en relación con el art. 174.3 de la Ley general de la Seguridad Social, declarado inconstitucional y nulo por la STC 40/2014, de 11 de marzo (AATC 99/2014; 101/2014 a 107/2014 y 109/2014, de 7 de abril; 130/2014, de 5 de mayo), y las otras dos versaban sobre la Ley de las Cortes de Castilla y León de declaración del proyecto regional del complejo de ocio y aventura Meseta-Ski, anulada por la STC 162/2014, de 7 de octubre (AATC 253/2014 y 254/2014, de 22 de octubre).

En lo que hace a las medidas cautelares, el Pleno dictó tres autos acordando el levantamiento total de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 153/2014, de 27 de mayo; 178/2014, de 24 de junio, y 205/2014, de 22 de julio) y en el ATC 114/2014, de 8 de abril, levantó parcialmente la suspensión. En otros tres autos acordó el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión (AATC 69/2014, de 10 de marzo; 115/2014, de 8 de abril, y 265/2014, de 4 de noviembre). En el ATC 229/2014, de 23 de septiembre, el Pleno del Tribunal denegó la medida cautelar de suspensión de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local solicitada por el Parlamento de Cataluña en su calidad de promotor de un recurso de institucionalidad frente a dicha Ley del Estado; y en el ATC 267/2014, de 4 de noviembre, denegó la suspensión solicitada por más de 50 senadores en el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron frente a la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2014 el Tribunal dictó 39 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 26 normas estatales con rango de ley. El Pleno dictó 32 de estas sentencias (24 en recursos de inconstitucionalidad y ocho en cuestiones de inconstitucionalidad), tres la Sala Primera (SSTC 60/2014, de 5 de mayo; 205/2014 y 206/2014, de 15 de diciembre) y otras cuatro la Sala Segunda (SSTC 44/2014, 45/2014 y 51/2014, de 7 de abril, y 203/2014, de 15 de diciembre). Con excepción de la STC 203/2014, de 15 de diciembre, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal, en todas estas sentencias se enjuició el fondo del asunto planteado, por más que en ocasiones la resolución final apreciara la desaparición sobrevenida de parte del proceso constitucional. En 14 de estas sentencias se formuló algún voto particular.

En estas sentencias el Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 12 preceptos y estableció la interpretación conforme con la Constitución del párrafo segundo del artículo 623.1 del Código penal. Por lo común, las declaraciones de inconstitucionalidad tuvieron como corolario la anulación de los preceptos legales concernidos; en cinco sentencias (SSTC 33/2014, de 27 de febrero; 38/2014 y 40/2014, de 11 de marzo; 164/2014, de 7 de octubre, y 170/2014, de 30 de octubre), se modulan los efectos de la anulación decretada.

El Pleno dictó 26 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre las siguientes normas estatales con rango de ley: Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (AATC 4/2014, de 14 de enero, y 285/2014, de 18 de noviembre); Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (AATC 5/2014 a 8/2014, de 14 de enero; 43/2014, de 12 de febrero; 250/2014, de 21 de octubre); Ley Orgánica del Poder Judicial (ATC 23/2014, de 28 de enero); texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (AATC 41/2014, de 11 de febrero, y 55/2014 y 56/2014, de 25 de febrero); Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (ATC 70/2014 y 71/2014, de 10 de marzo; 152/2014, de 27 de mayo; 206/2014, de 11 de julio, y 221/2014, de 9 de septiembre); Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (AATC 111/2014 a 113/2014, de 8 de abril); Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en su aplicación al personal laboral del sector público (AATC 136/2014, de 8 de mayo; 164/2014, de 10 de junio, y 266/2014, de 4 de noviembre); Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013 (ATC 187/2014, de 15 de julio); Ley general de la Seguridad Social (ATC 203/2014, de 22 de julio) y Código civil (ATC 301/2014, de 16 de diciembre). Asimismo, inadmitió, también por auto, un conflicto en defensa de la autonomía local planteado en relación con diversos apartados del artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (ATC 236/2014, de 7 de octubre).

Dos sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal resolvieron sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a leyes orgánicas. La STC 197/2014, de 4 de diciembre, desestimó el recurso interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que redujo el número de diputados autonómicos desde la horquilla 47-59 existente con anterioridad a un mínimo de 25 y un máximo de 35. La STC 197/2014 declaró que la disminución de miembros de la Cámara legislativa no merma de suyo la autonomía política de que goza la Comunidad Autónoma ni contraviene el mandato constitucional de proporcionalidad, el principio de pluralismo político o el derecho de acceso a los cargos públicos representativos en condiciones de igualdad, por más que la reducción del número de representantes tiende a disminuir el grado de proporcionalidad en la adjudicación de escaños. A su vez, la STC 215/2014, de 18 de diciembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En particular, la Sentencia rechazó las alegaciones de infracción de la reserva de ley orgánica —y correlativa deslegalización de la materia comprendida en dicha reserva— contenida en el artículo 135 de la Constitución, así como también el reproche de vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas dirigido frente a varios de los mecanismos de control intergubernamental que contiene el articulado de la Ley Orgánica. Por otra parte, negó que representara una distorsión en el ejercicio presupuestario, y singularmente del instituto de la prórroga presupuestaria, la previsión conforme a la cual, en el caso de que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución, la impugnación de una Ley de presupuestos produzca la suspensión de su vigencia se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los presupuestos del ejercicio siguiente al impugnado, hasta la aprobación de una ley que derogue, modifique o sustituya las disposiciones impugnadas o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensión de la ley impugnada.

Otras dos sentencias versaron sobre los límites materiales de las leyes de presupuestos: SSTC 38/2014, de 11 de marzo, y 152/2014, de 25 de septiembre. En la primera de ellas, el Pleno del Tribunal declaró inconstitucional y nula la disposición adicional de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2009 que establecía la equivalencia de la formación militar con el sistema educativo universitario pues no se trata del contenido propio de una ley de presupuestos, como tampoco guarda conexión alguna con los criterios de política económica general ni incrementa la inteligibilidad de las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. La STC 152/2014 hizo lo propio, bien que modulando los efectos de la anulación acordada, con los preceptos de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2011 que llevaban a cabo una reordenación de la actividad del organismo Loterías y Apuestas del Estado y reformaban las leyes general de subvenciones y de la carrera militar, previsiones que no forman parte del contenido indisponible ni del contenido eventual de las leyes de presupuestos, tal y como ambas categorías han sido definidas en la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional.

Por lo que atañe a las leyes con contenido heterogéneo, la STC 120/2014, de 17 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La Sentencia señala que los argumentos esgrimidos frente a esta Ley coinciden sustancialmente con los examinados en las SSTC 136/2011, de 13 de septiembre; 176/2011, de 8 de noviembre, y 209/2012, de 14 de noviembre, cuya doctrina se reitera en la STC 120/2014.

En relación con las singularidades del procedimiento de aprobación de las leyes que modifiquen el régimen económico y fiscal canario, la STC 164/2014, de 7 de octubre, reiterando la doctrina de la STC 164/2013, de 26 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición adicional de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2013 relativa a las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en los archipiélagos canario y balear y en las ciudades de Ceuta y Melilla. La STC 164/2014 constató la inobservancia de la garantía procedimental del régimen económico y fiscal canario pues en la tramitación del precepto legal no se solicitó la emisión del correspondiente informe por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Al igual que sucediera en la STC 164/2013, en la Sentencia que ahora se reseña se defirieron los efectos de la anulación de la disposición adicional durante el plazo de un año, a fin de que el legislador tuviera la oportunidad de sustituirlo por otra disposición del mismo rango, aprobada observando los requisitos establecidos para su tramitación en el bloque de constitucionalidad.

En relación con la figura del decreto-ley se dictaron cinco sentencias:

La STC 83/2014, de 29 de mayo, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 3.1 del Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico y de racionalización del uso de los medicamentos, que, para la determinación de los márgenes de las oficinas de farmacia por el suministro de especialidades farmacéuticas al Sistema Nacional de Salud, prevé una escala de deducciones aplicable sobre la facturación mensual de cada oficina. De acuerdo con lo declarado en la Sentencia, el recurso al decreto-ley se justifica en este caso por el incremento incesante del gasto farmacéutico y la necesidad de adoptar medidas urgentes que faciliten su reducción; también se aprecia la satisfacción del requisito relativo a la necesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas para combatirla pues al reducir los márgenes que los farmacéuticos aplican sobre los precios de los medicamentos se busca el ahorro.

Las SSTC 96/2014, de 12 de junio, y 109/2014, de 26 de junio, resolvieron sendos recursos de inconstitucionalidad sobre la misma disposición general: el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. En ambas sentencias se reputan suficientes, a los efectos de apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante, las razones aducidas por el Gobierno para aprobar la norma de urgencia: la situación de crisis económica en 2010, que repercutió en una caída imprevista de la demanda de energía eléctrica lo que, junto al incremento general de costes, provocó un aumento imprevisto del déficit tarifario y, además, la existencia de un régimen retributivo especial, que no se fijó mediante el precio de mercado, sino que tiene como finalidad garantizar una rentabilidad suficiente, que tuvo también una cierta incidencia en el déficit tarifario.

La STC 142/2014, de 11 de septiembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Madrid frente a los preceptos del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones relativos a la oficina de defensa del consumidor en la Comisión Nacional de Energía. En este caso, la liberalización de los mercados energéticos proporciona el marco de la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que se trata de hacer frente con la aprobación del Real Decreto-ley controvertido, cumpliéndose además la exigencia de la necesaria conexión de sentido porque la medida es idónea para tratar de evitar la falta de información a los consumidores en el tránsito hacia un régimen liberalizado en los mercados energéticos.

Por último, la STC 183/2014, de 6 de noviembre, estimó satisfecha la exigencia de presupuesto habilitante para la aprobación de los Reales Decretos-leyes 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social, y 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

En materia de empleo y relaciones laborales se dictaron dos sentencias. La STC 22/2014, de 13 de febrero de 2014, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo. Enjuiciados desde la estricta perspectiva competencial, la Sentencia —que cuenta con un voto particular discrepante— no aprecia inconstitucionalidad en las disposiciones legales relativas a la planificación y ejecución de la política de empleo, las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal y la centralización de los programas supraautonómicos. Por su parte, la STC 119/2014, de 16 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra frente a los preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que contienen la regulación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, y la atribución a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos equivalentes autonómicos de la potestad para acordar la inaplicación de lo pactado en los convenios colectivos. Comoquiera que la Cámara foral había planteado un recurso en el que se denunciaban vulneraciones sustantivas de la Constitución, la STC 119/2014 enjuició los preceptos controvertidos de la Ley desde la perspectiva de los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva, libertad sindical, al trabajo y a la negociación colectiva. La Sentencia cuenta con un voto particular suscrito por tres Magistrados.

Por lo que atañe a las prestaciones de Seguridad Social, en la STC 40/2014, de 11 de marzo, el Pleno del Tribunal estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con el párrafo quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, que, para entender acreditada la existencia de una pareja de hecho a efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad, remitía a los requisitos establecidos, en su caso, en la legislación específica de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio. La Sentencia estimó la cuestión y declaró la inconstitucionalidad y nulidad pro futuro del precepto al vulnerar el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado en materia de Seguridad Social; en particular, la STC 40/2014 concluye que esta previsión legal introduce un trato distinto entre las parejas en función de su lugar de residencia que carece de justificación objetiva y razonable. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados. El pronunciamiento de la STC 40/2014 conllevó la pérdida parcial de objeto de las cuestiones de inconstitucionalidad resueltas por las SSTC 44/2014, 45/2014 y 51/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo. En estas sentencias se desestimaron las dudas de constitucionalidad planteadas respecto del párrafo cuarto de ese mismo artículo 174.3 de la Ley general de Seguridad Social, en cuanto introduce como requisitos que los integrantes de la pareja no tuvieran vínculo matrimonial con otra persona (STC 44/2014, dictada por la Sala Segunda) y la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público (SSTC 45/2014 y 51/2014, de la Sala Segunda, y 60/2014, de la Sala Primera).

La STC 92/2014, de 10 de junio, resolvió una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno del propio Tribunal en relación con el artículo 174.1 de la Ley general de la Seguridad Social, que únicamente reconocía el derecho a pensión de viudedad al “cónyuge” supérstite, lo que impedía a los miembros de parejas de hecho homosexuales acceder a esta prestación. La Sentencia descarta que esta regla sea contraria a la Constitución, por discriminación, y concluye que su contenido se sitúa sin violencia en el margen de apreciación y configuración del régimen de prestaciones económicas de la Seguridad Social de que goza el legislador, al que corresponde decidir, al hilo de los cambios sociales, cuál es el momento en que procede extender la pensión de viudedad a supuestos distintos de la unión matrimonial y con qué alcance. La STC 92/2014 cuenta con un voto particular discrepante suscrito por cuatro Magistrados.

Finalmente, la STC 156/2014, de 25 de septiembre, desestima una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con la disposición adicional de la Ley general de la Seguridad Social que establece el método de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente de los trabajadores a tiempo parcial. En particular, se discute la constitucionalidad del precepto en cuanto remite, respecto las lagunas de cotización a lo previsto en otros preceptos de la Ley y que establece como criterio para colmar esas lagunas la vinculación con el período de cotización inmediatamente anterior, de donde puede resultar una situación dispar —atentatoria contra el principio de igualdad, en opinión del órgano judicial promotor de la cuestión— según el contrato anterior sea o no a jornada completa. La STC 156/2014 señala que el tratamiento desigual entre unos trabajadores y otros no tiene su origen en la norma cuestionada sino en la regulación que determina la base de cotización a la Seguridad Social en uno y otro caso. Además, las diferencias existentes no afectan al principio contributivo ni al de proporcionalidad, que informan el sistema español de Seguridad Social. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

La STC 52/2014, de 10 de abril, resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que establece un plazo de seis meses para la interposición de recurso contencioso-administrativo para los supuestos de denegación presunta por silencio. La Sentencia, que declara que esta previsión legal no es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, recuerda que, conforme a la doctrina acuñada por el Tribunal Constitucional, el silencio administrativo negativo es una mera ficción legal —no un acto presunto— que tiene por finalidad facilitar el acceso de los ciudadanos a la vía judicial, de modo que sigue pesando sobre la Administración la obligación de dictar una resolución expresa y a la impugnación de las desestimaciones por silencio administrativo no les es aplicable la regla procesal controvertida pues no está sujeta al plazo de seis meses fijado por la norma legal cuestionada. A la STC 52/2014 se formuló un voto particular discrepante.

En la STC 72/2014, de 8 de mayo, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con los preceptos de la Ley general de telecomunicaciones del año 2003 que imponían obligaciones de servicio público a los operadores de telecomunicaciones —una previsión que, conforme señala la Sentencia, tiene por objeto la ordenación normativa y el aseguramiento de la efectividad de las comunicaciones en situaciones excepcionales—, se atribuye a la Administración general del Estado el ejercicio de diversas funciones ejecutivas y, en especial, se le faculta para asumir la gestión directa de servicios o redes de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario en aras de la seguridad pública y la defensa nacional —atribuciones que no rebasan el ámbito competencial estatal ni desapoderan a las Comunidades Autónomas— y se establece un régimen específico de resolución de controversias entre operadores y consumidores o usuarios finales —mecanismo adicional de resolución de conflictos que no impide la creación de otros sistemas por las instancias autonómicas. La Sentencia cuenta con un voto particular parcialmente discrepante. Por su parte, la STC 73/2014, de 8 de mayo, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por una Sala de lo Contencioso-Administrativo en relación con los artículos de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de telecomunicaciones por cable, en los que se declaraba servicio público la televisión por cable y se establecía un concesionario único para su prestación. Amén de señalar que esta regulación entra dentro de la libertad de configuración del legislador, la Sentencia hace hincapié en su carácter transitorio y que se completaba con el diseño de un procedimiento de selección del concesionario regido por los principios de igualdad de oportunidades y de proporcionalidad. La STC 73/2014 cuenta con un voto particular parcialmente discrepante.

Con respecto al sistema de financiación autonómica, la STC 76/2014, de 8 de mayo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia respecto de los artículos de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2011 relativos a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global y a la liquidación definitiva del sistema de financiación en el ejercicio de 2011. El Ejecutivo recurrente denunciaba la discrepancia existente entre lo dispuesto en estos dos preceptos y lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. Esta denuncia fue rechazada porque la Ley 22/2009 no forma parte del bloque de constitucionalidad, de modo que no puede atribuirse relevancia constitucional a la simple divergencia entre la norma presupuestaria y la Ley de financiación autonómica; aquella puede modificar expresamente el sistema de financiación establecido por esta, pero no puede desconocerla tácitamente desatendiendo sus mandatos, pues ello vulneraría la seguridad jurídica. La doctrina de esta Sentencia fue aplicada en las SSTC 163/2014, de 4 de octubre, y 172/2014, de 23 de octubre. A su vez, la STC 184/2014, de 6 de noviembre, reiterando en lo que procede la doctrina de la STC 101/2013, de 23 de abril, desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias frente a los preceptos de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2013 relativos a los fondos de compensación interterritorial y a la inversión del Estado en aquella Comunidad Autónoma.

La STC 108/2014, de 26 de junio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias frente a dos preceptos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, que reservaban al Estado el ejercicio de funciones ejecutivas en el control de las concentraciones económicas. La Sentencia señaló que no es aplicable al caso la doctrina de la STC 208/1999, de 11 de noviembre, pues esta resolución versó sobre la distribución competencial en materia de prácticas restrictivas de la competencia y sus conclusiones no pueden trasladarse, sin más, al control de las concentraciones económicas. La STC 108/2014 estimó constitucionalmente justificada la reserva de funciones ejecutivas de control a la Comisión Nacional de la Competencia, en la medida en que las concentraciones de empresas que alcanzan los umbrales establecidos en la legislación estatal —por ello sometidas al régimen de notificación y autorización previa— entrañan un riesgo para la libre competencia en el conjunto del mercado único nacional y la Administración estatal ostenta la condición de “autoridad mejor situada” para la ejecución de las medidas de control controvertidas.

La STC 141/2014, de 11 de septiembre, resolvió seis recursos de inconstitucionalidad frente a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y su texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. La Sentencia, que examina la nueva normativa urbanística desde la perspectiva que proporciona la doctrina sentada en las SSTC 61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001, de 11 de julio, únicamente declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso sobre valoración de bienes que permite corregir al alza el valor obtenido —para el suelo rural— por la capitalización real o potencial de la renta en función de factores objetivos de localización del terreno, pero establece un límite cuantitativo a esa corrección al incorporar como tope máximo absoluto el “máximo del doble”, tope que no encuentra justificación y que puede resultar inadecuado para obtener una valoración del bien ajustada a su valor real, lo que significa que puede impedir una determinación de la indemnización acorde con la idea del “proporcional equilibrio”; a la luz de todo ello, la STC 141/2014 concluyó que esta limitación es contraria a la garantía de indemnidad en el ejercicio de la potestad pública de expropiación forzosa (artículo 33.3 de la Constitución). La Sentencia cuenta con dos votos particulares, uno de ellos suscrito por tres Magistrados.

La STC 153/2014, de 25 de septiembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias frente a la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, de reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral general. Esta reforma excluyó del derecho de sufragio en las elecciones locales a los españoles que no se hallen inscritos en el censo de residentes en España, exclusión que la STC 153/2014 no consideró contraria a las normas integrantes del bloque de constitucionalidad aplicables al caso, entre las que, en particular, no figura el artículo 68.5 de la Constitución, habida cuenta de que las disposiciones relativas a las elecciones a las Cámaras integrantes de las Cortes Generales no pueden extenderse, sin previsión expresa, a otro tipo de procesos electorales.

La STC 161/2014, de 7 de octubre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de los preceptos de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de determinadas funciones ejecutivas (elaboración de mapas de ruido y planes de acción, delimitación de servidumbres acústicas y zonificación), habilitando expresamente al Gobierno de la Nación para el desarrollo reglamentario básico de algunas de las disposiciones nucleares de la Ley. En cuanto a esta remisión a la potestad reglamentaria, la Sentencia concluye que encuentra justificación en el carácter eminentemente técnico de las medidas concernidas: determinación de los criterios técnicos para calcular el ruido, de los valores límite de emisión e inmisión de los diferentes emisores acústicos, de los métodos de evaluación para la determinación de los valores límite, desarrollo de la regulación de los mapas del ruido, y la posible aportación de información sobre los índices de emisión en el caso de la instalación o comercialización de determinados emisores acústicos. Igualmente, la STC 161/2014 rechazó la impugnación de la atribución al Estado de la totalidad de competencias ejecutivas para la lucha contra la contaminación acústica padecida en infraestructuras de su titularidad, infraestructuras que, por sus propias características, no pueden ser objeto de una declaración de zonas tranquilas en aglomeraciones y en campo abierto; por ello, la declaración de zonas tranquilas es una competencia ejecutiva autonómica que, rectamente entendida, no puede referirse a sectores de territorio afectos a infraestructuras estatales, existentes o proyectadas. La Sentencia cuenta con un voto particular parcialmente discrepante suscrito por dos Magistrados.

La STC 170/2014, de 23 de octubre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. La Sentencia estimó parcialmente el recurso y declaró la inconstitucionalidad del precepto que atribuía a la Administración general del Estado la potestad de expedir los títulos profesionales regulados en la Ley al desconocer —respecto de un acto meramente formal y reglado que culmina el proceso de capacitación y evaluación de la aptitud profesional— las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, habida cuenta de que no todas las Comunidades Autónomas ostentan esta competencia ejecutiva, la STC 170/2014 moduló los efectos de la estimación del recurso en este concreto extremo, declarando que ello no supone la invalidez o inaplicación del precepto legal en aquellas Comunidades Autónomas que carezcan de este título competencial. La Sentencia, que cuenta con un voto particular suscrito por cinco Magistrados, desestimó el recurso en lo demás (reserva de funciones ejecutivas a la Administración general del Estado y supuesta vulneración de la autonomía universitaria en la regulación de unos títulos no académicos sino estrictamente profesionales).

La STC 174/2014, de 23 de octubre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias frente a la calificación, recogida en el anexo I del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, de los puertos de Guía de Isora y Los Cristianos como puertos de interés general. La Sentencia constató la pérdida sobrevenida de objeto del recurso respecto del puerto de Guía de Isora, que, mediante una corrección de errores, fue excluido de la relación de puertos de interés general, y desestimó el recurso en cuanto al puerto de Los Cristianos pues, conforme a la doctrina de la STC 40/1988, de 19 de febrero, su declaración como puerto de interés general se justifica por su ubicación geográfica y porque desempeña una importante función en el tráfico con otros territorios insulares.

En la STC 185/2014, de 6 de noviembre, el Pleno del Tribunal resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 623.1 del Código penal, que al tipificar la falta reiterada de hurto, dispone que “para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. La Sentencia llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución —en particular, los derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia y el principio de seguridad jurídica—, en virtud de la cual, para apreciar la reiteración, las faltas de hurto han de haber sido objeto de condena firme en otro proceso penal, o ser enjuiciadas y objeto de condena en el proceso en el que se plantee la aplicación del precepto legal cuestionado. La doctrina de la STC 185/2014 fue aplicada por la Sala Primera en las SSTC 205/2014 y 206/2014, de 15 de diciembre, que resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el mismo órgano judicial en relación con el mismo precepto del Código penal; por su parte, la Sala Segunda inadmitió, en la STC 203/2014, de 15 de diciembre, otra cuestión de inconstitucionalidad idéntica en su promotor y objeto pero en la que se apreció la falta de los requisitos procesales.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2014 se pronunciaron un total de 46 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas: 38 de ellas fueron dictadas por el Pleno (26 en recursos de inconstitucionalidad, nueve en cuestiones de inconstitucionalidad y las tres restantes en conflictos en defensa de la autonomía local), una por la Sala Primera (SSTC 60/2014, de 5 de mayo, dictada en cuestión de inconstitucionalidad) y diez por la Sala Segunda (SSTC 82/2014, de 28 de mayo; 125/2014 y 127/2014, de 21 de julio; 149/2014, de 22 de septiembre; 166/2014, de 22 de octubre, y 189/2014, de 17 de noviembre, recaídas todas ellas en cuestiones de inconstitucionalidad, y 208/2014, de 15 de diciembre, dictada en recurso de inconstitucionalidad). Si bien la mayoría de estas sentencias se pronunciaron sobre el fondo de las controversias suscitadas, debe señalarse que en dos ocasiones se apreció la pérdida sobrevenida parcial de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad en la medida en que versaba sobre un precepto legal autonómico ya anulado por una sentencia anterior (STC 60/2014, respecto de la STC 40/2014; y STC 149/2014, respecto de la STC 82/2014); además, tanto en la ya citada STC 149/2014, como en la STC 214/2014, de 18 de diciembre, se acordó la inadmisión —parcial en el primer caso, total en el segundo— de las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad por inadecuada realización del trámite de audiencia a las partes del proceso judicial y al Ministerio Fiscal; finalmente, las SSTC 75/2014, de 8 de mayo, 125/2014 y 127/2014 acordaron la inadmisión de tres cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas todas ellas respecto de la disposición transitoria tercera de la Ley de Derecho civil de Galicia, por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia. En 11 de las sentencias dictadas en procesos relativos a normas autonómicas con rango de ley se formularon votos particulares.

En estas sentencias el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de cinco leyes autonómicas en su integridad (cuatro de estas declaraciones lo fueron por sentencia del Pleno —SSTC 106/2014, 110/2014 y 111/2014, de 24 de junio; 134/2014, de 22 de julio— y la restante por la STC 208/2014, de 15 de diciembre, de la Sala Segunda), la inconstitucionalidad total o parcial de 44 preceptos legales autonómicos y estableció la interpretación conforme de otros siete.

El Pleno inadmitió por auto 14 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 57/2014, de 25 de febrero; 69/2014, de 10 de marzo; 116/2014, de 8 de abril; 133/2014, de 6 de mayo; 154/2014, de 27 de mayo; 188/2014 a 195/2014, de 15 de julio; 206/2014, de 22 de julio; y 230/2014, de 23 de septiembre). También por auto, el Pleno acordó la extinción de un recurso de inconstitucionalidad (ATC 163/2014, de 10 de junio) y la Sala declaró la extinción de dos cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 253/2014 y 254/2014, de 23 de octubre).

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, y como ya se ha reseñado anteriormente, el Pleno acordó en tres casos el levantamiento total de la suspensión (AATC 153/2014, de 27 de mayo; 178/2014, de 24 de junio, y 205/2014, de 22 de julio), en uno el levantamiento parcial (ATC 114/2014, de 8 de abril) y en otros tres mantuvo la suspensión (AATC 69/2014, de 10 de marzo; 115/2014, de 8 de abril, y 265/2014, de 4 de noviembre). En el ATC 267/2014, de 4 de noviembre, denegó la suspensión solicitada por más de 50 senadores en el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron frente a la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

La reseña de las sentencias dictadas durante 2014 resolutorias, en cuanto al fondo, de procesos constitucionales que tenían por objeto normas con fuerza de ley dictadas por las Comunidades Autónomas se inicia con la de aquellas que recayeron en impugnaciones que no se referían estrictamente a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Posteriormente se dará cuenta de las sentencias pronunciadas en controversias de carácter competencial.

La STC 36/2014, de 27 de febrero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobada en la sesión plenaria celebrada por la Cámara los días 20 y 21 de diciembre de 2012. Esta sentencia declaró que la modificación del régimen de retribuciones de los parlamentarios autonómicos, sustituyendo su derecho a optar por un régimen de dedicación exclusiva, con la consiguiente percepción de un sueldo, por un sistema de dietas e indemnizaciones, con su consiguiente correlato en materia de prestaciones de Seguridad Social, no afectó al núcleo de la función representativa.

La STC 87/2014, de 29 de mayo, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el precepto de la Ley del Parlamento Vasco 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco, que establece que la designación de miembros de las comisiones de selección en los procesos de contratación de personal docente e investigador ha de hacerse mediante sorteo público, sobre una lista que contenga al menos tres candidatos por cada uno de los puestos a cubrir. La Sentencia reitera la doctrina sentada en la STC 26/1987, de 27 de febrero, y concluye que la norma legal controvertida no vulnera la autonomía universitaria sino que atiende a las exigencias del servicio público universitario y asegura la intervención de las universidades en la selección de sus docentes e investigadores, permitiendo con ello una gestión adecuada de sus intereses en la materia. La STC 87/2014 cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

Sobre función pública se dictaron dos sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto sendas leyes forales. La STC 111/2014, de 26 de junio, declaró la nulidad de la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones públicas de Navarra, toda vez que, por lo que se refiere a las condiciones de acceso a la función pública foral, la Ley efectuaba una remisión en blanco a las normas reglamentarias, lo que representa una deslegalización contraria a la reserva de ley que en esta materia se contiene en los arts. 23.2, 53.1 y 103.3 CE. Asimismo, la Sentencia declaró inconstitucional el proceso de integración automática del personal laboral fijo de las Administraciones locales de Navarra al excluir a terceras personas que no tengan este vínculo contractual con los entes locales. De acuerdo con las conclusiones alcanzadas en la STC 111/2014, esta modalidad de acceso vulnera tanto el derecho de acceso a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, como la Ley del estatuto básico del empleado público, norma básica que proscribe la integración automática y exige en todo caso la superación de un proceso selectivo, incluso en los supuestos excepcionales y transitorios previstos para el acceso del personal laboral fijo. La STC 173/2014, de 23 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones públicas de Navarra, reguladoras de diversos aspectos del régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra. La Sentencia precisó que la cláusula subrogatoria en materia de Administración de Justicia que figura en la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra no otorga a la Comunidad Foral competencia legislativa en este ámbito, sino competencia normativa en el sentido de potestades reglamentarias, tampoco aceptó la pretensión de incardinar esta competencia dentro de la foralidad histórica pues las instituciones judiciales navarras (el Consejo Real y la Corte Mayor) desaparecieron antes del nacimiento del régimen foral. La constatación de la carencia de competencia legislativa en esta materia condujo en la STC 173/2014 a la estimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno.

La STC 155/2014, de 25 de septiembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la reforma de la Ley electoral de Andalucía llevada a cabo por la Ley 9/2011, de 5 de diciembre. Esta reforma introdujo la incompatibilidad de la condición de parlamentario autonómico con los cargos de alcalde, presidente de diputación provincial y de mancomunidad de municipios. La Sentencia negó que esta disposición legal privase del derecho de sufragio pasivo a los cargos locales afectados pues las causas de incompatibilidad, a diferencia de lo que sucede con las de inelegibilidad, no pertenecen al Derecho electoral sino al Derecho parlamentario. La STC 155/2014 tampoco apreció infracción del derecho a la igualdad, en particular porque la parte actora no aportó ningún término de comparación adecuado que permitiera realizar el juicio de igualdad. Finalmente, rechazó que la reforma legal mereciera el calificativo de arbitraria pues en su origen se encuentra una serie de acuerdos y resoluciones parlamentarias que buscaban reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, en particular garantizando la plena dedicación de los representantes a sus funciones parlamentarias.

Al comenzar la exposición de las sentencias que resolvieron controversias competenciales que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas interesa señalar que la STC 196/2014, de 4 de diciembre, estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con un precepto de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2011 que, rebasando los límites establecidos por la legislación básica estatal, introducía una reducción de los salarios a percibir por los empleados de los entes del sector público autonómico con presupuesto estimativo. Si bien la constitucionalidad del precepto legal autonómico había sido cuestionada por su posible colisión con el mandato de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, la Sentencia, actuando al amparo de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, enjuició la cuestión en clave competencial y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto por extralimitación competencial de acuerdo con la doctrina sentada en la STC 219/2013, de 20 de mayo. Esta misma doctrina ya había sido aplicada por la STC 5/2014, de 16 de enero, que anuló un precepto de la Ley de presupuestos generales de Cantabria para 2010 de contenido sustancialmente idéntico al examinado en la STC 196/2014, y fue posteriormente reiterada en la STC 207/2014, de 15 de diciembre. La STC 196/2014 cuenta con un voto particular concurrente suscrito por tres Magistrados.

La STC 4/2014, de 16 de enero, dictada por el Pleno, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que deban inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que atribuía a la Administración autonómica la competencia para resolver los recursos gubernativos en los que se aduzca, entre otros motivos, infracción de las normas de Derecho catalán. Por el contrario, la STC 4/2014 desestimó el recurso en relación con la atribución de efectos vinculantes para notarios y registradores de las respuestas a las consultas elevadas a la Dirección General de Derecho y entidades jurídicas de la Generalitat de Cataluña.

El Pleno del Tribunal, en la STC 34/2014, de 27 de febrero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a diversos preceptos de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de dos preceptos que facultaban al Gobierno de Andalucía para autorizar la ocupación del dominio público portuario para usos hoteleros habida cuenta de que la habilitación al Ejecutivo autonómico entraba en abierta contradicción con lo dispuesto en la Ley de costas, pues se formulaba en términos tan genéricos e indeterminados que no permitían entender limitado su ámbito de ejercicio a terrenos que no tuvieran la condición de dominio público marítimo terrestre ni estuvieran gravados con la servidumbre de protección. Además, la Sentencia llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución de los preceptos de la Ley autonómica que, dentro del dominio público portuario, permiten la realización de usos compatibles con los portuarios, siempre que estén previstos en el correspondiente plan de usos de los espacios portuarios o cuando, sin ser incompatibles con la actividad normal del puerto, no se prolonguen más allá de tres meses. Según estableció la STC 34/2014, debe entenderse que los usos compatibles a los que se hace referencia excluyen, en todo caso, los de residencia o habitación que expresamente declara inconstitucionales la propia Sentencia. A esta resolución se formuló un voto particular parcialmente discrepante.

Además de la ya reseñada STC 111/2014, en materia de función pública se dictaron otras dos sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto diferentes leyes autonómicas. La STC 39/2014, de 11 de marzo, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley de las Cortes Valencianas 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública autonómica. La Sentencia desestimó la impugnación del precepto que incluye al cónyuge y la pareja de hecho legalmente constituida entre los sujetos cuya atención legitima el paso de los funcionarios autonómicos a la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares y, en cambio, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición legal que declaraba que el tiempo de permanencia en esta situación de excedencia es computable a efectos de derechos en materia de Seguridad Social. A su vez, la STC 189/2014, de 17 de noviembre, dictada por la Sala Segunda, aplicó la doctrina contenida, entre otras, en la STC 2/2012, de 13 de enero, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional de la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria que contenía una dispensa de titulación para el ascenso mediante promoción interna en el seno de este cuerpo policial.

En tres sentencias el Pleno del Tribunal enjuició la constitucionalidad de otras tantas leyes autonómicas a las que —en los correspondientes conflictos en defensa de la autonomía local— se achacaba vulneración de la autonomía constitucionalmente reconocida a los entes locales promotores de los diferentes conflictos: SSTC 37/2014, de 11 de marzo; 95/2014, de 12 de junio, y 132/2014, de 22 de julio.

La STC 37/2014 desestimó el conflicto promovido por el Ayuntamiento de Gomecello frente a la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca en el territorio del citado municipio. La Sentencia, tras caracterizar a la Ley impugnada como ley singular autoaplicativa, recuerda que algunas de sus disposiciones ya fueron objeto de enjuiciamiento en la STC 129/2013, de 4 de junio. Reiterando la doctrina sentada en esta última, la STC 37/2014 declara que aun cuando la Ley contiene medidas de naturaleza urbanística y ambiental que afectan en mayor o menor grado a las competencias locales, el ejercicio de la competencia autonómica justifica que la clasificación del suelo afectado por el proyecto, así como las determinaciones urbanísticas requeridas, se impongan a los instrumentos de planeamiento municipal, al igual que las especiales circunstancias referidas en la exposición de motivos justifican la sustitución de las licencias por la intervención previa del municipio en la tramitación del proyecto regional. Por tanto, la exención de licencias y autorizaciones urbanísticas y ambientales para este tipo de proyectos de infraestructuras de residuos no vulnera la autonomía local. Finalmente, la Sentencia remite la participación previa de los municipios afectados a la exigencia de informe dentro del procedimiento administrativo que precede a la aprobación del proyecto de singular interés de la Comunidad Autónoma.

A su vez, la STC 95/2014 desestimó el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el Ayuntamiento de Covaleda respecto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, por la que se crea el parque natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. La Sentencia constató la existencia de un interés supramunicipal en la aprobación de la Ley, atendido el ámbito geográfico y la dimensión regional del espacio natural protegido, al tiempo que consideró suficiente la presencia municipal en la junta rectora y la participación de los entes locales en la elaboración del plan rector de uso y gestión del parque. A ello añadió la STC 95/2014 que algunas de las limitaciones al ejercicio de las competencias municipales denunciadas por la parte actora no se materializarán hasta la aprobación de los planes y medidas que hayan de ser adoptados en aplicación de la Ley, planes y medidas tales como el plan de ordenación de los recursos naturales y el plan rector de uso y gestión, que son susceptibles de control por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por último, la STC 132/2014 desestimó el conflicto planteado por el Ayuntamiento de Torremontalbo respecto de la Ley del Parlamento de La Rioja 3/2010, de 10 de marzo, que altera los términos municipales de Torremontalbo y Uruñuela. Frente a la alegación de arbitrariedad de la norma impugnada por contravenir las disposiciones de la Ley de Administración local de La Rioja, la Sentencia respondió, por un lado, que esta última norma autonómica no puede servir como canon de enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley controvertida y, por otro, que habida cuenta de que el conflicto solo puede promoverse frente a normas legales con base en un único motivo de inconstitucionalidad —la lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada— no pueden invocarse otros motivos de nulidad en este proceso constitucional.

Se dictaron seis sentencias en procesos en los que se reprochaba a las leyes autonómicas impugnadas la contravención del régimen de distribución de competencias en las materias de protección ambiental, montes y aprovechamientos forestales (art. 149.1.23 CE). En tres de ellas se anularon en su totalidad otras tantas leyes que prohibían, de manera absoluta e incondicionada, el uso en el territorio autonómico de la técnica de investigación y extracción de gas conocida como fracking: SSTC 106/2014, de 24 de junio, dictada por el Pleno y que anuló la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril; 134/2014, de 22 de julio, dictada asimismo por el Pleno del Tribunal y que anuló la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, de 21 de junio, y 208/2014, de 15 de diciembre, de la Sala Segunda, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre. Las SSTC 106/2014 y 134/2014 cuentan con un voto particular discrepante suscrito por cuatro Magistrados. La STC 154/2014, de 25 de septiembre, declaró inconstitucional el inciso de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, que incluye entre los usos y actividades incompatibles con la declaración del espacio protegido las maniobras y ejercicios militares, al tratarse —como ya se dijera en la STC 82/2012, de 18 de abril— de una previsión que se incardina en la competencia sobre defensa y fuerzas armadas, de exclusiva titularidad estatal. Por las mismas razones, la STC 192/2014, de 20 de noviembre, anuló la disposición de la Ley del Parlamento Vasco 1/2005, de 4 de febrero, de prevención y corrección de la contaminación del suelo, que incluía la “defensa” en el listado de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Por último, la STC 162/2014, de 4 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de declaración del proyecto regional Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski, pues contradecía frontalmente la prohibición de cambio del uso forestal de los terrenos forestales, por un período mínimo de 30 años, que figura en la Ley de montes y cuyo carácter básico fue confirmado por la STC 97/2013, de 23 de abril.

La STC 151/2014, de 25 de septiembre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. La Sentencia declaró que la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencias para establecer medidas legales, de naturaleza organizativa y procedimental, con la finalidad de garantizar tanto la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente previstos, como el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios afectados, pues corresponde a Navarra la planificación y organización de sus servicios sanitarios con criterios de racionalización de los recursos, y que la norma controvertida no ha desconocido la eventual reserva de ley orgánica por tratarse del desarrollo de un derecho fundamental. Por el contrario, la STC 151/2014 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que atribuye al titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud la potestad de autorizar el acceso de terceros a los datos del registro, en unos términos excesivamente abiertos e indeterminados. La Sentencia cuenta con un voto particular parcialmente discrepante.

La STC 181/2014, de 6 de noviembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia. En primer lugar, la Sentencia fijó una interpretación constitucionalmente conforme del precepto de la Ley autonómica que remite al reglamento los términos en los que la Junta de Andalucía está llamada a ejercer la competencia para la autorización de las instalaciones donde se elaboren fórmulas magistrales y preparados oficinales, señalando que esa remisión a la norma reglamentaria no lo es para la regulación de las condiciones materiales de las instalaciones en las que se elaboren este tipo de medicamentos sino para meros aspectos organizativos. En segundo término, la STC 181/2014 declaró inconstitucionales y nulos los preceptos legales autonómicos conforme a los cuales había de ser el titular de la oficina de farmacia quien debía asumir la elaboración o dirección de la preparación de fórmulas y preparados que en ellas se lleven a cabo, pues incidía directamente en la competencia estatal para la ordenación de los productos farmacéuticos. Idéntica conclusión alcanzó respecto del precepto que, en los supuestos de cotitularidad de la autorización de funcionamiento de las oficinas de farmacia, anudaba la caducidad de la autorización a la imposición de una sanción a cualquiera de los cotitulares por actos cometidos en el ejercicio de su actividad profesional en esa misma oficina de farmacia, pues se trata de una auténtica sanción administrativa impuesta sin seguir el preceptivo procedimiento que garantice los derechos de defensa de los presuntos responsables. También en materia de productos sanitarios y Seguridad Social ha de mencionarse la STC 211/2014, de 18 de diciembre, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Galicia 12/2010, de 22 de diciembre, sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica, e introdujo un catálogo priorizado de productos farmacéuticos en dicha Comunidad Autónoma. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

Con respecto a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas cumple reseñar las SSTC 53/2014, de 10 de abril; 71/2014, de 6 de mayo; 85/2014, de 29 de mayo, y 110/2014, de 26 de junio. En la primera de ellas, el Pleno del Tribunal declaró que la regulación del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales contenida en la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales, no incurre en doble imposición ya que el hecho imponible, los sujetos pasivos, los elementos de cuantificación y la finalidad extrafiscal del tributo autonómico no coinciden con los tributos locales sobre bienes inmuebles y actividades económicas. De acuerdo con la STC 53/2014, la Ley autonómica no vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa, ya que persigue un fin constitucionalmente legítimo y se considera una medida adecuada a dicho fin, al tratar de reducir el impacto negativo derivado de la existencia de los grandes establecimientos comerciales sobre el medio ambiente, el territorio y la trama del comercio urbano; por lo demás, tampoco representa una ruptura del mercado, ya que no establece limitaciones de la actividad económica diferentes para empresas competidoras que se encuentren en la misma situación. Las SSTC 71/2014 y 85/2014 declararon la inconstitucionalidad y nulidad de sendos preceptos legales autonómicos (incluidos en la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, y la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid, respectivamente) que introdujeron una tasa por la prestación de servicios administrativos complementarios de la dispensación de medicamentos y otros productos farmacéuticos. Finalmente, la STC 110/2014 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, pues el legislador foral desatendió la exigencia de ejercer sus potestades tributarias conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas al crear un tributo propio sustancialmente coincidente con otro estatal preexistente.

Se dictaron dos sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto sendos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales. En la STC 84/2014, de 29 de mayo, el Pleno se pronunció por la constitucionalidad del artículo que remite a la vía convencional la determinación de los términos de las relaciones de los colegios y consejos profesionales del País Vasco con otras entidades de la misma profesión de ámbito territorial diferente. La Sentencia concluyó que, en el ámbito de fines y actividades no cubierto por el interés público que justifica la configuración legal de la correspondiente organización colegial y, en su caso, la regla de adscripción forzosa en el consejo general, los colegios profesionales del País Vasco pueden establecer libremente con otras entidades, incluidas las corporaciones colegiales de la misma profesión de fuera del ámbito territorial autonómico, las relaciones que estimen convenientes y, por lo tanto, concluir en su caso y con ese fin los correspondientes acuerdos. Por su parte, la STC 150/2014, de 22 de septiembre, dictada por la Sala Primera, reiterando la doctrina sentada en la STC 3/2013, de 17 de enero, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que eximía de colegiación obligatoria a los empleados públicos cuando ejercieran su profesión por cuenta de la Administración.

En materia de contratación pública y procedimiento administrativo se dictaron dos sentencias: SSTC 56/2014, de 10 de abril, y 166/2014, de 22 de octubre, dictadas ambas en cuestiones de inconstitucionalidad. La primera de ellas, pronunciada por el Pleno, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley de presupuestos generales de Cantabria para 2011 que autorizaba el pago aplazado de contratos administrativos de obra cuyo valor estimado fuera superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución igual o superior a los doce meses. La STC 56/2014 declaró que el pago aplazado de los contratos administrativos representa una posibilidad legalmente prevista en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público que sólo puede admitirse cuando así lo contemple de manera expresa una ley; ley que solo puede provenir de las Cortes Generales pues tanto la regla general de prohibición de pagos aplazados como los supuestos de excepción deben ser establecidos por disposiciones legales estatales, en tanto que esta materia integra el núcleo de la competencia estatal para dictar la legislación básica sobre contratos administrativos, y podría influir en el objetivo de política general de estabilidad presupuestaria, consagrado a nivel legislativo y constitucional. La STC 166/2014, dictada por la Sala Segunda, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de un precepto del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2002, de 24 de diciembre, que sitúa el inicio del cómputo del plazo de caducidad en los procedimientos de revocación de subvenciones en “la fecha en que se notifique la resolución del inicio del expediente”, siendo así que la Ley del procedimiento administrativo común lo establece, con carácter general, en “la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento”.

Por su parte, la STC 82/2014, de 28 de mayo, dictada igualmente por la Sala Segunda en una cuestión de inconstitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, que supeditaba la ejecución de sentencias a la previa resolución de un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta Sentencia aplicó la doctrina sentada en la STC 92/2013, de 22 de abril, y su pronunciamiento llevó —como ya se ha reseñado anteriormente— en la STC 149/2014, de 22 de septiembre, a constatar la desaparición sobrevenida de objeto en otra cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre el mismo precepto legal.

La STC 86/2014, de 29 de mayo, del Pleno, resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento Vasco 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los requisitos establecidos en la Ley autonómica para la prestación mancomunada del servicio de policía local entre municipios limítrofes al tratarse de una cuestión que se encuadra dentro de la competencia exclusiva del Estado sobre seguridad pública. Idéntico pronunciamiento se efectuó respecto de la habilitación a favor del Gobierno Vasco para el desarrollo reglamentario de algunos aspectos de la seguridad privada pues las competencias normativas en esta materia corresponden enteramente al Estado. Por el contrario, se desestima el recurso en relación con la inclusión de representantes estatales en el Consejo de Seguridad Pública, habida cuenta de que su participación en este órgano colegiado de cooperación es voluntaria; la atribución a la Administración autonómica de funciones de inspección y sanción de las actividades de seguridad privada, así como la autorización de centros de formación del personal de seguridad privada.

La STC 97/2014, de 12 de junio, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a varios preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 5/2012, de 23 de febrero, sobre el régimen de las entidades de previsión social voluntaria y de los planes de previsión social. En particular, con respecto a los primeros, la Sentencia tras señalar que sobre las entidades de previsión social las Comunidades Autónomas ostentan competencias de desarrollo de la legislación básica estatal en materia de seguros, no siéndoles aplicables las normas básicas sobre Seguridad Social, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales autonómicos que vinculaban la adquisición de personalidad jurídica a la obtención de la autorización administrativa, regulaban los márgenes de solvencia, provisiones técnicas y principios de inversión a los que deben atenerse los fondos de las entidades. Por lo que atañe a los planes de previsión social regulados por la Ley autonómica y sometidos a la legislación mercantil dictada por el Estado, la Sentencia señaló que su régimen jurídico es equiparable al de los planes y fondos de pensión estatales; la STC 97/2014 declaró inconstitucionales y nulos los preceptos dedicados a la calificación de estos planes como preferentes, los derechos que corresponden a los partícipes en función del importe de las aportaciones realizadas y la rentabilidad obtenida con su inversión, movilización de derechos económicos y de rescate de los socios, otros derechos complementarios (tales como los seguros de supervivencia o temporales para caso de muerte) y la fusión, escisión y extinción de estos planes.

La STC 122/2014, de 17 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico. La Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la definición de los bienes de interés cultural contenida en la Ley autonómica, pues al incluir el requisito de su “valor excepcional” se reducía el nivel de protección que dispensado por la Ley de patrimonio histórico español. La Sentencia también declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales autonómicos que ignoraban la exigencia de autorización administrativa previa para determinadas actividades establecida por la normativa estatal (realización de obras en bienes de interés cultural y desplazamiento o remoción de dichos bienes), así como de aquellos otros relativos a la alteración de las alineaciones, rasantes y características volumétricas de los inmuebles de interés cultural, o al régimen de visita pública. Finalmente, la STC 122/2014 estableció la interpretación conforme del precepto legal autonómico relativo a los planes especiales de protección.

La STC 171/2014, de 23 de octubre, estimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La Sentencia apreció que el precepto foral contradecía la norma básica de contraste —el Real Decreto-ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público— al vincular el endeudamiento de las entidades locales navarras con el fin al que sirva la nueva deuda asumida, ignorando con ello el requisito relativo a la situación presupuestaria de la corporación que figura en la norma estatal.

En materia de cajas de ahorro, la STC 209/2014, de 18 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la reforma del texto refundido de las Leyes de cajas de ahorro de Galicia llevada a cabo por la Ley 10/2009, de 30 de septiembre. Concretamente, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos legales que supeditaban la intervención de cajas de ahorro en situaciones de insolvencia a la previa autorización por la Administración autonómica y que —infringiendo la normativa básica recogida en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias— imponían que los vocales de los consejos de administración y las comisiones de control de las cajas ostentasen la condición de consejeros generales de la entidad de crédito.

La STC 210/2014, de 18 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley de las Cortes de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, de concejos abiertos, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que regulaba el procedimiento de autorización en régimen de concejo abierto para los municipios a los que no les fuera aplicable por ministerio de la Ley pero así lo solicitaran. Frente a lo dispuesto en este punto por la Ley de bases de régimen local, que enmarca el ejercicio autonómico de competencias legislativas en la materia, la disposición autonómica no garantiza la iniciativa vecinal en la toma de esta decisión y rebaja la mayoría requerida para adoptarla en el pleno del ayuntamiento o la junta vecinal, lo que reduce el nivel de consenso en la adopción de una decisión en la que una amplia aceptación, manifestada en la exigencia de una mayoría particularmente cualificada, es considerada como imprescindible por la normativa básica estatal.

D) Conflictos constitucionales

En 2014 se dictaron 20 sentencias en conflictos positivos de competencia: diez del Pleno, tres de la Sala Primera y siete de la Sala Segunda. Por más que en algunos casos se acordase la inadmisión parcial del conflicto (así sucedió en la STC 193/2014, de 20 de noviembre) o se constatase la desaparición sobrevenida —igualmente parcial— del objeto del conflicto (SSTC 2/2014, de 16 de enero, y 88/2014, de 9 de junio), todas estas sentencias resolvieron el fondo de las pretensiones deducidas en relación con los actos del poder público controvertidos en cada ocasión. En 10 de ellas se formularon votos particulares. Mediante auto, el Pleno inadmitió tres conflictos negativos de competencia, promovidos todos ellos por el Gobierno de la Nación frente a las actuaciones de diferentes Administraciones autonómicas vinculadas a la gestión del fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local, con el fin de que se llevasen a cabo las actuaciones de ejecución precisas conforme al Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre (AATC 207/2014, de 22 de julio, planteado frente a la Junta de Andalucía; 251/2014, de 21 de octubre, en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias, y 252/2014, de 21 de octubre, respecto de la Generalitat de Cataluña). Asimismo, acordó el desistimiento en dos conflictos positivos de competencia (AATC 40/2014, de 11 de febrero, desistimiento de la Generalitat de Cataluña en conflicto planteado respecto de diversos preceptos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; y 156/2014, de 27 de mayo, desistimiento del Gobierno de la Nación en el conflicto planteado respecto de la resolución de 13 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos minerales existentes en la reserva minera de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla).

Todas las sentencias resolvieron conflictos positivos de competencia planteados por Gobiernos autonómicos en relación con disposiciones y resoluciones de la Administración del Estado.

Se dictaron cuatro sentencias en relación con la distribución de competencias en materia de educación: SSTC 2/2014, de 16 de enero; 17/2014, de 30 de enero; 24/2014 y 27/2014, de 13 de febrero, dictadas todas ellas por el Pleno en conflictos planteados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El objeto de la STC 2/2014 fue el Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes del bachillerato. Aplicando la doctrina sentada en la STC 15/2013, de 31 de enero, y reiterada entre otras en las SSTC 24/2013, de 31 de enero, y 48/2013, de 28 de febrero, desestimó la impugnación y declaró que la atribución de un porcentaje del horario escolar a la enseñanza de las lenguas propias y la fijación de determinadas horas a las enseñanzas comunes de lengua castellana y literatura tienen carácter básico; respecto de la potestad de regular la duración del bachillerato en el caso de alumnos superdotados, aplicó la doctrina de la STC 212/2012, de 14 de noviembre, donde se señala que la regulación estatal de esta materia se justifica por su naturaleza excepcional y las singulares necesidades educativas de estos alumnos. La STC 17/2014 desestimó el conflicto planteado por el Ejecutivo autonómico frente a diversos preceptos del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. La Sentencia declaró que la norma recurrida se encuadra dentro de las competencias básicas estatales en materia educativa pues dentro de la competencia para procurar un nivel de formación homogéneo de todos los escolares se incardinan las exigencias de formación del propio personal docente. La STC 24/2014 desestimó el conflicto respecto del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria; la Sentencia declaró que no excede del ámbito de lo básico la fijación de un tiempo mínimo para la lectura —aunque ello suponga detraerlo del dedicado a la enseñanza de las lenguas cooficiales—, la definición de las funciones de los tutores escolares y el trato que deba dispensarse a los alumnos con necesidades específicas. Finalmente, la STC 27/2014 estimó parcialmente el conflicto planteado respecto del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. En esta ocasión, en la que se entrecruzaban los títulos competenciales sobre educación y en materia laboral, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto reglamentario que, sin concurrir una justificación suficiente para ello, procedía a centralizar en la Administración del Estado el ejercicio de la potestad de autorización, seguimiento y evaluación de la actividad formativa afectada por el contrato objeto del conflicto. La Sentencia cuenta con un voto particular suscrito por cinco Magistrados.

Tres sentencias tuvieron por objeto el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, que establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial: SSTC 3/2014, de 16 de enero; 25/2014, de 13 de febrero, y 121/2014, de 17 de julio. Estas Sentencias aplicaron la doctrina sentada en la SSTC 8/2013, de 17 de enero, y reiterada en las SSTC 87/2013, de 11 de abril, y 99/2013, de 23 de abril y desestimaron los conflictos promovidos por la Junta de Galicia (STC 3/2014) y el Gobierno de Canarias (SSTC 25/2014 y 121/2014) pues las respectivas Comunidades Autónomas carecen de competencias sobre las instalaciones de producción de energía eléctrica situadas en el mar territorial al no existir habilitación constitucional o estatutaria expresa en tal sentido.

En dos conflictos la representación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña había invocado la competencia autonómica sobre agricultura, los resueltos por las SSTC 6/2014, de 27 de enero, y 74/2014, de 8 de mayo. La primera de ellas estimó el conflicto y declaró que los preceptos controvertidos del Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo “Letra Q” en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, incurrían en vulneración de las competencias autonómicas en las materias de ganadería, sector agroalimentario y consumo. Por el contrario, la STC 74/2014 desestimó el conflicto promovido frente al Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, que establece las condiciones que deben cumplir los paneles de catadores de aceite de oliva virgen. La Sentencia, amén de señalar que con la aprobación de la disposición reglamentaria se trataba de adecuar la norma interna al Derecho de la Unión Europea, llega a la conclusión de que la centralización en el Estado de competencias ejecutivas se encuentra justificada por la importancia del sector oleícola en la economía española, lo que explica la conveniencia de buscar la homogeneidad de las características del aceite de oliva, los métodos de análisis y requisitos para su control. La STC 74/2014 cuenta con un voto particular suscrito por cinco magistrados.

La STC 107/2014, de 26 de junio, dictada por el Pleno, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos de contratación de personal docente e investigador universitario. La Sentencia declaró que la acreditación nacional está directamente vinculada con la obligación estatal de establecer las condiciones básicas de igualdad en el acceso y ejercicio profesional de este profesorado, así como su libertad de circulación por todo el territorio. A la STC 107/2014 se formularon dos votos particulares, suscrito cada uno de ellos por dos Magistrados.

La STC 20/2014, de 10 de febrero, dictada por la Sala Segunda, resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008. La Sentencia estimó parcialmente el conflicto. Por una parte, señaló que la disposición reglamentaria controvertida ha de entenderse circunscrita a la acreditación de organismos de evaluación distintos de los ambientales; consecuentemente, la competencia ejercida por el Gobierno de la Nación al aprobarla no puede ser en ningún caso la relativa a la legislación básica de protección ambiental sino la atinente al establecimiento de las bases de ordenación general de la economía; consecuentemente, la STC 20/2014 declara la inconstitucionalidad y nulidad la disposición final primera del Real Decreto, en cuanto invoca el art. 149.1.23 CE como título competencial habilitante y, en coherencia con lo anteriormente señalado, lleva a cabo una interpretación conforme con la Constitución de la norma reglamentaria controvertida señalando que no regula la acreditación de los verificadores ambientales.

Fueron varias las sentencias que resolvieron conflictos positivos de competencia relacionados con la actividad de fomento del Estado. La STC 78/2014, de 28 de mayo, dictada por la Sala Segunda, estimó el conflicto planteado por la Xunta de Galicia frente a la resolución de 16 de julio de 2009 de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes. Aplicando al caso la doctrina sentada en las SSTC 13/1992, de 6 de febrero, y 26/2013, de 31 de enero, la Sentencia declaró que la resolución controvertida vulneraba la competencia autonómica sobre asistencia social, en relación con las potestades de ejecución de las subvenciones afectadas. La STC 144/2014, de 22 de septiembre, dictada igualmente por la Sala Segunda, estimó parcialmente el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente a la Orden ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio para la realización de actividades relativas a programas que se desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático; y contra la Orden ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que convoca esas ayudas para el ejercicio 2008. Reiterando la doctrina de la STC 13/1992, de 6 de febrero, la Sentencia declaró que se habían vulnerado las competencias autonómicas pues el carácter supraterritorial de las ayudas no es una circunstancia excepcional suficiente para justificar por sí sola tanto su regulación completa como la centralización de su gestión.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, fue impugnado en varios conflictos positivos de competencia resueltos en 2014. El primero de ellos dio origen a la STC 88/2014, de 9 de junio, dictada por la Sala Segunda, parcialmente estimatoria del conflicto planteado por la Xunta de Galicia; en esta Sentencia se apreció la vulneración de las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones correspondientes al subsistema de formación profesional concernido. La doctrina de esta sentencia fue reiterada en las SSTC 112/2014, de 7 de julio, dictada por la Sala Primera y resolutoria del conflicto planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid; 123/2014, de 21 de julio, dictada por la Sala Segunda y resolutoria del conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana; 176/2014, de 3 de noviembre, resolutoria del conflicto promovido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León; y 198/2014, de 15 de diciembre, en el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. A ellas hay que añadir la STC 143/2014, de 22 de septiembre, que resolvió el conflicto planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con varios artículos de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,

Finalmente, la STC 193/2014, de 20 de noviembre, dictada por el Pleno, desestimó el conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. La Sentencia, aplicando la doctrina de la STC 170/2014, reseñada en el epígrafe correspondiente a las Leyes y normas con rango de Ley del Estado, desestimó el conflicto y declaró que la remisión de la ley al reglamento en determinadas materias no siempre implica una invasión competencial a la reserva constitucional de ley; en el caso, la función normativa de títulos académicos, profesionales y la labor de acreditación de los cursos de capacitación es una competencia exclusiva del Estado. El contenido único de la evaluación en cada convocatoria se basa en la necesidad de celebrar evaluaciones simultáneas en todo el territorio nacional; por otro lado, la participación de representantes del Estado en las comisiones de evaluación es un mecanismo de coordinación y cooperación que persigue garantizar la adecuada homogeneidad; el otorgamiento de becas previsto en el Reglamento no se constriñe a ninguna condición sobre la futura regulación de las mismas, y, finalmente, la presentación de las solicitudes y la recepción de los resultados por vía telemática son aspectos meramente accesorios e instrumentales. La STC 193/2014 cuenta con un voto particular discrepante suscrito por cinco Magistrados.

E) Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas

La STC 42/2014, de 25 de marzo, estimó parcialmente una impugnación de disposiciones autonómicas planteada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. En esta resolución el Parlamento de Cataluña acordó “iniciar el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo”, declarando su “carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

La Sentencia constató, en primer lugar, que el acuerdo controvertido es una resolución susceptible de impugnación en el sentido de los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues se dan los dos requisitos que deben concurrir al efecto: por un lado, constituye una manifestación acabada de la voluntad de la Cámara; por otro, produce efectos de naturaleza jurídica, en la medida que atribuye al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat funciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución, además de reclamar el cumplimiento de unas actuaciones concretas susceptibles de control parlamentario.

La STC 42/2014 estimó parcialmente la impugnación. De una parte, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del principio primero de la Declaración, rubricado “Soberanía”, que, al atribuir al pueblo de Cataluña la condición de sujeto jurídico soberano, resulta contrario a la Constitución, que residencia en el pueblo español la titularidad de la soberanía nacional y que proclama la indisoluble unidad de la nación española; además, recordó que, conforme a la doctrina sentada en la STC 247/2007, de 12 de diciembre, en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación. Por lo que respecta a las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña”, la STC 42/2014 concluyó que no resultan inconstitucionales si se interpretan en el sentido de que el mencionado derecho no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 109 sentencias en procesos de amparo. El Pleno dictó 15 de ellas, 41 la Sala Primera y 53 la Sala Segunda. En estas sentencias se resolvieron 111 asuntos, pues en las SSTC 7/2014, de 27 de enero, y 113/2014, de 7 de julio, se resolvieron cuatro recursos de amparo previamente acumulados. A 32 de estas sentencias se formuló algún voto particular: 12 del Pleno, otras tantas de la Sala Primera y ocho de la Sala Segunda.

Por lo que hace a la parte dispositiva de estas sentencias, en 54 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en 50 se denegó y en otras cinco se inadmitió el correspondiente recurso de amparo en su totalidad. La Sala Primera inadmitió por sentencia dos recursos de amparo por falta de legitimación activa de su promotor (STC 28/2014, de 24 de febrero) y por la concurrencia de este óbice procesal en conjunción con la falta de agotamiento de la vía judicial previa (STC 57/2041, de 5 de mayo). La Sala Segunda hizo lo propio en otros tres procesos de amparo: en dos de ellos acordó la inadmisión por falta de agotamiento de la vía judicial (SSTC 41/2014, de 24 de febrero, y 186/2014, de 17 de noviembre) y en el tercero por haber sido interpuesto prematuramente (STC 139/2014, de 8 de septiembre).

Tres recursos de amparo fueron inadmitidos a trámite mediante auto. La Sala Primera inadmitió sendos recursos de amparo electoral en los AATC 52/2014 y 53/2014, de 24 de febrero. A su vez, la Sala Segunda dictó el ATC 300/2014, de 15 de diciembre, que inadmitió un recurso de amparo promovido frente a un Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el que se plasma una interpretación de la legalidad procesal en virtud de la cual no procede el recurso de casación frente a sentencias dictadas por las secciones de las Audiencias Provinciales en composición unipersonal. De acuerdo con lo indicado en el propio ATC 300/2014, la inadmisión mediante auto del recurso trae causa de la dimensión objetiva del problema planteado, que trasciende el caso concreto y que aconsejaba sentar doctrina constitucional sobre el particular.

También con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de amparo, ha de señalarse que las Salas y Secciones del Tribunal dictaron ocho autos resolutorios de recursos de súplica interpuestos en la mayoría de los casos por el Ministerio Fiscal (son excepciones los AATC 95/2014 y 96/2014, de 7 de abril) frente a otras tantas providencias de inadmisión; tres de estos recursos fueron estimados (AATC 108/2014, de 7 de abril; 239/2014, de 10 de octubre, y 299/2014, de 15 de diciembre; el ATC 239/2014 acordó tanto la estimación del recurso de súplica como la admisión de la demanda de amparo frente a cuya inadmisión se alzó en súplica el Ministerio público; los otros dos autos acordaron la estimación del recurso de súplica y la retroacción de actuaciones al momento anterior a dictarse la providencia de inadmisión recurrida); en un caso se acepta el desistimiento del Ministerio Fiscal en el recurso de súplica promovido frente a la providencia de inadmisión de una demanda de amparo (ATC 36/2014, de 10 de febrero). De otra parte, se dictaron 73 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo.

En relación con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC, en ocho autos se acordó la suspensión íntegra o parcial de la resolución judicial controvertida en la demanda de amparo (AATC 21/2014, de 27 de enero; 37/2014, de 10 de febrero; 84/2014, de 24 de marzo; 90/2014, de 27 de marzo; 232/2014 y 233/2014, de 6 de octubre; 282/2014, de 17 de noviembre, y 291/2014, de 1 de diciembre), suspensión que se denegó en otras siete ocasiones (AATC 19/2014, de 27 de enero; 83/2014, de 24 de marzo; 175/2014, de 23 de junio; 185/2014, de 8 de julio; 198/2014, de 21 de julio; 225/2014, de 22 de septiembre, y 297/2014, de 15 de diciembre) y en el ATC 125/2014, de 5 de mayo, se ratificó la desestimación de la petición de la medida cautelar suspensiva ya denegada por el ATC 137/2013, de 3 de junio.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

En anteriores epígrafes se ha dado cuenta de varias sentencias en las que se enjuició la conformidad con diferentes manifestaciones del principio de igualdad consagradas en el art. 14 CE de normas legales estatales (SSTC 40/2014, 119/2014, 153/2014 y 156/2014), lo que exime de una nueva exposición de su contenido.

Con respecto a la igualdad en la aplicación de la Ley, la STC 10/2014, de 27 de enero, dictada por la Sala Primera, desestimó el recurso de amparo promovido por los padres de un menor que impugnaron la decisión de la Administración educativa de Castilla y León de escolarizar a su hijo en un colegio público de educación especial en lugar de hacerlo en un centro ordinario. La Sentencia concluyó que si bien la resolución que puso fin al expediente administrativo adolecía de algunas insuficiencias en punto a motivación, esta deficiencia podía ser subsanada atendiendo al expediente educativo del alumno en su conjunto, en el que se reflejaba una ponderación —razonada y respetuosa con las exigencias dimanantes del juicio de proporcionalidad— de las especiales necesidades educativas del menor que justificarían su permanencia en un centro de educación especial.

La STC 104/2014, de 23 de junio, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la igualdad, en relación con la libertad de información, a una cadena radiofónica que fue excluida de la distribución de publicidad institucional por el Ayuntamiento de Castellón, pese a tratarse de un medio de comunicación con fuerte implantación territorial y elevados índices de audiencia. La doctrina de esta resolución fue luego aplicada en las SSTC 130/2014, de 21 de julio; 147/2014, de 22 de septiembre, y 160/2014, de 6 de octubre, estimatorias de los respectivos recursos de amparo promovidos por la misma emisora radiofónica frente al actuar de los Ayuntamientos de Vila-real, Almazora y Burriana, respectivamente.

En las SSTC 118/2014, de 8 de julio, y 128/2014, de 21 de julio, se desestimaron sendos recursos de amparo en los que se aducía vulneración del derecho a la igualdad por las resoluciones administrativas y judiciales que denegaron diversas solicitudes de asistencia jurídica gratuita por superar el límite de ingresos establecido legalmente. Estas sentencias no apreciaron infracción alguna del derecho fundamental invocado por el hecho de que se computasen los ingresos de la unidad familiar en su conjunto y no solamente los percibidos por quienes fueran finalmente demandantes de amparo, habida cuenta de que se trata de un criterio legal, general, proporcionado y estable introducido por la Ley de asistencia jurídica gratuita para disciplinar la respuesta a las solicitudes de esta prestación pública y de que en ningún momento se acreditó la existencia de circunstancias personales suficientes para excepcionar la aplicación de esta norma.

Las SSTC 159/2014, de 6 de octubre, y 168/2014, de 22 de octubre, desestimaron dos demandas de amparo deducidas por el mismo actor en relación con otras tantas resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en las que se aplicó la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en la sucesión de los títulos nobiliarios. Ambas Sentencias hacen hincapié en que, aun cuando la acomodación del régimen de sucesión nobiliaria al principio de no discriminación por razón de sexo no represente una exigencia constitucional, su incorporación por el legislador ha propiciado que el Tribunal Supremo se decante en su labor hermenéutica por una interpretación de la legalidad favorable a la máxima irradiación del derecho a la igualdad que no puede ser objeto de censura desde la perspectiva que proporcionan los cánones de enjuiciamiento constitucional.

Finalmente, en su STC 194/2014, de 1 de diciembre, la Sala Segunda denegó el amparo a quien solicitaba una pensión de viudedad mediatamente fundada en un matrimonio contraído por el rito musulmán y que no había sido inscrito en el Registro Civil. La alegación de vulneración del derecho a la igualdad hecha por el demandante de amparo con apoyo sustancialmente en la STC 199/2004, de 15 de noviembre, y en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Muñoz Díaz c. España, de 8 de diciembre, es rechazada al no haberse aportado un término de comparación adecuado, toda vez que el matrimonio se contrajo sin la previa instrucción de expediente matrimonial y sin proceder tampoco a su inscripción posterior, lo que hubiera permitido comprobar la satisfacción de los requisitos de capacidad exigidos por la Ley española, carencia que impide formular un juicio de contraste entre las circunstancias del caso y las concurrentes en los supuestos resueltos por las citadas sentencias.

Acerca de la prohibición de discriminación, la STC 31/2014, de 24 de febrero, dictada por la Sala Segunda del Tribunal, otorgó el amparo a quien fuera cesada como empleada del Centro Nacional de Inteligencia. En este caso, la actora había aportado un panorama indiciario de discriminación suficiente, que no fue desvirtuado por la Administración, a la que le correspondía acreditar que el cese había obedecido a razones objetivas y ajenas por completo a cualquier ánimo discriminatorio. La ejecución de esta Sentencia dio lugar al incidente resuelto por el ATC 157/2014, de 28 de mayo. La Sala Primera, en la STC 66/2014, de 5 de mayo, estimó el recurso de quien, tras haber ganado un concurso de acceso al cuerpo de gestión procesal y administrativa de la Administración de Justicia, solicitó que se le permitiera posponer la realización del correspondiente curso teórico-práctico, al coincidir en fechas con el nacimiento de su hijo; la Administración accedió a esta solicitud, pero no retrotrajo los efectos de la superación de dicho curso al momento en que efectivamente tuvo lugar la toma de posesión de los demás integrantes de la promoción a la que pertenecía la funcionaria demandante de amparo; de modo que se erigió la maternidad en una circunstancia onerosa para la mujer en contravención de la proscripción de discriminación por razón de sexo que figura en el art. 14 CE. Finalmente, la STC 93/2014, de 12 de junio, desestima el recurso de amparo promovido por el supérstite de una unión homosexual a quien se denegó su solicitud de pensión de viudedad. En la tramitación de este recurso de amparo se planteó la cuestión interna de inconstitucionalidad resuelta por la STC 92/2014, de 12 de junio, a la que ya se ha hecho referencia en el epígrafe correspondiente a las leyes del Estado. La doctrina de esta Sentencia es objeto de aplicación en las SSTC 98/2014, de 23 de junio; 115/2014 y 116/2014, de 8 de julio; 124/2014, de 21 de julio, y 157/2014, de 6 de octubre.

C) Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

La STC 140/2014, de 11 de septiembre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, desestimó un recurso de amparo cuya promotora dejó de ser profesora de religión en diversos centros públicos educativos de Canarias. La recurrente denunció la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la libertad ideológica, a la tutela judicial y a la libertad sindical, denuncia rechazada por la Sentencia —que reitera, en lo esencial, la doctrina de la STC 38/2007, de 15 de febrero— al no haberse acreditado la existencia de un panorama indiciario suficiente que conectase la no renovación como profesora de religión de la actora con el ejercicio de los derechos fundamentales invocados. A la Sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos concurrente y otro discrepante, suscrito este último por cuatro Magistrados. A su vez, las SSTC 28/2014, de 24 de febrero; 41/2014, de 24 de marzo, y 57/2014, de 5 de mayo, inadmitieron sendos recursos de amparo en los que se impugnaban las resoluciones administrativas y judiciales que rechazaron la pretensión de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia respecto de la obligación de cursar la asignatura de “Educación para la ciudadanía”.

D) Libertad personal

El Pleno del Tribunal Constitucional, en la STC 35/2014, de 27 de febrero, precisó el alcance de la doctrina sentada en la STC 57/2008, de 28 de abril, sobre reglas de abono de la prisión preventiva, señalando en particular que no resultan de aplicación a los supuestos en los que, de conformidad con lo previsto en el art. 76.1 del Código penal, se haya fijado un límite máximo de cumplimiento de condena. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante, suscrito por cuatro Magistrados. Esta doctrina fue objeto de reiteración y aplicación a los casos resueltos en las SSTC 55/2014, de 10 de abril (dictada igualmente por el Pleno del Tribunal y a la que se formuló un voto particular suscrito por cuatro Magistrados); 61/2014, 62/2014, 63/2014, 64/2014, 65/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 70/2014, todas ellas de 5 de mayo (las SSTC 61/2014, 62/2014, 64/2014, 65/2014 y 70/2014 cuentan con votos particulares discrepantes); 80/2014, de 28 de mayo; 90/2014 y 91/2014, de 9 de junio (ambas cuentan con un voto particular discrepante); 101/2014 y 103/2014, de 23 de junio (ambas cuentan con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados) y 117/2014, de 8 de julio.

En relación con resoluciones judiciales dictadas en procesos de habeas corpus se dictaron cuatro sentencias a lo largo de 2014. Las SSTC 12/2014, de 27 de enero; 21/2014, de 10 de febrero, y 195/2014, de 1 de diciembre, otorgaron el amparo a quienes denunciaban la vulneración del derecho fundamental por las resoluciones judiciales que inadmitieron a trámite su demanda de habeas corpus por razones de fondo y sin haberles dado audiencia. En el caso resuelto, también en sentido estimatorio, por la STC 32/2014, de 24 de febrero, la comparecencia del demandante de habeas corpus ante el juez se había sustituido por otra ante la secretaría judicial.

E) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

Trece de las sentencias dictadas durante 2014 resolvieron recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración de alguno de los derechos fundamentales proclamados en el artículo 18 de la Constitución.

La STC 7/2014, de 27 de enero, estimó, al apreciar vulneración del derecho a la intimidad, dos recursos de amparo previamente acumulados promovidos frente a una publicación periódica que había divulgado imágenes de los actores, captadas en un lugar público y sin su consentimiento, que revelaban la existencia de una relación sentimental entre ellos. A su vez, la STC 19/2014, de 10 de febrero, apreció vulneración del derecho a la propia imagen en la difusión de unas fotografías tomadas en la playa a la actora sin su consentimiento.

En aplicación de la doctrina sentada por la STC 199/2013, de 5 de diciembre, las SSTC 13/2014 a 16/2014, de 30 de enero; 23/2014, de 13 de febrero; 43/2014, de 27 de marzo, y 135/2014, de 8 de septiembre, desestimaron diversas demandas de amparo promovidas respecto de la consideración como pruebas de cargo de las muestras de ADN obtenidas sin el consentimiento expreso del afectado y sin que mediara autorización judicial. En todas estas resoluciones se apreció la existencia de una justificación constitucional objetiva y razonable para la obtención de muestras biológicas y análisis de ADN, práctica que se consideró ponderada o equilibrada toda vez que de ella se derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios puedan irrogarse sobre otros bienes o valores en conflicto.

Como ya se ha reseñado anteriormente, las SSTC 118/2014 y 128/2014 denegaron sendos amparos solicitados por quienes —aduciendo entre otros motivos la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar— discutían el cómputo de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar a los efectos de determinar la existencia del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Respecto del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), la STC 175/2014, de 3 de noviembre, desestimó un recurso de amparo en el que se denunciaba la vulneración de este derecho por la resolución adoptada por un órgano judicial que acordó la entrada y registro de un domicilio particular para recabar la documentación societaria necesaria para el curso de unas diligencias preliminares civiles. La causa de la desestimación del recurso ha de buscarse en la falta de diligencia del actor, quien no reaccionó tempestivamente frente a la resolución judicial luego tardíamente combatida.

En cuanto al derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), la STC 145/2014, de 29 de mayo, dictada por la Sala Segunda del Tribunal, otorgó el amparo por vulneración de este derecho fundamental que tuvo lugar con ocasión de las escuchas telefónicas y grabaciones —carentes de habilitación legal— de conversaciones mantenidas por el actor mientras se hallaba detenido en dependencias policiales.

F) Libertad de residencia (art. 19 CE)

Como ya se ha reseñado anteriormente, la STC 50/2014, de 7 de abril, otorgó el amparo a quien impugnó un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictado en un procedimiento de orden europea de detención y entrega en el que no se dio respuesta suficientemente motivada en Derecho a la petición de equiparación del afectado por la orden, de nacionalidad italiana, con los nacionales españoles; petición fundada en el arraigo personal y laboral del solicitante, que residía en España desde 1999. Según se indicó en esta Sentencia, la resolución judicial habría ignorado que, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 5 de septiembre de 2012, asunto Lopes Da Silva, si un Estado miembro, al trasponer la Decisión Marco 2002/584/JAI, del Consejo, de 13 de junio, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, ha excluido de manera absoluta y automática de su ámbito de aplicación a nacionales de otros Estados miembros que habiten o residan en su territorio, sin tener en cuenta los vínculos que éstos tengan con el mismo, los órganos judiciales nacionales quedan obligados, en tanto permanezca esta situación y dado el carácter vinculante de la Decisión Marco, a realizar una interpretación conforme del Derecho nacional.

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

Como ya se ha indicado, en las SSTC 104/2014, 130/2014, 147/2014 y 160/2014, se otorgó el amparo, por vulneración del derecho a la igualdad en relación con las libertades de expresión e información, a una cadena radiofónica que se había visto orillada en la distribución de publicidad institucional por diversos ayuntamientos de la provincia de Castellón.

Por su parte, la STC 79/2014, de 28 de mayo, dictada por la Sala Segunda del Tribunal, concluyó que las críticas vertidas por un periodista frente a diversos dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya, entre ellos el entonces Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, por los contactos mantenidos con el grupo terrorista ETA, si bien se situaban en los límites de lo admisible, por su marcado carácter hiriente y desmesurado, hallaban protección en la libertad de expresión al enmarcarse en un debate nítidamente público y de notorio interés en la medida en que versaba sobre la actividad desarrollada por dirigentes políticos. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Se otorgaron cinco amparos por vulneración del derecho al ejercicio por los parlamentarios autonómicos de sus funciones representativas en condiciones de igualdad. Así, las SSTC 200/2014 a 202/2014, de 15 de diciembre, estimaron los recursos promovidos por el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia frente a los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid que, sin motivación suficiente, inadmitieron diversas iniciativas parlamentarias. Otro tanto hicieron las SSTC 158/2014, de 6 de octubre, y 213/2014, de 18 de diciembre, que estimaron los recursos promovidos por dos Diputadas de las Cortes Valencianas respecto de las resoluciones de la Mesa de esta Asamblea Legislativa que impidieron la tramitación de diferentes iniciativas parlamentarias.

Por su parte, la STC 114/2014, de 7 de julio, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a dos miembros de la junta del Concejo de Arlegui (Navarra) a quienes se había privado de su condición de tales como consecuencia de su renuncia a asumir la presidencia del órgano. Esta Sentencia concluyó que la resolución judicial impugnada había llevado a cabo una interpretación de la Ley foral reguladora del proceso electoral en los concejos de Navarra lesiva del derecho a la participación política de los candidatos electos al hacer depender su permanencia en el cargo de su disposición a asumir la condición de alcalde en la correspondiente elección de segundo grado.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

Durante 2014 el Tribunal dictó 61 sentencias en procesos en los cuales se denunciaba la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. En epígrafes anteriores se han reseñado ya aquellas sentencias que resolvieron recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteados en relación con normas legales estatales (STC 52/2014, de 10 de abril) o autonómicas (SSTC 82/2014, de 28 de mayo; 119/2014, de 16 de julio, y 149/2014, de 22 de septiembre) a las que se reprochaba vulneración de alguna de las facetas que integran este derecho fundamental. También se han mencionado aquellas sentencias que, reiterando las conclusiones alcanzadas en la STC 35/2014, de 27 de febrero, no apreciaron que las resoluciones judiciales que denegaron la aplicación del doble cómputo de tiempo de privación de libertad en supuestos de cumplimiento acumulado de varias penas infringieran este derecho o contravinieran la doctrina sentada en la STC 57/2008, de 28 de abril. Otras dos sentencias inadmitieron sendos recursos de amparo en los que, entre otras denuncias, figuraba la de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión: SSTC 139/2014, de 8 de septiembre, y 186/2014, de 17 de noviembre. A continuación se reseñan aquellas sentencias dictadas en procesos de amparo que examinaron de manera autónoma denuncias de infracción de las diferentes vertientes del derecho fundamental proclamado en el art. 24.1 CE.

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales

Diez de las sentencias dictadas en 2014 enjuiciaron la constitucionalidad de distintas resoluciones judiciales a las que se reprochaba vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en sus vertientes de acceso a la justicia, al proceso y a los recursos legales. En el epígrafe correspondiente al derecho a la igualdad y la proscripción de indefensión se han reseñado las SSTC 118/2014 y 128/2014, desestimatorias de los recursos de amparo promovidos por quienes controvertían que se computasen los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar para determinar la existencia del derecho a la asistencia jurídica gratuita, alegando que de este modo se dificultaba su acceso a la jurisdicción.

En tres casos se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia: SSTC 129/2014, de 21 de julio (resolución judicial que acordó la inadmisión de una demanda incidental concursal por extemporánea fundándose en una norma procesal que había perdido vigencia en el momento de producirse los hechos); 148/2014, de 22 de septiembre (inadmisión de recurso contencioso-administrativo planteado por un sindicato médico en abierta contradicción con la doctrina constitucional, contenida entre otras en la STC 101/1996, de 11 de junio, que reconoce la legitimación procesal de las organizaciones sindicales para la defensa en juicio de los intereses legítimos de los trabajadores); y 167/2014, de 22 de octubre (inadmisión de recurso contencioso-administrativo incursa en error patente pues se reprochó a la parte actora no haber aportado la justificación documental de la capacidad del administrador único para entablar acciones judiciales en nombre de la sociedad mercantil, cuando lo cierto es que esa justificación obraba en las actuaciones).

Otras cuatro sentencias estimaron los recursos de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial en su vertiente de acceso al recurso legal: SSTC 9/2014, de 27 de enero (inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones que desconoce la función legal atribuida a este remedio procesal al rechazar su planteamiento por un vicio de incongruencia omisiva); 47/2014, de 7 de abril (inadmisión de un recurso de apelación contencioso-administrativo interpuesto en un lugar distinto del establecido en la legislación procesal pero coincidente con el indicado por el Juzgado decano); y 179/2014, de 3 de noviembre (inadmisión de un recurso de apelación penal acordada sin ponderar las circunstancias excepcionales que concurrían en el caso, entre las que se destaca el hecho de que el recurso se interpusiera frente a una sentencia que imponía una condena de más de 40 años de privación de libertad, o que la personación tardía había venido precedida de una presentación en plazo del escrito de personación). La doctrina de la STC 9/2014 fue reiterada por la STC 204/2014, de 15 de diciembre, dictada en un recurso de amparo frente a la inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones.

Finalmente, en la STC 190/2014, de 17 de noviembre, se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al proceso en relación con la inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones planteado por quien fue adjudicatario del único bien —una vivienda— integrante del caudal hereditario en un proceso de división de herencia. La inadmisión se había fundado en que el adjudicatario no ostentaba interés legítimo en el proceso, lo que implicaba desconocer su posición como poseedor real y propietario provisional del inmueble.

b) Interdicción de la indefensión

Cinco sentencias dictadas en 2014 hicieron hincapié en la carga que pesa sobre los órganos judiciales de asegurar el efectivo emplazamiento de quienes pueden verse perjudicados en un proceso judicial: las SSTC 30/2014, de 24 de febrero; 126/2014 y 131/2014, de 21 de julio; 137/2014, de 8 de septiembre, y 169/2014, de 22 de octubre, otorgaron el amparo a quienes fueron emplazados al proceso mediante edictos a pesar de que su domicilio constaba en las actuaciones o podía obtenerse mediante la aportación de información por la parte actora. A su vez, la STC 136/2014, de 8 de septiembre, declara la plena aplicabilidad de esta doctrina al hipotecante no deudor que no fue emplazado a un proceso ejecutivo en el que tenía un indudable interés legítimo.

Por su parte, la STC 77/2014, de 22 de mayo, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a quien fuera personalmente emplazado en un proceso penal al que no compareció y en el que fue finalmente condenado. La Sentencia declaró que la existencia de indicios de que el acusado pueda sufrir trastornos mentales que limiten su capacidad de comprensión de las consecuencias legales de su incomparecencia en el juicio oral, impone al órgano judicial un deber positivo de realización de diligencias complementarias por encima del emplazamiento personal al proceso y la consiguiente advertencia de que este puede proseguir en ausencia del acusado.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

Una veintena de sentencias resolvieron otros tantos recursos de amparo en los que se denunciaban defectos sustanciales de motivación de las resoluciones judiciales impugnadas.

En la STC 1/2014, de 13 de enero, la Sala Segunda del Tribunal otorgó el amparo a quien había visto rechazadas sendas cuestiones prejudiciales penales planteadas en un proceso de ejecución hipotecaria. Pese a que estas cuestiones prejudiciales apuntaban a la comisión de delitos tan diferentes como el abandono de familia y la estafa procesal, el órgano judicial rechazó la segunda de ellas por remisión a los argumentos empleados para inadmitir la primera, incurriendo así en error patente.

La STC 8/2014, de 27 de enero, estimó el recurso de amparo promovido frente a las resoluciones de un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que ordenaron la presentación por separado de las diferentes demandas de responsabilidad patrimonial dirigidas contra la Administración del Estado por las lesiones que habría causado el cierre temporal del espacio aéreo civil español los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Esta Sentencia apreció que las resoluciones judiciales controvertidas no se ajustaron al canon constitucional de motivación suficiente al limitarse a rechazar la acumulación de acciones sin ofrecer una exposición razonada de las consideraciones fácticas y jurídicas en las que se sustentaba este rechazo e ignorando, por el contrario, la conexión existente entre todas las reclamaciones, idénticas en su fundamento y derivadas del mismo acto o actuación administrativa.

La STC 11/2014, de 27 de enero, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a una entidad local que había sido condenada en apelación al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, sin que el órgano judicial ad quem se pronunciara sobre las cuestiones suscitadas por el ente local acerca del comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad. La Sentencia, reiterando la doctrina sentada en la STC 103/2005, de 9 de mayo, para un asunto idéntico, apreció vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho pues no es razonable exigir a quien haya obtenido un pronunciamiento favorable en la instancia que interponga recurso de apelación o se adhiera al que oponga la contraparte, corriendo en otro caso el riesgo de que queden imprejuzgadas las cuestiones que planteó tempestivamente y que fueron enjuiciadas en la primera instancia. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por tres Magistrados.

La STC 46/2014, de 7 de abril, dictada por la Sala Primera, estimó un recurso de amparo promovido frente a las resoluciones administrativas y judiciales que denegaron una petición de renovación del permiso de trabajo y residencia. Estas resoluciones no ponderaron desde una perspectiva constitucionalmente adecuada las circunstancias personales y familiares del peticionario: escasa gravedad del delito cuya condena fuera determinante de la denegación de la solicitud, y arraigo personal y laboral en España, pues la madre del solicitante es titular de un permiso de residencia permanente y él mismo es padre de dos menores, uno de ellos de nacionalidad española.

La STC 48/2014, de 7 de abril, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando la entrega a las autoridades italianas de un ciudadano de esa nacionalidad reclamado en diferentes órdenes europeas de detención y entrega. Pese a que no se habían cumplimentado en su totalidad los requerimientos de información que él mismo había dirigido a las autoridades italianas, el órgano judicial español entendió, sin ofrecer una motivación específica sobre este particular, satisfechos los requisitos legales para acceder a la solicitud de detención y entrega en el marco de la euroorden. La ya mencionada STC 50/2014, igualmente de 7 de abril, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia en relación con una resolución judicial en la que se dio una respuesta insuficiente a la pretensión, deducida por quien había sido requerido en el marco de una orden europea de detención y entrega, de oposición a la entrega a las autoridades italianas sustentada en su equiparación con las personas de nacionalidad española en función de su residencia y prolongado arraigo laboral y familiar en España (en el caso, el interesado llevaba residiendo en España desde 1999). Por su parte, la STC 113/2014, de 7 de julio, otorgó el amparo a quien había sido objeto de tres órdenes europeas de detención y entrega; interesada la nulidad de actuaciones porque no había podido defenderse asistido por un Letrado de su elección, su pretensión revocatoria fue estimada en uno de los procesos y denegada en los otros dos, sin que se explicase esta diferencia de trato.

La STC 49/2014, de 7 de abril, dictada asimismo por la Sala Segunda, estimó un recurso de amparo al apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal respecto de las resoluciones judiciales que no satisficieron las exigencias del canon de motivación reforzada que, conforme a la doctrina sentada en la STC 97/2010, de 15 de noviembre, resulta de aplicación en materia de prescripción de las penas. Por el contrario, la STC 81/2014, de 28 de mayo, desestimó un recurso de amparo promovido en un supuesto en el que, al hilo de la negativa a considerar la suspensión de la ejecución regulada en los artículos 80 y siguiente del Código penal como una modalidad de cumplimiento de la pena, se controvertían las resoluciones judiciales en las que se reflejaba esa interpretación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal. La calificación de esta regulación como una modalidad de cumplimiento de la pena fue luego reiterada en la STC 180/2014, de 3 de noviembre, que aplicó la doctrina de la STC 81/2014.

La STC 102/2014, de 23 de junio, otorgó el amparo a quien había visto vulnerado su derecho a obtener una resolución judicial fundada en una motivación suficiente —en el sentido de expresiva para el caso de la razón de decidir— y ajustada a los límites de su fundamentación en Derecho, lo que implica la exclusión de la arbitrariedad, la manifiesta irrazonabilidad o el error patente en la interpretación de la causa legal aplicada. En el caso, el entonces demandante y luego recurrente en amparo vio denegada su petición de declaración de dominio y de división de común de dos fincas registrales, denegación fundada en una simple expresión de voluntad del órgano judicial, puramente neutra y ambigua, y en la valoración exclusivamente de una de las pruebas aportadas, contraria a las tesis de la actora, sin explicar la postergación de aquellas otras favorables a sus pretensiones.

La STC 138/2014, de 8 de septiembre, dictada por la Sala Segunda, versó sobre un supuesto en el que, por hallarse afectado el interés de los menores, rige la exigencia de un deber de motivación reforzada de las resoluciones judiciales. En esta ocasión, la Sentencia declaró contrarias a este derecho las resoluciones judiciales de instancia y apelación que otorgaron a los abuelos el régimen de estancias propio del progenitor no custodio.

Como ya se ha indicado, las SSTC 159/2014 y 168/2014 desestimaron dos recursos de amparo promovidos frente a las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en procesos sobre sucesión en títulos nobiliarios, pues no se apreció que la aplicación al caso de la Ley sobre igualdad del hombre y la mujer en la sucesión de los títulos nobiliarios supusiera vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada y motivada.

En la STC 165/2014, de 8 de octubre, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de amparo interpuesto por quienes habían sido condenados en un proceso penal y que denunciaron la utilización, entre otros medios de prueba, de la declaración autoincriminatoria que habrían prestado, sin las debidas garantías de contradicción e inmediatez, en diligencias policiales. La Sentencia, amén de precisar que la declaración autoinculpatoria prestada en el curso de las diligencias policiales no es una prueba de confesión, pero sí una manifestación voluntaria y libre, documentada, que cuando se realiza con observancia de requisitos legales adquiere existencia jurídica, no apreció vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la motivación que contienen las resoluciones judiciales condenatorias. La STC 177/2014, de 3 de noviembre, dictada por la Sala Segunda, rechazó una alegación de incongruencia omisiva por falta de agotamiento de la vía judicial previa. Otro tanto hizo, respecto de una alegación similar, bien que por razones atinentes al fondo, la STC 187/2014, de 17 de noviembre.

Como ya se ha reseñado en el epígrafe dedicado al acceso a la justicia y a los recursos legales, la STC 204/2014, de 15 de diciembre, otorgó el amparo frente a la inadmisión, sin motivación, de un incidente de nulidad de actuaciones.

Finalmente, en la STC 212/2014, de 18 de diciembre, el Pleno rechazó que la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese traducido en una infracción del derecho a obtener una resolución judicial jurídicamente fundada, puesto que la denegación de la petición de plantear la cuestión prejudicial no puede tildarse de irrazonable ni incursa en error patente. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Juez imparcial

Dos sentencias resolvieron sendas denuncias de infracción del derecho al juez imparcial: La STC 133/2014, de 22 de julio, desestimó el recurso promovido por varios condenados por el delito de pertenencia a organización terrorista y en el que intervino una Magistrada que había sido apartada de una causa penal anterior instruida contra uno de los demandantes de amparo por enaltecimiento del terrorismo, al prosperar su recusación. La STC 133/2014 declaró que no cabe presumir que la Magistrada, por el solo hecho de haber expresado un prejuicio, en una causa anterior y respecto de hechos indudablemente distintos, haya de considerarse incursa en una causa de abstención en los procesos posteriores que eventualmente puedan dirigirse contra el mismo acusado. A su vez, la STC 178/2014, de 3 de noviembre, desestimó un alegato similar en relación con la intervención, como integrante de la Sala Quinta del Tribunal Supremo que conoció del recurso de casación, de quien había intervenido como Letrado asesor jurídico de la Guardia Civil en un expediente sancionador previo instruido por los mismos hechos. En esta ocasión, la desestimación del motivo impugnatorio se debió a razones de índole procesal puesto que el afectado no invocó durante el proceso judicial previo la concurrencia de la causa de recusación que extemporáneamente trató luego de hacer valer en vía de amparo constitucional.

b) Derecho a la defensa y a ser informado de la acusación

La STC 59/2014, de 5 de mayo, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo por vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación en relación con un procedimiento administrativo sancionador. En esta ocasión la resolución definitiva fue notificada por edictos ya que la Administración no logró llevar a cabo la notificación personal en el local de negocios que regentaba el interesado. Pese a ello, al llevar a cabo la ejecución forzosa de la sanción, la Administración localizó al interesado en su domicilio, donde le notificó la providencia de apremio. La Sentencia, tras proclamar la aplicabilidad a los procedimientos administrativos sancionadores de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación, señala que la efectividad de estos derechos presupone que el interesado sea emplazado debidamente y se le notifique la incoación del procedimiento, requisitos que no satisfizo la Administración actuante pues no obró con la diligencia debida en la búsqueda del momento —horario— o lugar —domicilio– adecuados para la práctica de la notificación personal.

c) Derecho a un proceso con todas las garantías

En aplicación de la doctrina sentada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, la STC 105/2014, de 23 de junio, otorgó el amparo solicitado por quien, tras ser absuelto en primera instancia, fue condenado en apelación tras celebrarse vista, con la sola asistencia de los letrados de las partes y del Ministerio Fiscal, en la que se procedió a la reproducción de algunos testimonios mediante el visionado de la grabación del juicio. La STC 105/2014 concluyó que se habían vulnerado los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia toda vez que la condena trajo causa de la valoración de pruebas personales practicadas en la apelación sin respetar las garantías de inmediación y contradicción. La doctrina de la STC 167/2002 fue aplicada asimismo en la STC 191/2014, de 17 de noviembre, en este caso respecto de una condena en apelación —valorando pruebas de carácter personal practicadas sin respetar las garantías de contradicción e inmediación—, por un delito contra la seguridad vial.

La STC 13/2014, de 30 de enero, dictada por el Pleno del Tribunal y a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos Magistrados, rechazó, reiterando la doctrina sentada en la STC 199/2013, de 5 de diciembre, que la realización de un análisis de una muestra de ADN tomada sin consentimiento del interesado y sin previa autorización judicial y su posterior incorporación al proceso penal representase una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. Esta misma doctrina fue luego reiterada por el propio Pleno en las SSTC 14/2014 a 16/2014, de 30 de enero, y 23/2014, de 13 de febrero, que, al igual que sucede con la STC 13/2014, cuentan con sendos votos particulares discrepantes. La Sala Primera dictó las SSTC 43/2014, de 27 de marzo, y 135/2014, de 8 de septiembre, en este mismo sentido.

También el Pleno del Tribunal dictó la STC 26/2014, de 13 de febrero, desestimatoria de un recurso de amparo en cuya tramitación se plantearon varias cuestiones prejudiciales interpretativas y de validez resueltas por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, en el asunto C-399/11. La STC 26/2014 deniega el amparo solicitado frente al Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en un proceso de orden europea de detención y entrega, había autorizado la puesta del recurrente a disposición de las autoridades italianas para dar cumplimiento a la condena que le había sido impuesta en un proceso penal en el que no compareció personalmente, pero en el que estuvo representado y defendido por un letrado de su elección. En esta Sentencia, el Pleno del Tribunal revisa expresamente su doctrina (art. 13 LOTC) acerca del contenido absoluto de los derechos fundamentales, contenida en la STC 91/2000, de 30 de marzo, indicando específicamente que no vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) la imposición de una condena sin la comparecencia del acusado y sin la posibilidad ulterior de subsanar su ausencia en el proceso penal, cuando conste que la falta de comparecencia en el acto del juicio ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente emplazado y éste ha sido efectivamente defendido por Letrado designado. Se formularon tres votos particulares concurrentes a esta Sentencia.

d) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

Cuatro sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Se trata de la STC 54/2014, de 10 de abril, dictada por el Pleno del Tribunal, respecto de un proceso sobre orden administrativa de expulsión del territorio nacional cuya vista se había fijado para dos años después de la interposición del recurso; y de las SSTC 58/2014, de 5 de mayo; 89/2014, de 9 de junio; y 99/2014, de 23 de junio, de la Sala Segunda, relacionadas todas ellas igualmente con procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería en los que se impugnaban órdenes de expulsión y cuya vista había sido señalada para unas fechas en exceso tardías enjuiciadas desde la perspectiva de la complejidad de los procesos contenciosos y los intereses que en ellos arriesgaban los actores.

e) Presunción de inocencia

En epígrafes anteriores se han reseñado distintas sentencias que dieron respuesta a alegaciones relativas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en la tipificación legal de las faltas de hurto contenida en el art. 623.1 del Código penal (SSTC 185/2014, 205/2014 y 206/2014) o en supuestos de utilización como prueba de cargo de análisis de muestras de ADN tomadas sin consentimiento del afectado y sin que mediara previa autorización judicial (SSTC 13/2014 a 16/2014, 23/2014, 43/2014 y 135/2014). A estas resoluciones hay que añadir otras cinco sentencias dictadas en procesos de amparo en los que se invocaba, entre otros motivos impugnatorios, el derecho a la presunción de inocencia.

Como ya se ha reseñado anteriormente, las SSTC 105/2014, de 23 de julio, y 191/2014, de 17 de noviembre, otorgaron el amparo frente a sendas vulneraciones de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia resultantes de las condenas en apelación impuestas desatendiendo las exigencias de la doctrina sentada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre.

La STC 133/2014, de 22 de julio, a la que ya se ha hecho mención con anterioridad, denegó el amparo promovido por varias personas condenadas por pertenencia a organización terrorista que, entre otros motivos impugnatorios, adujeron vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En este caso, la condena se basó en la existencia de prueba indiciaria que los órganos judiciales actuantes consideraron suficiente y que, conforme a las conclusiones alcanzadas en la STC 133/2014, había de reputarse respetuosa con la doctrina constitucional en la materia pues el enlace existente entre los hechos base acreditados y las conclusiones inferidas a partir de aquellos es lógico, racional y coherente. La doctrina de la STC 133/2014 fue posteriormente reiterada y aplicada en la STC 146/2014, de 22 de septiembre, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos Magistrados.

La STC 165/2014, de 8 de octubre, reseñada con anterioridad, desestimó un recurso de amparo en el que se denunciaba la consideración como prueba de cargo de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en diligencias policiales y de las que luego se habían retractado los acusados. La Sentencia no solo señala que existieron otras pruebas de cargo válidas sobre las que se sustentó el pronunciamiento condenatorio sino que, además, reitera que las declaraciones autoinculpatorias realizadas en el curso de diligencias policiales no son pruebas de confesión pero sí manifestación voluntaria y libre documentada que, cuando se realiza con observancia de los requisitos legales, adquiere existencia jurídica, y considera adecuadamente incorporadas las declaraciones policiales al plenario. A este respecto constata que la Sala no se limitó a la simple reproducción genérica y formularia de lo declarado sino que, además, se interrogó a los encausados sobre el contenido concreto y detallado de sus declaraciones ante la policía.

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

En cuatro sentencias se resolvieron, con un enjuiciamiento del fondo de las cuestiones planteadas, otros tantos recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora. A ellas debe añadirse la STC 139/2014, de 8 de septiembre, que inadmitió, por falta de agotamiento de la vía judicial previa, un recurso de amparo en el que se alegaba este mismo motivo impugnatorio.

En cuanto a la legalidad penal, la STC 49/2014, de 7 de abril, reiterando la doctrina sentada en la STC 97/2010, de 15 de noviembre, estimó el recurso de amparo promovido frente a diversas resoluciones judiciales que resolvieron una petición de prescripción de la pena, suspendida en su ejecución durante la tramitación de un indulto, mediante un razonamiento no respetuoso con el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a una resolución jurídicamente fundada, en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal. Por el contrario, la STC 81/2014, de 28 de mayo, denegó el amparo solicitado respecto de otro supuesto de prescripción de la pena planteado en un caso de suspensión de su ejecución; reiterando la doctrina constitucional conforme a la cual sólo los actos de ejecución asociados al cumplimiento de la pena tienen relevancia para interrumpir la prescripción, la Sentencia concluyó que la denegación fue producto de una argumentación respetuosa con el canon de motivación reforzada que rige en materia de prescripción penal. Por otro lado, el hecho de que no se compute la prescripción durante la suspensión de ejecución no contraviene la finalidad constitucional del instituto prescriptor, pues ha sido el legislador quien ha establecido un modo alternativo a la ejecución de la condena que, durante su vigencia, veda el cumplimiento material de las penas privativas de libertad.

Respecto del derecho a la legalidad sancionadora, la Sala Primera, en la STC 29/2014, de 24 de febrero, en la que se reiteró la doctrina sentada en la STC 111/2004, de 12 de julio, denegó el amparo solicitado por quien fuera sancionado por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor de un vehículo con el que se cometió una infracción de tráfico, después de que la Administración realizase las actuaciones necesarias para incoar procedimiento sancionador a quien había sido señalado como conductor. La Sentencia concluye que ello representa un fundamento razonable para subsumir en este caso la actuación del recurrente en amparo en la conducta típica. Por su parte, la STC 199/2014, de 15 de diciembre, otorgó el amparo a quien fuera objeto de una sanción en materia de tráfico impuesta sin identificar mínimamente la relación entre la infracción y la sanción y con fundamento en una disposición reglamentaria carente de cobertura legal, con preterición del principio de proporcionalidad.

L) Derecho a la educación (art. 27 CE)

Como ya se ha reseñado con anterioridad, la STC 10/2014, de 27 de enero, desestimó un recurso de amparo promovidos por los padres de un menor escolarizado en un centro de educación espacial al considerar suficientemente motivadas y ponderadas, desde la perspectiva del derecho a la educación, las razones en la que se basó la resolución administrativa controvertida. En otras tres resoluciones se inadmitieron sendos recursos de amparo en los que se invocaba un eventual derecho a la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la ciudadanía (SSTC 28/2014, de 24 de febrero; 41/2014, de 24 de marzo, y 57/2014, de 5 de mayo).

M) Libertad sindical (art. 28 CE)

Dos de las sentencias dictadas durante 2014 resolvieron recursos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho a la libertad sindical: La STC 100/2014, de 23 de junio, dictada por la Sala Segunda, estimó el recurso promovido por un representante sindical a quien una delegación del Gobierno le abonó un complemento inferior a la media de la cuantía que se le había reconocido judicialmente; la Sentencia declaró que la Administración había obligado al recurrente a recabar una y otra vez el amparo judicial para obtener el cobro de lo que es debido, lo que constituyó un obstáculo objetivamente constatable para que el recurrente pudiese realizar actividades sindicales. Por su parte, en la STC 140/2014, de 11 de septiembre, el Pleno del Tribunal denegó el amparo a una profesora de religión y moral católica que no figuraba en la lista de profesores de religión propuesta por el obispado de Tenerife, para ser contratados en el curso 2002-2003. La recurrente, para cuestionar dicha propuesta, alegó su participación en una huelga en la que reclamó la modificación de sus condiciones laborales. Al respecto, la Sentencia estableció que no existe conexión temporal entre la participación de la demandante en la huelga y la decisión de no proponerla para ser contratada.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General.
Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2014 el Servicio ha llevado a cabo diversos estudios, en apoyo de las actividades del Tribunal, y ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha prestado especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho.

En 2014 se llevó a cabo la cuarta convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo del Pleno de 27 de mayo de 2014 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 135, de 4 de junio). Fue otorgada mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 10 de octubre de 2014 (BOE núm. 254, de 20 de octubre).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 3.685 títulos, de los cuales

a) Por compra: 3.533

b) Por donación: 152.

Revistas: han dejado de recibirse en versión impresa ocho títulos de revistas que, a partir de 2014, se reciben en formato digital a través de bases de datos, junto con otras revistas de acceso en línea que han sido integradas en el catálogo. Se han incorporado 20 nuevas publicaciones seriadas en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 431.455 registros bibliográficos. Durante el año 2014 se han incorporado al catálogo 33.289 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

— 3.945 libros nuevos, de los cuales 317 son libros digitales;

— 14.937 artículos de revistas;

— 14.291 capítulos de obras colectivas;

— 116 publicaciones periódicas, de las cuales 87 son revistas electrónicas.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 146.681. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 11.231 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido a los fondos de la biblioteca 3.112 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas y sentencias de distintos tribunales. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet del Tribunal y han sido distribuidos por correo electrónico.

E) Encuadernación:

Han sido encuadernados 26 volúmenes de revistas y boletines. Además, han sido restaurados 11 libros.

2) Servicios a los lectores

La Biblioteca ha realizado un total de 2.568 préstamos de libros y 2.456 devoluciones. Ha atendido 16.406 consultas a través de la aplicación informática, así como 3.071 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total 4.673 recursos bibliográficos: 1.991 libros; 1.793 artículos de revistas; y 889 artículos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

— Biblioteca Nacional.

— Bibliotecas universitarias.

— Biblioteca del Congreso de los Diputados.

— Biblioteca del Senado.

— Biblioteca del Consejo General del Poder Judicial.

— Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

— Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

— Bibliotecas de Ministerios.

— Bibliotecas de Tribunales.

— Bibliotecas de Academias.

— Bibliotecas de Colegios de Abogados.

— Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

— Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 106), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el año 2014 se realizaron un total de 11 visitas, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Durante el año 2014 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado los tomos de la colección “Jurisprudencia constitucional” correspondientes al primer y segundo semestres del año 2012 (tomos 90 y 91).

Se ha continuado elaborando el “Boletín de jurisprudencia constitucional”, que resume y sistematiza la doctrina del Tribunal Constitucional y se distribuye internamente como material de trabajo para los Magistrados y Letrados del Tribunal. Asimismo, el Servicio de Doctrina Constitucional ha seguido facilitando la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, remitiendo cuatrimestralmente una selección de sentencias del Tribunal Constitucional para su incorporación a la base de datos “Codices” y su inclusión en los boletines de jurisprudencia constitucional que edita dicha institución.

Por Acuerdo del Pleno de 27 de mayo de 2014, hecho público mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 2014, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 135, de 4 de junio del mismo año, se llevó a cabo la undécima convocatoria de becas de formación jurídica en doctrina constitucional. Estas becas fueron concedidas por Resolución de la Presidencia del Tribunal de 7 de octubre de 2014, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 252, de 17 de octubre.

El trabajo conjunto de los servicios de Doctrina Constitucional y de Informática ha permitido continuar con las labores de actualización, normalización y depuración del contenido e índices de la base de datos de “Jurisprudencia constitucional”, incorporado a la web del Tribunal Constitucional.

3. Servicio de Informática

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es).

Durante el año 2014, la página web del Tribunal recibió 984.234 visitas, de un total de 627.713 visitantes diferentes, lo que hace un promedio de 2,69 visitas por visitante.

Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Media anual
Total de visitas | 677.805 | 799.715 | 792.339 | 688.327 | 984.234 | 788.484
Promedio de visitas diarias | 1.857 | 2.191 | 2.171 | 1.886 | 2.697 | 2.160
Total de visitantes | 449.165 | 517.069 | 478.144 | 446.455 | 627.713 | 503.709
Promedio de visitantes al día | 1.231,00 | 1.417,00 | 1.310,00 | 1.223,16 | 1.719,76 | 1.380

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios con origen en España (el 85,96 por 100). Del resto de accesos, el 6,81 por 100 se efectuó desde países de Iberoamérica, el 4,94 por 100 desde otros países europeos, el 1,84 por 100 desde los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el 0,30 desde China, el 0,02 por 100 desde países africanos y el 0,02 por 100 desde Australia. Sólo un 0,03 por 100 de los accesos se hizo desde dominios de origen desconocido.

De los países iberoamericanos, el mayor número de visitas se produjo desde Perú (1,75 por 100 del total), México (1,17 por 100), Colombia (0,85 por 100), Bolivia (0,50 por 100), República Dominicana (0,42 por 100), Argentina (0,41 por 100), Chile (0,35 por 100), Ecuador (0,28 por 100) y Venezuela (0,28 por 100).

Los países europeos desde los que se ha producido el mayor número de visitas son Alemania (0,85 por 100 del total), Gran Bretaña (0,79 por 100), Francia (0,67 por 100), Italia (0,55 por 100) y Rusia (0,43 por 100).

Desde el continente asiático, China es el país desde el que se realizó el mayor número de visitas (el 0,07 por 100 del total), seguido de Corea del Sur (0,06 por 100) y Japón (0,03 por 100).

El apartado más consultado de la web del Tribunal Constitucional ha sido el “Buscador de jurisprudencia constitucional” a través del portal «hj.tribunalconstitucional.es» con 2.196.039 visitas, de un total de 206.051 visitantes diferentes. La evolución de visitas del sistema buscador de jurisprudencia ha ido creciendo desde su implantación.

Año | 2013 | 2014
Total de visitas | 1.728.944 | 2.196.039
Promedio de visitas diarias | 4.737 | 6.017
Total de visitantes diferentes | 131.688 | 206.051

Los usuarios proceden principalmente de España (78,57 por ciento). Los demás se localizan en el resto de Europa (10,28 por ciento), Sudamérica (3,73 por ciento), Norteamérica (3,54 por ciento), China y el resto de Asia (3,11 por ciento) y África, Oceanía y otros países (0,77 por ciento). Las búsquedas se han efectuado en un 72 por ciento a través de “Google”, en un 22,27 desde el portal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (www.boe.es), y las restantes búsquedas mediante acceso directo a la página web desde universidades, asociaciones y colegios profesionales, Administraciones públicas y redes sociales (especialmente “Twitter”).

Por orden de importancia, los listados de sentencias que se han realizado como resultado de las búsquedas han alcanzado 617.955, lo que supone un 24 por 100 más que el año anterior. Además, se ha accedido en 237.491 ocasiones al apartado de “Sentencias”, se han realizado 23.266 consultas al apartado de “Sentencias más recientes” y otras 41.421 consultas al de “Autos”. Por último, el apartado “Composición y organización del Tribunal” ha recibido 32.047 consultas.

De los ficheros existentes en la página web los más descargados fueron la Nota de Prensa 84/2014, relativa a la celebración en Canarias de una consulta sobre prospecciones petrolíferas (con 26.343 descargas); la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (con 21.721 descargas); la Nota de Prensa 26/2014, relativa a la declaración soberanista de Cataluña (12.065 descargas); y, por último, el documento “La tutela multinivel de los derechos fundamentales” contenido en la actividad “XVI Encuentro Trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España” (8.474 descargas).

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org) ha registrado 21.731 visitas, de un total de 10.849 visitantes, con un promedio de 2 visitas por visitante. El total de consultas a los diferentes apartados (fotografías, videos, documentos, etc.) fue de 878.714, con un promedio de 40,43 elementos consultados por visita.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web han sido España (441.371 consultas), Estados Unidos (51.715), República Dominicana (47.035), México (35.640), Perú (33.895), Colombia (26.027), Venezuela (25.288), Argentina (23.687) y Chile (20.193).

Los documentos más descargados fueron el relativo a la “Corte Suprema de Justicia de México” (3.361 descargas); el “Cuestionario de Corte de Justicia de la República Dominicana para la Conferencia de Santo Domingo 2014” (2.839 descargas); el de “Avances Jurisprudenciales en materia de género” del Seminario en Antigua 2012 (2.554 descargas); el relativo a “Las respuestas de la Corte Constitucional de Colombia al cuestionario de la Conferencia de Cádiz 2012” (2.475 descargas); el de “Las respuestas del Tribunal Constitucional de República Dominicana al cuestionario de la Conferencia de Santo Domingo 2014” (2.406 descargas); y el relativo a “República Dominicana. Los procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales” correspondiente al Seminario de Cartagena de Indias 2013 (1.981 descargas).

Los apartados más visitados fueron, en el siguiente orden, los referentes a la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional a celebrar los días 12 a 15 de marzo de 2014 en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana); los de carácter general relacionados con la propia Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional; los relativos al Seminario sobre “La potestad financiera en la Justicia Constitucional”, desarrollado en la ciudad de Antigua, Guatemala (2013); y los relacionados con la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en la ciudad de Cádiz los días 17, 18 y 19 de mayo de 2012.

Durante el año 2014, el Servicio de Informática ha realizado una auditoría interna para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas en el tratamiento de datos de carácter personal (de conformidad con lo previsto en el art. 96.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal), cuya conclusión principal es el alto grado de cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas.

Al amparo de la base primera, apartado 2, del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 19 de noviembre de 2012 (BOE núm. 290, de 3 de diciembre), por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional con fecha de 2 de abril de 2014 se acordó prorrogar hasta el día 8 de octubre de 2014 las becas de formación relacionadas con la informática del Tribunal Constitucional que fueron concedidas por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 2013 (BOE núm. 78, de 1 de abril).

Por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2014 (BOE núm. 267, de 4 de noviembre), se publicó el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convocaban tres becas de formación relacionadas con la informática del Tribunal Constitucional.

4. Servicio de Gerencia

En el área de gestión de recursos humanos debe destacarse la cobertura de una plaza de Bibliotecario - Documentalista en el Servicio de Biblioteca y Documentación, mediante el correspondiente concurso de méritos convocado por Resolución de la Presidencia de 29 de enero de 2014 y resuelto por Resolución de la Presidencia de 15 de julio de 2014 (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” de 17 de septiembre de 2014).

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 650 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
49 | 1
456 | 2
78 | 4
59 | 6
8 | 8

Además se han tramitado 23 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 943.558,06 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria.

En lo que respecta a la gestión de las infraestructuras del Tribunal, destaca la habilitación de unas nuevas dependencias para servicios propios del Tribunal en unos locales próximos a su edificio sede, ubicados en las calles San Francisco de Sales y Cea Bermúdez. Dicha actuación ha sido proyectada, dirigida y ejecutada por los servicios competentes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y financiada con cargo al presupuesto de dicho centro directivo. Tras la habilitación de tales dependencias se ha producido el traslado a las mismas de los servicios del Tribunal anteriormente ubicados en unos locales arrendados, por lo que se ha producido el término del correspondiente contrato de arrendamiento suscrito en su día a tal objeto. Igualmente en el año 2014 se ha ultimado la sustitución de los ascensores del edificio sede del Tribunal, actuación asimismo proyectada, dirigida, ejecutada y financiada por la Dirección General del Patrimonio del Estado. En este mismo ámbito, y ya con cargo al presupuesto del propio Tribunal Constitucional, se ha suministrado en el ejercicio un nuevo sistema de control de accesos al edificio, dependencias e instalaciones del Tribunal Constitucional, habiéndose ejecutado asimismo, por último, las obras precisas para la adaptación de un recinto ubicado en el sótano 1 del edificio como centro de proceso de datos de respaldo.

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos

1) Documentación jurisdiccional: En 2014 han ingresado por transferencia un total de 920 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General.

2) Documentación no jurisdiccional: Ingresaron 102 unidades de instalación.

B) Descripción y reproducción

Durante 2014 el Archivo General del Tribunal Constitucional prosiguió sus trabajos de organización, normalización de datos descriptivos e integración de registros en bases de datos:

1) Documentación jurisdiccional: Se incorporaron a la base de procesos constitucionales del Archivo General un total de 7.519 nuevos registros, que incrementan el total de registros inscritos en dicha base de datos (documentos compuestos o expedientes; y documentos simples, que no se agrupan en expedientes) hasta los 178.246, una vez realizadas las pertinentes depuraciones.

2) Documentación no jurisdiccional: 5.906 nuevos registros de base de datos, que contiene en total 179.663.

Se han digitalizado un total de 6.167 expedientes, con un total de 26.631 páginas. Asimismo, se han digitalizado más de 60.000 páginas de dosieres de prensa monográficos elaborados por el Gabinete de la Presidencia.

C) Gestión documental

Se ha proseguido, con el apoyo de consultores externos, la realización de los desarrollos y parametrizaciones necesarias para la integración de la plataforma de gestión documental con las diversas aplicaciones de tramitación actualmente en producción en el Tribunal Constitucional. En concreto, se ha diseñado un modelo de contenidos, denominado ECIS, a partir del esquema de metadatos corporativo; se ha desarrollado un servicio web basado en una interfaz de programación de aplicaciones (API, según su abreviatura en inglés) desarrollada conforme al modelo “Restful”, para la integración de las aplicaciones con el gestor documental “Alfresco”; y se han diseñado y comprobado procesos de migración desde diferentes bases de datos (portafirmas, gestión procesal, etc.)

También sobre la plataforma “Alfresco” se ha realizado una herramienta para la gestión del inventario de bienes artísticos del Tribunal Constitucional (“Inobart”) y visualización de los mismos; y otra (“Arno”) para la recuperación de acuerdos y resoluciones normativas del Tribunal dictadas desde 1980, mejorando y actualizando la preexistente que utilizaba el software open source “Greenstone 2.86”.

D) Servicios a usuarios

Durante 2014 se han realizado 944 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 101 solicitudes de documentación digitalizada y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

E) Becas de formación. recursos humanos

En noviembre de 2014 finalizaron su actividad las personas beneficiarias de las becas de formación en archivística y gestión documental que habían sido convocadas por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, publicado por Resolución de 30 de abril de 2012 de la Presidencia del Tribunal Constitucional (“Boletín Oficial del Estado” de 30 de mayo). Por Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, fue publicado el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convocaron dos nuevas becas de formación relacionadas con la gestión documental y archivística en el Tribunal Constitucional (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de junio). Dichas becas fueron adjudicadas por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2014 (“Boletín Oficial del Estado” de 12 de diciembre).

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2014 ascendieron a 23.620,18 miles de euros, lo que representa una disminución del 2,73 por 100, esto es, 664,04 miles de euros, respecto del ejercicio 2013, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 24.284,22 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

- Capítulo 1. (Gastos de personal): 16.846,35 miles de euros.

- Capítulo 2. (Gastos corrientes en bienes y servicios): 5.438,34 miles de euros.

- Capítulo 4. (Transferencias corrientes): 592,49 miles de euros.

- Capítulo 6. (Inversiones reales): 695,00 miles de euros.

- Capítulo 8. (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2014 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 16.846.350,00 | 15.765.669,70 | 93,59 por 100
Capítulo 2 | 5.438.340,00 | 4.258.777,44 | 78,31 por 100
Capítulo 4 | 592.490,00 | 436.477,86 | 73,67 por 100
Capítulo 6 | 695.000,00 | 557.521,52 | 80,22 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 26.100,00 | 54,38 por 100
Total | 23.620.180,00 | 21.044.546,52 | 89,10 por 100

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

31 de enero

Audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

13 de marzo

X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional sobre “Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución”. Santo Domingo (República Dominicana).

12-13 de mayo

XVI Congreso de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos sobre “La cooperación entre los Tribunales Constitucionales en Europa: situación actual y perspectivas”. Viena (Austria).

24-25 de noviembre

Visita de trabajo al Consejo Constitucional de la República Francesa. París (Francia).

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

19 de febrero

Presidente del Tribunal Constitucional de Tailandia, don Charoon Intachan, acompañado de una delegación de altos funcionarios del Tribunal tailandés.

4 de julio

Presidente del Senado de Filipinas, don Franklin M. Drilon.

8 de julio

Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, don Guillermo Pérez-Cadalso y el Magistrado don Ricardo Acevedo.

17-19 de septiembre

Visita de trabajo con una delegación de la Corte Federal Constitucional de Alemania, encabezada por su Presidente, don Andreas Voßkuhle. Seminario sobre “Derechos sociales y crisis económica” y “El papel de los Tribunales en la actual crisis económica”.

2 de octubre

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, don José Eduardo Ayú Prado, acompañado del Vicepresidente, don Luis Ramón Fábrega.

REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3 de marzo

Reunión de trabajo con una delegación del Ministerio de Autonomías y el Servicio Estatal de Autonomías de Bolivia en el marco del programa para la cohesión social en América latina (Eurosocial) y en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

1-2 de julio

Visita de trabajo de una delegación de funcionarios de la Oficina del Agente de Bulgaria ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

17 de julio

Visita de trabajo de una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de Japón.

16 de septiembre

Reunión de trabajo de una delegación del Defensor del Pueblo de Turquía en el marco del proyecto de hermanamiento (Twinning Project) que lidera el Defensor del Pueblo español y el Défenseur des Droits de Francia, en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

24 de septiembre

Visita del Magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, don Gonzalo Antonio García Pino.

26 de septiembre

Jornada de trabajo con miembros de la carrera judicial española, organizada con el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.

21 de noviembre

I Jornada-Seminario Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo sobre “Las jurisdicciones europeas y las jurisdicciones superiores de los Estados miembros”. En el marco de dichas jornadas se ha suscrito el primer convenio de colaboración entre ambos Tribunales, con el objetivo de establecer un marco de colaboración documental y jurisprudencial entre ambas instituciones.

10 de diciembre

Visita de trabajo de una delegación de la Corte Constitucional de la República de Corea.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

21-24 de enero

Participación en la primera evaluación de la aplicación del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Turquía en el marco del proyecto “Apoyo para la aplicación del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Turquía” del Consejo de Europa y el Tribunal Constitucional de Turquía sobre “Criterios de admisibilidad de recursos y medidas compensatorias”. Ankara (Turquía).

17-19 de febrero

Participación en la segunda evaluación de la aplicación del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Turquía en el marco del proyecto “Apoyo para la aplicación del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Turquía” del Consejo de Europa y el Tribunal Constitucional de Turquía sobre “Criterios de admisibilidad de recursos y medidas compensatorias”. Estambul (Turquía).

9-11 de abril

Participación en la tercera evaluación de la aplicación del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Turquía en el marco del proyecto “Apoyo para la aplicación del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Turquía” del Consejo de Europa y el Tribunal Constitucional de Turquía sobre “Criterios de admisibilidad de recursos y medidas compensatorias”. Ankara (Turquía).

24 de abril

Encuentro de trabajo con una delegación filipina, encabezada por la Ministra Consejera para el Proceso de Paz doña Teresita Quintos, e integrada por altos funcionarios de la Oficina del Asesor Presidencial del Proceso de Paz y miembros del Congreso y del Senado. La visita se realiza en el marco del proyecto bilateral financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “Integración del enfoque de construcción de la paz y desarrollo en la gobernabilidad local en Filipinas 2011-2015”.

6-9 de mayo

Primer curso de formación en Derecho Procesal Constitucional, bajo el título “Los procesos de declaración de inconstitucionalidad”, en el Tribunal Constitucional dominicano en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento del Tribunal Constitucional dominicano” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Santo Domingo.

30 de junio - 3 de julio

Segundo curso de formación en Derecho Procesal Constitucional, bajo el título “Los procesos de tutela de los derechos fundamentales”, en el Tribunal Constitucional dominicano en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento del Tribunal Constitucional dominicano” de la AECID y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Santo Domingo.

24 de noviembre

Sesión de trabajo con una delegación de la Cámara constitucional de la Corte Suprema de la República de Kirguistán en el marco de los proyectos de apoyo a dicha Cámara por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

23 de enero

Ceremonia de imposición de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional Excmos. Srs. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Álvaro Rodríguez Bereijo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Pedro Cruz Villalón, Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde y Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez.

7 de febrero

Conferencia inaugural del curso de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Murcia.

21 de febrero

Reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y el Pleno del Tribunal Constitucional. Sede del Tribunal Supremo.

19 de marzo

Toma de posesión del Magistrado Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho.

21 de marzo

Acto de develación de sendas placas conmemorativas del Pleno del Tribunal celebrado en marzo de 2012 con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812 y de la celebración, en mayo de ese mismo año, de la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz.

21 de mayo

Participación en la ceremonia de entrega de despachos a la LXIV promoción de jueces. Barcelona.

22 de mayo

Audiencia con Su Majestad el Rey don Juan Carlos. Entrega de un ejemplar de la Memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2013.

18 de junio

Acto solemne en el que Su Majestad el Rey don Juan Carlos firma y sanciona la ley de abdicación de la Corona de España.

19 de junio

Solemne acto de juramento y proclamación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI ante las Cortes Generales. Palacio del Congreso de los Diputados.

23 de junio

Audiencia con Su Majestad el Rey Don Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

10 de julio

Toma de posesión del Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez.

21 de julio

Toma de posesión del Letrado don Andrés Javier Gutiérrez Gil como Secretario General del Tribunal Constitucional.

10 de septiembre

Solemne acto de apertura del Año Judicial presidido por Su Majestad el Rey don Felipe VI. Sede del Tribunal Supremo.

16-18 de octubre

XVI Encuentro Trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España sobre la “Tutela multinivel de los derechos fundamentales”. Santiago de Compostela.

6-8 de noviembre

XX Jornadas de la Asociación de letrados del Tribunal Constitucional sobre “El derecho a la privacidad en un nuevo entorno tecnológico”. Cáceres.

6 de diciembre

Actos conmemorativos del XXXVI Aniversario de la Constitución. Congreso de los Diputados.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra de don Fabio Pascua Mateo «Fuentes y control del derecho parlamentario y de la administración parlamentaria», premio Francisco Tomás y Valiente de 2013.

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional ha celebrado, el 21 de noviembre de 2014, un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. La finalidad del acuerdo consiste en facilitar la labor jurisdiccional de los magistrados del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo mediante el establecimiento de un marco de colaboración documental y jurisprudencial entre ambas instituciones, que permita la puesta a disposición de sus fondos bibliográficos e intercambio de resoluciones. Para ello, las partes se comprometen a permitir el acceso a sus bibliotecas de los magistrados del otro Tribunal; a facilitar, para uso interno, la remisión de las resoluciones que ambas instituciones difunden en sus páginas web; así como a prestarse colaboración mutua en materia de asesoramiento tecnológico sobre tratamiento documental de la jurisprudencia.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (http://www.tribunalconstitucional.es/es/LeyTransparencia/InformacionEconomicaContractual/Paginas/02_Convenios.aspx).

Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el “Boletín Oficial del Estado”

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Discurso en el acto de toma de posesión de un Magistrado del Tribunal Constitucional

VI. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Acuerdo de 20 de marzo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 69, de 21 de marzo, cve: BOE-A-2014-3007).

2) Acuerdo de 27 de mayo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el de 19 de diciembre de 2002, por el que se regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional (BOE núm. 130, de 29 de mayo, cve: BOE-A-2014-5589).

3) Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 170, de 14 de julio, cve: BOE-A-2014-7413).

4) Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (BOE núm. 170, de 14 de julio, cve: BOE-A-2014-7407).

ACUERDO DE 20 DE MARZO DE 2014, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(BOE NÚM. 69, DE 21 DE MARZO)

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 26 de junio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), se dispuso la composición de Salas y Secciones del Tribunal Constitucional.

Por Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 18), ha sido nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional don Ricardo Enríquez Sancho, lo que impone la consiguiente modificación parcial del referido Acuerdo del Pleno.

Por ello, en virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2014, ha acordado la siguiente modificación parcial de la composición de sus Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo:

Artículo 1.

La composición de la Sala Primera del Tribunal, así como la de sus Secciones Primera y Segunda, seguirá siendo la establecida en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del día 27).

Artículo 2.

1. La Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Juan José González Rivas y don Pedro José González-Trevijano Sánchez.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Fernando Valdés Dal-Ré, estará integrada por don Fernando Valdés Dal-Ré, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho.

Madrid, 20 de marzo de 2014.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

ACUERDO DE 27 DE MAYO DE 2014, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(BOE NÚM. 130, DE 29 DE MAYO)

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2., en relación con el artículo 10.1.m) de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, ha modificado parcialmente el Acuerdo de 19 de diciembre de 2002 (Boletín Oficial del Estado del 24), modificado a su vez por el de 16 de diciembre de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 2005), por el que se regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional, en los términos que se señalan a continuación:

1. Se modifica el segundo párrafo de la letra c) del artículo 2, número 2, que queda redactado como sigue:

«Los importes de los complementos de adecuación se acreditarán en doce mensualidades. En el complemento de adecuación de antigüedad únicamente se tomarán en consideración los trienios que se les haya reconocido y acreditado a los funcionarios mientras hayan permanecido prestando servicios en el Tribunal Constitucional, modificándose, en su caso, en función de los nuevos trienios que se reconozcan, y sin que sea de aplicación a los funcionarios adscritos con carácter temporal.»

2. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«El personal eventual percibirá las retribuciones básicas correspondientes al grupo de asimilación en que se clasifiquen sus funciones en la relación de puestos de trabajo, así como las retribuciones complementarias asignadas en dicha relación al puesto de trabajo que desempeñen. Las retribuciones complementarias comprenderán las de adecuación que resulten pertinentes, incluido un complemento de adecuación de antigüedad que se calculará de forma similar al de los funcionarios adscritos, tomando en consideración el tiempo de servicios prestados al Tribunal Constitucional, e integrando a estos efectos el importe de los trienios y el del complemento de adecuación de antigüedad correspondientes al grupo de asimilación en que se clasifiquen sus funciones en la relación de puestos de trabajo.

Los funcionarios de carrera que ocupen puestos de trabajo que pueden ser desempeñados asimismo por personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. Las retribuciones complementarias comprenderán las de adecuación que resulten pertinentes, incluido un complemento de adecuación de antigüedad que se calculará de forma similar al de los funcionarios adscritos, tomando en consideración el tiempo de servicios prestados al Tribunal Constitucional.»

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá efectos económicos desde el uno de junio de 2014.

Madrid, 27 de mayo de 2014.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

ACUERDO DE 11 DE JULIO DE 2014, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(BOE NÚM. 170, DE 14 DE JULIO)

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 26 de junio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), se dispuso la composición de Salas y Secciones del Tribunal Constitucional. Por nuevo Acuerdo del Pleno, de 20 de marzo de 2014 («Boletín Oficial del Estado» del día 21), se modificó parcialmente dicha composición.

Por Real Decreto 589/2014, de 8 de julio («Boletín Oficial del Estado» del día 9), ha sido nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional don Antonio Narváez Rodríguez, lo que impone la consiguiente modificación parcial de la composición de las Salas y Secciones del Tribunal.

Por ello, en virtud de lo establecido en los artículos 7.º y 8.º de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2014 ha acordado la siguiente modificación parcial de la composición de sus Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo:

Artículo 1.

La composición de la Sala Primera del Tribunal, así como la de sus Secciones Primera y Segunda, seguirá siendo la establecida en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del día 27).

Artículo 2.

1. La Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Juan José González Rivas y don Pedro José González-Trevijano Sánchez.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Fernando Valdés Dal-Ré, estará integrada por don Fernando Valdés Dal-Ré, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez.

Madrid, 11 de julio de 2014.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

ACUERDO DE 11 DE JULIO DE 2014, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(BOE NÚM. 170, DE 14 DE JULIO).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo único.

El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto) queda modificado en los siguientes términos:

1. El artículo 24 tendrá la siguiente redacción:

«El Secretario general será elegido por el Pleno del Tribunal de entre los Letrados a su servicio que cuenten, al menos, con tres años de antigüedad como tales. El nombramiento se hará por tres años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 d) de este Reglamento».

2. El artículo 32, bajo la rúbrica «Servicio de Estudios», tendrá la siguiente redacción:

«Corresponderá al Servicio de Estudios la programación y elaboración de cuantos trabajos en materia doctrinal, jurisprudencial y legislativa se estimen necesarios en atención a las funciones del Tribunal».

3. El artículo 33, bajo la rúbrica «Servicio de Biblioteca y Documentación», tendrá la siguiente redacción:

«1. Corresponde al Servicio de Biblioteca y Documentación la gestión de la Biblioteca del Tribunal y de cuanta documentación sea precisa en atención a sus funciones, así como el apoyo doctrinal al Presidente y a los Magistrados en los actos y reuniones institucionales en que participen.

2. Corresponde también al Servicio elaborar y ejecutar los planes de publicaciones del Tribunal».

4. El artículo 34, bajo la rúbrica «Servicio de Doctrina Constitucional», tendrá la siguiente redacción:

«Corresponde al Servicio:

a) La planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal.

b) La estadística jurisdiccional».

5. El artículo 34 bis, bajo la rúbrica, «Servicio de Informática», tendrá la siguiente redacción:

«Corresponde al Servicio:

a) La organización y gestión del sistema informático, así como la preservación de la seguridad del mismo y de sus comunicaciones.

b) La prestación de apoyo técnico a los usuarios».

6. El artículo 36 tendrá la siguiente redacción:

«La jefatura de los Servicios del Tribunal corresponderá al letrado o funcionario del subgrupo A1 de las Administraciones Públicas que designe el Presidente, de entre los adscritos al servicio del Tribunal o previa convocatoria para la provisión del puesto de que se trate de conformidad con las previsiones de este Reglamento».

7. El número 4 del artículo 53 tendrá la siguiente redacción:

«La adscripción al Tribunal de los letrados a los que se refiere el artículo 62.2.a) de este Reglamento y la de quienes puedan pasar a desempeñar el cargo de Secretario general o de Secretario general adjunto no quedarán sujetas a las condiciones temporales ni al régimen de renovaciones establecidos en el apartado anterior y se mantendrán, al menos, durante todo el tiempo en que se desempeñe la respectiva función o cargo. Al cesar en cualquiera de estos cometidos, unos u otros letrados podrán ser designados de nuevo como colaboradores de determinado Magistrado o bien mantenerse al servicio general del Tribunal, si hubiere lugar a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 que antecede».

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de julio de 2014.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

II. Relación de Sentencias
y de Autos publicados
en el “Boletín Oficial del Estado”

Índice de suplementos del “Boletín Oficial del Estado” en los que se han publicado las Sentencias y determinados Autos del Tribunal.

Número de suplemento | Sentencias
35, de 10 de febrero de 2014 | 1/2014— 5/2014
48, de 25 de febrero de 2014 | 6/2014 — 18/2014
60, de 11 de marzo de 2014 | 19/2014 — 27/2014
73, de 25 de marzo de 2014 | 28/2014 — 36/2014
87, de 10 de abril de 2014 | 37/2014 — 43/2014
111, de 7 de mayo de 2014 | 44/2014 — 56/2014
134, de 3 de junio de 2014 | 57/2014 — 69/2014
135, de 4 de junio de 2014 | 70/2014 — 76/2014
153, de 24 de junio de 2014 | 77/2014 — 87/2014
162, de 4 de julio de 2014 | 88/2014 — 97/2014
177, de 22 de julio de 2014 | 98/2014 — 111/2014
189, de 5 de agosto de 2014 | 112/2014 — 118/2014
198, de 15 de agosto de 2014 | 119/2014 — 126/2014
199, de 16 de agosto de 2014 | 127/2014 — 134/2014
243, de 7 de octubre de 2014 | 135/2014 — 142/2014
261, de 28 de octubre de 2014 | 143/2014 — 155/2014
262, de 29 de octubre de 2014 | 156/2014 — 165/2014
282, de 21 de noviembre de 2014 | 166/2014 — 174/2014
293, de 4 de diciembre de 2014 | 175/2014 — 185/2014
308, de 22 de diciembre de 2014 | 186/2014 — 193/2014
11, de 13 de enero de 2015 | 194/2014 — 197/2014
17, de 20 de enero de 2015 | 198/2014 — 208/2014
29, de 3 de febrero de 2015 | 209/2014 — 215/2014

Número de suplemento | Autos
60, de 11 de marzo de 2014 | 43/2014
135, de 4 de junio de 2014 | 129/2014
135, de 4 de junio de 2014 | 133/2014
29, de 3 de febrero de 2015 | 300/2014 y 301/2014

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2014, de 13 de enero de 2014

Recurso de amparo 3121-2011. Promovido por doña María Cruz Jara Quejido con respecto a las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que rechazan una cuestión de prejudicialidad penal incurriendo en error patente.

Pleno. Sentencia 2/2014, de 16 de enero de 2014

Conflicto positivo de competencia 6327-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes del bachillerato.

Competencias en materia de educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales sobre enseñanza de las lenguas propias y bachillerato de alumnos superdotados (STC 48/2013).

Pleno. Sentencia 3/2014, de 16 de enero de 2014

Conflicto positivo de competencia 9061-2007. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.

Competencias sobre autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que regulan el procedimiento de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (STC 8/2013).

Pleno. Sentencia 4/2014, de 16 de enero de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1017-2010. Interpuesto por el Presidente de Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

Competencias sobre ordenación de registros públicos: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la competencia para resolver recursos en los que se planteen cuestiones registrales que exceden del marco estricto del Derecho civil catalán.

Pleno. Sentencia 5/2014, de 16 de enero de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 4433-2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación con los artículos 27.4 y 42 bis de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Cantabria 5/2010, de 6 de julio.

Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 219/2013).

Sala Segunda. Sentencia 6/2014, de 27 de enero de 2014

Conflicto positivo de competencia 6152-2010. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo “Letra Q” en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

Competencias sobre ordenación general de la economía, sanidad, agricultura y ganadería, consumo y denominaciones de origen: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas en materia de ganadería y consumo.

Sala Primera. Sentencia 7/2014, de 27 de enero de 2014

Recursos de amparo 3082-2012 y 3517-2012 (acumulados). Promovidos ambos por doña Mónica Estarreado Carpintero y don Luis Arribas de la Cruz, respecto de las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimaron sus demandas de protección del derecho a la intimidad en relación con sendos reportajes publicados en la revista “¡Qué me dices!”.

Vulneración del derecho a la intimidad: difusión de imágenes de naturaleza estrictamente privada no amparada por la concurrencia de un interés público constitucionalmente prevalente (STC 176/2013).

Sala Segunda. Sentencia 8/2014, de 27 de enero de 2014

Recurso de amparo 6112-2012. Promovido por don Abdelkader Castellanos de la Fuente y otros respecto de las resoluciones del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 que ordenaron la presentación por separado de las diferentes demandas de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado como consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo civil español.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): rechazo inmotivado de la tramitación conjunta de demandas similares.

Sala Segunda. Sentencia 9/2014, de 27 de enero de 2014

Recurso de amparo 6709-2012. Promovido por la junta vecinal de Villanueva de la Tercia en relación con la providencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que inadmitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones por incongruencia omisiva, que se dice padecida en sentencia sobre designación de árbitro.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de incidente de nulidad de actuaciones resultante de una interpretación constitucionalmente contraria a la función asignada a este remedio procesal excepcional (STC 153/2012).

Sala Primera. Sentencia 10/2014, de 27 de enero de 2014

Recurso de amparo 6868-2012. Promovido por don J. A. G. G. y doña A. O. P., en relación con las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia confirmatorias de las resoluciones administrativas que acordaron la escolarización de su hijo en un colegio público de educación especial.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la educación: motivación suficiente de las resoluciones administrativas y judiciales que dispusieron la escolarización del menor en un centro de educación especial. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 11/2014, de 27 de enero de 2014

Recurso de amparo 2080-2013. Promovido por el Ayuntamiento de Cambrils en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en proceso de responsabilidad patrimonial por modificación del planeamiento urbanístico municipal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: sentencia de apelación que deja sin resolver una cuestión relevante al no formular recurso de apelación ni adherirse al interpuesto por la contraparte quien obtuvo una resolución favorable en la primera instancia (STC 103/2005). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 12/2014, de 27 de enero de 2014

Recurso de amparo 2570-2013. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto del Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario que inadmitió a trámite una solicitud de habeas corpus formulada por quien se hallaba detenido en dependencias policiales.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 37/2008).

Pleno. Sentencia 13/2014, de 30 de enero de 2014

Recurso de amparo 10616-2006. Promovido por don Zigor Blanco Santiesteban en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 14/2014, de 30 de enero de 2014

Recurso de amparo 10617-2006. Promovido por don Jon Sebasten Gurtubai Sánchez en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 15/2014, de 30 de enero de 2014

Recurso de amparo 10618-2006. Promovido por don Víctor Franco Martínez en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 16/2014, de 30 de enero de 2014

Recurso de amparo 10619-2006. Promovido por don Egoitz Coto Etxeandía en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 17/2014, de 30 de enero de 2014

Conflicto positivo de competencia 3090-2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Competencias sobre educación y función pública: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que asignan a funcionarios de cuerpos docentes la enseñanza de materias correspondientes a la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (STC 213/2013).

Pleno. Sentencia 18/2014, de 30 de enero de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 5657-2010. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia.

Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho al libre desarrollo de la personalidad y competencias en materia de Derecho civil: inadmisión de la cuestión al versar sobre un precepto legal que no es aplicable al caso que da lugar a su planteamiento.

Sala Primera. Sentencia 19/2014, de 10 de febrero de 2014

Recurso de amparo 2285-2011. Promovido por doña Melani Olivares Mora en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de protección de los derechos a la intimidad y a la propia imagen en relación con un reportaje publicado en la revista “Interviú”.

Vulneración del derecho a la propia imagen: reportaje fotográfico carente de relevancia pública (STC 176/2013).

Sala Segunda. Sentencia 20/2014, de 10 de febrero de 2014

Conflicto positivo de competencia 2511-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) núm. 339/1993.

Competencias sobre ordenación general de la economía y medio ambiente: nulidad de la invocación de la competencia relativa a la legislación básica sobre protección del medio ambiente; interpretación conforme de diversos preceptos reglamentarios estatales (STC 33/2005).

Sala Primera. Sentencia 21/2014, de 10 de febrero de 2014

Recurso de amparo 2569-2013. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto del Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario que inadmitió a trámite una solicitud de habeas corpus formulada por quien se hallaba detenido en dependencias policiales.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 95/2012).

Pleno. Sentencia 22/2014, de 13 de febrero de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1763-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, en materia laboral y de Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la planificación y ejecución de la política de empleo, las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal y la gestión de programas supraautonómicos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 23/2014, de 13 de febrero de 2014

Recurso de amparo 3488-2006. Promovido por don Unai Mallabia Sánchez, doña Maiara Mallabia Sánchez y don Aitor Fernández Terceño en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que les condenaron por los delitos de daños terroristas y tenencia de aparatos inflamables con finalidad terrorista.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 24/2014, de 13 de febrero de 2014

Conflicto positivo de competencia 1662-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos al tiempo mínimo diario de lectura en los centros escolares, las funciones de los profesores tutores, la escolarización de alumnos con necesidades específicas y la organización de la enseñanza de las lenguas propias (STC 24/2013).

Pleno. Sentencia 25/2014, de 13 de febrero de 2014

Conflicto positivo de competencia 9260-2007. Planteado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 1028/2007, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.

Competencias sobre autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: STC 3/2014 (constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que regulan el procedimiento de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial).

Pleno. Sentencia 26/2014, de 13 de febrero de 2014

Recurso de amparo 6922-2008. Promovido por don Stefano Melloni en relación con el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó su entrega a las autoridades italianas para el cumplimiento de condena dictada por el Tribunal de apelación de Bolonia, en el marco de una orden europea de detención y entrega.

Supuesta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: la condena penal impuesta sin comparecencia del acusado no vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la incomparecencia sea decidida voluntaria e inequívocamente por un acusado debidamente emplazado y que haya sido efectivamente defendido por letrado designado (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 27/2014, de 13 de febrero de 2014

Conflicto positivo de competencia 443-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Competencias sobre educación y en materia laboral: nulidad del precepto reglamentario que atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal la competencia para autorizar y evaluar las actividades formativas que se realicen en diversas Comunidades Autónomas (STC 111/2012). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 28/2014, de 24 de febrero de 2014

Recurso de amparo 9192-2009. Promovido por doña Carmen Colomina Martínez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su recurso sobre reconocimiento de objeción de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Alegada vulneración de los derechos a la libertad ideológica y religiosa y a la educación: inadmisión del recurso de amparo al carecer la actora de interés legítimo para reaccionar frente a una lesión de derechos meramente eventual o potencial.

Sala Primera. Sentencia 29/2014, de 24 de febrero de 2014

Recurso de amparo 8363-2010. Promovido por don José Luis Fernández García en relación con la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimó su demanda sobre sanción en materia de tráfico.

Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción impuesta por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor de un vehículo con el que cometió una infracción de tráfico, impuesta después de que la Administración realizase las actuaciones necesarias para incoar procedimiento sancionador a quien había sido señalado como conductor (STC 111/2004).

Sala Segunda. Sentencia 30/2014, de 24 de febrero de 2014

Recurso de amparo 6919-2011. Promovido por don Juan José Panadero Ruíz respecto de la Sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Navalcarnero que estimó una demanda de desahucio formulada contra él.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado, cuyo domicilio figuraba en el contrato de arrendamiento (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 31/2014, de 24 de febrero de 2014

Recurso de amparo 2131-2012. Promovido por doña N. F. S. R. en relación con las Sentencias de un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su impugnación de la resolución que dispuso su cese en el Centro Nacional de Inteligencia.

Vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo: existencia de un panorama indiciario de discriminación suficiente que no fue desvirtuado por la acreditación de que el cese obedeció a razones objetivas y ajenas por completo a cualquier ánimo discriminatorio.

Sala Primera. Sentencia 32/2014, de 24 de febrero de 2014

Recurso de amparo 3485-2013. Promovido por don Abel de Céspedes Gamero en relación con el Auto de un Juzgado de Instrucción Benidorm que denegó la incoación de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de habeas corpus tras la comparecencia del solicitante ante la secretaria judicial (STC 95/2012).

Pleno. Sentencia 33/2014, de 27 de febrero de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1932-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 61/2003, de presupuestos generales del Estado para el año 2004.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, asistencia social, régimen local, transportes y energía: inconstitucionalidad de los preceptos relativos al programa de servicios sociales generales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al régimen de subvenciones en materia de transportes urbanos, y de la partida presupuestaria para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones de fomento de las energías renovables y eficiencia energética.

Pleno. Sentencia 34/2014, de 27 de febrero de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 7258-2008. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil, medio ambiente y puertos: nulidad de los preceptos legales que facultan al Gobierno autonómico para autorizar usos hoteleros en el dominio público portuario; interpretación conforme de aquellos otros relativos a los usos del dominio público compatibles con los portuarios. Voto particular.

Pleno. Sentencia 35/2014, de 27 de febrero de 2014

Recurso de amparo 6313-2011. Promovido por don Roberto Lebrero Panizo en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto de cumplimiento acumulado de varias penas (STC 57/2008). Voto particular.

Pleno. Sentencia 36/2014, de 27 de febrero de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1839-2013. Interpuesto por sesenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con diversos preceptos del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, en la redacción dada por la reforma aprobada en la sesión plenaria celebrada los días 20 y 21 de diciembre de 2012.

Principio democrático, irretroactividad de las normas y derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos del Reglamento que modifican el régimen de retribuciones y prestaciones de Seguridad Social de los parlamentarios autonómicos y disponen la entrada en vigor inmediata de la reforma.

Pleno. Sentencia 37/2014, de 11 de marzo de 2014

Conflicto en defensa de la autonomía local 8317-2005. Planteado por el Ayuntamiento de Gomecello en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca).

Autonomía local: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos cuyas determinaciones urbanísticas se imponen a los instrumentos de planeamiento municipal (STC 129/2013).

Pleno. Sentencia 38/2014, de 11 de marzo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 2604-2010. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2009.

Reserva de ley y principios de igualdad, mérito y capacidad en materia de función pública; límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto de la Ley de presupuestos que establece la equivalencia de la formación militar con el sistema educativo universitario.

Pleno. Sentencia 39/2014, de 11 de marzo de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 7456-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 130.1 b) y 4 de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.

Competencias sobre función pública y seguridad social: nulidad del precepto legal autonómico que establece los derechos de seguridad social que corresponden a los funcionarios en situación de excedencia voluntaria para el cuidado de familiares.

Pleno. Sentencia 40/2014, de 11 de marzo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 932-2012. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con el párrafo quinto del art. 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Principio de igualdad en la ley y competencias sobre seguridad social: nulidad del precepto legal estatal que, en el caso de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, remite a la legislación que estas aprueben la consideración y acreditación de las parejas de hecho a efectos de disfrutar de la pensión de viudedad. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 41/2014, de 24 de marzo de 2014

Recurso de amparo 4915-2010. Promovido por don Ricardo Alonso Prieto y doña María del Carmen Hidalgo Tovar en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestimaron su recurso sobre reconocimiento de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Alegada vulneración de los derechos a la libertad ideológica y a la educación: inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse promovido incidente de nulidad de actuaciones.

Pleno. Sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 2014

Impugnación de disposiciones autonómicas 1389-2013. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Titularidad de la soberanía, principio de unidad de la Nación española y primacía de la Constitución: carácter jurídico de la Resolución impugnada, nulidad de la atribución del carácter de sujeto político y jurídico soberano al pueblo de Cataluña e interpretación conforme de las referencias que en la Resolución se hacen al “derecho a decidir”.

Sala Primera. Sentencia 43/2014, de 27 de marzo de 2014

Recurso de amparo 5016-2006. Promovido por don Jon Crespo Ortega en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de daños terroristas.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003).

Sala Segunda. Sentencia 44/2014, de 7 de abril de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 5800-2011. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Principio de igualdad en la ley y competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad de las parejas de hecho, establece el requisito de que sus integrantes no tengan vínculo matrimonial con otra persona.

Sala Segunda. Sentencia 45/2014, de 7 de abril de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 6589-2011. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, respecto del párrafo quinto, en relación con el cuarto, del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Principio de igualdad en la ley y competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público.

Sala Primera. Sentencia 46/2014, de 7 de abril de 2014

Recurso de amparo 1695-2012. Promovido por don Carlos Andrés Almeida Estrella en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que desestimaron su recurso frente a la denegación de la renovación del permiso de trabajo y residencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones administrativas y judiciales que no ponderan las circunstancias personales y familiares del demandante.

Sala Primera. Sentencia 47/2014, de 7 de abril de 2014

Recurso de amparo 2834-2012. Promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que inadmitió su recurso de apelación en proceso sobre demanda de compensación económica formulada en relación con la percepción de tasas de mantenimiento en cementerios municipales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que declaró extemporáneo un recurso de apelación presentado en plazo en el registro general del Juzgado Decano.

Sala Segunda. Sentencia 48/2014, de 7 de abril de 2014

Recurso de amparo 6772-2012. Promovido por don Alessandro Paganella en relación con el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó su entrega a las autoridades italianas en cumplimiento de lo requerido en diversas órdenes europeas de detención y entrega.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial que acuerda la entrega sin hacer referencia alguna a la posibilidad de entablar recurso frente a las sentencias condenatorias, o instar un nuevo enjuiciamiento, pese a haberse recabado información al respecto a las autoridades italianas.

Sala Segunda. Sentencia 49/2014, de 7 de abril de 2014

Recurso de amparo 3484-2013. Promovido por don Eloi Veciana Gutiérrez en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona en procedimiento de ejecutoria penal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas (STC 97/2010).

Sala Primera. Sentencia 50/2014, de 7 de abril de 2014

Recurso de amparo 4969-2013. Promovido por don Antonio Venere en relación con el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó su entrega a las autoridades italianas para el cumplimiento de condena.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia: resolución judicial que autoriza la entrega sin analizar las circunstancias, de residencia y arraigo laboral y familiar, alegadas para fundamentar la pretensión de equiparación del recurrente con las personas de nacionalidad española.

Sala Segunda. Sentencia 51/2014, de 7 de abril de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 7142-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina, con relación a los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Principios de igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público.

Pleno. Sentencia 52/2014, de 10 de abril de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) y principio de seguridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal relativo al plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a actos presuntos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 53/2014, de 10 de abril de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 3142-2007. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto del artículo 21 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del precepto legal autonómico que establece el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

Pleno. Sentencia 54/2014, de 10 de abril de 2014

Recurso de amparo 4107-2009. Promovido por don Moufite Fall respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid en proceso sobre orden administrativa de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de dos años para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Pleno. Sentencia 55/2014, de 10 de abril de 2014

Recurso de amparo 3650-2011. Promovido por don Diego Ugarte López de Arkaute en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 56/2014, de 10 de abril de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 2928-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011.

Competencias en materia de contratación administrativa: nulidad del precepto legal autonómico que introduce una excepción a la prohibición general de pago aplazado en la contratación del sector público.

Sala Primera. Sentencia 57/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 4916/2010. Promovido por don Francisco Javier Fernández Hermida y doña María del Carmen Sobreviela Guiance en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su demanda sobre reconocimiento de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Alegada vulneración de los derechos a la libertad ideológica y a la educación: inadmisión del recurso de amparo por ausencia de interés legítimo de los actores y falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse promovido incidente de nulidad de actuaciones (SSTC 28/2014 y 41/2014).

Sala Segunda. Sentencia 58/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 5048-2010. Promovido por don Richard Sena Pérez respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Segunda. Sentencia 59/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 5324-2011. Promovido por don Joaquín Ruiz de Andrés en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada que desestimaron su demanda contra resolución administrativa sancionadora en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación: emplazamiento por edictos en procedimiento administrativo sancionador sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 291/2000).

Sala Primera. Sentencia 60/2014, de 5 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 6487-2011. Planteada por Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Principios de igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público (STC 51/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 61/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 1771-2012. Promovido por don Ramón Aldasoro Magunazelaia en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 62/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo. 2498-2012. Promovido por don Imanol Miner Villanueva en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 63/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 2937-2012. Promovido por don Joseba Iñaki Zugadi García y doña Miren Onaindia Susaeta en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014).

Sala Primera. Sentencia 64/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 2938-2012. Promovido por don Juan Carlos Balerdi Iturralde en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 65/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 3224-2012. Promovido por don Jesús María Uribechevarría Bolinaga en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 66/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 3256-2012. Promovido por María Teresa Díaz Ortega en relación con la resolución de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron su solicitud de retroacción de efectos de los derechos como funcionaria judicial al momento de toma de posesión de los restantes compañeros de su promoción.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resoluciones administrativa y judicial que derivan de la maternidad una desventaja para la mujer trabajadora (STC 182/2005).

Sala Segunda. Sentencia 67/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 5464-2012. Promovido por don Jesús María Etxebarria Garaikotxea en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014).

Sala Segunda. Sentencia 68/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 6152-2012. Promovido por don José Miguel Gaztelu Ochandorena en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014).

Sala Segunda. Sentencia 69/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 891-2013. Promovido por don Joseba Artola Ibarretxe en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014).

Sala Segunda. Sentencia 70/2014, de 5 de mayo de 2014

Recurso de amparo 2157-2013. Promovido por doña Lierni Armendariz González de Langarika en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 71/2014, de 6 de mayo de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 7208-2012. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con sendos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa sobre actos preparatorios y accesorios de la prescripción y dispensación de medicamentos; interpretación conforme de la definición del hecho imponible de la tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia. Voto particular.

Pleno. Sentencia 72/2014, de 8 de mayo de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 581-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones.

Competencias sobre telecomunicaciones, protección civil y seguridad pública, protección de los consumidores e industria: constitucionalidad de los preceptos legales que permiten a la Administración del Estado la gestión directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, habilitan al Gobierno para la imposición de obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal, atribuyen a la Administración del Estado la resolución de determinadas controversias, así como la evaluación de equipos y aparatos de telecomunicación. Voto particular.

Pleno. Sentencia 73/2014, de 8 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 2155-2004. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de telecomunicaciones por cable.

Comunicaciones por cable y libertades de expresión e información: constitucionalidad de los preceptos legales relativos al servicio público de las comunicaciones por cable y su gestión mediante concesión (STC 127/1994). Voto particular.

Pleno. Sentencia 74/2014, de 8 de mayo de 2014

Conflicto positivo de competencia 4821-2008. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen.

Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y comercio exterior: interpretación conforme del precepto reglamentario que atribuye a la Administración del Estado la autorización de los paneles de catadores en el caso de importaciones y exportaciones. Voto particular.

Pleno. Sentencia 75/2014, de 8 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 5658-2010. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio.

Competencias sobre legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia.

Pleno. Sentencia 76/2014, de 8 de mayo de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1425-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con sendos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2011.

Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global y la liquidación definitiva de los recursos del sistema de financiación del año 2009.

Sala Primera. Sentencia 77/2014, de 22 de mayo de 2014

Recurso de amparo 2818-2012. Promovido por don A. F. A. en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de A Coruña que le condenaron por un delito intentado de robo con fuerza en las cosas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento personal al acusado, aquejado de una discapacidad mental, insuficiente para concluir que su incomparecencia fuera resultado de una decisión plenamente voluntaria e informada y que no precisara del apoyo al que tienen derecho las personas discapacitadas.

Sala Segunda. Sentencia 78/2014, de 28 de mayo de 2014

Conflicto positivo de competencia 10694-2009. Planteado por el Gobierno de la Xunta de Galicia con respecto a la resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes de 16 de julio de 2009, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración, hacienda general, régimen jurídico de las Administraciones públicas y asistencia social: convocatoria de ayudas que vulnera las competencias autonómicas de gestión de subvenciones (SSTC 13/1992 y 26/2013).

Sala Segunda. Sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014

Recurso de amparo 2343-2010. Promovido por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de protección del derecho al honor en relación con las opiniones y expresiones formuladas en diversos programas de la cadena radiofónica COPE.

Supuesta vulneración del derecho al honor: Utilización por periodistas de expresiones que si bien se sitúan en los límites de lo admisible por su marcado carácter hiriente y desmesurado, están protegidas por la libertad de expresión al enmarcarse en un debate nítidamente público y de notorio interés sobre la actividad de dirigentes políticos en cuanto tales. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 80/2014, de 28 de mayo de 2014

Recurso de amparo 4631-2012. Promovido por doña Alicia Sáez de Lacuesta Martínez de San Vicente en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014).

Sala Segunda. Sentencia 81/2014, de 28 de mayo de 2014

Recurso de amparo 2643-2013. Promovido por don Francisco Mikailovich Silva en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Penal de Sevilla en trámite de ejecución de sentencia condenatoria.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, la tutela judicial efectiva y la legalidad penal: desestimación motivada de una petición de prescripción planteada en un supuesto de suspensión de la ejecución de pena privativa de libertad (SSTC 110/2003 y 97/2010).

Sala Segunda. Sentencia 82/2014, de 28 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 6037-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.

Derecho a la tutela judicial efectiva, ejecución de sentencias y competencias sobre legislación procesal: nulidad del precepto legal autonómico que supedita la ejecución de sentencias a la previa resolución de un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración (STC 92/2013).

Pleno. Sentencia 83/2014, de 29 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 3169-2005. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria respecto del Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos.

Principios de igualdad ante la ley y de legalidad en materia tributaria; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad del precepto que establece la escala de deducciones aplicable en la determinación de los márgenes de las oficinas de farmacia por el suministro de especialidades farmacéuticas al Sistema Nacional de Salud.

Pleno. Sentencia 84/2014, de 29 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 4040-2009. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 52 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

Competencias sobre colegios profesionales: constitucionalidad del precepto legal autonómico relativo a las relaciones de los colegios y consejos profesionales del País Vasco con otras entidades de la misma profesión de fuera del territorio autonómico (STC 201/2013).

Pleno. Sentencia 85/2014, de 29 de mayo de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 191-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el artículo 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid (STC 71/2014).

Pleno. Sentencia 86/2014, de 29 de mayo de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 2059-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi.

Competencias sobre seguridad pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen límites de población para la prestación mancomunada por los municipios de los servicios policiales y atribuyen a la Comunidad Autónoma competencias sobre seguridad privada; interpretación conforme del precepto que incluye a un representante de la Administración del Estado entre los miembros del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi.

Pleno. Sentencia 87/2014, de 29 de mayo de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 2854-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao respecto del artículo 18.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco.

Autonomía universitaria: constitucionalidad del precepto legal que establece la designación mediante sorteo de los miembros de las comisiones de selección del personal docente contratado. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 88/2014, de 9 de junio de 2014

Conflicto positivo de competencia 6767-2007. Planteado por la Junta de Galicia en relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de competencias de gestión de subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal e invocación de la competencia estatal sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social que vulneran las competencias autonómicas (STC 244/2012). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 89/2014, de 9 de junio de 2014

Recurso de amparo 1591-2010. Promovido por don Kayef Ahmed respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Primera. Sentencia 90/2014, de 9 de junio de 2014

Recurso de amparo 4514-2012. Promovido por don Xabin Usandizaga Galarraga en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 91/2014, de 9 de junio de 2014

Recurso de amparo 2158-2013. Promovido por doña Lourdes Txurruka Medinabeitia, en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 92/2014, de 10 de junio de 2014

Cuestión interna de inconstitucionalidad 693-2013. Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 174.1 de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Prohibición de discriminación por razón de sexo: constitucionalidad del precepto legal que limita el reconocimiento de la pensión de viudedad al cónyuge supérstite (STC 41/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 93/2014, de 12 de junio de 2014

Recurso de amparo 6704-2004. Promovido por don Arturo F. L. respecto de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Gijón que desestimaron su demanda sobre pensión de viudedad.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de sexo: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 94/2014, de 12 de junio de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 6283-2010. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con los artículos 53.1 f) y 138.2 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal autonómico que extiende los deberes de cesión de los propietarios de suelo urbano no consolidado al permitir la adscripción de sistemas generales para el servicio del municipio; interpretación conforme del precepto legal que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas generales incluidos (STC 164/2001).

Pleno. Sentencia 95/2014, de 12 de junio de 2014

Conflicto en defensa de la autonomía local 6385-2010. Planteado por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del parque natural de Laguna Negra y circos glaciares de Urbión.

Autonomía local y espacios naturales protegidos: constitucionalidad de la Ley autonómica que pondera adecuadamente el interés supralocal concurrente en la declaración de parque natural y prevé la participación de los municipios afectados en la gestión del espacio; limitaciones a las competencias locales ajenas al contenido de la Ley.

Pleno. Sentencia 96/2014, de 12 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1603-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad, seguridad jurídica, irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales e interdicción de la arbitrariedad; límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas ideadas para hacerle frente, consistentes en la modificación del régimen retributivo de las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica.

Pleno. Sentencia 97/2014, de 12 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 6902-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diferentes preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 5/2012, de 23 de febrero, sobre entidades de previsión social voluntaria.

Competencias sobre legislación mercantil y seguros: nulidad de diversos preceptos legales autonómicos que contradicen la legislación básica estatal en materia de seguros.

Sala Primera. Sentencia 98/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 734-2005. Promovido por doña María Isabel Andrés Barquín en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Social de Málaga que desestimaron su demanda sobre pensión de viudedad.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 99/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 5727-2010. Promovido por don Adán Méndez Cano respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

Sala Segunda. Sentencia 100/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 1883-2012. Promovido por don José Manuel Mateo Navarro en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería desestimatorias de su demanda sobre reconocimiento de complemento de productividad.

Vulneración del derecho a la libertad sindical: abono de complemento de productividad en cuantía inferior a la reconocida judicialmente en defensa de la libertad sindical.

Sala Primera. Sentencia 101/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 3896-2012. Promovido por don Juan Carlos Arruti Azpitarte en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 102/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 4160-2012. Promovido por don Juan José Gomáriz Moreno en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia parcialmente estimatoria de su demanda declarativa de dominio y de división de cosa común.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): Sentencia de apelación que no concreta los criterios esenciales sobre los que se funda la desestimación parcial de la acción.

Sala Primera. Sentencia 103/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 4732-2012. Promovido por don Fernando Elejalde Tapia respecto de las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 104/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 6050-2012. Promovido por Radio Castellón, S. A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatorias de su demanda de protección de derechos fundamentales frente a la asignación de publicidad institucional por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en relación con el derecho a la libertad de información: exclusión absoluta de inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación y audiencia, carente por completo de justificación administrativa. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 105/2014, de 23 de junio de 2014

Recurso de amparo 6632-2012. Promovido por don Víctor Álvarez Foces frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que le condenó por un delito de lesiones.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena fundada en la atribución de valor probatorio a distintos testimonios y que altera el relato de hechos probados de la sentencia de instancia mediante valoración de pruebas personales sin respetar las garantías de inmediación y contradicción (STC 167/2002).

Pleno. Sentencia 106/2014, de 24 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 498-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Competencias sobre régimen energético y medio ambiente: nulidad de la ley autonómica que prohíbe, de manera absoluta e incondicionada, una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 64/1982). Voto particular.

Pleno. Sentencia 107/2014, de 26 de junio de 2014

Conflicto positivo de competencia 1130-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos de contratación de personal docente e investigador universitario.

Competencias sobre enseñanza universitaria y condiciones básicas de igualdad: validez de las disposiciones reglamentarias que regula la evaluación y acreditación del profesorado universitario por una agencia estatal. Voto particular.

Pleno. Sentencia 108/2014, de 26 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 2610-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto de los artículos 9 y 13 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

Competencias sobre comercio interior, defensa de la competencia y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales que reservan a la Administración estatal el ejercicio de funciones ejecutivas en el control de concentraciones económicas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 109/2014, de 26 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1750-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Principios de igualdad, seguridad jurídica, irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales e interdicción de la arbitrariedad; límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas ideadas para hacerle frente, consistentes en la modificación del régimen retributivo de las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica (STC 96/2014).

Pleno. Sentencia 110/2014, de 26 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 5559-2013. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad de la ley foral que dispone unilateralmente de un tributo creado por el Estado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 111/2014, de 26 de junio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1453-2014. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones públicas de Navarra.

Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, principios de mérito y capacidad y competencias sobre función pública: nulidad de la ley foral que contempla la apertura de nuevos procesos de conversión en funcionario del personal estatutario y contratado laboral fijo de la Administración de la Comunidad Foral y del personal laboral fijo de las entidades locales de Navarra.

Sala Primera. Sentencia 112/2014, de 7 de julio de 2014

Conflicto positivo de competencia 6735-2007. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid (STC 88/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 113/2014, de 7 de julio de 2014

Recursos de amparo 5823-2012 y 5824-2012 (acumulados). Promovidos ambos por don Norbert Kohler en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sendos procedimientos de orden europea de detención y entrega.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que acuerdan la ampliación de la entrega a las autoridades judiciales de la República Checa.

Sala Primera. Sentencia 114/2014, de 7 de julio de 2014

Recurso de amparo 6701-2013. Promovido por don José Prudencio Lázaro Sanz y don Miguel Ángel Cruz Peralta respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en proceso sobre proclamación de candidatos electos al Concejo de Arlegui.

Vulneración del derecho al acceso y permanencia en los cargos públicos en condiciones de igualdad: resolución judicial que concluye que la renuncia al cargo de presidente de la junta concejil conlleva asimismo la renuncia a la condición de vocal de este mismo órgano colegiado.

Sala Segunda. Sentencia 115/2014, de 8 de julio de 2014

Recurso de amparo 1326-2007. Promovido por don Miguel Bellido Valenzuela en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó su demanda sobre pensión de viudedad.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 116/2014, de 8 de julio de 2014

Recurso de amparo 2512-2007. Promovido por don Jesús Manuel García-Calvo Rodríguez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda sobre pensión de viudedad.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 117/2014, de 8 de julio de 2014

Recurso de amparo 3225-2012. Promovido por don Antonio Cabello Pérez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014).

Sala Segunda. Sentencia 118/2014, de 8 de julio de 2014

Recurso de amparo 4715-2012. Promovido por doña Milena Bozhidarova Zhelyazkova respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia Valladolid en autos de ejecución de títulos judiciales.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, a la intimidad personal y familiar y a la tutela judicial efectiva: denegación de solicitud de asistencia gratuita fundada en la falta de acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar.

Pleno. Sentencia 119/2014, de 16 de julio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 5603-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Derechos a la igualdad, la tutela judicial efectiva, la libertad sindical, al trabajo y a la negociación colectiva: constitucionalidad de los preceptos que regulan el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores y reforman el régimen de negociación colectiva. Voto particular.

Pleno. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Leyes de contenido heterogéneo, procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica, derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).

Pleno. Sentencia 121/2014, de 17 de julio de 2014

Conflicto positivo de competencia 1470-2013. Planteado por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales.

Competencias sobre autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que regulan el procedimiento de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (STC 8/2013).

Pleno. Sentencia 122/2014, de 17 de julio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 5277-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre patrimonio cultural: nulidad de diversos preceptos legales relativos a los bienes integrantes del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid y al régimen de los bienes de interés cultural; interpretación conforme del precepto relativo a los planes especiales de protección.

Sala Segunda. Sentencia 123/2014, de 21 de julio de 2014

Conflicto positivo de competencia 6869-2007. Planteado por el Consell de la Generalitat Valenciana, en relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 124/2014, de 21 de julio de 2014

Recurso de amparo 2201-2008. Promovido por don Guillermo Malcolm Mahoney Morton respecto de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo Social que desestimaron su demanda sobre pensión de viudedad.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 125/2014, de 21 de julio de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 1826-2011. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio.

Competencias sobre legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia.

Sala Primera. Sentencia 126/2014, de 21 de julio de 2014

Recurso de amparo 3652-2012. Promovido por doña María Loreto Sabaté Grau respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Mislata desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones instado en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 127/2014, de 21 de julio de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 3809-2012. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio.

Competencias sobre legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia.

Sala Primera. Sentencia 128/2014, de 21 de julio de 2014

Recurso de amparo 4716-2012. Promovido por don Gancho Atanasov Zhelyazkov respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Valladolid en pieza de impugnación de justicia gratuita.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, a la intimidad personal y familiar y a la tutela judicial efectiva: denegación de asistencia gratuita fundada en la falta de acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar (STC 118/2014).

Sala Primera. Sentencia 129/2014, de 21 de julio de 2014

Recurso de amparo 5033-2012. Promovido por don Luis Francisco Díaz Fuentes respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Lugo en procedimiento concursal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión a trámite del incidente concursal fundada en una normativa que no se hallaba ya vigente al momento de adoptarse la decisión.

Sala Primera. Sentencia 130/2014, de 21 de julio de 2014

Recurso de amparo 6051-2012. Promovido por Radio Castellón, S. A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, desestimatorias de su demanda de protección de derechos fundamentales frente a la asignación de publicidad institucional por el Ayuntamiento de Castellón de La Plana.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en relación con el derecho a la libertad de información: exclusión absoluta de inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación y audiencia, carente por completo de justificación administrativa (STC 104/2014).

Sala Primera. Sentencia 131/2014, de 21 de julio de 2014

Recurso de amparo 1196-2013. Promovido por don Miguel Ángel Gómez Saenz de Ormijana respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Mahón desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones instado en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 132/2014, de 22 de julio de 2014

Conflicto en defensa de la autonomía local 5738-2010. Planteado por el Ayuntamiento de Torremontalbo, en relación con la Ley del Parlamento de La Rioja 3/2010, de 10 de marzo, que aprueba la alteración de los términos municipales de Torremontalbo y Uruñuela.

Autonomía local: constitucionalidad de la ley autonómica que modifica la extensión de los términos municipales.

Pleno. Sentencia 133/2014, de 22 de julio de 2014

Recurso de amparo 3930-2012. Promovido por don Arnaldo Otegi Mondragón, don Arkaitz Rodríguez Torres, doña Sonia Jacinto García y doña Miren Zabaleta Tellería, respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que les condenaron por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Supuesta vulneración de los derechos a la imparcialidad judicial, la prueba, a conocer la acusación y a la presunción de inocencia: condena basada en prueba indiciaria suficientemente ponderada; inexistencia de dudas objetiva y legítimamente justificadas sobre la imparcialidad de uno de los magistrados intervinientes en la causa. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 134/2014, de 22 de julio de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1800-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Competencias sobre régimen energético y medio ambiente: nulidad de la ley autonómica que prohíbe, de manera absoluta e incondicionada, una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 106/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 135/2014, de 8 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 6811-2010. Promovido por don Ionel Panait en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Burgos que le condenaron por sendos delitos de homicidio, robo con violencia y robo con fuerza en las cosas.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo del análisis de una muestra de ADN tomada con consentimiento del afectado.

Sala Segunda. Sentencia 136/2014, de 8 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 3203-2011. Promovido por don Pedro Pablo Lázaro Sánchez respecto de la providencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid inadmitiendo un incidente de nulidad de actuaciones instado frente a las actuaciones judiciales que impidieron su presencia en un proceso hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: defectuosa notificación a quien ostentaba un evidente y legítimo interés en el proceso de ejecución hipotecaria en su condición de hipotecante no deudor.

Sala Segunda. Sentencia 137/2014, de 8 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 7044-2012. Promovido por don Miguel Ángel Jiménez Ramírez en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente del Raspeig que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones instado en proceso hipotecario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 138/2014, de 8 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 5167-2013. Promovido por don P. R. R., en relación con el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo y las Sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz y un Juzgado de Primera Instancia de Mérida sobre régimen de visitas de abuelos maternos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): traslación genérica, carente de elementos de individualización o referencia al interés de los menores, del régimen de estancias de los progenitores no custodios al caso de los abuelos maternos.

Sala Segunda. Sentencia 139/2014, de 8 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 5632-2013. Promovido por don Miguel Ángel Barrera Valderas en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que rechazaron su solicitud de prescripción de una pena de prisión.

Alegada vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: inadmisión del recurso de amparo interpuesto cuando todavía no se había resuelto el incidente de nulidad de actuaciones instado en sede judicial.

Pleno. Sentencia 140/2014, de 11 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 7535-2006. Promovido por doña María del Pilar León Sánchez respecto de las Sentencias de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatorias de su demanda por despido como profesora de religión y moral católica en diversos centros de educación primaria.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la libertad ideológica, a la tutela judicial y a la libertad sindical: inexistencia de panorama indiciario suficiente que conecte la no renovación como profesora de religión con el ejercicio de derechos fundamentales (STC 38/2007). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre de 2014

Recursos de inconstitucionalidad 6963-2007, 6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados). Interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y recursos de inconstitucionalidad 7020-2008 y 7231-2008, acumulados a los anteriores, interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid y el Consejo de Gobierno de La Rioja con respecto a distintos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal que limita la corrección al alza del valor obtenido por la capitalización real o potencial del suelo rural (SSTC 61/1997 y 164/2001). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 4806-2009. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de los artículos 4 y 5 del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.

Competencias en materia de consumo y régimen energético; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de la regulación de la oficina de defensa del consumidor en la Comisión Nacional de Energía.

Sala Segunda. Sentencia 143/2014, de 22 de septiembre de 2014

Conflicto positivo de competencia 5571-2008. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con determinados artículos de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 88/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 144/2014, de 22 de septiembre de 2014

Conflicto positivo de competencia 1343-2009. Planteado por la Generalitat de Cataluña, respecto de las Órdenes ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio para la realización de actividades relativas a programas que se desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático; y ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que convoca esas ayudas para el ejercicio 2008.

Ejercicio de la potestad subvencional en materia ambiental: disposiciones reglamentarias y convocatoria de ayudas que vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones (STC 13/1992).

Sala Segunda. Sentencia 145/2014, de 22 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 6157-2010. Promovido por don Fernando Ariel Ávila frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le condenaron por sendos delitos de asesinato agravado, detención ilegal, robo con violencia e intimidación en las personas y tenencia ilícita de armas.

Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones: grabación sin garantías de conversaciones verbales mantenidas en dependencias policiales (STC 26/2006).

Sala Primera. Sentencia 146/2014, de 22 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 3794-2012. Promovido por don Rafael Díez Usabiaga en relación con las Sentencia de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena basada en prueba indiciaria suficientemente ponderada (STC 133/2014). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 147/2014, de 22 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 6119-2012. Promovido por Radio Castellón, S. A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón que rechazaron su demanda de protección frente a la asignación de publicidad institucional por el Ayuntamiento de Almazora.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en relación con el derecho a la libertad de información: STC 104/2014 (exclusión absoluta de inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación y audiencia, carente por completo de justificación administrativa).

Sala Primera. Sentencia 148/2014, de 22 de septiembre de 2014

Recurso de amparo 6564-2012. Promovido por el Sindicato Médico de la Región de Murcia-CESM Región de Murcia respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que inadmitió su demanda sobre suspensión de acuerdos sobre retribuciones alcanzados en el ejercicio de la negociación colectiva.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación del sindicato, ignorando su legítimo interés profesional o económico (STC 101/1996).

Sala Segunda. Sentencia 149/2014, de 22 de septiembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 6833-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de A Coruña, en relación con distintos apartados de la disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.

Derecho a la tutela judicial efectiva, ejecución de sentencias y competencias sobre legislación procesal: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad ya resuelta por la STC 82/2014 e inadmisión por inadecuada realización del trámite de audiencia.

Sala Primera. Sentencia 150/2014, de 22 de septiembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 1050-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto al inciso inicial del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de colegios profesionales del País Vasco.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico relativo a las obligaciones de colegiación de los empleados públicos (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 825-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

Reserva de ley orgánica, condiciones básicas de igualdad y derechos a la libertad ideológica y a la intimidad: constitucionalidad de la regulación foral del registro de profesionales que objetan a la práctica del aborto; nulidad del precepto legal que regula el régimen de acceso a la información contenida en el registro. Voto particular.

Pleno. Sentencia 152/2014, de 25 de septiembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1725-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Popular del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2011.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de los preceptos de la Ley de presupuestos que reordenan la actividad de Loterías y Apuestas del Estado y reforman las Leyes general de subvenciones y de la carrera militar.

Pleno. Sentencia 153/2014, de 25 de septiembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 2398-2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios apartados del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

Principio de igualdad, condiciones básicas de igualdad y derechos de los españoles en el extranjero: constitucionalidad de la reforma legal que limita el ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones municipales y a los cabildos insulares.

Pleno. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 6984-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de Castilla La Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Competencias sobre medio ambiente, defensa y Fuerzas Armadas, aguas y obras públicas de interés general: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la realización de maniobras y ejercicios militares pese a que existe en el interior del parque natural una propiedad de titularidad estatal afectada a la defensa nacional (STC 82/2012).

Pleno. Sentencia 155/2014, de 25 de septiembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1345-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al artículo 6.2 c) de la Ley electoral de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 5 de diciembre.

Principio de igualdad, derecho de acceso a los cargos públicos e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal autonómico que establece la incompatibilidad parlamentaria de los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y de mancomunidades de municipios.

Pleno. Sentencia 156/2014, de 25 de septiembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 3361-2012. Promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con el apartado b) de la regla tercera del número 1 de la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal que establece la regla para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente de los trabajadores contratados a tiempo parcial. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 157/2014, de 6 de octubre de 2014

Recurso de amparo 6644-2009. Promovido por don Alejandro Fernández-Canteli Álvarez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó su demanda sobre pensión de viudedad.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 158/2014, de 6 de octubre de 2014

Recurso de amparo 3285-2012. Promovido por doña Mónica Oltra i Jarque en relación con los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas que inadmiten a trámite una proposición no de ley.

Vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativa parlamentaria sin motivación (STC 44/2010).

Sala Primera. Sentencia 159/2014, de 6 de octubre de 2014

Recurso de amparo 5439-2012. Promovido por don Rafael Francisco Mateo Benjumea Cabeza de Vaca en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión de mejor derecho al título de Marqués de Valdecañas.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): aplicación razonada de las reglas transitorias de la Ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios a un supuesto de cesión del título.

Sala Primera. Sentencia 160/2014, de 6 de octubre de 2014

Recurso de amparo 2477-2013. Promovido por Radio Castellón, S. A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, desestimatorias de su demanda de protección de derechos fundamentales frente a la asignación de publicidad institucional por el Ayuntamiento de Burriana.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en relación con el derecho a la libertad de información: exclusión absoluta de inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación y audiencia, carente por completo de justificación administrativa (STC 104/2014).

Pleno. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 965-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Competencias sobre medio ambiente, ordenación general de la economía, puertos y aeropuertos, transportes terrestres y obras públicas: constitucionalidad de los preceptos legales básicos que defieren al reglamento el establecimiento de distintos criterios técnicos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 162/2014, de 7 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1511-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de declaración del proyecto regional del “Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski”.

Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la Ley autonómica que contraviene la prohibición, establecida por la normativa básica estatal, de cambio del uso forestal de los terrenos incendiados durante un período mínimo de treinta años (STC 97/2013).

Pleno. Sentencia 163/2014, de 7 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 5007-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación con sendos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2011.

Sistema de financiación autonómica: STC 76/2014 (constitucionalidad de los preceptos legales relativos a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global y la liquidación definitiva de los recursos del sistema de financiación del año 2009).

Pleno. Sentencia 164/2014, de 7 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1811-2013. Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013.

Régimen económico y fiscal canario: nulidad del precepto legal que afecta al régimen especial canario y que fue aprobado sin respetar el trámite de audiencia previa a la Comunidad Autónoma previsto en su Estatuto de Autonomía (STC 164/2013).

Pleno. Sentencia 165/2014, de 8 de octubre de 2014

Recurso de amparo 2698-2010. Promovido por don Rogelio Botana Blanco y don José Francisco Botana Blanco en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó, entre otros, por sendos delitos de asesinato, robo de uso de vehículo a motor y tenencia ilícita de armas.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho), a la defensa y a la presunción de inocencia: valor de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en diligencias policiales

Sala Segunda. Sentencia 166/2014, de 22 de octubre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 7929-2009. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 100.1 a) del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2002, de 24 de diciembre.

Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad de la norma autonómica que sitúa el inicio del plazo de caducidad de los procedimientos de revocación de subvenciones en un momento diferente al establecido por la legislación estatal reguladora del procedimiento administrativo común.

Sala Segunda. Sentencia 167/2014, de 22 de octubre de 2014

Recurso de amparo 3512-2012. Promovido por Avilés Tirado Tenerife, S. L., respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que inadmitió su recurso en relación con la liquidación provisional del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial que inadmite un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la satisfacción de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, incurriendo en error patente.

Sala Segunda. Sentencia 168/2014, de 22 de octubre de 2014

Recurso de amparo 5562-2012. Promovido por don Rafael Francisco Mateo Benjumea Cabeza de Vaca respecto de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión de mejor derecho al título de Conde de Guadalhorce.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): STC 159/2014 (aplicación razonada de las reglas transitorias de la Ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios a un supuesto de cesión del título).

Sala Segunda. Sentencia 169/2014, de 22 de octubre de 2014

Recurso de amparo 5078-2013. Promovido por doña Noelia Rodríguez Gil en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado en juicio de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada pese a advertir la actora del error que padeció en la identificación del domicilio de su contraparte (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 170/2014, de 23 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 866-2007. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Competencias sobre educación y profesiones tituladas: inconstitucionalidad del precepto legal que atribuye al Ministerio de Justicia la competencia para expedir los títulos acreditativos de la aptitud profesional (STC 31/2010). Voto particular.

Pleno. Sentencia 171/2014, de 23 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1528-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 8.2 de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Competencias sobre crédito, ordenación general de la economía y hacienda: inconstitucionalidad del precepto foral relativo a la aplicación en las entidades locales de las medidas de reducción de costes de personal. Voto particular.

Pleno. Sentencia 172/2014, de 23 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 5011-2011. Interpuesto por la Xunta de Galicia respecto de diversos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2011.

Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global y la liquidación definitiva de los recursos del sistema de financiación del año 2009 (STC 76/2014).

Pleno. Sentencia 173/2014, de 23 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 55-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones públicas de Navarra.

Competencias sobre Administración de justicia: nulidad de los preceptos forales que regulan diversos aspectos del régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de justicia en Navarra (STC 140/1990).

Pleno. Sentencia 174/2014, de 23 de octubre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 322-2012. Promovido por el Gobierno de Canarias en relación con el anexo I del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Competencias sobre puertos: pérdida parcial de objeto del proceso en lo que atañe al puerto de Guía de Isora; constitucionalidad de la norma estatal que declara puerto de interés general el puerto de Los Cristianos (STC 40/1998).

Sala Primera. Sentencia 175/2014, de 3 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 5406-2006. Promovido por don José Ramón Castro García respecto de los autos dictados por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Algeciras en diligencias preliminares.

Supuesta vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio: ausencia de reacción tempestiva frente a resoluciones judiciales que autorizan la entrada y registro domiciliario.

Sala Primera. Sentencia 176/2014, de 3 de noviembre de 2014

Conflicto positivo de competencia 6876-2007. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con diversos preceptos del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 177/2014, de 3 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 2434-2012. Promovido por don Josep Palol Sunyer en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Girona desestimatorias de su demanda contra el acuerdo municipal que ordenaba el cese de la actividad y el derribo de una granja porcina.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho y congruente), al Juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías: ausencia de indefensión material; preservación del principio de inmediación habiendo mediado sustitución judicial (STC 55/1991). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 178/2014, de 3 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 198-2013 Promovido por don Javier Joaquín Gómez Herrero respecto de la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo parcialmente estimatoria del recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado respecto de la Sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero, en proceso por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio de armas.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial: resolución judicial fundada en Derecho, que no incurre en error patente y es congruente con las pretensiones sobre cuantía de la indemnización oportunamente deducidas en el recurso de casación; ausencia de recusación tempestiva del Magistrados al que se reprocha ausencia de imparcialidad.

Sala Segunda. Sentencia 179/2014, de 3 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 1877-2013. Promovido por don Hossain El Morabit respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declararon desierto su recurso de apelación frente a la Sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de las Palmas, recaída en proceso de Tribunal de Jurado.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de recurso de apelación acordada sin consideración de la garantía de doble instancia ni ponderación de la diligencia mostrada por el condenado y su abogada defensora.

Sala Primera. Sentencia 180/2014, de 3 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 2791-2013. Promovido por don Enol Suárez Martínez en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Asturias en trámite de ejecución de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, la tutela judicial efectiva y la legalidad penal: desestimación motivada de una petición de prescripción planteada en un supuesto de suspensión de la ejecución de pena privativa de libertad (STC 81/2014).

Pleno. Sentencia 181/2014, de 6 de noviembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 321-2008. Interpuesto por más de cincuenta Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía.

Competencias en materia de sanidad, productos farmacéuticos y legislación civil y mercantil; principios de seguridad jurídica y de legalidad sancionadora: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la caducidad de la autorización de instalación y funcionamiento de las oficinas de farmacia y las fórmulas magistrales y los preparados oficiales; interpretación conforme con la Constitución de la atribución a la Comunidad Autónoma de la competencia ejecutiva de autorización de las instalaciones donde se elaboren las fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Pleno. Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 6985-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Competencias sobre defensa, Fuerzas Armadas, aguas, obras públicas, protección ambiental y espacios naturales protegidos: nulidad de los preceptos legales autonómicos que prohíben la realización de maniobras y ejercicios militares en una zona de interés para la defensa (STC 154/2014).

Pleno. Sentencia 183/2014, de 6 de noviembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1780-2013. Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social y del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de la regulación legal del hecho imponible, sujetos pasivos y tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante.

Pleno. Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1914-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias).

Pleno. Sentencia 185/2014, de 6 de noviembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 5318-2013. Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 623.1 párrafo segundo del Código penal.

Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto.

Sala Segunda. Sentencia 186/2014, de 17 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 2996-2011. Promovido por doña Macarena Calvillo Galisteo en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó, en casación, su recurso frente a la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas de Sevilla.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de los medios de impugnación utilizables.

Sala Segunda. Sentencia 187/2014, de 17 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 698-2012. Promovido por don Marc Mañés Martínez y otras personas en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona sobre extinción colectiva de contratos de trabajo dictadas en procedimiento concursal.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la prueba: denegación de nuevas pruebas documentales en grado de suplicación que no lesiona los derechos fundamentales invocados.

Sala Segunda. Sentencia 188/2014, de 17 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 1920-2013. Promovido por doña Susana Delia Salvio Alvedro en relación con las Sentencias de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Málaga, que desestimaron su demanda de pensión de viudedad.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: STC 41/2013 (denegación de la pretensión ejercitada en el litigio social que trae causa de la aplicación de un precepto legal contrario al derecho a la igualdad ante la ley al supeditar el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes).

Sala Segunda. Sentencia 189/2014, de 17 de noviembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2420-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del cuerpo general de la Policía canaria.

Competencias sobre función pública y títulos académicos: STC 2/2012 (nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales).

Sala Segunda. Sentencia 190/2014, de 17 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 5210-2013. Promovido por Graham Charles Coombs respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga y un Juzgado de Primera Instancia de Marbella en procedimiento de división de herencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al proceso): ausencia de traslado de los recursos de revisión y apelación al adjudicatario del único bien integrante del caudal hereditario (STC 79/2013).

Sala Segunda. Sentencia 191/2014, de 17 de noviembre de 2014

Recurso de amparo 293-2014. Promovido por doña Raquel Lora Peón en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que le condenó, en apelación, por un delito contra la seguridad vial.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena fundada en una nueva valoración de la prueba personal efectuada sin respetar las garantías de inmediación y contradicción.

Pleno. Sentencia 192/2014, de 20 de noviembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 3508-2005. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de un epígrafe del anexo II de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Competencias sobre defensa y medio ambiente: nulidad del epígrafe “Defensa” incluido en el listado de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo anexo a la Ley autonómica.

Pleno. Sentencia 193/2014, de 20 de noviembre de 2014

Conflicto positivo de competencia 5431-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.

Competencias sobre educación y profesiones tituladas: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos a los cursos de formación y a la acreditación de la capacitación profesional (STC 170/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 194/2014, de 1 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 6654-2012. Promovido por don Bassirou Sene Sene en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y las resoluciones administrativas que desestimaron su petición de pensión de viudedad de clases pasivas.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: matrimonio contraído por el rito islámico carente de validez y eficacia para el ordenamiento jurídico español.

Sala Segunda. Sentencia 195/2014, de 1 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 4970-2013. Promovido por don Allal Zougaghi y don Mohamed Zougaghi respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca denegando la incoación de procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 35/2008).

Pleno. Sentencia 196/2014, de 4 de diciembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 219-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto del artículo 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011.

Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: nulidad por vulneración de la normativa básica estatal del precepto legal que introduce una reducción de las cuantías retributivas a percibir por el personal de los entes del sector público autonómico con presupuesto estimativo (STC 219/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 197/2014, de 4 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 4791-2014. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Autonomía política, principios pluralista, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, derecho de acceso a los cargos públicos, sistema de representación proporcional: constitucionalidad de la reforma estatutaria que reduce el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Sala Primera. Sentencia 198/2014, de 15 de diciembre de 2014

Conflicto positivo de competencia 6870-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de competencias de gestión de subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 199/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 11-2013. Promovido por don Antonio Cuerda Riezu respecto de la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid que desestimó su impugnación de la sanción que, en materia de tráfico, le había impuesto el Ayuntamiento de Madrid.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción impuesta con fundamento exclusivamente en una clave numérica y carente de cobertura legal.

Sala Primera. Sentencia 200/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 405-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de varias proposiciones no de ley y una interpelación.

Vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

Sala Segunda. Sentencia 201/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 3382-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de interpelaciones y preguntas de respuesta oral en Pleno.

Vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

Sala Segunda. Sentencia 202/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 4140-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de distintas solicitudes de comparecencia y una proposición no de ley.

Vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

Sala Segunda. Sentencia 203/2014, de 15 de diciembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 5802-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal.

Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

Sala Segunda. Sentencia 204/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 6039-2013. Promovido por la asociación Proyde en relación con la providencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería inadmitiendo incidente de nulidad de actuaciones respecto de sentencia dictada en juicio ordinario sobre declaración de dominio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones.

Sala Primera. Sentencia 205/2014, de 15 de diciembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 6634-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal.

Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014).

Sala Primera. Sentencia 206/2014, de 15 de diciembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 1140-2014. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal.

Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014).

Sala Segunda. Sentencia 207/2014, de 15 de diciembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 1495-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con el apartado tercero del artículo primero de la Ley 1/2010, de 28 de junio, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se modifica la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 219/2013).

Sala Segunda. Sentencia 208/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 4983-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Competencias sobre régimen energético y medio ambiente: nulidad de la ley foral que prohíbe, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 106/2014).

Pleno. Sentencia 209/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 1065-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia.

Competencias sobre cajas de ahorro, ordenación general de la economía y legislación mercantil: nulidad de los preceptos legales que someten las medidas de intervención en los supuestos de insolvencia de las entidades de crédito a la previa autorización autonómica e imponen que los vocales de los consejos de administración y de las comisiones de control de las cajas ostenten la condición de consejeros generales (STC 118/2011). Voto particular.

Pleno. Sentencia 210/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 2725-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, de concejos abiertos de Aragón.

Competencias sobre régimen local: nulidad del precepto legal autonómico relativo a la iniciativa para la autorización de funcionamiento en régimen de concejo abierto.

Pleno. Sentencia 211/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 822-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2010, de 22 de diciembre, sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica.

Competencias sobre sanidad, productos farmacéuticos y Seguridad Social: constitucionalidad de la ley autonómica que introduce un catálogo priorizado de productos farmacéuticos en Galicia (STC 98/2004). Voto particular.

Pleno. Sentencia 212/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 4007-2012. Promovido por doña Rocío Luna Fernández respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que confirmó en apelación la desestimación de su impugnación de tres concursos de provisión de puestos de trabajo en la Administración autonómica andaluza.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (error patente) y a un proceso con todas las garantías: negativa no arbitraria ni irrazonable a plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC 27/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 213/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 4522-2012. Promovido por doña Mireia Mollá Herrera y doña Mónica Oltra i Jarque en relación con los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas sobre inadmisión a trámite de diversas proposiciones no de ley.

Vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias carente de motivación suficiente (STC 44/2010).

Pleno. Sentencia 214/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 4761-2012. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecúa la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.

Principios de interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad e igualdad: extinción del recurso de inconstitucionalidad al haberse derogado la norma legal impugnada (STC 96/2014).

Pleno. Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre de 2014

Recurso de inconstitucionalidad 557-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Reserva de ley orgánica; principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y autonomía financiera, prórroga presupuestaria: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen el régimen jurídico de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Voto particular.

AUTOS

Pleno. Auto 43/2014, de 12 de febrero de 2014

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3801-2013, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Votos particulares.

Sala Segunda. Auto 129/2014, de 5 de mayo de 2014

Desestima el recurso de súplica del Ministerio Fiscal sobre inadmisión del recurso de amparo 6698-2013, promovido por don Clodulfo Alberto Pedroso. Voto particular.

Pleno. Auto 133/2014, de 6 de mayo de 2014

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7303-2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife en relación con la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley del Parlamento de Canarias 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sala Segunda. Auto 300/2014, de 15 de diciembre de 2014

Recurso de amparo 2875-2014. Inadmite a trámite el recurso de amparo 2875-2014, promovido por don Pedro Zúñiga Alcón en pleito civil.

Pleno. Auto 301/2014, de 16 de diciembre de 2014

Cuestión de inconstitucionalidad 1525-2014. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1525-2014, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Palma de Mallorca en relación con el artículo 148, párrafo primero in fine del Código civil. Voto particular.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2010-2014)

Índice

I. Cuadros generales

Cuadro n.º 1 Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas

pág. 222

Cuadro n.º 2 Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso

pág. 223

Cuadro n.º 3 Resoluciones dictadas durante el año, según el tipo de resolución

pág. 225

Cuadro n.º 4 Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos)

pág. 227

Cuadro n.º 5 Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos

pág. 228

Cuadro n.º 6 Procesos y asuntos admitidos pendientes de Sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre

pág. 230

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

Cuadro n.º 7 Asuntos ingresados según el promotor

pág. 235

Cuadro n.º 8 Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades Autónomas

pág. 236

Cuadro n.º 9 Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso

pág. 237

Cuadro n.º 10 Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

pág. 238

III. Recursos de amparo

Cuadro n.º 11 Origen de los recursos de amparo ingresados

pág. 243

Cuadro n.º 12 Recurrentes y derecho fundamental invocado

pág. 244

Cuadro n.º 13 Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE

pág. 245

Cuadro n.º 14 Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas

pág. 246

Cuadro n.º 15 Motivos de inadmisión de los recursos de amparo

pág. 247

Cuadro n.º 16 Resoluciones dictadas y amparos resueltos

pág. 248

IV. Datos comparados (Años 2010 – 2014)

Cuadro n.º 17 Asuntos ingresados

pág. 251

Resoluciones dictadas

pág. 252

Asuntos resueltos

pág. 255

Asuntos pendientes

pág. 259

I. Cuadros generales

Cuadro nº 1

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO Y SU DISTRIBUCIÓN INICIAL ENTRE EL PLENO Y LAS SALAS

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 9 | 613 | 622
Febrero | 26 | 599 | 625
Marzo | 46 | 761 | 807
Abril | 8 | 678 | 686
Mayo | 14 | 692 | 706
Junio | 9 | 847 | 856
Julio | 14 | 803 | 817
Agosto | 4 | 115 | 119
Septiembre | 11 | 628 | 639
Octubre | 37 | 632 | 669
Noviembre | 18 | 665 | 683
Diciembre | 19 | 630 | 649
TOTALES | 215 | 7.663 | 7.878

Cuadro nº 2

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO, CLASIFICADOS SEGÚN EL TIPO DE PROCESO

Recursos de inconstitucionalidad | 60
Cuestiones de inconstitucionalidad | 141
Recursos de amparo | 7.663
Conflictos positivos de competencia | 5
Conflictos negativos de competencia | 4
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 4
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 7.878

ASUNTOS INGRESADOS EN EL TRIBUNAL

ASUNTOS INGRESADOS EN EL PLENO

Cuadro nº 3

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO1

| PLENO | SALA I y sus Secciones | SALA II y sus Secciones | TOTAL
SENTENCIAS |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 34 | 23 | 45 | 102
Desestimación | 55 | 22 | 20 | 97
Inadmisión | 6 | 3 | 7 | 16
TOTAL SENTENCIAS (+ asuntos acumulados): | 95 (+5) | 48 (+2) | 72 | 215 (+7)
DICTADAS POR LA SALA, O | 95 (+5) | 48 (+2) | 72 | 215 (+7)
POR LA SECCIÓN 1ª | - | - | - | -
POR LA SECCIÓN 2ª | - | - | - | -
POR LA SECCIÓN 3ª | - | - | - | -
POR LA SECCIÓN 4ª | - | - | - | -
AUTOS |  |  |  |
- Inadmisión | 45 | 2 | 1 | 48
- Terminación2 | 7 | 55 | 47 | 109
- Suspensión de leyes | 9 | - | - | 9
- Suspensión de otras disposiciones | - | 4 | 13 | 17
- Aclaración o rectificación | 1 | 3 | - | 4
- Acumulación | 1 | 2 | - | 3
- Recusación y abstención | 13 | 20 | 56 | 89
- Ejecución | - | - | 2 | 2
- Súplica | 2 | 3 | 7 | 12
- Varios | 4 | 6 | 2 | 12
TOTAL AUTOS | 82 | 95 | 128 | 305
PROVIDENCIAS3 |  |  |  |
Admisión | 135 | 20 | 53 | 208
Inadmisión4 | - | 3.264 | 3.398 (-3) | 6.662 (-3)
Terminación | - | 11 | 8 | 19
TOTAL PROVIDENCIAS | 135 | 3.295 | 3.459 | 6.889
RESOLUCIONES DICTADAS |  |  |  |
TOTAL | 312 | 3.438 | 3.659 | 7.409
RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS
TOTAL | 165 | 61 | 132 | 358
RESOLUCIONES DEFINITIVAS5 |  |  |  |
TOTAL | 147 | 3.377 | 3.527 | 7.051
ASUNTOS RESUELTOS |  |  |  |
TOTAL | 152 | 3.379 | 3.524 | 7.055

1 Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

2 Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

3 Providencias que no son de mero trámite.

4 Fueron revocadas en súplica tres providencias de inadmisión, todas ellas de la Sala Segunda.

5 Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

Cuadro nº 4

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS DISTINTOS PROCESOS (Y ASUNTOS RESUELTOS1)

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares2
Recurso de inconstitucionalidad | 50 (+5) | 17
Cuestión de inconstitucionalidad3 | 32 | 8
Recurso de amparo | 109 (+2) | 32
Conflicto positivo de competencias | 20 | 10
Conflicto negativo de competencia | - | -
Conflicto entre órganos constitucionales | - | -
Conflicto en defensa de la autonomía local | 3 | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1 | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | -
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 215 (+7) | 67

1 Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados.

2 Algunas sentencias contaron con varios votos particulares. Se formularon asimismo votos particulares a siete autos: en cuatro de ellos se inadmitieron trámite sendas cuestiones de inconstitucionalidad, tres se dictaron en el incidente de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de leyes autonómicas y en el auto restante se acordó la inadmisión a trámite de una demanda de amparo.

3 Una de ellas fue una cuestión interna de inconstitucionalidad.

Cuadro nº 5

RELACIÓN ENTRE ASUNTOS INGRESADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS

FASE DE ADMISIÓN | PLENO | SALA I | SALA II | SALAS | TOTAL
Asuntos recibidos | 215 | 3.843 | 3.820 | 7.663 | 7.878
De nuevo ingreso | 215 | 3.831 | 3.832 | 7.663 | 7.878
Traslados entre Salas | - | +44/-32 | -32/-44 | - | -
Asuntos admitidos | 135 | 20 | 53 | 73 | 208
Asuntos inadmitidos | 45 | 3.266 | 3.396 | 6.662 | 6.707
Por providencia | - | 3.264 | 3.398 | 6.662 | 6.662
Por Auto | 45 | 2 | 1 | 3 | 48
Revocaciones en súplica | - | - | -3 | -3 | -3
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | - | 55 | 46 | 101 | 101
Por providencia | - | 11 | 8 | 19 | 19
Por Auto | - | 44 | 38 | 81 | 81
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | +35 | +502 | +325 | +827 | +862

FASE DE SENTENCIA | PLENO | SALA I | SALA II | SECCIONES | SALAS Y SECCIONES | TOTAL
Asuntos a sentenciar | 78 | 40 | 90 | - | 130 | 208
Asuntos admitidos | 135 | 20 | 53 | - | 73 | 208
Traslados entre Salas | - | - | - | - | - | -
Avocados (admitidos) | 8 | - 4 | - 4 | - | - | -
Deferidos a las Salas | - 65 | 24 | 41 | - | - | -
Deferidos a las Secciones | - | - | - | - | - | -
Acumulaciones | -4 | - | - | - | - | - 4
Procesos a sentenciar | 74 | 40 | 90 | - | 130 | 204
Asuntos resueltos | 107 | 61 | 81 | - | 142 | 249
Por Sentencia | 95 | 48 | 72 | - | 120 | 215
De los cuales, por la Sala | 95 | 48 | 72 | - | 120 | 215
Sección 1ª | - | - | - | - | - | -
Sección 2ª | - | - | - | - | - | -
Sección 3ª | - | - | - | - | - | -
Sección 4ª | - | - | - | - | - | -
Asuntos terminados (después de su admisión) | 7 | 11 | 9 | - | 20 | 27
Acumulados | 5 | 2 | - | - | 2 | 7
Procesos resueltos | 102 | 59 | 81 | - | 140 | 242
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | - 29 | - 21 | + 9 | - | - 12 | - 41
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | - 28 | - 19 | + 9 | - | - 10 | - 38

Cuadro nº 6

A) PROCESOS Y ASUNTOS ADMITIDOS PENDIENTES DE SENTENCIA A 31 DE DICIEMBRE

| PROCESOS | ASUNTOS
Pleno | 252 | 256
Recursos de inconstitucionalidad | 183 | 187
Cuestiones de inconstitucionalidad | 27 | 27
Recursos de amparo avocados | 10 | 10
Conflictos positivos de competencia | 23 | 23
Conflictos negativos de competencia | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 5 | 5
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 4 | 4
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | -
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 36 | 36
Cuestiones de inconstitucionalidad | 35 | 35
Conflictos positivos de competencia | 1 | 1
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 70 | 70
Cuestiones de inconstitucionalidad | 46 | 46
Conflictos positivos de competencia | 2 | 2
Secciones |  |
1.ª Recursos de amparo | - | -
2.ª Recursos de amparo | - | -
3.ª Recursos de amparo | - | -
4.ª Recursos de amparo | - | -
Sumas de los recursos de amparo | 116 | 116

B) ASUNTOS PENDIENTES DE DECIDIR SOBRE ADMISIÓN A 31 DE DICIEMBRE

Pleno | 55
Recursos de inconstitucionalidad | 5
Cuestiones de inconstitucionalidad | 50
Recursos de amparo avocados | -
Conflictos positivos de competencia | -
Conflictos negativos de competencia | -
Conflictos entre órganos constitucionales | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
Sala Primera |
Recursos de amparo | 2.403
Sala Segunda |
Recursos de amparo | 2.060
Ambas Salas |
Recursos de amparo | 4.463

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

Cuadro nº 7

PLENO: ASUNTOS INGRESADOS
SEGÚN EL PROMOTOR

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | - | 16
Promovidos por el Defensor del Pueblo | 1 | -
Promovidos por Diputados o Senadores | 6 | 2
Promovidos por las Comunidades Autónomas | 35 | -
Otros | - | -
Total | 42 | 18
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 2 | 3
Audiencia Nacional | 5 | 1
Tribunal Militar Central | - | -
Tribunales Superiores de Justicia1 | 76 | 11
Tribunales Militares Territoriales | - | -
Audiencias Provinciales | 2 | -
Juzgados | 32 | 10
Otros | - | -
Total | 117 | 25
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) | - | -
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  |
Estado contra Comunidades Autónomas |  | 1
Comunidades Autónomas contra Estado |  | 4
Comunidades Autónomas entre sí |  | -
Conflictos negativos de competencia |  | 3
Conflictos entre órganos constitucionales |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | 4
Total |  | 14
1 En un caso se cuestionó la constitucionalidad de sendos preceptos de una ley del Estado y otra autonómica.

Cuadro nº 8

LITIGIOSIDAD TERRITORIAL DURANTE EL AÑO, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS1

| Recursos de inconstitucionalidad2 | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | 2 | - | 1 | -
Cataluña | 11 | 5 | 3 | -
Galicia | - | 1 | - | -
Andalucía | 8 | 1 | - | 1
Asturias | 4 | - | - | -
Cantabria | - | 1 | - | -
La Rioja | - | 1 | - | -
Murcia | - | - | - | -
Valencia | 1 | 1 | - | -
Aragón | 1 | 1 | - | -
Castilla - La Mancha | - | - | - | -
Canarias | 4 | 1 | - | -
Navarra | 1 | 4 | - | -
Extremadura | 2 | - | - | -
Baleares | - | - | - | -
Madrid | 1 | - | - | -
Castilla y León | - | - | - | -
Totales | 35 | 16 | 4 | 1
51 | 5

1 Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

2 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados. Los recursos de amparo avocados por el Pleno aparecen en el cuadro 15.

Cuadro nº 9

RESOLUCIONES DICTADAS Y ASUNTOS RESUELTOS, SEGÚN EL TIPO DE PROCESO*

Cuadro nº 10

ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL PLENO PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE, CLASIFICADOS POR SU TIPO Y PROCEDENCIA

A) Clasificados por tipo de recurso

Leyes del
Estado
impugnadas

Leyes de la
Comunidad
Autónoma
impugnadas

Recursos de inconstitucionalidad |  | 187
Interpuestos por el Presidente del Gobierno | - | 41
Interpuestos por el Defensor del Pueblo | 1 | 3
Interpuestos por Diputados o Senadores | 21 | 19
Interpuestos por Comunidades Autónomas | 102 | -
Conflictos positivos de competencia |  | 26
Planteados por el Gobierno de la Nación |  | 7
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 19
Cuestiones de inconstitucionalidad |  | 108
Conflictos negativos de competencia |  | -
Conflictos entre órganos constitucionales |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 5
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | 4
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  | -
Total |  | 330

B) Clasificados por Comunidad Autónoma(*)

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia

Comunidad
Autónoma

Sobre leyes
del Estado

Sobre leyes
de una
Comunidad
Autónoma

Planteados
por el
Gobierno de
la Nación

Planteados
por el
Gobierno
de una
Comunidad
Autónoma

País Vasco | 10 | - | 2 | 3
Cataluña | 30 | 12 | - | 12
Galicia | 3 | 3 | 1 | 3
Andalucía | 14 | 3 | 3 | -
Asturias | 8 | 2 | - | -
Cantabria | - | - | - | -
La Rioja | 2 | - | - | -
Murcia | 2 | - | - | -
Valencia | 3 | 5 | - | -
Aragón | 3 | 2 | - | -
Castilla - La Mancha | - | - | - | -
Canarias | 13 | 1 | - | 1
Navarra | 9 | 6 | 1 | -
Extremadura | 6 | 1 | - | -
Baleares | - | - | - | -
Madrid | 1 | 2 | - | -
Castilla y León | 2 | - | - | -
Totales | 106 | 37 | 7 | 19
143 | 26
(*) Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

III. Recursos de amparo

Cuadro nº 11

ORIGEN DE LOS RECURSOS DE AMPARO INGRESADOS

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 9
Procedencia jurisdiccional | 7.654
Civil | 1.137
Penal | 3.486
Penitenciario | 382
Contencioso-administrativo | 2.221
Social | 352
Militar | 30
Otros | 47
Total | 7.663

Cuadro nº 12

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LAS SALAS, CON EXPRESIÓN DE LOS RECURRENTES Y DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 6.448
Personas jurídicas de Derecho privado | 754
Entes públicos | 417
Defensor del Pueblo | -
Ministerio fiscal | 4
Total | 7.663

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 1.090 | 14,22
Tutela judicial (art. 24 CE) | 5.570 | 72,68
Otros derechos y libertades: | 1 | 21,87
Vida e integridad (art. 15 CE) | 271 | 3,53
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 13 | 0,16
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 497 | 6,48
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 340 | 4,43
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 27 | 0,35
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 68 | 0,88
Reunión (art. 21 CE) | 6 | 0,07
Asociación (art. 22 CE) | 24 | 0,31
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 140 | 1,82
Legalidad penal (art. 25 CE) | 261 | 3,40
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 2 | 0,02
Educación (art. 27 CE) | 3 | 0,03
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 21 | 0,27
Petición (art. 29 CE) | 4 | 0,03
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | - | -

Cuadro nº 13

RECURSOS DE AMPARO: FRECUENCIA DE LA INVOCACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Peniten-ciario | Social | Contencioso-administrativo | Militar |
ART. 24.1 |  |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 916 | 2.278 | 210 | 294 | 1.875 | 20 | 5.593
ART. 24.2 |  |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 11 | 43 | - | 1 | 9 | - | 74
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 18 | 57 | 5 | 6 | 13 | 1 | 100
Derecho a ser informado de la acusación | 1 | 7 | - | - | 8 | - | 10
Derecho a un proceso público. | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 7
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 7 | 75 | 2 | 1 | 19 | 1 | 105
Derecho a un proceso con todas las garantías | 80 | 415 | 1 | 11 | 98 | 3 | 608
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 26 | 154 | 3 | 7 | 62 | - | 252
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | 1 | 11 | 1 | - | 3 | - | 16
Derecho a la presunción de inocencia | 15 | 983 | 3 | 1 | 102 | 5 | 1.109
Total | 1.075 | 4.053 | 226 | 322 | 2.202 | 30 | 7.908

Cuadro nº 14

RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS, SEGÚN EL ÓRGANO QUE DICTÓ LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN

Tribunal Supremo | 2.139
Otros órganos jurisdiccionales: |
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 10
B) En segunda instancia o suplicación | 3.189
C) En primera o única instancia | 2.097
Órganos no judiciales / no consta | 13 / 215
Total | 7.663

Tribunal Supremo | 2.139
Audiencia Nacional | 280
Tribunal Militar Central | 5
Tribunales Superiores de Justicia | 1.191
Tribunales Militares Territoriales | 3
Audiencias Provinciales | 2.517
Juzgados | 1.300
Órganos no judiciales / no consta | 13 / 215
Total | 7.663

RESOLUCIONES JUDICIALES ANULADAS(*)

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 3 | -
Tribunales Superiores de Justicia | 7 | 3
Audiencia Nacional | 31 | 2
Audiencias Provinciales | 2 | 2
Juzgados | 6 | 9

(*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los Tribunales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo Tribunal, sólo se registra la anulación de la sentencia.

Cuadro nº 15

MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO[1]

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 1.331 | 19,97
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 1.082 | 16,27
Falta de especial trascendencia constitucional | 17 | 0,25
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 2.094 | 31,37
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 37 | 0,55
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 931 | 13,99
Extemporaneidad del recurso | 375 | 5,61
Falta de subsanación de defectos procesales | 572 | 8,62
Varios motivos | 125 | 1,9
Otros motivos | 98 | 1,47
Total | 6.662 | 100

Cuadro nº 16

RESOLUCIONES DICTADAS Y AMPAROS RESUELTOS1

| SENTENCIA | AUTO | PROVIDENCIA DEFINITIVA | SUMAS
|  | Inadmisión | Terminación2 |  |
Pleno | 15 | - | 1 | - | 16
Sala Primera | 41 (+2) | 2 | 16 | 3.275 | 3.334 (+2)
Sección Primera | - | - | 12 | - | 12
Sección Segunda | - | - | 22 | - | 22
Sala Segunda | 53 | 1 | 12 | 3.406 (-3) | 3.472 (-3)
Sección Tercera | - | - | 11 | - | 11
Sección Cuarta | - | - | 16 | - | 16
Totales | 109 (+2) | 3 | 90 | 6.681 (-3) | 6.883 (-1)

1 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

2 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Datos comparados
(Años 2010 - 2014)

Cuadro nº 17

DATOS COMPARADOS 2010-2014

Asuntos ingresados | 2010 | 2011 | 2011 | 2013 | 2014
Recursos de inconstitucionalidad | 32 | 31 | 38 | 76 | 60
Cuestiones de inconstitucionalidad | 50 | 51 | 42 | 106 | 141
Recursos de amparo | 8.948 | 7.098 | 7.205 | 7.376 | 7.663
Conflictos positivos de competencia | 6 | 9 | 8 | 12 | 5
Conflictos negativos de competencia | 1 | - | 1 | - | 3
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 4 | 3 | - | 2 | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - | 1 | 4
Requerimientos sobre tratados internacionales | - | - | - | - | -
Total | 9.041 | 7.192 | 7.294 | 7.573 | 7.878

Resoluciones dictadas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 48 | 59 | 136 | 129 | 95
Sala Primera y sus Secciones | 29 | 77 | 59 | 39 | 48
La Sala | 25 | 55 | 59 | 39 | 48
Sección 1ª | 3 | 11 | - | - | -
Sección 2ª | 1 | 11 | - | - | -
Sala Segunda y sus Secciones | 66 | 71 | 51 | 51 | 72
La Sala | 62 | 50 | 50 | 51 | 72
Sección 3ª | - | 9 | - | - | -
Sección 4ª | 4 | 12 | 1 | - | 4
Total | 143 | 207 | 246 | 219 | 215
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 20 | 43 | 44 | 43 | 52
Sala Primera y sus Secciones | 36 | 29 | 36 | 36 | 57
Sala Segunda y sus Secciones | 40 | 28 | 24 | 32 | 48
Total | 96 | 100 | 104 | 111 | 157
Providencias de inadmisión y terminación |
Pleno | - | - | 3 | - | -
Sala Primera | 5.387 | 3.013 | 3.948 | 2.802 | 3.275
Sala Segunda | 4.604 | 3.387 | 3.387 | 3.082 | 3.406
Total | 9.991 | 6.400 | 7.338 | 5.884 | 6.681
Autos interlocutorios | 112 | 86 | 145 | 187 | 148
Providencias de admisión | 204 | 137 | 209 | 264 | 208
Total de resoluciones definitivas (Sentencias + Autos definitivos + providencias definitivas) | 10.230 | 6.708 | 7.691 | 6.214 | 7.051
Total de resoluciones dictadas | 10.546 | 6.931 | 8.041 | 6.665 | 7.409

ADMISIÓN EN LAS SALAS

ADMISIÓN EN EL PLENO

Asuntos resueltos | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Recursos de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 10 | 32 | 51 | 76 | 50
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 1 | - | - | 2 | 1
Por Auto o providencia | 20 | 19 | - | 2 | 7
(de ellos, por resolución de Sala) | 1 | - | - | 3 | 1
Acumulados con los anteriores | - | 4 | 6 | 5 | 5
Total | 30 | 55 | 57 | 83 | 62
Cuestiones de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 40 | 22 | 41 | 17 | 32
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 16 | 6 | 11 | 6 | 15
Por Auto o providencia | 36 | 40 | 23 | 61 | 52
(de ellos, por resolución de Sala) | - | - | - | 21 | 12
Acumulados con los anteriores | 12 | 1 | 1 | - | -
Total | 88 | 63 | 65 | 78 | 84
Recursos de amparo |
Por Sentencia | 91 | 145 | 124 | 87 | 109
(de ellos, por Sentencia del Pleno) | 18 | 4 | 33 | 9 | 15
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 65 | 98 | 90 | 78 | 94
(de ellos, por Sentencia de Sección) | 8 | 43 | 1 | - | -
Por Auto de inadmisión | 26 | 37 | 2 | 5 | 3
(de ellos, por Auto del Pleno) | 2 | 19 | 2 | - | -
Por providencia de inadmisión | 8.964 | 5.868 | 7.298 | 5.342 | 6.678
Por otras causas (Autos o providencias) | 1.027 | 532 | 43 | 574 | 90
Acumulado con los anteriores | 2 | 2 | 5 | 3 | 2
Total | 10.110 | 6.584 | 7.472 | 6.012 | 6.882
Conflictos positivos de competencia |
Por Sentencia | 2 | 8 | 29 | 38 | 20
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 2 | 1 | 10 | 4 | 10
Por Auto o providencia | 1 | 1 | 3 | 2 | -
(de ellos, por resolución de Sala) | - |  | - | - | -
Acumulados con los anteriores | - | 6 | 2 | - | -
Total | 3 | 15 | 34 | 40 | 20
Conflictos negativos de competencia |
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | 1 | 1 | - | 3
Total | - | 1 | 1 | - | 3
Conflictos entre órganos constitucionales |
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - |  | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Por Sentencia | - | - | 1 | 1 | 3
Por Auto o providencia | 1 | - | - | 3 | 2
Total | 1 | - | 1 | 4 | 5
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |
Por Sentencia | - | - | - | - | 1
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | 1
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Por Declaración | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Total de asuntos resueltos | 10.232 | 6.708 | 7.630 | 6.217 | 7.055

SENTENCIAS EN LAS SALAS

SENTENCIAS EN EL PLENO

Asuntos admitidos pendientes de Sentencia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 206 | 202 | 182 | 175 | 183
Acumulados | 15 | 13 | 8 | 8 | 4
Procesos en la Sala Primera | 4 | 3 | 2 | - | -
Procesos en la Sala Segunda | 2 | 1 | 1 | - | -
Total | 227 | 219 | 193 | 183 | 187
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 96 | 68 | 32 | 27 | 27
Acumulados | - | 1 | 1 | - | -
Procesos en la Sala Primera | 11 | 11 | 26 | 19 | 35
Procesos en la Sala Segunda | 13 | 17 | 22 | 25 | 46
Total | 120 | 97 | 81 | 71 | 108
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 70 | - | 56 | 29 | 23
Acumulados | 4 | - | - | - | -
Procesos en la Sala Primera | 12 | 7 | 4 | 4 | 1
Procesos en la Sala Segunda | 17 | 18 | 12 | 9 | 2
Total | 103 | 25 | 72 | 42 | 26
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - |  | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - |  | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Procesos en el Pleno | 6 | 7 | 5 | 7 | 5
Acumulados | - | 1 | 1 | - | -
Procesos en la Sala Primera | - | - | - | - | -
Procesos en la Sala Segunda | - | - | 1 | - | -
Total | 6 | 8 | 7 | 7 | 5
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |
Procesos en el Pleno | - | - | - | 1 | 4
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | 1 | 4
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 8 | 27 | 15 | 12 | 10
(acumulados con los anteriores) | 2 | 2 | 2 | - | -
Sala Primera y sus Secciones | 102 | 47 | 59 | 77 | 36
(acumulados con los anteriores) | 1 | 2 | - | - | -
Sala Segunda y sus Secciones | 90 | 67 | 66 | 78 | 70
(acumulados con los anteriores) | - | - | - | - | -
Suma de procesos de amparo | 203 | 145 | 142 | 167 | 116
Total de procesos pendientes de Sentencia de Pleno | 386 | 270 | 290 | 251 | 252
Total de procesos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 247 | 171 | 193 | 212 | 190
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Pleno | 407 | 284 | 302 | 259 | 256
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 253 | 173 | 183 | 212 | 190

Asuntos pendientes de admisión | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | 1 | 6 | 2 | 4 | 5
Cuestiones de inconstitucionalidad | 13 | 24 | 10 | 38 | 50
Recursos de amparo avocados | - | 2 | - | - | -
Conflictos positivos de competencia | - | - | - | 1 | -
Conflictos negativos de competencia | 1 | - | - | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 1 | 2 | 2 | - | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - | - | -
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | - | - | - | -
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 1.660 | 2.032 | 1.510 | 1.987 | 2.403
Sala Segunda | 1.489 | 1.388 | 1.385 | 1.751 | 2.060
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 16 | 34 | 14 | 43 | 55
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 3.149 | 3.420 | 2.895 | 3.738 | 4.463

PENDIENTES DE SENTENCIA EN EL PLENO

PENDIENTES DE SENTENCIA EN LAS SALAS

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN EL PLENO

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN LAS SALAS

RESUMEN DEL PLENO

RESUMEN DE LAS SALAS

RESUMEN DEL TRIBUNAL

[1] Este cuadro refleja las causas de inadmisión consignadas en las correspondientes providencias de inadmisión.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tramitó un total de 825 demandas contra España. De ellas, 790 fueron inadmitidas o archivadas por otras causas; y se dictaron seis sentencias derivadas de la actuación de los poderes públicos españoles. En estas seis sentencias se resolvieron 35 asuntos pues en la Sentencia A. C. y otros c. España, de 22 de abril, se solventaron 30 demandas acumuladas. En cuatro de estas sentencias —las dictadas en los casos A. C y otros c. España, de 22 de abril; casos Etxebarría Caballero c. España y Ataun Rojo c. España, ambas de 7 de octubre y Sociedad Anónima de Ucieza c. España, de 4 de noviembre— se estimaron las correspondientes demandas; fueron desestimatorias las sentencias recaídas en los casos de la Flor Cabrera c. España, de 27 de mayo y Fernández Martínez c. España, de 12 de junio de 2014.

Además de estas sentencias, cabe reseñar diferentes decisiones adoptadas en trámite de admisión. Así, el auto de 28 de enero de 2014, dictada en el caso A. M. B y otros c. España, que inadmitió una demanda de medidas provisionales, promovida con apoyo en el artículo 39 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), frente a la orden de desalojo de la vivienda del Instituto Madrileño de Vivienda que ocupaban los actores. La inadmisión se fundó, en esta ocasión, en la falta de agotamiento de las vías de recurso internas (art. 35 CEDH) al hallarse pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo. El caso González Nájera c. España, planteado respecto de los hechos que están en el origen de la STC 57/2013, de 11 de marzo, y en el que se denunciaba la vulneración del derecho del acusado a interrogar a los testigos de la acusación [art. 6.1 d) CEDH] fue inadmitido por decisión de 11 de febrero de 2014, dado que “a juzgar por el material de que dispone, y en la medida en que esta demanda se ajusta a su propia competencia, el Tribunal estima que no existe una aparente vulneración de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio o sus Protocolos” (§ 60). El caso Fernández Cabanillas c. España dio lugar a la decisión de inadmisión de 18 de febrero de 2014, en la que, a la vista de las circunstancias concurrentes en el proceso de separación matrimonial origen del asunto y de las dificultades que habían enfrentado los órganos judiciales actuantes para garantizar las relaciones del padre con sus hijas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que los jueces y tribunales españoles habían “tomado todas las medidas necesarias que cabía razonablemente esperar, dada la delicada situación familiar en el presente caso, para facilitar la reunión del demandante con sus hijas” (§ 57). El 23 de septiembre de 2014 se acordó la inadmisión del caso Yamila Hassan Mohamed c. España, toda vez que la demandante había presentado su recurso de casación en la sede del Juzgado decano de Melilla, desatendiendo, por tanto, la regulación legal sobre presentación de escritos a término vigente al momento de producirse los hechos que dieron origen a esta demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (febrero de 2009). Finalmente, el 4 de noviembre de 2014 se acordó la inadmisión de la demanda formulada en el caso Ruiz-Funes Montesinos y otros c. España y en la que se denunciaba la vulneración del artículo 1 del Protocolo primero al CEDH, que protege el derecho de propiedad, por la negativa a otorgar una indemnización a los actores por la confiscación de sus bienes padecida tras el fin de la guerra civil. En este auto la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordó que, conforme a la doctrina constante del Tribunal, “la Convención Europea no impone a los Estados firmantes ninguna obligación general de reparar las injusticias o los daños causados antes de la ratificación de la Convención” (§ 18), a lo que se añade que, a la vista de la legislación aplicable —Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura—, la declaración de reparación que las personas que hayan sido objeto de una condena injusta o ilegítima durante la guerra civil y la dictadura, pueden obtener no les concede derecho, por sí sola, a una indemnización o reparación pecuniaria por los perjuicios resultantes de la condena sufrida.

De entre las resoluciones acordando el archivo de demandas en tramitación cabe reseñar la decisión dictada el 16 de diciembre de 2014 en el caso Mohamed Raji y otros c. España. El demandante y sus familiares habían solicitado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la adopción de la medida cautelar de suspensión frente a la orden de demolición y desalojo de su vivienda habitual sita en la cañada real Galiana. La medida cautelar fue concedida hasta obtener la documentación requerida al Gobierno de España. La Decisión declaró que el acuerdo marco suscrito por diversas Administraciones, el proceso de negociación abierto con los habitantes de la zona y la suspensión de los desalojos mientras se prolonguen las negociaciones, eran razones suficientes para acordar el archivo del proceso de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37 CEDH.

Por lo que respecta a las cuatro sentencias estimatorias, la Sentencia de 22 de abril, dictada en el asunto A. C y otros c. España, acumuló y estimó las demandas interpuestas por treinta personas de origen saharaui por vulneración del derecho a un recurso efectivo, en relación con el derecho a la vida y la prohibición de la tortura (arts. 13, 2 y 3, respectivamente, CEDH). Las diferentes demandas controvertían las correspondientes órdenes administrativas de devolución a Marruecos, exponiendo los actores su temor a ser objeto de represalias por las autoridades marroquíes al haber participado en un campamento de protesta en el territorio del Sáhara occidental desmantelado el 8 de noviembre de 2010. En diferentes resoluciones adoptadas a lo largo de los años 2011 y 2012, el Presidente en funciones de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió aplicar el artículo 39 del Reglamento del Tribunal “e indicar al Gobierno que era deseable, en el interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no expulsar a los demandantes durante la tramitación del procedimiento” (§ 4). Por unanimidad de los Magistrados integrantes de la Sección actuante, la Sentencia declaró la violación del artículo 13 del Convenio —derecho a un recurso efectivo—, combinado con los artículos 2 y 3 —derecho a la vida y prohibición de la tortura, respectivamente.

Por Sentencia de 7 de octubre, dictada en el caso Etxebarría Caballero c. España, la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó la demanda interpuesta por quien, tras ser detenida en el marco de una investigación policial por presuntos delitos de pertenencia a una organización terrorista, denunció haber sido sometida a tortura y tratos inhumanos y degradantes. La Sentencia declaró vulnerada la prohibición de la tortura (art. 3 CEDH) en su vertiente procesal por ausencia de una investigación eficaz de las denuncias formuladas por la actora, que fueron sobreseídas por la Audiencia Provincial de Vizcaya y un Juzgado de Instrucción; el posterior recurso de amparo fue inadmitido mediante providencia al no apreciarse la existencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo.

Con idéntica fecha y en relación con el mismo derecho, el 7 de octubre de 2014 se dictó sentencia estimatoria de la demanda en el caso Ataun Rojo c. España, igualmente por vulneración de la prohibición de la tortura en su vertiente procesal. También en esta ocasión el recurso de amparo se había inadmitido a trámite al no apreciarse vulneración del derecho fundamental.

El 4 de noviembre de 2014 la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Sociedad Anónima de Ucieza c. España, declarando la vulneración del derecho a un proceso equitativo y del derecho a la propiedad (arts. 6.1 CEDH y 1 del Protocolo primero al Convenio). La mercantil demandante, que había reclamado ante diversas instancias la titularidad de una iglesia enclavada en terrenos de su propiedad, había visto inadmitido su recurso de casación al entender la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que no había quedado suficientemente justificado el valor económico del bien objeto de disputa. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por carencia manifiesta de contenido constitucional [art. 50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la redacción anterior a la Ley Orgánica 6/2007, de 27 de mayo]. La Sentencia declaró que el derecho a un proceso equitativo se vulneró al privarse al demandante del derecho de acceso a un tribunal competente para revisar su caso, privándose así de la debida protección al derecho de propiedad.

Como ya se ha indicado anteriormente, las dos sentencias restantes desestimaron las demandas planteadas en relación con la actuación de los poderes públicos españoles. La Sentencia de 27 de mayo de 2014, dictada en el caso de la Flor Cabrera c. España, no apreció que se hubiese vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar (art. 8 CEDH) de quien, tras haber sufrido un accidente, promovió una acción civil por daños y perjuicios contra el conductor por el que fue atropellado y la compañía de seguros, acción que no prosperó al aportar la aseguradora unas grabaciones obtenidas por detectives privados donde se veía al demandante realizando una serie de actividades incompatibles con las lesiones que decía padecer. La Sentencia, a pesar de reconocer que una foto o grabación pueden interferir en la vida privada de una persona, declaró que las imágenes tomadas en este caso tenían como objetivo servir exclusivamente como prueba en un proceso civil y no para su difusión pública, lo que permitía descartar que constituyeran una injerencia injustificada en la vida privada del demandante.

La Gran Sala dictó Sentencia en el caso Fernández Martínez c. España, de fecha 12 de junio de 2014. Esta resolución confirmó el pronunciamiento de la Sección Tercera de 15 de mayo de 2012 y declaró que la decisión del Obispado de no renovar el contrato como profesor de Religión católica de un sacerdote casado que había publicado un artículo que revelaba su afiliación al movimiento por el celibato opcional no vulneraba los derechos a la vida privada (art. 8 CEDH) y que no procede el análisis del fondo de las quejas sobre infracción del derecho a la igualdad (art. 14 CEDH) y de las libertades de pensamiento y de expresión (arts. 9 y 10 CEDH). La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en la STC 128/2007, de 4 de junio, había desestimado el recurso de amparo en su día promovido por el demandante.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 591 asuntos relacionados con España.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 3: prohibición de la tortura

* Sentencia de 7 de octubre de 2014. Asunto Etxebarría Caballero c. España

El 1 de marzo de 2011 la demandante fue detenida en su domicilio en el marco de una investigación policial por presuntos delitos de pertenencia a la organización terrorista ETA y sujeta a detención incomunicada en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Durante su detención incomunicada fue reconocida en seis ocasiones por un médico forense, al que refirió haber sido objeto de torturas y malos tratos, denuncia que reiteró ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao. Por Auto de 26 de mayo de 2011, este Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, decisión ratificada por la Audiencia Provincial de Vizcaya mediante Auto de 28 de septiembre de 2011. La demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del derecho a la vida e integridad física (art. 15 CE) y el derecho a una tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), recurso que fue inadmitido a limine.

La Sentencia constató que, ante la denuncia argumentada de malos tratos, la titular del Juzgado de Instrucción actuante se limitó a examinar los informes emitidos por los médicos forenses y las declaraciones de la denunciante, sin atender a sus solicitudes de presentación de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las dependencias en las que estuvo en detención preventiva, identificación de los agentes policiales que habían intervenido en su detención, ser oída personalmente y sometida a un examen físico y psicológico. Sin embargo, la Sentencia no apreció vulneración del art. 3 CEDH en su vertiente material pues el Tribunal no disponía de elementos suficientes para concluir que la demandante había padecido efectivamente torturas o malos tratos en contravención del art. 3 CEDH.

* Sentencia de 7 de octubre de 2014. Asunto Ataun Rojo c. España

El demandante fue detenido el 10 de noviembre de 2008 en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de pertenencia a la organización SEGI, una rama de ETA, permaneciendo cuatro días en régimen de detención incomunicada en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Fue reconocido en diversas ocasiones por un médico forense, al que refirió distintos episodios de malos tratos luego denunciados ante los juzgados de instrucción de Pamplona; las actuaciones posteriores fueron archivadas por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Pamplona, confirmado en apelación por la Audiencia Provincial de Navarra. La posterior demanda de amparo en la que se denunciaba vulneración de los derechos a la vida e integridad física (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) fue inadmitida.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó la vulneración del derecho a la prohibición de la tortura (art. 3 CEDH) en su vertiente procesal al no haberse dado curso alguno a las solicitudes de aportación de grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales en los que el demandante había estado detenido, o bien a la identificación y audiencia de los agentes de policía que le habían interrogado o que habían estado en contacto con él, o incluso a que le fuera practicado un reconocimiento médico para establecer la existencia de lesiones eventuales o secuelas psicológicas. La Sentencia concluyó que la investigación llevada a cabo no fue suficientemente profunda ni efectiva para cumplir con los requisitos del art. 3 CEDH.

Por el contrario, el Tribunal no consideró necesario analizar la vertiente material de la queja relativa al artículo 3 del Convenio pues el demandante no había aportado los elementos necesarios que probaran los malos tratos padecidos.

2. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 27 de mayo de 2014. Asunto de la Flor Cabrera c. España

La demanda que dio lugar a esta sentencia fue presentada por quien sufriera un accidente de circulación el 19 de septiembre de 1997, día en que fue arrollado por un coche mientras paseaba en bicicleta. Tras el accidente, presentó demanda de responsabilidad civil contra el conductor y la compañía aseguradora para que se indemnizaran las secuelas derivadas del accidente, en particular una neurosis post traumática. En el curso del proceso, la aseguradora aportó unos vídeos donde se mostraban unas escenas de la vida cotidiana del demandante en espacios públicos, grabados por detectives privados, que desvirtuarían el relato del actor. Los órganos judiciales actuantes (la Audiencia Provincial de Sevilla y el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de esa capital) aceptaron la licitud como prueba de los videos aportados por la aseguradora. Según se consignó en la Sentencia, “no se desprende del expediente que el demandante haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional” (§ 10).

Paralelamente, el demandante formuló demanda por daños y perjuicios contra la compañía aseguradora por vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE). Esta demanda fue desestimada por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Sevilla confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Sevilla. El posterior recurso de amparo se inadmitió por providencia de 25 de febrero de 2008 en la que se aplicó la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la redacción anterior a la aprobada por la Ley Orgánica 6/2007, al carecer el recurso manifiestamente de contenido que justificase una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló por unanimidad que no había habido violación del derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH). En particular, el Tribunal hizo suyo el enfoque utilizado por los órganos judiciales nacionales, constatando que las imágenes litigiosas habían sido captadas cuando el demandante se dedicaba a una actividad susceptible de ser grabada, como fue la conducción de una moto en una vía pública, y fueron utilizadas exclusivamente como medio de prueba en un proceso jurisdiccional. Por lo que hace a la finalidad de la grabación controvertida, la Sentencia destacó que las imágenes se captaron para contribuir de manera legítima al debate judicial, con el fin de permitir al asegurador poner a disposición del juzgador elementos de utilidad para acreditar el alcance de las secuelas del accidente padecido, lo que afecta al interés público de garantizar a todo justiciable un proceso equitativo.

* Sentencia de 12 de junio de 2014. Asunto Fernández Martínez c. España

El demandante fue ordenado sacerdote en 1961; en 1984 solicitó la dispensa de los votos de celibato y al año siguiente, sin haber obtenido respuesta a su solicitud, contrajo matrimonio civil. En noviembre de 1996, un diario de Murcia dedicó un artículo al “Movimiento pro celibato opcional” de sacerdotes, entre los que figuraba el demandante, que un año después fue cesado como docente de religión y moral católica en el instituto público donde impartía clase. Tras ver desestimada su demanda en vía social, el interesado interpuso recurso de amparo, que dio lugar a la STC 128/2007, de 4 de junio, en la cual la Sala Segunda denegó el amparo solicitado.

El actor interpuso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocando sus derechos a la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de expresión, en relación con la prohibición de discriminación (arts. 8, 1, 10 y 14 CEDH). La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó Sentencia el 15 de mayo de 2012 desestimatoria del recurso. El demandante solicitó, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 43 CEDH y 73 del Reglamento del Tribunal, la remisión del caso ante la Gran Sala, petición que fue estimada el 24 de septiembre de 2012.

La Sentencia dictada por la Gran Sala, como ya hiciera la pronunciada por la Sección Tercera del Tribunal, centró su atención en la eventual vulneración del derecho a la vida privada y familiar, al entender que las demás quejas estaban ligadas a la denuncia de infracción del art. 8 CEDH. Al respecto, declaró que la no renovación del contrato por causa de acontecimientos principalmente ligados a opciones personales elegidas por él mismo en su vida privada y familiar, ha comprometido gravemente sus posibilidades de ejercer su actividad profesional específica. La Sentencia concluyó que si bien había existido una injerencia en el derecho del demandante al respeto a su vida privada, dicha injerencia tenía como base legal las disposiciones pertinentes del Acuerdo de 3 de enero de 1979 suscrito entre el Reino de España y la Santa Sede en materia de enseñanza y asuntos culturales, perseguía un objetivo legítimo, como fue la protección de los derechos y libertades de otros, en este caso los de la Iglesia Católica, y particularmente de su autonomía en cuanto a la elección de las personas habilitadas a impartir la doctrina religiosa. Finalmente, la Sentencia declaró que la medida satisfacía también el requisito relativo a su necesidad en una sociedad democrática.

La Sentencia cuenta con un Voto particular discrepante suscrito por ocho magistrados, dos de los cuales firmaron además sendos Votos precisando algunos extremos de su discrepancia.

3. Artículo 13: derecho a un recurso efectivo

* Sentencia de 22 de abril de 2014. Asunto A. C y otros c. España

El 10 de octubre de 2010 varias personas de origen saharaui —entre ellos los treinta demandantes en el caso resuelto por la sentencia que ahora se reseña— montaron en el campamento de Gdem Izik, sito en el territorio del Sáhara occidental, unas tiendas de campaña en señal de protesta por las condiciones de vida que padecían las personas de origen saharaui, así como para reclamar empleos y una vivienda digna. En noviembre de ese mismo año las fuerzas de seguridad marroquíes procedieron a desmantelar el campamento, produciéndose unos enfrentamientos que se saldaron con la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad y dos saharauis. Tras el desmantelamiento, los treinta demandantes llegaron a Canarias y solicitaron protección internacional. Todas las solicitudes fueron denegadas por el Ministerio del Interior entre los días 14 de enero de 2011 y 3 de septiembre de 2012.

El 21 de enero de 2011 trece de los afectados interpusieron recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión cautelarísima de la ejecución de la medida de expulsión. La Audiencia Nacional otorgó la medida cautelar interesada que, sin embargo, rechazó al día siguiente. Las posteriores peticiones de suspensión fueron denegadas y los recursos contencioso-administrativos desestimados.

Entre el 28 de enero de 2011 y el 1 de octubre de 2012 los demandantes recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos presentando 30 solicitudes de medidas provisionales al amparo del art. 39 del Reglamento del Tribunal. El Tribunal acogió esta petición e indicó al Gobierno español que no procedía la devolución de los demandantes durante la tramitación del proceso.

La Sentencia resolvió las 30 demandas y declaró que se había producido una vulneración del derecho a un recurso efectivo (art. 13 CEDH), en combinación con el derecho a la vida y la prohibición de la tortura (arts. 2 y 3 CEDH, respectivamente).

La Sentencia rechazó el motivo de inadmisión de las demandas aducido por el Gobierno de España por falta de agotamiento de las vías de recurso interno puesto que cuando un individuo se queja de manera consistente de que su devolución le expondría a un trato contrario al artículo 3 del Convenio, los recursos sin efecto suspensivo no pueden ser considerados efectivos en el sentido del artículo 35.1 del Convenio. En cuanto al fondo, la Sentencia estimó la vulneración del art. 13 CEDH en combinación con los arts. 2 y 3 CEDH y decidió, asimismo, “continuar indicando al Gobierno, en aplicación del artículo 39 de su Reglamento, que es deseable, en el interés del buen desarrollo del procedimiento, no expulsar a los demandantes hasta tanto la presente sentencia no adquiera firmeza o que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte otra decisión al respecto” y que “había cuenta de las circunstancias particulares del caso … el Estado demandado debe garantizar la permanencia de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas y hasta tanto se resuelvan con carácter definitivo en el ordenamiento interno sus solicitudes de protección internacional”.

4. Artículo 1 del Protocolo adicional: derecho de propiedad

* Sentencia de 4 de noviembre de 2014. Asunto Sociedad Anónima de Ucieza c. España

La mercantil demandante había adquirido en 1978 unos terrenos sitos en la localidad de Ribas de Campos (Palencia) que, en su día, habían formado parte de un monasterio de la Orden de los Premostratenses. Dentro de estos terrenos se hallaban enclavados los siguientes bienes: “una iglesia, una casa, norias, un corral y un molino”. En 1994, el obispado de Palencia inscribió a su nombre un terreno en el que se encontraban una iglesia, una sacristía y una cámara capitular del S. XIII; parte de estos bienes correspondía al monasterio antes mencionado y se encontraba en el terreno adquirido por la mercantil actora. Pese a ello, la inscripción registral se llevó a efecto sin dar audiencia a la demandante.

Ejercida la pertinente acción civil de anulación de la inscripción, fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación. El recurso de amparo, en el que se denunciaba infracción de los derechos a la libertad religiosa y a la tutela judicial efectiva (arts. 16 y 24.1 CE) fue inadmitido a trámite por carencia manifiesta de contenido constitucional [art. 50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la redacción anterior a la Ley Orgánica 6/2007, de 27 de mayo].

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la vulneración de dos derechos. Primero, por unanimidad, consideró que se había vulnerado el derecho de la sociedad mercantil a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH). La Sentencia recordó que, de conformidad con la doctrina elaborada por el propio Tribunal, el derecho de acceso a los recursos puede ser objeto de limitaciones por los Estados, que si bien disponen de un cierto margen de apreciación, deben respetar el contenido esencial de este derecho, perseguir un fin legítimo y respetar la relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo buscado. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la inadmisión del recurso de casación al no haberse acreditado que la cuantía del proceso alcanzaba los 600.000 € exigidos por el artículo 477 de la Ley de enjuiciamiento civil, fue demasiado rigurosa a la vista de las características del bien disputado. En particular, la Sentencia hizo hincapié en que no puede reprocharse a la demandante que, no existiendo un valor de mercado del bien, se refiriera en todo momento a la cuantía “indeterminada” del proceso.

Asimismo, la Sentencia, por seis votos contra uno, declaró vulnerado el derecho a la propiedad (artículo 1 del Protocolo primero al Convenio). La Sentencia del caso Sociedad Anónima de Ucieza c. España constató que la inscripción registral por el Obispado de Palencia de una iglesia cuya propiedad constaba en el título de propiedad de la mercantil demandante constituyó una injerencia en su derecho de propiedad; injerencia carente de justificación y que no fue compensada mediante indemnización alguna. La Sentencia cuenta con un Voto particular discrepante en este punto.

V. Discurso en el acto de toma de posesión de un Magistrado del Tribunal Constitucional

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2014

Excmos. Sres. Magistrados del Tribunal Constitucional, Presidentes y Magistrados eméritos, Excmo. Sr Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmos. Sres. Ministro del Interior y Fiscal General del Estado, autoridades, señoras y señores:

El 12 de enero de 2011 cuatro Magistrados cuyo nombramiento había sido propuesto por el Senado tomamos posesión de nuestro cargo en este mismo salón. Uno de nosotros era Francisco José Hernando Santiago. La renovación se producía tras un retraso de más de tres años y venía precedida de una extravagante reforma de la Ley Orgánica del Tribunal que acortaba el periodo de ejercicio del cargo por un tiempo equivalente al de la demora. Además, seguía sin cubrirse la vacante por el fallecimiento de otro Magistrado, por lo que el Tribunal quedaba constituido con once miembros y, por añadidura, tres de ellos permanecían en sus puestos estando ya concluido el tiempo de su mandato.

Hoy la situación es distinta. El Senado, con la participación de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que lo han estimado pertinente, ha procedido, con normalidad institucional, a renovar la vacante producida por el triste fallecimiento, el 29 de noviembre de 2013, de nuestro compañero Francisco José Hernando Santiago, quien durante casi tres años desempeñó un servicio, el de Magistrado del Tribunal Constitucional, en el que culminaba una dilatada carrera al servicio de la Justicia, primero como Abogado y posteriormente como Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y como Presidente mismo de ese Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Fue un hombre comprometido, vital, sereno, sencillo, amante de su país, de su profesión y de su familia. Su emocionado recuerdo permanecerá siempre entre nosotros.

Acabamos de asistir a la toma de posesión de quien le sucede como Magistrado constitucional: don Ricardo Enríquez Sancho, Juez desde 1972, especialista de lo contencioso-administrativo desde 1976 y Magistrado del Tribunal Supremo desde 1990, en cuya Sala Tercera presidía la Sección Cuarta.

Proviene de una institución, el Tribunal Supremo, que acaba de cumplir su bicentenario, pues fue instituido por “la Pepa”, por la Constitución de 1812, y desde entonces constituye la cúspide de la organización judicial y el principal órgano encargado de velar por el cumplimiento del principio de legalidad. Y se incorpora a otra que apenas supera los treinta años de existencia, que ha sido creada por la Constitución de 1978, como principal garantía de su carácter normativo, y que tiene encomendados, como principales cometidos, el control de constitucionalidad de las leyes y la garantía última de los derechos fundamentales.

Cuando con la distancia que dan estos treinta y cinco años de vigencia de la Constitución, se releen las aspiraciones sociales que llevaron a elaborarla y que quedaron plasmadas en el Preámbulo constitucional —“establecer la justicia, la libertad y la seguridad”, “promover el bien de cuantos integran la Nación española”, “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”, “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” y, en fin, “establecer una sociedad democrática avanzada”— no puede menos que concluirse, con los matices y salvedades que se quieran, el extraordinario éxito conseguido.

No me canso de repetirlo, porque creo que es de justicia hacerlo y porque hay momentos en los que es preciso repetir la verdad: la Constitución de 1978 ha sido sobre todo un marco de integración política, un marco abierto de convivencia, que ha permitido que durante los treinta y cinco años de su vigencia hayamos alcanzado un nivel de respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos insólito en nuestra historia política; un sistema político que ha permitido la alternancia con naturalidad y ha consentido a diferentes partidos desarrollar sus programas de gobierno; y se haya conformado un Estado con un grado de descentralización política perfectamente comparable al de los estados federales, garantizando a las nacionalidades y regiones que lo integran un nivel de autogobierno del que nunca antes habían gozado. Un marco que ha amparado y ampara la convivencia de todos, incluso de quienes no participan de sus valores y querrían sustituirlos por otros, siempre y cuando la reforma se plantee desde el respeto a las reglas que la propia Constitución establece.

Precisamente a este respecto, quisiera reflexionar con ustedes brevemente sobre sendos principios constitucionales que son de esos a los que Ernest Benda, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional alemán, se refería para calificarlos de “principios fundamentales, a los cuales todos, también el Estado mismo, están sometidos”. Me refiero a los principios de legalidad y lealtad constitucional.

El primero de los principios básicos del ordenamiento jurídico que nuestra Constitución enuncia en su art. 9.3 es el de legalidad, en torno al cual se articula el Estado constitucional nacido en las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII. Supone la sustitución de la voluntad discrecional del poder político por un sistema basado en el imperio de la ley. En palabras de John Adams dirigidas en 1775 a los habitantes de la colonia de la bahía de Massachusetts, es la aspiración a dotarnos de un gobierno de leyes, no de hombres [1]. Es el mismo principio que Cicerón incorporó a la cultura política occidental: “somos esclavos de las leyes para poder ser libres” [2].

En 1978, la Nación española proclamó su voluntad de constituirse en un Estado social y democrático de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Pero no de cualesquiera leyes, sino precisamente de las que se produzcan “dentro de la Constitución”, de modo que el principio de legalidad se identifica con la legalidad constitucional, lo que supone que el sometimiento del legislador a la Constitución determina la propia validez de la ley.

El principio de legalidad es, sin lugar a dudas, el principio clave o nuclear de todo Estado democrático de Derecho, y justamente por ello recorre, como si de una médula espinal se tratase, todo el articulado de nuestro texto constitucional (desde el art. 1.1, pasando por los arts. 9.1, 9.3, 25.3, 97, 103.1, 106.1,117.1, 24.1 y hasta los arts. 161.1.a y 163) y sus previsiones fundamentales —modelo de Estado; principio de legalidad sancionadora; sometimiento de la Administración, el Gobierno y el Poder Judicial a la Ley; derecho a la tutela judicial efectiva; garantías constitucionales. Del principio de legalidad emanan la limitación, la racionalidad y la legitimidad de los poderes del Estado.

Pero un ordenamiento complejo, como el nuestro, en el que concurren una diversidad de legisladores, precisa de la efectividad de otro principio que los autores alemanes de la postguerra construyeron trabajosamente: el de lealtad constitucional. En palabras de nuestra propia jurisprudencia, el principio de lealtad constitucional “constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico”. En este sentido, nos hemos referido reiteradamente a la existencia de un “deber de auxilio recíproco”, de “recíproco apoyo y mutua lealtad”, “concreción, a su vez, del más amplio deber de fidelidad a la Constitución”. Esto exige que todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias, deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen el interés general y tengan en cuenta, por el contrario, la comunidad de intereses que les vincula entre sí, que no puede resultar disgregada o menoscabada como consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses.

La lealtad constitucional supone compromiso. No es la mera sujeción a la Constitución. Tampoco es una adhesión emocional a la misma. Es la aceptación sin reservas de todas las reglas que integran la Constitución.

También este Tribunal precisa, para realizar su tarea, de la lealtad de las demás instituciones, en especial de la lealtad que se traduce en el respeto a sus decisiones. Afortunadamente, nuestras sentencias están sometidas a la crítica. En primer lugar, a la crítica dentro del propio Tribunal por parte de los magistrados cuyas tesis no han sido aceptadas por la mayoría del Pleno y que pueden formular votos particulares de distinto signo. Igualmente, a la crítica de la comunidad de los juristas y a la del resto de la sociedad española, reflejada en los medios de comunicación. Pero para preservar su auctoritas necesita que esas críticas estén impregnadas de la lealtad constitucional. De la misma lealtad que precisan las demás instituciones para poder desempeñar sus funciones. Como dijo en su día Jean Monnet, “nada se puede hacer sin las personas, pero nada perdura sin las instituciones”.

Aunque esta mirada o modo de aproximarse no sea el habitual, la Constitución de 1978 es sin duda también un hito en el proceso de construcción europea. En primer lugar porque supuso —creo— la definitiva asunción por nuestra parte del patrimonio jurídico-político que Europa representa: democracia, derechos humanos y Estado social y democrático de Derecho. Y en segundo lugar porque el horizonte de la integración europea, el proyecto de la unión europea, fue, como acredita el artículo 93 de nuestra Carta Magna, el de los padres constituyentes. En este sentido, Europa para los españoles no ha sido sólo un proyecto de integración económica y política, sino sobre todo un patrimonio cultural, un venero de valores y de civilización, en el que hemos querido y queremos sentirnos reconocidos. En su discurso de recepción del premio Nobel de Literatura, Thomas Mann dijo que en el respeto a la forma se halla el fundamento de la civilización europea. Los juristas sabemos que las formas son garantías sustanciales y que es, precisamente, el respeto a las formas lo que define el Estado de Derecho.

Muchas gracias.

[1]Government of laws, not of men.

[2]Legum omnes servi summus ut liberi esse possimus.

VI. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)