MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2013

Presentación

Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Por primera vez desde que en junio de 2013 asumí la Presidencia del Tribunal Constitucional me corresponde el honor de presentar su Memoria anual, en este caso la relativa a 2013, año en que hemos celebrado el trigésimo quinto aniversario de nuestra Carta Magna. En esa ya dilatada trayectoria, esta comparecencia anual ante la opinión pública se ha institucionalizado como una cita periódica, a la que gustosamente asistimos para, con la máxima transparencia y rigor, acercar y dar a conocer el estado y actividad del Tribunal Constitucional, y de este modo, rendir cuentas ante la ciudadanía respecto al cumplimiento por esta institución de su función esencial como máximo garante e intérprete de la Constitución. Con este objetivo, y como en ediciones precedentes, la Memoria de 2013 refleja los principales aspectos organizativos y funcionales del devenir del Tribunal Constitucional en este período anual, sirviendo las siguientes líneas de presentación como esbozo de su contenido y de algunas de las conclusiones que es posible alcanzar a partir de la detallada información en ella recogida.

En el terreno organizativo, 2013 ha sido un año de despedidas y bienvenidas entre los Magistrados encargados de ejercer la jurisdicción constitucional.

Como consecuencia de la renovación parcial del Tribunal Constitucional acontecida en junio pasado —esta vez, sin demora en el plazo—, dejaron su cargo el anterior Presidente, don Pascual Sala Sánchez, el Vicepresidente, don Ramón Rodríguez Arribas, y los Magistrados, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps: a todos ellos quiero mostrar mi reconocimiento y sincero agradecimiento por su entrega y la aportación de su saber y buen hacer al servicio de la institución. En su sustitución, han iniciado su andadura como Magistrados del Tribunal Constitucional don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos —nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial—, así como don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López —designados a propuesta del Gobierno de la Nación—, todos ellos juristas de reconocido prestigio y de cuya acreditada solvencia profesional han venido dejando constancia desde su incorporación.

Esta renovación parcial del Tribunal Constitucional trajo consigo la necesidad de nombrar nuevos titulares para su Presidencia y Vicepresidencia, designación que respectivamente recayó en mi persona y en la de doña Adela Asua Batarrita. Desde aquí quiero agradecer nuevamente a los demás magistrados la confianza que, por decisión unánime, depositaron en nosotros, así como mostrar mi compromiso de trabajo y dedicación a la institución para, conjuntamente con el resto de componentes del Tribunal, ejercer con responsabilidad e independencia la labor jurisdiccional que hemos asumido.

Lamentablemente, la nueva composición del Tribunal Constitucional surgida tras la citada renovación parcial se vio de nuevo alterada en noviembre de 2013 por el fallecimiento del Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, jurista de prolongada carrera al servicio del Estado, a quien siempre tendremos en nuestro recuerdo.

Estas vicisitudes y cambios en los miembros del Tribunal Constitucional apenas han incidido en el funcionamiento y mantenimiento del ritmo de trabajo de la institución. Durante el año 2013 se dictaron un total de 6.665 resoluciones, de las cuales 219 fueron Sentencias. Pese al esfuerzo realizado —que nos ha permitido reducir los asuntos de Pleno pendientes de sentencia—, no hemos podido sin embargo equiparar los asuntos resueltos con los ingresados en ese mismo año —un total de 7.573—, cuya interposición ante el Tribunal ha experimentado un sensible incremento, continuando así con la línea de crecimiento iniciada en 2012.

Este aumento de demanda constitucional en el año 2013 resulta manifiesto en todos los procedimientos de los que habitualmente conoce el Tribunal, si bien se hace especialmente significativo en el número de recursos de inconstitucionalidad presentados —el doble que en 2012— y en las cuestiones de inconstitucionalidad —que casi han triplicado la cifra del año precedente. Seguramente, el incremento de estos procesos constitucionales encuentra explicación en la amplia e intensa actividad de producción legislativa acometida por el Estado y las Comunidades Autónomas en la última etapa, en buena medida motivada por la necesidad de afrontar la crisis económica que con tanta virulencia ha azotado a nuestro país en el último ciclo. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, debe ir en los próximos meses dando respuesta a los recursos planteados que impugnan la constitucionalidad de las recientes normas legales aprobadas. Como el Tribunal ha repetido desde sus primeros pronunciamientos, “la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diverso signo” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7), pero en todo caso, esa legítima discrepancia política tiene en la Constitución, y en particular en el respeto a los derechos y libertades que la misma consagra, un límite infranqueable que es misión del Tribunal hacer respetar.

También los recursos de amparo ingresados en 2013 —un total de 7.376— han experimentado un ligero aumento respecto al período anterior. Como en años precedentes, sin embargo, sigue siendo notable el alto porcentaje de inadmisión a trámite de estos recursos —el 97,73 por 100 en 2013.

Además de la labor jurisdiccional descrita, el Tribunal Constitucional ha mantenido durante 2013 sus habituales actividades de encuentro y cooperación con otros órganos e instituciones, en el convencimiento de que el intercambio de experiencias favorece el enriquecimiento mutuo y el siempre necesario y constante aprendizaje.

Entre estas actividades —de las que la Memoria da cumplida cuenta en el apartado de relaciones institucionales—, a nivel nacional cabe destacar la permanente colaboración que hemos venido manteniendo con el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial, que se ha plasmado a lo largo del año en numerosas visitas y estancias de trabajo en nuestra sede de jueces, magistrados y fiscales.

Especialmente intensa ha sido también nuestra actuación a nivel internacional, mediante la que hemos seguido afianzando los vínculos de cooperación y amistad con Cortes constitucionales homólogas y otras instituciones relacionadas con nuestro ámbito de conocimiento. Como en ocasiones anteriores, hemos asistido a la solemne audiencia que todos los meses de enero marca la apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de igual modo, hemos estado presentes en la XV Conferencia “Trilateral”, que junto a los Tribunales Constitucionales de Italia y Portugal tuvo lugar en Roma, esta vez, para profundizar en el análisis de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la jurisprudencia constitucional y en relación con la jurisprudencia de los Tribunales europeos. Asimismo, como confirmación del prestigio de nuestro Tribunal en el exterior, hemos participado con otros países en numerosos seminarios y encuentros especializados sobre justicia constitucional, unas veces como invitados —de manera específica, en el ámbito iberoamericano—, y en otras ocasiones asumiendo la condición de anfitriones, recibiendo la visita de magistrados, jueces u otros especialistas procedentes de muy diferentes Estados: entre otros, y como muestra de su diversidad, Finlandia, Rusia, Ecuador, Corea, o asimismo Marruecos y Egipto —dentro del “Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el mundo árabe”, conocido como programa Masar—, o también Turquía —en este caso, en el marco de un Proyecto del Consejo de Europa sobre libertad de expresión e información.

Simultáneamente al desarrollo de todas estas actividades, durante el año 2013 hemos intensificado el esfuerzo por que la labor del Tribunal Constitucional resulte próxima a los ciudadanos, tratando de facilitar el conocimiento de la institución y el acceso a la información relativa a la misma.

Con este propósito, y prosiguiendo la práctica iniciada en 2012 de celebrar alguna sesión jurisdiccional fuera de nuestra sede habitual en Madrid, el 5 de junio de 2013 nos reunimos en Pleno en la Audiencia Provincial de Toledo. En aras del mismo fin, también hemos continuado atendiendo las peticiones de visitas guiadas al Tribunal —hasta un total de 74—, realizadas por entidades diversas, como universidades, institutos y colegios, o asociaciones culturales.

Pero además, como novedad, hemos adoptado otras iniciativas con idéntica finalidad de aproximar el Tribunal Constitucional a la sociedad y hacer visible su trabajo y sus resultados. En esta dirección, desde mediados de 2013 se ha implantado un Plan de Comunicación, dirigido principalmente a proporcionar con la mayor inmediatez posible notas informativas de elaboración interna, amplias pero claras y con vocación didáctica, relativas a las resoluciones adoptadas y su argumentación jurídica, cuya difusión se facilita tanto desde la propia web del Tribunal como a través de los distintos soportes que ofrecen los medios de comunicación. También en ese intento de llegar más y mejor a los ciudadanos hemos incorporado nuevas aplicaciones a la citada página web, a cuya actualización se consagra un esfuerzo constante: así, por ejemplo, se ha puesto en funcionamiento un sistema de lectura de contenidos que facilita el acceso a la información, entre otros colectivos, a las personas con discapacidad visual; y asimismo, también por primera vez se ha ido avanzando en la traducción progresiva pero sistemática de sus apartados al inglés, como instrumento de proyección hacia el exterior.

Este amplio conjunto de actividades al que se ha hecho referencia se ha afrontado por el Tribunal Constitucional, no con un incremento de medios, sino a través de una distribución más eficiente de los disponibles. En una coyuntura económica difícil como la vivida por el país en los últimos años, el Tribunal ha realizado un continuado ejercicio de restricción sostenida y de ejecución responsable de su presupuesto, cuya cuantía en el período 2010-2014 ha experimentado una disminución del 14,69 por 100.

Más que nunca, en épocas como esta, la racionalización y optimización de recursos se alzan como imperativo categórico, a fin de seguir cumpliendo con eficiencia las funciones que nos corresponden, sin abandonar nuestro constante empeño de, en la medida de lo posible, reducir el tiempo de espera de nuestras resoluciones, sin merma del proceso de reflexión y deliberación que requieren.

No quiero concluir esta presentación sin aprovechar la oportunidad de felicitar a todo el personal al servicio del Tribunal Constitucional por su gran trabajo y dedicación, que se han visto reflejados en la Memoria 2013. De manera específica, merecen un reconocimiento especial quienes durante dicho período han dejado de prestar servicios en la casa, entre ellos, los Letrados que han agotado su período de vinculación con el Tribunal. Para todos ellos, mi gratitud.

Madrid, 10 de marzo de 2014.

I. Composición del Tribunal

Tras la renovación parcial del Tribunal verificada en junio de 2013, se incorporaron como Magistrados los Excmos. Sres. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [1] y don Enrique López y López [2], a propuesta del Gobierno de la Nación, y los Excmos. Sres. don Juan Antonio Xiol Ríos [3] y don Santiago Martínez-Vares García [4], a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los nuevos Magistrados tomaron posesión de sus cargos el jueves 13 de junio de 2013, cesando en esa fecha los Excmos. Sres. don Pascual Sala Sánchez, Presidente [5], don Ramón Rodríguez Arribas, Vicepresidente [6], don Manuel Aragón Reyes [7] y don Pablo Pérez Tremps [8]. El discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal en el acto de esta undécima renovación se recoge en el anexo V.

Por Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Mediante Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE núm. 147, de 20 de junio), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Adela Asúa Batarrita.

La composición del Tribunal Constitucional quedó, por tanto, como sigue:

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel [9]

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita, Vicepresidenta [10]

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † [11]

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez [12]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías [13]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [14]

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [15]

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas [16]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García [17]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos [18]

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [19]

Excmo. Sr. don Enrique López y López [20]

Por Acuerdo de 26 de junio de 2013 (BOE núm. 153, de 27 de junio), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en Salas y Secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sala Segunda

Excma. Sra. Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago †

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Excmo. Sr. don Enrique López y López

Sección Primera

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Presidente

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Sección Tercera

Excma. Sra. Adela Asua Batarrita, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago, Presidente †

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Enrique López y López

Datos personales

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Murcia, 1962. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Bilbao, 1948. Catedrática de Derecho Penal

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago †

Madrid, 1936 - 2013. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Madrid, 1953. Catedrático de Derecho Administrativo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944. Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944. Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958. Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Enrique López y López

Cacabelos (León), 1963. Magistrado de la Audiencia Nacional

[1] Nombrado por Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[2] Nombrado por Real Decreto 422/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[3] Nombrado por Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[4] Nombrado por Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[5] Nombrado Magistrado por Real Decreto 1407/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio), y Presidente por Real Decreto 58/2011, de 21 de enero (BOE de 24 de enero); cesado, en uno y otro cargo, por Reales Decretos 418/2013, de 12 de junio, y 419/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[6] Nombrado Magistrado por Real Decreto 1406/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio), y Vicepresidente por Real Decreto 1139/2012, de 24 de julio (BOE de 25 de julio); cesado, en uno y otro cargo, por Reales Decretos 417/2013, de 12 de junio, y 420/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[7] Nombrado por Real Decreto 1404/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio); cesado por Real Decreto 415/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[8] Nombrado por Real Decreto 1405/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio); cesado por Real Decreto 416/2012, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[9] Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 473/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[10] Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011); Real Decreto 474/2013, de 19 de junio (BOE de 20 de junio).

[11] Real Decreto 1785/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011). Fallecido el 29 de noviembre de 2013.

[12] Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[13] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[14] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[15] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[16] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[17] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[18] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[19] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[20] Real Decreto 422/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 20 de julio de 2011, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Javier Jiménez Campo. Por Resolución de 21 de julio de 2011 (BOE núm. 179, de 27 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, redactado por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

Don Juan Antonio Xiol Ríos

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

Don Luis Sánchez Serrano

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

Don Javier Jiménez Campo

Secretario General del Tribunal Constitucional. Catedrático de Universidad en excedencia.

Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

Don Ignacio Torres Muro

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18 de Madrid.

Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

Don Ignacio Ulloa Rubio

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Torrejón de Ardoz.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

Don Rafael Alcácer Guirao

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Doña Isabel Huertas Martín

Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

Don Luis Fernández Antelo

Magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

Don Ignacio Matia Prim

Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social.

Doña María Teresa Rodríguez Montañés

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá.

Don Ignacio Ulloa Rubio

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Torrejón de Ardoz.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña María Angeles Ahumada Ruiz

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

Doña Yolanda Bardají Pascual

Secretaria judicial. Ex Letrada del Tribunal Supremo.

Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

Don Miguel Casino Rubio

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Don Manuel Chacón Alonso

Magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 10 de Málaga.

Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria.

Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña María Victoria Cuartero Rubio

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Ignacio de la Cueva Aleu

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

Doña Eva Desdentado Daroca

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.

Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

Don Juan Fernando Durán Alba

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

Doña María Esperanza Fernández Rodríguez

Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).

Don Enrique Gabaldón Codesido

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Doña María de los Ángeles García Frías

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

Doña Amparo García Rubio

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

Don Jesús María González García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

Doña Cristina Izquierdo Sans

Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado de la Junta de Andalucía, Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

Don Francisco Moya Hurtado de Mendoza

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Doña Eva Nieto Garrido

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Fernando Oleo Banet

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna.

Don Carlos Ortega Carballo

Letrado del Tribunal de Cuentas.

Don Fernando Pastor López

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid.

Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Santiago Ripol Carulla

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Murcia.

Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

Doña Silvia del Saz Cordero

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Francisco José Sospedra Navas

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Doña Marta Timón Herrero

Letrada del Ayuntamiento de Barcelona.

Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

Gabinete de la Presidencia

Por Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 2013 fue nombrado Jefe del Gabinete don José Manuel Pascual García, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas.

Intervención

El Interventor del Tribunal es don Ramón Padilla Puig.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

Por Acuerdo de 26 de junio de 2013, del Pleno del Tribunal Constitucional, se dispuso la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 153, de 27 de junio, cve: BOE-A-2013-6941) en los términos reseñados en el capítulo I.

[1] El texto del Acuerdo referido en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2013 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, a las sentencias dictadas, al resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.573 asuntos jurisdiccionales; es decir, 279 asuntos más que en 2012. Este ligero incremento confirma el cambio de tendencia iniciado en 2012, de modo que, tras un lustro de reducción constante del número de nuevos asuntos ingresados (desde 2006, cuando se alcanzó el máximo de 11.741 nuevos asuntos, hasta 2011, en que esa cifra se redujo a 7.192), en los dos últimos años se ha asistido a un crecimiento débil, pero sostenido: 7.294 en 2012 y la cifra ya mencionada de 7.573 nuevos asuntos en 2013. Este nuevo repunte de la demanda de justicia constitucional, que en su conjunto supuso un crecimiento del 3,82 por 100, tuvo reflejo en todos los procesos constitucionales. Así, se constata que no sólo se promovieron más recursos de amparo que en 2012 (7.376 frente a 7.205; un incremento del 2,37 por 100), sino que también creció el número de nuevos recursos de inconstitucionalidad (38 en 2012, 76 en 2013), cuestiones de inconstitucionalidad (42 en 2012 y 106 en 2013) y conflictos constitucionales (nueve en 2012: ocho conflictos positivos de competencia y uno negativo; 14 en 2013: 12 conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local, a los que cabe añadir la impugnación de una resolución sin fuerza de ley de una Comunidad Autónoma).

Se mantuvo la tradicional preponderancia de los recursos de amparo: 7.376, lo que representó el 97,39 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 7.037, de los cuales 6.349 fueron interpuestos por personas físicas y otros 688 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos presentaron 334 demandas de amparo y las cinco restantes las formuló el Ministerio Fiscal haciendo uso de la legitimación que le reconoce el artículo 46.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Con respecto a su origen, se acentuó la tradicional preponderancia de los recursos de amparo promovidos en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal. De modo que si en 2012 los recursos procedentes de la jurisdicción penal fueron 2.926, el 40,16 por 100 del total, en 2013 estos recursos ascendieron a 3.272, el 44,36 por 100 del total de recursos de amparo de nuevo ingreso (porcentaje que se eleva al 49,94 por 100 si añadimos los 410 recursos procedentes de vigilancia penitenciaria).

Por el contrario, se redujo el número de amparos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 2.508 en 2012 y 2.308 en 2013. De modo que su participación en el total de nuevos recursos de amparo bajó del 34,81 por 100 en 2012 al 31,29 por 100 en 2013. Esta disminución fue especialmente significativa en los recursos de amparo que traían causa de procesos en materia de extranjería (inmigración, visados y permisos de residencia y trabajo, expulsiones del territorio nacional, etc.): apenas 558, el 7,56 por 100 del total de nuevos recursos de amparo, cuando en 2012 fueron 1.038, el 14,40 por 100 del total.

Los recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil fueron 991, el 13,43 por 100; 293 procedieron de la jurisdicción social, el 3,97 por 100 y 40 de la jurisdicción militar, el 0,54 por 100. Fueron 13 los recursos de amparo frente a actos parlamentarios promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,17 por 100 del total.

Algo más de la cuarta parte de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (1.994, un 27,03 por 100). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias Provinciales (2.406, un 32,61 por 100), los Tribunales Superiores de Justicia (1.420, el 19,25 por 100) y los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.064, el 14,42 por 100). Se promovieron 13 recursos de amparo frente a resoluciones del Tribunal Militar Central (0,17 por 100) y otras tres en relación con resoluciones de los Tribunales Militares Territoriales (0,04 por 100). La mayoría de los recursos de amparo tuvieron por objeto resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia o en grado de suplicación (3.641, el 49,32 por 100); seguidos por aquellos otros interpuestos frente a resoluciones dictadas en grado de casación o revisión, que alcanzaron la cifra de 2.009 (27,23 por 100). Por último, en 1.664 recursos de amparo se impugnaban resoluciones dictadas en primera o única instancia (22,55 por 100).

En 5.914 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 80,18 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.013 demandas de amparo (un 13,77 por 100 de los recursos de amparo). Los demás derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.608 demandas de amparo (22,77 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 5.421 demandas de amparo constitucional (73,49 por 100 de los recursos de amparo). De las garantías procesales del artículo 24.2 CE destacan, por la frecuencia de su invocación, los derechos a la presunción de inocencia, invocado en 967 demandas (13,11 por 100 de los recursos de amparo), a un proceso con todas las garantías, alegado en 503 ocasiones (6,81 por 100 de demandas) y a la prueba pertinente para la defensa, que se invocó en 199 recursos (0,25 por 100 del total).

Se interpusieron 76 recursos de inconstitucionalidad, siendo sus promotores, mayoritariamente, los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, que impugnaron leyes y normas con rango de ley estatales en 43 ocasiones. A gran distancia se encuentra los 15 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno, 14 de ellos frente a normas autonómicas con rango de ley y uno respecto de una norma foral. Finalmente, 18 recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por Diputados y Senadores: diez frente a leyes estatales y ocho respecto de leyes autonómicas.

A lo largo del año se presentaron 106 cuestiones de inconstitucionalidad. La mitad de ellas fueron planteadas por los juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales, que plantearon 46 cuestiones respecto de leyes estatales y siete en relación con normas autonómicas. Las audiencias provinciales plantearon cinco cuestiones de inconstitucionalidad sobre leyes del Estado. Por su parte, los tribunales superiores de justicia promovieron 28 cuestiones: 15 en relación con normas estatales y 13 respecto de disposiciones legales autonómicas. La Audiencia Nacional planteó 15 cuestiones sobre leyes del Estado y una respecto de una disposición autonómica con rango de ley. El Tribunal Supremo formuló dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre normas autonómicas. Se plantearon dos cuestiones internas de inconstitucionalidad.

Se presentaron doce conflictos positivos de competencia. Diez de ellos fueron promovidos por los gobiernos autonómicos frente a normas y resoluciones adoptadas por el Gobierno de la Nación, que, a su vez, planteó dos conflictos frente a resoluciones autonómicas. Se plantearon dos conflictos en defensa de la autonomía local y una impugnación de disposiciones sin fuerza de ley o resoluciones de las Comunidades Autónomas.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 219 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó 129 de ellas: 85 en procesos de inconstitucionalidad (74 en recursos de inconstitucionalidad y 11 en cuestiones de inconstitucionalidad), 35 en conflictos constitucionales (34 en conflictos positivos de competencia y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local) y nueve en procesos de amparo, cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno. Las Salas dictaron las 90 sentencias restantes: 39 la Sala Primera (35 en procesos de amparo, dos resolutorias de sendas cuestiones de inconstitucionalidad y otras dos resolutorias de un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia, respectivamente) y 51 la Sala Segunda (43 en procesos de amparo, cuatro en cuestiones de inconstitucionalidad, tres en conflictos positivos de competencia y una resolutoria de un recurso de inconstitucionalidad).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye una síntesis del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de esta.

El Tribunal dictó un total de 298 autos. El Pleno dictó 76 de ellos, la Sala Primera 47 y la Sala Segunda 48; los 127 autos restantes fueron dictados por las Secciones: 54 por la Sección Primera, 21 por la Sección Segunda, 33 por la Sección Tercera y 19 por la Sección Cuarta.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el “Boletín Oficial del Estado” de 14 autos: El ATC 9/2013, de 15 de enero, inadmitió a trámite un conflicto en defensa de la autonomía local, planteado por diversos municipios de Canarias respecto de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero, de reforma parcial de la Ley reguladora del sector eléctrico canario, al concluir que la controversia suscitada debía calificarse de notoriamente infundada a los efectos del artículo 77 quinque.1 LOTC. El ATC 23/2013, de 29 de enero, inadmitió a trámite, por desaparición sobrevenida de su objeto, con incidencia en el proceso jurisdiccional a quo, una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo 55.1 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente. El ATC 28/2013, de 11 de febrero, al que se formuló un voto particular discrepante, inadmitió a trámite un recurso de amparo sobre archivo de causa penal, al no haberse satisfecho el requisito relativo a la justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda. El ATC 68/2013, de 12 de marzo, llevó a cabo una aclaración de la STC 22/2013, de 31 de enero, dictada en proceso de amparo. El ATC 84/2013, de 23 de abril, inadmitió, al resultar notoriamente infundada en los términos del artículo 37.1 LOTC, una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la disposición transitoria primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 14/2009, de 17 de diciembre, de ejecución presupuestaria para 2010. El ATC 85/2013, de 22 de octubre, inadmitió, igualmente por resultar notoriamente infundada, una cuestión de inconstitucionalidad que tenía por objeto la disposición transitoria novena de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. El ATC 89/2013, de 6 de mayo, al que se formularon dos votos particulares discrepantes, rechazó el desistimiento en un recurso de amparo promovido respecto del Decreto de la Comunidad de Castilla-La Mancha 22/2004, de 2 de marzo, sobre admisión de alumnos en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. El ATC 134/2013, de 3 de junio, rectificó un error material padecido en la STC 106/2013, de 6 de mayo, dictada en recurso de amparo. Los AATC 151/2013, de 8 de julio, y 172/2013, de 9 de septiembre, inadmitieron a trámite, por falta de agotamiento de la vía judicial previa, sendos recursos de amparo en relación con decretos del Ministerio Fiscal sobre determinación de la edad de extranjeros. El ATC 180/2013, de 17 de septiembre, inadmitió las recusaciones del Presidente del Tribunal que habían promovido la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en 26 procesos constitucionales. El ATC 243/2013, de 22 de octubre, inadmitió, por incorrecta formulación del juicio de aplicabilidad, una cuestión de inconstitucionalidad planteada con respecto al Decreto-ley de la Junta de Andalucía 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados actos de la Agencia Tributaria de Andalucía. El ATC 267/2013, de 19 de noviembre, inadmitió, por inadecuada formulación del juicio de relevancia, una cuestión de inconstitucionalidad planteada con respecto al artículo 8.1 b) del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Por último, el ATC 296/2013, de 17 de diciembre, inadmitió a trámite, por resultar notoriamente infundada, una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto del artículo 21.7.1 g) del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2008, de 25 de junio.

El Pleno inadmitió mediante auto 28 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa de la autonomía local (en el ya citado ATC 9/2013). Asimismo, mediante auto, el Pleno declaró extinguidas ocho cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (AATC 31/2013 y 32/2013, de 12 de febrero); el artículo 17.1 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 11/2001, de 12 de diciembre, de colegios y consejos profesionales (ATC 67/2013, de 12 de marzo); las disposiciones adicionales tercera (ATC 69/2013, de 12 de marzo) y séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (AATC 76/2013 y 77/2013, de 9 de abril); la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre (ATC 79/2013, de 9 de abril); el artículo 2.3 de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas de hecho (ATC 93/2013, de 7 de mayo); dos conflictos positivos de competencia planteados por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación infantil (ATC 33/2013, de 12 febrero) y del Real Decreto 942/2003, de 18 de julio, por el que se determinan las condiciones básicas que deben reunir las pruebas para la obtención de los títulos de técnico y técnico superior de formación profesional específica (ATC 58/2013, de 26 de febrero), y dos conflictos en defensa de la autonomía local, que se tramitaban conjuntamente al haberse acordado su acumulación, planteados en relación con sendos preceptos del Decreto-ley del Consejo de Gobierno de Illes Balears 1/2010, de 26 de marzo, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general, y de la Ley del Parlamento de Illes Balears 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión (ATC 178/2013, de 10 de septiembre). Por su parte, la Sala Primera declaró extinguido un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado (ATC 27/2013, de 11 de febrero); seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto del artículo 16.2 b) de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid (AATC 50/2013 a 54/2013 y 57/2013, de 25 de febrero) y otras siete en relación con el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, que modifica la Ley de ordenación territorial y del régimen urbanístico del suelo (AATC 105/2013 a 107/2013, 110/2013, 112/2013 y 119/2013, de 20 de mayo, y 140/2013, de 3 de junio). La Sala Segunda declaró extinguidas diez cuestiones, que tenían por objeto el artículo 16.2 b) de la Ley de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid (ATC 55/2013, de 25 de febrero); la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (ATC 76/2013, de 9 de abril) y el artículo 2 de la ya citada Ley del Parlamento de Cantabria 2/2011 (ATC 104/2013, 108/2013, 109/2013, 111/2013, 114/2013 y 115/2013, 117/2103 y 118/2013, de 20 de mayo). El Pleno acordó el desistimiento del Presidente del Gobierno en los recursos de inconstitucionalidad que había interpuesto respecto al Decreto-ley de la Generalitat Valenciana 1/2010, de 7 de enero, y la Ley de las Cortes Valencianas 2/2010, de 31 de marzo, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia (ATC 288/2013, de 17 de diciembre).

El Pleno planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del artículo 174.1 de la Ley general de la Seguridad Social (ATC 8/2013, de 15 de enero, al que se formuló un voto particular discrepante) y la Sala Segunda elevó otra cuestión interna respecto del artículo 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (ATC 163/2013, de 9 de septiembre).

Las Salas y Secciones dictaron 37 autos acordando el desistimiento en otros tantos recursos de amparo que, con las solas excepciones de aquellos que fueron objeto de los AATC 63/2013, de 11 de marzo (dictado por la Sala Segunda), 70/2013, de 12 de marzo (dictado por el Pleno), y 82/2013, de 22 de abril (dictado por la Sala Primera), se hallaban todavía pendientes de admisión. Como ya se ha indicado, el ATC 89/2013 denegó el desistimiento solicitado en otro recurso de amparo.

El Tribunal dictó 15 autos resolviendo recursos de súplica, 11 de los cuales habían sido interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a providencias inadmitiendo a trámite los correspondientes recursos de amparo. Cuatro de esos autos estimaron el recurso, dejando sin efecto la providencia de inadmisión: AATC 22/2013, de 28 de enero; 42/2013, de 19 de febrero; 264/2013, de 18 de noviembre, y 268/2013, de 19 de noviembre. El ATC 164/2013, de 9 de septiembre, estimó el recurso de súplica y acordó la admisión, en tanto que el ATC 272/2013, de 25 de noviembre, estimó el recurso de súplica promovido por el Ministerio público respecto de la providencia que inadmitía el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa y acordó su inadmisión por falta de justificación suficiente de la especial trascendencia constitucional de la demanda.

En relación con la suspensión de leyes impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación expresa del artículo 161.2 CE, el Pleno dictó 15 autos. Acordó el levantamiento íntegro de la suspensión en los AATC 10/2013, de 15 de enero; 60/2013, de 26 de febrero; 123/2013, de 21 de mayo (confirmado en súplica por el ATC 153/2013, de 9 de julio); 154/2013 y 157/2013, de 9 de julio, y 266/2013, de 19 de noviembre. Los AATC 122/2013 y 124/2013, de 21 de mayo; 142/2013 y 146/2013, de 4 de junio; 156/2013, de 9 de julio; 280/2013, de 5 de diciembre y 298/2013, de 17 de diciembre, mantuvieron íntegramente la suspensión y los AATC 80/2013, de 9 de abril, y 88/2013, de 23 de abril, acordaron el levantamiento parcial de esta medida. El ATC 244/2013, de 22 de octubre, declaró no haber lugar a pronunciamiento alguno, al haber desaparecido sobrevenidamente el objeto de la suspensión.

Por otro lado, el ATC 86/2013, de 23 abril, acordó el mantenimiento de la suspensión de la disposición autonómica impugnada por el Gobierno de la Nación en conflicto positivo de competencia promovido con invocación expresa del artículo 161.2 CE y el ATC 87/2013, de 23 de abril, declaró la desaparición sobrevenida de objeto del incidente, al haberse derogado expresamente el Decreto Foral afectado por la medida cautelar.

En procesos de amparo se dictaron 27 autos relacionados con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC. En 11 de ellos se otorgó, total o parcialmente, la medida cautelar interesada: AATC 40/2013, de 14 de febrero; 56/2013, de 25 de febrero; 61/2013, de 27 de febrero; 74/2013 y 75/2013, de 8 de abril; 116/2013, de 20 de mayo; 139/2013, de 3 de junio; 150/2013, de 8 de julio; 250/2013, de 4 de noviembre; 276/2013, de 2 de diciembre y 287/2013, de 16 de diciembre. En otros 12 se denegó: AATC 19/2013 y 20/2013, de 28 de enero; 64/2013, de 11 de marzo; 133/2013, 136/2013 y 137/2013, de 3 de junio; 167/2013, de 9 de septiembre; 193/2013 y 196/2013, de 23 de septiembre; 236/2013, de 21 de octubre; 253/2013, de 4 de noviembre, y 265/2013, de 18 de noviembre. Los AATC 152/2013, de 8 de julio, y 174/2013, de 9 de septiembre, mantuvieron la medida cautelar acordada por las Salas en la providencia de admisión, en uso de la potestad que les otorga el artículo 56.3 LOTC. Los AATC 18/2013, de 28 de enero, y 241/2013, de 21 de octubre, acordaron el archivo de la pieza separada de suspensión por pérdida de objeto.

Se dictaron seis autos de aclaración o rectificación. El Pleno dictó tres de esos autos: el ATC 68/2013, de 12 de marzo, de aclaración de la STC 22/2013, de 13 de enero, recaída en proceso de amparo; el ATC 66/2013, de 12 de marzo, que denegó la aclaración de la STC 4/2013, de 17 de enero, dictada en recurso de inconstitucionalidad y el ATC 94/2013, de 7 de mayo, que denegó la aclaración de la STC 103/2013, de 25 de abril, dictada igualmente en recurso de inconstitucionalidad. La Sala Segunda dictó los restantes tres autos: el ATC 92/2013, de 27 de mayo, rectificó el Auto 75/2013, de 8 de abril; el ATC 134/2013, de 3 de junio, que rectificó un error material padecido en la STC 106/2013, de 6 de mayo, dictada en recurso de amparo y el ATC 235/2013, de 21 de octubre, que denegó la aclaración de la STC 157/2013, de 23 de septiembre, dictada en recurso de amparo. Tres autos acordaron la acumulación de procesos constitucionales. En el ATC 78/2013, de 9 de abril, el Pleno acordó la acumulación de seis recursos de inconstitucionalidad promovidos en relación con la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. La Sala Primera acordó la acumulación de dos recursos de amparo en el ATC 285/2013, de 16 de diciembre, y la Sala Segunda hizo lo propio en el ATC 5/2013, de 14 de enero.

Se dictaron 111 autos sobre abstención y recusación de algún magistrado del Tribunal. Dos autos declararon la falta de competencia del Tribunal Constitucional para conocer de la impugnación de resoluciones administrativas adoptadas en materia de asistencia jurídica gratuita: AATC 46/2013, de 21 de febrero, y 95/2013, de 7 de mayo, y otros tres autos inadmitieron sendas demandas peticiones de nulidad de actuaciones: AATC 194/2013, de 23 de septiembre; 220/2013, de 20 de octubre, y 234/2013, de 21 de octubre.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2013 el Pleno admitió a trámite 139 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales y, como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto 28 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa de la autonomía local.

Por su parte, las Salas y Secciones admitieron a trámite 125 recursos de amparo, inadmitieron por auto otros cinco —AATC 21/2013, de 28 de enero; 25/2013, de 6 de febrero; 28/2013, de 11 de febrero; 151/2013, de 8 de julio, y 172/2013, de 9 de septiembre— y dictaron 5.348 providencias de inadmisión. Como ya se ha indicado en su momento, seis de esas providencias fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal. De modo que del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (5.506, cifra que resulta de sumar a los 5 autos de inadmisión y 5.347 providencias de inadmisión definitivas, las 125 providencias de admisión de recursos de amparo dictadas) solo el 2,27 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 97,73 por 100 supuso la inadmisión del recurso.

Como ya se ha indicado en epígrafes anteriores, los recursos de amparo de nuevo ingreso ascendieron a 7.376 y las Salas o las Secciones acordaron la admisión o inadmisión de 5.506. Con todas las cautelas que la falta de correspondencia temporal exacta entre entrada de nuevos asuntos y resolución sobre la admisión aconseja adoptar, pues no todas las resoluciones de admisión o inadmisión se adoptaron respecto de los recursos de amparo ingresados en 2013, la comparación entre ambas cifras pone de relieve que el Tribunal resolvió en fase de admisión una cifra de asuntos algo inferior a la de recursos ingresados. En términos porcentuales, el Tribunal resolvió en esa primera fase el 74,64 por 100 de nuevos asuntos, porcentaje inferior al de 2012 (104,49 por 100) y más cercano al que arrojó esta misma comparación en 2011 (93,05 por 100).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2013 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 197 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales; admitió a trámite 139, inadmitió 29 —todos ellos por auto— y no dio por finalizado ningún asunto en fase de admisión. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión 43 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. Mediante auto declaró extinguidos 15 procesos constitucionales. Avocó para su conocimiento un recurso de amparo que tramitaba la Sala Primera y defirió a las Salas el conocimiento de 35 asuntos: 18 a la Sala Primera y 17 a la Sala Primera. El Pleno dictó 129 sentencias, que resolvieron 135 asuntos, pues seis habían sido previamente acumulados.

Al haber resuelto —por sentencia o por auto de terminación— 150 procesos, el Pleno finalizó el año con 45 asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos pendientes suman un total de 259, acumulados en 251 procesos.

Con respecto a las Salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.683 recursos de amparo nuevos y envió un saldo de seis a la Segunda por conexión. Inadmitió 2.778 (tres de ellos por auto); además, dio por terminados —por desistimiento u otras causas—42 recursos que se hallaban pendientes de admisión (26 por providencia y 16 por auto). Por consiguiente, al finalizar el año había 798 recursos más en trámite de admisión ante la Sala. Concretamente, se hallaban en esta situación 1.987 recursos de amparo (en esta cifra se incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex artículos 49.4 y 50.4 LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex artículo 88 LOTC).

En la Sala Segunda ingresaron 3.693 recursos de amparo nuevos y se recibieron otros seis de la Primera por conexión entre recursos. La Sala inadmitió 2.569 (dos de ellos mediante auto) y dio por terminados 529 recursos pendientes de admisión (mediante 510 providencias y 19 autos). Al finalizar el año, la Sala se hallaba tramitando 535 asuntos más que el año anterior, lo que significa que el número total de recursos de amparo pendientes de admisión ascendía a 1.751.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, las Salas dictaron 12 sentencias en asuntos atribuidos por el Pleno y 78 en recursos de amparo, que resolvieron 79 asuntos, al haber uno acumulado. La Sala Primera resolvió mediante sentencia un recurso de inconstitucionalidad, dos cuestiones y un conflicto positivo de competencia. Por su parte, la Sala Segunda resolvió mediante sentencia un recurso de inconstitucionalidad, una cuestión y seis conflictos positivos de competencia. Asimismo, como se narró en su momento, la Sala Primera declaró extinguidos un recurso de inconstitucionalidad y 14 cuestiones de inconstitucionalidad; la Sala Segunda declaró extinguidas 11 cuestiones de inconstitucionalidad.

A lo largo del año las Salas recibieron 35 procesos atribuidos por el Pleno en virtud del artículo 10 LOTC: 18 la Sala Primera y 17 la Sala Segunda. De modo que la Sala Primera acabó 2013 con 23 asuntos atribuidos por el Pleno (19 cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro conflictos de competencia) pendientes de Sentencia, diez menos que al comenzar el año, y ante la Sala Segunda pendían 34 asuntos cuyo conocimiento le había sido atribuido por el Pleno (25 cuestiones de inconstitucionalidad y nueve conflictos positivos de competencia), dos menos que en 2012.

Se dictaron 87 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó 9 de ellas, resolutorias de 11 recursos (dado que la STC 205/2013, de 5 de diciembre, resolvió tres recursos de amparo acumulados) y avocó un amparo procedente de la Sala Primera. Al finalizar el año tenía pendientes 12 recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente, es decir, 21 recursos de amparo menos que al finalizar 2012.

La Sala Primera dictó 35 sentencias en procesos de amparo. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 59 asuntos nuevos, acumuló dos recursos, acordó el desistimiento en otros dos recursos de amparo previamente admitidos y la extinción de otro; como ya se ha indicado en el párrafo inmediatamente anterior, el conocimiento de un proceso de amparo correspondiente a la Sala Primera fue avocado por el Pleno. Al finalizar el año se hallaban, por tanto, pendientes de sentencia de la Sala Primera un total de 77 recursos de amparo, 18 más que al finalizar 2012, no habiendo ninguno pendiente ante las Secciones.

La Sala Segunda dictó 43 sentencias en 44 asuntos, toda vez que la STC 157/2013, de 23 de septiembre, resolvió dos recursos de amparo acumulados. La Sala acordó un desistimiento y la acumulación de dos procesos de amparo. La Sala Segunda y sus Secciones admitieron 66 asuntos nuevos. Al concluir el año, por ende, la Sala Segunda tenía pendientes de Sentencia 78 recursos de amparo, 12 más que en 2012. No había ninguno pendiente de resolución definitiva ante las Secciones.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2012 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 251 procesos, que comprendían 259 asuntos previamente acumulados. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 175 recursos de inconstitucionalidad (183 con los acumulados), 27 cuestiones de inconstitucionalidad, 12 recursos de amparo avocados, 29 conflictos positivos de competencia, siete conflictos en defensa de la autonomía local y una impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas. Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir 44 cuestiones de inconstitucionalidad y 13 conflictos positivos de competencia deferidos por el Pleno a las Salas y que penden ante ellas (19 cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro conflictos positivos de competencia en la Sala Primera y 25 cuestiones y nueve conflictos en la Segunda).

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad cuatro recursos de inconstitucionalidad, 38 cuestiones y un conflicto positivo de competencia.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 167. A los 12 recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben sumarse los 77 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera y los 78 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 3.738 (cifra superior a los 2.895 pendientes al finalizar 2012), de los cuales 1.987 correspondían a la Sala Primera y 1.751 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2013 el Tribunal dictó 76 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 17 en cuestiones de inconstitucionalidad, 38 en conflictos positivos de competencia y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local. En estas 132 sentencias se resolvieron un total de 137 asuntos, pues el Tribunal, en uso de la facultad que le confiere el artículo 83 de su Ley Orgánica, había acordado la acumulación de seis recursos de inconstitucionalidad, dos de los cuales fueron resueltos por la STC 144/2013, de 11 de julio, y los otros cuatro por la STC 182/2013, de 23 de octubre.

El Pleno dictó 129 de estas sentencias. De ellas, 75 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes disposiciones estatales y autonómicas en las siguientes materias: Colegios profesionales y profesiones tituladas (SSTC 3/2013, de 17 de enero; 46/2013 y 50/2013, de 28 de febrero; 63/2013, de 14 de marzo; 123/2013, de 20 de mayo; 144/2013, de 11 de julio y 201/2013, de 5 de diciembre); producción y distribución de energía (SSTC 4/2013 y 8/2013, de 17 de enero; 102/2013, de 23 de abril; 123/2013, de 20 de mayo y 181/2013, de 23 de octubre) y régimen jurídico del organismo regulador de este sector de actividad económica (STC 39/2013, de 14 de febrero); protección ambiental (SSTC 5/2013, de 17 de enero; 69/2013, de 14 de marzo; 87/2013, de 11 de abril; 99/2013 y 102/2013, de 23 de abril; 111/2013 y 114/2013, de 9 de mayo y 138/2013, de 6 de junio; a las que cabe añadir las SSTC 85/2013, de 11 de abril; 96/2013, de 23 de abril y 200/2013, de 5 de diciembre, que versan sobre tributos ambientales autonómicos), aguas (SSTC 5/2013, de 17 de enero; 19/2013, de 31 de enero; 36/2013, de 14 de febrero; 51/2013, de 28 de febrero; 64/2013, de 14 de marzo; 104/2013, de 25 de abril; 111/2013, de 9 de mayo y 180/2013, de 23 de octubre) y montes (STC 49/2013, de 28 de febrero; 84/2013, de 11 de abril y 97/2013, de 23 de abril); educación (SSTC 6/2013, de 17 de enero; 131/2013, de 5 de junio; 134/2013, de 6 de junio; 141/2013, de 11 de julio; 158/2013, 159/2013 y 160/2013, de 26 de septiembre); archivos históricos (SSTC 14/2013 y 20/2013, de 31 de enero; 38/2013, de 14 de febrero; 66/2013, 67/2013 y 68/2013, de 14 de marzo y 136/2013, de 6 de junio); procedimientos administrativos en materia de extranjería (STC 17/2013, de 31 de enero), policía de espectáculos y establecimientos públicos (STC 132/2013, de 5 de junio) y subvenciones (SSTC 130/2013, de 4 de junio y 135/2013, de 6 de junio); viticultura (SSTC 34/2013, de 14 de febrero y 82/2013, de 11 de abril); asistencia social (STC 86/2013, de 11 de abril); uniones de hecho (STC 93/2013, de 23 de abril); bienes de las Administraciones públicas (STC 94/2013, de 23 de abril); fundaciones (STC 98/2013, de 23 de abril); presupuestos generales del Estado y financiación autonómica (SSTC 100/2013 y 101/2013, de 23 de abril; 175/2013, de 10 de octubre; 206/2013, de 5 de diciembre y 217/2013, de 19 de diciembre), régimen fiscal canario (STC 164/2013, de 26 de septiembre) y tributos locales (STC 207/2013, de 5 de diciembre); régimen local (SSTC 103/2013, de 25 de abril; 143/2013, de 11 de julio y 161/2013, de 26 de septiembre); ordenación territorial y urbanismo (SSTC 129/2013, de 4 de junio; 174/2013, de 10 de octubre; 193/2013, de 21 de noviembre y 203/2013, de 5 de diciembre); régimen lingüístico (STC 165/2013, de 26 de septiembre); coordinación de policías locales (STC 172/2013, de 10 de octubre); medios de comunicación social y telecomunicaciones (STC 180/2013, de 23 de octubre); ordenación bancaria (STC 182/2013, de 23 de octubre); sanidad (STC 204/2013, de 5 de diciembre) y función pública sanitaria (STC 215/2013, de 19 de diciembre).

La Sala Primera resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con una norma de ordenación de la función pública contenida en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008 (STC 9/2013, de 28 de enero) y la Sala Segunda hizo lo propio respecto de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (STC 89/2013, de 22 de abril).

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 11 sentencias dictadas por el Pleno y seis por las Salas. Las sentencias del Pleno tuvieron por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley en materia de prestaciones de Seguridad Social (SSTC 41/2013, de 14 de febrero y 61/2013, de 14 de marzo), prescripción de acciones civiles por responsabilidad patrimonial (STC 42/2013, de 14 de febrero), regulación de tributos (SSTC 60/2013, de 13 de marzo y 145/2013, de 11 de julio), uniones de hecho (STC 81/2013, de 11 de abril), atención farmacéutica (STC 137/2013, de 6 de junio), urbanismo (STC 183/2013, de 4 de noviembre), policía de espectáculos y establecimientos públicos (SSTC 189/2013, de 7 de noviembre y 218/2013, de 19 de diciembre) y retribuciones de empleados públicos (STC 219/2013, de 9 de diciembre). Las sentencias dictadas por las Salas en cuestiones de inconstitucionalidad versaron sobre normas estatales y autonómicas con rango de ley en materia de transportes urbanos (STC 13/2013, de 31 de enero), coordinación de policías locales (STC 33/2013, de 11 de febrero), ejercicio del derecho de huelga en el ámbito sanitario (STC 58/2013, de 11 de marzo), profesiones tituladas (STC 91/2013, de 22 de abril), urbanismo (STC 92/2013, de 22 de abril) y función pública (STC 156/2013, de 23 de septiembre).

Asimismo, se dictaron 38 sentencias resolutorias de otros tantos conflictos positivos de competencia. De ellas, 34 fueron dictadas por el Pleno, mayoritariamente en conflictos planteados respecto de disposiciones generales y resoluciones estatales sobre formación continua (SSTC 7/2013, de 17 de enero; 16/2013, de 31 de enero; 35/2013 y 37/2013, de 14 de febrero; 62/2013 y 65/2013, de 14 de marzo y 95/2013, de 23 de abril), educación (SSTC 15/2013, 24/2013 y 25/2013, de 31 de enero; 47/2013 y 48/2013, de 28 de febrero; 162/2013, de 26 de septiembre y 213/2013, de 19 de diciembre), provisión de puestos de trabajo en la Administración de Justicia (STC 18/2013, de 31 de enero), medidas de fomento en materia de asistencia social (SSTC 21/2013, 23/2013 y 26/2013, de 31 de enero; 40/2013, de 14 de febrero; 52/2013, de 28 de febrero; 70/2013, de 14 de marzo y 154/2013, de 10 de septiembre) y vivienda (STC 112/2013, de 9 de mayo), medio ambiente (SSTC 59/2013, de 13 de marzo; 80/2013, de 11 de abril; 113/2013, de 9 de mayo; 146/2013, de 11 de julio y 163/2013, de 26 de septiembre), infraestructuras y transporte ferroviario (SSTC 83/2013, de 11 de abril y 214/2013, de 19 de diciembre), establecimiento de servicios mínimos con ocasión del ejercicio del derecho de huelga en un aeropuerto de interés general (STC 124/2013, de 23 de mayo) y protección civil (STC 155/2013, de 10 de septiembre). El Pleno resolvió igualmente sendos conflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno de la Nación con respecto a un acuerdo suscrito por el Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y el Ministro de Pesca y Economía Marítima de la República Islámica de Mauritania (STC 198/2013, de 5 de diciembre) y la orden de paralización de una obra de titularidad estatal dictada por un órgano autonómico (STC 202/2013, de 5 de diciembre). Por su parte, las Salas dictaron cuatro sentencias resolutorias de otros tantos conflictos positivos de competencia planteados por las Comunidades Autónomas con respecto a actos y disposiciones estatales sobre acceso a la vivienda (STC 139/2013, de 8 de julio), responsabilidad social de las empresas (STC 150/2013, de 9 de septiembre), ordenación del sector pesquero (STC 166/2013, de 7 de octubre) y ayudas para la realización de actividades culturales (STC 179/2013, de 21 de octubre).

Finalmente, en la STC 142/2013, de 11 de julio, el Pleno resolvió un conflicto en defensa de la autonomía local.

La práctica totalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal en este tipo de procesos resolvieron el fondo de los asuntos planteados, si bien en algunas de ellas se acordó la inadmisión parcial o se apreció la pérdida sobrevenida de objeto del proceso. Únicamente en la STC 42/2013, de 14 de febrero, se acordó la inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad que no superaba el juicio de aplicabilidad de la norma cuestionada para la resolución del caso por el órgano judicial promotor de la cuestión. En esta ocasión se trataba de un precepto de la primera Ley del Código civil de Cataluña, aprobada por la Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre, que no se hallaba vigente al momento de producirse los hechos objeto del litigio civil en cuyo seno se elevó la cuestión de inconstitucionalidad.

En 19 de las 132 sentencias pronunciadas en este tipo de procesos constitucionales, todas ellas dictadas por el Pleno, se formularon votos particulares.

Durante 2013 el Pleno inadmitió mediante auto 28 cuestiones de inconstitucionalidad —ya fuera por no satisfacerse los requisitos procesales o por resultar notoriamente infundadas— y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 9/2013, de 15 de enero). En el ATC 288/2013, de 17 de diciembre, el Pleno del Tribunal aceptó el desistimiento del Presidente del Gobierno de la Nación en dos recursos de inconstitucionalidad que se tramitaban conjuntamente. También mediante auto el Pleno acordó la extinción de nueve cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 30/2013, 31/2013 y 32/2013, de 12 de febrero; 67/2013 y 69/2013, de 12 de marzo; 76/2013, 77/2013 y 79/2013, de 9 de abril, y 93/2013, de 7 de mayo), dos conflictos positivos de competencia (AATC 33/2013, de 12 de febrero, y 58/2013, de 26 de febrero) y otros dos conflictos en defensa de la autonomía local (ambos conflictos habían sido acumulados y fueron declarados extintos en el ATC 178/2013, de 10 de septiembre). Por su parte, las Salas acordaron la extinción de 23 cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 50/2013 a 55/2013 y 57/2013, de 25 de febrero; 73/2013, de 8 de abril; 107/2013 a 115/2013 y 117/2013 a 119/2013, de 20 de mayo, y 140/2013, de 3 junio).

En lo que hace a las medidas cautelares, el Pleno dictó seis autos acordando el levantamiento total de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 10/2013, de 15 de enero; 60/2013, de 26 de febrero; 123/2013, de 21 de mayo; 154/2013, de 9 de julio; 157/2013, de 11 de julio, y 266/2013, de 19 de noviembre). Interesa reseñar que el levantamiento de la suspensión de la norma autonómica acordada en el ATC 123/2013 fue ratificado por el ATC 153/2013, de 9 de julio, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto frente a aquel por el Abogado del Estado. En otros dos casos el Pleno del Tribunal acordó el levantamiento parcial de la suspensión (AATC 80/2013, de 9 de abril; 88/2013, de 23 de abril) y en ocho se inclinó por el mantenimiento de esta medida (AATC 86/2013, de 23 de abril; 122/2013 y 124/2013, de 21 de mayo; 142/2013 y 146/2013, de 4 de junio; 156/2013, de 11 de julio; 280/2013, de 5 de diciembre, y 298/2013, de 17 de diciembre). En el ATC 87/2013, de 23 de abril, el Pleno declaró que no había lugar a pronunciamiento alguno acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión, pues el decreto foral controvertido por el Gobierno de la Nación había sido expresamente derogado por una ley foral aprobada por el Parlamento de Navarra durante la tramitación del proceso constitucional.

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2013 el Tribunal dictó 50 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 28 normas con rango de ley dictadas por el Estado. Diez de estas sentencias contaron con algún voto particular. El Pleno dictó 48 de estas sentencias (45 en recursos de inconstitucionalidad y tres en cuestiones de inconstitucionalidad), una la Sala Primera (STC 9/2013, de 28 de enero) y otra la Segunda (STC 89/2013, de 22 de abril), ambas pronunciadas en recursos de inconstitucionalidad. En todas estas sentencias se enjuició el fondo del asunto planteado, por más que en ocasiones la resolución final apreciara la desaparición sobrevenida de parte del proceso constitucional.

En estas sentencias el Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 17 preceptos y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros 16. Por lo común, las declaraciones de inconstitucionalidad tuvieron como corolario la anulación de los preceptos, modulada en varias resoluciones en aras de la salvaguardia de las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la norma anulada (SSTC 9/2013, de 28 de enero; 103/2013, de 25 de abril y 206/2013, de 5 de diciembre). En el caso de la STC 164/2013, de 26 de septiembre, los efectos de la anulación de cuatro preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, se defirieron un año, a fin de brindar la oportunidad al legislador de sustituirlos por otras disposiciones del mismo rango aprobadas observando los requisitos establecidos para su tramitación por el bloque de constitucionalidad.

El Pleno dictó 18 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre las siguientes normas estatales con rango de ley: Artículo 170.1 de la Ley 22/2003, de 9 de junio, concursal (ATC 24/2013, de 29 de enero); disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (AATC 59/2013, de 26 de febrero y 255/2013, de 5 de noviembre); diversos preceptos del Real Decreto-ley 3/2012, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (AATC 96/2013, de 7 de mayo; 126/2013, de 21 de mayo; 277/2013, de 3 de diciembre y 289/2013 a 293/2013, 295/2013 y 297/2013, de 17 de diciembre); diferentes preceptos de la Ley 10/2013, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (ATC 221/2013, de 9 de octubre); artículo 8.1 b) del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (ATC 267/2013, de 19 de noviembre) y varios preceptos de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones (AATC 278/2013 y 279/2013, de 3 de diciembre y 294/2013, de 17 de diciembre). El Pleno acordó asimismo la extinción de siete cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (AATC 30/2013 y 32/2013, de 12 de febrero); la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (AATC 69/2013, de 12 de marzo, y 79/2013, de 9 de abril) y la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (AATC 76/2013 y 77/2013, de 9 de abril). Por su parte, la Sala Primera acordó la extinción de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado (ATC 27/2013, de 11 de febrero).

Ocho sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal resolvieron otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a leyes orgánicas. Junto a ellas cabe mencionar la STC 201/2013, de 5 de diciembre. Esta Sentencia inadmitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en cuanto tenía por objeto el artículo 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, impugnado por conexión con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

La STC 6/2013, de 17 de enero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Aplicando la doctrina sentada en la STC 184/2012, de 17 de octubre, y reiterada en las SSTC 212/2012, 213/2012 y 214/2012, de 14 de noviembre, el Pleno del Tribunal descartó la concurrencia de vicios de inconstitucionalidad en los preceptos legales relativos a la educación preescolar, infantil y secundaria; conciertos educativos para la impartición tanto de la educación infantil como de aquellas otras declaradas gratuitas por la propia Ley Orgánica; formación continua del profesorado y enseñanza de idiomas.

En materia educativa se resolvieron, asimismo, diversos recursos de inconstitucionalidad interpuesto respecto de diferentes preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, que ya había sido objeto del recurso de inconstitucionalidad resuelto en la STC 223/2012, de 29 de noviembre. La STC 131/2013, de 5 de junio, dictada en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados de distintos grupos parlamentarios, declaró la nulidad del inciso de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica que dispensaba a las universidades creadas por la Iglesia católica de la necesidad de ley específica de reconocimiento. La sentencia declaró que esta dispensa entrañaba una diferencia de trato entre universidades privadas en función de su creador carente de justificación objetiva y razonable, habida cuenta, en especial, de que el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales remite a lo que disponga al respecto la legislación aplicable. Por lo demás, reiterando la doctrina de la STC 223/2012, la sentencia descartó que la habilitación al Gobierno de la Nación para la adopción de las normas básicas sobre procedimientos de admisión de estudiantes universitarios y en relación con los contratos de investigación, o las determinaciones básicas sobre formalización de conciertos entre universidades e instituciones sanitarias transgrediesen el orden constitucional de distribución de competencias en materia de enseñanza. Tampoco se apreció lesión alguna de la autonomía universitaria en las previsiones legales relativas a la intervención de los consejos sociales en el gobierno de las universidades, la acreditación del profesorado universitario o el establecimiento de un sistema de voto ponderado en la elección de Rector. A la STC 131/2013 se formularon cinco votos particulares —uno de ellos suscrito por dos magistrados—parcialmente discrepantes.

En relación asimismo con la Ley Orgánica de educación, el Pleno dictó las SSTC 134/2013, de 6 de junio; 141/2013, de 11 de julio; 158/2013, 159/2013 y 160/2013, de 26 de septiembre. Estas sentencias reiteraron, en lo pertinente, la doctrina de las SSTC 223/2012 y 131/2013. La STC 134/2013 descartó que fuese contraria a la autonomía universitaria la intervención del consejo social en el procedimiento de adscripción a las universidades públicas de centros docentes públicos o privados; la STC 141/2013 negó que incurrieran en extralimitación competencial los preceptos de la Ley Orgánica relativos al personal de administración y servicios de las universidades públicas y la STC 158/2013 declaró conforme con el orden competencial en educación universitaria la habilitación al Gobierno de la Nación para que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, estableciera la regulación básica que asegurase la igualdad en el acceso a las subvenciones y ayudas al estudio.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por el Parlamento Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y de las leyes de bases de régimen local, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de competencia desleal fue resuelto por la STC 17/2013, de 31 de enero. Esta sentencia estimó parcialmente el recurso y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la previsión legal que establecía como una de las consecuencias derivadas la devolución del extranjero carente de título para permanecer en España la prohibición de entrada en el territorio nacional durante un plazo máximo de tres años, pues no se habían establecido las garantías procedimentales que insoslayablemente debe contener la regulación de este tipo de medidas represoras. En esta misma Sentencia el Tribunal llevó a cabo la interpretación conforme con la Constitución de otros tres preceptos de la Ley Orgánica: En primer lugar, el relativo a los registros en los centros de internamiento de extranjeros, señalando que estos únicamente podrán llevarse a cabo cuando resulten imprescindibles para preservar la seguridad del establecimiento y previa información a los afectados; precisó, por otra parte, que la cesión entre Administraciones públicas de datos de personas afectadas por los procedimientos en materia de extranjería ha de llevarse a cabo respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos y, finalmente, declaró conforme con la Constitución el acceso a los datos de los extranjeros que consten en los padrones municipales cuando el conocimiento de dichos datos sea pertinente y necesario para la finalidad que justifique el acceso y así se motive expresamente por la Administración solicitante de la información. La sentencia contó con un voto particular parcialmente discrepante suscrito por cuatro magistrados.

En relación con el derecho fundamental a la legalidad sancionadora se dictó la STC 145/2013, de 11 de julio, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la habilitación al reglamento para que complete el tipo de la infracción consistente en la falta de aportación de documentación relacionada con las operaciones vinculadas, contenida en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. La sentencia concluyó que la norma no infringe la garantía formal del principio de legalidad sancionadora, pues contiene la definición básica de los comportamientos prohibidos; acota la finalidad, contenido, sujetos responsables y elementos objetivos de las conductas antijurídicas y, además, la colaboración reglamentaria queda vinculada por unas directrices legales suficientemente precisas. Señaló igualmente la STC 145/2013 que el principio de legalidad sancionadora es compatible con el ejercicio, dentro de unos límites estrictos que ha de fijar el legislador, de la discrecionalidad normativa de la Administración para concretar el contenido de las sanciones.

El Pleno dictó cuatro sentencias en procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto tres reales decretos-leyes: SSTC 39/2013, de 14 de febrero; 51/2013, de 28 de febrero; 64/2013, de 14 de marzo, y 182/2013, de 23 de octubre. La STC 39/2013 desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con el Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía. La Sentencia estimó acreditada la concurrencia del presupuesto habilitante, consistente en la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, al coincidir en el tiempo una serie de importantes operaciones de concentración en el sector energético, materia en la existía un déficit de regulación legal. Concluyó, asimismo, que las medidas adoptadas guardaban suficiente conexión de sentido con la situación de necesidad a la que se trataba de hacer frente. Por su parte, las SSTC 51/2013 y 64/2013 reiteraron la doctrina sentada en la STC 237/2012, de 13 de diciembre, acerca de la constitucionalidad del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley del plan hidrológico nacional. Finalmente, la STC 182/2013 resolvió cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Gobiernos de Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña, en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Con reiteración de la doctrina sentada en la STC 96/1996, de 30 de mayo, la sentencia cuyo contenido ahora se reseña estimó parcialmente los recursos y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que limita la participación autonómica en el procedimiento de aprobación de planes de reestructuración bancaria exclusivamente a los supuestos en los cuales las entidades afectadas por dichos planes sean cajas de ahorro o cooperativas de crédito, ignorando así que las Comunidades Autónomas ostentan igualmente competencias sobre otros intermediarios financieros.

A lo largo del año se dictaron seis sentencias resolutorias de otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con diferentes leyes de presupuestos generales del Estado.

En tres de dichos recursos se reprochaba a los preceptos legales controvertidos infracción de los límites materiales al contenido de las leyes de presupuestos. La STC 9/2013, de 28 de enero, dictada por la Sala Primera del Tribunal, estimó el recurso promovido por más de 50 Diputados respecto de la ampliación del elenco de titulaciones que permiten concurrir al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas llevada a cabo por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008. La Sentencia descartó que la medida controvertida formase parte del contenido mínimo, necesario e indisponible de las leyes de presupuestos —no cifraba ingresos o habilitaba gastos, ni aclaraba o desarrollaba los estados cifrados—, o de su contenido eventual —no mediaba relación directa inmediata entre los gastos e ingresos que integran el presupuesto y la modificación legal controvertida que tampoco representa un complemento necesario para la mayor inteligencia y la mejor y más eficaz ejecución del presupuesto y de la política económica del Gobierno—, lo que condujo a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición. La sentencia moduló los efectos de la estimación del recurso, precisando que la anulación del precepto legal no alteraba las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia. En la STC 206/2013, de 5 de diciembre, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2009, declarando la inconstitucionalidad y nulidad —de nuevo, salvaguardando expresamente las situaciones jurídicas consolidadas— de los preceptos de la Ley en los que se tipificaban infracciones graves en el orden social y se regulaba el régimen de selección de entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones. Finalmente, en la STC 217/2013, de 19 de diciembre, el Pleno desestimó en su totalidad el recurso formulado por más de 50 Diputados respecto de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010.

En tres sentencias se resolvieron otros tantos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a diferentes disposiciones presupuestarias estatales aduciendo infracciones de naturaleza competencial. Las SSTC 100/2013 y 101/2013, de 23 de abril, desestimaron sendos recursos promovidos por los Gobiernos de La Rioja y Canarias respecto de diferentes preceptos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008. El Gobierno de La Rioja impugnó la disposición adicional quincuagésima sexta, rubricada “Aplicación de la metodología para el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya”, al considerar que refleja un sistema de financiación encubierto derogatorio del general. La STC 100/2013 desestimó el recurso conforme a la doctrina sentada en la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el alcance del precepto estatutario al que se hace referencia en la disposición presupuestaria controvertida. Por su parte, la STC 101/2013 desestimó el recurso del Gobierno de Canarias frente a diversos preceptos de esa misma ley de presupuestos, alegando que eran lesivos para la economía del archipiélago (dotación de fondos de compensación interterritorial y de suficiencia, inversiones estatales en Canarias y compensación por la supresión del impuesto general sobre tráfico de empresas). A los razonamientos y conclusiones de la STC 101/2013 se remitió la STC 175/2013, de 10 de octubre, para desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno canario en relación con diferentes preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para 2012.

Al apreciar vulneración de las garantías procedimentales del régimen económico y fiscal canario, la STC 164/2013, de 26 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición transitoria y tres disposiciones finales de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, relativos a la reserva de inversiones para Canarias y adaptaciones del impuesto general indirecto canario. La Sentencia constató la inobservancia de la garantía procedimental del régimen económico y fiscal canario, toda vez que en la tramitación de estas disposiciones legales no se solicitó la emisión del correspondiente informe por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Como ya se ha indicado al comienzo de este apartado, la Sentencia difirió por un año los efectos de la anulación de los preceptos, plazo que se consideró razonable para que, en su caso, se sustituyeran por otros en cuya elaboración se solicitase la emisión del informe autonómico previo.

Además de la STC 87/2013, de 11 de abril, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente, el Pleno dictó otras dos sentencias en las que enjuició la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad: las SSTC 69/2013, de 14 de marzo, y 138/2013, de 6 de junio. En estas resoluciones, que reiteraron la doctrina relativa a la distribución de competencias en materia de protección ambiental sentada en las SSTC 102/1995, de 26 de junio, y 101/2005, de 20 de abril, se llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución del precepto de la Ley que, dentro del capítulo relativo a la red española de reservas de la biosfera y el programa “Persona y biosfera” de la UNESCO atribuye al comité español de dicho programa la evaluación de cada reserva, valorando su adecuación a los objetivos fijados y proponiendo, en su caso, la corrección de los aspectos contradictorios. Conforme se indicó en estas sentencias, la solución legislativa adoptada tiene cobertura en la potestad de coordinación que corresponde al Estado, sin que las funciones atribuidas al comité puedan llegar a excluir las que correspondan al órgano —en principio, autonómico— gestor de cada reserva de la biosfera.

Por su directa conexión con la materia ambiental, cabe citar las tres sentencias resolutorias de otros tantos recursos de inconstitucionalidad formulados en relación con diversos preceptos de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de montes: La STC 49/2013, de 28 de febrero, estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de Cataluña y declaró la inconstitucionalidad de la disposición final segunda de la Ley en cuanto encuadra la previsión de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las redes temáticas y parcelas de seguimiento derivadas de la normativa estatal en la competencia estatal sobre investigación científica y técnica del precepto relativo a la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La declaración de inconstitucionalidad no alcanzó, sin embargo, al propio precepto donde se regulan esas relaciones interadministrativas de cooperación. A su vez, las SSTC 84/2013, de 11 de abril, y 97/2013, de 23 de abril, desestimaron los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Gobiernos autonómicos de La Rioja y Castilla y León respecto de los preceptos de la Ley de montes donde se prohíbe el cambio, durante un período mínimo de treinta años, del uso forestal de los terrenos incendiados y limitan la circulación con vehículos a motor por pistas forestales. En relación con la primera disposición legal, señalaron las SSTC 84/2013 y 97/2013 que define un régimen específico de protección que persigue garantizar la regeneración y conservación del terreno, respetuoso con la competencia autonómica en materia urbanística, toda vez que no regula los usos del suelo y respecto de la segunda ponen de relieve que tiene como finalidad la preservación de los valores ambientales de los montes, sin vulnerar la libertad de circulación ni las competencias autonómicas en materia de promoción del turismo y la cultura.

La STC 8/2013, de 17 de enero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto de la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, llevada a cabo por la Ley 12/2007, de 2 de julio. El Ejecutivo autonómico había impugnado la atribución a la Administración del Estado de la potestad para conceder autorizaciones de exploración y permisos de investigación en el subsuelo marino, al entender que rebasaba el ámbito de la competencia estatal sobre bases del régimen energético y desconocía la competencia ejecutiva autonómica en la materia. La Sentencia desestimó el recurso, pues las Comunidades Autónomas ejercen las competencias ejecutivas en su propio territorio, del que no forma parte el mar territorial. El Tribunal reiteró con ello su doctrina constante acerca de la limitación del ejercicio de competencias autonómicas sobre el mar territorial o aguas adyacentes únicamente cuando medie una previsión estatutaria expresa, lo que no sucede en el caso del Estatuto de Autonomía de Canarias, o derive de la naturaleza misma de la competencia según resulta del bloque de constitucionalidad. La aplicación de esta misma doctrina dio lugar a la desestimación de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias en relación con los preceptos de las Leyes 5/2007, de 3 de abril, de la red de parques naturales y 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, que atribuyen al Estado la competencia para la declaración y gestión de espacios naturales protegidos marinos (SSTC 99/2013, de 23 de abril, y 87/2013, de 11 de abril, respectivamente).

Con respecto a los espacios naturales protegidos, la STC 102/2013, de 23 de abril, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, por la que se adaptan diversas leyes a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, confirmó la naturaleza básica del precepto legal que somete los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios que se realicen en los parques nacionales a los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y, en determinados supuestos, concurrencia competitiva. Reiterando la doctrina de la ya citada STC 101/2005, la sentencia concluyó que se trata de una regulación básica que establece un régimen homogéneo de protección de los valores ambientales de estos espacios que puede ser elevado por las Comunidades Autónomas.

La STC 174/2013, de 10 de octubre, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley de economía sostenible (esta Ley fue objeto igualmente del recurso de inconstitucionalidad que dio lugar a la ya reseñada STC 164/2013). En la STC 174/2013, el Pleno del Tribunal desestimó la impugnación de los preceptos relativos a los planes de movilidad sostenible, al concluir que su contenido se encuadra en la competencia estatal básica en materia de protección ambiental sin llegar a condicionar la capacidad de las demás Administraciones territoriales de optar por distintos modelos de movilidad. En particular, esta sentencia reconoció al Estado la posibilidad de condicionar el otorgamiento de ayudas con cargo a sus propios recursos a la consecución de determinados objetivos ambientales sin que ello suponga de suyo —y sin perjuicio de lo que pueda resolverse respecto de cada línea concreta de ayudas— vulneración de las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones.

En materia de archivos históricos, el Pleno del Tribunal desestimó, en la STC 20/2013, de 31 de enero, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Esta Sentencia rechazó que la medida constituyera un supuesto de expoliación del patrimonio documental, pues no atenta contra las finalidades fundamentales del archivo: reunir, conservar y disponer de los fondos documentales, tanto originales como copias en su caso, para su consulta e investigación. Descartó igualmente que de la reserva al Estado de competencias sobre archivos haya de inferirse la existencia de una garantía institucional que preserve cada uno de esos conjuntos documentales en su integridad. La doctrina de la STC 20/2013 fue reiterada en las SSTC 67/2013 y 68/2013, de 14 de marzo.

Además de las ya citadas SSTC 51/2013 y 64/2013, desestimatorias de sendos recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, de modificación de la Ley del plan hidrológico nacional, durante 2013 se dictaron otras cuatro sentencias resolutorias de diversos impugnaciones de disposiciones estatales con rango de ley en materia de aguas.

La STC 19/2013, de 31 de enero, reiteró la doctrina de las SSTC 195/2012, de 28 de noviembre, y 237/2012, de 13 diciembre, y desestimó el recurso del Gobierno de la Comunidad Valenciana en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, que modifica la Ley del plan hidrológico nacional.

A su vez, la STC 36/2013, de 14 de febrero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha respecto del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en el que se incorpora al Derecho interno la denominada Directiva marco de aguas. Esta Sentencia declaró que no resulta contrario al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias que las bases para determinar las condiciones técnicas definitorias de los estados y potenciales de las masas de agua, así como los criterios para su clasificación, se establezcan mediante reglamento, siempre que satisfagan su condición de mínimo de protección ambiental. Subrayó, asimismo, que corresponde al Estado la regulación de la participación social en la planificación hidrográfica, en atención a la naturaleza y a los efectos que puede producir dicha planificación sobre intereses y materias que son de la competencia de diferentes Administraciones públicas. La STC 36/2013 concluyó, igualmente, que es conforme con la Constitución la regulación que en la Ley se contiene del comité de autoridades competentes como órgano de cooperación interadministrativa en las demarcaciones hidrográficas y de los sistemas de compensación de la responsabilidad financiera que pueda generar al Estado el incumplimiento por las Comunidades Autónomas de la normativa de la Unión Europea. Esta Sentencia desestimó, por último, los motivos del recurso referidos a la infracción de los principios de seguridad jurídica y a la inadecuación del instrumento normativo empleado para la transposición de la norma de la Unión Europea: una ley de contenido heterogéneo. Los argumentos empleados para rechazar este motivo impugnatorio fueron luego reiterados en la STC 111/2013, de 9 de mayo, resolutoria del recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón respecto de varios preceptos de esa misma Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

La STC 104/2013, de 25 de abril, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con varios preceptos de la ya mencionada Ley 62/2003, llevó a cabo una interpretación constitucionalmente conforme del precepto legal que habilita al Gobierno de la Nación para que actúe subsidiariamente cuando no medie propuesta de elaboración y revisión de los planes hidrológicos. La Sentencia precisó que el Gobierno sólo puede actuar al amparo de esta habilitación cuando se trate de planes que no corresponda formular a los organismos autonómicos. Esta Sentencia reiteró la doctrina de la STC 149/2012, de 5 de julio, que encuadró entre las competencias estatales en materia de aguas la relativa a la configuración de las demarcaciones hidrográficas. Por otro lado, la STC 104/2013 declaró inconstitucional y nulo, al invadir competencias autonómicas, el precepto legal que atribuía al servicio público de empleo estatal la imposición de sanciones que afectasen a las prestaciones por desempleo. Esta misma resolución desestimó la impugnación tanto de los preceptos legales relativos a los regímenes de ayudas agrícolas en el marco de la política agraria común, que se encuadran en la competencia estatal sobre ordenación general de la economía, como de los que asignan la evaluación de actuaciones en los espacios de la red Natura 2000 a la Administración competente para autorizarlas y, en fin, de aquellos otros que prevén la emisión de informes periódicos sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y establecen que la intervención de los entes locales en los procedimientos de construcción de obras hidráulicas se lleve a cabo mediante la emisión de un informe acerca de los aspectos urbanísticos de la obra que se trata de acometer.

En materia vitivinícola se dictó la STC 34/2013, de 14 de febrero, que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino. Esta sentencia declaró que el precepto de la Ley que permitía al operador objeto de control o inspección seleccionar al organismo que haya de efectuar alguna de estas funciones vulneraba las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues se trataba de una previsión carente de conexión con los criterios generales de ordenación del sector y que podía dar lugar a la confusión de intereses, al punto de poner en riesgo objetividad del control. Esta misma sentencia realizó una interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que atribuye genéricamente a la “Administración competente” el ejercicio de potestades públicas en relación con los órganos de gestión de los vinos de calidad producidos en una región determinada, señalando que con el uso de esa expresión el legislador se remite a las Administraciones de las Comunidades Autónomas que efectivamente hayan asumido competencia en la materia. Respecto de la habilitación al reglamento de cada vino de calidad producido en regiones determinadas para que establezca su sistema de control, la STC 34/2013 declaró que esa remisión no impide la intermediación del legislador autonómico competente en materia de denominaciones de origen. La doctrina de la STC 34/2013 fue reiterada por la STC 82/2013, de 11 de abril, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha frente a la Ley de la viña y del vino.

La Sala Segunda dictó la STC 89/2013, de 22 de abril, que, aplicando la doctrina sentada por el Pleno en la STC 3/2013, de 17 de enero, a la que se hará referencia al exponer las resoluciones dictadas respecto de leyes y normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas, desestimó el recuro de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Esta Sentencia reiteró que corresponde al Estado la competencia para establecer los supuestos de colegiación obligatoria para el ejercicio de una actividad profesional, incluyendo el régimen de colegiación de los empleados públicos.

En relación con el régimen local se dictaron tres sentencias. La STC 103/2013, de 25 de abril, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, declarando la inconstitucionalidad y nulidad, sin que ello afecte a las situaciones jurídicas consolidadas, del precepto legal que, en los municipios de gran población, permite al Alcalde designar miembros de la junta de gobierno local a personas que no ostenten la condición de concejales. La Sentencia efectuó una interpretación conforme del precepto que enumera los órganos directivos de los entes locales, subrayando que ello no impide que el legislador autonómico competente para regular la organización complementaria pueda completar ese elenco orgánico. La STC 103/2013 cuenta con un voto particular parcialmente discrepante y su doctrina fue reiterada en las SSTC 143/2013, de 11 de julio y 161/2013, de 26 de septiembre. Cumple señalar que esta última resolución, que cuenta asimismo con un voto particular, declara conforme con el principio democrático y el derecho a la participación en los asuntos públicos el precepto legal que establece que las sesiones de las juntas de gobierno local no son públicas, en la medida que se interprete en el sentido de que no incluye la deliberación de los asuntos en los que dicho órgano actúe por delegación del pleno de la corporación.

Mediante la STC 94/2013, de 23 de abril, el Pleno del Tribunal resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón en relación con cuatro artículos y una disposición adicional de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas. La Sentencia descartó que las normas controvertidas —participación de las Administraciones públicas titulares de bienes en el proceso de ejecución del planteamiento urbanístico, comunicación a las Administraciones de las modificaciones del planeamiento urbanístico que conciernan a inmuebles de los que sean titulares, régimen urbanístico de los bienes desafectados y gestión del patrimonio estatal de vivienda— excedieran de los límites materiales de la competencia estatal sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas o invadieran las competencias exclusivas autonómicas en urbanismo y vivienda. La STC 94/2013 cuenta con dos votos particulares parcialmente discrepantes, uno de ellos suscrito por tres magistrados.

La STC 130/2013, de 4 de junio, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diferentes preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. El Pleno del Tribunal llevó a la parte dispositiva de esta Sentencia las siguientes interpretaciones de conformidad con la Constitución: a) la aplicación de la Ley a las subvenciones en materias para cuya regulación básica sea competente el Estado únicamente alcanza a las disposiciones de la propia Ley general de subvenciones declaradas básicas; b) el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley a la Administración General del Estado en la determinación de las responsabilidades financieras derivadas de la gestión de fondos europeos requiere la previa declaración de responsabilidad financiera del Estado por las instituciones de la Unión y será susceptible, en todo caso, de posterior fiscalización jurisdiccional; c) de igual modo que la determinación de las funciones nucleares de las entidades de colaboración no impide que se les atribuya el control sobre la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad, el establecimiento de un régimen uniforme de obligaciones nucleares para estas entidades no agota todas aquellas que les puedan corresponder y d) la concreción del ejercicio de la función de control que corresponde a la intervención general del Estado ha de llevarse a cabo en el correspondiente plan anual, cuya confección debe respetar, en todo caso, el orden constitucional de distribución de competencias. La doctrina de esta Sentencia, que cuenta con un voto particular discrepante suscrito por cinco magistrados, fue reiterada en la STC 135/2013, de 6 de junio, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación igualmente con la Ley general de subvenciones.

En materia de energía, las SSTC 102/2013, de 23 de abril, y 181/2013, de 23 de octubre, reiteraron la doctrina sentada en la STC 18/2011, de 3 de marzo, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos respecto de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario. La STC 181/2013 estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de Galicia en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2007, de 4 de julio, de reforma de la Ley del sector eléctrico y declaró inconstitucional y nulo el precepto legal en el que se procede a una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de instalaciones eléctricas a partir de criterios técnicos (potencia y voltaje) ajenos a los territoriales que figuran en el bloque de constitucionalidad. Esta Sentencia confirmó la constitucionalidad del precepto legal que atribuye al Estado la competencia para autorizar las instalaciones eléctricas de generación, transporte secundario y distribución que excedan del ámbito territorial autonómico y superen un determinado umbral de potencia instalada y tensión de la línea, siempre que este último criterio coincida materialmente con los de aprovechamiento y transporte intra- o extracomunitario.

En la STC 180/2013, de 23 de octubre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (objeto asimismo de los recursos que dieron lugar a las SSTC 36/2013, 104/2013 y 111/2013, antes reseñadas), encuadró dentro de la competencia estatal en materia sobre régimen general de telecomunicaciones la previsión relativa a la conversión a la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión sonora. Ello conllevó el rechazo del encuadramiento en la competencia autonómica sobre medios de comunicación social y la consiguiente desestimación del recurso en este concreto extremo. En lo demás la Sentencia reiteró la doctrina de la STC 104/2013.

Para cerrar este apartado debe hacerse mención de dos resoluciones sobre leyes reguladoras de prestaciones de Seguridad Social. La STC 41/2013, de 14 de febrero, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que supeditaba el disfrute del derecho a la pensión de viudedad al requisito de que causante y beneficiario de la pensión hubieran tenido hijos comunes. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por cuatro magistrados, concluyó que la regulación legal controvertida vulneraba el derecho a la igualdad en la ley. Por su parte, la STC 61/2013, de 14 de marzo, declaró inconstitucional y nula la regla del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social conforme a la cual el cálculo de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a pensión debe realizarse, en el caso de trabajadores a tiempo parcial, en función de las horas trabajadas, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización, y aplicando a la cifra resultante un coeficiente corrector para obtener el total de días a computar. La Sentencia concluyó que la norma legal lesionaba el derecho a la igualdad al no satisfacer las exigencias del principio de proporcionalidad y constituía una discriminación indirecta por razón de sexo, pues incidía preponderantemente sobre el empleo femenino.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2013 se pronunciaron un total de 45 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas: 38 de ellas fueron dictadas por el Pleno (29 en recursos de inconstitucionalidad, ocho en cuestiones de inconstitucionalidad y una en conflicto en defensa de la autonomía local), dos por la Sala Primera (SSTC 13/2013, de 31 de enero, y 33/2013, de 11 de febrero) y cinco por la Sala Segunda (SSTC 58/2013, de 11 de marzo; 89/2013, 91/2013 y 92/2013, de 22 de abril, y 156/2013, de 23 de septiembre). Con excepción de la STC 42/2013, de 14 de febrero, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad por versar sobre una norma legal autonómica cuya aplicabilidad al proceso judicial no había quedado acreditada por el órgano jurisdiccional promotor, todas las resoluciones llevaron a cabo el examen de fondo. En seis de las sentencias dictadas en procesos relativos a normas autonómicas con rango de ley se formularon votos particulares.

En estas sentencias el Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 64 preceptos legales y estableció la interpretación conforme de otros ocho. En un caso se declaró la inaplicabilidad a las infraestructuras de transporte de titularidad estatal de la disposición legal autonómica controvertida (STC 5/2013, de 17 de enero) y en otro la inconstitucionalidad y nulidad de toda una ley (STC 203/2013, de 5 de febrero).

El Pleno inadmitió por auto diez cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 23/2013, de 29 de enero; 35/2013, de 12 de febrero; 85/2013, de 23 de abril; 93/2013, de 7 de mayo; 125/2013, 127/2013 y 128/2013, de 21 de mayo; 155/2013, de 9 de julio; 243/2013, de 22 de octubre, y 296/2013, de 17 de diciembre). El ATC 84/2013, de 23 de abril, inadmitió por vez primera una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un órgano jurisdiccional en relación con una norma foral. Siempre mediante auto, el Pleno acordó la extinción de un recurso de inconstitucionalidad (ATC 244/2013, de 22 de octubre) y dos cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 67/2013, de 12 de marzo, y 93/2013, de 7 de mayo). La Sala Primera declaró la extinción de trece cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 50/2013 a 54/2013 y 57/2013, de 25 de febrero; 105/2013 a 107/2013, 110/2013, 112/2013 y 119/2013, de 20 de mayo, y 140/2013, de 3 de junio) y la Sala Segunda de otras diez (AATC 55/2013, de 25 de mayo; 104/2013, 108/2013, 109/2013, 111/2013, 113/2013, 114/2013, 115/2013, 117/2013 y 118/2013, de 20 de mayo). Mediante el ATC 288/2013, de 17 de diciembre, el Pleno del Tribunal tuvo por desistido al Presidente del Gobierno en sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con el Decreto-ley de la Generalitat Valenciana 1/2010, de 7 de enero, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, el Pleno acordó su levantamiento íntegro en seis procesos (AATC 10/2013, de 15 de enero; 60/2013, de 26 de febrero; 123/2013, de 21 de mayo; 154/2013, de 9 de julio; 157/2013, de 11 de julio, y 266/2013, de 19 de noviembre), parcial en otros dos (AATC 80/2013, de 9 de abril, y 88/2013, de 23 de abril) y su mantenimiento en siete (AATC 122/2013 y 124/2013, de 21 de mayo; 142/2013, de 4 de junio; 146/2013, de 5 de junio; 156/2013, de 11 de julio; 280/2013, de 5 de diciembre, y 298/2013, de 17 de diciembre). El levantamiento de la suspensión acordado en el ATC 123/2013 fue ratificado en súplica por el ATC 153/2013, de 9 de julio, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto por el Abogado del Estado frente al anterior proveído. En el ATC 244/2013, de 22 de octubre, el Pleno declaró la desaparición sobrevenida de objeto del incidente de suspensión pues la norma controvertida en el proceso constitucional había sido expresamente derogada por el legislador autonómico.

La reseña de las sentencias dictadas durante 2013 resolutorias de procesos constitucionales que tenían por objeto normas con fuerza de ley dictadas por las Comunidades Autónomas se inicia con la de aquellas que recayeron en impugnaciones que no se referían estrictamente a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Posteriormente se dará cuenta de las sentencias pronunciadas en controversias de carácter competencial.

En tres sentencias se enjuició la adecuación de otras tantas normas autonómicas al principio de legalidad sancionadora proclamado por el artículo 25.1 CE. Mediante la STC 13/2013, de 28 de enero, la Sala Primera del Tribunal resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid, donde se remite al reglamento la determinación de las “condiciones esenciales de la autorización o licencia” cuyo incumplimiento se tipifica como infracción grave o muy grave. En aplicación de la doctrina acerca del alcance de la reserva de ley en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, la STC 13/2013 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal autonómico cuestionado, al permitir una tipificación reglamentaria independiente de las conductas ilícitas, en clara contravención de la garantía formal del principio de legalidad sancionadora. En la STC 189/2013, de 7 de noviembre, dictada asimismo en una cuestión de inconstitucionalidad, el Pleno del Tribunal llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución del precepto de la Ley del Parlamento Vasco 4/1995, de 10 de noviembre, en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, que tipifica como infracción muy grave “la comisión de dos faltas graves en un año”. De acuerdo con la Sentencia, esta norma autonómica es respetuosa con el principio non bis in idem, siempre que se interprete en el sentido de que castiga con mayor severidad al infractor que en el plazo de un año haya incurrido en un tercer ilícito administrativo: nuevo, adicional y posterior a las dos previas faltas cuya comisión se haya acreditado. Finalmente, en la STC 218/2013, de 19 de diciembre, el Pleno del Tribunal rechazó que el precepto de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que tipifica como infracción muy grave la misma conducta que la Ley Orgánica de seguridad ciudadana califica como infracción grave o muy grave, incurra en vulneración de la vertiente material del derecho fundamenta la legalidad sancionadora garantizado por el art. 25.1 CE.

En relación con el ejercicio del derecho a la huelga por el personal al servicio de las Administraciones autonómicas, la STC 58/2013, de 11 de marzo, dictada por la Sala Segunda en cuestión de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional y nulo un precepto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, que atribuía al Director Gerente de este servicio de salud la potestad de fijar los servicios mínimos. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 296/2006, de 11 de octubre, la Sentencia declaró que el precepto legal autonómico era contrario al derecho fundamental a la huelga, al conferir la potestad controvertida a un órgano que no ostenta la condición de autoridad gubernativa y que, por consiguiente, no se sitúa por encima de las partes enfrentadas en el conflicto de trabajo.

El Pleno del Tribunal, en la STC 129/2013, de 4 de junio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad. Esta Sentencia identificó como requisitos que deben satisfacer las leyes singulares los siguientes: que los afectados por este tipo de normas puedan acceder al Tribunal Constitucional en demanda del control de constitucionalidad de esas leyes y que el Tribunal pueda brindar una tutela materialmente equivalente a la que están en condiciones de dispensar los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa frente a una disposición de carácter general infralegal. Estos requisitos no se satisficieron en este caso, lo que condujo a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos de la Ley autonómica controvertida, que contenían una reserva de ley para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos. La STC 129/2013 desestimó el motivo impugnatorio relativo a la eventual vulneración de la autonomía local, pues la norma controvertida preveía la participación, vía informe del anteproyecto correspondiente, de los municipios afectados en la tramitación de las leyes aprobatorias de los proyectos regionales de infraestructuras de residuos y, a mayor abundamiento, porque esta clase de proyectos presupone la concurrencia de un interés singular que va más allá del interés supramunicipal y que justifica que se excluya la necesidad de obtener licencia urbanística. Lo resuelto en esta Sentencia determinó la pérdida parcial de objeto del conflicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) respecto de esta misma Ley autonómica y que fue resuelto por la STC 142/2013, de 11 de julio. En esta misma Sentencia el Pleno inadmitió el conflicto en lo demás, al carecer de legitimación el municipio recurrente para impugnar por sí solo una regulación legal de la que no era destinatario único.

Con una argumentación similar, en lo sustancial, a la empleada en la STC 129/2013, la STC 203/2013, de 5 de diciembre, estimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados y anuló la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente.

La STC 86/2013, de 11 de abril, dictada por el Pleno del Tribunal, declaró la inconstitucionalidad y nulidad, salvaguardando las situaciones jurídicas consolidadas, de un precepto de la Ley de las Cortes Valencianas 15/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos para el ejercicio 2008, en el que se regulaban los efectos del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones para las personas dependientes. La Sentencia declaró que este precepto legal incurría en contravención de las limitaciones materiales al contenido de las leyes de presupuestos, en este caso autonómicas.

En tres sentencias se examinaron conjuntamente impugnaciones sustantivas y otras de índole competencial. La STC 93/2013, de 23 de abril, dictada por el Pleno del Tribunal, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con varios preceptos de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. En lo que atañe a la adecuación de la Ley Foral al orden constitucional de distribución de competencias, la STC 93/2013 declaró inconstitucional y nulo el precepto legal que determinaba la aplicación preferente del ordenamiento foral incluso cuando uno solo de los miembros de la pareja tuviese vecindad civil navarra; la Sentencia declaró que esta previsión invadía la competencia exclusiva atribuida al Estado por el art. 149.1.8 CE en relación con el establecimiento de las normas resolutorias de los conflictos entre leyes. Por lo que hace a los aspectos sustantivos, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad —por contravención del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al principio de la autonomía de la voluntad— de hasta trece disposiciones legales en las que se contenía una regulación jurídica imperativa de las relaciones entre los miembros de las parejas estables. La Sentencia, a la que se formularon dos votos particulares parcialmente discrepantes, suscritos por tres magistrados, precisó el carácter exclusivamente prospectivo de las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad. En la STC 132/2013, de 5 de junio, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de 50 Diputados en relación con la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma y de carácter sancionador. En esta resolución, a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante, se reiteró la doctrina sentada en la STC 136/2011, de 13 de septiembre, acerca de la constitucionalidad de las leyes de contenido heterogéneo y se descartó que la reserva estatutaria de leyes específicas —en este caso, el régimen jurídico de la Audiencia de Cuentas de Canarias— impida su modificación por otra ley. Finalmente, la STC 132/2013 rechazó que el precepto legal autonómico que habilita a los agentes de la autoridad para que procedan a la clausura temporal de establecimientos públicos incurra en vicio competencial alguno. Para concluir, la STC 165/2013, de 26 de septiembre, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 9/2012, 19 de julio, por la que se modifica la Ley de la función pública de la Comunidad Autónoma. La STC 165/2013, a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por tres magistrados, descartó que la modificación de algunos extremos de la regulación del régimen lingüístico balear llevada a cabo por esta Comunidad Autónoma (en particular, la consideración del conocimiento del catalán como requisito y no como mérito en el acceso a la función pública autonómica y la nueva regulación de la lengua de procedimiento administrativo) adoleciera de vicio alguno de inconstitucionalidad.

Ocho sentencias resolvieron impugnaciones en las que se controvertía la conformidad de normas autonómicas al orden constitucional de distribución de competencias en materia de colegios profesionales.

En la STC 3/2013, de 17 de enero, el Pleno estimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con un precepto de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, en el que se dispensaba al personal al servicio de las Administraciones públicas de Andalucía del deber de colegiación cuando desempeñaran sus actividades profesionales por cuenta de aquellas. La Sentencia declaró que la norma autonómica había ignorado que corresponde en exclusiva al Estado la determinación de los supuestos de colegiación obligatoria y las eventuales dispensas, lo que condujo a la declaración de su inconstitucionalidad y nulidad. La aplicación de esta misma doctrina dio lugar a la anulación de tres disposiciones legales aprobadas por la Asamblea de Extremadura (STC 46/2013, de 28 de febrero, que anuló un precepto de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos profesionales de Extremadura y STC 144/2013, de 11 de julio, que resolvió previa acumulación procesal y anuló sendos preceptos de las Leyes 2/2010 y 3/2010, de 26 de febrero, de creación de los colegios profesionales de logopedas e higienistas dentales de Extremadura, respectivamente), un artículo de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales (STC 50/2013, de 28 de febrero), un precepto de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía (STC 63/2013, de 14 de marzo) y un artículo y una disposición adicional de la ya citada Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma y de carácter sancionador (STC 123/2013, de 23 de mayo).

Mediante la STC 91/2013, de 22 de abril, la Sala Segunda estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008 que establecía como requisito para ser designado tercer perito en los procedimientos de tasación pericial contradictoria que se tuviera centralizada la gestión administrativa y la gestión de las actividades en el ámbito territorial de la correspondiente delegación de la Consejería de Economía y Hacienda. La Sentencia concluyó que el precepto legal cuestionado representaba una restricción por razón del territorio del derecho a la colegiación carente de justificación constitucionalmente legítima.

Finalmente, la STC 201/2013, de 5 de diciembre, estimó parcialmente el recurso interpuesto por más de 50 Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de seis preceptos relativos a la colegiación obligatoria para el ejercicio de actividades profesionales (reiterando en este punto la doctrina sentada en la ya reseñada STC 3/2013) y al ejercicio de las potestades normativa y disciplinaria por los colegios profesionales. Esta misma Sentencia llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución de tres artículos de la Ley autonómica. En primer lugar, el precepto legal que contempla la creación de colegios profesionales mediante decreto del Gobierno autonómico fue considerado constitucional siempre que se entienda aplicable únicamente a los denominados colegios voluntarios; el carácter obligatorio de la adscripción a los colegios profesionales creados por segregación o fusión de otros previamente existentes habrá de atenerse a lo establecido al respecto por el legislador estatal y la interpretación de las previsiones legales sobre cooperación recíproca con corporaciones profesionales radicadas fuera del territorio autonómicas habrá de efectuarse de modo tal que garantice, en todo caso, la salvaguarda del ejercicio por los consejos generales de sus funciones de coordinación a nivel nacional, en los términos que establezca la legislación básica estatal en la materia.

En relación con la distribución de competencias en materia energética, el Pleno del Tribunal dictó dos sentencias: las SSTC 4/2013, de 17 de enero, y 123/2013, de 23 de mayo. La primera de ellas declaró inconstitucional y nulo el precepto de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura que proclamaba el principio de nivel mínimo de calidad del suministro único e igual para todas las zonas geográficas de la Comunidad Autónoma, al contradecir expresamente la normativa básica estatal, cuyo punto de partida es justamente el contrario: la diferenciación por áreas y tipos de consumo. Esta misma STC 4/2013 llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución del precepto legal autonómico que prevé reducciones en la facturación a los consumidores cuando se vea afectada la calidad del suministro eléctrico (por interrupción del mismo o variaciones de tensión), señalando que dichas reducciones no podrán superar en ningún caso los umbrales fijados por la legislación básica estatal. Mediante el ATC 66/2013, de 12 de marzo, el Pleno del Tribunal denegó la aclaración de la STC 4/2013 que había sido instada por la representación procesal de la Junta de Extremadura. Por otro lado, como ya se ha indicado anteriormente, en la STC 123/2013 resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002. Esta resolución declaró inconstitucional y nulo el precepto legal que, contraviniendo las bases estatales en la materia, atribuía al gestor de la red de transmisión de energía eléctrica las funciones asignadas por la legislación básica al operador del sistema.

En materia de archivos se dictaron cuatro sentencias. La STC 14/2013, de 31 de enero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, que integraban determinados archivos de titularidad estatal —el Archivo de la Corona de Aragón y los archivos históricos provinciales— en el sistema de archivos de Cataluña. La Sentencia concluyó que no existía extralimitación competencial en unas previsiones legales que, salvaguardando la aplicación a esos conjuntos documentales de la legislación estatal, reforzaban el régimen de protección de sus fondos. Esta misma doctrina fue reiterada en la STC 66/2013, de 14 de marzo, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por el Presidente del Gobierno en relación con un artículo sustancialmente idéntico de la Ley de las Cortes Valencianas 3/2005, de 15 de junio, de archivos. Por el contrario, su aplicación condujo, en la STC 38/2013, de 14 de febrero, a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo único de la Ley de las Cortes de Castilla y León 7/2004, de 22 de diciembre, que reformaba parcialmente la Ley de archivos y patrimonio documental de esa Comunidad Autónoma, al faltar esa salvaguarda de la aplicación de la normativa estatal. Posteriormente, la STC 136/2013, de 6 de junio, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la reforma de la Ley del patrimonio cultural de Castilla y León llevada a cabo por la Ley 8/2004, de 22 de diciembre, y declaró inconstitucional y nulo su artículo único, que atribuía la consideración de bien de interés cultural a los fondos documentales existentes en archivos de titularidad estatal sitos en dicha Comunidad Autónoma pues esta previsión conllevaba la aplicación de la legislación autonómica de patrimonio cultural y la correlativa constricción del libre ejercicio de las competencias estatales en la materia.

Al igual que la ya reseñada STC 93/2013, la STC 81/2013, de 11 de abril, estimó parcialmente la impugnación de una Ley autonómica relativa a las uniones de hecho; en este caso, la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho, objeto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Concretamente, esta Sentencia declaró inconstitucionales y nulos los preceptos legales autonómicos relativos a la regulación convencional de la convivencia y a su inscripción registral, al tratarse de normas de Derecho civil, materia sobre la cual la Comunidad de Madrid carece de competencias. La STC 93/2013, a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante suscrito por dos magistrados, desestimó la cuestión de inconstitucionalidad en lo concerniente a los preceptos dedicados a la acreditación de la convivencia y los beneficios en el ámbito de la función pública y normativa autonómica de Derecho público. Igualmente por carecer de competencias en materia de Derecho civil foral o especial y reiterando la doctrina sentada en la STC 341/2005, de 21 de diciembre, la STC 98/2013, de 23 de abril, declaró inconstitucionales y nulos los preceptos de Ley 1/2007, de 12 de enero, de fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja que, por un lado, permitían la fusión de fundaciones contra la voluntad de los fundadores y, por otro, supeditaban esa fusión a que mediara analogía en los fines fundacionales.

En materia ambiental, la STC 5/2013, de 17 de enero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica y declaró que el precepto relativo a la obligada formulación de planes de medidas para minimizar el impacto acústico, cuya aprobación definitiva se atribuye a un órgano autonómico, no resulta aplicable a las infraestructuras de transportes viario, marítimo y ferroviario de titularidad estatal existentes en la Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de la Ley. Esta Sentencia, a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante, desestimó el recurso en lo demás. Por su parte, reiterando en lo pertinente la doctrina de la STC 69/2013, de 14 de marzo, que había tenido por objeto diversos preceptos de la Ley del patrimonial natural y la biodiversidad y de la que ya se ha dejado hecha mención, la STC 114/2013, de 9 de mayo, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno y declaró inconstitucional y nulo el precepto de la Ley de las Cortes Valencianas 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de la Ley autonómica de caza, que incluía entre las modalidades deportivas y tradicionales de caza el método denominado “de parany” o “de liga”, cuyo carácter no selectivo y, por consiguiente, contrario a las directivas de la Unión Europea en la materia, ya había sido declarado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de diciembre de 2004.

Tres sentencias —SSTC 92/2013, de 22 de abril; 183/2013, de 23 de octubre, y 203/2013, de 5 de diciembre— resolvieron otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se controvertían sendos preceptos de leyes autonómicas en materia urbanística y de ordenación territorial. En la primera de estas sentencias, la Sala Segunda declaró inconstitucional y nulo el artículo de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, de modificación de la Ley de ordenación territorial y del régimen urbanístico de Cantabria, que supeditaba la demolición de obras declaradas ilegales por resolución judicial firme a la finalización del procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración. La STC 92/2013 anuló este precepto legal al constatar que introducía un trámite procedimental posterior al pronunciamiento de las sentencias, cuya ejecución dilataba en el tiempo, lo que representaba una invasión de la competencia estatal en materia de legislación procesal sin que concurriese especialidad alguna en el Derecho sustantivo autonómico que lo justificara. La STC 183/2013, de 23 de octubre, desestimó la cuestión planteada respecto del precepto de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, que no contempla la necesidad de acuerdo con el propietario previo a la ocupación directa de suelo dotacional. En esta Sentencia el Pleno del Tribunal negó que el precepto legal autonómico hubiera desconocido las garantías establecidas por la legislación básica pues, frente a lo sostenido por el órgano judicial promotor de la cuestión, el legislador estatal no ha condicionado la ocupación directa a la consecución de un acuerdo con el propietario afectado. A su vez, la STC 193/2013, de 21 de noviembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la reforma del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación equipamientos comerciales de Cataluña llevada a cabo por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal autonómico que limitaba inmotivadamente y en abierta contradicción de la normativa básica estatal sobre libertad de establecimiento y prestación de servicios económicos, la instalación de establecimientos comerciales de medianas y grandes dimensiones en la trama urbana consolidada. Como ya se ha indicado anteriormente, la STC 203/2013 anuló en su integridad la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente. Esta resolución declara que la aprobación de dicho instrumento urbanístico mediante norma con rango de ley constituía un sacrificio desproporcionado del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al soslayar el control del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En materia de policías locales se dictaron otras dos sentencias. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 175/2011, de 8 de noviembre, la STC 33/2013, de 11 de febrero, la Sala Primera estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canarias y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Canarias 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y emergencia y de modificación de la Ley de coordinación de las policías locales, que introducía una dispensa transitoria de titulación. Por su parte, el Pleno del Tribunal, en la STC 172/2013, de 10 de octubre, estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno en relación con el precepto de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de policías locales de La Rioja, que autorizaba la creación de asociaciones de municipios limítrofes para la prestación del servicio de policía local. La Sentencia estimó el recurso pues la Comunidad Autónoma carece de competencias en materia de protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público, único título que habilita para dictar una norma legal como la controvertida.

La STC 137/2013, de 6 de junio, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto de diversos preceptos de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de atención farmacéutica y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos que hacían depender la dispensación de medicamentos recetados por facultativos del Sistema Nacional de Salud a la previa adhesión de los titulares de las oficinas de farmacia a un acuerdo marco. No obstante, esta misma Sentencia declaró que la fijación mediante concierto de las condiciones económicas de la atención farmacéutica no resulta inconstitucional siempre que dicho concierto verse sobre aspectos distintos de los establecidos por la legislación básica estatal. Asimismo en materia sanitaria, la STC 204/2013, de 5 de diciembre, declaró inconstitucional y nulo el precepto la Ley del Parlamento de las Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas que, contraviniendo la normativa básica, extendía a los comercios turísticos el régimen excepcional de venta de labores del tabaco recogido en la Ley estatal sobre prevención del tabaquismo con carácter restrictivo.

Tres sentencias enjuiciaron la constitucionalidad de distintas normas legales en materia de personal al servicio de entidades integrantes del sector público autonómico. La STC 156/2013, de 23 de septiembre, mediante la cual la Sala Segunda del Tribunal declaró inconstitucional y nulo el precepto de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema universitario de Aragón que establecía que el secretario del consejo social de la universidad “cesará cuando lo haga el presidente que lo nombró”, pues con ello se aplicaba el régimen jurídico propio de los funcionarios eventuales a una figura que no reunía los rasgos específicos de este tipo de personal, pues no tenía asignadas funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. La STC 215/2013, de 19 de diciembre, estableció la interpretación conforme con la Constitución de dos preceptos de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, que habían sido impugnados por el Presidente del Gobierno, de modo que el artículo legal que contempla la posibilidad de reincorporación al servicio activo desde la situación administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico no garantiza, transcurridos los tres años previstos en la normativa básica estatal, que la reincorporación sea en la misma área de salud en la que se causó baja sino, simplemente, en un área del Servicio Madrileño de Salud; en tanto que el precepto que ordena el cómputo del tiempo de permanencia del personal estatutario en situación de servicios bajo otro régimen jurídico no incurre en contradicción con la normativa básica estatal, si se entiende que la valoración de estos servicios debe efectuarse por igual para todos los participantes en cualesquiera procedimientos en que juegue este factor y se refieran a la Comunidad de Madrid, aunque este personal estatutario haya estado acogido al régimen de servicios bajo otro régimen jurídico fuera del Servicio Madrileño de Salud. Finalmente, la STC 219/2013, de 19 de diciembre, declaró inconstitucional y nulo el precepto de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, que extendía al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas autonómicas la reducción en las retribuciones prevista en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, pese a que esta norma de urgencia lo excluía del ámbito subjetivo de aplicación de la medida en cuestión. Esta Sentencia indicó expresamente que los efectos de la anulación del precepto legal autonómico se extendían a las situaciones administrativas firmes.

El Pleno dictó cinco sentencias en relación con los límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:

La STC 85/2013, de 11 de abril, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados respecto de los preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de aguas, relativos al régimen económico-financiero. La Sentencia desestimó la impugnación del canon de aguas por infracción de la prohibición de doble imposición al señalar que no existe identidad entre la tasa municipal por distribución de agua (tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación del servicio de suministro de agua) y el nuevo canon (impuesto ambiental de naturaleza extrafiscal con el que se persigue incentivar el uso eficiente del agua). Por el contrario, estimó el recurso en relación con el precepto legal que atribuía al Gobierno Vasco la competencia para determinar los conceptos que habían de incluirse en la tarificación del uso del agua, declarando su inconstitucionalidad y nulidad. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante, concluyó que esta habilitación representa una renuncia del Parlamento Vasco al ejercicio de las potestades de coordinación, armonización y colaboración fiscal que el Estatuto de Autonomía le atribuye con carácter exclusivo.

Por su parte, la STC 60/2013, de 13 de marzo, estimó parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Reiterando la doctrina sentada en la STC 196/2012, de 31 de octubre, la Sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad, sin afectar a las situaciones jurídicas consolidadas por haber ganado firmeza, de las modalidades del impuesto autonómico que gravan la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos, pues en ambas modalidades impositivas se aprecia identidad de alguno de los elementos de su estructura con los correspondientes al impuesto sobre actividades económicas.

La STC 96/2013, de 23 de abril, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con los preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, reguladores del impuesto sobre el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta. Reiterando la doctrina sentada en la STC 122/2012, de 5 de junio, la Sentencia descartó, en particular, que existiera identidad entre el impuesto autonómico controvertido y los impuestos sobre actividades económicas, bienes inmuebles, sociedades o sobre la renta de las personas físicas. La aplicación de la doctrina de esta Sentencia dio lugar, en la STC 200/2013, de 5 de diciembre, a la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por el Presidente del Gobierno frente a la misma norma autonómica aragonesa.

Finalmente, la STC 207/2013, de 5 de diciembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que declaraba exentos de la contribución territorial —tributo equivalente al impuesto sobre bienes inmuebles—los bienes de la Iglesia católica y otras confesiones únicamente cuando estuvieran destinados al culto.

D) Conflictos constitucionales

En 2013 se dictaron 38 sentencias en conflictos positivos de competencia: 35 del Pleno, una de la Sala Primera y tres de la Sala Segunda. Por más que en algunos casos se apreciara la desaparición sobrevenida del objeto del conflicto (así sucedió, entre otras, en las SSTC 15/2013, de 31 de enero; 65/2013, de 14 de marzo, y 214/2013, de 19 de diciembre), todas estas sentencias resolvieron el fondo de las pretensiones deducidas en relación con los actos del poder público controvertidos en cada ocasión. En cuatro de ellas se formularon votos particulares. El Pleno dictó sentencia en un conflicto en defensa de la autonomía local (STC 142/2013, de 11 de julio, de cuyo contenido se ha dado cuenta anteriormente). Mediante auto del Pleno se inadmitió un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 9/2013, de 15 de enero) y se acordó la extinción de dos conflictos positivos de competencia (AATC 33/2013, de 12 de febrero, y 58/2013, de 26 de febrero) y otros tantos conflictos en defensa de la autonomía local (ATC 178/2013, de 10 de septiembre, que declara extinguidos dos conflictos cuya tramitación se había acumulado en un momento procesal anterior). En un conflicto positivo de competencia el Pleno acordó el mantenimiento de la suspensión de la resolución administrativa autonómica controvertida (ATC 86/2013, de 23 de abril). Además, en el ATC 156/2013, de 11 de julio, el Pleno del Tribunal acordó el mantenimiento de la suspensión acordada en la impugnación por el Gobierno de la Nación de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero, por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Las SSTC 198/2013 y 202/2013, de 5 de diciembre, resolvieron sendos conflictos positivos de competencia planteados por el Gobierno de la Nación. En la primera de ellas el Pleno del Tribunal declaró que el acuerdo en materia de pesca suscrito el 21 de septiembre de 2003 por el Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y el Ministro de Pesca de la República Islámica de Mauritania vulneró el orden de competencias establecido en la Constitución. Este acuerdo implicó la asunción de obligaciones exigibles en el ámbito del Derecho internacional, por lo que representó el ejercicio del derecho a la celebración de tratados internacionales, reservado en exclusiva al Estado en virtud de su competencia sobre relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE). La STC 202/2013 estimó el conflicto planteado por el Gobierno de la Nación en relación con la suspensión cautelar de las obras correspondientes a una planta desaladora en Torrevieja (Alicante) ordenada por la Administración autonómica; la resolución declaró que corresponde al Estado la competencia sobre la obra origen de la controversia y que, por consiguiente, es la Administración del Estado —y no un órgano de la Generalitat Valenciana— quien debe evaluar su impacto ambiental.

Las restantes 36 sentencias resolvieron conflictos positivos de competencia planteados por los Ejecutivos autonómicos respecto de resoluciones y disposiciones dictadas por la Administración del Estado:

En la STC 7/2013, de 17 de enero, el Pleno del Tribunal estimó parcialmente el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña respecto del IV Acuerdo de formación continua de las Administraciones públicas, en relación con la regulación de las ayudas a la formación continua del personal de las entidades locales, tanto funcionario como laboral. Esta sentencia, reiterando la doctrina establecida en la STC 225/2012, de 29 de noviembre, declaró que correspondía a la Generalitat de Cataluña el ejercicio de distintas funciones ejecutivas atribuidas a la Administración estatal al no haberse acreditado la existencia de una necesidad que justificase la gestión centralizada de las ayudas establecidas en el acuerdo.

En seis sentencias se aplicó la doctrina sentada en la STC 244/2012, de 18 de diciembre, que estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado en su día por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional. Concretamente, las SSTC 16/2013, de 31 de enero; 35/2013, de 14 de febrero, y 62/2013, de 14 de febrero, estimaron parcialmente los conflictos planteados por los Gobiernos de Galicia, Andalucía y Aragón, respectivamente, en relación con el mismo Real Decreto que fuera objeto de la STC 244/2012. Las SSTC 16/2013 —a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante— y 62/2013 establecieron la interpretación conforme de los preceptos reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. A su vez, las SSTC 37/2013, de 14 de febrero, y 65/2013, de 14 de marzo, desestimaron los conflictos planteados por el Gobierno de Galicia y de la Comunidad Valenciana en relación con las órdenes ministeriales de 30 de julio de 2004 por las que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas convocadas en desarrollo de las previsiones del Real Decreto 1046/2003. Finalmente, la STC 95/2013, de 23 de abril, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña respecto de otra orden ministerial, de fecha 13 de febrero de 2004, relativa a la financiación de acciones de formación continua en las empresas previstas en ese mismo Real Decreto. A esta última sentencia se formuló un voto particular parcialmente discrepante suscrito por dos magistrados.

Otras siete sentencias, todas ellas del Pleno del Tribunal, resolvieron otros tantos conflictos positivos de competencia planteados por Gobiernos autonómicos respecto de normas reglamentarias estatales en materia educativa. Seis de ellas resolvieron otros tantos conflictos promovidos por el Gobierno de Cataluña en relación con los preceptos del Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria, relativos a los contenidos y horarios de impartición de las distintas lenguas oficiales (STC 15/2013, de 31 de enero); el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, en lo relativo a los programas de cualificación profesional inicial y la enseñanza de las lenguas propias (STC 24/2013, de 31 de enero); el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en lo concerniente a la regulación de los módulos de formación en centros de trabajo y de proyecto (STC 25/2013, de 31 de enero); el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar, en lo concerniente al profesorado que ha de impartir la enseñanza infantil (STC 47/2013, de 28 de febrero); el Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria, en lo relativo a la enseñanza de las lenguas cooficiales y promoción de alumnos (STC 48/2013, de 28 de febrero) y el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, en lo atinente a los funcionarios docentes que desempeñen funciones inspectoras (STC 213/2013, de 19 de diciembre). La STC 162/2013, de 26 de septiembre, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, que modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

En ocho sentencias, el Pleno del Tribunal resolvió sendos conflictos positivos de competencia que tenían por objeto el poder de gasto del Estado en materia de asistencia social. La STC 21/2013, de 31 de enero, estimó parcialmente el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con una orden ministerial de 23 de marzo de 2006 que establecía las bases reguladoras y convocaba concurso para la concesión de subvenciones con destino a la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Al tratarse de una materia de competencia autonómica exclusiva y en ausencia de un título competencial estatal específico, nada justificaba la centralización de la gestión de las ayudas en detrimento de las competencias ejecutivas autonómicas. Esta doctrina fue reiterada en las SSTC 23/2013, de 31 de enero (conflicto planteado por la Junta de Castilla y León en relación con el Real Decreto 918/2006, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para proyectos de acción social a favor de las personas mayores en situación de dependencia); 26/2013, asimismo de 31 de enero (conflicto promovido por el Gobierno de Cataluña respecto de las disposiciones ministeriales de 18 de julio de 2008 sobre concesión de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes); 40/2013, de 14 de febrero (conflicto planteado por el Gobierno de Galicia con respecto a la orden ministerial de 18 de abril de 2007, convocando subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas); 52/2013, de 28 de febrero (conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña respecto a la convocatoria de idénticas ayudas por orden ministerial de 26 de mayo de 2009); 70/2013, de 14 de marzo (conflicto planteado igualmente por el Gobierno de Cataluña respecto a la convocatoria de estas mismas ayudas por orden ministerial de 4 de junio de 2012); 154/2013, de 10 de septiembre (conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña frente a una convocatoria de subvenciones públicas para habilitación de plazas de alojamiento) y 163/2013, de 26 de septiembre (conflicto instado por el Gobierno de Aragón en relación con sendas órdenes ministeriales convocando subvenciones en materia de asistencia social y medio ambiente). Se formularon sendos votos particulares parcialmente discrepantes en las SSTC 21/2013 y 40/2013.

Las SSTC 59/2013, de 13 de marzo, y 80/2013, de 11 de abril, ambas del Pleno del Tribunal, desestimaron los conflictos positivos de competencia planteados por los Gobiernos autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, respectivamente, en relación con resoluciones de la Administración estatal sobre afección ambiental. En estas sentencias se aplicó la doctrina constitucional sentada por la STC 13/1998, de 22 de enero, y reiterada, entre otras, en la STC 149/2012, de 5 de julio, relativa al carácter instrumental de las certificaciones ambientales respecto de la obra de infraestructura sobre la que versan. A su vez, el ejercicio por el Estado de su poder de gasto en materia de protección ambiental dio lugar a la estimación parcial, por el Pleno del Tribunal, de sendos conflictos de competencia planteados por los Gobiernos autonómicos de Cataluña (STC 113/2013, de 9 de mayo, en relación con la convocatoria de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental) y Aragón (STC 163/2013, de 26 de septiembre, ya citada). Siempre en materia ambiental, la STC 146/2013, de 11 de julio, desestimó el conflicto planteado por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas, confirmando la constitucionalidad de la inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y en el catálogo español de especies amenazadas de algunas especies existentes exclusivamente en el archipiélago canario.

Se resolvieron dos conflictos positivos de competencia sobre medidas estatales de fomento en materia de vivienda: el Pleno del Tribunal, en la STC 112/2013, de 9 de mayo, declaró la constitucionalidad de los preceptos del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, que habían sido controvertidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Sala Primera hizo lo propio en la STC 139/2013, de 8 de julio, con el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, igualmente impugnado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Sala Segunda del Tribunal resolvió otros tres conflictos positivos de competencia respecto del ejercicio del poder de gasto del Estado en distintas materias. Así, en la STC 150/2013, de 9 de septiembre, declaró que diversos extremos de las resoluciones administrativas de 22 de febrero y 22 de marzo de 2010, convocando ayudas públicas para la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas, incurrían en un vicio de inconstitucionalidad al ignorar las competencias ejecutivas autonómicas. Idéntica conclusión alcanzó la Sala en la STC 166/2013, de 7 de octubre, al resolver el conflicto planteado por el Gobierno de Galicia respecto del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca, y en la STC 179/2013, de 21 de octubre, parcialmente estimatoria del conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con una convocatoria de ayudas a corporaciones locales para actividades culturales.

La doctrina sentada en la STC 245/2012, de 18 de diciembre, resolutoria de seis recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, fue aplicada por el Pleno del Tribunal en dos sentencias resolutorias de otros tantos conflictos positivos de competencia en esta materia: la STC 83/2013, de 11 de abril, que resolvió el conflicto promovido por el Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos de los Reales Decretos 2387/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento ferroviario; 2395/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora y la STC 214/2013, de 19 de diciembre, resolutoria del conflicto planteado igualmente por el Gobierno de Andalucía con respecto a una orden ministerial de 7 de abril de 2005, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria. Esta última Sentencia desestimó íntegramente el conflicto y la STC 83/2013 llevó a cabo una interpretación conforme de diversos preceptos reglamentarios.

La STC 18/2013, de 31 de enero, declaró que la convocatoria estatal de provisión, por el sistema de libre designación y de entre los miembros del cuerpo de secretarios judiciales, de los puestos de trabajo de secretarios de gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y ciudades de Ceuta y Melilla, no invadía las competencias ejecutivas autonómicas invocadas por el Gobierno de Cataluña en el conflicto planteado frente a dicha convocatoria. De igual modo, la STC 124/2013, de 23 de mayo, declaró que corresponde al Estado la fijación de los servicios esenciales para la comunidad en caso de huelga en el aeropuerto de Barcelona y la STC 155/2013, de 10 de septiembre, confirmó la constitucionalidad del plan de socorro binacional del túnel de Perthus en la línea ferroviaria de alta velocidad Perpiñán-Figueras, aprobado por el Delegado del Gobierno de España en Cataluña y por el Prefecto francés de los Pirineos Orientales.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo de 2013 el Tribunal dictó 87 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó 9 de ellas, 35 la Sala Primera y 43 la Sala Segunda. En estas sentencias se resolvieron 89 asuntos pues la STC 205/2013, de 5 de diciembre, resolvió tres recursos de amparo acumulados.

Por lo que hace a la parte dispositiva de estas sentencias, en 61 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en 21 se denegó y en otras cinco se inadmitió el correspondiente recurso de amparo en su totalidad. La Sala Primera inadmitió tres recursos de amparo, todos ellos por falta de agotamiento de la vía judicial previa (las SSTC 28/2013, de 11 de enero, y 54/2013, de 11 de marzo, inadmitieron sendos recursos de amparo al no haberse promovido anteriormente recurso de casación penal por infracción de ley y la STC 178/2013, de 21 de octubre, hizo lo propio respecto de un recurso de amparo simultaneado con la interposición de un recurso de suplicación en el orden jurisdiccional social) y la Sala Segunda inadmitió otros dos: en un caso por falta de agotamiento (STC 110/2013, de 6 de mayo: en el caso se había simultaneado la interposición del recurso de amparo con el planteamiento de un incidente de nulidad de actuaciones en vía penal) y en el otro por no haberse satisfecho el requisito consistente en la justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda de amparo (STC 140/2013, de 8 de julio).

Cinco recursos de amparo fueron inadmitidos a trámite mediante auto. La Sala Primera dictó tres de estos autos: AATC 21/2013, de 28 de enero, que acordó la inadmisión al no haberse satisfecho el requisito de la invocación tempestiva a fin de permitir la reparación de la vulneración del derecho fundamental en el propio proceso judicial; 28/2013, de 11 de febrero, que, con un voto particular discrepante, acordó la inadmisión por falta de justificación suficiente de la especial trascendencia constitucional del recurso, y 172/2013, de 9 de septiembre, que acordó la inadmisión por falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse impugnado un decreto de la Fiscalía sobre determinación de la edad de una persona extranjera. La Sala Segunda dictó el ATC 151/2013, de 8 de julio, por el que se inadmitió un recurso de amparo sustancialmente idéntico al que diera lugar al ATC 173/2013 y la Sección Tercera el ATC 25/2013, de 6 de febrero, de inadmisión de un recurso de amparo por falta de justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional. También con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de amparo, ha de señalarse que las Salas y Secciones del Tribunal dictaron 13 autos resolutorios de recursos de súplica interpuestos, prácticamente en todos los casos, por el Ministerio Fiscal (la excepción la constituye el ATC 252/2013, de 4 de noviembre, que resolvió un recurso de súplica interpuesto por el propio demandante de amparo) frente a otras tantas providencias de inadmisión; seis de ellos fueron estimados. De otra parte, se dictaron 37 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo; por el contrario, en el ATC 89/2013, de 6 de mayo, al que se formularon dos votos particulares, la Sala Primera del Tribunal rechazó el desistimiento en un recurso de amparo promovido con respecto al Decreto de la Comunidad de Castilla-La Mancha 22/2004, de 2 de marzo, sobre admisión de alumnos en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.

En relación con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC, en ocho autos se otorgó íntegramente la suspensión interesada (AATC 40/2013, de 14 de febrero; 56/2013, de 25 de febrero; 61/2013, de 27 de febrero; 74/2013, de 8 de abril; 116/2013, 20 de mayo; 150/2013, de 8 de julio; 250/2013, de 4 de noviembre, y 287/2013, de 16 de diciembre) y en otros dos de manera parcial (AATC 75/2013, de 8 de abril, y 139/2013, de 3 de junio). A ellos se debe añadir que en el ATC 276/2013, de 2 de diciembre, la Sala Primera acordó la anotación preventiva del recurso de amparo en el Registro de la Propiedad. La medida cautelar se denegó en 12 ocasiones: AATC 19/2013 y 20/2013, de 28 de enero; 64/2013, de 11 de marzo; 133/2013, 136/2013 y 137/2013, de 3 de junio; 167/2013, de 9 de septiembre; 193/2013 y 196/2013, de 23 de septiembre; 236/2013, de 21 de octubre; 253/2013, de 4 de noviembre, y 265/2013, de 18 de noviembre). En los AATC 152/2013, de 8 de julio y 174/2013, de 9 de septiembre, se mantuvo la suspensión acordada por las Salas en la providencia de admisión del recurso de amparo, haciendo uso de la potestad que les otorga el art. 56.3 LOTC y en los AATC 18/2013, de 28 de enero, y 241/2013, de 21 de octubre, se declaró extinto el incidente de suspensión por pérdida sobrevenida de objeto.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

Como ya se ha indicado en el epígrafe correspondiente a las sentencias dictadas por el Tribunal en relación con normas con rango de ley del Estado, las SSTC 41/2013, de 14 de febrero, y 61/2013, de 14 de marzo, anularon sendos preceptos legales reguladores del derecho a prestaciones sociales. En aplicación de la doctrina sentada por la STC 41/2013, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que supeditaba el disfrute del derecho a la pensión de viudedad al requisito de que causante y beneficiario de la pensión hubieran tenido hijos comunes, las SSTC 55/2013, de 11 de marzo, y 77/2013, de 8 de abril, ambas de la Sala Segunda, estimaron sendos recursos de amparo promovidos frente a actos de aplicación de aquel precepto legal, declarando en ambos casos vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley. A su vez, la STC 61/2013 declaró la inconstitucionalidad y nulidad, por infracción de los derechos a la igualdad en la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo, del precepto del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social que fijaba las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial en función de un cálculo de equivalencias entre horas trabajadas y días teóricos de cotización. En aplicación de esta doctrina, las SSTC 71/2013 y 72/2013, de 8 de abril, y 117/2013, de 20 de mayo, estimaron los correspondientes recursos de amparo y declararon la vulneración de los derechos a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo, en tanto que la STC 116/2013, de 20 de mayo, otorgó el amparo, exclusivamente por vulneración del primero de estos derechos fundamentales.

El Pleno del Tribunal, en la STC 173/2013, de 10 de octubre, resolvió otro recurso de amparo en el que se alegaba vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo. En esta ocasión se trataba de una trabajadora embarazada que no había superado el período de prueba en la empresa para la que prestaba sus servicios. Sin embargo, la actora no aportó indicios racionales suficientes de la existencia de una discriminación directa resultante del conocimiento por la empresa de su estado de gravidez. Siendo ello así, la STC 173/2013, reiterando la doctrina sentada en las SSTC 92/2008, de 21 de julio, y 14/2009, de 20 de enero, declaró que no podían reputarse contrarias al derecho fundamental invocado las resoluciones judiciales que, tomando como punto de partida la distinta naturaleza y régimen jurídico del despido y la extinción del contrato en período de prueba, descartaron la extensión al desistimiento empresarial durante el período de prueba de la causa de nulidad objetiva del despido de la trabajadora embarazada que recoge la Ley del estatuto de los trabajadores. A esta Sentencia se formularon un voto concurrente y otro discrepante, este último suscrito por cuatro magistrados.

En otras cuatro sentencias se resolvieron recursos de amparo que alegaban vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

De todas ellas, únicamente la STC 11/2013, de 28 de enero, estimó esta alegación y otorgó el amparo. El entonces demandante de amparo denunciaba que una sección de apoyo se había apartado del criterio seguido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se integraba, al resolver recursos sustancialmente idénticos. Tras constatar la existencia de los demás requisitos que permiten concluir que se ha vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley —acreditación de un término de comparación adecuado, alteridad y ausencia de motivación justificativa del cambio de criterio—, la Sentencia, reiterando en este extremo la doctrina contenida en la STC 122/2001, de 4 de mayo, concluyó que también concurría el requisito consistente en la identidad del órgano judicial, pues el establecimiento de secciones de apoyo o refuerzo no conlleva la creación de nuevos órganos jurisdiccionales sino que se traduce en la adscripción o comisión a un órgano ya existente de jueces y magistrados. Esta identidad orgánica se tradujo, desde el punto de vista funcional, en la aseveración de que las secciones de apoyo deben tomar en cuenta, como propios, los criterios manejados por las secciones a las que refuercen, cuya eventual modificación habrá de motivarse en términos de generalidad.

La STC 157/2013, de 23 de septiembre, si bien otorgó el amparo por vulneración del derecho a la defensa en relación con una condena pronunciada en apelación, desestimó el motivo del recurso referido a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley porque los recurrentes no aportaron términos válidos de comparación, limitándose, por el contrario, a citar resoluciones del mismo órgano jurisdiccional que, por la diferencia de hechos enjuiciados, no permitían siquiera valorar la existencia de un cambio inadvertido de criterio. La STC 199/2013, de 5 de diciembre, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados, desestimó igualmente la alegación relativa a una supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley fundada en la existencia de dos resoluciones contradictorias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: la recurrida en amparo y otra ofrecida como término de comparación, en la que se absolvió al acusado porque el análisis de ADN en que se había fundado la condena fue practicado sin autorización judicial (autorización que tampoco existió en el caso que dio lugar al recurso de amparo resuelto en la STC 199/2013). El rechazo de este motivo del recurso se fundó en la ausencia de la nota de alteridad, pues ambas resoluciones judiciales tuvieron por objeto la condena del propio demandante de amparo. Finalmente, la STC 205/2013, de 5 de diciembre, desestimó tres recursos de amparo en los que, entre otros motivos, se aducía vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley por el cambio de doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con respecto a la suficiencia de la acusación formulada por la acción popular para acordar la apertura del juicio oral en un procedimiento abreviado. Esta resolución, a la que se formuló un voto particular suscrito por cuatro magistrados, concluyó que el cambio de criterio estaba suficientemente motivado.

C) Prohibición de la tortura (art. 15 CE)

Dos fueron las sentencias dictadas a lo largo de 2013 en procesos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho fundamental a no sufrir torturas proclamado en el art. 15 CE: SSTC 12/2013, de 28 de enero, y 153/2013, de 9 de septiembre. En ambos casos los demandantes de amparo invocaban el derecho fundamental a no padecer torturas ni tratos inhumanos y degradantes en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por investigación insuficiente de sendas denuncias de torturas que decían padecido bajo custodia policial. La STC 12/2013, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, denegó el amparo interesado, en tanto que la STC 153/2013 estimó el recurso y ordenó la retroacción de actuaciones a fin de que el órgano judicial instruyera la causa en términos respetuosos con los mencionados derechos fundamentales.

D) Libertad personal (art. 17 CE)

Siete sentencias, dictadas todas ellas por las Salas, otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal.

Seis de estas sentencias fueron dictadas por la Sala Segunda. La STC 31/2013, de 11 de febrero, anuló las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que habían acordado una extradición a la Región Administrativa Especial de Hong Kong, al haber vulnerado los derechos fundamentales a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva del afectado. La infracción de estos derechos fundamentales fue consecuencia de la quiebra del principio de legalidad en materia de extradición, pues las resoluciones jurisdiccionales controvertidas habían desconocido el alcance de la autonomía de la que disfruta Hong Kong y la necesidad de que el Gobierno de la República Popular de China prestara su autorización expresa a la extradición; al haberse prescindido de este trámite esencial, la STC 31/2013 concluyó que las resoluciones jurisdiccionales impugnadas habían desatendido las exigencias procedimentales dimanantes del principio nulla traditio sine lege. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante. La STC 148/2013, de 9 de septiembre, estimó parcialmente el recurso promovido frente a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Alicante y un Juzgado de Orihuela que, en ejecución penal, no abonaron, a efectos de liquidación de condena, el tiempo durante el cual el demandante de amparo simultaneó su condición de preventivo en diversas causas y de condenado en otra; respecto de la pretensión relativa al abono de cada uno de los periodos de prisión provisional al límite máximo de cumplimiento total de la pena, en lugar de aplicarlo sobre cada una de las penas, la STC 148/2013 recordó que, conforme a la doctrina sentada en la STC 92/2012, de 7 de mayo, esta es una cuestión de estricta legalidad sobre la que no le corresponde pronunciarse al Tribunal, salvo que la resolución jurisdiccional esté viciada por resultar irrazonable, arbitraria o sea fruto de un error patente. Aplicando la doctrina sentada en la STC 97/2010, de 15 de noviembre, en otras tres resoluciones, la Sala otorgó los correspondientes amparos por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal, respecto de sendas resoluciones judiciales que, en ejecución de condena, habían introducido causas de interrupción del cómputo del plazo de prescripción no previstas legalmente (SSTC 152/2013, de 9 de septiembre; 187/2013, de 4 de noviembre, y 192/2013, de 18 de noviembre). Se formuló un voto particular discrepante a la STC 152/2013. Por último, en la STC 210/2013, de 16 de diciembre, se anularon las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en ausencia de toda previsión legal al respecto y desatendiendo los principios de excepcionalidad, previsibilidad y proporcionalidad, habían impuesto una “prisión provisional diferida” —es decir, suspendida en sus efectos hasta que el afectado recobrase su libertad, pues se hallaba penado en otra causa— en procedimiento de orden europea de detención y entrega.

En la STC 109/2013, de 6 de mayo, la Sala Primera reiteró la doctrina sentada en la STC 97/2010 acerca del alcance del principio de legalidad en relación con la prescripción de las penas y otorgó el correspondiente amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal, frente a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Sevilla y de un Juzgado de lo Penal que habían introducido causas de interrupción de la prescripción no contempladas en la ley.

Por el contrario, en la STC 168/2013, de 7 de octubre, la Sala Segunda desestimó íntegramente un recurso de amparo en el que se denunciaba infracción de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva en relación con las resoluciones judiciales que no habían abonado al actor todos los períodos de prisión provisional que habían sido acordados en las causas que cumplía. A esta Sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.

E) Intimidad, honor, imagen, inviolabilidad domiciliaria, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

Nueve de las sentencias dictadas durante 2013 resolvieron otros tantos recursos de amparo en los que se denunciaba vulneración del derecho fundamental a la intimidad, en ocasiones conectados con algún otro de los derechos proclamados en el artículo 18 CE.

Así sucedió en las SSTC 115/2013, de 9 de mayo, y 170/2013, de 7 de octubre, que desestimaron sendos recursos de amparo en los que se alegaba infracción de los derechos a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones. En la primera de estas resoluciones, el Pleno del Tribunal concluyó que el acceso policial a la agenda de contactos de un teléfono móvil, sin consentimiento del afectado y sin autorización judicial previa, no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales antes mencionados. En cuanto al derecho al secreto de las comunicaciones, porque el acceso no tuvo por objeto una eventual comunicación telefónica que pudiera haber entablado el recurrente con otras personas; antes bien, la STC 115/2013 hizo hincapié en que los datos recogidos en la agenda de contactos telefónicos del terminal no forman parte de una comunicación actual o consumada, ni proporcionan información sobre actos concretos de comunicación pretéritos o futuros. Por otro lado, la Sentencia declaró que, si bien el acceso policial a los datos que figuraban en la agenda de contactos telefónicos afectó al derecho a la intimidad, esa afección resultaba justificada en el caso, pues la policía perseguía un fin legítimo —la averiguación de un delito—, contaba con habilitación legal y actuó de forma proporcionada, pues accedió únicamente a los datos que no requerían manipular el teléfono móvil. En la STC 170/2013, la Sala Primera denegó el amparo a quien fue objeto de despido disciplinario, declarado procedente en vía jurisdiccional, al aceptarse como prueba de los hechos determinantes del despido unos correos electrónicos del trabajador aportados por la empresa y obtenidos mediante el acceso al ordenador portátil corporativo puesto a disposición del trabajador. La Sentencia declaró, respecto del derecho al secreto de las comunicaciones, específicamente electrónicas en el ámbito de las relaciones laborales, que corresponde al empresario, como expresión de sus poderes de organización, dirección y control, el ejercicio de facultades de ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial. Del hecho de que el convenio colectivo vigente al tiempo de producirse los hechos tipificara como infracción la utilización del correo electrónico corporativo para fines ajenos a la actividad empresarial, la Sentencia infirió un apoderamiento implícito a la empresa para que pueda verificar la adecuada utilización de los medios informáticos. En cuanto al derecho a la intimidad, la Sentencia afirmó que el uso del correo electrónico por los trabajadores en el ámbito laboral queda dentro del ámbito de protección del derecho a la intimidad, bien entendido que no se trata de un derecho absoluto y que el trabajador no puede invocar expectativa de confidencialidad alguna respecto al conocimiento de las comunicaciones en las que se haya utilizado la cuenta de correo proporcionada por la empresa y registradas en un ordenador propiedad de la empresa.

En la STC 171/2013, de 7 de octubre, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración del derecho a la intimidad a un interno en un establecimiento penitenciario que había sido objeto de un registro corporal con desnudo integral. Esta Sentencia recordó que, conforme a la doctrina elaborada por el Tribunal, para poder concluir que un registro personal de este tipo resulta constitucionalmente legítimo y respetuoso con el derecho a la intimidad, es preciso que la Administración penitenciaria exprese los motivos de seguridad determinantes de su realización. Como quiera que en el caso esos motivos no se le comunicaron al recluso, la STC 171/2013 estimó el recurso de amparo.

Por su parte, la STC 186/2013, de 4 de noviembre, reiteró la doctrina sentada en la STC 60/2010, de 7 de octubre, conforme a la cual el derecho a la vida familiar, proclamado en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho fundamental a la intimidad familiar protegido por el art. 18.1 CE. Consecuentemente, en el sistema constitucional español la protección a la vida familiar se corresponde con los principios constitucionales que garantizan el libre desarrollo de la personalidad y aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia y —en lo que hacía al caso resuelto en esta Sentencia— de los menores, principios cuya efectividad no puede reclamarse a través del recurso de amparo. La STC 199/2013, de 5 de diciembre, negó que la utilización como prueba en un proceso penal de una muestra de ADN no codificante vulnerase el derecho a la intimidad.

En otras dos sentencias se otorgó el amparo en relación con sendas actividades informativas vulneradoras del derecho a la intimidad. La STC 176/2013, de 21 de octubre, estimó un recurso de amparo promovido por quien fuera Vicepresidente del Gobierno de la Nación y su compañera sentimental frente a la emisión televisiva de las imágenes tomadas durante unas vacaciones familiares. La Sentencia declaró vulnerados los derechos a la intimidad y a la propia imagen por tratarse de unas imágenes de carácter estrictamente privado, cuya difusión no se justificaba por la concurrencia de un interés público constitucionalmente prevalente. La STC 190/2013, de 18 de noviembre, estimó el recurso promovido en relación con las especulaciones formuladas en dos programas televisivos acerca de la identidad del padre del demandante de amparo, información carente de relevancia pública justificativa de la intromisión en la intimidad del afectado.

Otras dos sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la propia imagen. Fue el caso de la STC 167/2013, de 7 de octubre, que anuló las resoluciones judiciales dictadas en un proceso de reclamación de filiación no matrimonial al concluir que no habían ponderado adecuadamente la incidencia que el nombre y apellidos atribuidos al menor podían tener en su derecho a la propia imagen. La STC 208/2013, de 16 de diciembre, estimó un recurso de amparo promovido por el Ministerio Fiscal en ejercicio de la legitimación activa que le atribuye el artículo 46.1 a) LOTC, respecto de la entrevista televisiva a una persona aquejada de discapacidad, realizada con el solo propósito de ridiculizarle. La sentencia apreció vulneración de los derechos al honor y a la propia imagen de esta persona.

La STC 188/2013, de 4 de noviembre, desestimó un recurso de amparo promovido respecto de las resoluciones judiciales que autorizaron la entrada en domicilio para ejecutar un acto administrativo de desalojo y demolición del inmueble. Esta Sentencia cuenta con un voto particular discrepante, suscrito por dos magistrados.

Finalmente, la STC 29/2013, de 11 de febrero, otorgó el amparo en relación con la utilización para control laboral de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en un recinto universitario. Esta Sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró vulnerado el derecho a la protección de datos de carácter personal pues no se había informado previamente a los trabajadores de la posible utilización de las imágenes para el ejercicio de la potestad disciplinaria. La STC 199/2013, a la que ya se ha hecho mención anteriormente, rechazó que el análisis científico efectuado sobre una muestra de ADN obtenida sin consentimiento del afectado y sin autorización judicial hubiera vulnerado el derecho a la protección de datos personales.

F) Libertad de residencia (art. 19 CE)

La STC 186/2013, de 4 de noviembre, desestimó el recurso de amparo promovido por una ciudadana argentina que impugnaba la orden administrativa de expulsión de España e invocaba la libertad de residencia de su hija, menor de edad y de nacionalidad española. La Sentencia, a la que se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, rechazó esta alegación, puesto que la resolución administrativa que se hallaba en el origen del proceso de amparo no imponía a la menor la obligación de abandonar el territorio nacional, en el que podía continuar residiendo en compañía de otros familiares.

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

En los procesos de amparo resueltos por las SSTC 176/2013, 190/2013 y 208/2013, de cuyo contenido se ha dado cuenta en el epígrafe correspondiente a los derechos fundamentales a la intimidad, honor y propia imagen, se había invocado, como causa justificativa de la afección a estos derechos fundamentales, el ejercicio de las libertades de expresión e información. Como ya se ha indicado anteriormente, ninguna de estas sentencias acogió tal alegato.

Distinto fue el caso de la STC 216/2013, de 19 de diciembre, dictada por el Pleno, que otorgó el amparo por ejercicio de la libertad de expresión respecto de unos artículos periodísticos sobre un tema de indudable interés público, el desarrollo urbanístico de la isla de Lanzarote, en los que se tildaba de “corrupto” a un secretario municipal. Según se indicó en la Sentencia, el uso de este término no tenía como propósito el insulto ni la humillación del funcionario local sino denunciar la confusión de intereses públicos y privados en el ámbito urbanístico.

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

La Sala Primera del Tribunal dictó dos sentencias estimatorias de sendos recursos de amparo promovidos en relación con una misma elección de segundo grado, la Alcaldía de Cudillero: SSTC 125/2013, de 23 de mayo, y 147/2013, de 6 de agosto.

En la primera de ellas la Sala resolvió la impugnación de la elección como alcalde de la mencionada localidad asturiana de quien, sin haber concurrido a las elecciones locales, fue designado concejal por el partido político en cuyo grupo municipal se produjo una vacante. Pues bien, la STC 125/2013 declaró que esa vía de incorporación a la corporación local no permitía acceder a la alcaldía-presidencia pues, en aras de la efectividad de la conexión directa entre electores y elegidos, es requisito inexcusable para postularse como alcalde el haber formado parte de una de las listas que concurrieron a las elecciones municipales. De no exigirse la previa integración de la lista electoral, se estaría alterando gravemente la voluntad del cuerpo electoral y, con ello, viciando la relación entre la ciudadanía y los órganos representativos. A esta Sentencia se formuló un voto particular discrepante.

En cumplimiento de lo acordado en esta Sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Cudillero procedió a una nueva elección, que dio como resultado la designación como alcalde de uno de los concejales que, habiendo concurrido a las elecciones municipales, había presentado su renuncia a la elección de alcalde en la sesión plenaria que diera origen a la STC 125/2013. Esta nueva elección fue impugnada y finalmente anulada por la STC 147/2013, que declaró que el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos no consiente que la renuncia a un cargo público válidamente emitida y una vez perfeccionada pueda ser revocada, pues una vez que la renuncia es plenamente efectiva ello conlleva la pérdida del derecho al que se ha renunciado de forma libre y válida.

La STC 10/2013, de 28 de enero, dictada por la Sala Segunda, desestimó el recurso interpuesto por siete concejales del Ayuntamiento de Pasaia que controvertían la disolución del grupo municipal de Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca ordenada por la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo en ejecución de la sentencia de disolución del partido político en cuyas listas habían concurrido a las elecciones municipales. Esta resolución declaró que, si bien la disolución del grupo municipal afectó a determinadas facultades de los concejales electos, no vulneró el derecho fundamental a la participación política, pues no se les privó del cargo, lo que les permitió continuar en el ejercicio de las funciones representativas derivadas de su elección y, con ello, participar en el proceso de toma de decisiones del consistorio y controlar del ejercicio el poder municipal, facultades que integran el contenido esencial del derecho fundamental a la participación política.

Finalmente, en la STC 191/2013, de 18 de noviembre, la Sala Primera otorgó el amparo al portavoz de un grupo parlamentario de las Cortes Valencianas a quien la Mesa de la Cámara había inadmitido dos peticiones de comparecencias de antiguos altos cargos de la Administración autonómica, con el argumento de que, en el momento de formalizarse las solicitudes de comparecencia, esas personas habían cesado en el ejercicio de sus funciones como altos cargos autonómicos. La Sentencia concluyó que el requisito de que las personas se hallen en el ejercicio efectivo del cargo al momento de solicitarse su comparecencia no encuentra apoyo explícito en el texto del Reglamento de las Cortes Valencianas y representa, por tanto, una interpretación de la norma que no favorece en modo alguno la eficacia del derecho fundamental que se trataba de ejercer en esta ocasión. La STC 191/2013 cuenta con un voto particular discrepante.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

En epígrafes anteriores se han mencionado varias sentencias en las que se enjuició la eventual vulneración del derecho a la tutela judicial resultante de una inadecuada ponderación del contenido de un derecho fundamental sustantivo (entre otras, SSTC 152/2013, 187/2013 y 192/2013, que otorgaron el amparo y 10/2013 y 12/2013, que lo denegaron). A continuación se reseñan aquellas que examinan de manera autónoma denuncias de infracción de las diferentes vertientes del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

a) Acceso a la justicia y a los recursos legales

Tres sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su vertiente de acceso a la justicia.

En la STC 106/2013, de 6 de mayo, la Sala Primera declaró la vulneración del derecho de acceso a la justicia resultante de una interpretación de los preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil dedicados a la reconvención que dio como resultado su transformación en un instrumento procesal de utilización obligada por el demandado. Esta Sentencia concluyó que esta interpretación de la ley procesal había ocasionado una restricción desproporcionada de los derechos del inicialmente demandado que, de manera legítima, había optado por no reconvenir y llevar sus alegaciones y pretensiones a un nuevo proceso.

La Sala Segunda otorgó sendos amparos en las SSTC 185/2013, de 4 de noviembre, y 194/2013, de 2 de diciembre. En el caso enjuiciado en la primera de estas sentencias la vulneración del derecho fue causada por la inadmisión de una demanda por despido al no haberse intentado celebrar el acto previo de conciliación hasta el momento en que el actor fue requerido al efecto y se le dio un plazo para que acreditase el cumplimiento de este trámite. La STC 185/2013 reiteró la doctrina de la STC 69/1997, de 8 de abril, conforme a la cual el plazo conferido para la subsanación no lo es solo para la acreditación formal de que temporáneamente fue cumplido el requisito procesal exigible, sino también para la realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado. La STC 194/2013 otorgó el amparo respecto de la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la autorización administrativa de un expediente de regulación de empleo que fue calificado de extemporáneo porque el actor había intentado infructuosamente la impugnación de dicha autorización ante la jurisdicción social. A esta sentencia se formularon dos votos particulares discrepantes.

Finalmente, la Sala Primera, en la STC 209/2013, de 16 de diciembre, desestimó el recurso en un supuesto en el que se controvertían dos sentencias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que no habían entrado a examinar el fondo de las pretensiones al acoger la tesis de la Administración tributaria acerca de la extemporaneidad de la reclamación económico-administrativa previa. Esta Sentencia declaró que, si bien existían otros criterios de cómputo del plazo para la interposición del recurso de alzada en vía administrativa más favorables para la admisión del recurso contencioso-administrativo, no por ello puede tildarse de irrazonable el empleado por los órganos jurisdiccionales que intervinieron en el caso y que situaba el término del cómputo en el día cuyo ordinal coincide con el de la notificación del acto administrativo que se pretende impugnar.

Reiterando la doctrina sentada en las SSTC 129/2012 y 130/2012, de 18 de junio, acerca de la posibilidad de subsanar el depósito previo para recurrir establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las SSTC 73/2013 y 74/2013, de 8 de abril, otorgaron el amparo por vulneración del derecho de acceso a los recursos legales en relación con sendas resoluciones jurisdiccionales que negaron eficacia a la constitución del depósito en el plazo conferido para la subsanación del defecto de que adolecían los correspondientes recursos de apelación.

La STC 90/2013, de 22 de abril, desestimó un recurso de amparo interpuesto frente a una resolución judicial que inadmitió un recurso de apelación porque al momento de su presentación el procurador carecía absolutamente de poder de representación. Esta Sentencia declaró que la consideración de este defecto como insubsanable no resulta irrazonable, arbitraria ni incursa en error patente, por lo que no puede calificarse de contraria al derecho a la tutela judicial en su vertiente de acceso al recurso legal.

b) Interdicción de la indefensión

Cuatro sentencias estimaron otros tantos recursos de amparo por vulneración de la prohibición de indefensión establecida por el art. 24.1 CE.

La STC 76/2013, de 8 de abril, reiteró la doctrina de la STC 242/2012, de 17 de diciembre, conforme a la cual el carácter de norma general del acto impugnado no excluye el deber de emplazamiento de los interesados identificados o susceptibles de serlo por tener una relación singular con el objeto del proceso. En este caso el demandante de amparo era titular de derechos subjetivos afectados directamente por el instrumento de planeamiento urbanístico controvertido en un proceso contencioso-administrativo al que, sin embargo, no fue llamado. En la STC 79/2013, de 8 de abril, se otorgó el amparo a una sociedad mercantil que, pese a figurar como titular del bien en el Registro de la Propiedad, no fue emplazada a un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se subastó y adjudicó una vivienda de su propiedad. A su vez, en la STC 122/2013, de 20 de mayo, se otorgó el amparo a quienes no fueron objeto de emplazamiento personal en un procedimiento de ejecución hipotecaria, pese a que su domicilio figuraba en la documentación aportada por la parte actora junto con la demanda. Finalmente, la STC 197/2013, de 2 de diciembre, estimó el recurso de quienes fueron objeto de emplazamiento edictal en un juicio de desahucio por precario sin que se hubieran agotado las posibilidades de indagación de su paradero.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

En tres sentencias —SSTC 1/2013 y 2/2013, de 14 de enero, y 32/2013, de 11 de febrero— se otorgó el amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en lo que concierne a la necesaria fundamentación en Derecho de las resoluciones jurisdiccionales, respecto de tres sentencias en las que los órganos judiciales se apartaron conscientemente de la doctrina que, en materia de prescripción de los delitos, fue establecida en las SSTC 63/2005, de 14 de marzo, y 29/2008, de 20 de febrero. Pese a que de acuerdo con dicha doctrina, vinculante para los órganos judiciales por mor de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para entender interrumpido el plazo de prescripción de los delitos y las faltas penales es precisa la existencia de un acto de interposición judicial, las resoluciones judiciales controvertidas habían otorgado eficacia interruptora de la prescripción a la sola presentación de una denuncia o querella y prescindido, por consiguiente, de la necesidad de que se dirigiera un proceso penal contra una persona determinada.

La STC 108/2013, de 6 de mayo, otorgó el amparo al constatar que se hallaban incursas en este mismo vicio constitucional las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en incidente de tasación de costas que, pese a la inexistencia de previsión legal alguna que permitiera impugnar por excesivos los derechos de los profesionales sujetos a arancel, habían acordado la reducción de los presentados por el procurador de los tribunales actuante en el proceso al considerarlos excesivos. La Sentencia concluyó que no resulta acorde con el derecho a la tutela judicial la inaplicación de la norma reglamentaria por la que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores sin formular razonamiento alguno sobre su ilegalidad. La resolución de otro incidente de tasación de costas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dio lugar al otorgamiento del amparo, por vulneración de la tutela judicial efectiva, en la STC 121/2013, de 20 de mayo. Esta Sentencia declaró contrario al derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada las decisiones adoptadas por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que, desatendiendo lo expresamente acordado en ese mismo proceso por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia, rechazaron la solicitud de determinación de las costas procesales que expresamente habían sido declaradas en favor del actor y luego demandante de amparo.

La STC 133/2013, de 5 de junio, estimó el recurso de amparo y anuló la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que había condenado a once magistrados del Tribunal Constitucional en un proceso por responsabilidad civil. La STC 133/2013 declaró vulnerado el derecho a una resolución jurídicamente fundada en cuanto que el órgano judicial sentenciador no había aplicado ni valorado razonadamente la existencia de una prohibición constitucional y legal de revisar y controlar el contenido de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional por ningún otro órgano del Estado.

A su vez la STC 177/2013, de 21 de octubre, aplicó la doctrina de la STC 187/2012, de 29 de octubre, y declaró contraria a la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva que ahora nos ocupa una resolución judicial que inaplicó una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. A esta Sentencia se formuló un voto particular discrepante.

Por el contrario, la STC 27/2013, de 11 de febrero, desestimó el recurso interpuesto en relación con una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que había confirmado en casación otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sin plantear, tal y como había solicitado la parte actora, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La STC 27/2013, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró que la sentencia controvertida fundamentó su negativa en una interpretación razonable del régimen jurídico de la cuestión prejudicial, atendiendo en particular a la doctrina del “acto claro”.

Igualmente desestimatoria del recurso de amparo, fundado asimismo en la denuncia de infracción del derecho a una resolución jurídicamente fundada, fue la STC 78/2013, de 8 de abril. En esta ocasión las resoluciones judiciales impugnadas habían condenado al demandante de amparo por un delito de lesiones, declarando la STC 78/2013 que no podía considerarse arbitraria la negativa, fundada en la pasividad procesal del entonces acusado, a apreciar la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Esta misma Sentencia hizo hincapié en que no debe confundirse el contenido del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas con la decisión legislativa de admitir en algunos casos de dilación procesal la atenuación de la pena.

Tampoco se apreció infracción alguna del derecho a la tutela judicial, en relación con la fundamentación jurídica de las resoluciones judiciales, en la STC 44/2013, de 25 de febrero, resolutoria de un recurso de amparo promovido respecto de la declaración judicial de extinción de un proceso laboral por desaparición sobrevenida de su objeto, en la medida en que durante la pendencia del proceso el convenio colectivo que en él se controvertía había sido sustituido por un nuevo convenio. La STC 44/2013 declaró que la decisión de poner fin al proceso se fundó en una causa legal aplicada al caso de manera razonada y sin incurrir en una interpretación restrictiva del derecho a la tutela judicial. Igualmente desestimatoria del recurso fue la STC 56/2013, de 11 de marzo. El objeto de la demanda de amparo resuelta en esta ocasión fue una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, apartándose de los pronunciamientos habidos en las sucesivas instancias, condenó a una sociedad mercantil a abonar una indemnización por incumplimiento contractual. De acuerdo con la STC 56/2013, la revisión de los hechos y de la fundamentación jurídica llevada a cabo por el tribunal de casación no podía tildarse de arbitraria ni irrazonable, por lo que no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.

También denegó el amparo la STC 127/2013, de 3 de junio, que resolvió un recurso en el que se impugnaba una sentencia dictada en procedimiento sobre relaciones paterno-filiales que afirmó, de manera razonada y fundada en Derecho, la licitud del traslado a Bélgica de una menor. Según concluyó la STC 127/2013, analizada desde la perspectiva del interés superior del menor, la resolución judicial controvertida en el proceso constitucional estableció un régimen de relaciones paterno-filiales estable y eficaz, tanto en España como en Bélgica, siendo respetuosa tanto con el derecho a la tutela judicial efectiva como con el principio de protección integral de la familia.

La STC 128/2013, de 3 de junio, denegó el amparo promovido frente a las resoluciones judiciales que, confirmando la previa decisión administrativa, excluían a los primos del régimen de comunicación vis a vis establecido para los familiares de los internos en centros penitenciarios. La sentencia no apreció vulneración del derecho a una resolución jurídicamente fundada y motivada, pues la normativa penitenciaria contempla expresamente la posibilidad de limitar este tipo de visitas, atendiendo a razones de seguridad o a las necesidades del buen orden del establecimiento penitenciario. La limitación impuesta, que no impide las visitas de los primos del recurrente, se consideró respetuosa con el principio de proporcionalidad al ser adecuada al fin perseguido —garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del centro penitenciario— y no se extendió más allá de lo estrictamente preciso.

La STC 169/2013, de 7 de octubre, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haber incurrido en incongruencia una sentencia dictada en suplicación laboral. Pese a que en el proceso al que puso fin dicha sentencia se había alegado exclusivamente acerca de la nulidad o improcedencia del despido que constituía su objeto, la estimación del recurso de suplicación se basó en un motivo —la condición de delegado sindical del trabajador y la consiguiente atribución al mismo del derecho de opción en caso de despido improcedente— que no solo no había sido esgrimido, sino que contradecía frontalmente lo solicitado por el demandante.

d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes

La STC 126/2013, de 3 de junio, desestimó el recurso de amparo promovido en relación con la modificación de lo acordado en una sentencia firme, pues la revisión de esta resolución fue consecuencia de la estimación de un incidente de nulidad de actuaciones por infracción del derecho a la prueba en el proceso contencioso-administrativo. La reparación de la lesión del derecho fundamental requería, por consiguiente, una nueva valoración del material probatorio. A su vez, la STC 211/2013, de 16 de diciembre, otorgó el amparo respecto de las resoluciones jurisdiccionales que obligaban al actor a iniciar un nuevo proceso contencioso-administrativo frente a los actos que la propia Administración declaraba expresamente haber dictado en ejecución de sentencia.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Juez imparcial

La STC 149/2013, de 9 de septiembre, estimó un recurso de amparo al apreciar vulneración del derecho al juez imparcial en un supuesto en el que los tres magistrados que pronunciaron la sentencia que condenó al recurrente por un delito de usurpación habían dictado en ese mismo proceso penal un auto revocando el archivo de las actuaciones. Según destacó la STC 149/2013, la decisión de revocar el archivo no fue resultado del ejercicio de un control meramente formal, sino fruto de una valoración distinta de las diligencias de instrucción, plasmada en la introducción de argumentos no aportados por los recurrentes y en la reconsideración de elementos nucleares para apreciar la existencia de un delito, así como su eventual calificación jurídica, lo que determinó la pérdida de la imparcialidad objetiva de los magistrados actuantes. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante.

b) Derecho a un proceso con todas las garantías

Cuatro sentencias —SSTC 43/2013, de 25 de febrero; 118/2013, 119/2013 y 120/2013, de 20 de mayo— estimaron otros tantos recursos de amparo promovidos con respecto a la misma resolución judicial que había dado lugar al pronunciamiento estimatorio de la STC 144/2012, de 2 de julio, por vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, resultante de la condena dictada en apelación valorando pruebas de carácter personal sin celebrar vista oral y contraviniendo, por consiguiente, la doctrina sentada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Todas estas sentencias declararon la vulneración de los mismos derechos fundamentales que dieran lugar a la estimación del recurso de amparo resuelto en la STC 144/2012.

La STC 88/2013, de 11 de abril, otorgó igualmente el amparo en aplicación de la doctrina sentada en la STC 167/2002 acerca de las garantías de la segunda instancia penal. En esta sentencia el Pleno dio una nueva interpretación al artículo 85.2 LOTC, relativo al lugar de presentación de los escritos de iniciación del proceso de amparo. De acuerdo con esta nueva interpretación, dichos escritos pueden presentarse, en cualquier momento del plazo para la interposición del recurso de amparo, ante el registro general del propio Tribunal Constitucional o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad española. A esta Sentencia se formuló un voto particular parcialmente discrepante. Igualmente con aplicación de la doctrina de la STC 167/2002, las SSTC 105/2013, de 6 de mayo; 157/2013, de 23 de septiembre, a la que se formuló un voto particular, y 195/2013, de 2 de diciembre, estimaron los correspondientes recursos de amparo. Por su parte, la STC 184/2013, de 4 de noviembre, otorgó el amparo respecto de una sentencia que invocó erróneamente la doctrina de la STC 167/2002 para rechazar la posibilidad de revisar una condena penal impuesta en la primera instancia.

La STC 53/2013, de 28 de febrero, otorgó el amparo por vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías a quien fue condenado a partir de las declaraciones prestadas en dependencias policiales y no reproducidas en el acto del juicio oral, quebrantándose así las garantías de inmediación, contradicción y publicidad. Igualmente estimatoria del recurso fue la STC 75/2013, de 8 de abril, que apreció vulneración de este mismo derecho fundamental en la condena penal dictada a partir únicamente del testimonio prestado por un testigo anónimo cuya fiabilidad no pudo ser contrastada por los acusados. Esta sentencia destacó que, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la declaración de un testigo anónimo debe reunir tres requisitos para que pueda ser considerada prueba de cargo válida: que su práctica haya sido acordada en resolución motivada por el órgano judicial, con ponderación razonable de los intereses en conflicto; que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en su caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio y, por último, que la declaración del testigo anónimo concurra acompañada de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por sí sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. La ausencia del segundo de estos requisitos determinó, en esta ocasión, el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías.

La STC 177/2013, ya reseñada con anterioridad, otorgó el amparo en relación con las resoluciones judiciales que inaplicaron una ley autonómica sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. La estimación del recurso se basó tanto en la apreciación de la vulneración del derecho a una resolución jurídicamente fundada, como en la consideración de que las resoluciones controvertidas quebrantaron las garantías del proceso debido y causaron indefensión a la mercantil recurrente, pues se le privó de la posibilidad de hacer uso del trámite de alegaciones propio del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Finalmente, la STC 57/2013, de 11 de marzo, denegó el amparo a un condenado por delitos de abuso sexual, valorando la exploración pericial de las víctimas, menores de edad, llevada a cabo en la fase de instrucción. La exploración fue grabada en soporte audiovisual y reproducida en la vista oral junto con el informe psicosocial emitido por la psicopedagoga forense, de modo que el acusado tuvo oportunidad de cuestionar las manifestaciones efectuadas por las menores en fase sumarial.

c) Derecho a la prueba

La STC 212/2013, de 16 de diciembre, estimó un recurso de amparo promovido por una trabajadora despedida por la comisión de un ilícito acreditado por la empresa con las imágenes captadas por una cámara de vigilancia. La citada trabajadora adujo en su defensa que esa cámara estaba instalada y operativa en un lugar que los empleados utilizaban como vestuario, lo que implicaba que la captación de imágenes en ese espacio habría vulnerado su derecho a la intimidad. Para acreditar este extremo presentó un DVD con las grabaciones efectuadas en dicho lugar. Esta prueba fue admitida e incorporada al proceso y, sin embargo, el contenido de ese soporte audiovisual no fue exhibido durante el acto del juicio oral, pese a la solicitud expresa al respecto formulada por la parte actora. La sentencia declaró vulnerados los derechos fundamentales a la prueba, admitida y no practicada, y a la defensa, pues se impidió al letrado de la demandante formular preguntas a su cliente.

d) Presunción de inocencia

Como ya se indicado anteriormente, aplicando la doctrina de la STC 144/2012, las SSTC 43/2013, 118/2013, 119/2013 y 120/2013 otorgaron el amparo a quienes habían sufrido vulneración de sus derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia al haber sido condenados en apelación sin celebración de vista oral y a partir de una nueva valoración de pruebas de carácter personal. Por este mismo motivo otorgó el amparo la STC 88/2013, también reseñada en el apartado correspondiente al derecho a un proceso con todas las garantías. A su vez la STC 22/2013, de 31 de enero, estimó un recurso de amparo interpuesto en relación con una sentencia condenatoria por la comisión de dos delitos de homicidio impudente en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores. El pronunciamiento condenatorio se alcanzó sin concretar los medios de prueba de los que dimanara la imputación racional de estos ilícitos penales al acusado por su falta de diligencia en cuanto al control de los riesgos laborales causantes del fallecimiento de los trabajadores.

Otras tres sentencias denegaron el amparo por vulneración, entre otros y destacadamente, del derecho a la presunción de inocencia. La STC 151/2013, de 9 de septiembre, desestimó el recurso promovido frente a una condena por delito de homicidio sustentada fundamentalmente en la valoración de la confesión efectuada, contando con asistencia letrada, por el entonces imputado en fase de instrucción. Esta Sentencia descartó la vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, pues las manifestaciones realizadas en fase de instrucción se incorporaron al proceso mediante el interrogatorio en el acto del juicio oral sobre las contradicciones existentes entre lo afirmado durante la vista y la declaración prestada ante el juez de instrucción, uniéndose el testimonio de esta declaración al acta que se entregó al tribunal del jurado. La STC 199/2013, ya mencionada, rechazó que la valoración como prueba inculpatoria del análisis de una muestra de ADN obtenida sin autorización judicial vulnerase los derechos fundamentales a no declarar contra uno mismo y a la presunción de inocencia. Otro tanto hizo la STC 205/2013, que desestimó tres recursos de amparo interpuestos frente a la condena por no haber disuelto el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak en el Parlamento Vasco ordenada por la Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo. Se formularon dos votos particulares a la STC 199/2013 y uno a la STC 205/2013.

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

Cuatro sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la legalidad penal. Tres de ellas, las ya reseñadas SSTC 109/2013, 152/2013 —a la que se formuló un voto particular discrepante— y 192/2013, declararon vulnerado el derecho a la tutela judicial, en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal, en relación con diferentes interpretaciones judiciales del régimen de prescripción de las penas que introducían causas de suspensión no previstas legalmente. La STC 196/2013, de 2 de diciembre, otorgó el amparo por vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal a quien había sido condenado por un delito de sustracción de menores. Esta Sentencia destacó que la interpretación de la definición legal del tipo penal efectuada por el órgano judicial sentenciador había prescindido de cualquier valoración relativa a la concurrencia de ánimo doloso en el incumplimiento del deber de guarda y custodia del menor.

Otras tres sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a la legalidad en materia sancionadora. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 111/2004, de 12 de julio, las SSTC 30/2013, de 11 de febrero, y 45/2013, de 25 de febrero, anularon las sanciones impuestas a los demandantes de amparo por no haber aportado datos suficientes para identificar a los conductores de los vehículos con los que se habían cometido sendas infracciones de tráfico, pues el deber de identificación que pesa sobre el titular del vehículo ha de entenderse satisfecho con la aportación del nombre, apellidos y domicilio del supuesto responsable, no siéndole exigible que comunique, además, otros datos personales como el número del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. La STC 107/2013, de 6 de mayo, aplicando la doctrina de la STC 90/2012, de 7 de mayo, anuló la sanción impuesta a una bodega por la comisión de una infracción tipificada, sin carácter básico, en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino. Según se reiteró en la STC 107/2013, la remisión a las infracciones administrativas recogidas en la legislación básica en la materia efectuada por el legislador autonómico no puede interpretarse de tal modo que suponga la aplicación de cualquier precepto de la legislación estatal con abstracción de que posea o no el carácter de básico.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación

Durante el año 2013 el Servicio ha llevado a cabo diversos estudios, en apoyo de las actividades del Tribunal, y ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha prestado especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho.

En 2013 se llevó a cabo la tercera convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo del Pleno de 11 de abril de 2013 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 99, de 25 de abril de 2013). Fue otorgada mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 10 de septiembre de 2013 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 229, de 24 de septiembre de 2013).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 3.743 títulos, de los cuales

a) Por compra: 3.586

b) Por donación: 157.

Revistas: han dejado de recibirse en versión impresa ocho títulos de revistas que, a partir de 2013, se reciben en formato digital a través de bases de datos, junto con otras revistas de acceso en línea que han sido integradas en el catálogo. Además, se han dado de baja 29 suscripciones de revistas en papel.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 411.982 registros bibliográficos. Durante el año 2013 se han incorporado al catálogo 27.465 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

— 3.937 libros nuevos, de los cuales 314 en formato digital;

— 15.133 artículos de revistas;

— 8.258 capítulos de obras colectivas;

— 137 publicaciones periódicas, de las cuales 116 revistas electrónicas.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 142.784. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 9.504 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido a los fondos de la biblioteca 4.063 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revista y capítulos de obras colectivas. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 12 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico.

E) Encuadernación:

Han sido encuadernados 126 volúmenes de revistas y boletines; además, han sido restaurados 7 volúmenes.

2) Servicios a los lectores

La Biblioteca ha realizado un total de 2.256 préstamos de libros y 2.182 devoluciones. Ha atendido 16.723 consultas a través de la aplicación informática, así como 2.011 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total 4.368 recursos bibliográficos: 1.856 libros; 1.875 artículos de revistas; y 637 artículos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

— Biblioteca Nacional.

— Bibliotecas universitarias.

— Biblioteca del Congreso de los Diputados.

— Biblioteca del Senado.

— Biblioteca del Consejo General del Poder Judicial.

— Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

— Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

— Bibliotecas de Ministerios.

— Bibliotecas de Tribunales.

— Bibliotecas de Academias.

— Bibliotecas de Colegios de Abogados.

— Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

— Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 74), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el año 2013 se realizaron un total de 15 visitas, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Durante el año 2013 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado el tomo de la colección “Jurisprudencia constitucional” correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2011 (tomo 89).

Se ha continuado elaborando el “Boletín de jurisprudencia constitucional”, que resume y sistematiza la doctrina del Tribunal Constitucional y se distribuye internamente como material de trabajo para los Magistrados y Letrados del Tribunal. Asimismo, el Servicio de Doctrina constitucional ha seguido facilitando la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, remitiendo cuatrimestralmente una selección de sentencias del Tribunal Constitucional para su incorporación a la base de datos “Codices” y su inclusión en los boletines de jurisprudencia constitucional que edita dicha institución.

Por Acuerdo del Pleno de 11 de abril de 2013, hecho público mediante resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 16 de abril de 2013, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 99, de 25 de abril del mismo año, se llevó a cabo la décima convocatoria de becas de formación jurídica en doctrina constitucional. Estas becas fueron concedidas por resolución de la Presidencia del Tribunal de 10 de septiembre de 2013, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 229, de 24 de septiembre.

El trabajo conjunto de los servicios de Doctrina constitucional y de Informática ha permitido continuar con las labores de actualización, normalización y depuración del contenido e índices de la base de datos de “Jurisprudencia constitucional”, incorporado a la web del Tribunal Constitucional, haciendo hincapié en la edición automática de los tomos de la colección “Jurisprudencia constitucional” y en la inclusión del “tesauro de jurisprudencia constitucional” a su motor de búsqueda, a fin de facilitar la consulta de la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional.

3. Servicio de Informática

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es).

Durante el año 2013, la página web del Tribunal recibió 688.327 visitas, de un total de 446.455 visitantes diferentes, lo que hace un promedio de 1,88 visitas por visitante.

Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media anual
Total de visitas | 790.225 | 677.805 | 799.715 | 792.339 | 688.327 | 749.682
Promedio de visitas diarias | 2.165 | 1.857 | 2.191 | 2.171 | 1.886 | 2.054
Total de visitantes | 790.284 | 449.165 | 517.069 | 478.144 | 446.455 | 536.223
Promedio de visitantes al día | 2.156,00 | 1.231,00 | 1.417,00 | 1.310,00 | 1.223,16 | 1.469

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios con origen en España (el 82,11 por 100). Del resto de accesos, el 9,69 por 100 se efectuó desde países de Iberoamérica, el 4,24 por 100 desde países europeos, el 1,32 por 100 desde los Estados Unidos y Canadá, el 0,30 por 100 desde países africanos, el 0,13 desde China y el 0,03 por 100 desde Australia. Sólo un 2,18 por 100 de los accesos se hizo desde dominios de origen desconocido.

De los países iberoamericanos, el mayor número de visitas se produjo desde Perú (2,37 por 100 del total), México (1,56 por 100), Colombia (1,24 por 100), República Dominicana (0,86 por 100), Bolivia (0,74 por 100), Argentina (0,62 por 100), Venezuela (0,46 por 100), Chile (0,39 por 100) y Ecuador (0,32 por 100).

Los países europeos desde los que se ha producido el mayor número de visitas son Francia (0,76 por 100 del total), Gran Bretaña (0,71 por 100), Italia (0,61 por 100), Alemania (0,45 por 100) y Portugal (0,18 por 100).

Desde el continente asiático, Corea del Sur es el país desde el que se realizó el mayor número de visitas (el 0,05 por 100 del total), seguido de China (0,05 por 100) y Japón (0,04 por 100).

El apartado más consultado ade la página web ha sido el de “Jurisprudencia constitucional” con 1.728.944 visitas. Los usuarios proceden principalmente de España (89,53 por 100) y el resto se localizan en Iberoamérica (5,32 por 100), países europeos (3,11 por 100), Estados Unidos y Canadá (1,52 por 100), China y resto de Asia (0,48 por 100) y otros (0,03 por 100). Las búsquedas se han efectuado en un 58,91 por 100 a través de la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en un 24,34 por 100 desde el portal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (www.boe.es) y en un 16,75 por 100 mediante buscadores de internet (a través del portal hj.tribunalconstitucional.es), siendo los usuarios principales de estos últimos las universidades, las asociaciones y colegios profesionales, las Administraciones públicas y las redes sociales.

Por orden de importancia en las consultas, se han realizado 499.485 búsquedas de jurisprudencia a través del “Buscador de jurisprudencia constitucional”, generándose 461.866 documentos de las resoluciones seleccionadas; se ha accedido en 456.603 ocasiones al apartado de “Sentencias”; se han realizado 106.538 consultas al apartado de “Sentencias más recientes” y otras 171.024 consultas al de “Autos”. Por último, el apartado “Composición y organización del Tribunal” ha tenido 74.478 consultas.

De los ficheros existentes en la página web los más descargados fueron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (con 53.624 descargas); la Nota de Prensa 60/2013, relativa al secreto de las comunicaciones en el control del correo electrónico corporativo por una empresa (37.460 descargas); la STC 103/2013, en relación con la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local (3.690 descargas); y, por último, la STC 201/2012, referente a la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales (2.201 descargas).

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org) ha registrado 13.375 visitas, de un total de 8.267 visitantes, con un promedio de 1,62 visitas por visitante. El total de consultas a los diferentes apartados (fotografías, videos, documentos, etc.) fue de 530.267, con un promedio de 39,65 elementos consultados por visita.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web han sido España (108.313 consultas), República Dominicana (58.936), Estados Unidos (45.442), México (36.748), Venezuela (28.674), Chile (26.602), Colombia (23.822), Perú (21.418) y Guatemala (16.776).

Los documentos más descargados fueron el “Cuestionario de Corte Suprema de Justicia de México para la Conferencia de Cádiz 2012” (1.675 descargas); los “Avances jurisprudenciales en materia de género en Guatemala” (1.608 descargas); “Constitución y género” en el Seminario en Antigua Guatemala (1.397 descargas); el “Cuestionario de Corte de Constitucionalidad de Guatemala para la Conferencia de Cádiz 2012” (979 descargas); el “Resumen de las respuestas a la Conferencia de Cádiz 2012” (815 descargas); y “Avances jurisprudenciales en materia de género en Guatemala” (717 descargas).

Los apartados más visitados fueron, en el siguiente orden, los referentes a la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional a celebrar los días 12 a 15 de marzo de 2014 en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana); los de carácter general relacionados con la propia Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional; los relativos al Seminario sobre “La potestad financiera en la Justicia Constitucional” desarrollado en la ciudad de Antigua (Guatemala, 2013); y los relacionados con la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en la ciudad de Cádiz, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2012.

Durante el año 2013, el Servicio de Informática, además de seguir avanzando hacia la “administración electrónica”, ha promovido la unificación del servicio de comunicaciones de voz (telefonía fija y móvil) y de datos (informáticas) del Tribunal, consiguiendo con ello una importante reducción de costes; ha acometido el desarrollo de una nueva solución de control de acceso a los edificios del Tribunal Constitucional tanto de personas como de vehículos; y ha realizado una auditoría externa para la comprobación del nivel de seguridad en los accesos a los servicios internet ofrecidos por el Tribunal con un resultado satisfactorio.

Por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 2013 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 78, de 1 de abril), se concedieron las tres becas de formación relacionadas con la informática del Tribunal Constitucional que habían sido convocadas por el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de noviembre de 2012 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 290, de 3 de diciembre).

Por último, el Tribunal ha suscrito el día 12 de junio de 2013 un Convenio de colaboración con la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional para la prestación del servicio de alojamiento web. Este convenio tiene como finalidad prestar el servicio de alojamiento en los servidores del Tribunal de la página web de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (ALTC) y el tratamiento informático de su “Fichero de asociados”, dotando a este último de las medidas de seguridad exigidas por la normativa de protección de datos de carácter personal.

4. Servicio de Gerencia

En el área de gestión de recursos humanos debe destacarse, en primer término, la firma, tras la pertinente negociación, del sexto convenio colectivo del personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional, el cual ha sido publicado en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” del día 21 de diciembre de 2013. En este mismo ámbito, se ha seguido el procedimiento para la adscripción de personal funcionario al servicio del Tribunal Constitucional, referido a dos plazas de administrativo (una en el Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación y la otra en la Gerencia), resolviéndose los correspondientes concursos de méritos por sendas Resoluciones de la Presidencia del Tribunal de 5 de julio y 2 de octubre de 2013, publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” núms. 165 y 243, de 12 de julio y 10 de octubre, respectivamente.

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 607 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
48 | 1
437 | 2
78 | 4
34 | 6
10 | 8

Además se han tramitado 24 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 1.001.248,08 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables refleja, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria.

En lo que respecta a la gestión del edificio sede del Tribunal Constitucional y sus instalaciones debe reseñarse la tramitación de los procedimientos de contratación para la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica y los de servicios de comunicaciones de voz y datos, de limpieza y de mantenimiento de instalaciones del edificio sede y otras dependencias del Tribunal. En este mismo plano resulta destacable, por último, la realización de obras para la sustitución de conductos del sistema de aire acondicionado y la sustitución de módulos en el cuadro general de baja tensión.

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos

1) Documentación jurisdiccional: En 2013 han ingresado por transferencia un total de 768 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General.

2) Documentación no jurisdiccional: Ingresaron 273 unidades de instalación.

B) Descripción y reproducción

Durante 2013 el Archivo General del Tribunal Constitucional prosiguió sus trabajos de organización, normalización de datos descriptivos e integración de registros en bases de datos:

1) Documentación jurisdiccional: Se incorporaron a la base de procesos constitucionales del Archivo General un total de 6.587 nuevos registros, que incrementan el total de procesos registrados en dicha base de datos (documentos compuestos o expedientes; y documentos simples, que no se agrupan en expedientes) hasta los 171.667, una vez realizadas las pertinentes depuraciones.

2) Documentación no jurisdiccional: 26.921 nuevos registros de base de datos, que incrementan ésta hasta los 211.352.

Asimismo se han digitalizado un total de 6.012 expedientes, con un total de 28.045 páginas.

Además, en 2013 se ha finalizado la digitalización de Autos que, por considerarse reiterativos, no se publicaron antaño en la colección de Jurisprudencia Constitucional y que ahora se incluirán en la base de datos de jurisprudencia disponible en internet. Se han digitalizado hasta 31 de diciembre de 2013 un total de 4.385 Autos, tarea que incluyó inicialmente la corrección del texto obtenido por reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Asimismo se ha procedido a la descripción en base de datos e instalación en soportes adecuados de diversos medios audiovisuales (CD/DVD, cintas de audio y video y otros soportes), con un total de 651 registros.

Finalmente, se ha procedido a la descripción y digitalización de un total de 204 imágenes fotográficas.

C) Gestión documental

Se ha avanzado en la definición de la política de gestión de documentos del Tribunal, una vez aprobada la norma técnica de interoperabilidad del mismo nombre en desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad, y se han elaborado el esquema de metadatos común para la gestión de documentos en el Tribunal Constitucional y el cuadro general de clasificación funcional del Tribunal.

Han proseguido los trabajos de desarrollo informático necesarios para integrar la plataforma de gestión documental con las diversas aplicaciones de tramitación actualmente implantadas en el Tribunal Constitucional.

D) Servicios a usuarios

Durante 2013 se han realizado 997 préstamos de documentación del Archivo General (un incremento del 1,52 por 100 sobre el año anterior), además de atender un total de 210 solicitudes de documentación digitalizada y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

E) Becas de formación. Recursos humanos

En 2013 las personas a quienes se concedieron las becas de formación en archivística y gestión documental convocadas por Resolución de 30 de abril de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 129, de 30 de mayo), han seguido desarrollando en el Archivo General las actividades previstas en las bases reguladoras de dicha convocatoria.

F) Mejora de instalaciones

En 2013 se ha procedido a la instalación en los depósitos del Archivo General de un sistema de registro informático de valores termohigrométricos.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en la redacción que le dio la Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2013 ascendieron a 24.284,22 miles de euros, lo que representa una disminución del 4,89 por 100, esto es, 1.247,61 miles de euros, respecto del ejercicio 2012, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 25.531,83 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

Capítulo 1 (Gastos de personal): 17.067,90 miles de euros.

Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 5.728,56 miles de euros.

Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 782,76 miles de euros.

Capítulo 6 (Inversiones reales): 657,00 miles de euros.

Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2013 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 17.067.900,00 | 15.957.627,25 | 93,49 por 100
Capítulo 2 | 5.728.560,00 | 4.371.140,44 | 76,30 por 100
Capítulo 4 | 782.760,00 | 507.150,60 | 64,79 por 100
Capítulo 6 | 657.000,00 | 447.561,24 | 68,12 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 31.450,00 | 65,52 por 100
Total | 24.284.220,00 | 21.314.929,53 | 87,77 por 100

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

27 de mayo

IV Jornadas Jurídicas de Ceuta, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial.

5 de junio

Pleno jurisdiccional en el Palacio de Justicia de Toledo, el tercero que el Tribunal celebra fuera de su sede tras los organizados en Valencia y Cádiz en 2012.

29 de julio

Funeral oficial en Santiago de Compostela por las víctimas del accidente de tren en esa misma ciudad.

24-26 de octubre

XV Conferencia trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España sobre “Los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la jurisprudencia constitucional y de los Tribunales europeos”. Roma.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

7 de febrero

Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, don Francisco Rosales Argüello.

21 de febrero

Decana del Colegio de Abogados de Madrid, doña Sonia Gumpert.

18 de abril

Magistrados de la Corte Suprema de Guatemala.

20 de abril

Delegación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, encabezada por su Presidente, don Milton Ray Guevara.

20 de mayo

Embajador del Reino Unido, don Giles Paxman.

30 de mayo

Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, don Raúl Bertelsen Repetto.

26 de junio

Asociación de Juristas de la Federación Rusa, en colaboración con el Ministerio de Justicia.

11 de julio

Magistrados de la Corte Constitucional del Ecuador.

7 de octubre

Fiscal General del Estado.

15 de octubre

Diplomáticos y Embajador de Francia, don Jerôme Bonnafont.

22 de octubre

Magistrado del Tribunal Constitucional de la República de Corea, don Cho Yon Gho.

REUNIONES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17 de enero

Visita de trabajo de una delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento de Finlandia para intercambiar experiencias sobre funcionamiento y organización de los respectivos sistemas de garantías constitucionales.

3-5 de febrero

Jornadas de trabajo con una delegación del Tribunal Constitucional de la República de Austria, encabezada por su Presidente, don Gerhart Holzinger, sobre “El papel de los Tribunales Constitucionales en la actual crisis económica”.

22-23 de mayo

Visita de trabajo de una delegación del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, encabezada por su Presidente, don Ruddy José Flores Monterrey. Organizada en cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco del Proyecto de cooperación delegada financiado por la Unión Europa “Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial boliviano”.

25-27 de septiembre

Estancia de trabajo de Jueces y Magistrados, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial.

30 de octubre

Visita de una delegación de jueces iberoamericanos en el marco del máster sobre “Tutela judicial de derechos fundamentales: La protección jurisdiccional en materia de género y menores”, organizado por la Universidad de Jaén, el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación de Magistrados de San Miguel de Santiago de Chile, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

8 de noviembre

Visita de trabajo de la 53ª Promoción de Fiscales.

10 de diciembre

Visita de Trabajo de Jueces y Magistrados del orden jurisdiccional social, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

21 - 22 de febrero

Conferencia organizada por el Consejo de Europa y el Tribunal Constitucional de Turquía sobre “Criterios de admisibilidad de recursos y medidas compensatorias”. Ankara.

22-26 de abril

Colaboración en el proyecto de “Fortalecimiento del Tribunal Constitucional dominicano” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Tribunal Constitucional dominicano. Santo Domingo.

6-10 de mayo

Seminario y talleres sobre “El Derecho Internacional de los Tratados”, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Sucre.

26-29 de mayo

Visita de trabajo de una delegación del Consejo Constitucional del Reino de Marruecos, encabezada por su Presidente, don Mohamed Achargui. Organizada conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del programa “Masar” de Acompañamiento a los Procesos de Gobernabilidad Democrática en el Mundo Árabe.

30 de mayo

Primera visita de estudio de una delegación de Jueces turcos en el marco del proyecto “Libertad de expresión y libertad de medios de comunicación en Turquía” (Consejo de Europa).

18 de junio

Segunda visita de estudio de una delegación de Jueces turcos en el marco del proyecto “Libertad de expresión y libertad de medios de comunicación en Turquía” (Consejo de Europa).

14-18 de octubre

Segundas Jornadas Nacionales sobre “Justicia Constitucional-Foro del Proceso Autonómico Local”, organizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cochabamba.

25 de octubre

Visita institucional de una delegación de Jueces egipcios en el marco del programa “Masar” sobre justicia transicional, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

2-5 de diciembre

Seminario iberoamericano sobre “Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales”, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cartagena de Indias.

10 de diciembre

Tercera visita de estudio de una delegación de Jueces turcos en el marco del Proyecto “Libertad de expresión y libertad de medios de comunicación en Turquía” (Consejo de Europa).

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

24 de enero

Conferencia del Presidente en el Club de Encuentro “Manuel Broseta”, sobre “Aspectos relevantes en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales”. Valencia.

25 de enero

Audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo.

12 de febrero

Participación en el acto de entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política al profesor don Juan Díez Nicolás.

15 de febrero

Conmemoración de la festividad del patrón del Colegio de Abogados de Barcelona, San Raimundo de Peñafort. Barcelona.

21 de marzo

Asistencia al acto de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

10 de mayo

Participación en la inauguración del segundo ciclo de conferencias sobre “Valores y Sociedad”, organizado por el Centro de Estudios de la Fundación Valsaín y el Ayuntamiento de Segovia, en el marco del programa “Europe Direct”.

29 de mayo

Presentación de la Memoria 2012 a S.M. el Rey.

13 de junio

Toma de posesión de los Magistrados don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López.

20 de junio

Toma de posesión de don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y de doña Adela Asua Batarrita como Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, del Tribunal.

25 de junio

Ceremonia de homenaje a las víctimas del terrorismo. Congreso de los Diputados.

3 de julio

Audiencia oficial de Su Majestad el Rey al Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, con motivo de su elección como Presidente del Tribunal.

6 de septiembre

Conferencia del Presidente sobre “La democracia constitucional y sus desafíos” en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander.

16 de septiembre

Apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

27 de septiembre

Trigésimo aniversario del Defensor del Pueblo. Palacio del Senado.

17 de octubre

Inauguración de las XIX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional sobre “Crisis y Constitución”. Burgo de Osma (Soria).

28 de octubre

Imposición de las Medallas al Mérito Policial con distintivo blanco por el Director General de la Policía, don Ignacio Cosidó, al Secretario General y a cinco funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el Tribunal.

4 de diciembre

Acto de juramento o promesa ante S.M. el Rey de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Palacio de la Zarzuela.

6 de diciembre

Celebración del aniversario de la Constitución española. Congreso de los Diputados.

12 de diciembre

Ceremonia de toma de posesión del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales las Actas de las XVIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Madrid (noviembre de 2012), que tuvieron como objeto de debate “Tribunal Constitucional y diálogo entre tribunales”.

Convenios de colaboración

El premio Francisco Tomás y Valiente, instituido por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, fue otorgado en su décima edición al profesor de Derecho Administrativo don Fabio Pascua Mateo, de la Universidad Complutense de Madrid, por su obra titulada “Fuentes y control del derecho parlamentario y de la administración parlamentaria”. El premio Francisco Tomás y Valiente se instituyó con carácter bienal en 1996 para estimular los estudios académicos sobre Constitución y Justicia Constitucional, a la que el homenajeado dedicó sus mejores esfuerzos bajo el signo de la libertad y la tolerancia, como Profesor, Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional.

La formalización de convenios de colaboración entre el Tribunal Constitucional y la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado ha sido práctica frecuente a lo largo de estos años para afrontar la realización de diferentes actividades conjuntas. Prueba de ello son los dos convenios firmados durante el año 2013: El primero fue suscrito el 11 de enero de 2013, para la difusión de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal y la publicación de la doctrina constitucional mediante la edición oficial de los tomos de la colección “Jurisprudencia Constitucional” y el adecuado enlace de los portales en internet de ambas instituciones. Un segundo convenio fue rubricado el 11 de junio de 2013, con el fin de que la Agencia cediera a favor del Tribunal los derechos sobre el diseño original de una imagen del edificio sede de éste. En cumplimiento de este convenio, la imagen fue inscrita en julio como marca nacional en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, el Tribunal Constitucional suscribió el día 12 de junio de 2013 un convenio de colaboración con la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, con la finalidad de prestar el servicio de alojamiento en los servidores del Tribunal a la página web de dicha Asociación así como el tratamiento informático de su “Fichero de asociados”, dotando a este último de las medidas de seguridad exigidas por la normativa de protección de datos de carácter personal.

Por último, el Tribunal Constitucional firmó un acuerdo de colaboración con la Università degli Studi di Milano el pasado 10 de diciembre de 2013, en el marco del Programa de aprendizaje permanente (Lifelong Learning Programme, aprobado por la Decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006), para la realización de prácticas en el Tribunal, por un período de tres meses, de estudiantes de la citada universidad.

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

Acuerdo de 26 de junio de 2013, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 153, de 27 de junio, cve: BOE-A-2013-6941).

ACUERDO DE 26 DE JUNIO DE 2013, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE DISPONE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(BOE NÚM. 153, DE 27 DE JUNIO)

En virtud de lo establecido en los artículos 7.º y 8.º de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2013, ha dispuesto la siguiente composición de las Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo:

Artículo 1.

La Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos.

2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías y don Juan Antonio Xiol Ríos.

3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Luis Ignacio Ortega Álvarez, estará integrada por don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Andrés Ollero Tassara y don Santiago Martínez-Vares García.

Artículo 2.

1. La Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Juan José González Rivas y don Pedro José González-Trevijano Sánchez.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Francisco José Hernando Santiago, estará integrada por don Francisco José Hernando Santiago, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Enrique López y López.-

Madrid, 26 de junio de 2012.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el “Boletín Oficial del Estado”

Índice de suplementos del “Boletín Oficial del Estado” en los que se han publicado las Sentencias y determinados Autos del Tribunal.

Número de suplemento | Sentencias
37, de 12 de febrero de 2013 | 1/2013 — 8/2013
49, de 26 de febrero de 2013 | 9/2013 — 26/2013
61, de 12 de marzo de 2013 | 27/2013 — 42/2013
73, de 26 de marzo de 2013 | 43/2013 — 53/2013
86, de 10 de abril de 2013 | 54/2013 — 70/2013
112, de 10 de mayo de 2013 | 71/2013 — 88/2013
123, de 23 de mayo de 2013 | 89/2013 — 104/2013
133, de 4 de junio de 2013 | 105/2013 — 115/2013
145, de 18 de junio de 2013 | 116/2013 — 125/2013
157, de 2 de julio de 2013 | 126/2013 — 138/2013
183, de 1 de agosto de 2013 | 139/2013 — 146/2013
191, de 10 de agosto de 2013 | 147/2013 — 147/2013
242, de 9 de octubre de 2013 | 148/2013 — 155/2013
254, de 23 de octubre de 2013 | 156/2013 — 165/2013
267, de 7 de noviembre de 2013 | 166/2013 — 175/2013
278, de 20 de noviembre de 2013 | 176/2013 — 183/2013
290, de 4 de diciembre de 2013 | 184/2013 — 189/2013
303, de 19 de diciembre de 2013 | 190/2013 — 193/2013
7, de 8 de enero de 2014 | 194/2013 — 207/2013
15, de 17 de enero de 2014 | 208/2013 — 219/2013

Número de suplemento | Autos
37, de 12 de febrero de 2013 | 9/2013
49, de 26 de febrero de 2013 | 23/2013
61, de 12 de marzo de 2013 | 28/2013
86, de 10 de abril de 2013 | 68/2013
123, de 23 de mayo de 2013 | 84/2013 y 85/2013
133, de 4 de junio de 2013 | 89/2013
157, de 2 de julio de 2013 | 134/2013
183, de 1 de agosto de 2013 | 151/2013
242, de 9 de octubre de 2013 | 172/2013 y 180/2013
278, de 20 de noviembre de 2013 | 243/2013
303, de 19 de diciembre de 2013 | 267/2013
15, de 17 de enero de 2014 | 296/2013

SENTENCIAS

Sala Primera. Sentencia 1/2013, de 14 de enero de 2013

Recurso de amparo 2271-2011. Promovido por don Francisco Fuster González de la Riva y don Joaquín María Fuster González de la Riva en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca que les condenaron por un delito de injurias con publicidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): apartamiento consciente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional que conlleva una apreciación sobre la prescripción del delito que no ofrece una tutela reforzada de la libertad personal del acusado (STC 59/2010).

Sala Primera. Sentencia 2/2013, de 14 de enero de 2013

Recurso de amparo 563-2012. Promovido por las entidades Newell 2000, S.L., y Cartney Trans, S.L., con respecto a las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Asturias y un Juzgado de lo Penal de Avilés en procedimiento abreviado por delitos contra la hacienda pública.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia de apelación que se aparta conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 59/2010).

Pleno. Sentencia 3/2013, de 17 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1893-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 30.2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos.

Pleno. Sentencia 4/2013, de 17 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 4573-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.

Competencias sobre ordenación general de la economía, régimen energético y defensa de los consumidores: nulidad del precepto legal que impone la vigencia de un mismo nivel de calidad de suministro de energía eléctrica en todo el territorio autonómico; interpretación del precepto relativo a la reducción de la factura por consumo de energía eléctrica resultante de la pérdida de la calidad del suministro.

Pleno. Sentencia 5/2013, de 17 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5762-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno con respecto a varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica de Cataluña.

Competencias sobre medio ambiente, infraestructuras de transporte y sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas: inaplicabilidad a las infraestructuras de titularidad estatal del precepto legal autonómico relativo al plan de medidas para minimizar el impacto acústico. Voto particular.

Pleno. Sentencia 6/2013, de 17 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1661-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de las disposiciones legales estatales (STC 184/2012).

Pleno. Sentencia 7/2013, de 17 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 3030-2006. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas de 17 de octubre de 2005, por la que se ordena la publicación del IV Acuerdo de formación continua en las Administraciones públicas.

Competencias sobre legislación laboral, régimen jurídico de las Administraciones públicas y régimen estatutario de los funcionarios públicos: competencias de ejecución cuyo ejercicio corresponde a la Generalitat de Cataluña (STC 225/2012).

Pleno. Sentencia 8/2013, de 17 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2586-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias frente al artículo único apartado uno de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.

Competencias sobre ordenación general de la economía y régimen energético: constitucionalidad del precepto legal que atribuye a la Administración del Estado la competencia para otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación que afecten al subsuelo marino.

Sala Primera. Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2159-2008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008.

Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas (STC 32/2000).

Sala Segunda. Sentencia 10/2013, de 28 de enero de 2013

Recurso de amparo 2741-2010. Promovido por doña Maider Ziganda Población y otras seis personas más respecto de las resoluciones de la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acordaron la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekintza.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos públicos y a la tutela judicial efectiva: disolución de grupos municipales coherente con las resoluciones judiciales declaratorias de la ilegalidad de un partido político y que no lesiona la función representativa de los concejales que los integraban.

Sala Segunda. Sentencia 11/2013, de 28 de enero de 2013

Recurso de amparo 6052-2010. Promovido por don José Antonio López Illán en relación con la resolución del Ministerio del Interior desestimatoria de su solicitud de abono de indemnización por residencia eventual en el extranjero y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la confirmó.

Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: Sección de apoyo de una Sala que no justifica el abandono del criterio que venía manteniendo la sección ordinaria (STC 122/2001).

Sala Segunda. Sentencia 12/2013, de 28 de enero de 2013

Recurso de amparo 326-2011. Promovido por don Aritz Petralanda Mugarra en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Bizkaia y de un Juzgado de Instrucción de Bilbao que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas.

Supuesta vulneración de los derechos a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías: investigación suficiente de una denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo custodia policial (STC 182/2012). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 13/2013, de 31 de enero de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 5371-2011. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con respecto al apartado 7 del artículo 16.2 b) de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid.

Derecho a la legalidad sancionadora: nulidad del precepto legal que vulnera la garantía formal del principio de legalidad sancionadora al remitir al reglamento la definición de los elementos esenciales de la conducta infractora.

Pleno. Sentencia 14/2013, de 31 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2521-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 20.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.

Competencias sobre archivos y cultura: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que integran en el sistema de archivos de Cataluña el Archivo de la Corona de Aragón y los archivos históricos provinciales (STC 103/1988).

Pleno. Sentencia 15/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 6326-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria.

Competencias sobre educación: validez de las disposiciones reglamentarias relativas a los contenidos y horarios de las áreas lingüísticas con las que se persigue garantizar el conocimiento del castellano sin detrimento de las lenguas cooficiales (STC 87/1983).

Pleno. Sentencia 16/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 122-2004. Planteado por el Gobierno de la Junta de Galicia en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: atribución a la Administración del Estado del ejercicio de funciones ejecutivas que vulnera las competencias de la Junta de Galicia al basarse exclusivamente en los efectos territoriales de las actuaciones; interpretación conforme de preceptos reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (STC 244/2012). Voto particular.

Pleno. Sentencia 17/2013, de 31 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004. Interpuesto por el Parlamento Vasco con respecto a diversos preceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Derecho a la protección de datos; garantías del procedimiento administrativo sancionador y competencias en materia de procedimiento administrativo: interpretación conforme de los preceptos legales relativos a la comunicación interadministrativa de datos, el acceso a los datos del padrón y los registros de personas y bienes de los extranjeros internados (SSTC 292/2000 y 236/2007). Voto particular.

Pleno. Sentencia 18/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 5280-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Orden JUS/1133/2004, de 5 de abril, por la que se convocan, para la provisión por el sistema de libre designación y para el cuerpo de secretarios judiciales, los puestos de trabajo de Secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y ciudades de Ceuta y Melilla.

Competencias sobre Administración de Justicia: convocatoria de provisión de puestos de secretarios judiciales que no afecta a las competencias ejecutivas autonómicas (STC 224/2012).

Pleno. Sentencia 19/2013, de 31 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6595-2005. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional.

Principios de participación, interdicción de la arbitrariedad y utilización racional de los recursos naturales: constitucionalidad tanto de la derogación de las previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro (STC 237/2012), como de los preceptos relativos a la elaboración y aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro (STC 195/2012).

Pleno. Sentencia 20/2013, de 31 de enero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 9007-2005. Interpuesto por la Junta de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Principios de interdicción de la arbitrariedad y protección del patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos.

Pleno. Sentencia 21/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 7625-2006. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la Orden TAS/892/2006, de 23 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (SSTC 13/1992 y 178/2011). Voto particular.

Pleno. Sentencia 22/2013, de 31 de enero de 2013

Recurso de amparo 8928-2006. Promovido por don Pablo Queralto Gómez en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó, en apelación, por dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Supuesta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías; vulneración del derecho a la presunción de inocencia: apreciación inmotivada de la falta de diligencia del acusado para prevenir la producción del accidente (STC 12/2011).

Pleno. Sentencia 23/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 9881-2006. Planteado por la Junta de Castilla y León en relación con el Real Decreto 918/2006, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para proyectos de acción social a favor de las personas mayores en situación de dependencia.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, régimen local, asistencia social y desarrollo comunitario: titularidad autonómica de la competencia (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 24/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 3726/2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales sobre programas de cualificación profesional inicial y enseñanza de las lenguas propias (STC 88/1983).

Pleno. Sentencia 25/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 3727-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que regulan los módulos de formación en centros de trabajo y de proyecto (STC 111/2012).

Pleno. Sentencia 26/2013, de 31 de enero de 2013

Conflicto positivo de competencia 9077-2008. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña con respecto a la Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, y la resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración, hacienda general, régimen jurídico de las Administraciones públicas y asistencia social: disposiciones reglamentarias estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (SSTC 13/1992 y 178/2011).

Sala Primera. Sentencia 27/2013, de 11 de febrero de 2013

Recurso de amparo 4176-2009. Promovido por Valzorzales, S.L., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que desestimaron su demanda contra la Junta de Extremadura sobre denegación de ayuda a la siembra de cáñamo.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (error patente) y a un proceso con todas las garantías: negativa a plantear cuestión prejudicial de interpretación de las normas reguladoras de la organización común de mercados del lino y el cáñamo que se funda en una interpretación razonable y motivada del régimen jurídico de la cuestión prejudicial y que sigue la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la noción de acto claro. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 28/2013, de 11 de febrero de 2013

Recurso de amparo 7189-2009. Promovido por don Ignacio Mendiburu Iturrain en relación con las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad) y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Primera. Sentencia 29/2013, de 11 de febrero de 2013

Recurso de amparo 10522-2009. Promovido por don Adolfo Tomás Fraile Nieto en relación con las Sentencias de del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo Social de Sevilla parcialmente estimatorias de su impugnación de sanción disciplinaria impuesta por la Universidad de Sevilla.

Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal: Utilización de imágenes captadas por las cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto universitario para una finalidad, la supervisión laboral, de la que no se informó al trabajador (STC 292/2000). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 30/2013, de 11 de febrero de 2013

Recurso de amparo 827-2011. Promovido por doña Ana Fernández Martín frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid que confirmó la multa impuesta por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un vehículo que había cometido una infracción de tráfico.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: resolución sancionadora que carece de fundamento razonable en la infracción administrativa aplicada (STC 111/2004).

Sala Segunda. Sentencia 31/2013, de 11 de febrero de 2013

Recurso de amparo 4759-2011. Promovido por don Gabriel Ricardo Dias Azedo frente a las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición a la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad: incumplimiento de la legalidad en materia de extradición al tramitarse y concederse la solicitud presentada por la Región Administrativa Especial de Hong Kong sin contar con la asistencia o autorización de la República Popular China. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 32/2013, de 11 de febrero de 2013

Recurso de amparo 501-2012. Promovido por Studios Viales e Ingeniería, S.L., con respecto a las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Asturias y un Juzgado de lo Penal de Avilés en procedimiento abreviado por delitos contra la hacienda pública.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia de apelación que se aparta conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 59/2010).

Sala Primera. Sentencia 33/2013, de 11 de febrero de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 5060-2012. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria en relación el apartado cinco de la disposición transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y emergencia y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de Canarias.

Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011).

Pleno. Sentencia 34/2013, de 14 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5934-2003. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.

Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y denominaciones de origen: reconocimiento a los operadores de la facultad de elección del organismo independiente de inspección que deba supervisar su actividad que vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña; interpretación conforme de diversos preceptos legales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 35/2013, de 14 de febrero de 2013

Conflicto positivo de competencia 145-2004. Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: atribución a la Administración del Estado del ejercicio de funciones ejecutivas que vulnera las competencias autonómicas al basarse exclusivamente en los efectos territoriales de las actuaciones (STC 244/2012).

Pleno. Sentencia 36/2013, de 14 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2123-2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla La Mancha respecto del artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Principios democrático, de seguridad jurídica, y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; competencias sobre aguas: constitucionalidad de la remisión al reglamento de la clasificación de los estados o potenciales de masas de agua, así como de los preceptos legales relativos a los plazos de participación pública en la elaboración de planes hidrológicos, demarcaciones hidrográficas y procedimiento de imputación de responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Pleno. Sentencia 37/2013, de 14 de febrero de 2013

Conflicto positivo de competencia 7526-2004. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación con diversos apartados de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: pérdida parcial de objeto del conflicto positivo de competencia, adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 244/2012).

Pleno. Sentencia 38/2013, de 14 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2081-2005. Interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación en relación con el artículo único de la Ley de las Cortes de Castilla y León 7/2004, de 22 de diciembre, que da nueva redacción al art. 47 de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de archivos y patrimonio documental de Castilla y León.

Competencias sobre archivos: nulidad del precepto legal que extiende a archivos de titularidad estatal la aplicación de la normativa autonómica (SSTC 103/1988 y 14/2013).

Pleno. Sentencia 39/2013, de 14 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 4174-2006. Interpuesto por ochenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con el Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía.

Límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas ideadas para hacerle frente.

Pleno. Sentencia 40/2013, de 14 de febrero de 2013

Conflicto positivo de competencia 6893-2007. Planteado por el Gobierno de la Junta de Galicia en relación con la Orden TAS/1051/2007, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 21/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 41/2013, de 14 de febrero de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 8970-2008. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Principio de igualdad ante la ley: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes. Voto particular.

Pleno. Sentencia 42/2013, de 14 de febrero de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 9200-2008. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Lleida en relación con el artículo 121.21 d) de la primera Ley del Código civil de Cataluña, aprobada por Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre.

Principio de igualdad ante la ley; competencias sobre legislación procesal y Derecho civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad al plantearse respecto de un precepto legal que no se encontraba vigente al momento de producirse los hechos objeto de enjuiciamiento.

Sala Primera. Sentencia 43/2013, de 25 de febrero de 2013

Recurso de amparo 5716-2010. Promovido por doña Paloma Ogayar Lechuga en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que la condenó, en apelación, por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: STC 144/2012 (condena fundada en la valoración de pruebas de carácter personal y pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública).

Sala Segunda. Sentencia 44/2013, de 25 de febrero de 2013

Recurso de amparo 8932-2010. Promovido por la Confederación General del Trabajo respecto de las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que declararon la finalización de un procedimiento de impugnación de convenio colectivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, y a la libertad sindical: apreciación de la carencia sobrevenida de objeto del proceso, al haberse derogado los preceptos controvertidos del convenio colectivo impugnado, fundada en una causa legal aplicada al caso de manera razonada y razonable.

Sala Segunda. Sentencia 45/2013, de 25 de febrero de 2013

Recurso de amparo 6818-2011. Promovido por doña Ana Fernández Martín frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid que confirmó la multa impuesta por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un vehículo que había cometido una infracción de tráfico.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: STC 30/2013 (resolución sancionadora que carece de fundamento razonable en la infracción administrativa aplicada).

Pleno. Sentencia 46/2013, de 28 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1174-2003. Interpuesto por el Presidente de Gobierno en relación con el artículo 17.1 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 47/2013, de 28 de febrero de 2013

Conflicto positivo de competencia 6328-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar.

Competencias sobre educación y asistencia social: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos a la educación infantil (STC 184/2012).

Pleno. Sentencia 48/2013, de 28 de febrero de 2013

Conflicto positivo de competencia 6330-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos a la enseñanza de las lenguas cooficiales (STC 15/2013) y a la composición de los equipos de evaluación que deben decidir sobre la promoción de los alumnos (STC 184/2012).

Pleno. Sentencia 49/2013, de 28 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 988-2004. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

Competencias sobre montes: inconstitucionalidad del encuadramiento en la competencia estatal sobre investigación científica y técnica del precepto legal relativo a la cooperación interadministrativa en las redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva derivadas de la normativa estatal (STC 242/1999).

Pleno. Sentencia 50/2013, de 28 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1021-2004. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 51/2013, de 28 de febrero de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5049-2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional.

Límites a los decretos leyes: STC 237/2012 (constitucionalidad del decreto ley que deroga las previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro).

Pleno. Sentencia 52/2013, de 28 de febrero de 2013

Conflicto positivo de competencia 7604-2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la Orden SAS/1352/2009 de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 21/2013).

Pleno. Sentencia 53/2013, de 28 de febrero de 2013

Recurso de amparo 8309-2010. Promovido por don Juan Carlos Subijana Izquierdo y don Zigor Bravo Sáez de Urabain en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que les condenaron por delitos de asesinato y daños terroristas.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: condena penal fundada en declaraciones prestadas en dependencias policiales no reproducidas en el juicio oral (STC 68/2010).

Sala Primera. Sentencia 54/2013, de 11 de marzo de 2013

Recurso de amparo 8136-2009. Promovido por don Juan María Gabirondo Agote en relación con las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad) y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Segunda. Sentencia 55/2013, de 11 de marzo de 2013

Recurso de amparo 6163-2010. Promovido por don Carlos Artigas Nicolás en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en suplicación, desestimó su petición de pensión de viudedad.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: STC 41/2013 (denegación de la pretensión ejercitada en el litigio social que trae causa de la aplicación de un precepto legal contrario al derecho a la igualdad ante la ley al supeditar el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes).

Sala Segunda. Sentencia 56/2013, de 11 de marzo de 2013

Recurso de amparo 7271-2010. Promovido por la entidad General de Galerías Comerciales, S.A., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, en grado de casación, le condenó a abonar una indemnización por incumplimiento contractual.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución motivada y fundada en Derecho): adecuado ejercicio por el órgano judicial de su facultad revisora de los hechos, fruto de una valoración de todos los elementos de prueba obrantes en autos.

Sala Segunda. Sentencia 57/2013, de 11 de marzo de 2013

Recurso de amparo 3723-2011. Promovido por don Eduardo González Nájera en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja y de un Juzgado de lo Penal de Logroño que le condenaron por seis delitos de abuso sexual.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, un proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: tramitación del proceso penal que posibilitó suficientemente el ejercicio adecuado del derecho de defensa y contradicción frente a las manifestaciones prestadas por las menores víctimas del delito durante su exploración pericial en fase sumarial (STC 174/2011).

Sala Segunda. Sentencia 58/2013, de 11 de marzo de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 4595-2011. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia con relación el artículo 7.2 l) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.

Derecho de huelga: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano administrativo de dirección y gestión, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, la fijación de los servicios mínimos en el caso de huelga (STC 296/2006).

Pleno. Sentencia 59/2013, de 13 de marzo de 2013

Conflicto positivo de competencia 1618-2003. Planteado por el Gobierno de Aragón respecto de la certificación sobre afección a la conservación de la diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de especial protección para las aves, expedida el 9 de noviembre de 2002 por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, en relación con el proyecto denominado "Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Piñana, fase II".

Competencias sobre medio ambiente y espacios naturales protegidos: carácter instrumental de la certificación ambiental respecto de la obra hidráulica de competencia estatal sobre la que versa (SSTC 13/1998 y 149/2012).

Pleno. Sentencia 60/2013, de 13 de marzo de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 8952-2010. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, prohibición de doble imposición: nulidad de la ley autonómica en cuanto grava la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos (STC 196/2012).

Pleno. Sentencia 61/2013, de 14 de marzo de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 5862-2003. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón del sexo: determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial (STC 253/2004).

Pleno. Sentencia 62/2013, de 14 de marzo de 2013

Conflicto positivo de competencia 198-2004. Planteado por el Gobierno de Aragón en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: interpretación conforme de varios preceptos reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (STC 244/2012).

Pleno. Sentencia 63/2013, de 14 de marzo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1022-2004. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía.

Competencias sobre colegios profesionales: STC 3/2013 (nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos).

Pleno. Sentencia 64/2013, de 14 de marzo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5598-2004. Interpuesto por cincuenta Senadores del Grupo Popular del Senado en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional.

Límites a los decretos leyes: STC 237/2012 (constitucionalidad del decreto ley que deroga las previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro).

Pleno. Sentencia 65/2013, de 14 de marzo de 2013

Conflicto positivo de competencia 7931-2004. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con las Órdenes TAS/2782/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua y TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, mediante contratos programa para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: pérdida parcial de objeto del conflicto positivo de competencia, adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 244/2012).

Pleno. Sentencia 66/2013, de 14 de marzo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6444-2005. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 7.4 de la Ley de las Cortes Valencianas 3/2005, de 15 de junio, de archivos.

Competencias sobre archivos: constitucionalidad del precepto legal que integra algunos archivos de titularidad estatal en el sistema archivístico valenciano (SSTC 103/1988 y 14/2013).

Pleno. Sentencia 67/2013, de 14 de marzo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1278-2006. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Principios de interdicción de la arbitrariedad y protección del patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: STC 20/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos).

Pleno. Sentencia 68/2013, de 14 de marzo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1682-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Principios de interdicción de la arbitrariedad y protección del patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: STC 20/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos).

Pleno. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2124-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad.

Competencias sobre medio ambiente: interpretación conforme del precepto legal que atribuye funciones de coordinación al Comité MaB español (SSTC 102/1995 y 101/2005).

Pleno. Sentencia 70/2013, de 14 de marzo de 2013

Conflicto positivo de competencia 5582-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Orden SIS/1199/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 21/2013).

Sala Primera. Sentencia 71/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 5560-2007. Promovido por doña María Ángeles Villota Barrio en relación con las Sentencias de las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que desestimaron su demanda de pensión de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común.

Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial).

Sala Primera. Sentencia 72/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 154-2008. Promovido por doña Dolores Moreno del Arco en relación con las resoluciones de un Juzgado de lo Social de Jaén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, y del Tribunal Supremo, que desestimaron su demanda de jubilación.

Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial).

Sala Primera. Sentencia 73/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 401-2011. Promovido por la entidad Inversiones y Consultoría Soria, S.L., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Granada, que inadmitieron su recurso de apelación al no haber constituido en plazo el depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir (SSTC 129/2012 y 130/2012).

Sala Segunda. Sentencia 74/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 1770-2011. Promovido don Luis Alberto Peláez Bosmorand respecto de las resoluciones de un Juzgado de Primera Instancia de Vigo y de la Audiencia Provincial de Pontevedra que inadmitieron su recurso de apelación al no haber constituido en plazo el depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir (SSTC 129/2012 y 130/2012).

Sala Primera. Sentencia 75/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 1771-2011. Promovido por don Aritz Labiano Zezeaga y don Haritz Gartxotenea Iruretagoiena en relación con la Sentencia de la Sección Segunda Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que les condenó por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena fundada únicamente en un testimonio anónimo cuya fiabilidad no tuvieron oportunidad de contrastar los acusados (STC 174/2011).

Sala Primera. Sentencia 76/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 3268-2011. Promovido por don Mansueto Sayols Vendrell en relación con las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que anularon parcialmente la revisión del plan general de ordenación urbana de Vidreres.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento de quien es titular de una estación de servicio ubicada en unos terrenos cuya clasificación urbanística fue alterada en la revisión del instrumento de planeamiento impugnada (STC 242/2012).

Sala Segunda. Sentencia 77/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 5030-2011. Promovido por doña Iris Cuenca Cuenca respecto de las resoluciones de las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que desestimaron su demanda sobre viudedad.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: STC 41/2013 (denegación de la pretensión ejercitada en el litigio social que trae causa de la aplicación de un precepto legal contrario al derecho a la igualdad ante la ley al supeditar el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes).

Sala Segunda. Sentencia 78/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 6915-2011. Promovido por don Jose Luis Villagordo Crego con respecto a las Sentencias de un Juzgado de lo Penal de Madrid y de la Audiencia Provincial que lo condenaron por un delito de lesiones.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho) y a la presunción de inocencia: condena fundada en la incriminación sumarial válidamente reproducida en el juicio oral; inaplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por la pasividad procesal del acusado.

Sala Primera. Sentencia 79/2013, de 8 de abril de 2013

Recurso de amparo 6996-2011. Promovido por la entidad IG Llanerastur, S.L., en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Avilés que rechazó la nulidad de actuaciones de procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: entidad mercantil que no fue emplazada personalmente al proceso pese a ser titular de un derecho de propiedad sobre el bien ejecutado inscrito en el registro de la propiedad.

Pleno. Sentencia 80/2013, de 11 de abril de 2013

Conflicto positivo de competencia 5209-2003. Planteado por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con la expedición por el Ministerio de Medio Ambiente de diversos certificados sobre afección de proyectos a la Red Natura 2000.

Competencias sobre medio ambiente y espacios naturales protegidos: carácter instrumental de las certificaciones ambientales respecto de la obra de infraestructura de competencia estatal sobre la que versan (SSTC 13/1998 y 149/2012).

Pleno. Sentencia 81/2013, de 11 de abril de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 6760-2003. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho.

Competencias sobre legislación civil y función pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a los pactos que, para regular sus relaciones económicas y patrimoniales, pueden suscribir los integrantes de una unión de hecho (STC 28/2012); constitucionalidad de las disposiciones legales sobre efectos de la inscripción de las uniones de hecho en el registro autonómico y que extienden a estas uniones el disfrute de los derechos reconocidos a los matrimonios por la Comunidad de Madrid. Voto particular.

Pleno. Sentencia 82/2013, de 11 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2295-2004. Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto de la enumeración de preceptos de carácter básico contenida en el apartado segundo de la disposición final segunda de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.

Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y denominaciones de origen: interpretación conforme de diversos preceptos legales (STC 34/2013).

Pleno. Sentencia 83/2013, de 11 de abril de 2013

Conflicto positivo de competencia 3157-2005. Planteado por la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de los Reales Decretos 2387/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento ferroviario; 2395/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora.

Competencias sobre ferrocarriles: interpretación conforme de diversos preceptos reglamentarios (STC 245/2012).

Pleno. Sentencia 84/2013, de 11 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 7837-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja en relación con los artículos 50.1 y 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, en la redacción dada por la Ley 10/2006, de 28 de abril.

Competencias sobre montes, ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente; libertad de circulación: constitucionalidad de los preceptos legales que prohíben el cambio de uso forestal de los terrenos incendiados durante un período mínimo de treinta años y limitan la circulación con vehículos a motor por pistas forestales.

Pleno. Sentencia 85/2013, de 11 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 9451-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de aguas.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del canon autonómico del agua, nulidad del precepto legal que atribuye al Gobierno Vasco la determinación de los conceptos que deban incluirse en la tarificación del uso del agua, interpretación conforme del precepto relativo a los ingresos de la Agencia Vasca del Agua. Voto particular.

Pleno. Sentencia 86/2013, de 11 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2394-2008. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con la disposición adicional undécima de la Ley de las Cortes Valencianas 15/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos para el ejercicio 2008.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal autonómico que establece los efectos del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes (STC 7/2010).

Pleno. Sentencia 87/2013, de 11 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6868-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Competencias sobre medio ambiente y espacios naturales: constitucionalidad del precepto legal relativo a la declaración y gestión de espacios naturales protegidos marinos (SSTC 38/2002 y 8/2013).

Pleno. Sentencia 88/2013, de 11 de abril de 2013

Recurso de amparo 10713-2009. Promovido por don César Pastor Antón y doña Remedios Pastor Antón en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que les condenó, en apelación, por un delito societario.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en segunda instancia basada en una actividad probatoria carente de garantías (STC 167/2002); lugar de presentación de los escritos de iniciación del recurso de amparo. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 89/2013, de 22 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6851-2010. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Competencias sobre colegios profesionales: constitucionalidad de las disposiciones legales relativas a la obligación de colegiación para el ejercicio de determinadas profesiones (STC 3/2013).

Sala Segunda. Sentencia 90/2013, de 22 de abril de 2013

Recurso de amparo 2090-2011. Promovido por don Juan Esteban Castilla Borrallo y doña María Piedad Castilla Borrallo respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Huelva que declararon desierto un recurso de apelación en pleito civil.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de apelación interpuesto por procurador carente de representación (STC 125/2005).

Sala Segunda. Sentencia 91/2013, de 22 de abril de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 3296-2011. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto del artículo 64.4 a) de la Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico que limita, con criterios territoriales, la designación de profesionales colegiados como tercer perito en el procedimiento de tasación pericial contradictoria.

Sala Segunda. Sentencia 92/2013, de 22 de abril de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 4596-2011. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y del régimen urbanístico del suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística.

Competencias sobre legislación procesal y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad del precepto legal autonómico que supedita la ejecución de sentencias a la previa resolución de un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Pleno. Sentencia 93/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5297-2000. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.

Competencias sobre legislación civil, principio de seguridad jurídica, derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, protección de la familia: nulidad de diversos preceptos legales autonómicos. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 94/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 596-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas.

Competencias sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; autonomía local: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la creación y aportaciones públicas a las juntas de compensación, comunicación de actuaciones urbanísticas a la Administración titular de bienes inmuebles, régimen urbanístico de inmuebles desafectados y destino del patrimonio estatal de vivienda. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 95/2013, de 23 de abril de 2013

Conflicto positivo de competencia 4593-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: vulneración de competencias ejecutivas autonómicas (STC 244/2012). Voto particular.

Pleno. Sentencia 96/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 3095-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta (STC 122/2012).

Pleno. Sentencia 97/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 8020-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con los artículos 50.1 y 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, en la redacción dada por la Ley 10/2006, de 28 de abril.

Competencias sobre montes, ordenación del territorio y medio ambiente: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que prohíben el cambio de uso forestal de los terrenos incendiados durante un período mínimo de treinta años y limitan la circulación con vehículos a motor por pistas forestales (STC 84/2013).

Pleno. Sentencia 98/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 4368-2007. Interpuesto por el Presidente de Gobierno en relación con los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la Ley 1/2007, de 12 de enero, de fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Competencias sobre fundaciones y legislación civil: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la fusión de fundaciones (STC 341/2005).

Pleno. Sentencia 99/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 78-2008. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 16.2 y la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la red de parques naturales.

Competencias sobre medio ambiente y espacios naturales protegidos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la declaración y gestión de parques nacionales marinos (SSTC 38/2002 y 8/2013).

Pleno. Sentencia 100/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2358-2008. Interpuesto por el Gobierno de La Rioja en relación con la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Principio de solidaridad territorial, financiación autonómica: constitucionalidad del precepto legal que regula la aplicación de la metodología para el cumplimiento del régimen de inversiones estatales en infraestructuras previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Pleno. Sentencia 101/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2410-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2008.

Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias.

Pleno. Sentencia 102/2013, de 23 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6883-2010. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con los artículos 18.5 y 35 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Competencias sobre régimen energético, medio ambiente y espacios naturales protegidos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos al suministro de energía eléctrica a los usuarios (STC 18/2011) y al régimen de concesiones y autorizaciones de actividades de servicios en los parques nacionales (STC 101/2005).

Pleno. Sentencia 103/2013, de 25 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1523-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.

Competencias sobre régimen local; autonomía local: inconstitucionalidad del precepto legal que permite nombrar como miembros de la junta de gobierno local a personas distintas de los concejales, interpretación conforme del precepto que enumera los órganos municipales superiores y directivos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 104/2013, de 25 de abril de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2095-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias en materia de aguas, agricultura asistencia social, legislación laboral y medio ambiente; autonomía local: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano estatal la competencia para sancionar infracciones en materia de desempleo (STC 165/1996), interpretación conforme del precepto legal que prevé la intervención subsidiaria del Gobierno de la Nación en las propuestas de elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca (STC 227/1988).

Sala Primera. Sentencia 105/2013, de 6 de mayo de 2013

Recurso de amparo 10642-2009. Promovido por doña Concepción Reyes Martín Gutiérrez frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que la condenó, en apelación, por un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: revisión en segunda instancia y valorando pruebas personales de la apreciación sobre prescripción del delito (STC 167/2002).

Sala Segunda. Sentencia 106/2013, de 6 de mayo de 2013

Recurso de amparo 8996-2010. Promovido por Pinturas Eurotex, S.A., y Palacete de los Lasso, S.L.U., respecto de las resoluciones de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cáceres y de la Audiencia Provincial que sobreseyeron su demanda sobre contrato de compraventa.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): apreciación de la excepción de litispendencia contraviniendo el carácter voluntario de la reconvención (STC 71/2010).

Sala Primera. Sentencia 107/2013, de 6 de mayo de 2013

Recurso de amparo 3068-2011. Promovido por Bodegas Antaño, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en Castilla y León al no tener carácter básico (STC 90/2012).

Sala Primera. Sentencia 108/2013, de 6 de mayo de 2013

Recurso de amparo 7128-2011. Promovido por el Consejo General de Procuradores de España, el Colegio de Procuradores de Madrid y don Ramón Rodríguez Nogueira respecto de las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en incidente de tasación de costas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución jurídicamente fundada): modificación de la cuantía de los derechos del procurador que altera los términos de la imposición de costas acordada en la sentencia y que trae causa de la inaplicación inmotivada de la norma reglamentaria que aprueba el arancel de derechos de los procuradores.

Sala Primera. Sentencia 109/2013, de 6 de mayo de 2013

Recurso de amparo 2609-2012. Promovido por don José Daniel Gómez Aragón en relación con los autos de un Juzgado de lo Penal de Sevilla y de la Audiencia Provincial que denegaron la petición de extinción de responsabilidad penal por prescripción de la pena.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: apreciación sobre prescripción de la pena que introduce causas interruptoras del cómputo del plazo de prescripción no previstas legalmente (STC 97/2010).

Sala Segunda. Sentencia 110/2013, de 6 de mayo de 2013

Recurso de amparo 5372-2012. Promovido por don Johannes Bloem con respecto a las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición al Reino de Tailandia.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): falta de agotamiento de la vía judicial previa al haberse simultaneado el recurso de amparo con una solicitud de nulidad de actuaciones.

Pleno. Sentencia 111/2013, de 9 de mayo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2144-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias sobre aguas, medio ambiente y espacios naturales: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen a la Administración competente para la autorización del plan o proyecto la realización de la evaluación ambiental de las zonas de especial conservación (STC 149/2012), habilitan al Gobierno de la Nación para fijar el contenido del informe preliminar sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo (STC 104/2013) y trasponen al ordenamiento interno la Directiva marco del agua (STC 36/2013); extinción del recurso respecto de la regulación legal de la gestión y financiación de parques nacionales.

Pleno. Sentencia 112/2013, de 9 de mayo de 2013

Conflicto positivo de competencia 3591-2009. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012.

Competencias sobre ordenación general de la economía, vivienda y urbanismo: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que establecen medidas de fomento de la vivienda (STC 152/1988).

Pleno. Sentencia 113/2013, de 9 de mayo de 2013

Conflicto positivo de competencia 7605/2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

Competencias sobre medio ambiente: disposiciones reglamentarias estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 114/2013, de 9 de mayo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 630-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 10 de la Ley de las Cortes Valencianas 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, en la redacción dada al mismo por la Ley de las Cortes Valencianas 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004.

Competencias sobre medio ambiente y caza: nulidad del precepto legal autonómico que, contraviniendo la normativa básica y el Derecho de la Unión Europea, incluye un método no selectivo de caza, el parany, entre las modalidades tradicionales de caza en la Comunidad Valenciana (STC 69/2013).

Pleno. Sentencia 115/2013, de 9 de mayo de 2013

Recurso de amparo 1246-2011. Promovido por don Moisés Posada Sarmiento en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenaron por un delito contra la salud pública.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: acceso policial, sin consentimiento del afectado y sin autorización judicial, a la agenda de contactos telefónicos de un teléfono móvil (STC 142/2012)

Sala Primera. Sentencia 116/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 1827-2009. Promovido por don César Álvarez de Medina en relación con las Sentencias de un Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron su demanda sobre pensión de jubilación.

Vulneración del derecho a la igualdad en la ley: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial).

Sala Primera. Sentencia 117/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 4146-2009. Promovido por doña Ángela Blanco Guerra respecto de las Sentencias de un Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo desestimatorias de su demanda sobre pensión de jubilación.

Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial).

Sala Primera. Sentencia 118/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 5514-2010. Promovido por don Joaquín Gutiérrez García y don José Correa Reyes en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que les condenó, en apelación, por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: STC 144/2012 (condena fundada en la valoración de pruebas de carácter personal y pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública).

Sala Primera. Sentencia 119/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 5676-2010. Promovido por don José Tomás Solaz Martínez en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que le condenó, en apelación, por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: STC 144/2012 (condena fundada en la valoración de pruebas de carácter personal y pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública).

Sala Primera. Sentencia 120/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 5732-2010. Promovido por don Juan Martín Correa y doña Manuela Martín Rodríguez en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que les condenó, en apelación, por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: STC 144/2012 (condena fundada en la valoración de pruebas de carácter personal y pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública).

Sala Segunda. Sentencia 121/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 5516-2012. Promovido por don Antonio Balbuena Martínez en relación con las resoluciones de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en incidente de tasación de costas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): decisión judicial que desconoce el carácter vinculante de lo resuelto en la apelación planteada en el mismo proceso.

Sala Primera. Sentencia 122/2013, de 20 de mayo de 2013

Recurso de amparo 6076-2012. Promovido por don José Luis Calvo Picallo y por la entidad Instalaciones Climatización de Galicia, S.L., en relación con el Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Ferrol que denegó su solicitud de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 245/2006).

Pleno. Sentencia 123/2013, de 23 de mayo de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 4244-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación frente a varios preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.

Competencias sobre régimen energético y colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, contraviniendo disposiciones estatales básicas, atribuyen al gestor de la red de transmisión la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas insulares de suministro de energía y establecen los supuestos de colegiación obligatoria del personal al servicio de la Administración autonómica (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 124/2013, de 23 de mayo de 2013

Conflicto positivo de competencia 9075-2008. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con las órdenes comunicadas del Ministerio de Fomento de fechas 18, 28 y 30 de julio de 2008, por las que se determinan los servicios públicos esenciales para la comunidad a mantener por las empresas Gate Gourmet Spain, S.L., y FCC Medio Ambiente, S.A., durante las huelgas convocadas determinados días de los meses de julio y agosto de 2008, en los respectivos centros de trabajo en el aeropuerto de Barcelona.

Competencias en materia laboral y sobre aeropuertos de interés general: constitucionalidad de la fijación de servicios esenciales para la comunidad en caso de huelga por quien ostenta la competencia sobre el aeropuerto de Barcelona (STC 233/2007).

Sala Primera. Sentencia 125/2013, de 23 de mayo de 2013

Recurso de amparo electoral 2823-2013. Promovido por Foro Asturias Ciudadanos y otras cuatro personas en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimatoria del recurso contencioso-electoral interpuesto respecto de la proclamación de alcalde de Cudillero.

Vulneración de los derechos a la participación política y de acceso a los cargos públicos representativos: designación como alcalde de quien no formó parte de las listas electorales y que fue designado concejal cubriendo una vacante en la corporación municipal. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 126/2013, de 3 de junio de 2013

Recurso de amparo 6633-2010. Promovido por Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A., respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en proceso sobre concurso público para la selección de adquirentes de acciones de la empresa mixta de abastecimiento y evacuación de agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (intangibilidad y motivación) y a la prueba: íntegra modificación de la cosa juzgada consecuencia de la estimación de un incidente de nulidad de actuaciones debido a la falta de valoración de un medio de prueba.

Sala Segunda. Sentencia 127/2013, de 3 de junio de 2013

Recurso de amparo 2763-2011. Promovido por don M. G., en relación con una Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña dictada en procedimiento sobre relaciones paternofiliales.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho y motivada): pronunciamiento sobre competencia judicial internacional acorde con el criterio del interés superior del menor; improcedencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sala Segunda. Sentencia 128/2013, de 3 de junio de 2013

Recurso de amparo 123-2012. Promovido por don Ibai Aguinaga Guinea en relación con las resoluciones dictadas por el Juzgado Central de Menores sobre el derecho a comunicarse con familiares en prisión.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que, confirmando una decisión previa de la Administración penitenciaria, excluyen a los primos del régimen de comunicación vis a vis establecido para los familiares de los internos en centros penitenciarios.

Pleno. Sentencia 129/2013, de 4 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5753-2002. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad.

Principios de jerarquía normativa, interdicción de la arbitrariedad e igualdad; derecho a la tutela judicial efectiva; garantías del procedimiento administrativo y leyes autoaplicativas: nulidad de los preceptos legales que soslayan el control de la jurisdicción contencioso-administrativa al reservar al legislador la aplicación de la legalidad existente al caso concreto (STC 166/1986).

Pleno. Sentencia 130/2013, de 4 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 931-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda pública y procedimiento administrativo: interpretación conforme con la Constitución de varios preceptos legales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 131/2013, de 5 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1725-2002. Interpuesto por más de cincuenta Diputados de diferentes grupos parlamentarios en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Reserva de ley orgánica, autonomía universitaria, competencias sobre universidades: nulidad de la exención del requisito de ley de reconocimiento para las universidades fundadas por la Iglesia católica. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 132/2013, de 5 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 4247-2002. Interpuesto por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.

Leyes de contenido heterogéneo; principios de participación política y de seguridad jurídica; límites materiales a las leyes de presupuestos; competencias sobre procedimiento administrativo: inaplicabilidad a una ley ordinaria de los límites constitucionales establecidos para las leyes de presupuestos; ejercicio del derecho de enmienda y relación de homogeneidad entre enmiendas e iniciativa legislativa que se pretende modificar (STC 136/2011); reserva estatutaria de leyes específicas que no impide su reforma por otras leyes ordinarias; validez del precepto legal que faculta a los agentes de la autoridad para que ordenen la clausura temporal de establecimientos públicos que, careciendo de licencia de apertura, perturben la paz ciudadana. Voto particular.

Pleno. Sentencia 133/2013, de 5 de junio de 2013

Recurso de amparo 1091-2004. Promovido por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y otras diez personas en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que los condenó en proceso sobre responsabilidad civil.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho y motivada): Sentencia incurra en error fáctico y de motivación que no aplica ni valora razonadamente la existencia de una prohibición constitucional y legal de revisar y controlar el contenido de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional por ningún otro órgano del Estado.

Pleno. Sentencia 134/2013, de 6 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1810-2002. Interpuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Principio de seguridad jurídica; autonomía universitaria y competencias sobre universidades: validez de los preceptos legales sobre creación y reconocimiento de universidades, agencia nacional de evaluación de la calidad, nombramiento de gerentes y funciones de los consejos sociales universitarios (STC 131/2013).

Pleno. Sentencia 135/2013, de 6 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 964-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda pública y procedimiento administrativo: interpretación conforme con la Constitución de varios preceptos legales (STC 130/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 136/2013, de 6 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2082-2005. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 8/2004, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 11 de julio, del patrimonio cultural de Castilla y León.

Competencias sobre archivos: nulidad del precepto legal que declara bien de interés cultural documentación obrante en archivos de titularidad estatal radicados en el territorio autonómico (STC 38/2013).

Pleno. Sentencia 137/2013, de 6 de junio de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 4764-2007. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de atención farmacéutica.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, productos farmacéuticos y seguridad social: nulidad de los preceptos legales forales que alteran el deber de dispensación de medicamentos impuesto a los titulares de las oficinas de farmacia por la normativa básica estatal; interpretación conforme del precepto legal que hace referencia a las condiciones económicas de la atención farmacéutica como objeto susceptible de concertación entre los titulares de las oficinas de farmacia y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (STC 136/2012).

Pleno. Sentencia 138/2013, de 6 de junio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2155-2008. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.

Competencias sobre medio ambiente: interpretación conforme del precepto legal que atribuye funciones de coordinación al Comité MaB español (STC 69/2013).

Sala Primera. Sentencia 139/2013, de 8 de julio de 2013

Conflicto positivo de competencia 3194-2008. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Competencias sobre ordenación general de la economía y vivienda: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que establecen medidas de fomento de la vivienda (STC 152/1988).

Sala Segunda. Sentencia 140/2013, de 8 de julio de 2013

Recurso de amparo 2034-2011. Promovido por don Yuneo Lasso Chihad en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Huelva y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 6 de Andalucía que desestimaron su queja sobre registro de la celda que ocupaba en el centro penitenciario de Huelva.

Alegada vulneración del derecho a la intimidad: inadmisión de recurso de amparo que no contiene una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional.

Pleno. Sentencia 141/2013, de 11 de julio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1735-2002. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Principio de seguridad jurídica; autonomía universitaria y competencias sobre función pública y universidades: pérdida parcial de objeto del proceso (STC 131/2013); constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, institutos universitarios de investigación, centros adscritos y personal de administración y servicios.

Pleno. Sentencia 142/2013, de 11 de julio de 2013

Conflicto en defensa de la autonomía local 1400-2003. Promovido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad.

Autonomía local; exención por ley autonómica de licencias municipales urbanísticas y de actividad: falta de legitimación del Ayuntamiento recurrente para impugnar una regulación legal de la que no es destinatario único; pérdida parcial de objeto del proceso (STC 129/2013).

Pleno. Sentencia 143/2013, de 11 de julio de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1598-2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

Competencias sobre régimen local; autonomía local:constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las potestades públicas de los entes locales, las formas de gestión de los servicios públicos locales y el régimen de participación ciudadana, así como a la organización y gestión económico-financiera de los municipios de gran población (STC 103/2013).

Pleno. Sentencia 144/2013, de 11 de julio de 2013

Recursos de inconstitucionalidad 8506-2010 y 8507-2010 (acumulados). Interpuestos por el Presidente del Gobierno en relación con sendos preceptos de las Leyes de la Asamblea de Extremadura 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura, y 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen obligaciones de colegiación para el ejercicio de determinadas actividades profesionales (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 145/2013, de 11 de julio de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 3705-2011. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con los apartados 2 y 10 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Principio de legalidad sancionadora: validez de los preceptos legales que contienen los elementos esenciales de la conducta antijurídica y fijan agotadoramente las consecuencias sancionadoras anudadas a la comisión de las infracciones correspondientes (STC 42/1987).

Pleno. Sentencia 146/2013, de 11 de julio de 2013

Conflicto positivo de competencia 3769-2011. Planteado por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas.

Competencias sobre medio ambiente: constitucionalidad de la inclusión de determinadas especies que sólo se encuentran en Canarias en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y, en su caso, en el catálogo español de especies amenazadas (STC 69/2013).

Sala Primera. Sentencia 147/2013, de 6 de agosto de 2013

Recurso de amparo electoral 4801-2013. Promovido por Foro Asturias Ciudadanos y otras cuatro personas en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimatoria del recurso contencioso-electoral interpuesto respecto de la proclamación de alcalde de Cudillero.

Vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos representativos: elección como alcalde de quien previamente había renunciado a la candidatura (STC 125/2013).

Sala Segunda. Sentencia 148/2013, de 9 de septiembre de 2013

Recurso de amparo 10252-2009. Promovido por don Serafín González Vidal en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Alicante y un Juzgado de lo Penal de Orihuela en procedimiento de ejecutoria penal.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que no abonan, para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, el período a lo largo del cual el recurrente en ampro simultaneó su condición de preventivo en varias causas y de penado por una sola condena (STC 57/2008); desestimación de la pretensión de doble abono del tiempo de prisión preventiva (STC 92/2012).

Sala Primera. Sentencia 149/2013, de 9 de septiembre de 2013

Recurso de amparo 211-2010. Promovido por don Carlos Isidro Pinedo Jiménez con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, que le condenó, en apelación, por un delito de usurpación.

Vulneración del derecho a un Juez imparcial: Sentencia condenatoria dictada por los mismos Magistrados que anteriormente habían revocado, pronunciándose sobre un elemento nuclear para la existencia del delito, un Auto de archivo de la instrucción. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 150/2013, de 9 de septiembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 5045-2010. Planteado por la Xunta de Galicia respecto de diversos preceptos de la Orden ITC/404/2010, de 22 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: iniciativa RSE-PYME, y la resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que se efectúa, para el año 2010, la convocatoria de ayudas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: iniciativa RSE-PYME.

Competencias sobre ordenación general de la economía; responsabilidad social de las empresas: disposiciones estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992).

Sala Primera. Sentencia 151/2013, de 9 de septiembre de 2013

Recurso de amparo 6999-2010. Promovido por don Argimiro Sarmiento Francisco en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, estimando parcialmente un recurso de casación, le condenó por un delito de homicidio.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena sustentada en la valoración de la confesión prestada, con asistencia letrada, en fase de instrucción e introducida en el juicio oral celebrado ante el Tribunal del Jurado a través del interrogatorio del acusado.

Sala Segunda. Sentencia 152/2013, de 9 de septiembre de 2013

Recurso de amparo 6549-2011. Promovido por don Yamid Arnobi Valencia Carmona en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Castellón y un Juzgado de lo Penal de Vinarós en procedimiento de ejecutoria penal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas (STC 97/2010). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 153/2013, de 9 de septiembre de 2013

Recurso de amparo 4981-2012. Promovido por don Mikel Beunza Oroz en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid y un Juzgado de Instrucción que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de torturas que se dicen sufridas bajo custodia policial (STC 34/2008).

Pleno. Sentencia 154/2013, de 10 de septiembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 9076-2008. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la resolución de la Dirección General de Inmigración de 14 de julio de 2008, por la que se convocan subvenciones públicas para habilitación de plazas de alojamiento.

Competencias sobre inmigración y asistencia social: resolución estatal que vulnera las competencias autonómicas de gestión de subvenciones (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 155/2013, de 10 de septiembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 2728-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña con respecto al plan de socorro binacional del túnel de Perthus de la línea de alta velocidad Perpiñán-Figueras, aprobado por el Delegado del Gobierno de España en Cataluña y por el Prefecto francés de los Pirineos Orientales.

Competencias sobre protección civil, seguridad pública e infraestructuras de interés general: actuación estatal justificada por la concurrencia de exigencias de interés general que demandan una dirección nacional de todas las Administraciones afectadas (STC 31/2010).

Sala Segunda. Sentencia 156/2013, de 23 de septiembre de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 1819-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Zaragoza en relación con el artículo 68 de la Ley de las Cortes de Aragón 5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema universitario de Aragón.

Competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece un sistema de cese del secretario del consejo social de la universidad propio del personal eventual pese a no tener atribuidas funciones de confianza y asesoramiento especial.

Sala Segunda. Sentencia 157/2013, de 23 de septiembre de 2013

Recurso de amparo 5375-2011 y 5548-2011 (acumulados). Promovidos, por don Rafael y don José Luis Segado Rodríguez y la mercantil Gemsa en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que les condenó, en apelación, por un delito de estafa.

Vulneración del derecho a la defensa: condena pronunciada en apelación valorando elementos subjetivos y sin dar a los acusados la posibilidad de ser oídos (STC 167/2002). Voto particular.

Pleno. Sentencia 158/2013, de 26 de septiembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1756-2002. Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Principio de seguridad jurídica; autonomía universitaria y competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, títulos universitarios, admisión de alumnos (STC 223/2012) y ayudas al estudio.

Pleno. Sentencia 159/2013, de 26 de septiembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1777-2002. Promovido por la Asamblea de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, departamentos e institutos universitarios de investigación, admisión de alumnos y personal docente de universidades privadas (STC 223/2012).

Pleno. Sentencia 160/2013, de 26 de septiembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1788-2002. Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, escuelas y facultades; evaluación y acreditación de la calidad; títulos académicos; admisión de alumnos y procedimientos para la autorización de convenios para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico (SSTC 223/2012 y 131/2013).

Pleno. Sentencia 161/2013, de 26 de septiembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1741-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

Autonomía local y competencias sobre régimen local: publicidad de las sesiones de las juntas de gobierno local cuando actúen en el ejercicio de atribuciones delegadas por el pleno; constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las potestades públicas de las mancomunidades, fusión y organización de municipios, competencias de las diputaciones provinciales, prestación de servicios locales (STC 103/2013). Voto particular.

Pleno. Sentencia 162/2013, de 26 de septiembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 5868-2004. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

Competencia sobre educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales (STC 184/2012).

Pleno. Sentencia 163/2013, de 26 de septiembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 7781-2009. Planteado por el Gobierno de Aragón, en relación con la Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y contra la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

Competencias sobre asistencia social y medio ambiente: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones (SSTC 52/2013 y 113/2013).

Pleno. Sentencia 164/2013, de 26 de septiembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2703-2011. Interpuesto por el Parlamento de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Régimen económico y fiscal canario: nulidad de los preceptos legales que afectan al régimen especial canario y que fueron aprobados sin respetar el trámite de audiencia previa a la Comunidad Autónoma previsto en su Estatuto de Autonomía (STC 35/1984).

Pleno. Sentencia 165/2013, de 26 de septiembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5868-2012. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 9/2012, de 19 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Régimen de cooficialidad lingüística; competencias sobre función pública y principios de seguridad jurídica, igualdad en la ley y autonomía local: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la valoración del catalán en el acceso al empleo público y que regulan el uso de las lenguas en la Administración balear. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 166/2013, de 7 de octubre de 2013

Conflicto positivo de competencia 567-2010. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca.

Competencias sobre pesca marítima y ordenación del sector pesquero: preceptos reglamentarios estatales relativos al procedimiento de incorporación al censo de la flota pesquera operativa de los datos relativos a la flota pesquera de Galicia que faena exclusivamente en las aguas interiores de esta Comunidad Autónoma y la determinación de los busques que pueden ejercer la actividad pesquera en las aguas interiores de Galicia, que vulneran las competencias autonómicas (STC 9/2001).

Sala Segunda. Sentencia 167/2013, de 7 de octubre de 2013

Recurso de amparo 614-2010. Promovido por doña Mireia L. Q. respecto de las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer declarativas de filiación no matrimonial.

Vulneración del derecho a la propia imagen: resoluciones judiciales que no ponderan suficientemente el interés del menor en seguir manteniendo su primer apellido materno, por el que era conocido en los ámbitos familiar, social o escolar.

Sala Segunda. Sentencia 168/2013, de 7 de octubre de 2013

Recurso de amparo 4458-2010. Promovido por don Antonio Toro Castro con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva (incongruencia): resoluciones judiciales que no incurren en irrazonabilidad al computar, como tiempo efectivamente cumplido con repercusión sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo establecido, un solo tiempo material de privación cautelar de libertad (STC 57/2008). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 169/2013, de 7 de octubre de 2013

Recurso de amparo 1088-2011. Promovido por Ultramar Express Transport, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): estimación de un recurso de suplicación fundada en un motivo que entra en contradicción con los argumentos empleados por el recurrente y con las consideraciones fácticas, no controvertidas, de la sentencia de instancia.

Sala Primera. Sentencia 170/2013, de 7 de octubre de 2013

Recurso de amparo 2907-2011. Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones electrónicas fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico.

Sala Segunda. Sentencia 171/2013, de 7 de octubre de 2013

Recurso de amparo 6147-2011. Promovido por Juan Carlos Balerdi Iturralde en relación con los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, desestimatorios de su queja sobre registros corporales.

Vulneración del derecho a la intimidad: cacheo integral practicado sin hacer mención de los motivos de seguridad concretos y específicos que determinaran su necesidad (STC 57/1994).

Pleno. Sentencia 172/2013, de 10 de octubre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 1008-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 5.1 de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de policías locales de La Rioja.

Competencias sobre seguridad pública y coordinación de policías locales: nulidad del precepto legal autonómico relativo a la asociación de municipios para la prestación del servicio de policía local al no haber la Comunidad Autónoma de La Rioja competencias en materia de protección de personas y bienes y de mantenimiento del orden público.

Pleno. Sentencia 173/2013, de 10 de octubre de 2013

Recurso de amparo 3773-2011. Promovido por doña Nuria Sedeño Ortiz respecto de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo Social desestimatorias de su demanda por extinción del contrato de trabajo al no haber superado el período de prueba.

Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones judiciales que, con cita expresa de la doctrina sentada en las SSTC 92/2008 y 124/2009, razonan acerca de la improcedencia de aplicar la regla sobre la nulidad objetiva del despido en caso de embarazo al desistimiento empresarial durante el periodo de prueba. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 174/2013, de 10 de octubre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6596-2011. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente, transportes y urbanismo; interdicción de la arbitrariedad: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los planes de movilidad sostenible; pérdida de objeto de la impugnación respecto de los preceptos relativos a las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas y a la ocupación de superficies para instalación de servicios comunes.

Pleno. Sentencia 175/2013, de 10 de octubre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5474-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.

Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias).

Sala Segunda. Sentencia 176/2013, de 21 de octubre de 2013

Recurso de amparo 1783-2010. Promovido por don Francisco Álvarez-Cascos Fernández y doña María Porto Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda por las imágenes y comentarios difundidos en el programa "Crónicas Marcianas".

Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de imágenes de naturaleza estrictamente privada no amparada por la concurrencia de un interés público constitucionalmente prevalente.

Sala Segunda. Sentencia 177/2013, de 21 de octubre de 2013

Recurso de amparo 5558-2012. Promovido por Llica Bis, S.L., y otras tres personas más, en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimaron la impugnación de un plan parcial del municipio de Cadaqués.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: STC 187/2012 (sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 178/2013, de 21 de octubre de 2013

Recurso de amparo 6214-2012. Promovido por don Jesús Palau Vallverdú respecto de los Autos dictados por un Juzgado de lo Social de Barcelona en proceso por despido.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: falta de agotamiento de la vía judicial previa al haberse simultaneado el recurso de amparo con recurso de suplicación.

Sala Segunda. Sentencia 179/2013, de 21 de octubre de 2013

Conflicto positivo de competencia 190-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural correspondientes al año 2012.

Competencias sobre cultura: preceptos de la convocatoria estatal de ayudas que vulneran competencias de la Generalitat de Cataluña (STC 89/2012).

Pleno. Sentencia 180/2013, de 23 de octubre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2033-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias en materia de aguas, agricultura, asistencia social, legislación laboral, medio ambiente, medios de comunicación social y telecomunicaciones: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las funciones del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico, régimen de pago de ayudas de la Unión Europea en materia agrícola, evaluación ambiental estratégica, declaración de suelos contaminados, demarcaciones hidrográficas (STC 104/2013) y conversión a la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión sonora.

Pleno. Sentencia 181/2013, de 23 de octubre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2631-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Galicia en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

Competencias sobre ordenación general de la economía, autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: nulidad del precepto legal que interpreta el ámbito competencial autonómico sobre el sector eléctrico (STC 18/2011), interpretación conforme del precepto que atribuye al Estado la competencia de autorización de determinadas instalaciones eléctricas.

Pleno. Sentencia 182/2013, de 23 de octubre de 2013

Recursos de inconstitucionalidad 2602-2010, 2603-2010, 2644-2010 y 2681-2010 (acumulados). Interpuestos por los Consejos de Gobierno de la Junta de Extremadura, la Junta de Galicia, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Límites a los decretos-leyes (régimen de las Comunidades Autónomas), competencias sobre ordenación del crédito y ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal estatal que únicamente contempla la solicitud de informe autonómico previo a los planes de actuación o reestructuración en los casos que éstos involucren a cajas de ahorro y cooperativas de crédito (STC 96/1996).

Pleno. Sentencia 183/2013, de 23 de octubre de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 4965-2011. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería en relación con el artículo 141.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.

Competencias en materia de expropiación forzosa: constitucionalidad del precepto legal autonómico que no incluye la necesidad de acuerdo con el propietario previo a la ocupación directa de terrenos dotacionales (STC 61/1997).

Sala Segunda. Sentencia 184/2013, de 4 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 4974-2011. Promovido por don Francisco Castillo González en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Rubí que le condenaron por una falta de lesiones.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a un proceso con todas las garantías: Sentencia de apelación que invoca erróneamente la STC 167/2002 para rechazar la revisión de la condena penal impuesta en primera instancia.

Sala Segunda. Sentencia 185/2013, de 4 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 254-2012. Promovido por don Luis Ricardo Romero respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de lo Social de San Sebastián en procedimiento por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): resoluciones judiciales que desconocen la posibilidad de subsanar, en el plazo habilitado al efecto, la omisión del trámite de conciliación previa (STC 69/1997).

Sala Segunda. Sentencia 186/2013, de 4 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 2022-2012. Promovido por doña G.V.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, que desestimaron su impugnación de la resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.

Supuesta vulneración del derecho a la intimidad familiar y de las libertades de circulación y residencia: orden de expulsión del territorio nacional que no impide a la hija menor de edad el disfrute efectivo de sus libertad de circulación y residencia; el derecho a la vida familiar no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar (STC 60/2010). Voto particular

Sala Segunda. Sentencia 187/2013, de 4 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 3506-2012. Promovido por don José Ramón Traba Rojo respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de A Coruña que denegaron la petición de extinción de responsabilidad penal por prescripción de la pena.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: apreciación sobre prescripción de la pena que introduce causas interruptoras del cómputo del plazo de prescripción no previstas legalmente (STC 97/2010).

Sala Segunda. Sentencia 188/2013, de 4 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 3769-2012. Promovido por don. Abdelilah Ghailan respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en procedimiento de entrada en domicilio.

Supuesta vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio: resoluciones judiciales que autorizaron la entrada en el domicilio del recurrente para proceder a la única posibilidad de ejecutar una resolución administrativa de desalojo y demolición (STC 69/1999). Voto particular.

Pleno. Sentencia 189/2013, de 7 de noviembre de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 7686-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Bilbao, respecto del artículo 32 j) de la Ley del Parlamento Vasco 4/1995, de 10 de noviembre, en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Derecho a la legalidad sancionadora (bis in idem): interpretación conforme del precepto legal que tipifica como infracción muy grave la comisión de más de dos faltas graves en un año.

Sala Primera. Sentencia 190/2013, de 18 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 6685-2010. Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda por las manifestaciones acerca de la identidad de su padre difundidas en los programas televisivos "Aquí hay tomate" y "TNT".

Vulneración del derecho a la intimidad: especulaciones sobre la identidad del progenitor carentes del mínimo interés o relevancia pública que legitime la intromisión en la intimidad (STC 134/1999).

Sala Primera. Sentencia 191/2013, de 18 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 2534-2012. Promovido por doña Rosario Margarita Sanz Alonso respecto de las resoluciones de la Mesa de las Cortes Valencianas que rechazan sendas solicitudes de comparecencia ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

Vulneración del derecho a la participación política: interpretación del Reglamento de la Cámara que no respeta adecuadamente el núcleo esencial del derecho de representación política al excluir de las posibilidades de solicitud de comparecencia ante las comisiones permanentes a quienes hayan cesado en sus responsabilidades políticas. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 192/2013, de 18 de noviembre de 2013

Recurso de amparo 659-2013. Promovido por don José Padilla Pérez respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Málaga que denegaron la petición de extinción de responsabilidad penal por prescripción de la pena.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: apreciación sobre prescripción de la pena que introduce causas interruptoras del cómputo del plazo de prescripción no previstas legalmente (STC 97/2010).

Pleno. Sentencia 193/2013, de 21 de noviembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 5491-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 9.3 y 4 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña.

Competencias sobre ordenación general de la economía y ordenación administrativa de la actividad comercial; libertad de empresa: nulidad del precepto legal autonómico que introduce limitaciones a la libre instalación de algunas modalidades de distribución comercial en la trama urbana consolidada sin motivar la concurrencia de una razón imperiosa de interés general que las justifique (STC 26/2012).

Sala Segunda. Sentencia 194/2013, de 2 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 6472-2011. Promovido por don José María Claros Claver respecto de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la resolución de la Dirección General de Trabajo autorizando un expediente de regulación de empleo.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de un recurso contencioso-administrativo acordada sin aceptar la interrupción del cómputo del plazo por una previa demanda presentada ante el orden jurisdiccional social, cuya incompetencia no era manifiesta, y por la formalización de un recurso de alzada en vía administrativa (STC 194/2009). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 195/2013, de 2 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 162-2012. Promovido por don José María González Vidal respecto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que le condenó, en apelación, por un delito de robo con intimidación y uso de instrumentos peligrosos.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena fundada en la atribución de valor probatorio al atestado policial y que altera el relato de hechos probados de la Sentencia de instancia mediante valoración de pruebas personales sin respetar las garantías de inmediación y contradicción (STC 167/2002).

Sala Segunda. Sentencia 196/2013, de 2 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 5652-2012. Promovido por don José Antonio Montserrat Sánchez respecto de las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Jaén que le condenaron por un delito de sustracción de menores.

Vulneración del derecho a la legalidad penal: condena fundada en una interpretación del elemento subjetivo del delito ajena a la consideración constitucional de la culpabilidad como principio estructural básico del Derecho penal.

Sala Primera. Sentencia 197/2013, de 2 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 2028-2013. Promovido por don Antonio Flores Mancha y tres personas más frente a la Sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte en juicio de desahucio por precario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal tras una indagación insuficiente del paradero de los requeridos (STC 61/2010).

Pleno. Sentencia 198/2013, de 5 de diciembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 534-2004. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo suscrito el 21 de septiembre de 2003 por el Consejero de Agricultura y de Pesca del Gobierno Vasco y el Ministro de Pesca y de Economía Marítima de la República Islámica de Mauritania.

Competencias sobre relaciones internacionales y pesca: acuerdo que vulnera la competencia exclusiva del Estado para celebrar tratados internacionales (STC 165/1994).

Pleno. Sentencia 199/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 9530-2005. Promovido por don Orkatz Gallastegi Sodupe respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de daños terroristas.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, intimidad y protección de datos personales, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y legalidad penal: consideración como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 3701-2006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: STC 96/2013 (constitucionalidad del impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta).

Pleno. Sentencia 201/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 8434-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en conexión con el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen en exclusiva a los estatutos colegiales el establecimiento del régimen sancionador y disponen la adscripción obligatoria al colegio profesional; interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos relativos a la creación de colegios profesionales por reglamento y mediante fusión y segregación, así como a la colaboración y cooperación entre colegios (STC 3/2013).

Pleno. Sentencia 202/2013, de 5 de diciembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 2790-2007. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo del director territorial de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana que ratifica la orden de suspensión cautelar de las obras correspondientes al proyecto "Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura", en el ámbito territorial del parque natural de Las Lagunas de la Mata y Torrevieja (Alicante).

Competencias sobre obras públicas de interés general: nulidad de la resolución autonómica de paralización cautelar de una obra pública estatal consistente en la construcción de una planta desaladora ubicada en una cuenca hidrográfica intracomunitaria cuyos efectos trascienden el ámbito territorial autonómico (STC 227/1988).

Pleno. Sentencia 203/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 6601-2007. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente.

Principios de igualdad ante la ley e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad de la ley autonómica singular al no existir la extraordinaria trascendencia y complejidad del objeto regulado que justifique el sacrificio del control de la medida por la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 166/1986).

Pleno. Sentencia 204/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 7696-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 12.4 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, turismo y comercio interior; libertad de circulación de personas y bienes: nulidad del precepto legal autonómico que extiende a los comercios turísticos el régimen excepcional de venta de labores del tabaco establecido por la legislación básica estatal para los alojamientos turísticos.

Pleno. Sentencia 205/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recursos de amparo 5421-2008, 5422-2008 y 5423-2008 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por don Gorka Knörr Borrás, don Juan María Atutxa Mendiola y doña María Concepción Bilbao Cuevas, en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó por un delito de desobediencia.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, imparcialidad judicial, proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: condena por no haber procedido a la disolución del Grupo Parlamentario Socialista Abertzaleak, ordenada por la Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 206/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2691-2009. Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2009.

Límites materiales a las leyes de presupuestos: inconstitucionalidad de los preceptos legales que modifican el régimen de infracciones y sanciones en el orden social y la regulación general de subvenciones (STC 9/2013).

Pleno. Sentencia 207/2013, de 5 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 4285-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado 7 del artículo único de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y relaciones internacionales; régimen financiero de Navarra: nulidad del precepto legal foral que declara exentos de la contribución territorial los bienes de la Iglesia católica y las asociaciones no católicas legalmente reconocidas y con las que existan acuerdos de colaboración, únicamente cuando estén destinados al culto.

Sala Segunda. Sentencia 208/2013, de 16 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 1110-2011. Promovido por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó la demanda sobre protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en relación con una entrevista emitida en el programa televisivo "Crónicas marcianas".

Vulneración de los derechos al honor y a la propia imagen: entrevista carente de interés informativo realizada con el propósito de ridiculizar al entrevistado.

Sala Primera. Sentencia 209/2013, de 16 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 2354-2012. Promovido por don José Luis Carrillo Benítez en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su recurso frente a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central confirmando en alzada sendos acuerdos de liquidación y sanción tributaria.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): cómputo no irrazonable del plazo para la interposición del recurso de alzada que expira en el día cuyo ordinal coincide con el de la notificación de la resolución administrativa controvertida.

Sala Segunda. Sentencia 210/2013, de 16 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 2501-2012. Promovido por don Horia Remus Chis respecto de los Autos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su prisión provisional en distintos procedimientos de orden europea de detención y entrega.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que acuerdan una medida de prisión provisional diferida sin cobertura legal y transgrediendo los principios de excepcionalidad, previsibilidad y proporcionalidad.

Sala Segunda. Sentencia 211/2013, de 16 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 2791-2012. Promovido por don Ángel Camarillo Llorens y doña Sara Garvia Polo en relación con los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictados en ejecución de sentencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): resoluciones judiciales que instan a la iniciación de un nuevo proceso para la impugnación de un acto administrativo dictado en ejecución de sentencia.

Sala Segunda. Sentencia 212/2013, de 16 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 5790-2012. Promovido por doña Liliana del Cisne Romero Salas en relación con las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid en proceso por despido.

Vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba: denegación del visionado de una cinta grabada por una cámara de seguridad con el que se trataba de acreditar la vulneración del derecho a la intimidad.

Pleno. Sentencia 213/2013, de 19 de diciembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 4748-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero.

Competencias en educación y función pública: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos a funcionarios docentes que realizan actividades inspectoras (STC 184/2012).

Pleno. Sentencia 214/2013, de 19 de diciembre de 2013

Conflicto positivo de competencia 5814-2005. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.

Competencias sobre ferrocarriles: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales (SSTC 245/2012 y 83/2013).

Pleno. Sentencia 215/2013, de 19 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2964-2009. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 12 y 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre función pública: interpretación conforme de la regulación autonómica de la situación administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico del personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud.

Pleno. Sentencia 216/2013, de 19 de diciembre de 2013

Recurso de amparo 10846-2009. Promovido por la asociación Colectivo Cuadernos del Sureste y por don Jorge Antonio Jiménez Marsá en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que estimó, en casación, una demanda por intromisión en el derecho al honor.

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: condena por las críticas dirigidas contra un secretario de Ayuntamiento en el marco de una información sobre un tema de relevancia pública, como es el desarrollo urbanístico de la isla de Lanzarote (STC 89/2010).

Pleno. Sentencia 217/2013, de 19 de diciembre de 2013

Recurso de inconstitucionalidad 2539-2010. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a diferentes fondos, organismos e instituciones públicas y a las asignaciones complementarias para Andalucía (STC 3/2003).

Pleno. Sentencia 218/2013, de 19 de diciembre de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 8389-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 47.1 de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Derecho a la legalidad sancionadora: constitucionalidad del precepto legal autonómico que tipifica como infracción muy grave la permisividad respecto de conductas penalmente ilícitas o ilegales, en especial el consumo o tráfico de drogas.

Pleno. Sentencia 219/2013, de 19 de diciembre de 2013

Cuestión de inconstitucionalidad 3460-2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander en relación con el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio.

Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 171/1996).

AUTOS

Pleno. Auto 9/2013, de 15 de enero de 2013

Inadmite a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local 4038-2011, planteado por treinta y seis municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero, por el que se modifica el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

Pleno. ATC 23/2013, de 29 de enero de 2013

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6898-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 55.1 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente.

Sala Primera. Auto 28/2013, de 11 de febrero de 2013

Inadmite a trámite el recurso de amparo 5469-2012, promovido por doña Micaela Alcántara Torres sobre archivo de causa penal. Voto particular.

Pleno. Auto 68/2013, de 12 de marzo de 2013

Aclara la Sentencia 22/2013, de 31 de enero, dictada en el recurso de amparo 8928-2006, promovido por don Pablo Queralto Gómez en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó por dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Pleno. Auto 84/2013, de 23 de abril de 2013

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6313-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la disposición transitoria primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 14/2009, de 17 de diciembre, de ejecución presupuestaria para 2010.

Pleno. Auto 85/2013, de 23 de abril de 2013

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6611-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el segundo inciso de la disposición transitoria novena de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Sala Primera. Auto 89/2013, de 6 de mayo de 2013

Acuerda no acceder al desistimiento ni al archivo en el recurso de amparo 9138-2008, promovido por el Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S. A., en relación con el Decreto de la Comunidad de Castilla La Mancha 22/2004, de 2 de marzo, sobre admisión de alumnos en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Votos particulares.

Sala Segunda. Auto 134/2013, de 3 de junio de 2013

Rectifica un error material padecido en la Sentencia 106/2013, de 6 de mayo, dictada en el recurso de amparo 8996-2010, promovido por Pinturas Eurotex, S.A., y Palacete de los Lasso, S.L.U.

Sala Segunda. Auto 151/2013, de 8 de julio de 2013

Inadmite a trámite el recurso de amparo 1051-2013, promovido por S.C. y la fundación Raíces en relación con un decreto de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre determinación de la edad de persona extranjera.

Sala Primera. Auto 172/2013, de 9 de septiembre de 2013

Inadmite a trámite el recurso de amparo 952-2013, promovido por M.S. y la fundación Raíces en relación con un decreto de la Fiscalía Provincial de Madrid por el que se fija la edad de persona extranjera.

Pleno. Auto 180/2013, de 17 de septiembre de 2013

Inadmite las recusaciones promovidas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad 3766-2006 y otros veinticinco procesos constitucionales. Votos particulares.

Pleno. Auto 243/2013, de 22 de octubre de 2013

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3207-2013, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el Decreto-ley 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados actos de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Pleno. Auto 267/2013, de 19 de noviembre de 2013

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 851-2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche en relación con el artículo 8.1 b) del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Pleno. Auto 296/2013, de 17 de diciembre de 2013.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3109-2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 21.7.1 g) del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2008, de 25 de junio.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

Cuadro nº 1

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO Y SU DISTRIBUCIÓN INICIAL ENTRE EL PLENO Y LAS SALAS

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 21 | 581 | 602
Febrero | 13 | 569 | 582
Marzo | 23 | 695 | 718
Abril | 15 | 712 | 727
Mayo | 10 | 696 | 706
Junio | 12 | 734 | 746
Julio | 13 | 799 | 812
Agosto | 13 | 108 | 122
Septiembre | 26 | 530 | 556
Octubre | 12 | 817 | 829
Noviembre | 21 | 594 | 615
Diciembre | 18 | 541 | 559
TOTALES | 197 | 7.376 | 7.573

Cuadro nº 2

ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO, CLASIFICADOS SEGÚN EL TIPO DE PROCESO

Recursos de inconstitucionalidad | 76
Cuestiones de inconstitucionalidad | 106
Recursos de amparo | 7.376
Conflictos positivos de competencia | 12
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 7.573

ASUNTOS INGRESADOS EN EL TRIBUNAL

ASUNTOS INGRESADOS EN EL PLENO

Cuadro nº 3

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO1

| PLENO | SALA I y sus Secciones | SALA II y sus Secciones | TOTAL
SENTENCIAS |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 72 | 31 | 35 | 138
Desestimación | 56 | 5 | 14 | 75
Inadmisión | 1 | 3 | 2 | 6
Total Sentencias (+ asuntos acumulados): | 129 (+6) | 39 | 51 (+1) | 219 (+7)
dictadas por la sala, o | 129 | 39 | 51 | 219
por la sección 1ª | - | - | - | -
por la sección 2ª | - | - | - | -
por la sección 3ª | - | - | - | -
por la sección 4ª | - | - | - | -
AUTOS |  |  |  |
- Inadmisión | 29 | 3 | 2 | 34
- Terminación2 | 14 (+2) | 33 | 30 | 77 (+2)
- Suspensión de leyes | 15 | - | - | 15
- Suspensión de otras disposiciones | 3 | 16 | 11 | 30
- Aclaración o rectificación | 3 | - | 3 | 6
- Acumulación | 1 | 1 | 1 | 3
- Recusación y abstención | 9 | 62 | 40 | 111
- Ejecución | - | - | - | -
- Súplica | 1 | 5 | 9 | 15
- Varios | 1 | 2 | 4 | 7
Total Autos | 76 | 122 | 100 | 298 (+2)
PROVIDENCIAS3 |  |  |  |
Admisión | 139 | 59 | 66 | 264
Inadmisión4 | - | 2.776 (-1) | 2.572 (-5) | 5.348 (-6)
Terminación | - | 26 | 510 | 536
Total providencias | 139 | 2.861 (-1) | 3.148 (-5) | 6.148 (-6)
resoluciones dictadas |  |  |  |
Total | 344 | 3.022 | 3.299 | 6.665
resoluciones interlocutorias
Total | 171 | 145 | 134 | 451
resoluciones definitivas5 |  |  |  |
Total | 173 | 2.877 | 3.165 | 6.214
asuntos resueltos |  |  |  |
Total | 179 | 2.876 | 3.161 | 6.217

1 Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

2 Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

3 Providencias que no son de mero trámite.

4 Fueron revocadas en súplica seis providencias de inadmisión: una de la Sala Primera y cinco de la Sala Segunda.

5 Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

Cuadro nº 4

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS DISTINTOS PROCESOS (Y ASUNTOS RESUELTOS1)

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares2
Recurso de inconstitucionalidad | 76 (+4) | 13
Cuestión de inconstitucionalidad | 17 | 2
Recurso de amparo | 87 (+3) | 18
Conflicto positivo de competencias | 38 | 4
Conflicto negativo de competencia | - | -
Conflicto entre órganos constitucionales | - | -
Conflicto en defensa de la autonomía local | 1 | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | -
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 219 (+7) | 37

1 Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados.

2 Algunas sentencia contaron con varios votos particulares. Se formularon asimismo votos particulares a siete autos: en cuatro de ellos se inadmitió la recusación del Presidente en diversos procesos constitucionales y en los otros tres se rechazó un desistimiento en recurso de amparo, se elevó cuestión interna de inconstitucionalidad y se inadmitió a trámite una demanda de amparo.

Cuadro nº 5

RELACIÓN ENTRE ASUNTOS INGRESADOS, ADMITIDOS Y RESUELTOS

FASE DE ADMISIÓN | PLENO | SALA I | SALA II | SALAS | TOTAL
Asuntos recibidos | 197 | 3.677 | 3.699 | 7.376 | 7.573
De nuevo ingreso | 197 | 3.683 | 3.693 | 7.376 | 7.573
Traslados entre Salas | - | -44/+38 | -38/+44 | 82 |
Asuntos admitidos | 139 | 59 | 66 | 125 | 264
Asuntos inadmitidos | 29 | 2.778 | 2.569 | 5.347 | 5.376
Por providencia | - | 2.776 | 2.572 | 5.348 | 5.348
Por Auto | 29 | 3 | 2 | 5 | 34
Revocaciones en súplica | - | 1 | 5 | 6 | 6
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | - | 42 | 528 | 570 | 570
Por providencia | - | 26 | 510 | 536 | 536
Por Auto | - | 16 | 18 | 34 | 34
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | 29 | 798 | 536 | 1.334 | 1.363

FASE DE SENTENCIA | PLENO | SALA I | SALA II | SECCIONES | SALAS Y SECCIONES | TOTAL
Asuntos a sentenciar | 105 | 76 | 83 | - | 159 | 264
Asuntos admitidos | 139 | 59 | 66 | - | 125 | 264
Traslados entre Salas | - | - | - | - | - | -
Avocados (admitidos) | + 1 | - 1 | - | - | - | -
Deferidos a las Salas | - 35 | + 18 | + 17 | - | - | -
Deferidos a las Secciones | - | - | - | - | - | -
Acumulaciones | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 7
Procesos a sentenciar | 100 | 75 | 82 | - | 157 | 257
Asuntos resueltos | 151 | 56 | 63 | - | 119 | 269
Por Sentencia | 129 | 39 | 51 | - | 90 | 219
De los cuales, por la Sala | 129 | 39 | 51 | - | 90 | 219
Sección 1ª | - | - | - | - | - | -
Sección 2ª | - | - | - | - | - | -
Sección 3ª | - | - | - | - | - | -
Sección 4ª | - | - | - | - | - | -
Asuntos terminados (después de su admisión) | 14 | 17 | 11 | - | 28 | 43
Acumulados | 6+2 | - | 1 | - | 1 | 9
Procesos resueltos | 143 | 56 | 62 | - | 118 | 260
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | - 46 | 20 | 20 | - | 40 | - 6
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | - 43 | 19 | 20 | - | 39 | - 4

Cuadro nº 6

A) PROCESOS Y ASUNTOS ADMITIDOS PENDIENTES DE SENTENCIA A 31 DE DICIEMBRE

| PROCESOS | ASUNTOS
Pleno | 251 | 259
Recursos de inconstitucionalidad | 175 | 183
Cuestiones de inconstitucionalidad | 27 | 27
Recursos de amparo avocados | 12 | 12
Conflictos positivos de competencia | 29 | 29
Conflictos negativos de competencia | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 7 | 7
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | 1 | 1
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | -
Sala Primera |  |
Recursos de amparo | 77 | 77
Recursos de inconstitucionalidad | - | -
Cuestiones de inconstitucionalidad | 19 | 19
Conflictos positivos de competencia | 4 | 4
Sala Segunda |  |
Recursos de amparo | 78 | 78
Recursos de inconstitucionalidad | - | -
Cuestiones de inconstitucionalidad | 25 | 25
Conflictos positivos de competencia | 9 | 9
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | -
Secciones |  |
1.ª Recursos de amparo | - | -
2.ª Recursos de amparo | - | -
3.ª Recursos de amparo | - | -
4.ª Recursos de amparo | - | -
Sumas de los recursos de amparo | 167 | 167

B) ASUNTOS PENDIENTES DE DECIDIR SOBRE ADMISIÓN A 31 DE DICIEMBRE

Pleno | 43
Recursos de inconstitucionalidad | 4
Cuestiones de inconstitucionalidad | 38
Recursos de amparo avocados | -
Conflictos positivos de competencia | 1
Conflictos negativos de competencia | -
Conflictos entre órganos constitucionales | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
Sala Primera Recursos de amparo | 1.987
Sala Segunda Recursos de amparo | 1.751
Ambas Salas Recursos de amparo | 3.738

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

Cuadro nº 7

PLENO: ASUNTOS INGRESADOS SEGÚN EL PROMOTOR

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas1
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Promovidos por el Presidente del Gobierno | - | 14
Promovidos por el Defensor del Pueblo | - | -
Promovidos por Diputados o Senadores | 10 | 8
Promovidos por las Comunidades Autónomas | 43 | -
Otros | - | -
Total | 53 | 22
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | - | 2
Audiencia Nacional | 15 | 1
Tribunal Militar Central | - | -
Tribunales Superiores de Justicia | 15 | 13
Tribunales Militares Territoriales | - | -
Audiencias Provinciales | 5 | -
Juzgados | 46 | 7
Otros | - | -
Total | 81 | 23
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) |  |
Total |  | 2
Conflictos constitucionales |  |
Conflictos positivos de competencia |  |
Estado contra Comunidades Autónomas |  | 2
Comunidades Autónomas contra Estado |  | 10
Comunidades Autónomas entre sí |  | -
Conflictos negativos de competencia |  | -
Conflictos entre órganos constitucionales |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | 1
Total |  | 15
1 El Presidente del Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad en relación con una norma foral.

Cuadro nº 8

LITIGIOSIDAD TERRITORIAL DURANTE EL AÑO, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS1

| Recursos de inconstitucionalidad2 | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | 7 | 1 | 1 | -
Cataluña | 15 | 1 | 6 | -
Galicia | - | - | - | -
Andalucía | 4 | 2 | - | 1
Asturias | 2 | 1 | - | -
Cantabria | - | - | - | -
La Rioja | - | - | - | -
Murcia | 1 | - | - | -
Valencia | - | 2 | - | -
Aragón | 1 | 1 | - | -
Castilla - La Mancha | - | 1 | - | -
Canarias | 10 | - | 3 | -
Navarra | 2 | 5 | - | 1
Extremadura | 2 | - | - | -
Baleares | - | 1 | - | -
Madrid | - | 6 | - | -
Castilla y León | - | - | - | -
Totales | 44 | 21 | 10 | 2
65 | 12

1 Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

2 Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Cuadro nº 9

RESOLUCIONES DICTADAS Y ASUNTOS RESUELTOS, SEGÚN EL TIPO DE PROCESO*

Tipo de proceso | PLENO |  | SALA I |  | SALA II |  | Total
S. | A.I. | A.T. |  | S. | A.I. | A.T. |  | S. | A.I. | A.T.
Recursos de inconstitucionalidad | 74 (+4) | - | 1 (+1) |  | 1 | - | 1 |  | 1 | - | - |  | 78 (+5)
Cuestiones de inconstitucionalidad | 11 | 28 | 9 |  | 2 | - | 13 |  | 4 | - | 11 |  | 78
Conflictos positivos de competencia | 34 | - | 2 |  | 1 | - | - |  | 3 | - | - |  | 40
Conflictos negativos de competencia | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 1 | 1 | 1 (+1) |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 3 (+1)
Impugnación de disposiciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
Suma parcial | 120 (+4) | 29 | 13 (+2) |  | 4 | - | 14 |  | 8 | - | 11 |  |
Totales | 162 (+6) |  | 18 |  | 19 |  | 199 (+6)
S. = Sentencia A.I. = Auto de inadmisión A.T. = Auto de terminación
* Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados. Los recursos de amparo avocados por el Pleno aparecen en el cuadro 15.

Cuadro nº 10

ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL PLENO PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE, CLASIFICADOS POR SU TIPO Y PROCEDENCIA

A) Clasificados por tipo de recurso

| Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas
Recursos de inconstitucionalidad |  | 187
Interpuestos por el Presidente del Gobierno | - | 47
Interpuestos por el Defensor del Pueblo | - | 3
Interpuestos por Diputados o Senadores | 19 | 21
Interpuestos por Comunidades Autónomas | 97 | -
Conflictos positivos de competencia |  | 43
Planteados por el Gobierno de la Nación |  | 7
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 36
Cuestiones de inconstitucionalidad |  | 109
Conflictos negativos de competencia |  | -
Conflictos entre órganos constitucionales |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | 7
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  | 1
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  | -
Total |  | 347

B) Clasificados por Comunidad Autónoma(*)

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | 8 | 3 | 2 | 3
Cataluña | 23 | 17 | - | 20
Galicia | 4 | 4 | 1 | 6
Andalucía | 7 | 9 | 3 | -
Asturias | 4 | 1 | - | -
Cantabria | - | 1 | - | -
La Rioja | 4 | - | - | -
Murcia | 4 | - | - | -
Valencia | 3 | 7 | - | 1
Aragón | 2 | 4 | - | -
Castilla - La Mancha | - | 4 | - | -
Canarias | 17 | 1 | - | 3
Navarra | 9 | 8 | 1 | -
Extremadura | 5 | 1 | - | -
Baleares | - | 1 | - | -
Madrid | 3 | 7 | - | 2
Castilla y León | 3 | 1 | - | 1
Totales | 96 | 69 | 7 | 36
165 | 43
(*) Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

III. Recursos de amparo

Cuadro nº 11

ORIGEN DE LOS RECURSOS DE AMPARO INGRESADOS

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 13
Procedencia jurisdiccional | 7.314
Civil | 991
Penal | 3.272
Penitenciario | 410
Contencioso-administrativo | 2.308
Social | 293
Militar | 40
Otros | 49
Total | 7.376

Cuadro nº 12

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LAS SALAS, CON EXPRESIÓN DE LOS RECURRENTES Y DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 6.349
Personas jurídicas de Derecho privado | 688
Entes públicos | 334
Defensor del Pueblo | -
Ministerio fiscal | 5
Total | 7.376

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 1.013 | 13,77
Tutela judicial (art. 24 CE) | 5.914 | 80,18
Otros derechos y libertades: | 1.680 | 22,77
Vida e integridad (art. 15 CE) | 161 | 2,18
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 12 | 0,16
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 335 | 4,54
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 270 | 3,66
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 36 | 0,48
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 38 | 0,51
Reunión (art. 21 CE) | 3 | 0,04
Asociación (art. 22 CE) | 9 | 0,12
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 123 | 1,66
Legalidad penal (art. 25 CE) | 639 | 8,66
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 2 | 0,02
Educación (art. 27 CE) | 12 | 0,16
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 36 | 0,48
Petición (art. 29 CE) | 4 | 0,05
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | - | -

Cuadro nº 13

RECURSOS DE AMPARO: FRECUENCIA DE LA INVOCACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Peniten-ciario | Social | Contencioso-administrativo | Militar |
ART. 24.1 |  |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 825 | 2.126 | 231 | 231 | 1.975 | 33 | 5.421
ART. 24.2 |  |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 8 | 35 | 1 | 1 | 8 | 1 | 54
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 9 | 32 | 1 | 2 | 6 | - | 50
Derecho a ser informado de la acusación | - | 46 | - | - | 3 | - | 49
Derecho a un proceso público. | - | - | - | - | - | - | -
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 6 | 46 | 6 | 2 | 17 | - | 77
Derecho a un proceso con todas las garantías | 47 | 368 | 3 | 7 | 72 | 6 | 503
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 22 | 119 | - | 8 | 39 | 11 | 199
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | 1 | 16 | - | 1 | 4 | - | 22
Derecho a la presunción de inocencia | 6 | 856 | 12 | 2 | 84 | 7 | 967
Total | 924 | 2.208 | 58 | 3.644 | 254 | 254 | 7.342

Cuadro nº 14

RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS, SEGÚN EL ÓRGANO QUE DICTÓ LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN

Tribunal Supremo | 1.994
Otros órganos jurisdiccionales: |
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 19
B) En segunda instancia o suplicación | 3.641
C) En primera o única instancia | 1.660
Órganos no judiciales | 62
Total | 7.376
Tribunal Supremo | 1.994
Audiencia Nacional | 249
Tribunal Militar Central | 13
Tribunales Superiores de Justicia | 1.420
Tribunales Militares Territoriales | 3
Audiencias Provinciales | 2.406
Juzgados | 1.064
Órganos no judiciales / no consta | 62 / 165
Total | 7.376

RESOLUCIONES JUDICIALES ANULADAS(*)

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 9 | 4
Tribunales Superiores de Justicia | 13 | 2
Audiencia Nacional | 3 | 2
Audiencias Provinciales | 16 | 8
Juzgados | 11 | 12

(*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican
sólo los Tribunales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al
margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o
varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo Tribunal, sólo se registra la
anulación de la sentencia.

Cuadro nº 15

RESOLUCIONES DICTADAS Y AMPAROS RESUELTOS1

| SENTENCIA | AUTO | PROVIDENCIA DEFINITIVA | SUMAS
|  | Inadmisión | Terminación2 |  |
Pleno | 9 (+2) | - | 1 | - | 10 (+2)
Sala Primera | 35 | 3 | 3 | 2.802 (-1) | 2.842 (-1)
Sección Primera | - | - | 8 | - | 8
Sección Segunda | - | - | 8 | - | 8
Sala Segunda | 43 (+1) | 1 | 1 | 3.082 (-5) | 3.129 (-4)
Sección Tercera | - | 1 | 11 | - | 12
Sección Cuarta | - | - | 7 | - | 8
Totales | 87 (+3) | 5 | 39 | 5.884 (-6) | 6.015 (-3)

1 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

2 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Datos comparados
(Años 2009 - 2013)

Cuadro nº 16

DATOS COMPARADOS 2009-2013

Asuntos ingresados | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Recursos de inconstitucionalidad | 7 | 32 | 31 | 38 | 76
Cuestiones de inconstitucionalidad | 35 | 50 | 51 | 42 | 106
Recursos de amparo | 10.792 | 8.948 | 7.098 | 7.205 | 7.376
Conflictos positivos de competencia | 13 | 6 | 9 | 8 | 12
Conflictos negativos de competencia | - | 1 | - | 1 | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 1 | 4 | 3 | - | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - | - | 1
Requerimientos sobre tratados internacionales | - | - | - | - | -
Total | 10.848 | 9.041 | 7.192 | 7.294 | 7.573

Resoluciones dictadas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 20 | 48 | 59 | 136 | 129
Sala Primera y sus Secciones | 97 | 29 | 77 | 59 | 39
La Sala | 78 | 25 | 55 | 59 | 39
Sección 1ª | 3 | 3 | 11 | - | -
Sección 2ª | 8 | 1 | 11 | - | -
Sala Segunda y sus Secciones | 103 | 66 | 71 | 51 | 51
La Sala | 84 | 62 | 50 | 50 | 51
Sección 3ª | 11 | - | 9 | - | -
Sección 4ª | 8 | 4 | 12 | 1 | -
Total | 220 | 143 | 207 | 246 | 219
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 29 | 20 | 43 | 44 | 43
Sala Primera y sus Secciones | 43 | 36 | 29 | 36 | 36
Sala Segunda y sus Secciones | 67 | 40 | 28 | 24 | 32
Total | 139 | 96 | 100 | 104 | 111
Providencias de inadmisión y terminación
Pleno | - | - | - | 3 | -
Sala Primera | 7.476 | 5.387 | 3.013 | 3.948 | 2.802
Sala Segunda | 7.968 | 4.604 | 3.387 | 3.387 | 3.082
Total | 15.434 | 9.991 | 6.400 | 7.338 | 5.884
Autos interlocutorios | 147 | 112 | 86 | 145 | 187
Providencias de admisión | 82 | 204 | 137 | 209 | 264
Total de resoluciones definitivas (Sentencias + Autos definitivos + providencias definitivas) | 15.793 | 10.230 | 6.708 | 7.691 | 6.214
Total de resoluciones dictadas | 16.022 | 10.546 | 6.931 | 8.041 | 6.665

ADMISIÓN EN LAS SALAS

ADMISIÓN EN EL PLENO

Asuntos resueltos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Recursos de inconstitucionalidad
Por Sentencia | 2 | 10 | 32 | 51 | 76
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 1 | 1 | - | - | 2
Por Auto o providencia | 2 | 20 | 19 | - | 2
(de ellos, por resolución de Sala) | - | 1 | - | - | 3
Acumulados con los anteriores | - | - | 4 | 6 | 5
Total | 4 | 30 | 55 | 57 | 83
Cuestiones de inconstitucionalidad
Por Sentencia | 38 | 40 | 22 | 41 | 17
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 20 | 16 | 6 | 11 | 6
Por Auto o providencia | 36 | 36 | 40 | 23 | 61
(de ellos, por resolución de Sala) | 10 | - | - | - | 21
Acumulados con los anteriores | 77 | 12 | 1 | 1 | -
Total |  | 88 | 63 | 65 | 78
Recursos de amparo
Por Sentencia | 177 | 91 | 145 | 124 | 87
(de ellos, por Sentencia del Pleno) | 1 | 18 | 4 | 33 | 9
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 138 | 65 | 98 | 90 | 78
(de ellos, por Sentencia de Sección) | 38 | 8 | 43 | 1 | -
Por Auto de inadmisión | 34 | 26 | 37 | 2 | 5
(de ellos, por Auto del Pleno) | - | 2 | 19 | 2 | -
Por providencia de inadmisión | 13.008 | 8.964 | 5.868 | 7.298 | 5.342
Por otras causas (Autos o providencias) | 2.469 | 1.027 | 532 | 43 | 574
Acumulado con los anteriores | 5 | 2 | 2 | 5 | 3
Total | 15.693 | 10.110 | 6.584 | 7.472 | 6.012
Conflictos positivos de competencia
Por Sentencia | 3 | 2 | 8 | 29 | 38
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 3 | 2 | 1 | 10 | 4
Por Auto o providencia | - | 1 | 1 | 3 | 2
(de ellos, por resolución de Sala) | - | - |  | - | -
Acumulados con los anteriores | - | - | 6 | 2 | -
Total |  | 3 | 15 | 34 | 40
Conflictos negativos de competencia
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | 1 | 1 | -
Total | - | - | 1 | 1 | -
Conflictos entre órganos constitucionales
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local
Por Sentencia | - | - | - | 1 | 1
Por Auto o providencia | 1 | 1 | - | - | 3
Total | 1 | 1 | - | 1 | 4
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales
Por Declaración | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Total de asuntos resueltos | 15.851 | 10.232 | 6.708 | 7.630 | 6.217

SENTENCIAS EN LAS SALAS

SENTENCIAS EN EL PLENO

Asuntos admitidos pendientes de Sentencia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 192 | 206 | 202 | 182 | 175
Acumulados | 8 | 15 | 13 | 8 | 8
Procesos en la Sala Primera | 5 | 4 | 3 | 2 | -
Procesos en la Sala Segunda | 2 | 2 | 1 | 1 | -
Total | 207 | 227 | 219 | 193 | 183
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 127 | 96 | 68 | 32 | 27
Acumulados | 1 | - | 1 | 1 | -
Procesos en la Sala Primera | 5 | 11 | 11 | 26 | 19
Procesos en la Sala Segunda | 14 | 13 | 17 | 22 | 25
Total | 147 | 120 | 97 | 81 | 71
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 72 | 70 | - | 56 | 29
Acumulados | 3 | 4 | - | - | -
Procesos en la Sala Primera | 11 | 12 | 7 | 4 | 4
Procesos en la Sala Segunda | 11 | 17 | 18 | 12 | 9
Total | 97 | 103 | 25 | 72 | 42
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - |  | -
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - |  | -
Conflictos en defensa de la autonomía local
Procesos en el Pleno | 5 | 6 | 7 | 5 | 7
Acumulados | - | - | 1 | 1 | -
Procesos en la Sala Primera | - | - | - | - | -
Procesos en la Sala Segunda | - | - | - | 1 | -
Total | 5 | 6 | 8 | 7 | 7

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones
de las Comunidades Autónomas

Procesos en el Pleno | - | - | - | - | 1
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | 1

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados
internacionales

Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 3 | 8 | 27 | 15 | 12
(acumulados con los anteriores) | - | 2 | 2 | 2 | -
Sala Primera y sus Secciones | 75 | 102 | 47 | 59 | 77
(acumulados con los anteriores) | - | 1 | 2 | - | -
Sala Segunda y sus Secciones | 95 | 90 | 67 | 66 | 78
(acumulados con los anteriores) | 1 | - | - | - | -
Suma de procesos de amparo | 173 | 203 | 145 | 142 | 167
Total de procesos pendientes de Sentencia de Pleno | 399 | 386 | 270 | 290 | 251
Total de procesos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 213 | 247 | 171 | 193 | 212
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Pleno | 411 | 407 | 284 | 302 | 259
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 219 | 253 | 173 | 183 | 212

Asuntos pendientes de admisión | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | - | 1 | 6 | 2 | 4
Cuestiones de inconstitucionalidad | 19 | 13 | 24 | 10 | 38
Recursos de amparo avocados | - | - | 2 | - | -
Conflictos positivos de competencia | 3 | - | - | - | 1
Conflictos negativos de competencia | - | 1 | - | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | 1 | 2 | 2 | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - | - | -
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | - | - | - | -
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 2.840 | 1.660 | 2.032 | 1.510 | 1.987
Sala Segunda | 1.729 | 1.489 | 1.388 | 1.385 | 1.751
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 22 | 16 | 34 | 14 | 43
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 4.569 | 3.149 | 3.420 | 2.895 | 3.738

PENDIENTES DE SENTENCIA EN EL PLENO

PENDIENTES DE SENTENCIA EN LAS SALAS

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN EL PLENO

PENDIENTES DE ADMISIÓN EN LAS SALAS

RESUMEN DEL PLENO

RESUMEN DE LAS SALAS

RESUMEN DEL TRIBUNAL

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tramitó un total de 1.042 demandas contra España. De ellas, 1.029 fueron inadmitidas o archivadas por otras causas, dictándose doce sentencias en procesos derivados de la actuación de los poderes públicos españoles, que resolvieron catorce demandas pues tres de ellas fueron objeto de una sola sentencia: Román Zurdo y otros c. España, de 8 de octubre. Una de dichas sentencias se dictó en ejecución de otra anterior: la pronunciada el 3 de abril de 2012 por la Sección Tercera del Tribunal en el caso Manzanas Martín c. España. En esta sentencia se había declarado la violación del derecho a la igualdad, proclamado por el artículo 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH), en relación con el derecho a la propiedad salvaguardado por artículo 1 del Protocolo núm. 1, defiriendo para el procedimiento posterior la aplicación del artículo 41 del Convenio, relativo al arreglo equitativo para reparar las consecuencias de la vulneración declarada en la sentencia. Pues bien, por sentencia de 5 de marzo de 2013 esa misma Sección del Tribunal confirmó el acuerdo alcanzado entre las partes para lograr una ejecución apropiada de lo acordado por la antes citada resolución de 3 de abril de 2012.

De las restantes sentencias, destaca la pronunciada el 21 de octubre por la Gran Sala en el caso Del Río Prada c. España. En este proceso había recaído sentencia estimatoria de la Sección Tercera de fecha 10 de julio de 2012, cuya remisión a la Gran Sala fue solicitada por el Gobierno español de acuerdo con lo establecido en el art. 43 del Convenio. La remisión a la Gran Sala fue acordada por resolución de 22 de octubre de 2012, dictándose apenas un año después una nueva sentencia, confirmatoria del pronunciamiento de la Sección. Durante la vigencia del nuevo art. 43 del Convenio, esta fue la tercera sentencia dictada por la Gran Sala en asuntos dimanantes de la actuación de los poderes públicos españoles y la primera en que esta composición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a instancias del Gobierno español, pues en las dos ocasiones anteriores la remisión del caso a la Gran Sala había sido solicitada por la parte actora: sentencias en los casos Mangouras c. España, de 28 de septiembre de 2010 (confirmatoria de la desestimación de la demanda acordada por Sentencia de la Sección Tercera de 8 de enero de 2009) y Palomo Sánchez y otros c. España, de 12 de septiembre de 2011 (confirmatoria de la sentencia de sección Aguilera Jiménez y otros c. España de 8 de diciembre de 2009).

Cuatro de las sentencias dictadas el pasado año desestimaron íntegramente la demanda: caso Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca c. España, de 15 de enero; Gani c. España, de 19 de febrero; Sardón Alvira c. España, de 24 de septiembre y Naranjo Acevedo c. España, de 22 de octubre. En las otras siete sentencias se declararon vulnerados los derechos a un proceso equitativo en relación con el derecho a la igualdad (caso García Mateos c. España, de 19 de febrero), a un proceso equitativo, a ser informado de la acusación y a la defensa (caso Varela Geis c. España, de 5 de marzo), al respeto a la vida privada y familiar (caso R.M.S. c. España, de 18 de junio), a un proceso equitativo (casos Román Zurdo y otros c. España; Nieto Macero c. España, ambas de 8 de octubre y Sainz Casla c. España, de 12 de noviembre) y a la legalidad penal y, parcialmente, a la libertad y seguridad (caso del Río Prada c. España, de 21 de octubre).

Empezando por las Sentencias desestimatorias, y siguiendo un orden estrictamente cronológico, la Sentencia de 15 de enero, caso Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca c. España (en adelante, EAE-ANV), resolvió el recurso formulado por esta formación política respecto de la Sentencia dictada el 22 de septiembre de 2008 por la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo acordando su ilegalización y consecuente disolución. El recurso de amparo promovido respecto de esta resolución judicial había sido desestimado por la STC 31/2009, de 29 de enero. La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no apreció que la ilegalización de este partido político se hallara incursa en vulneración alguna de las libertades de expresión (art. 10 CEDH), reunión y asociación (art. 11 CEDH).

La Sentencia de 19 de febrero, dictada en el caso Gani c. España, rechazó que la condena del acusado, luego demandante ante el Tribunal europeo, que había sido impuesta tomando como única prueba incriminatoria el testimonio prestado por una tercera persona en la fase de instrucción, hubiera vulnerado su derecho a un proceso con todas garantías (art. 6.3 CEDH), pues si bien es cierto que no tuvo la oportunidad de interrogar a la testigo durante la vista oral, no lo es menos que gozó de esa posibilidad en la fase instructora; posibilidad que desaprovechó por causas exclusivamente imputables a la propia parte acusada.

La Sentencia de 24 de septiembre, caso Sardón Alvira c. España, desestimó la demanda de quien había sido declarado responsable civil en un proceso penal, seguido en relación con la sociedad de inversión Gescartera, tras ser absuelto de su responsabilidad penal por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental,. Además de rechazar que en el proceso penal se hubieran vulnerado las vertientes del derecho a un proceso equitativo garantizadas por los apartados 1 y 3 del art. 6 CEDH, esta sentencia declaró notoriamente infundada la impugnación de la providencia que había inadmitido el recurso de amparo formulado por el reo, de 11 de febrero de 2010.

Finalmente, la Sentencia de 22 de octubre, caso Naranjo Acevedo c. España, desestimó el recurso interpuesto respecto de una condena en apelación sin celebración de vista pública. Esta resolución hizo hincapié en el carácter predominantemente jurídico del aspecto sobre el que había debido pronunciarse el tribunal de apelación y que le había llevado a alcanzar un pronunciamiento condenatorio: la existencia o no de dolo eventual en la conducta del acusado.

Por lo que atañe a las sentencias estimatorias de los recursos promovidos respecto de la actuación de los poderes públicos españoles, la Sentencia García Mateos c. España, de 19 de febrero, condenó a España por vulneración del derecho a un proceso equitativo, combinado con el derecho a la igualdad, al no haberse ejecutado adecuadamente la STC 3/2007, de 15 de enero, que había otorgado amparo a una trabajadora a quien le habían denegado una solicitud de reducción de jornada laboral para cuidar de un hijo menor de edad. En relación con este recurso de amparo, el ATC 1/2009, de 12 de enero, al que se formuló un voto particular discrepante, ya había estimado un incidente de ejecución al concluir la Sala Primera del Tribunal Constitucional que no se había ejecutado adecuadamente la sentencia de 15 de enero de 2007.

La Sentencia Varela Geis c. España, de 5 de marzo, estimó el recurso de quien había sido condenado en primera instancia por la comisión de sendos delitos de negación y justificación del holocausto, condena que, en apelación —tras dictarse la STC 235/2007, de 7 de noviembre, que declaró inconstitucional y nulo el tipo del primero de estos ilícitos penales—, fue confirmada en su integridad, subsumiéndose su conducta exclusivamente en el tipo del delito de justificación del genocidio. De acuerdo con la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la recalificación de la conducta llevada a cabo por el tribunal de apelación quebrantó el derecho del acusado a un proceso equitativo, pues supuso la reconducción de dos comportamientos ilícitos a un único tipo penal que no constituía un elemento intrínseco de la acusación inicial que el acusado hubiera conocido desde el principio del proceso penal.

La Sentencia R.M.S. c. España, de 18 de junio de 2013, condenó a España por vulneración del derecho al respeto de la vida privada y familiar de la demandante, a quien se le había imposibilitado todo contacto con su hija, entregada en acogimiento a otra familia sin ponderar adecuadamente las circunstancias sobrevenidas aducidas por la actora. La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que todo el procedimiento se había incoado sin la previa declaración de la situación de abandono de la menor.

Tres sentencias estimaron otros tantos recursos por vulneración del derecho a un proceso equitativo causada por condena en apelación quebrantando las garantías procesales: Sentencias Román Zurdo y otros c. España, de 8 de octubre (nueva valoración de los hechos sin inmediación que da lugar a una condena por la comisión de delitos relativos a la ordenación del territorio por tres concejales de la ciudad de Marbella); Nieto Macero c. España, también de 8 de octubre (delito de resistencia a la autoridad) y Sainz Casla c. España, de 12 de noviembre (respecto de un delito contra la hacienda pública).

La Sentencia de 21 de octubre, dictada por la Gran Sala del Tribunal, confirmó la Sentencia Del Río Prada c. España de 10 de julio de 2012, de la Sección Tercera, que había condenado a España por vulneración de los derechos a la legalidad penal y a la libertad y seguridad como consecuencia de la aplicación a la demandante del criterio sobre cómputo de los beneficios penitenciarios sentado por la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 855 asuntos relacionados con España.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 6: Derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 19 de febrero de 2013, asunto Gani

El demandante fue condenado por los delitos de amenazas, allanamiento de morada, secuestro y violación. El testimonio de la madre de la víctima, prestado durante la instrucción y no reiterado en la vista oral, fue considerado determinante de la acreditación de los hechos; consignando el tribunal sentenciador que al acusado se le brindó la oportunidad de asistir a la declaración de la testigo ante el juez instructor, sin que acudiera a la cita ni adujese justificación alguna. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo y el posterior recurso de amparo inadmitido por falta de contenido constitucional de la demanda, en los términos del artículo 50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la redacción anterior a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

En esta ocasión se alegaba vulneración del art. 6, apartados 1 y 3 d) CEDH, pues el acusado no tuvo oportunidad de interrogar a la testigo. Sin embargo, la Sentencia subrayó que de los preceptos invocados del Convenio no se infiere la existencia de un derecho ilimitado a que se garantice la presencia del testigo en la vista oral, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales nacionales decidir acerca de la necesidad de tener a la vista al testigo mientras presta declaración, sin que la no apreciación de dicha necesidad determine, de suyo, infracción del principio de contradicción. En este caso, el tribunal sentenciador, a la vista de la imposibilidad de llevar a cabo el interrogatorio completo de la testigo durante el juicio oral, pues padeció estrés postraumático, procedió a la lectura de la declaración prestada en la instrucción, lo que permitió cotejar los diferentes relatos de los hechos.

* Sentencia de 19 de febrero de 2013, asunto García Mateos

La demandante, de nacionalidad española, interpuso recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la ejecución de la STC 3/2007, de 15 de enero, que le había otorgado el amparo al apreciar que la negativa a concederle una reducción de jornada laboral para el cuidado de un hijo menor de edad constituyó una discriminación por razón de sexo. La Sentencia del Tribunal Constitucional anuló las resoluciones judiciales impugnadas y retrotrajo las actuaciones para que el órgano jurisdiccional se pronunciase nuevamente sobre la pretensión, ponderando el derecho fundamental transgredido. Ello dio lugar a una nueva sentencia de la jurisdicción social, que el ATC 1/2009, de 12 de enero, anuló porque no efectuaba una correcta ejecución de lo acordado en la Sentencia de 15 de enero de 2007. En este mismo auto se descartó reenviar nuevamente el asunto a la jurisdicción social, pues el hijo había sobrepasado el límite de edad establecido para la reducción de jornada, y se rechazó asimismo fijar una indemnización, por entender que no lo permitía el art. 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El ATC 1/2009 cuenta con un voto particular discrepante. La demandante adujo vulneración de sus derechos a un proceso equitativo y a la igualdad (arts. 6.1 y 14 CEDH, respectivamente) por la inejecución de la STC 3/2007.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo hincapié en que los Estados tienen la obligación de poner a disposición de los demandantes un sistema que les permita lograr la ejecución correcta de las resoluciones dictadas por las jurisdicciones nacionales. En este caso, observa que si bien la pretensión inicialmente ejercitada por la demandante consistió en el reconocimiento de su derecho a una jornada de trabajo reducida para atender al cuidado de su hijo, esta pretensión se transformó al sobrepasar su hijo la edad legalmente prevista para ejercer ese derecho. Esta pretensión alternativa fue rechazada por el Tribunal Constitucional, concluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la protección concedida por aquel se mostró ineficaz en este caso, toda vez que la no restitución en la integridad del derecho de la demandante dejó sin efecto la protección otorgada mediante la concesión del amparo por la STC 3/2007.

La Sentencia declaró la vulneración del artículo 6.1, combinado con el artículo 14, del Convenio y condenó al Estado español a pagar a la demandante una indemnización de 16.000 € en concepto de daño moral, con los intereses moratorios correspondientes.

* Sentencia de 5 de marzo de 2013, asunto Varela Geis

El demandante había sido condenado por sendos delitos continuados de genocidio, tipificado en el artículo 607.2 del Código penal, y provocación a la discriminación, al odio y a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas y antisemitas, a partir del examen del material bibliográfico que distribuía la librería de la que era propietario en Barcelona. Recurrida la condena en apelación, se celebró vista oral, tras la cual se elevó cuestión de inconstitucionalidad, luego resuelta por la STC 235/2007, de 7 de noviembre, que declaró inconstitucional el precepto penal aplicado en la parte relativa a la negación del genocidio, manteniendo la validez de la parte referida a su justificación. Celebrada nueva vista, se dictó sentencia confirmatoria de la condena, que fue objeto de recurso de amparo, inadmitido mediante providencia al no apreciarse su especial trascendencia constitucional.

En esta ocasión el demandante adujo la vulneración de su derecho a un proceso equitativo [art. 6.1 y 3 a) y b) CEDH], así como a las libertades de pensamiento y expresión (arts. 9 y 10 CEDH). Estos últimos motivos del recurso fueron reconducidos a los anteriores, al constatarse su íntima ligazón. La Sentencia recalcó que el derecho a ser informado sobre los hechos de la acusación y sobre la tipificación jurídica a la que da lugar la comisión de los mismos, es una condición esencial de la equidad del procedimiento. En este caso se infringió este derecho en la medida en que el tribunal de apelación llevó a cabo una recalificación de los hechos que originariamente se habían reputado “negación” del genocidio, transformándolos en “justificación”, siendo así, además, que la justificación del genocidio no figuraba en la acusación y no se le brindó al denunciado la oportunidad de defenderse de ella.

Por consiguiente, se declaró la vulneración de los artículos 6.1 y 6.3 a) y b) del Convenio, condenando al Estado español al pago de una indemnización de 8.000 € por daño moral y de 5.000 € por gastos y costas del proceso.

* Sentencia de 24 de septiembre de 2013, asunto Sardón Alvira

El demandante había sido inicialmente condenado por la Audiencia Nacional por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Esta condena fue luego revocada en casación al apreciar el Tribunal Supremo que se sustentaba sobre una base probatoria insuficiente, lo que no fue obstáculo para confirmar la declaración de responsabilidad civil que contenía la sentencia de instancia. El demandante interpuso entonces recurso de amparo aduciendo que el Tribunal Supremo había vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías al proceder a una reformulación de los hechos que no le fue posible controvertir. La demanda de amparo fue inadmitida a trámite al no haber acreditado su especial trascendencia constitucional.

En su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el demandante invocó los apartados 1 y 3, a) y b), del art. 6 CEDH, que proclama el derecho a un proceso equitativo, atribuyendo la vulneración de estos preceptos a la sentencia dictada en casación por el Tribunal Supremo y a la providencia de inadmisión del recurso de amparo dictada por el Tribunal Constitucional.

La Sentencia de 24 de septiembre concluyó, en primer lugar, que no eran aplicables al caso las garantías previstas por el art. 6.3, a) y b), CEDH para los procesos penales (derechos a ser informado de la acusación y a la defensa en un proceso penal, respectivamente) puesto que la responsabilidad declarada fue de naturaleza estrictamente civil, al no tener naturaleza punitiva, sino reparadora. En cuanto al derecho a un proceso de carácter civil con todas las garantías (art. 6.1 CEDH), la sentencia no apreció vulneración alguna pues rechazó que la interpretación de la legalidad realizada por el Tribunal Supremo pudiera calificarse de irrazonable o arbitraria. Reiterando la doctrina que reconoce al legislador nacional la posibilidad de establecer como causa de inadmisión de los recursos la relevancia jurídica del asunto planteado, la sentencia rechazó igualmente que la inadmisión del recurso de amparo hubiera incurrido en vulneración del art. 6.1 CEDH.

* Sentencia de 8 de octubre de 2013, asunto Nieto Macero

En este caso el demandante, absuelto en la instancia, fue condenado en apelación por un delito de atentado contra la autoridad. Pese a que se celebró vista pública y que a ella fueron emplazadas las partes personadas en el proceso, se dio la circunstancia de que el acusado no fue citado personalmente y su procurador sólo recibió notificación dos días antes de la vista. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por providencia, al faltar el requisito de la especial trascendencia constitucional.

La Sentencia de 8 de octubre de 2013 declaró la vulneración del derecho a un proceso equitativo, en su vertiente de principio de inmediación (art. 6.1 CEDH), inadmitiendo el recurso respecto del motivo relativo a la violación del derecho a un juicio dentro de un plazo razonable, proclamado en ese mismo precepto del Convenio. En cuanto a lo primero, la Sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena en apelación trajo causa de una nueva apreciación de una circunstancia subjetiva de la conducta —la intencionalidad del daño causado a unos agentes de policía— alcanzada prescindiendo del testimonio del entonces acusado. Con respecto a lo segundo, la Sentencia inadmitió la demanda por falta de agotamiento de las vías de recurso internas dado que en ningún momento se denunció la existencia de dilaciones indebidas en el proceso penal. Se da la circunstancia de que la Sección dictó sentencia constituida en un Comité de tres Magistrados, por considerar que la cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio o de sus Protocolos, había dado lugar a jurisprudencia bien establecida del Tribunal (art. 28.1.b CEDH, redactado por el Protocolo 14).

En su parte dispositiva la Sentencia declaró la violación del artículo 6.1 del Convenio y condenó al Estado español al pago de 2.904 € en concepto de daños morales.

* Sentencia de 8 de octubre de 2013, asunto Román Zurdo y otros

Tres ciudadanos españoles, concejales del Ayuntamiento de Marbella, fueron acusados de un delito contra la ordenación del territorio, al haber intervenido en la concesión de licencias ilegales de edificación. En primera instancia resultaron absueltos al apreciar el juzgador la concurrencia de confusión normativa e ignorancia de la ilegalidad de las licencias concedidas. Las acusaciones se alzaron en apelación frente a esta sentencia de instancia, promoviendo algunos acusados la recusación de dos Magistrados de la Sección de la Audiencia Provincial que había de conocer del recurso y que finalmente condenó a los acusados, quienes no prestaron nuevo testimonio en la vista oral. Los correspondientes recursos de amparo se inadmitieron a trámite por el Auto 338/2008, de 27 de octubre, y una providencia de 4 de febrero de 2009, respectivamente.

Aplicando la doctrina sentada en la Sentencia Lacadena Calero c. España, de 22 de noviembre de 2011, la resolución que ahora se reseña concluye apreciando la vulneración del principio de inmediación, garantizado por el art. 6.1 CEDH en la medida en que la condena por un delito de corrupción urbanística fue impuesta en apelación tras una nueva valoración del elemento subjetivo del tipo realizada sin oír a los acusados. Por el contrario, se inadmitió la queja relativa a la falta de imparcialidad de los miembros del tribunal de apelación, por falta manifiesta de fundamentación.

La Sentencia de la Sección Tercera declaró la vulneración del artículo 6.1 de la Convención y condenó a España al pago de una indemnización de 8.000 € en concepto de daños morales, con los intereses moratorios que correspondan.

* Sentencia de 22 de octubre de 2013, asunto Naranjo Acevedo

En este caso, el demandante adujo haber sufrido una vulneración en su derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) al ser condenado en apelación por un delito de robo con violencia y uso de armas de fuego y coautor de dos delitos de asesinato, sin ser oído y sin la práctica de medio de prueba alguno. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por falta de especial trascendencia constitucional.

Reiterando una vez más la aplicabilidad de la doctrina sentada en la Sentencia Lacadena Calero c. España, de 22 de noviembre de 2011, la Sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, formada en Comité de tres Magistrados, desestimó la demanda, pues la condena impuesta en apelación no fue consecuencia de una modificación del relato de hechos probados ante el tribunal del jurado, sino de una distinta consideración de un elemento estrictamente jurídico —la noción de dolo eventual—, que no precisaba audiencia del entonces acusado.

* Sentencia de 12 de noviembre de 2013, asunto Sainz Casla

En este caso el demandante había sido acusado de cometer cuatro delitos contra la hacienda pública, resultando absuelto en la instancia, al apreciar el juzgado que el acusado ignoraba extremos relevantes del régimen fiscal de la sociedad de la que era apoderado y que había sido investigada por la Administración tributaria. En segunda instancia y sin celebración de vista pública, el tribunal de apelación apreció la intencionalidad del acusado y su participación directa en la comisión de los delitos, al entender que la declaración de uno de los coimputados implicaba al demandante, lo que llevó a una reinterpretación, determinando su culpabilidad. El recurso de amparo fue inadmitido por no haberse justificado su especial trascendencia constitucional.

Con reiteración, una vez más, de la doctrina sentada en la Sentencia Lacadena Calero c. España, de 22 de noviembre de 2011, un Comité de tres Magistrados de la Sección Tercera estimó la demanda por vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH), en la medida en que se produjo una infracción del principio de inmediación en la segunda instancia. En efecto, el acusado fue condenado en apelación a partir de una nueva valoración de elementos subjetivos del tipo sin que se celebrase la preceptiva vista oral y se le brindase la posibilidad de aducir lo que a su derecho conviniera. Por el contrario, se rechazó la demanda con respecto a la inadmisión del recurso de amparo.

En su parte dispositiva, la Sentencia declaró vulnerado el artículo 6.1 del Convenio y condenó al Estado español al pago de 8.000 € en concepto de indemnización de los daños morales y otros 5.000 € por gastos y costas del proceso.

2. Artículo 7: Legalidad penal

* Sentencia de 21 de octubre de 2013, asunto Del Río Prada

La demandante había sido condenada a más de 3.000 años de prisión por delitos de terrorismo cometidos en el seno de la banda armada ETA hallándose vigente el Código penal de 1973. Durante el cumplimiento de su condena obtuvo beneficios penitenciarios y redenciones de pena por trabajos de conservación y por cursar estudios universitarios. Sin embargo, en aplicación del nuevo criterio de cómputo de estos beneficios establecido por la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, dichos beneficios le fueron computados sobre el total de la condena impuesta y no respecto de la pena máxima a cumplir, lo que determinó que su licenciamiento definitivo se postergara por espacio de aproximadamente nueve años.

La demandante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y seguridad, a la legalidad penal y a la igualdad (artículos 5, 7 y 14, respectivamente, del Convenio), al entender que había sido objeto de una aplicación retroactiva de la nueva doctrina jurisprudencial que había dado como consecuencia la privación de efectos a los beneficios penitenciarios que le habían sido reconocidos durante el cumplimiento de condena. La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia estimatoria el 10 de julio de 2012, cuya remisión a la Gran Sala solicitó, y obtuvo, el Gobierno español.

El 21 de octubre de 2013 la Gran Sala ratificó el pronunciamiento de la Sección Tercera. La Sentencia destacó que el principio de legalidad de los delitos y las penas contenido en el art. 7 CEDH prohíbe que el Derecho penal sea interpretado extensivamente en perjuicio del reo. Pues bien, de un lado, la aplicación del nuevo criterio de cómputo de los beneficios penitenciarios establecido por el Tribunal Supremo, supuso una prolongación efectiva de la pena a cumplir (del 2 de julio de 2008 al 27 de junio de 2017). A este respecto, la Gran Sala declaró que la nueva fecha definitiva de puesta en libertad tuvo un impacto decisivo en las condiciones de cumplimiento de condena de la recurrente e implicó que le fuera imposible beneficiarse de cualquier redención de pena por trabajo. De otro lado, la Sentencia afirmó que esta decisión no era razonablemente previsible para la interesada, pues no había jurisprudencia ni precedentes en tal sentido y la práctica penitenciaria y judicial seguida hasta entonces apuntaba en otra dirección, más favorable al reo. Tras constatar que el Tribunal Supremo llevó a cabo una nueva interpretación de las disposiciones de una ley que ya no estaba vigente al momento de imponerse la condena, aunque sí cuando se produjeron los hechos enjuiciados (el Código penal de 1973), la Sentencia de la Gran Sala subrayó que si bien los Estados son libres de diseñar y modificar su política criminal, haciéndola más o menos grave, esta libertad halla un límite infranqueable en la prohibición de aplicación retroactiva de cualquier cambio legislativo que sea desfavorable para el reo.

En su parte dispositiva, la Sentencia declaró, por quince votos a favor y dos en contra, que se vulneró el derecho a la legalidad penal (artículo 7 del Convenio); por unanimidad, que desde el 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no fue “legal” en los términos del artículo 5 del Convenio y, por dieciséis votos a favor y uno en contra, que el Estado español debía garantizar que la demandante fuera puesta en libertad en el plazo más breve. Asimismo, se condenó al Estado español al pago de 30.000 € en concepto de daños morales y 1.500 € por costas, con los intereses moratorios en su caso.

La Sentencia cuenta con tres votos particulares: uno concurrente y los otros dos (uno suscrito por dos Jueces), parcialmente discrepantes.

3. Artículo 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 18 de junio de 2013, asunto R.M.S.

La demandante denunció la vulneración de sus derechos al respeto a la vida privada y familiar y a la igualdad (artículos 8 y 14 del Convenio), al haber sido privada de todo contacto con su hija menor de edad y separada de ella injustamente por las autoridades administrativas españolas. Los hechos se iniciaron con el ingreso de la menor en un centro de acogida, justificada en la carencia de recursos de la demandante, por uso de ropas inadecuadas, piel reseca, cicatrices, arañazos y falta de higiene de la niña. Posteriormente, se negó todo tipo de régimen visitas a la madre por su actitud violenta para con los trabajadores sociales y se inició el procedimiento de adopción de la menor por otra familia. Las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo fueron objeto de impugnación mediante recurso de amparo, inadmitido por carecer de especial trascendencia constitucional.

La Sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentó como premisa de su razonamiento que las medidas del tipo de las controvertidas en este caso han de contemplar, como objetivo último, la reagrupación familiar tan pronto como sea posible, con atención al interés superior del menor. La Sentencia constató que no se tuvieron en cuenta las solicitudes de la demandante, que pedía que su hija fuera trasladada al centro de acogida más cercano a su domicilio y que tanto la suspensión total del régimen de visitas como la ratificación de la situación de desamparo, se basaron en un informe de una trabajadora social de 2005 (fecha en la que se separa a la demandante de su hija), informe reproducido sistemáticamente en todos los procedimientos posteriores y que sirvió de justificación para no alterar la valoración de la situación. Este informe resaltaba que la madre “no había mostrado interés” y no reflejaba las diecisiete visitas realizadas por la madre al centro de acogida, muy alejado de su domicilio. La Sentencia declaró que había habido falta de diligencia en la tramitación de los procedimientos y que en el procedimiento administrativo tendente a la entrega del menor se eligió a los padres adoptivos con anterioridad al inicio de su tramitación. Además, las autoridades nacionales no tuvieron en ningún momento en cuenta en sus decisiones ulteriores la edad de la niña ni la relación afectiva previa existente entre madre e hija. Se constató que se asumió la tutela de la niña en razón a la situación de indigencia que había en 2005, pero no se valoró su posterior evolución. En cuanto a la posibilidad que ofreció la demandante de acogimiento familiar de la menor por parte de su tío abuelo y que el Fiscal de Menores apoyó, los órganos jurisdiccionales españoles se limitaron a rechazarla sin motivación aparente alguna.

La Sentencia concluyó declarando que el Estado español no había adoptado las medidas necesarias y pertinentes para que la niña pudiera llevar una vida familiar normal en el seno de su propia familia antes de entregarla a una familia de acogimiento y posteriormente de adopción. Consecuentemente, estimó la vulneración del artículo 8 del Convenio y condenó al Estado español al pago de una indemnización de 30.000 € por los daños morales y 188 € en concepto de costas del proceso, a lo que se suman los intereses moratorios devengados.

4. Artículo 11: Libertad de reunión y de asociación

* Sentencia de 15 de enero de 2013, asunto Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV)

El partido político EAE-ANV fue ilegalizado por Sentencia de 22 de septiembre de 2008, dictada por la Sala especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo. El recurso de amparo promovido respecto de esta resolución judicial fue desestimado por la STC 31/2009, de 29 de enero. Esta formación política denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las citadas resoluciones habrían vulnerado las libertades de expresión (artículo 10 del Convenio), reunión y asociación (artículo 11).

Pese a que la Sentencia constató que en los estatutos del partido se postulaba la promoción de una sociedad democrática y no violenta, lo cierto es que los comportamientos acreditados en las actuaciones llevadas a cabo por la jurisdicción española (campaña de intimidación electoral, participación de miembros de Batasuna en las reuniones del partido, homenajes a miembros de ETA...) invitaban a pensar que se trataba de una pura estrategia de ocultación de los verdaderos fines perseguidos por EAE-ANV. A la vista de las circunstancias del caso y de acuerdo con su doctrina constante en la materia, el Tribunal declaró que la ilegalización del partido recurrente fue acorde con las exigencias previstas en el artículo 11 del Convenio, pues era una consecuencia prevista en la ley y podía ser calificada de necesaria en una sociedad democrática para alcanzar los fines expresa y exhaustivamente mencionados en el segundo apartado de este precepto del Convenio.

Lo expuesto determinó la desestimación del recurso por vulneración del art. 11 CEDH, sin que hubiera lugar a pronunciarse acerca de la alegación relativa a la presunta violación de la libertad de expresión protegida por el artículo 10 del Convenio.

V. Discurso en el acto de la undécima renovación parcial del Tribunal Constitucional

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON PASCUAL SALA SÁNCHEZ, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2013

El día de hoy, en este acto tradicionalmente sobrio, se hace efectiva la renovación parcial del Tribunal Constitucional en el turno correspondiente al Gobierno de la Nación y al Consejo General del Poder Judicial. Cuatro nuevos Magistrados se incorporan al quehacer de esta institución —don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López López. Cuatro la dejamos —don Pablo Pérez Tremps, don Manuel Aragón Reyes, don Ramón Rodríguez Arribas y yo mismo— después de haber dedicado todo nuestro esfuerzo y saber al Tribunal durante nueve años, esta vez, sí y afortunadamente, con puntual cumplimiento del plazo que para el mandato de los Magistrados prevé expresamente la Constitución, aunque sin equilibrar su composición entre hombres y mujeres, como exige la sociedad más que mayoritariamente y como me han pedido transmita en este acto, unánimemente, los Magistrados. Y hago esta precisión para poner de relieve, una vez más en este acto, la grave anomalía que para el adecuado funcionamiento del Tribunal ha supuesto que tres renovaciones consecutivas de sus Magistrados vayan a producirse concentradamente en un solo período de tres años. He de recordar claramente que en enero de 2011 se produjo la renovación de los Magistrados correspondientes al turno asignado al Senado con más de tres años de retraso; que en julio de 2012, y con un retraso superior al año y medio, tuvo lugar la de los Magistrados propuestos por el Congreso de los Diputados y que solo ésta, la presente, como he destacado con anterioridad, ha ocurrido con cumplimiento exacto del mandato constitucional.

Pero esto no es todo, porque la realidad que acabo de poner de relieve se ha visto agravada con la modificación que se introdujo en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no solo por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, sino sobre todo por la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, que, al disponer textualmente en el último inciso de su apartado 5 que “si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”, ha venido a consagrar como normal la dilación y, en contra de lo establecido por la Constitución, a hacer posibles, también como normales, mandatos inferiores a los nueve años, inclusive inferiores a seis como anómalamente y en la actualidad tienen asignado quienes fueron renovados en el turno del Senado materializado en la precitada fecha de 12 de enero de 2011, o a producir más de una renovación en un mismo trienio —tres en el presente, como también he dicho— conforme ha sucedido en la actualidad. Vuelvo a llamar expresamente la atención al Gobierno y al Poder Legislativo, como hice en el discurso de renovación de 23 de julio de 2012, para corregir con urgencia este dislate y volver a la renovación ordenada que establecieron la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ésta en su redacción originaria.

Permítanme que me extienda e insista en la importancia del cumplimiento de los plazos previstos expresamente por la Constitución para las renovaciones trienales del Tribunal y para la permanencia de nueve años prevista en ella para sus Magistrados, y que recuerde las consideraciones que hice en la referida renovación de julio de 2012. Decía entonces, y repito ahora, que las mencionadas renovación trienal y mandato de nueve años están expresamente exigidas en el artículo 159 de la Constitución. Su fundamento no es otro que la necesidad de procurar la conservación del acervo jurisprudencial del Tribunal y su actualización o modulación de forma continuada, progresiva y meditada. En ningún caso mediante rupturas traumáticas, que darían al traste con la fundamental garantía que esa misma doctrina representa para la interpretación constitucional y, en definitiva, para la necesaria seguridad que debe presidir su aplicación. El conocimiento pleno de la doctrina constitucional y, por ende, su aplicación o desarrollo ordenado exigen la renovación trienal y la permanencia de los Magistrados los nueve años prevenidos constitucionalmente. Ello, además, contribuye a reforzar la independencia del Tribunal y de sus Magistrados al dotar a éstos de un mandato considerablemente más largo que el de los órganos constitucionales proponentes.

El Tribunal Constitucional culmina el sistema del Estado Social y Democrático del Derecho tal y como ha sido configurado por la Constitución. Es la última pieza que lo cierra y completa, hasta el punto de que, como tantas veces se ha destacado, nuestra democracia —y en definitiva nuestro Estado de Derecho— viene marcada por la posición estratégica que, en la misma y por voluntad del constituyente, ocupa el Tribunal Constitucional. La Constitución lo erige en su máxima garantía al dedicarle un título autónomo, el IX y penúltimo, anterior al X, en que se recoge, como en todas las constituciones, la reforma constitucional. El Tribunal Constitucional es, pues, en un sistema democrático de justicia constitucional concentrada, insustituible como “supremo intérprete de la Constitución”, calificación ésta que expresamente le da el artículo 1 de su Ley Orgánica.

Además, el Tribunal Constitucional es un Tribunal independiente, no un Tribunal político, ni politizado, ni sometido a directrices de partidos o formaciones políticas. Esto es algo que todos sus Presidentes y Magistrados han defendido desde el inicio de su actuación en 1980 y desde las primeras Sentencias que comenzaron a dictarse en 1981. Todos los Presidentes han defendido la independencia del Tribunal frente a infundadas acusaciones de politización. Porque ocurre que gran parte de las resoluciones del Tribunal, como tuvieron ocasión de declarar más de una vez sus dos primeros Presidentes —lo que revela que tales acusaciones ya se formulaban al tiempo mismo del comienzo de su actividad y no son nuevas o predicables de sus posteriores composiciones—, tienen una indudable trascendencia política y, consecuentemente, mediática. Pero, como advertía expresamente el segundo de sus Presidentes, Francisco Tomás y Valiente, el Tribunal juzga, sí, sobre controversias políticas, pero lo hace con criterios y razones jurídicas. La oportunidad política no puede erigirse en fundamento de sus resoluciones jurisdiccionales, ni determinar particularizadas excepciones a su consolidada doctrina en aras de consideraciones de conveniencia, las más veces legítimamente utilizables en el marco de la política e incluso conformes, en muchas ocasiones, con previsiones de legalidad ordinaria. Por eso decía también Tomás y Valiente —y me gusta siempre recordarlo— que “las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace”. La crítica a las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los Tribunales no son solo convenientes, sino debidas y necesarias como corresponde a cualquier acto de poder. Pero esa crítica debe producirse en función de la fundamentación que contengan y no confundirse con la descalificación o el menosprecio institucional.

En cuanto a la actividad jurisdiccional de este período, el Tribunal ha hecho un considerable esfuerzo en estas dos últimas anualidades y en los meses de la presente para poner al día no solo los recursos de amparo, que están prácticamente normalizados con la aplicación de la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, sino el resto de los procesos constitucionales atribuidos al Pleno, a las Salas y a las Secciones. Desde enero de 2011 hasta la fecha han ingresado 15.192 asuntos, que sumados a los pendientes entonces arrojan el resultado de 19.103 asuntos. En el mismo periodo se han dictado 16.185 resoluciones de inadmisión, fundamentalmente recaídas en procesos de amparo, y 591 Sentencias, de las que 281 corresponden al Pleno y 310 a las Salas y Secciones. Debo destacar en esta labor que los asuntos de Pleno pendientes de Sentencia en 1 de enero de 2011 eran 407 y en la actualidad han quedado reducidos a 282.

Doy la bienvenida a los Magistrados que van a tomar seguidamente posesión de sus cargos. Estoy seguro de que por su solvencia y especialización jurídicas van a constituir un claro apoyo en el trabajo del Tribunal y en el mantenimiento de su función de supremo intérprete de la Constitución y de garante del cumplimiento efectivo de su contenido, que vincula a todos los ciudadanos y poderes públicos como establece su artículo 9.1.

En nombre propio y de los compañeros que hoy terminados nuestro mandato en el Tribunal quiero despedirme de todos los que, desde cualquier nivel, nos han acompañado con su trabajo y dedicación, que les agradezco: Letrados, pieza esencial en la labor del Tribunal; Secretaría General; Secretarías judiciales del Pleno y las Salas; Servicios de Doctrina Constitucional, de Estudios, Biblioteca y Documentación, y de Informática; Gabinete de Presidencia; Abogacía del Estado y Fiscalía del Tribunal; Gerencia; Comisaría Especial; la Portero Mayor y todos los Ordenanzas y, como he dicho, de todos quienes han trabajado y trabajan en la institución.

Quiero agradecer igualmente su asistencia a las autoridades, compañeros de la judicatura, universidad, abogacía e instituciones aquí presentes, así como a los familiares y amigos que nos acompañan en este acto, dándonos con su presencia estímulo y apoyo.

Muchas gracias.

VI. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (2001-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)