MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2012

Presentación

Pascual Sala Sánchez

El 2012 ha sido un año de renovación del Tribunal constitucional: tres Magistrados dejaron la institución, tras largos y fructíferos años de servicio, y cuatro fueron nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados. La incorporación a la institución en julio de este año de doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas ha supuesto un renovado empuje a la actividad jurisdiccional del Tribunal, a la vez que se mantiene la continuidad de la institución, renovación que a su vez se refleja en la nueva composición del Pleno, de las Salas y de las Secciones en que organiza su trabajo el Tribunal.

Reitero mi bienvenida a los nuevos Magistrados, todos ellos juristas de reconocida competencia y prestigio que nada más incorporarse comenzaron a aportar sus conocimientos jurídicos y su buen hacer a la labor jurisdiccional del Tribunal. También quisiera nuevamente agradecer de verdad todo el esfuerzo y el saber que aportaron a la ardua labor de este órgano constitucional, durante más de diez años, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio y doña Elisa Pérez Vera; así como rendir homenaje a don Roberto García-Calvo, quien nos dejó prematuramente para siempre en mayo de 2008. Todos ellos dedicaron a nuestro Tribunal sus mejores esfuerzos y demostraron mediante su meritorio trabajo realizado en equipo tanto su independencia como su alto sentido de la responsabilidad.

Considero oportuno subrayar algunos de estos rasgos esenciales del Tribunal Constitucional. Por una parte, el carácter colegiado en la deliberación, fundamentación y resolución de los asuntos; y, por otra parte, la independencia del Tribunal y de los Magistrados que lo integran. Este es efectivamente un órgano independiente, no un Tribunal político ni politizado, dicho sea con el mayor respeto hacia la nobleza de la política como profesión en tanto que dirigida a la satisfacción del interés general mediante la capacidad de liderazgo, el debate público, la obtención de acuerdos y el ejercicio del arte de lo posible. Igualmente, no debe confundirse la libertad ideológica de los magistrados con la dependencia partidaria. Como supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica, y sus miembros son inamovibles en el ejercicio de su mandato y de la auténtica función jurisdiccional que desarrollan. El hecho de que, en virtud de las competencias establecidas por la Constitución y su Ley Orgánica, el Tribunal Constitucional juzgue y resuelva controversias políticas no contradice su independencia, porque cumple su función con arreglo a criterios estrictamente jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad políticas.

Por eso, la crítica a las resoluciones del Tribunal, que entiendo no solo convenientes sino absolutamente necesarias, como las de cualquier acto de poder en una democracia —y las Sentencias de los Tribunales y, por supuesto, las del Tribunal Constitucional lo son—, se ha de producir en función de su fundamentación jurídica y sin que pueda confundirse con la descalificación o el menosprecio institucional e incluso personal de sus magistrados. Si se descalifica o menosprecia al Tribunal y a sus miembros en vez de criticar fundadamente sus decisiones se hace un grave daño, muchas veces irreparable, a una institución básica en nuestro Estado democrático de Derecho.

Volviendo a la renovación parcial que, tras un retraso superior a un año y medio, finalmente se produjo en el verano de 2012, resulta obligado referirse a la lamentable e inaceptable tardanza en cumplir con el mandato constitucional que de manera expresa prevé renovar trienalmente el Tribunal. Me parece urgente resolver el problema que se ha planteado ya demasiadas veces y que afecta a la normalidad de una de las instituciones claves en nuestro sistema democrático, garantía última de la prevalencia y efectividad de la Constitución. La prescripción constitucional de renovación trienal por tercios se fundamenta en la necesidad de procurar la conservación del acervo jurisprudencial del Tribunal y su actualización o modulación de forma continuada, progresiva y meditada. A su vez, la permanencia de los Magistrados los nueve años previstos por la Constitución contribuye a reforzar la independencia del Tribunal y de sus Magistrados, al dotar a éstos de un mandato considerablemente más largo que el de los órganos constitucionales proponentes. Por lo tanto, exhorto a que se cumpla con responsabilidad y cabalmente con la Constitución asegurando la ordenada y puntual renovación del Tribunal.

Este año han llegado al Tribunal Constitucional un número de recursos y conflictos similar al del año anterior: la gran mayoría han sido recursos en los que los ciudadanos piden el amparo de sus derechos fundamentales (7.205, exactamente); las Comunidades Autónomas presentaron 20 recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Estado y cuatro conflictos de competencia contra disposiciones administrativas; por su parte, el Estado impugnó nueve leyes autonómicas y presentó un número igual de conflictos de competencia: cuatro. A estos conflictos de carácter territorial se suman los siete recursos de inconstitucionalidad presentados por los Diputados y Senadores y las 42 cuestiones planteadas por los Tribunales de justicia respecto de leyes que se ven llamados a aplicar en los litigios y causas que resuelven.

El Tribunal ha mantenido su ritmo de trabajo, sin que la obligada pausa que conlleva la renovación parcial de sus Magistrados haya impedido que resolviera más asuntos que los ingresados durante el año, con los consiguientes acortamientos en los tiempos de respuesta a las peticiones para proteger la Constitución española en sede jurisdiccional. En este año 2012, el Pleno, las Salas y las Secciones del Tribunal han juzgado 7.702 recursos, cuestiones y conflictos, 260 de ellos mediante sentencia. Más de la mitad de los asuntos resueltos mediante sentencia llevaron a verificar la constitucionalidad de leyes y otras disposiciones de los poderes públicos: 131, en contraste con los 129 recursos de amparo que dieron lugar a sentencia. Este dato muestra los frutos de la decisión legislativa que reformó la Ley rectora del Tribunal en 2007, al potenciar la tutela de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Tribunales del Poder Judicial y limitar correlativamente el amparo constitucional a aquellos asuntos que presentan una especial trascendencia constitucional. Por lo demás, aunque aún queda trabajo por hacer, es notable la reducción del tiempo que el Tribunal necesita para otorgar amparo a los ciudadanos cuyos derechos han sido vulnerados; y también es perceptible que el Pleno está consiguiendo reducir los tiempos para juzgar sobre la constitucionalidad de las normas con rango de ley y la bolsa de asuntos pendientes de sentencia, que este año descendió en 86, hasta quedarse en un total de 302 recursos y cuestiones pendientes.

Es cierto que el Tribunal contribuye a garantizar el respeto a la Constitución mediante todas sus resoluciones y no solamente con sus sentencias. Este año, el Pleno fue llamado a pronunciarse sobre determinados aspectos del procedimiento que condujo a la reforma del propio texto constitucional: la segunda reforma de la Constitución española, de 27 de septiembre de 2011, que dio nueva redacción al artículo 135. Mediante su Auto número 9/2012, de 13 de enero, el Tribunal consideró correcto el procedimiento seguido por las Cortes Generales para aprobar la reforma y no admitió a trámite el recurso, toda vez que el Congreso de los Diputados no vulneró la Constitución por seguir el procedimiento ordinario de reforma, en vez del agravado. También consideró el Auto 9/2012 que no vulneraba la Constitución que el texto propuesto por los grupos parlamentarios mayoritarios hubiera sido tramitado con urgencia, lo que redujo los plazos para presentar enmiendas pero sin impedirlas, y que el debate se hubiera realizado en trámite de lectura única. Lo esencial era que se había cumplido la indeclinable exigencia constitucional de que la discusión y la votación de la reforma constitucional hubieran sido llevadas a cabo por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, mediante un debate público ante el pueblo español.

En el año 2012 el Tribunal Constitucional, por primera vez en sus más de 30 años de historia, celebró una sesión jurisdiccional fuera de su sede habitual en Madrid. El 12 de enero el Pleno del Tribunal se reunió en Valencia, en el Palacio de Justicia, y aprobó tres providencias, seis autos y cuatro sentencias. Con la celebración de esta sesión jurisdiccional fuera de Madrid se ha querido acercar la institución a los ciudadanos y que sea percibido como el Tribunal de todos los españoles.

A lo largo del año se ha conmemorado el Bicentenario de la primera Constitución española —y una de las primeras del mundo—, la Constitución de Cádiz de 1812. El Tribunal Constitucional ha participado activamente en los actos conmemorativos de tan importante efeméride. Así, el 19 marzo celebró un Pleno jurisdiccional conmemorativo de este momento fundacional de nuestra historia constitucional en Cádiz, en el Oratorio de San Felipe Neri, por el evidente simbolismo de la fecha y del lugar. En este Pleno, el Tribunal aprobó una sentencia resultado de un proceso constitucional de gran entidad en el que se debatieron cuestiones centrales del Estado de Derecho que ya habían sido recogidas por la Constitución gaditana, como son la función del Tribunal Supremo en el sistema jurídico español y el significado y alcance de la independencia judicial.

También en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 se celebró en Cádiz la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, del 16 al 19 de mayo. Fue inaugurada en el mismo Oratorio de San Felipe Neri, bajo la presidencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Participaron en la Conferencia Presidentes y Magistrados que representaban a la gran mayoría de los Tribunales, Cortes y Salas constitucionales de Iberoamérica. Centrada en el tema “Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional”, con nuestros colegas y amigos iberoamericanos tuvimos ocasión de reflexionar y debatir, desde el prisma jurídico propio de la justicia constitucional, cuestiones particularmente relevantes para la legitimidad democrática de los Estados, incluyendo el principio básico —recogido ya en la Constitución de 1812— de la separación de poderes.

El Tribunal Constitucional ha seguido manteniendo a lo largo de 2012 relaciones de amistad y cooperación con instituciones homólogas de otros países. Las innumerables invitaciones a reuniones y actos relativos a la Justicia constitucional, convocados por instituciones tanto del ámbito judicial como del académico, demuestran el notable prestigio del que goza nuestro Tribunal en el extranjero. A su vez, esta importante red de vínculos institucionales a nivel internacional, consolidada a lo largo de los años, refleja la relevancia no sólo de la experiencia democrática de nuestro país, sino de la jurisprudencia constitucional española.

Además de la ya reseñada IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en Cádiz, quisiera destacar la XIV conferencia anual que reunió en Lisboa a los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España. El provechoso diálogo jurisprudencial se centró en esta ocasión en el tema de la extradición, la orden europea de detención y otras formas de cooperación en materia penal. La cooperación internacional desarrollada por el Tribunal Constitucional ha sido, asimismo, muy notable durante este año. Más allá de Europa e Iberoamérica como tradicionales ámbitos prioritarios por afinidad jurídica y cultural, el Tribunal ha colaborado con diversas iniciativas de cooperación internacional en el ámbito de la Justicia constitucional con países como Filipinas, Marruecos, Túnez, Turquía o Vietnam. El Tribunal participó a su vez en la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales convocada por la Suprema Corte de Justicia mexicana, con el apoyo de las Naciones Unidas, en la que se abordaron los retos comunes en la interpretación y el desarrollo jurisprudencial por los tribunales nacionales de las normas y principios internacionales de los derechos humanos.

Concluyo reiterando mi profundo agradecimiento por su valiosa labor y dedicación a los Letrados del Tribunal Constitucional —cuyo cualificado trabajo es esencial— y a todo el personal al servicio del Tribunal.

Madrid, 14 de febrero de 2013.

I. Composición del Tribunal

Tras la renovación parcial del Tribunal verificada en julio de 2012, se incorporaron los Excmos. Sres. don Juan José González Rivas [1] y don Andrés Ollero Tassara [2], la Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías [3] y el Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [4] , a propuesta del Congreso de los Diputados. Los nuevos Magistrados tomaron posesión de sus cargos el lunes 23 de julio de 2012, cesando en esa fecha los Excmos. Sres. don Eugeni Gay Montalvo, Vicepresidente [5] , don Javier Delgado Barrio [6] y la Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera [7] .El discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal en el acto de esta décima renovación se recoge en el anexo V.

Por Real Decreto 58/2011, de 21 de enero (BOE núm. 20, de 24 de enero), había sido nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez. Mediante Real Decreto 1139/2012, de 24 de julio (BOE núm. 177, de 25 de julio), fue nombrado Vicepresidente del Tribunal, a propuesta del Pleno, al Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, Presidente [8]

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas, Vicepresidente [9]

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes [10]

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps [11]

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago [12]

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita [13]

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez [14]

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel [15]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías [16]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [17]

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré [18]

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas [19]

Por Acuerdo de 24 de julio de 2012 (BOE núm. 178, de 26 de julio), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en Salas y Secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, Presidente

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Sala Segunda

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Sección Primera

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, Presidente

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes, Presidente

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Sección Tercera

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps, Presidente

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Datos personales

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez

Valencia, 1935. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas

Madrid, 1934. Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes

Benamejí (Córdoba), 1944. Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps

Madrid, 1956. Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago

Madrid, 1936. Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita

Bilbao, 1948. Catedrática de Derecho Penal

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez

Madrid, 1953. Catedrático de Derecho Administrativo

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Murcia, 1962. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944. Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944. Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951. Magistrado del Tribunal Supremo

[1] Nombrado por Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[2] Nombrado por Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[3] Nombrada por Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[4] Nombrado por Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[5] Nombrado Magistrado por Real Decreto 1220/2001, de 6 de noviembre (BOE de 7 de noviembre), y Vicepresidente por Real Decreto 59/2011, de 21 de enero (BOE de 24 de enero); cesado, en uno y otro cargo, por Reales Decretos 1112/2012 y 1114/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[6] Nombrado por Real Decreto 1218/2001, de 6 de noviembre (BOE de 7 de noviembre); cesado por Real Decreto 1111/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[7] Nombrada por Real Decreto 1221/2001, de 6 de noviembre (BOE de 7 de noviembre); cesada por Real Decreto 1113/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[8] Real Decreto 1407/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio). Real Decreto 58/2011, de 21 de enero (BOE núm. 20, de 24 de enero).

[9] Real Decreto 1406/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio). Real Decreto 1139/2012, de 24 de julio (BOE de 25 de julio).

[10] Real Decreto 1404/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio).

[11] Real Decreto 1405/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio).

[12] Real Decreto 1785/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[13] Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[14] Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[15] Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011).

[16] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[17] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[18] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[19] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 20 de julio de 2011, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Javier Jiménez Campo. Por Resolución de 21 de julio de 2011 (BOE núm. 179, de 27 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento.

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

- Don Juan Antonio Xiol Ríos. En excedencia; Presidente de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.

- Don Luis Sánchez Serrano. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- Don Juan José González Rivas. En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

- Don Javier Jiménez Campo. Secretario General del Tribunal Constitucional. Catedrático de Universidad en excedencia.

- Don Javier García Roca. En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Díez-Picazo Giménez. En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Ignacio Borrajo Iniesta. Jefe del Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

- Don Juan Luis Requejo Pagés. En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

- Don Luis Pomed Sánchez. Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

- Don Ignacio Torres Muro. En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Juan Ignacio Moreno Fernández. Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

- Doña María Angeles Ahumada Ruiz, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Doña Isabel Benzo Sainz, Administradora Civil del Estado.

- Doña Alicia Camacho García, Administradora Civil del Estado.

- Doña Amparo García Rubio, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

- Don Jesús María González García, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Magistrado y Secretario de Administración Local.

- Don Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Francisco José Sospedra Navas, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

- Don Armando Salvador Sancho, Administrador Civil del Estado.

- Don Xavier Jean Braulio Thibault Aranda, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Magistrado y Secretario de Administración Local.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

- Doña Raquel Aguilera Izquierdo, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Rafael Alcácer Guirao, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

- Don Fernando Alcantarilla Hidalgo, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

- Don Xabier Arzoz Santisteban, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

- Doña Yolanda Bardají Pascual, Letrada del Tribunal Supremo.

- Doña Margarita Beladíez Rojo, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

- Don Juan Carlos Cabañas García, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

- Don Miguel Casino Rubio, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don Manuel Chacón Alonso, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 10 de Málaga.

- Don Pablo Colomina Cerezo, Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria.

- Doña Nieves Corte Heredero, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

- Doña María Victoria Cuartero Rubio, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Don Ignacio de la Cueva Aleu, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

- Doña Eva Desdentado Daroca, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.

- Doña Gema Díez-Picazo Giménez, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Juan Carlos Duque Villanueva, Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

- Don Juan Fernando Durán Alba, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

- Don Luis Fernández Antelo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

- Doña María Esperanza Fernández Rodríguez, Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).

- Don Enrique Gabaldón Codesido, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).

- Doña Susana García Couso, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

- Doña María de los Ángeles García Frías, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

- Doña Itziar Gómez Fernández, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don Andrés Javier Gutiérrez Gil, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Don Juan Antonio Hernández Corchete, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

- Doña Isabel Huertas Martín, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

- Don Pedro Ibáñez Buil, Administrador Civil del Estado.

- Doña Cristina Izquierdo Sans, Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Herminio Losada González, Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

- Don Ignacio Matia Prim, Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social.

- Don Luis Felipe Medina Rey, Letrado de la Junta de Andalucía, Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

- Don Francisco Moya Hurtado de Mendoza, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

- Doña Eva Nieto Garrido, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Don Fernando Oleo Banet, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna.

- Don Carlos Ortega Carballo, Letrado del Tribunal de Cuentas.

- Don Fernando Pastor López, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid.

- Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Don Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

- Doña María Teresa Rodríguez Montañés, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá.

- Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Doña Violeta Ruiz Almendral, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

- Don José Miguel Sánchez Tomás, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Murcia.

- Don Ignacio Sánchez Yllera, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

- Don Koldo Mikel Santiago Redondo, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

- Doña Silvia del Saz Cordero, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

- Doña Marta Timón Herrero, Letrada del Ayuntamiento de Barcelona.

- Doña María del Camino Vidal Fueyo, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

Gabinete de la Presidencia

Por Resolución de la Presidencia de 17 de junio de 2011 fue nombrado Jefe del Gabinete don Juan Villar Escudero, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas.

Intervención

El Interventor del Tribunal es don Ramón Padilla Puig.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general [1]

1. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (BOE núm. 103, de 30 de abril, cve: BOE-A-2012-5730), introdujo en su disposición adicional tercera unas previsiones sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes, disposiciones, actos o resoluciones de las Comunidades Autónomas por vulneración de los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución (reformada en 2011) y desarrollados en dicha Ley. El apartado segundo de la disposición adicional declara que la suspensión de una ley de presupuestos conllevaría temporalmente la prórroga automática de los presupuestos anteriores.

2. Por Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, se dispuso la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 178, de 26 de julio, cve: BOE-A-2012-9989) en los términos reseñados en el capítulo I.

3. Por Acuerdo de 19 de noviembre de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, se modificó parcialmente el Reglamento de organización y personal del Tribunal (BOE núm. 282, de 23 de noviembre, cve: BOE-A-2012-14406). Los Letrados de adscripción temporal, que son nombrados por el Pleno a propuesta de tres Magistrados, por un plazo de tres años, pueden ser renovados hasta por otros dos períodos iguales de la misma forma.

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional [1]

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2012 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, a las sentencias dictadas, al resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al Registro General del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.294 asuntos jurisdiccionales; es decir, 102 asuntos más que en 2011. Se trata de un incremento numéricamente poco significativo, pero que rompe la tendencia a la baja en el ingreso de nuevos asuntos que venía observándose en los últimos años (en 2009 el Tribunal alcanzó el máximo histórico de asuntos de nuevo ingreso, 10.848, que se redujeron a 9.041 en 2010 y a 7.192 en 2011). Este ligero repunte, de apenas el 1,41 por 100, se debió al crecimiento de la demanda de amparo constitucional, al presentarse 107 recursos de amparo más que en 2011 (mientras que en 2011 se registraron 7.098 nuevos recursos de amparo, en 2012 esta cifra ascendió hasta los 7.205, lo que supuso un leve incremento del 1,5 por 100), pues debe hacerse notar que la presentación de escritos de iniciación de los restantes tipos de procesos constitucionales se redujo ligeramente (en 2011 se interesó la iniciación de 94 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, cifra que descendió a 89 en 2012). Se mantuvo con ello la tradicional preponderancia de los recursos de amparo, 7.205, lo que representó el 98,77 por 100 de los asuntos de ingreso. Los 89 asuntos restantes se repartieron del siguiente modo: 38 recursos de inconstitucionalidad, 42 cuestiones de inconstitucionalidad, ocho conflictos positivos de competencia y un conflicto negativo de competencia.

Se interpusieron 38 recursos de inconstitucionalidad, siendo sus promotores, mayoritariamente, los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, que impugnaron leyes y normas con rango de ley estatales en 20 ocasiones. A cierta distancia numérica se encuentran los nueve recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas. Los Diputados o Senadores formularon tres recursos de inconstitucionalidad frente a leyes estatales y cuatro frente a leyes autonómicas. Igualmente, en 2012 se presentaron dos escritos en los que dos organizaciones decían promover sendos recursos de inconstitucionalidad. Estos escritos fueron tramitados con los números de registro 1-2012, el presentado por el partido político Los Verdes Ecopacifistas con respecto a las Leyes Orgánicas 2/2001 y 3/2001, de 28 de enero, de modificación de la Ley Orgánica del régimen electoral general; y 2145-2012, presentado por la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía en relación con un precepto de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2011, de 23 de diciembre, de promoción del trabajo autónomo. En ambos casos la tramitación concluyó con el dictado de una providencia de inadmisión por carencia de legitimación activa.

A lo largo de 2012 se presentaron 42 cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas en su mayor parte por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, que en cinco ocasiones expresaron sus dudas respecto de la constitucionalidad de leyes estatales y en 17 lo hicieron con respecto a leyes autonómicas; asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una cuestión en relación con la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 14/2009, de 17 de diciembre, de ejecución presupuestaria para 2010. El Tribunal Supremo promovió tres cuestiones de inconstitucionalidad, todas ellas respecto de normas legales estatales y los Juzgados 16 (seis en relación con leyes estatales y las otras diez respecto de disposiciones legales autonómicas).

Los ocho conflictos positivos de competencia planteados en 2012 muestran un equilibrio perfecto en cuanto a sus promotores, pues si cuatro de ellos fueron promovidos por los Gobiernos autonómicos frente a normas y resoluciones adoptadas por el Gobierno de la Nación, este mismo órgano planteó los otro cuatro respecto de actos y disposiciones generales dictadas por los ejecutivos autonómicos. Se planteó un conflicto negativo de competencia, que fue inadmitido a trámite por el ATC 163/2012, de 12 de septiembre.

Los recursos de amparo fueron interpuestos en su inmensa mayoría por particulares: 7.121 del total de 7.205 recursos de nuevo ingreso (6.318 fueron promovidos por personas físicas y 803 por personas jurídicas de Derecho privado); los restantes 84 fueron interpuesto por órganos o entidades de Derecho público. Ni el Ministerio Fiscal ni el Defensor del Pueblo presentaron demandas de amparo constitucional.

Con respecto a su origen, persiste la tradicional preponderancia de los recursos de amparo promovidos en relación con resoluciones de los órdenes jurisdiccional penal y contencioso-administrativo. Del primero de ellos procedieron 2.926 recursos de amparo, lo que supone el 40,61 por 100 del total de recursos de amparo de nuevo ingreso (porcentaje que asciende hasta el 47 por 100 si le sumamos los 461 recursos provenientes de vigilancia penitenciaria). Por su parte, 2.508 nuevos recursos de amparo procedieron de la jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, el 34,8 por 100 del total; de ellos, 1.038 traían causa de procesos en materia de inmigración, visados y permisos de residencia y trabajo, expulsiones del territorio nacional, etc.; esto supone un 41,48 por 100 de los recursos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y el 14,40 por 100 del total de recursos de amparo (cifras prácticamente idénticas a las de 2011, año en el que se promovieron 1.023 recursos de amparo en materia de extranjera, lo que representó el 14,41 por 100 del total de recursos de amparo). El tercer lugar lo ocupan los recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil (938, el 13,01 por 100), social (304, el 4,21 por 100) y contencioso-disciplinario militar (44, el 0,61 por 100). Fueron 20 los recursos de amparo frente a actos parlamentarios interpuestos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,27 por 100 del total.

Algo más de una cuarta parte de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (1.905, un 26,43 por 100). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias Provinciales (2.355, un 32,68 por 100) y los Tribunales Superiores de Justicia (1.660, un 23,03 por 100); se presentaron 323 demandas de amparo frente a resoluciones de la Audiencia Nacional (un 4,48 por 100), 27 frente a resoluciones del Tribunal Militar Central (0,38 por 100) y 17 respecto de resoluciones dictadas por los Tribunales Militares Territoriales (0,23 por 100). La mayoría de los recursos de amparo tuvieron por objeto resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia o en grado de suplicación (4.187, el 58,11 por 100); seguidos por aquellos otros interpuestos frente a resoluciones dictadas en grado de casación o revisión, que alcanzaron la cifra de 1.960 (27,20 por 100). Por último, en 1.027 recursos de amparo se impugnaban resoluciones dictadas en primera o única instancia (14,25 por 100).

En 5.964 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 82,77 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.068 demandas de amparo (un 14,82 por 100 de los recursos de amparo). Los demás derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.737 demandas de amparo (24,10 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 5.564 demandas de amparo constitucional (77,22 por 100 de los recursos de amparo). De las garantías procesales del art. 24.2 CE destaca, por la frecuencia de su invocación, el derecho a la presunción de inocencia, que fue motivo del recurso de amparo en 884 ocasiones (12,26 por 100 de recursos de amparo), seguido a gran distancia del derecho a un proceso con todas las garantías (alegado en 497 recursos, lo que representa el 6,89 por 100 del total), el derecho a la prueba pertinente para la defensa (193 invocaciones, es decir, 6,27 por 100 del total) y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que figura en 104 demandas de amparo (1,44 por 100).

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 246 sentencias a lo largo de 2012. De ellas, el Pleno dictó 136: 102 en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales (51 en recursos de inconstitucionalidad, 31 en cuestiones de inconstitucionalidad, 19 en conflictos positivos de competencia y una en conflicto en defensa de la autonomía local) y las 34 restantes en recursos de amparo previamente avocados por el Pleno para su conocimiento. Las Salas dictaron un total de 109 sentencias: 59 la Sala Primera (49 en recursos de amparo, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y tres en conflictos positivos de competencia) y 50 la Sala Segunda (40 en recursos de amparo, tres en cuestiones de inconstitucionalidad y siete en conflictos positivos de competencia). La Sección Cuarta dictó una sentencia en recurso de amparo cuyo conocimiento le había deferido la Sala Segunda de acuerdo con lo previsto en el art. 52 LOTC (STC 14/2012, de 6 de febrero).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye una síntesis del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de esa otra actividad jurisdiccional desarrollada durante el año 2012.

El Pleno dictó 26 autos de inadmisión. De ellos, 23 lo fueron respecto de cuestiones de inconstitucionalidad que no se admitieron a trámite al faltar las condiciones procesales o porque resultaban notoriamente infundadas. Prácticamente la mitad de esos autos, once, se publicaron en el “Boletín Oficial del Estado” en aplicación de lo dispuesto en el art. 86.2 LOTC (AATC 7/2012, de 13 de enero; 34/2012, de 14 de febrero; 109/2012 y 110/2012, de 22 de mayo; 145/2012 y 146/2012, de 16 de julio; 162/2012, de 13 de septiembre; 191/2012, de 16 de octubre; 220/2012, de 27 de noviembre; 237/2012, de 11 de diciembre; y 247/2012, de 18 de diciembre). El Pleno inadmitió igualmente dos recursos de amparo (AATC 7/2012 y 9/2012, de 13 de enero; ambos fueron objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”) y un conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 13 de septiembre).

El Pleno declaró extinguidos cuatro recursos de inconstitucionalidad. Dos de ellos habían sido interpuestos por parlamentos autonómicos respecto de normas con rango de ley estatales; concretamente, el ATC 50/2012, de 13 marzo, que declara la extinción del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña respecto de los artículos 38.4 y 189.1 del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social y el ATC 118/2012, de 5 de junio, que contiene idéntico pronunciamiento en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra frente al artículo 1 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. Los otros habían sido promovidos por sendas agrupaciones de Diputados y ambos tenían por objeto la Ley del Parlamento Vasco 3/2003, de 7 de mayo, de modificación de la Ley de cajas de ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi (AATC 142/2012 y 143/2012, ambos de 16 de julio). Asimismo, declaró extinguidas diez cuestiones de inconstitucionalidad; la práctica totalidad tenían+ por objeto disposiciones legales autonómicas (la Ley del Parlamento de Canarias 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de policías locales en las cuestiones de inconstitucionalidad declaradas extintas en los AATC 4/2012, 5/2012 y 6/2012, todos de 13 de enero; la Ley, también del Parlamento de Canarias 5/1999, de 15 de marzo, de ordenación del turismo, en los AATC 47/2012, 48/2012, 50/2012 y 51/2012, todos de 13 de marzo; y la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente, en los AATC 211/2012, de 13 de noviembre, y 219/2012, de 27 de noviembre), con la única excepción de la cuestión de inconstitucionalidad tramitada con el número de registro 4916-2002 y declarada extinta por el ATC 126/2012, de 19 de junio, cuyo objeto era el art. 335 del Código penal. La Sala Primera declaró extinguidas cuatro cuestiones, una relativa al artículo 92.8 del Código civil (ATC 199/2012, de 29 de octubre) y las otras tres planteadas con respecto a la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales (AATC 227/2012, 230/2012 y 231/2012, todos de 10 de diciembre). Por su parte, la Sala Segunda declaró extinguidas cinco cuestiones, una de ellas en relación con el artículo 92.8 del Código civil (ATC 31/2012, de 13 de febrero) y las otras cuatro respecto de normas legales autonómicas: la Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, en el caso del ATC 210/2012, de 12 de noviembre, y la ya citada Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002 en los AATC 226/2012, 228/2012 y 229/2012, de 10 de diciembre. Siempre por auto, el Pleno apreció la extinción de tres conflictos positivos de competencia, todos ellos planteados por Gobiernos autonómicos (AATC 67/2012, de 17 de abril; y 244/2012 y 245/2012, de 18 de diciembre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de enero).

Las Salas y Secciones dictaron 50 autos acordando el desistimiento en otros tantos recursos de amparo que, en su gran mayoría, se hallaban todavía pendientes de admisión. El ATC 164/2012, de 17 de septiembre, dictado por la Sala Primera; y los AATC 114/2012, de 4 de junio; 2012/2012, de 29 de octubre; y 234/2012, de 10 de diciembre, todos ellos de la Sala Segunda, fueron las únicas excepciones.

El Tribunal dictó 13 autos resolviendo recursos de súplica, 12 de los cuales habían sido interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a providencias inadmitiendo a trámite los correspondientes recursos de amparo. Si bien la inadmisión fue confirmada en ocho de los casos, se estimaron los recursos de súplica en los AATC 24/2012, de 31 de enero; 123/2012, de 18 de junio; 137/2012, de 2 de julio; y 242/2012, de 17 de diciembre, ordenándose en todos ellos la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la providencia de inadmisión recurrida. El Pleno desestimó un recurso de súplica promovido en un incidente de recusación de varios Magistrados en un proceso de amparo (ATC 33/2012, de 14 de febrero).

En materia de suspensión de leyes, el Pleno dictó nueve autos. En cinco de ellos acordó el levantamiento total de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 69/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 8 de mayo; 147/2012, de 16 de julio; y 238/2012 y 239/2012, de 12 de diciembre); en otros dos dispuso el levantamiento parcial de la suspensión (AATC 86/2012, de 8 de mayo; y 87/2012, de 10 de mayo) y en los dos restantes decretó su mantenimiento íntegro (AATC 139/2012, de 3 de julio; y 161/2012, de 13 de septiembre). En el ATC 177/2012, de 2 de octubre, se rechazó el incidente de ejecución de la suspensión parcial de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, sobre recursos contra calificación registral negativa de los títulos o cláusulas concretas en materia de Derecho catalán, cuya eficacia se había acordado mantener en el ATC 105/2010, de 29 de junio. Por lo que se refiere a las medidas cautelares en conflictos positivos de competencia, debe señalarse que el Pleno levantó la suspensión de la resolución administrativa controvertida en un conflicto (ATC 147/2012, de 16 de julio), la mantuvo en otro (ATC 161/2012, de 13 de septiembre) y acordó el levantamiento parcial de la suspensión en una tercera ocasión (ATC 239/2012, de 12 de diciembre).

En procesos de amparo se dictaron hasta un total de 67 autos relacionados con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC. En 12 de ellos se otorgó la suspensión interesada, bien íntegramente (ATC 58/2012, de 26 de marzo; 66/2012, de 16 de abril; 76/2012, de 7 de mayo; 138/2012, de 2 de julio; 155/2012 y 158/2012, de 21 de agosto; 165/2012, de 17 de septiembre; 203/2012, de 29 de octubre; 218/2012, de 26 de noviembre; y 235/2012, de 10 de diciembre), bien de manera parcial (AATC 12/2012, de 30 de enero; y 157/2012, de 21 de agosto). A ellos debe añadirse que en una resolución se acordó la anotación preventiva de una demanda de amparo promovida en proceso de ejecución hipotecaria (ATC 217/2012, de 26 de noviembre) y en otras siete se mantuvo la suspensión acordada por las Salas en la providencia de admisión, haciendo uso de la potestad que les otorga el art. 56.3 LOTC (AATC 18/2012 y 19/2012, de 30 de enero; 104/2012, de 21 de mayo; 115/2012, de 4 de junio; y 149/2012, 150/2012 y 151/2012, de 16 de julio). La medida cautelar fue denegada en 44 ocasiones y en otras dos se procedió al archivo de la pieza separada de suspensión (AATC 28/2012, de 31 de enero; 233/2012, de 10 de diciembre) y en otro se aceptó el desistimiento en el incidente (ATC 77/2012, de 7 de mayo). Cabe señalar que cuatro de estos 67 autos fueron dictados por la Sección de Vacaciones prevista en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1982, por el que se aprueban las normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período de vacaciones. Esta Sección accedió a la suspensión en tres casos (los ya mencionados AATC 155/2012, 157/2012 y 158/2012) y denegó la medida cautelar en otro (ATC 156/2012, de 21 de agosto).

Se dictaron tres autos de acumulación de procesos constitucionales. El Pleno acordó —en el ATC 107/2012, de 22 de mayo— la acumulación de dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos ambos en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; la Sala Primera dispuso igualmente la acumulación de dos recursos de amparo en el ATC 13/2012, de 30 de enero, y la Sala Segunda denegó la acumulación de otros dos recursos de amparo en el ATC 100/2012, de 21 de mayo, al darse la circunstancia de que el más antiguo de ellos ya había sido resuelto por la STC 96/2012, de 7 de mayo. A estos tres autos debe añadirse el ATC 84/2012, de 7 de mayo, en el que, si bien no se acordó formalmente la acumulación de tres recursos de amparo electoral, se dispuso su resolución mediante una única instancia, como así sucedió en la STC 105/2012, de 11 de mayo.

Mediante auto se aceptó la abstención de algún Magistrado del Tribunal en 37 ocasiones. Igualmente, se dictaron dos autos denegando la aclaración de sendas sentencias dictadas en procesos de amparo. En el ATC 108/2012, de 22 de mayo, el Pleno rechazó la petición de aclaración de la STC 68/2012, de 29 de marzo, desestimatoria del recurso de amparo formulado en relación con la aplicación del cómputo de redención de penas establecido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su Sentencia 197/2006, de 28 de febrero; en el ATC 240/2012, de 17 de diciembre, la Sala Segunda denegó la aclaración de la STC 240/2012, de 17 de diciembre, estimatoria de un recurso de amparo sobre elecciones a rector de universidad.

En cinco autos se declaró la falta de competencia del Tribunal para conocer de otras tantas impugnaciones de resoluciones sobre reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita dictadas en respuesta a peticiones formuladas antes de la interposición de los correspondientes recursos de amparo (AATC 54/2012, de 26 de marzo; 80/2012, de 7 de mayo; 112/2012, de 31 de mayo; 195/2012, de 22 de octubre; y 212/2012, de 13 de noviembre). En el ATC 106/2012, de 22 de mayo, el Pleno declaró que se había producido un funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo. Por el contrario, la Sección Primera, en el ATC 120/2012, de 6 de junio, declaró que no procedía hacer pronunciamiento alguno en relación con una pretensión similar, si bien referida a otro proceso constitucional. En el ATC 30/2012, de 8 de febrero, la Sección Primera declaró la nulidad de lo actuado en un proceso de amparo.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2012 el Pleno admitió a trámite 81 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales al tiempo que, como ya se ha reseñado anteriormente, inadmitió mediante auto 23 cuestiones de inconstitucionalidad, por falta de las condiciones procesales o por resultar notoriamente infundadas. También por auto el Pleno inadmitió dos recursos de amparo (AATC 7/2012 y 9/2012, de 13 de enero) y un conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 13 de septiembre).

Por su parte, las Salas y Secciones inadmitieron por providencia la mayoría de los recursos de amparo presentados. Concretamente, en 2012 se admitieron a trámite 128 recursos de amparo y se dictaron hasta un total de 7.298 providencias de inadmisión. Tres de estas providencias de inadmisión fueron revocadas al estimarse —en los autos de los que ya se ha dado cuenta en el epígrafe anterior— el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal. A este respecto interesa señalar que si bien fueron cuatro los autos estimatorios de los recursos de súplica promovidos por el Ministerio público en relación con providencias de inadmisión de recursos de amparo, uno de ellos (ATC 24/2012, de 31 de enero) versó sobre una decisión de inadmisión adoptada en 2009, por lo que no conllevó la revisión de ninguna resolución dictada en el año 2012.

Por consiguiente, del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (7.422 cifra que resulta de sumar a las 7.292 providencias de inadmisión definitivas, las 128 providencias de admisión de recursos de amparo dictadas en 2012 y los dos autos dictados por el Pleno inadmitiendo sendos recursos de amparo) solo el 1,72 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 98,28 por 100 supuso la inadmisión del recurso.

Como ya se ha indicado en epígrafes anteriores, los recursos de amparo de nuevo ingreso ascendieron a 7.205 y las Salas o las Secciones acordaron la admisión o inadmisión de 7.422. Con todas las cautelas que la falta de correspondencia temporal exacta entre entrada de nuevos asuntos y resolución sobre la admisión aconseja adoptar, pues no todas las resoluciones de admisión o inadmisión se adoptaron respecto de los recursos de amparo ingresados en el curso de 2012, la comparación entre ambas cifras pone de relieve que el Tribunal resolvió en fase de admisión algo más de lo que ingresó. Concretamente, el porcentaje de resolución en esta primera fase se situaría en el 103,02 por 100. Este hecho, unido a la finalización de 102 recursos de amparo por desistimiento, caducidad u otras causas antes de que llegara siquiera a resolverse sobre su admisibilidad, explica la reducción en 318 del número de recursos de amparo pendientes de primera providencia de admisión o inadmisión.

Completando los anteriores datos con los que proporciona el trabajo desarrollado por las Salas en fase de Sentencia obtenemos el siguiente resultado comparativo de los últimos cinco años:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Recursos de amparo ingresados | 10.279 | 10.792 | 8.947 | 7.098 | 7.205
Providencias de inadmisión | 12.399 | 13.031 | 8.960 | 5.868 | 7.296
Autos de inadmisión | 111 | 34 | 24 | 18 | 2
Asuntos terminados | 170 | 2469 | 1057 | 564 | 102
Sentencias y asuntos acumulados | 165 (190) | 177 (182) | 95 (98) | 148 (155) | 124 (129)
Ratio de resolución de asuntos (%) | 125,21 | 145,41 | 113,32 | 93,05 | 104,49

Es decir, durante el año 2012 el Tribunal registró 7.205 recursos de amparo y resolvió 7.529. De modo que se resolvieron 324 recursos de amparo más que los recibidos; lo que equivale a resolver definitivamente 104,49 recursos de amparo por cada 100 ingresados.

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2012 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas) arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 5 y 6 del anexo III).

El Pleno del Tribunal recibió 89 recursos, cuestiones y conflictos nuevos; admitió a trámite 81, inadmitió 28 —de ellos, 26 mediante auto y dos por providencia— y no dio por finalizado ningún asunto en fase de admisión. Al finalizar el año 2012 se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión únicamente 14 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales.

El Pleno dictó 136 sentencias, que resolvieron 145 recursos (puesto que nueve habían sido acumulados); en 18 autos acordó la terminación por extinción de cuatro recursos de inconstitucionalidad, diez cuestiones, tres conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local. Admitió a trámite 81 asuntos, avocó para su conocimiento 24 recursos de amparo y acumuló un asunto. Además, defirió a las Salas el conocimiento de 28 asuntos: 13 a la Sala Primera y 15 a la Sala Segunda.

Al haber resuelto —por sentencia o por auto de terminación— 163 procesos, el Pleno finalizó el año con 86 asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos pendientes suman un total de 302, acumulados en 290 procesos.

Con respecto a las Salas, en fase de admisión la Primera recibió 3.603 recursos de amparo nuevos. Inadmitió 3.919 (todos ellos por providencia, si bien debe advertirse que las providencias de inadmisión sumaron 3.922, al haberse revocado tres en súplica); además, dio por terminados —por desistimiento u otras causas— 64 recursos que se hallaban pendientes de admisión (28 por providencia y 36 por auto). Por consiguiente, al finalizar el año había 448 recursos menos en trámite de admisión ante la Sala. Concretamente, se hallaban en esta situación 1.510 recursos de amparo (en esta cifra se incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex arts. 49.4 y 50.4 LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex art. 88 LOTC).

En la Sala Segunda ingresaron 3.602 asuntos nuevos. La Sala inadmitió 3.373 (todos ellos por providencia; como ya se ha dicho, se revocó una providencia de inadmisión al estimarse el recurso de súplica promovido por el Ministerio Fiscal) y dio por terminados 38 recursos pendientes de admisión (mediante 14 autos y 24 providencias). Al finalizar el año la Sala se halla tramitando 130 asuntos más que el año anterior, lo que significa que el número total de recursos pendientes de admisión ascendía a 1.385.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, las Salas resolvieron 29 asuntos atribuidos por el Pleno y 129 recursos de amparo. La Sala Primera resolvió mediante sentencia siete cuestiones de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencia, al tiempo que, mediante auto, declaró extinguidas otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, lo que suma un total de 11 asuntos deferidos por el Pleno. Por su parte, la Sala Segunda resolvió mediante sentencia tres cuestiones de inconstitucionalidad y siete conflictos positivos de competencia, declarando extinguidas cinco cuestiones de inconstitucionalidad.

A lo largo del año las Salas recibieron 28 procesos atribuidos por el Pleno en virtud del art. 10 LOTC: 13 la Sala Primera y 15 la Sala Segunda. De modo que la Sala Primera acabó 2010 con 22 asuntos atribuidos por el Pleno (dos recursos de inconstitucionalidad, 16 cuestiones y cuatro conflictos positivos de competencia) pendientes de Sentencia, uno más que al comenzar el año, mientras que ante la Sala Segunda pendían 36 asuntos cuyo conocimiento le había sido atribuido por el Pleno (un recurso de inconstitucionalidad, 22 cuestiones, 12 conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local), cifra idéntica a la del año 2011.

En cuanto a los recursos de amparo, durante el año 2012 se dictaron 124 sentencias. De éstas, 34 fueron pronunciadas por el Pleno, que avocó para su conocimiento 24 recursos de amparo (tres de la Sala Primera y 21 de la Sala Segunda). Al concluir 2012 se hallaban pendientes de resolución 17 recursos de amparo avocados en 15 procesos.

La Sala Primera dictó 49 sentencias, que resolvieron 54 recursos al haber cinco acumulados. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 67 asuntos nuevos, acordó el desistimiento en dos recursos de amparo que habían sido previamente admitidos y acumuló otro; como ya se ha indicado en el párrafo inmediatamente anterior, el conocimiento de tres procesos de amparo correspondientes a la Sala Primera fue avocado por el Pleno. Al finalizar el año se hallaban pendientes de sentencia de la Sala Primera un total de 59 recursos de amparo, no habiendo ninguno pendiente ante las Secciones.

La Sala Segunda dictó 40 sentencias y una la Sección Cuarta. La Sala declaró terminados, por desistimiento, tres procesos de amparo y otros 21 fueron avocados por el Pleno. La Sala Segunda y sus Secciones admitieron 61 asuntos nuevos y no acumularon ninguno. Al concluir el año, la Sala Segunda tenía pendientes de Sentencia 66 recursos de amparo.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2012 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 290 procesos, que comprendían 302 previamente acumulados. Esta cifra total se desglosa del siguiente modo: 182 recursos de inconstitucionalidad (190 con los acumulados), 32 cuestiones de inconstitucionalidad (con una acumulada), 15 recursos de amparo avocados (17 con los acumulados), 56 conflictos positivos de competencia y cinco conflictos en defensa de la autonomía local (con uno acumulado). Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir tres recursos de inconstitucionalidad, 38 cuestiones de inconstitucionalidad, 16 conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local cuya resolución les fue atribuida a las Salas por el Pleno el Tribunal.

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolución sobre su admisibilidad únicamente dos recursos de inconstitucionalidad, diez cuestiones y dos conflictos en defensa de la autonomía local.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 140 (142 con los acumulados). A los 15 recursos avocados por el Pleno (17 con los acumulados) a los que ya se ha hecho mención, deben sumarse los 59 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera y los 66 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 2.895 (cifra inferior a los 3.420 pendientes a finales de 2011), de los cuales 1.510 correspondían a la Sala Primera y 1.385 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2012 el Tribunal dictó 51 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 41 en cuestiones de inconstitucionalidad —dos de las cuales resolvieron sendas cuestiones internas de inconstitucionalidad (SSTC 103/2012, de 9 de mayo, y 104/2012, de 10 de mayo)—, 29 en conflictos positivos de competencia y una resolutoria de un conflicto en defensa de la autonomía local.

En estas 122 sentencias se resolvieron un total de 131 asuntos puesto que el Tribunal, en uso de la facultad que le confiere el art. 83 LOTC, había acordado la acumulación de ocho recursos de inconstitucionalidad (dos de ellos fueron resueltos en la STC 111/2012, de 24 de mayo, y los otros seis en la STC 245/2012, de 18 de diciembre), dos cuestiones de inconstitucionalidad (resueltas en la STC 245/2012, de 18 de diciembre) y tres conflictos positivos de competencia (STC 32/2012, de 15 de marzo).

El Pleno dictó 102 de estas sentencias. De ellas, 51 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto disposiciones estatales y autonómicas en materia de Administración de Justicia (STC 163/2012, de 20 de septiembre; 224/2012, de 29 de noviembre y, específicamente sobre régimen de adopción de acuerdos por el Consejo General del Poder Judicial, STC 238/2012, de 13 de diciembre); aguas (SSTC 102/2012, de 8 de mayo; 149/2012, de 5 de julio; 195/2012, de 31 de octubre; 237/2012, 239/2012 y 240/2012, todas ellas de 13 de diciembre); regulación del derecho a contraer matrimonio (STC 198/2012, de 6 de noviembre); protección patrimonial de personas con discapacidad (STC 236/2012, de 13 de diciembre); educación (SSTC 111/2012, de 24 de mayo; 184/2012, de 17 de octubre; 212/2012, 213/2012 y 214/2012, todas ellas de 14 de noviembre; y 223/2012, de 29 de noviembre); régimen jurídico de las empresas de inserción (STC 228/2012, de 29 de noviembre) y mutualidades de previsión social (STC 215/2012, de 14 de noviembre); federaciones deportivas (SSTC 80/2012, de 18 de abril, y 110/2012, de 23 de mayo); instalaciones de radiocomunicación y televisión (SSTC 8/2012, de 18 de enero; y 235/2012, de 13 de diciembre); juegos (SSTC 35/2012, de 15 de marzo; 83/2012, de 18 de abril; y 172/2012, de 4 de octubre); protección ambiental, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (SSTC 1/2012, de 13 de enero; 7/2012, de 18 de enero; 34/2012, de 15 de marzo; 82/2012, de 18 de abril; 137/2012, de 19 de junio; 148/2012, de 5 de julio; 162/2012, de 20 de septiembre; y 234/2012, de 13 de diciembre); ordenación económica (SSTC 26/2012, de 1 de marzo; 135/2012, de 19 de junio;170/2012, de 4 de octubre; y 233/2012, de 13 de diciembre); puertos y ferrocarriles (SSTC 216/2012, de 14 de noviembre; y 245/2012, de 18 de diciembre) y régimen local y tutela financiera de los entes locales (SSTC 120/2012, de 5 de junio; 132/2012, de 19 de junio; y 150/2012, de 5 de julio). Se resolvieron, asimismo, diferentes recursos de inconstitucionalidad en relación con normas tributarias estatales (SSTC 19/2012, de 15 de febrero; y 209/2012, de 14 de noviembre) y autonómicas (SSTC 122/2012, de 5 de junio; 136/2012, de 19 de junio; 161/2012, de 20 de septiembre; 197/2012, de 6 de noviembre; y 208/2012 y 210/2012, ambas de 14 de noviembre).

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 31 sentencias dictadas por el Pleno y diez por las Salas.

En dos de las sentencias dictadas por el Pleno se resolvieron sendas cuestiones internas de inconstitucionalidad promovidas por la Sala Segunda en relación con la tasa por el ejercicio de la jurisdicción civil creada por la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (SSTC 103/2012, de 9 de mayo, y 104/2012, de 10 de mayo). Las restantes sentencias tuvieron por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley en materia de régimen local (SSTC 9/2012, de 18 de enero de 2012; 30/2012, de 1 de marzo; 81/2012, de 18 de abril; 147/2012, de 5 de julio; y 246/2012, de 20 de diciembre); otras relativas a la función pública autonómica (SSTC 27/2012, de 1 de marzo; y 182/2012, de 17 de octubre) y local (SSTC 2/2012, 3/2012 y 4/2012, de 13 de enero; y 29/2012, de 1 de marzo); el establecimiento de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (SSTC 20/2012, de 16 de febrero; 79/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 18 de abril); la regulación de diferentes aspectos de los procesos civil (SSTC 21/2012, de 16 de febrero; 185/2012, de 17 de octubre; y 222/2012, de 27 de noviembre), laboral (STC 84/2012, de 18 de abril), contencioso-administrativo (STC 151/2012, de 5 de julio) y de menores (SSTC 146/2012, de 5 de julio y 160/2012, de 20 de septiembre); la tipificación de delitos en el Código penal (STC 101/2012, de 8 de mayo), así como el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración (STC 37/2012, de 19 de marzo). Durante 2012 se resolvieron, asimismo por sentencia, diversas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se controvertían normas autonómicas de ordenación económica (SSTC 28/2012, de 1 de marzo; y 86/2012, de 18 de abril); urbanismo (STC 87/2012, de 18 de abril) y Derecho civil (STC 171/2012, de 4 de octubre). Las SSTC 100/2012, de 8 de mayo, y 196/2012, de 31 de octubre, versaron sobre sendas normas tributarias.

El Pleno dictó, asimismo, 19 sentencias en conflictos positivos de competencia planteados respecto de normas reglamentarias sobre donación de células y tejidos humanos (STC 22/2012, de 16 de febrero); formación profesional (SSTC 194/2012, de 31 de octubre; y 244/2012, de 18 de diciembre) y acceso a los estudios universitarios (STC 207/2012, de 14 de noviembre); la comunicación de accidentes laborales (STC 211/2012, de 14 noviembre); medidas de fomento y ejercicio de la potestad subvencional (SSTC 36/2012, de 15 de marzo; 99/2012, de 8 de mayo; y 225/2012, 226/2012 y 227/2012, de 29 de noviembre); ejercicio de la potestad sancionadora en relación con el dominio público radioeléctrico (STC 5/2012, de 17 de enero); el derecho de retracto respecto de bienes culturales (STC 6/2012, de 18 de enero); la autorización de distintas modalidades de juego (SSTC 32/2012, de 15 de marzo; 123/2012, de 5 de junio; 133/2012 y 134/2012, ambas de 19 de junio); la inscripción de colegios profesionales (STC 33/2012, de 15 de marzo) o la elaboración de estudios y proyectos sobre carreteras (SSTC 112/2012, de 24 de mayo; y 124/2012, de 5 de junio).

Finalmente, en la STC 121/2012, de 5 de junio, el Pleno resolvió un conflicto en defensa de la autonomía local.

Por su parte, las Salas dictaron diez sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad y otras tantas en conflictos positivos de competencia cuyo conocimiento les había sido deferido por el Pleno en uso de la facultad que le otorga el art. 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La Sala Primera dictó siete sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto normas con rango de ley en materia de potestad sancionadora (SSTC 75/2012, de 16 de abril; 93/2012 y 98/2012, de 7 de mayo; y 166/2012, de 1 de octubre); régimen de adopción de acuerdos municipales (STC 159/2012, de 17 de septiembre) y función pública autonómica (SSTC 181/2012, de 15 de octubre; y 191/2012, de 29 de octubre); así como tres sentencias en conflictos positivos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora en materia de defensa de la competencia (STC 71/2012, de 16 de abril) y normas reglamentarias sobre medidas de fomento (STC 72/2012, de 16 de abril) y venta ambulante (STC 143/2012, de 2 de julio). A su vez, la Sala Segunda pronunció tres sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad, sobre apertura de oficinas de farmacia (STC 78/2012, de 16 de abril) y ejercicio de la potestad sancionadora (SSTC 91/2012 y 94/2012, de 7 de mayo); y otras siete sentencias en conflictos positivos de competencia trabados con ocasión del ejercicio de la potestad subvencional (SSTC 38/2012, de 26 de marzo; 73/2012 y 77/2012, de 16 de diciembre; 89/2012, de 7 de mayo; 173/2012, de 15 de octubre; 177/2012, de 15 de octubre; y 243/2012, de 17 de diciembre).

La práctica totalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal en procesos de inconstitucionalidad y conflictos resolvieron el fondo de los asuntos planteados, por más que en algunas de ellas se acordara la inadmisión parcial. Únicamente en tres casos se dictaron sentencias en cuya parte dispositiva se acordó la íntegra inadmisión de sendas cuestiones de inconstitucionalidad al haber sido promovidas mediando una inadecuada formulación del juicio de relevancia (STC 84/2012, de 18 de abril), respecto de una norma sin fuerza de ley (STC 182/2012, de 17 de octubre), o tras una defectuosa realización del trámite de audiencia en el proceso judicial previo a las partes y al Ministerio Fiscal (STC 222/2012, de 27 de noviembre). En la STC 246/2012, de 18 de diciembre, se inadmitió una de las dos cuestiones de inconstitucionalidad promovidas en relación con la Ley2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la Comunidad de Madrid, que habían sido acumuladas en su día para su tramitación y resolución conjunta. Por otro lado, en dos sentencias dictadas por el Pleno se acordó la extinción del objeto de sendas cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 147/2012, de 5 de julio; y 151/2012, de 5 de julio).

De las 122 sentencias pronunciadas en este tipo de procesos constitucionales, 29 cuentan con votos particulares (24 dictadas por el Pleno y cinco por la Sala Primera).

Durante 2012 el Pleno inadmitió mediante auto 22 cuestiones de inconstitucionalidad —ya fuera por falta de las condiciones procesales o por resultar notoriamente infundadas— y un conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 13 de septiembre). El Pleno acordó, asimismo, la extinción de seis recursos de inconstitucionalidad, por pérdida sobrevenida de su objeto (AATC 49/2012 de 1 de marzo; 118/2012, de 5 de junio; 142/2012 y 143/2012, de 16 de julio; 211/2012 y 219/2012, de 13 de noviembre), nueve cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 4/2012, 5/2012 y 6/2012, de 13 de enero; 47/2012 a 51/2012, de 13 de marzo; y 126/2012, de 19 de junio), tres conflictos positivos de competencia (AATC 67/2012, de 17 de abril; y 244/2012 y 245/2012, de 18 de diciembre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de enero). Por su parte, las Salas apreciaron la extinción de nueve cuestiones de inconstitucionalidad (la Sala Primera dictó los AATC 199/2012, de 29 de octubre; 227/2012, 230/2012 y 231/2012, todos ellos de 10 de diciembre; la Sala Segunda los AATC 31/2012, de 13 de febrero; 210/2012, de 12 de noviembre; y 226/2012, 228/2012 y 229/2012, de 10 de diciembre).

En materia de medidas cautelares, el Pleno dictó cinco autos acordando el levantamiento total de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 69/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 8 de mayo; 147/2012, de 16 de julio; y 238/2012 y 239/2012, de 12 de diciembre), y dos disponiendo el levantamiento parcial de la medida (AATC 86/2012, de 8 de mayo; y 87/2012, de 10 de mayo). En otros dos autos, el Pleno mantuvo la suspensión (AATC 139/2012, de 3 de julio; y 161/2012, de 13 de septiembre). Finalmente, en el ATC 177/2012, de 2 de octubre, se desestimó el incidente de ejecución de la suspensión parcial de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, sobre recursos contra calificación registral negativa de los títulos o cláusulas concretas en materia de Derecho catalán, cuya eficacia se había acordado mantener en el ATC 105/2010, de 29 de junio.

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2012 el Tribunal dictó 54 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 31 normas con rango de ley dictadas por el Estado; 14 de estas sentencias cuentan con algún voto particular. El Pleno dictó 49 de esas sentencias (34 en recursos de inconstitucionalidad y 15 en cuestiones de inconstitucionalidad), tres la Sala Primera (SSTC 75/2012, de 26 de abril; y 93/2012 y 98/2012, de 7 de mayo) y la Sala Segunda las dos restantes (SSTC 91/2012 y 94/2012, de 7 de mayo). En estas cinco sentencias las Salas reiteraron la doctrina sentada en la STC 37/2012, de 19 de marzo, acerca del carácter vinculante de la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al resolver recursos de casación en interés de ley y de la constitucionalidad de la doctrina legal establecida por este mismo órgano judicial en relación con la no inclusión en el cómputo del plazo de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas del tiempo transcurrido para la resolución de los recursos administrativos.

En la práctica totalidad de las 54 sentencias ahora reseñadas se enjuicia el fondo del asunto planteado. Sin embargo, en las SSTC 84/2012, de 18 de abril, y 222/2012, de 27 de noviembre, se inadmitieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia e incorrecta realización del trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en el proceso a quo, respectivamente.

El Pleno dictó 17 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre normas estatales con rango de ley (AATC 8/2012, de 13 de enero; 34/2012 y 35/2012, de 14 de febrero; 39/2012, de 28 de febrero; 109/2012, 110/2012 y 111/2012, de 22 de mayo; 119/2012, de 5 de junio; 127/2012 y 128/2012, de 19 de junio; 145/2012, 146/2012 y 148/2012, de 16 de julio; 191/2012, de 16 de octubre; 205/2012 y 206/2012, de 30 de octubre; y 237/2012, de 11 de diciembre), en tanto que acordó la extinción de dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 49/2012, de 13 de marzo; y 118/2012, de 5 de junio) y una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 126/2012, de 18 de junio) en relación con disposiciones estatales con fuerza de ley. A ello deben añadirse los autos dictados por las Salas acordando la extinción de sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas frente a normas estatales. Concretamente, la Sala Primera dictó el ATC 199/2012, de 29 de octubre; la Sala Segunda el ATC 31/2012, de 13 de febrero. En ambos casos se cuestionaba el art. 92.8 del Código civil, en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, relativo a los requisitos necesarios para acordar la guarda y custodia compartida de hijos menores en procesos de nulidad, separación y divorcio en los que exista oposición de uno de los cónyuges al establecimiento de dicho régimen; el auto citado en segundo lugar declaró la extinción del proceso constitucional al haber finalizado el proceso a quo con acuerdo de las partes, lo que tornó inaplicable al caso la norma legal de cuya constitucionalidad dudaba el órgano judicial, en tanto que el ATC 199/2012 acordó la finalización del proceso constitucional por extinción de su objeto, toda vez que el art. 92.8 del Código civil había sido expulsado del ordenamiento por la STC 185/2012, de 17 de octubre.

Sobre el alcance de la reserva constitucional de ley orgánica se pronunció el Tribunal principalmente en las SSTC 184/2012, de 17 de octubre; 212/2012, de 14 de noviembre; y 224/2012, de 29 de noviembre. En la primera de estas sentencias, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Diputación General de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, se reiteró la doctrina constitucional constante acerca de la necesidad de hacer uso de unas pautas hermenéuticas estrictas para determinar el alcance de la reserva que se contiene en el art. 81.1 CE. Aplicando ese criterio, la Sentencia concluyó que se enmarca en dicha reserva de ley orgánica la regulación de los aspectos esenciales de los conciertos en el nivel de la educación infantil, habida cuenta de su evidente relación con la financiación pública dirigida a garantizar la gratuidad de la enseñanza consagrada en el art. 27.4 CE en relación con una etapa educativa que “si bien voluntaria para las familias, es de obligada prestación por los poderes públicos” (FJ 9). Lo que condujo a la desestimación del recurso por este motivo; como también se desestimó la queja de insuficiencia de rango normativo que el ejecutivo autonómico había dirigido a las previsiones legales sobre materiales educativos, pues por el carácter sustancialmente ejecutivo de la materia trasciende el alcance de la reserva de ley orgánica recogida en el art. 81.1 CE “tanto en lo referente al término ‘desarrollar’, como a la ‘materia’ objeto de reserva” (ibídem).

Las conclusiones alcanzadas en la STC 184/2012 fueron reiteradas en la STC 212/2012, de 14 de noviembre, resolución que declaró la inconstitucionalidad de la atribución de carácter orgánico a las disposiciones de la norma legal estatal enjuiciada que habilitaban al Gobierno de la Nación para que concretase los contenidos de las enseñanzas comunes en educación primaria y secundaria y procediese, en su caso, a la alteración de los itinerarios en la educación secundaria obligatoria, pues ello impedía el ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus competencias en materia educativa. A su vez, en la STC 224/2012 se declaró inconstitucional y nulo un precepto de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que introdujo en la Ley de enjuiciamiento civil la atribución exclusiva al Ministerio de Justicia de la competencia para la creación de las oficinas de señalamiento inmediato al invadir el ámbito reservado a la Ley Orgánica del Poder Judicial por el bloque de la constitucionalidad para establecer el deslinde a partir del cual resultan operativas las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía.

Por lo que se refiere al decreto-ley como instrumento de legislación de urgencia, la STC 1/2012, de 13 de enero, desestimó la impugnación —por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía— del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, que modificó la regulación legal de la evaluación de impacto ambiental contenida en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, a fin de incorporar al ordenamiento interno el contenido de las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE. El Tribunal entendió que concurría el presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” requerido por el art. 86.1 CE para que proceda el recurso al decreto-ley por la concurrencia conjunta de tres elementos: temporal (el retraso en la trasposición de la segunda directiva), causal (la necesidad de reaccionar frente a sendas demandas interpuestas contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por inadecuada trasposición de la primera de las directivas citadas y por el ya mencionado retraso en la incorporación de la segunda) y material (la reforma lleva consigo una ampliación considerable de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental). No obstante, la STC 1/2012 declaró inconstitucional la habilitación al reglamento para la regulación de aspectos procedimentales, pues esa remisión a la norma reglamentaria posterior no es acorde con la apreciación de una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que precisa una acción normativa inmediata. La Sentencia contó con un voto particular. El Tribunal entendió, igualmente, que concurría el presupuesto habilitante en la aprobación de los Reales Decretos-leyes 7/1993, de 21 de mayo (STC 100/2012, de 8 de mayo: necesidad de evitar el vacío legislativo a que podía dar lugar la prórroga del arbitrio insular a la entrada de mercancías en el archipiélago canario autorizada por el Reglamento 564-1993, del Consejo, de 8 de marzo); 6/2000, de 23 de junio (SSTC 170/2012, de 4 de octubre, y 233/2012, de 13 de diciembre: incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos mediante la ampliación de instalaciones de estaciones de servicio en establecimientos comerciales; ambas sentencias contaron con un voto particular); y 2/2004, de 18 de junio (STC 237/2012, de 13 de diciembre: derogación de los preceptos de la Ley del plan hidrológico nacional relativos al trasvase de aguas de la cuenca del Ebro).

Se dictaron dos sentencias en las que se examinaron distintos aspectos de las denominadas leyes de contenido heterogéneo. Las STC 102/2012, de 8 de mayo, y 209/2012, de 14 de noviembre, reiteraron en este punto la doctrina sentada en la STC 136/2011, de 13 de diciembre. Se da la circunstancia de que ambas sentencias tuvieron por objeto la Ley 24/2011, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En la STC 102/2012 se desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha frente a los arts. 89 y 90 de dicha ley, referidos al régimen legal del trasvase Tajo-Segura, en tanto que el objeto del recurso de inconstitucionalidad desestimado por la STC 209/2012 era sustancialmente coincidente con los que dieron lugar a las SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, y 176/2011, de 8 de noviembre, si bien en esta ocasión se impugnaban, además, algunos preceptos legales relativos a distintos tributos en la redacción resultante del ejercicio del derecho de enmienda en el Senado en unos términos que la Sentencia entiende que satisfacen la necesaria existencia de una conexión o relación de homogeneidad entre la iniciativa legislativa debatida y el texto enmendado cuya aprobación se postula. A su vez, la STC 238/2012, de 13 de diciembre, desestimó los motivos impugnatorios que hacían referencia a la concurrencia de una serie de vicios procedimentales en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con respecto a la función complementaria que desempeña la jurisprudencia en nuestro sistema de fuentes del Derecho, la STC 37/2012, de 19 de marzo, declaró conforme con la independencia judicial el carácter vinculante de la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación en interés de ley, añadiendo que esa interpretación vinculante, con la que se concreta el contenido normativo del precepto legal, es susceptible de ser controvertida por los órganos inferiores del orden jurisdiccional contencioso-administrativo mediante el planteamiento de la pertinente cuestión de inconstitucionalidad. Pues bien, la STC 37/2012 desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con los arts. 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y el art. 132 de la Ley régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la interpretación que de los mismos había establecido la Sala Tercera del Tribunal Supremo al estimar sendos recursos de casación en interés de ley; dicha interpretación vinculante negó que el transcurso del plazo de resolución de los recursos administrativos tuviera efectos prescriptivos de la infracciones o sanciones. La STC 37/2012 —cuya doctrina fue reiterada por las SSTC 75/2012, de 16 de abril; y 91/2012, 93/2012, 94/2012 y 98/2012, todas ellas de 7 de mayo—, contó con cuatro votos particulares.

Cuatro sentencias dictadas en 2012 examinaron diversas vertientes del principio de igualdad en la ley. La STC 9/2012, de 18 de enero, rechazó que fuera contrario al derecho a la igualdad en el ejercicio de los cargos públicos representativos el precepto de la Ley de bases de régimen local conforme al cual los derechos económicos y políticos de los miembros de las corporaciones locales “no adscritos” no pueden ser superiores a los que les hubieran correspondido de permanecer en el grupo político de procedencia. La Sentencia recuerda, en especial, que conforme a la doctrina contenida en la STC 169/2009, de 9 de julio, ni la pertenencia a la comisión o junta de gobierno ni la designación como teniente de Alcalde forman parte del núcleo básico del mandato representativo. La STC 9/2012, cuya doctrina fue reiterada por la STC 30/2012, de 1 de marzo, contó con un voto particular. Por su parte, la STC 19/2012, de 15 de febrero, declaró inconstitucional la previsión de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que supeditaba el derecho a la reducción por los gastos que genera el mantenimiento de los descendientes a que el sujeto pasivo conviviera con ellos, requisito contrario al principio de igualdad tributaria al excluir del disfrute de este derecho, sin razón que lo justifique, a los ascendientes que presten esa misma ayuda económica sin mediar convivencia. Finalmente, la STC 160/2012, de 20 de septiembre, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad promovida en relación con la previsión de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores que, respecto de determinados ilícitos, supedita el disfrute del beneficio de suspensión de la medida de internamiento al cumplimiento efectivo de la mitad del tiempo establecido en la sentencia condenatoria. La previsión legal cuestionada, que persigue una finalidad de prevención general sin impedir totalmente el objetivo de la resocialización y reinserción del menor, no infringe el principio de igualdad, pues la diferencia de trato se articula atendiendo a un criterio objetivo, como es la gravedad penal de las conductas (homicidio, asesinato, violación, delitos de terrorismo y otros con pena superior a quince años de prisión).

El Tribunal declaró que no era contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) la supeditación de la tramitación de demandas civiles (STC 20/2012, de 16 de febrero) y recursos contra sentencias (STC 79/2012, de 17 de abril) interpuestos por entidades mercantiles con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes de la prestación en estos casos de la actividad jurisdiccional. Esta misma doctrina fue reiterada en las SSTC 85/2012, de 18 de abril; 103/2012, de 9 de mayo, y 104/2012, de 10 de mayo, que resuelven sendas cuestiones internas de inconstitucionalidad. Por su parte, la STC 146/2012, de 5 de julio, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores, a la que se achacaba vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por no establecer un trámite obligatorio de audiencia al menor durante la instrucción y, en todo caso, antes de la apertura de la fase de audiencia, pues, según se precisa en la STC 146/2012, la propia ley salvaguarda los derechos del menor expedientado a conocer el hecho punible que se le atribuye, a ser informado de los derechos que le asisten y a intervenir en el procedimiento ejerciendo su derecho de defensa; asimismo, garantiza que sea oído antes de adoptar cualquier resolución que le concierna.

La STC 101/2012, de 8 de mayo, declaró inconstitucional y nula la tipificación del delito de caza y pesca no autorizada contenida en el art. 335 del Código penal, en la redacción originaria de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Este precepto legal infringía el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en lo que atañe al principio de taxatividad al tratarse de una ley penal en blanco cuyos términos no identifican con suficiente precisión el núcleo esencial de la conducta delictiva.

Por su parte, la STC 185/2012, de 17 de octubre, declaró la nulidad parcial del art. 92.8 del Código civil, en cuanto requería la conformidad del Ministerio Fiscal para solicitar el régimen de guarda y custodia compartida de hijos menores en los procesos de nulidad, separación y divorcio cuando no medie el acuerdo entre ambos cónyuges. El precepto legal se declaró inconstitucional por atentar contra el principio de exclusividad jurisdiccional al supeditar la decisión judicial al informe favorable del Ministerio Fiscal. La Sentencia contó con un voto particular suscrito por cuatro Magistrados.

La STC 198/2012, de 6 de noviembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Conforme declara la Sentencia, esta ley no desvirtúa la garantía institucional del matrimonio contenida en el art. 32.1 CE ni modifica el contenido esencial del derecho a contraerlo, sino que abre la institución matrimonial a parejas del mismo sexo, que se encuentran en supuestos idénticos a las parejas heterosexuales. En cuanto a la adopción conjunta de personas del mismo sexo, la STC 198/2012 declara que no existe tacha alguna de inconstitucionalidad, al garantizarse la prevalencia del interés del menor. Se formularon cuatro votos particulares a esta sentencia.

Durante 2012 se dictaron 28 sentencias resolutorias de procesos de inconstitucionalidad en los que se controvertía la conformidad con el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias de diferentes disposiciones con rango de ley dictadas por el Estado.

En relación con el medio ambiente, las SSTC 1/2012, de 13 de enero; 34/2012, de 15 de marzo, y 149/2012, de 5 de julio, reiteraron que, conforme a la doctrina sentada en la STC 13/1998, de 22 de enero, no es inconstitucional que la ley disponga que corresponde efectuar la evaluación de impacto ambiental de planes, obras y proyectos a la Administración territorial competente para su aprobación definitiva. La STC 149/2012 declaró, además, conformes con la Constitución los preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que al trasponer la Directiva marco del agua incorporaron al texto refundido de la Ley de aguas la regulación básica tanto de las aguas continentales como de las costeras y de transición e introdujeron la noción de “demarcación hidrográfica”. Igualmente sobre la distribución de competencias en materia de aguas se pronunció la STC 102/2012, de 8 de mayo, ya citada anteriormente, en la que se hizo hincapié en que la redistribución de los recursos entre cuencas y la fijación del régimen económico-financiero de tal redistribución son competencias que corresponden en exclusiva al Estado; así como la STC 195/2012, de 31 de octubre, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de La Rioja frente a los preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, relativos al plan integral del Delta del Ebro, al entender que las previsiones legales que contemplan la aprobación por la Administración estatal y autonómica de Cataluña de los distintos instrumentos en los que se descompone el plan no merma las competencias que puedan corresponder a otras Comunidades Autónomas ribereñas del río Ebro, pues éstas intervienen en la incorporación de las previsiones del plan integral al plan hidrológico de cuenca, único instrumento de la planificación hidrográfica que contiene determinaciones directamente vinculantes para las diferentes Administraciones territoriales concernidas. La doctrina sentada en esta sentencia fue reiterada en las SSTC 239/2012 y 240/2012.

La distribución de competencias en las materias de urbanismo y ordenación territorial fue objeto de especial consideración en cinco sentencias. En la STC 162/2012, de 20 de septiembre, se declaró la nulidad del art. 114 de la Ley de costas que, bajo la rúbrica “competencias de las Comunidades Autónomas”, efectuaba una interpretación abstracta del sistema de distribución de competencias sobre el dominio público marítimo terrestre. Las SSTC 170/2012, de 4 de octubre, y 233/2012, de 13 de diciembre, declararon contraria al orden de distribución de competencias la previsión del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, que excluía, a los efectos del cómputo de los volúmenes de edificabilidad, los espacios efectivamente ocupados por las estaciones de servicio sitas en grandes establecimientos comerciales, pues con ello el legislador estatal hacía uso indebido de una técnica que opera en el seno del planeamiento urbanístico y cuyo establecimiento o supresión son decisiones que únicamente corresponde adoptar al legislador competente en materia de urbanismo. La STC 216/2012, de 14 de noviembre, confirmó la constitucionalidad del precepto de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, relativo al procedimiento de aprobación del plan director de infraestructuras del puerto, pues en él se establecen dos mecanismos de cooperación en el ejercicio concurrente de competencias sobre un mismo espacio físico: la participación autonómica en el procedimiento de evaluación ambiental a la que están sujetos los puertos de nueva construcción o las obras de gran envergadura y el trámite de audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de ordenación del territorio. Para concluir, la STC 245/2012, de 18 de diciembre, declaró que ninguno de los preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, impugnados en los seis recursos de inconstitucionalidad resueltos en esta sentencia, vulneraba las competencias urbanísticas autonómicas; esta sentencia, que contó con un voto particular, concluyó con la estimación parcial de los recursos al declarar la nulidad del precepto legal que emplea un criterio subjetivo en la determinación de la red ferroviaria de interés general al identificarla con los tramos ferroviarios de titularidad estatal.

Acerca del régimen competencial en materia de Administración de Justicia se pronunciaron las SSTC 162/2012 y 163/2012, ambas de 20 de septiembre; y 224/2012, de 29 de noviembre. En la primera de ellas se afirmó que corresponde al Estado la competencia para la creación de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional sobre cuya constitucionalidad sustantiva se habían pronunciado las SSTC 20/2012 y 79/2012, antes mencionadas. En la STC 163/2012 se desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente a diferentes preceptos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ, reiterando, en lo sustancial, el deslinde competencial que el Tribunal ha venido efectuando desde la STC 56/1990, de 29 de marzo, y que se asienta sobre la distinción entre los conceptos “Administración de Justicia” (el Poder Judicial único y su órgano de gobierno) y “administración de la Administración de Justicia” (los medios materiales y personales ancilares de ese Poder Judicial). La STC 224/2012 amén de reiterar esta misma doctrina, declara, como ya hemos reseñado, la inconstitucionalidad de una disposición de la Ley Orgánica 19/2003 que atribuía al Ministerio de Justicia la competencia para la creación de las oficinas de señalamiento inmediato, de modo que impedía el juego de las cláusulas subrogatorias de funciones ejecutivas contenidas en los Estatutos de Autonomía.

En materia de educación, la STC 111/2012, de 24 de mayo, si bien desestimó en su mayor parte los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional, declaró la nulidad de la atribución en exclusiva al Estado del desarrollo reglamentario de las previsiones legales relativas a la formación profesional inicial o reglada, modalidad que se enmarca justamente en el ámbito de las competencias sobre educación, respecto de las cuales debe preservarse un espacio de intervención autonómica. La STC 184/2012, de 17 de octubre, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Diputación General de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, al no apreciar exceso competencial alguno. La doctrina sentada en esta sentencia fue reiterada en las SSTC 212/2012, 213/2012 y 214/2012, todas ellas de 14 de noviembre. Adviértase, no obstante, que, como ya se ha indicado anteriormente, en la STC 212/2012 se declaró la nulidad de la atribución de carácter orgánico a algunos preceptos de la ley controvertida, en la medida en que con ello se obstaculizaba el ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus competencias en materia educativa. Por su parte, la STC 214/2012 confirmó la constitucionalidad de los preceptos de la Ley Orgánica de calidad de la educación relativos a la atención a alumnos con necesidades educativas específicas, y la STC 223/2012, de 29 de noviembre, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Andalucía con respecto a varios preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. En especial, esta sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, descarta que las previsiones de la Ley Orgánica relativas a la creación de universidades privadas (para cuyo reconocimiento es precisa una ley de Cortes Generales, requisito del que quedan exentas las universidades creadas por la Iglesia católica) desconozcan las competencias autonómicas en la materia.

Por lo que hace al enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes estatales que afectan al régimen local cabe destacar las SSTC 120/2012, de 5 de junio, y 150/2012, de 5 de julio. La primera de estas resoluciones desestima el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del art. 54 de la Ley de haciendas locales, en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, relativo a la competencia del Ministerio de Hacienda para autorizar a los entes locales la realización de determinadas operaciones de crédito y los denominados “escenarios de consolidación presupuestaria”. La STC 120/2012 declara que la regulación legal de esas autorizaciones se incardina en los títulos relativos a la ordenación básica del crédito y la hacienda general, reservados al Estado en los incisos 11 y 14 del art. 149.1 CE por hallarse íntimamente vinculada con el equilibrio económico y financiero general, cuya determinación y salvaguarda corresponde al Estado. La STC 150/2012 calificó la creación del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, llevada a cabo por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, como acto de ejercicio de la competencia sobre ordenación general de la economía reservada al Estado por el art. 149.1.13 CE, habida cuenta de que el fondo es un instrumento que, en coordinación con otros, persigue la dinamización a corto plazo de la economía. No obstante, en aplicación de la doctrina sentada en la STC 13/1992, de 6 de febrero, la Sentencia declaró inconstitucionales diversos preceptos del decreto-ley controvertido que limitaban el alcance de diversos títulos competenciales de la Generalitat de Cataluña.

El régimen de distribución de competencia sobre energía ocupó al Tribunal en la STC 135/2012, de 19 de junio, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2007, de 2 de julio, de adaptación de la Ley del sector de hidrocarburos a la Directiva 2003/55/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003. Frente a lo sostenido por la actora, la Sentencia señala que el establecimiento de unos criterios de adjudicación de las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución de gas tiene la consideración de norma básica dirigida a asegurar la eficiencia y economía del sistema. Afirma, además, que el reconocimiento de una preferencia para la obtención de las autorizaciones pertinentes en favor de las empresas que ya hayan llevado a cabo actuaciones en la zona no vulnera de suyo la libertad de empresa ni la concurrencia, pues esta ventaja no es definitiva ni excluye el acceso de otros competidores al mercado toda vez que no impide que se otorguen nuevas autorizaciones.

La STC 228/2012, de 29 de noviembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con varios preceptos de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, reguladora del régimen de las empresas de inserción. La Sentencia declara la inconstitucionalidad de sendos preceptos de la Ley: la disposición transitoria primera, en cuanto contempla la intervención normativa de las Comunidades Autónomas en un ámbito de exclusiva competencia estatal, al corresponder al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral (art. 149.1.7 CE), lo que representa una renuncia implícita al ejercicio de la competencia; y la disposición transitoria tercera, en la que el Estado retiene el ejercicio de una competencia estrictamente ejecutiva, como es la relativa a las funciones registrales. La Sentencia estableció, igualmente, una interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a las relaciones de las Administraciones públicas, incluidas por tanto las autonómicas, con las empresas de inserción. Esta interpretación conforme pone el acento en el hecho de que el precepto legal controvertido no regula específicamente el dictado de actos de ejecución, limitándose a prever la supervisión de las empresas por unos servicios externos y ajenos a ellas. La Sentencia contó con un voto particular.

En cuanto al ejercicio por el Estado de su potestad tributaria, la STC 35/2012, de 15 de marzo, fue la primera de las dictadas durante el año en relación con la fiscalidad del juego. En ella se confirmó la constitucionalidad de la regulación de la tasas sobre rifas introducida por la Ley 24/2001, al tiempo que declaró la inconstitucionalidad parcial de la disposición adicional vigésima de esa misma ley, pues en ella se hacía uso de la supraterritorialidad como único criterio delimitador de competencias, al atribuir al Estado la potestad de autorización de los juegos que excedieran los límites de una Comunidad Autónoma, aunque no abarcasen la totalidad del territorio nacional. No fue ésta la única sentencia del año en que se declaró la inconstitucionalidad de la utilización del criterio territorial para desplazar la competencia a la Administración del Estado ya que la STC 235/2012, de 13 de diciembre, concluyó con la anulación de los preceptos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que reservaban al Estado el ejercicio de funciones supervisoras en materia de creación de cadenas y emisiones televisivas cuando el supuesto de hecho rebasara los límites territoriales autonómicos. Por lo demás, la doctrina de la STC 35/2012 acerca del orden de distribución de competencias sobre el juego y la consiguiente facultad de someterlo a tributación, fue reiterada por las SSTC 83/2012, de 18 de abril; 162/2012, de 20 de septiembre; y 172/2012, de 4 de octubre.

La ya mencionada STC 19/2012, de 15 de febrero, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, rechazó que el concepto de tributo cedido manejado en las normas integrantes del bloque de constitucionalidad sea inmutable. Esta misma sentencia declara, igualmente, que el establecimiento legal de una tarifa estatal complementaria vigente hasta tanto sea desplazada por la tarifa autonómica complementaria no contraviene la doctrina constitucional sobre el alcance de la supletoriedad del Derecho estatal, pues en este caso el Estado actúa en el ejercicio de las potestades que privativamente le atribuyen los arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE. Por su parte, la STC 100/2012, de 8 de mayo, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la regulación de la tarifa especial para la importación de productos industriales y agrarios que se fabriquen o produzcan en Canarias según resulta de lo dispuesto en la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias y en el Real Decreto-ley 7/1993. La Sentencia descarta que la tarifa sea contraria a la libertad de circulación garantizada por el art. 139.2 CE, pues su creación y mantenimiento responde a un objetivo constitucionalmente legítimo que ha de reputarse razonable y acorde con el principio de proporcionalidad, dado que la tarifa somete a tributación la entrada en el archipiélago de productos “sensibles”, de suerte que, en atención a la particularidad geográfica de las islas, la tarifa opera como un instrumento de política económica y social de desarrollo de Canarias.

Para cerrar este epígrafe cumple señalar que la STC 236/2012, de 13 de diciembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña frente al art. 1.2 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, pues la preferencia aplicativa atribuida a este texto legal por el precepto controvertido no es obstáculo que impida a la Comunidad de Autónoma de Cataluña el ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas en materia de Derecho civil. Esta misma sentencia hace hincapié en que se encuadra dentro de las potestades tributarias del Estado la identificación de unos sujetos que gozan de un régimen tributario especial al ser beneficiarios de unas determinadas exenciones o beneficios fiscales.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2012 se pronunciaron un total de 39 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas; 34 de ellas fueron dictadas por el Pleno (18 en cuestiones de inconstitucionalidad, 15 en recursos de inconstitucionalidad y una en conflicto en defensa de la autonomía local) cuatro por la Sala Primera (SSTC 159/2012, de 17 de septiembre; 166/2012, de 1 de octubre; 181/2012, de 15 de octubre; y 191/2012, de 29 de octubre) y una por la Sala Segunda (STC 78/2012, de 16 de abril). En una sentencia se inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad promovida frente a un precepto de las Normas de gobierno interior del Parlamento de Canarias, al versar sobre una disposición carente de fuerza de ley (STC 183/2012, de 17 de octubre, que contó con dos votos particulares concurrentes) y en otras dos se acordó la extinción de sendas cuestiones de inconstitucionalidad promovidas frente a disposiciones legales autonómicas (SSTC 147/2012, de 5 de julio; y 151/2012, de 5 de julio). En ocho de las sentencias dictadas en procesos relativos a normas autonómicas con rango de ley se formularon votos particulares.

El Pleno inadmitió por auto cinco cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 68/2012, de 17 de abril; 162/2012, de 13 de septiembre; 193/2012, de 17 de octubre; 220/2012, de 27 de noviembre; y 247/2012, de 18 de diciembre) y acordó la extinción de dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 142/2012 y 143/2012, de 16 de julio), nueve cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 4/2012 a 6/2012, de 13 de enero; 47/2012, 48/2012, 50/2012 y 51/2012, todos de 13 de marzo; 211/2012 y 219/2012, de 13 de noviembre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de enero) planteados frente a disposiciones legales autonómicas. La Sala Primera declaró la extinción de tres cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 227/2012, 230/2012 y 231/2012, todos de 10 de diciembre) y la Sala Segunda de otras cuatro (AATC 210/2012, de 12 de noviembre; 226/2012, 228/2012 y 229/2012, de 10 de diciembre). En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, el Pleno acordó su levantamiento íntegro en tres procesos (AATC 69/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 8 de mayo; y 238/2012, de 12 diciembre), parcial en otros dos (AATC 86/2012, de 8 de mayo; y 87/2012, de 10 de mayo) y su mantenimiento en uno (ATC 139/2012, de 3 de julio).

Nueve sentencias pusieron fin a procesos en los que se controvertía la constitucionalidad de normas con rango de ley por motivos no estrictamente competenciales. En dos de estas nueve sentencias, ambas dictadas por el Pleno y de las que ya se ha hecho mención, no se abordó el análisis del fondo, al apreciarse la extinción de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto de la Ley de ordenación del turismo de Canarias a la que se reprochaba infracción de la autonomía de los cabildos insulares (STC 147/2012) o al inadmitirse una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con una norma de gobierno interior del Parlamento de Canarias carente de fuerza de ley (STC 183/2012).

En otras cinco se resolvieron impugnaciones que hacían referencia a la conformidad de la norma legal autonómica con diferentes manifestaciones del principio constitucional de igualdad. Así, en la STC 78/2012, de 16 de marzo, la Sala Segunda del Tribunal, aplicando la doctrina establecida en las SSTC 63/2011, de 16 de mayo, y 117/2011, de 4 de julio, declaró inconstitucional, por representar una discriminación por razón de edad, el precepto de la Ley de ordenación farmacéutica del País Vasco conforme al cual las autorizaciones para la apertura de nuevas oficinas de farmacia únicamente podían ser otorgadas a los farmacéuticos mayores de 65 años cuando no existieran otros peticionarios de menor edad. En la STC 171/2012, de 4 de octubre, el Pleno declaró inconstitucional un precepto de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de Galicia, que, en la regulación del usufructo voluntario de viudedad, sólo reconocía el derecho de alimentos para los hijos y descendientes comunes. La Sentencia declaró que la distinción entre descendientes basada exclusivamente en su carácter común del fallecido y del usufructuario no satisfacía la exigencias del derecho a la igualdad en la ley y la prohibición de no discriminación, además de vulnerar los mandatos de protección social, económica y jurídica de la familia y de protección integral de los hijos recogidos en el art. 39 CE. Las STC 27/2012 y 29/2012, ambas de 1 de marzo, resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se discutía la conformidad con el derecho fundamental de igualdad en el acceso a las funciones públicas, proclamado en el art. 23.2 CE, de dos disposiciones legales aprobadas por el Parlamento de Andalucía. La primera de estas sentencias declaró la nulidad del precepto legal que, con ocasión de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la función pública autonómica, otorgaba una elevada puntuación a la experiencia profesional adquirida en la propia Administración autonómica andaluza. Por el contrario, la STC 29/2012 desestimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida en relación con el precepto de la Ley de coordinación de policías locales que fijaba un límite de edad para el acceso a los cuerpos policiales mediante el sistema de movilidad con ascenso, pues este requisito responde a un propósito constitucionalmente legítimo ya que con él se procura, en aras de la mayor eficacia de la acción administrativa, una cierta permanencia en el servicio activo de policía. La STC 246/2012, de 20 de diciembre, declaró la nulidad del precepto de la Ley de Administración local de la Comunidad de Madrid, que negaba a los concejales no adscritos el derecho a participar en las comisiones informativas municipales y llevó a cabo una interpretación conforme de la disposición legal que niega a estos mismos concejales los derechos que les correspondería por su pertenencia a un grupo municipal.

En la STC 166/2012, de 1 de octubre, la Sala Primera del Tribunal declaró la nulidad del precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, que, al remitir al momento aplicativo la calificación de las infracciones administrativas como muy graves, graves o leves, contravenía el contenido material —principio de taxatividad— del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). A su vez, la STC 234/2012, de 13 de diciembre, dictada por el Pleno del Tribunal, declaró la nulidad de una disposición adicional de la Ley del suelo de la Región de Murcia en la que se procedía a una nueva delimitación del ámbito territorial comprendido en los espacios naturales protegidos por la Ley autonómica de ordenación y protección del territorio. En la medida en que esa nueva delimitación se efectuaba por remisión a un acuerdo del Gobierno autonómico de declaración de lugares de importancia comunitaria que no identificaba con claridad y precisión qué partes del territorio autonómico quedaban comprendidas en la declaración, su utilización como criterio de referencia por el legislador autonómico no atendió las exigencias que en punto a certeza de la norma y previsibilidad de su aplicación dimanan del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

Se dictaron 29 sentencias en procesos constitucionales en los que se reprochaba a alguna norma autonómica con rango de ley alguna infracción del orden constitucional de competencia. Con la sola excepción de la STC 151/2012, de 5 de julio, que apreció la extinción de una cuestión de inconstitucionalidad por haber concluido el proceso judicial en el que se planteó, todas ellas examinaron el fondo del asunto planteado.

En materia de función pública debe señalarse que, en aplicación de la doctrina contenida en la STC 175/2011, de 8 de noviembre, tres sentencias (SSTC 2/2012, 3/2012 y 4/2012, de 13 de enero), anularon otros tantos preceptos legales autonómicos que establecían dispensas del requisito de titulación para la promoción interna de policías locales contraviniendo lo dispuesto en la norma básica de función pública aprobada por el Estado. Por su parte, las SSTC 181/2012, de 15 de octubre, y 191/2012, de 29 de octubre, dictadas ambas por la Sala Primera, desestimaron sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con el precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal servicio de las Administraciones públicas de Cataluña, que atribuye a los empleados públicos el derecho a disfrutar de un permiso para cuidado de hijos menores de seis años, derecho que la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el estatuto básico del empleado público extiende hasta que el menor alcance la edad de 12 años. La aparente contradicción existente entre ambas previsiones legales se resuelve por el carácter supletorio de la disposición estatal, criterio que resuelve la antinomia. Por último, en la STC 197/2012, de 6 de noviembre, se anuló el precepto de la Ley del Principado de Asturias 15/2002 que atribuía carácter irrenunciable al complemento específico del personal facultativo del servicio autonómico de salud, pues con ello se establecía un régimen de incompatibilidad absoluta que contradice la regulación básica estatal en la materia.

La STC 7/2012, de 18 de enero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad en su día interpuesto por el Presidente del Gobierno y declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Así, siguiendo sendas líneas jurisprudenciales consolidadas, la Sentencia afirmó que la atribución a un Magistrado de la presidencia de un órgano de la Administración autonómica, en este caso la comisión de valoraciones de Canarias, vulnera la competencia exclusiva que ostenta el Estado en materia de Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE) y anuló las disposiciones legales que rebajaban la protección ambiental dispensada por la legislación básica estatal al reducir el importe de las sanciones imponibles por la destrucción o alteración de las especies de la flora o fauna naturales y de sus hábitats, así como por la realización de vertidos y la utilización de productos químicos y sustancias biológicas especialmente tóxicas en espacios protegidos. También en materia ambiental la STC 82/2012, de 18 de abril, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la modificación, llevada a cabo por la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de la ley de declaración del parque natural de Bardenas Reales de Navarra. Esta Sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, concluye que es legítima la declaración del espacio protegido sin mediar la aprobación previa del plan de ordenación de los recursos naturales, pues concurren razones extraordinarias que justifican la omisión de este trámite y así se hace constar en la ley foral controvertida. Declara asimismo la STC 82/2012 que el establecimiento de un régimen protector de una parte del territorio concernido por la Ley Foral sometido a la condición suspensiva de que cese su utilización como polígono de tiro por las fuerzas armadas no interfiere ni perturba el ejercicio de las competencias estatales sobre defensa nacional (art. 149.1.4 CE).

En materia de sanidad interesa mencionar que la STC 8/2012, de 18 de enero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 8/2001, de 28 de junio, de ordenación de las instalaciones de radiocomunicación y declaró la nulidad de los preceptos de la ley controvertida que imponían a los operadores la obligación de incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y que contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes y que sancionaban el incumplimiento de este deber al ignorar la regulación establecida al respecto por el Estado en ejercicio de su competencia básica sobre sanidad. La Sentencia llevó a cabo una interpretación de conformidad con la Constitución de varios preceptos de la ley impugnada. A su vez la STC 136/2012, de 19 de junio, anuló, también por invasión de la competencia estatal sobre bases y coordinación de la sanidad y Seguridad Social, los artículos de la Ley de las Cortes Valencianas 16/2008, de 22 de diciembre, en los que se establecía una tasa por prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica a los afiliados a varias mutualidades de funcionarios estatales.

Sobre el orden competencial relativo a la legislación procesal y civil se pronunciaron las SSTC 21/2012 y 28/2012. La STC 21/2012, de 16 de febrero, declaró la nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia, que introducía una novedad procesal —la posibilidad de que se ejercieran simultáneamente las acciones de nulidad, separación o divorcio de los matrimonios en régimen de separación de bienes y de división de cosa común— que no guarda relación directa con la regulación jurídica sustantiva contenida en la ley autonómica. Según se declaró en la STC 21/2012, no cabe inferir una relación de necesidad entre el hecho notorio de que el régimen económico legal supletorio en primer grado en la Comunidad Autónoma sea el de separación de bienes, al que está sometida la mayoría de los matrimonios cuyo cónyuges tienen vecindad civil catalana, y la regla procesal controvertida en la cuestión de inconstitucionalidad finalmente estimada en esta sentencia, a la que se formuló un voto particular. Por su parte, la STC 28/2012, de 1 de marzo, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad, declaró la nulidad de un precepto de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias que regulaba un derecho de retracto entre particulares, siendo así que la Comunidad Autónoma insular carece de competencias sobre Derecho civil, rama del ordenamiento en la que se encuadra la disposición normativa autonómica enjuiciada.

Tres sentencias resolvieron sendos procesos en los que se discutía la constitucionalidad de disposiciones legales autonómicas en materia de intervención en la actividad económica. La STC 26/2012, de 1 de marzo, estimando el recurso de inconstitucionalidad en su día interpuesto por el Presidente del Gobierno, anuló aquellos preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears que daban una definición de la venta al detalle o de la venta a pérdida divergente de la recogida en la normativa básica estatal o se apartaban de ésta al fijar el horario máximo de apertura de los establecimientos comerciales y, en fin, prohibían la existencia en la Comunidad Autónoma de establecimientos comerciales dedicados en exclusiva a la venta de saldos o a la promoción de ventas. Esta misma ley autonómica fue objeto de otro pronunciamiento: la STC 86/2012, de 18 de abril, donde se reitera la doctrina de las SSTC 184/2011, de 23 de noviembre, y de la propia STC 26/2012. Por su parte, en la STC 215/2012, de 14 de noviembre, se declaró la nulidad de aquellos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de previsión social, que infringían la legislación básica de seguros en cuanto a los puntos de conexión que deben cumplir las entidades aseguradoras para que entren dentro del ámbito competencial autonómico (en este punto la STC 215/2012 aplica la doctrina sentada en la STC 173/2005, de 23 de junio) y acerca de las actividades aseguradoras que pueden realizar las mutualidades al permitir a éstas llevar a cabo operaciones de coaseguro que les están vedadas en la normativa básica estatal sobre seguros. Se formularon dos votos particulares a esta última Sentencia.

Con respecto a las competencias sobre deporte debe mencionarse la STC 80/2012, de 18 de abril, que llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución del precepto de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, del deporte, que atribuye a la federación vasca de cada modalidad deportiva la representación única en los ámbitos estatal e internacional. El criterio sentado en esta Sentencia, que contó con dos votos particulares, fue aplicado en la STC 110/2012, de 23 de mayo, en relación con la Ley de apoyo a las selecciones catalanas.

Se dictaron tres sentencias relativas a la constitucionalidad de normas legales autonómicas en materia de régimen local. La STC 81/2012, de 18 de abril, declaró nulo el precepto de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña que impedía la presentación de una moción de censura a los presidentes de las corporaciones locales tras la publicación oficial de la convocatoria de cualquier proceso electoral. Conforme declara la Sentencia, a la que se formuló un voto particular, esta previsión reduce las posibilidades de remoción y elección de los presidentes de entes locales y menoscaba el estatus representativo de los electos locales, invadiendo la competencia estatal sobre régimen local y desconociendo la reserva de ley orgánica, en este caso de la Ley Orgánica reguladora del régimen electoral general. La STC 132/2012, de 19 de junio, desestimó en su mayor parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares. No obstante, esta Sentencia, a la que se formuló un voto particular, declaró la nulidad del precepto que atribuía a un consejero electivo el puesto de secretario del consejo electivo, cargo que tiene encomendado el ejercicio de funciones de secretaría y fe pública, reservadas por la legislación básica estatal a quienes estén vinculados con la Administración por una relación funcionarial. Igualmente, la STC 132/2012 declaró inconstitucional la posibilidad de delegar en órganos distintos del pleno la toma de decisiones que la legislación básica de régimen local reserva al plenario corporativo. Por último, la STC 159/2012, de 17 de septiembre, dictada por la Sala Primera, anuló el precepto de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas de Canarias que desconocía el régimen de mayoría establecido por la legislación básica estatal de régimen local para aprobar el cambio de capitalidad municipal.

En tres sentencias se enjuiciaron leyes autonómicas en materia de urbanismo y ordenación territorial. La STC 87/2012, de 18 de abril, estimó parcialmente una cuestión de inconstitucionalidad y declaró la nulidad del precepto de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural, en el que se extendía el régimen de servidumbre de protección de los suelos urbanos a supuestos distintos de los contemplados, con carácter excepcional, en la legislación estatal de costas. La Sentencia recuerda que, conforme a la doctrina sentada en la STC 149/1991, de 4 de julio, corresponde en exclusiva al Estado el establecimiento de limitaciones y servidumbres —entre ellas, la servidumbre de protección— sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, estando vedada a las Comunidades Autónomas la aprobación de disposición alguna al respecto, incluso cuando se limiten a reproducir las previsiones estatales, pues carecen de competencia normativa en la materia. La doctrina de esta sentencia fue luego reiterada en la STC 137/2012, de 19 de junio. Por otro lado, la STC 148/2012, de 5 de julio, declaró la nulidad de diversos preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura en los que se invadían las competencias estatales al regular la indemnización de actos de uso del suelo incompatibles con el planeamiento urbanístico, el abono en especie del justiprecio expropiatorio y se establecían exenciones sobre tributos de titularidad estatal. Esta Sentencia llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución de varios preceptos de la ley autonómica impugnada.

Con respecto al ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus potestades tributarias se dictaron seis sentencias. En cuatro de ellas el Tribunal declaró que los tributos autonómicos impugnados en los respectivos procesos constitucionales no infringían las prohibiciones de equivalencia contenidas en el art. 6 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. Así sucedió con los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales creados por Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre (STC 122/2012, de 5 de junio); Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre (STC 197/2012, de 6 de noviembre) y por la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre (STC 208/2012, de 14 de noviembre, a la que se formularon dos votos particulares y que examina la aplicabilidad de las referidas prohibiciones de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en la Comunidad Foral de Navarra) y el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito creado por la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre (STC 210/2012, de 14 de noviembre). La STC 196/2012, de 31 de octubre, estimó una cuestión de inconstitucionalidad y declaró la nulidad del impuesto de Castilla-La Mancha sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente, en cuanto sometía a tributación la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos, actividades ya gravadas en el impuesto sobre actividades económicas. Finalmente, en las SSTC 161/2012, de 20 de septiembre; y la ya mencionada 197/2012, se anularon sendas disposiciones legales autonómicas en las que se regulaban deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas contraviniendo los límites de la cesión del tributo.

La STC 121/2012, de 5 de junio, resolvió un conflicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de Gijón y otros 19 municipios del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2000, de 23 de junio, de cajas de ahorro de dicha Comunidad Autónoma. La Sentencia concluyó con la desestimación del conflicto al apreciar que la ley controvertida no había vulnerado la autonomía local constitucionalmente reconocida a los actores al introducir un criterio de proporcionalidad para la elección de representantes locales en los órganos de gobierno de las cajas y variar el porcentaje de representación del Ayuntamiento de Gijón en la Caja de Ahorros de Asturias.

D) Conflictos constitucionales

En 2012 se dictaron 29 sentencias en conflictos positivos de competencia: 19 del Pleno, tres de la Sala Primera y siete de la Sala Segunda. Todas estas sentencias resolvieron el fondo de las pretensiones deducidas en relación con los actos del poder público controvertidos en cada ocasión. En siete de ellas se formularon votos particulares. El Pleno resolvió mediante sentencia un conflicto en defensa de la autonomía local (STC 121/2012, de 5 de junio, de cuyo contenido se ha dado cuenta anteriormente). Mediante auto del Pleno se inadmitió un conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 13 de septiembre), se acordó la extinción de tres conflictos positivos de competencia (AATC 67/2012, de 17 de abril; y 244/2012 y 245/2012, de 18 de diciembre) y de un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de enero, ya mencionado con anterioridad). En materia de medidas de cautelares, el Pleno levantó la suspensión de la resolución administrativa controvertida en un conflicto positivo de competencia (ATC 147/2012, de 16 de julio), la mantuvo en otro (ATC 161/2012, de 13 de septiembre) y acordó el levantamiento parcial de la suspensión en una tercera ocasión (ATC 239/2012, de 12 de diciembre).

Cuatro de las sentencias resolvieron conflictos positivos de competencia trabados en relación con actos y resoluciones dictadas por instancias autonómicas. La STC 6/2012, de 18 de enero, estimó el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña frente al ejercicio por la Diputación General de Aragón del derecho de retracto respecto de determinados bienes procedentes del Monasterio de Villanueva de Sijena que habían sido trasladados a un museo sito en Cataluña. Esta Sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, concluye apreciando la prevalencia de la competencia sobre protección del patrimonio cultural aducida por la Generalitat de Cataluña por ser ésta la Administración territorial que viene cuidando adecuadamente de los bienes controvertidos. Al resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el registro de los estatutos del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña, la STC 33/2012, de 15 de marzo, resolvió con carácter previo las dudas de constitucionalidad que se habían alzado en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, de creación de la mencionada corporación. Al respecto señaló que en tanto la normativa estatal en la materia regula el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, la ley autonómica hace lo propio con la organización y funcionamiento de la corporación representativa de los censores jurados de cuentas. En cuanto a los estatutos colegiales, la Sentencia estableció la interpretación constitucionalmente conforme de algunos de sus preceptos. Finalmente, las SSTC 112/2012, de 24 de mayo, y 124/2012, de 5 de junio, estiman los conflictos planteados por el Gobierno de la Nación en relación con determinadas actuaciones que la Comunidad Autónoma de Madrid se proponía realizar sobre vías que, pese a discurrir íntegramente por el territorio autonómico, están integradas en la red de carreteras del Estado porque sirven a la conexión de otras carreteras que vertebran esa red viaria.

Las restantes 25 sentencias resolvieron conflictos positivos de competencia planteados por los Ejecutivos autonómicos respecto de resoluciones y disposiciones dictadas por la Administración del Estado.

En doce de esas sentencias se resolvieron conflictos planteados con ocasión del ejercicio por el Estado de su poder de gasto, debiendo hacerse notar que todas sentencias —con la sola excepción de la STC 99/2012, de 8 de mayo— estimaron, siquiera parcialmente, el correspondiente conflicto, al apreciar que la resolución o disposición estatal controvertida incurría en vulneración de las competencias autonómicas. Así, las SSTC 36/2012, de 15 de marzo, resolutoria del conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de La Rioja; 72/2012, de 16 de abril, conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña; 73/2012, 16 de abril, conflicto promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid; y 77/2012, conflicto interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Valenciana, declararon la nulidad de diversos preceptos del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación, que vulneraban las competencias autonómicas en materia de vivienda y asistencia social. Las SSTC 36/2012 y 72/2012 cuentan, cada una, con un voto particular.

Se apreció asimismo vulneración de las competencias autonómicas sobre asistencia social en las SSTC 173/2012, de 15 de octubre, parcialmente estimatoria del conflicto planteado por la Junta de Galicia respecto de la orden ministerial de 21 de julio de 2009 aprobatoria de las bases reguladoras de las subvenciones cuya concesión correspondía a la Secretaría de Estado de servicios sociales, familia y discapacidad; 177/2012, de 15 de octubre, parcialmente estimatoria del conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña en relación con la orden ministerial, también de 21 de julio de 2009, en la que se establecían las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Secretaría General de política social y consumo; 226/2007, de 29 de noviembre, conflicto promovido por el Gobierno de Cataluña respecto de la orden ministerial de 8 de junio de 2005 convocando subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación en los servicios sociales; 227/2012, de 29 de noviembre, conflicto igualmente promovido por el Gobierno de Cataluña en frente a la orden ministerial de 2 de noviembre de 2005 convocando subvenciones a municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes; y 243/2012, de 17 de diciembre, conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña en relación con la orden ministerial de 4 de junio de 2012 aprobando las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Secretaría de Estado de servicios sociales e igualdad. Las SSTC 226/2012 y 227/2012 cuentan con un voto particular.

La STC 38/2012, de 26 de marzo, estimó el conflicto planteado por la Junta de Galicia en relación con una convocatoria estatal de subvenciones para la realización de actividades relacionadas con los principios inspiradores de las leyes del patrimonio natural y de la biodiversidad y de montes, y declaró que la convocatoria impugnada vulneraba las competencias autonómicas en materia ambiental. En la STC 89/2012, de 7 de mayo, la estimación parcial del conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña frente a una convocatoria de ayudas para el año 2008 dentro del programa de espacios escénicos de nueva generación, fue consecuencia de la invasión de las competencias autonómicas sobre cultura. Para concluir, baste indicar que la ya mencionada STC 99/2012, de 8 de mayo, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto al Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero, de normativa básica para la concesión de determinadas ayudas en materia agrícola financiadas con fondos de la Unión Europea.

Cuatro sentencias desestimaron seis conflictos positivos de competencia planteados en relación con la autorización por el Estado de diferentes modalidades de juegos. La STC 32/2012, de 15 de marzo, resolvió los dos conflictos presentados por los Gobiernos de Andalucía y Cataluña con respecto al Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, así como el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, autorizando a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea; esta última norma reglamentaria fue objeto de otros dos conflictos positivos de competencia, no acumulados a los anteriores, y resueltos en las SSTC 133/2012 (desestimatorio del conflicto planteado por el Gobierno de Canarias) y 134/2012 (desestimatorio del conflicto presentado por la Junta de Andalucía, ambas de 19 de junio). La STC 123/2012, de 5 de junio, desestimó el conflicto promovido por la Junta de Andalucía frente al Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, relativo a las apuestas hípicas de ámbito nacional.

La STC 5/2012, de 17 de enero, estimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña con respecto a cinco resoluciones del Ministerio de Fomento en las que se adoptaban medidas cautelares y se imponían sanciones a emisoras de televisión local que operaban sin autorización administrativa. Se trata de actuaciones que se incardinan dentro de la competencia autonómica sobre medios de comunicación social, pues a la misma corresponde tanto el otorgamiento de licencias como la inspección y sanción de las emisoras que actúen careciendo del título administrativo habilitante.

La STC 22/2012, de 16 de febrero, resolvió el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Madrid respecto de diversos preceptos del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, estableciendo normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. En el proceso constitucional se discutía la validez de determinadas disposiciones reglamentarias en materia de establecimientos de tejidos, concretamente aquellas en las que se excluye que dichos establecimientos puedan tener ánimo de lucro y establecen un régimen de inspección periódica de su actividad; las que fijan los plazos de validez de las autorizaciones administrativas y las que rigen la recogida, custodia e intercambio de información. La sentencia que ahora se reseña concluyó que todas estas disposiciones se encuadran dentro de la competencia estatal sobre bases en materia de sanidad (art. 149.1.16 CE), lo que determinó la desestimación del conflicto.

En la STC 71/2012, de 16 de abril, la Sala Primera del Tribunal declaró que la competencia para la inspección y sanción de las conductas contrarias a la libre concurrencia que haya podido llevar a cabo una empresa adjudicataria de una línea internacional de transporte de pasajeros corresponde a la Administración del Estado y no a la Comunidad Autónoma de Madrid, al tratarse de la represión de una conducta que, de existir, tendría incidencia supraautonómica. A esta sentencia se formuló un voto particular. Por su parte, la STC 143/2012, de 2 de julio, dictada asimismo por la Sala Primera, declaró que el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, sobre régimen de la venta ambulante o no sedentaria vulnera la competencia sobre comercio interior asumida estatutariamente por la Generalitat de Cataluña al regularse en él aspectos sin incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, supuesto que habilitaría la intervención normativa estatal en la materia.

Las competencias en materia laboral y educación fueron invocadas por el Gobierno de la Nación en el Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, que establece las directrices de los certificados de profesionalidad y que fue impugnado por la Generalitat de Cataluña mediante el planteamiento del oportuno conflicto positivo de competencia resuelto en la STC 194/2012, de 31 de octubre. La Sentencia estimó parcialmente el conflicto y declaró que la previsión de que la regulación del funcionamiento de las comisiones de evaluación —órganos a los que corresponde verificar el cumplimiento de las exigencias necesarias para expedir el certificado de profesionalidad— se llevaría a cabo por orden ministerial desconocía las competencias autonómicas de organización administrativa. Igualmente en materia educativa, la STC 207/2012, de 14 de noviembre, estimó parcialmente el conflicto interpuesto por el Gobierno de Cataluña con respecto al Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, que regula la prueba de acceso a los estudios universitarios, al constatar que algunos de sus preceptos incurre en un excesivo detallismo invadiendo con ello las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución.

Por último, en tres sentencias, dictadas todas ellas por el Pleno del Tribunal, se resolvieron otros tantos conflictos positivos de competencia en relación con disposiciones estatales en materia laboral. La STC 211/2012, de 14 de noviembre, estimó parcialmente el conflicto promovido por el Gobierno de Cataluña con respecto a la orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de noviembre de 2002 sobre comunicación de accidentes laborales que, por la exhaustividad de su contenido, invadía las competencias autonómicas de ejecución de la legislación laboral. Con igual resultado se saldó la impugnación por la Junta de Galicia de la orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 2004, estableciendo las bases reguladoras de planes de formación continua resuelta por la STC 225/2012, de 29 de noviembre, que declaró contrarias al sistema constitucional de distribución de competencias aquellas determinaciones de la orden que atribuían a la propia Administración estatal el ejercicio de funciones de naturaleza inequívocamente ejecutiva, como son las relativas a la tramitación y gestión de las ayudas. A su vez, la STC 244/2012, de 18 de diciembre, estimó parcialmente el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña respecto del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua, apreciando invasión de las competencias autonómicas en aquellos preceptos reglamentarios que utilizaban el criterio de la supraterritorialidad para atribuir a la Administración estatal el ejercicio de determinadas funciones ejecutivas; también procedió a una interpretación conforme con la Constitución de las disposiciones reglamentarias sobre la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. La Sentencia cuenta con un voto particular.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo de 2012 el Tribunal dictó 124 sentencias en recursos de amparo. El Pleno dictó 34 de ellas, 49 la Sala Primera, 40 la Sala Segunda y una la Sección Cuarta. En estas sentencias se resolvieron 129 asuntos al haber cinco recursos de amparo acumulados.

Por lo que hace a la parte dispositiva de estas sentencias, en 55 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo solicitado, en 48 se denegó y en las 21 restantes se inadmitió el correspondiente recurso de amparo en su totalidad. De estas últimas, tres sentencias fueron dictadas por el Pleno, 14 por la Sala Primera y 4 por la Sala Segunda. El motivo de inadmisión más frecuente fue la falta de agotamiento de la vía judicial, óbice cuya concurrencia se declaró en 15 sentencias (entre ellas las tres sentencias de inadmisión dictadas por el Pleno: SSTC 58/2012, 60/2012 y 63/2012, todas ellas de 29 de marzo); la extemporaneidad del recurso de amparo, consecuencia de la utilización de un remedio manifiestamente improcedente, fue la causa de inadmisión apreciada en otras tres sentencias (SSTC 17/2012, de 13 de febrero; 23/2012, de 27 de febrero; y 200/2012, de 12 de noviembre, en todos estos casos se había promovido un incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente); dos sentencias —SSTC 176/2012 y 178/2012, de 15 de octubre— inadmitieron sendos recursos de amparo que no justificaban suficientemente su especial trascendencia constitucional; y en la STC 188/2012, de 29 de octubre, se inadmitió un recurso de amparo promovido por quienes carecían de legitimación al efecto.

Mediante sendos autos del Pleno —AATC 7/2012 y 9/2012, de 13 de enero— se inadmitieron dos recursos de amparo. El ATC 7/2012, al que se formuló un voto particular, inadmitió el recurso de amparo promovido por más de trescientos controladores de tránsito aéreo con respecto al acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de diciembre de 2010 autorizando la prórroga del estado de alarma que había sido declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre. La inadmisión acordada trajo causa del hecho de que, al tratarse de una decisión o acto parlamentario con valor de ley, el cauce procesal para controvertirlo ante la jurisdicción constitucional no es el recurso de amparo, sino el recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, el ATC 9/2012 inadmitió el recurso de amparo promovido por dos Diputados en relación con las diversas resoluciones y acuerdos adoptados por el Pleno y la Mesa del Congreso con ocasión de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Este auto contó con tres votos particulares. También con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de amparo ha de señalarse que las Salas y Secciones del Tribunal dictaron 13 autos resolutorios de recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a otras tantas providencias de inadmisión; cuatro de esos recursos fueron estimados, como ya se ha indicado en anteriores epígrafes. Por otra parte, se dictaron 50 autos aceptando el desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo.

En relación con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC se dictaron hasta 67 autos. En 10 de ellos se otorgó íntegramente la suspensión interesada (ATC 58/2012, de 26 de marzo; 66/2012, de 16 de abril; 76/2012, de 7 de mayo; 138/2012, de 2 de julio; 155/2012 y 158/2012, de 21 de agosto; 165/2012, de 17 de septiembre; 203/2012, de 29 de octubre; 218/2012, de 26 de noviembre; y 235/2012, de 10 de diciembre) y en otros de manera parcial (AATC 12/2012, de 30 de enero; y 157/2012, de 21 de agosto); denegándose la medida cautelar solicitada en otros 44 autos. A las resoluciones que otorgaron las medidas cautelares instadas debe añadirse el ATC 217/2012, de 26 de noviembre, que acordó la anotación preventiva de una demanda de amparo promovida en proceso de ejecución hipotecaria. En siete autos se acordó el mantenimiento de la suspensión acordada por las Salas en la providencia de admisión del recurso de amparo, haciendo uso de la potestad que les otorga el art. 56.3 LOTC (AATC 18/2012 y 19/2012, de 30 de enero; 104/2012, de 21 de mayo; 115/2012, de 4 de junio; y 149/2012, 150/2012 y 151/2012, de 16 de julio). En dos autos se acordó el archivo de la pieza separada de suspensión (AATC 28/2012, de 31 de enero; 233/2012, de 10 de diciembre) y en otro se aceptó el desistimiento en el incidente (ATC 77/2012, de 7 de mayo).

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

En anteriores epígrafes se ha dado cuenta de varias sentencias en las que se enjuició la conformidad con diferentes manifestaciones del principio de igualdad consagradas en el art. 14 CE de normas legales estatales (SSTC 19/2012 y 160/2012) y autonómicas (SSTC 78/2012 y 171/2012), lo que exime de una nueva exposición de su contenido. Tampoco procede relatar pormenorizadamente los términos en los que se denunció que el tratamiento normativo del orden de inscripción de los apellidos en el Registro Civil representa una discriminación por razón de sexo, pues el recurso de amparo en el que se suscitó esta queja fue inadmitido por la STC 176/2012, de 15 de octubre, al no haberse cumplimentado el requisito de la justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda.

Con respecto a la igualdad en la aplicación de la ley, la STC 39/2012, de 29 de marzo, inició una larga serie de resoluciones en las que se descartó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hubiera incurrido en vulneración de este derecho fundamental como consecuencia del cambio de criterio en el cómputo de las redenciones de penas por el trabajo. No puede hablarse de apartamiento inmotivado de un criterio consolidado cuando, como sucedió en esta ocasión, la Audiencia Nacional aplica la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley, en la Sentencia 197/2006, de 28 de febrero. La doctrina sentada en la STC 39/2012, a la que se formularon dos votos particulares y que otorgó finalmente el amparo por infracción de los derechos a la tutela judicial (art. 24.1 CE) y a la libertad personal (art. 17.1 CE), fue reiterada, con las lógicas variaciones fruto de la singularidad de los antecedentes de cada caso, en las SSTC 40/2012 a 56/2012, 61/2012, 64/2012, 65/2012 a 68/2012 y 69/2012, todas ellas de 19 de marzo; 108/2012, de 21 de mayo, y 114/2012, de 24 de mayo. Con excepción de la STC 108/2012, todas estas sentencias, sobre las que volveremos posteriormente, cuentan con algún voto particular.

La STC 175/2012, de 15 de octubre, denegó el amparo solicitado por una empresa de transporte marítimo que había sido sancionada por concertación de precios con otras operadoras y que entendía lesionado su derecho a la igualdad al haberle sido impuesta la misma sanción pecuniaria que a las otras empresas, cuyo volumen de negocio sería mucho mayor, sanción que, en todo caso, reputaba desproporcionada por comparación con los precedentes administrativos. La primera de estas quejas fue rechazada reiterando el Tribunal su consolidada doctrina de que el principio de igualdad no puede fundamentar un reproche de discriminación por indiferenciación y la segunda porque la actora no había levantado la carga que sobre ella pesaba de acreditar la idoneidad de esos precedentes por ser términos homogéneos de contraste respecto de los cuales verificar el juicio de igualdad.

El demandante en el proceso de amparo resuelto por la STC 189/2012, de 29 de octubre, denunció que le habría vulnerado su derecho a la igualdad la decisión administrativa de deducir, del importe de la pensión no contributiva de invalidez que tenía reconocida, el importe de la manutención que se le proporcionaba en el centro penitenciario en el que se hallaba interno. La sentencia desestima este motivo del recurso, pues tampoco en esta ocasión el actor aportó un término adecuado de comparación, toda vez que no llegó a acreditar que, como sostenía, en otras Comunidades Autónomas no se practicaba la deducción que discutía o que tampoco se les aplicaba a otros perceptores de pensiones no contributivas ingresados en centros hospitalarios, de acogida o similares.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

Se dictaron dos sentencias en sendos procesos de amparo en los que se denunciaba la vulneración de la prohibición de torturas contenida en el art. 15 CE, en ambos casos por insuficiente investigación judicial de la denuncia en su día formulada por quien dice haber sido víctima del delito. La STC 131/2012, de 18 de junio otorgó el amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en conexión con el derecho a no padecer torturas ni tratos inhumanos ni degradantes, al constatar —en aplicación de la doctrina sentada en la STC 34/2008, de 25 de febrero, que a su vez se hace eco de la jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— que no se habían practicado todas las diligencias de investigación posibles para esclarecer la realidad de los hechos denunciados por quien dijo haber sufrido agresiones físicas y verbales durante su detención e interrogatorio por la policía. Por el contrario, en la STC 182/2012, de 17 de octubre, la aplicación de esa misma doctrina constitucional condujo a la desestimación del recurso de amparo, pues la investigación judicial fue efectiva y suficiente y los resultados alcanzados se plasmaron en unas resoluciones jurisdiccionales suficientemente motivadas y respetuosas con el contenido del derecho fundamental.

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

La ya citada STC 39/2012, de 29 de marzo, otorgó el amparo respecto de las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revisaron, a fin de aplicar el criterio de cómputo de redención de penas por el trabajo sentado en la STS 197/2006, de 28 de febrero, la fecha de licenciamiento definitiva fijada —en auto que había ganado firmeza al momento de procederse a su revisión— por el órgano judicial encargado de la ejecutoria. La sentencia declara que si bien el demandante de amparo fue privado legítimamente de su libertad, una vez alcanzado el límite de la pena fijado por el órgano judicial encargado de su ejecución, nos hallamos ante una privación de libertad fuera de los casos previstos al haberse extinguido el título que la legitimaba; de modo que el exceso de tiempo pasado en prisión representa una privación de libertad carente de base legal y lesiva del derecho fundamental a la libertad personal proclamado en el art. 17.1 CE. En los mismos términos se estimaron los correspondientes recursos de amparo en las SSTC 57/2012, de 29 de marzo; y 113/2012, de 24 de mayo. Todas las sentencias reseñadas cuentan con votos particulares. Por el contrario, en otras 27 sentencias (SSTC 40/2012 a 56/2012, 59/2012, 61/2012, 64/2012 a 69/2012, todas ellas de 29 de marzo; 108/2012, de 21 de mayo; y 114/2012, de 24 de mayo) se desestimó este motivo de impugnación de resoluciones judiciales sobre licenciamiento definitivo puesto que la aplicación del criterio de cómputo de redención de penas establecido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de febrero de 2006 antes mencionada no implicó la revisión de resolución judicial firme alguna que fijara una fecha distinta de licenciamiento y diera origen, por consiguiente, a una expectativa legítima de libertad del interno. Con excepción de la STC 108/2012, todas estas sentencias cuentan con algún voto particular.

En la STC 92/2012, de 7 de mayo, se anulan, por ser contrarias al derecho fundamental a la libertad personal del demandante de amparo, sendas resoluciones jurisdiccionales sobre liquidación de condena que no computaron el tiempo que el recurrente simultaneó como preso preventivo en la causa en la que se practicó la liquidación y como condenado en otra causa penal distinta. Sin embargo, se denegó la pretensión de abono del tiempo que cumplió en situación de prisión provisional en ambas causas, pues un mismo tiempo material no cumple, a diferencia de lo que sucede en el supuesto anterior, una doble función (cautelar y sancionatoria), sino exclusivamente una función cautelar, por lo que no puede pretenderse que provoque un doble efecto de abono para el cumplimiento de las dos penas. La doctrina sentada en esta sentencia fue reiterada en las SSTC 158/2012, de 17 de septiembre; 193/2012, de 29 de octubre; y 229/2012, de 10 de diciembre.

La STC 140/2012, de 2 de julio, otorgó el amparo en relación con un auto que había acordado la prórroga de la prisión provisional hasta la mitad de la condena que le había sido impuesta por una sentencia recurrida en casación por su defensa. En esta ocasión, la resolución controvertida no ponderó el hecho de que la sentencia condenatoria había sustituido la pena de tres años y seis meses de privación de libertad por la expulsión del territorio nacional con prohibición de retorno en un período de diez años, lo que llevaba aparejado el hecho de que la prórroga de la prisión provisional excediera el marco de las penas privativas de libertad a las que queda legalmente circunscrita.

La STC 141/2012, de 2 de julio, estimó el recurso de amparo interpuesto por quien había sido objeto de internamiento forzoso urgente en un centro psiquiátrico. Pese a que el centro hospitalario comunicó oportunamente a la autoridad judicial este ingreso no voluntario, el juez no llevó a cabo un control diligente de la medida privativa de libertad, pues dejó transcurrir el plazo improrrogable de 72 horas para proceder a su ratificación o revocación, no informó al interesado de los derechos que le asistían y acordó la prórroga del internamiento en una resolución insuficientemente motivada. Se da la circunstancia de que la petición de desistimiento cursada por el actor fue rechazada al concurrir razones de interés público vinculadas a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, pues era este el primer recurso de amparo en el que se impugnaba un internamiento psiquiátrico urgente desde la perspectiva del derecho a la libertad personal; a ello se añade la toma en consideración de que el colectivo al que afecta este tipo de medidas puede ser calificado como “especialmente vulnerable”, lo que confiere al caso una indudable importancia social.

Por último, la STC 95/2012, de 7 de mayo, apreció una doble infracción de los derechos fundamentales proclamados en el art. 17 CE: del derecho a la libertad personal por la detención preventiva del demandante de amparo por encima del tiempo estrictamente necesario para la realización de las diligencias policiales necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos; y de la garantía de habeas corpus, pues el juez actuante no ejerció eficazmente la función de control de la privación de libertad que como garante de los derechos del detenido le corresponde, pues, además de intervenir tardíamente, cuando lo hizo inadmitió la solicitud de habeas corpus sin oír al afectado, a quien no se le brindó la oportunidad de aportar razones en defensa de su pretensión.

E) Intimidad, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

En la STC 96/2012, de 7 de mayo, se resolvió el recurso de amparo promovido por la entidad crediticia Banco Bilbao Vizcaya, S.A., frente a la resolución judicial que le ordenaba poner a disposición de una asociación de consumidores de servicios financieros la relación de las personas con las que había suscrito determinados contratos bancarios a fin de que dicha asociación pudiera formular demanda colectiva de consumo colectiva. La Sentencia otorgó el amparo por vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo primero, porque la decisión judicial controvertida no superaba el juicio de proporcionalidad, en su concreta vertiente de juicio de necesidad, pues existían alternativas menos gravosas para el derecho a la protección de datos de carácter personal que la entrega de éstos sin consentimiento de sus titulares (la entidad crediticia se había mostrado dispuesta a informar fehacientemente a los clientes afectados de las actuaciones procesales que proponía llevar a cabo la asociación de consumidores). Lo segundo, porque cuando la entidad bancaria se opuso al requerimiento judicial no obtuvo una respuesta fundada en Derecho y acorde con las exigencias de motivación y proporcionalidad dimanantes del art. 18.4 CE.

Se pronunciaron tres sentencias resolutorias de otros tantos recursos de amparo que tenían por objeto eventuales vulneraciones de alguno de los derechos fundamentales proclamados en el art. 18 CE en el ámbito penitenciario. Así, la STC 106/2012, de 21 de mayo, desestimó el recurso de amparo formulado por un recluso que invocaba sus derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria en relación con los registros diarios de su celda, efectuados sin su presencia. Frente a lo aducido por el recurrente, la Sentencia precisó que la periodicidad de los registros de su celda era el resultado de la aplicación de lo previsto en el Reglamento penitenciario para los internos que cumplen condena en régimen cerrado en un departamento de aislamiento y que su ausencia respondía a estrictas razones de seguridad, por el grado de peligrosidad del recluso. Las SSTC 107/2012, de 21 de mayo, y 230/2012, de 10 de diciembre, estimaron sendos recursos de amparo interpuestos por el mismo recluso en relación con la constante intervención administrativa de sus comunicaciones escritas con el juzgado de vigilancia penitenciaria, intervención que, según se subraya en ambas resoluciones, se halla constitucionalmente proscrita.

Finalmente, la STC 241/2012, de 17 de diciembre, desestimó un recurso de amparo en el que se invocaban los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones en el ámbito de las relaciones laborales. La Sentencia no apreció infracción de tales derechos en la intervención empresarial de las comunicaciones mantenidas entre dos trabajadores fruto de un hallazgo casual que, además, tuvo lugar en un soporte de uso común por todos los empleados. A esta Sentencia se formuló un voto particular.

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

La STC 12/2012, de 30 de enero, desestimó los recursos de amparo promovidos por una productora y un canal autonómico de televisión que habían sido condenados por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen por la emisión de un reportaje grabado con cámara oculta. La Sentencia proclama que, con independencia de la relevancia pública que pudiera encerrar lo investigado en el caso por el periodista, “lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo (cámara oculta)”. Esta doctrina fue reiterada en las SSTC 24/2012, de 27 de febrero; y 74/2012, de 16 de abril.

G) Derecho de asociación (art. 22 CE)

La STC 138/2012, de 20 de junio, declaró que el auto de la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 30 de marzo de 2011, que rechazó la constitución del partido político Sortu por ser continuidad o sucesión de Batasuna, así como su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, había vulnerado el derecho fundamental de asociación de los recurrentes —promotores de la nueva formación política—, “en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos”. La Sentencia no aprecia que existan elementos probatorios sólidos y cualificados que acrediten que el nuevo partido político venga a continuar o suceder la actividad de la formación en su día ilegalizada. Al tratarse del momento fundacional de un partido político, la Sentencia hace hincapié en la trascendencia que entrañan los estatutos de la nueva formación política, puesto que es en ellos donde se recogen las bases ideológicas y el proyecto del partido, así como los instrumentos y medios de acción a través de los cuales pretende alcanzar sus objetivos. En el caso de Sortu, las declaraciones plasmadas en sus estatutos y aquellas otras hechas públicamente por sus promotores en los actos de presentación del partido representan un contraindicio de solidez bastante para enervar la eficacia probatoria de otros elementos de los que pudiera inferirse la consideración del nuevo partido político como un simple instrumento para defraudar la sentencia que ilegalizó en su día a Batasuna. A la STC 138/2012 se formularon tres votos particulares.

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

En 2012 se dictó una sentencia en procesos de amparo electoral: la STC 105/2012, de 11 de mayo, estimó parcialmente tres recursos de amparo electoral promovidos respecto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que había anulado el recuento de los votos correspondientes a la mesa del censo de residentes ausentes en las elecciones autonómicas celebradas el 25 de marzo de 2012 y ordenaba la repetición de las votaciones correspondientes a esa mesa en un plazo no superior a tres meses. El otorgamiento del amparo se fundó en la existencia de garantías estadísticas sólidas para concluir que el cómputo de los votos controvertidos no fue determinante del resultado final de la elección y que, por tanto, no resultaba procedente poner en marcha una nueva convocatoria electoral. A la STC 105/2012 se formuló un voto particular.

Al margen de las sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad en las que se enjuició la regulación legal del estatuto de los miembros electos de las corporaciones locales, a las que ya se ha hecho referencia en páginas anteriores (entre otras, SSTC 9/2012, 30/2012 y 246/2012), se dictaron otras tres sentencias en procesos de amparo relativos al derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos. La STC 88/2012, de 7 de mayo, apreció vulneración de este derecho en el acuerdo de la Asamblea de Madrid que, desatendiendo las previsiones del Reglamento de la Cámara, inadmitió a limine una iniciativa parlamentaria consistente en la creación de una comisión de investigación en un asunto de interés general autonómico. Las SSTC 14/2012, de 6 de febrero, y 117/2012, de 4 de junio, resolvieron sendos recursos de amparo presentados por unos concejales del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) que habían abandonado el grupo municipal formado por el partido político en cuyas listas habían concurrido a las elecciones locales. En tanto que la primera de estas sentencias, dictada por la Sección Cuarta, aplica la doctrina sobre derecho de los concejales a participar en las comisiones informativas municipales, la STC 117/2012 deniega el amparo instado frente a la negativa municipal a tener por constituido, a iniciativa de esos mismos concejales promotores de ambos procesos constitucionales, el grupo mixto.

Finalmente, la STC 192/2012, de 29 de octubre, declaró que entre las funciones públicas comprendidas en el derecho fundamental proclamado por el art. 23.2 CE se encuentra la de rector de las universidades públicas. A partir de esta premisa, la sentencia otorgó el amparo a quien había impugnaba una resolución judicial que anuló su elección como rector como consecuencia de una interpretación expansiva de las causas de inelegibilidad para el cargo establecidas en los estatutos de la universidad. A esta sentencia se formuló un voto particular.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

Las sentencias en las que se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva resultante de una inadecuada ponderación del contenido de un derecho fundamental sustantivo han sido reseñadas en epígrafes anteriores (entre otras, SSTC 96/2012, 131/2012 y 193/2012). Otro tanto se ha hecho con aquellas en las que la revisión de la ponderación judicial controvertida condujo a la denegación del amparo interesado por los actores (así sucedió, por ejemplo, en las SSTC 106/2012 y 189/2012).

a) Acceso a la justicia

Seis sentencias otorgaron el amparo al apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia.

En el caso de la STC 10/2012, de 30 de enero, la lesión de este derecho fundamental fue el resultado de la indebida apreciación —tanto en la sentencia de instancia como en la posterior de apelación— de la concurrencia de la excepción de cosa juzgada material que dejó imprejuzgado el fondo de las pretensiones deducidas por el actor en un proceso declarativo ordinario. Se dio la circunstancia de que estas resoluciones judiciales entendían, erróneamente, que la cuestión había sido resuelta en un proceso ejecutivo previo que, por el contrario, la había deferido a un proceso declarativo posterior.

La STC 76/2012, de 16 de abril, declaró contraria al derecho de acceso a la justicia una resolución judicial declarando la caducidad de la acción de nulidad de un laudo arbitral que había sido presentada ante el órgano jurisdiccional dentro del plazo al que hace referencia el art. 135 de la Ley de enjuiciamiento civil. La STC 76/2012 concluyó que la decisión judicial incurrió en un rigorismo excesivo al interpretar los términos en los que la Ley de arbitraje establece el plazo de dos meses para la interposición de la acción de nulidad, pues, al rechazarse la posibilidad de presentación de la demanda dentro de la ampliación del ya mencionado art. 135 de la Ley de enjuiciamiento civil y como quiera que no podía llevar a cabo esa presentación un día procesalmente inhábil ni en un juzgado de guardia, se priva al actor del derecho a disponer del plazo en su integridad.

La STC 155/2012, de 16 de julio, reiteró la inadmisibilidad de la concepción estrictamente revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa y otorgó el amparo respecto de una sentencia que se negó a entrar en el fondo de las pretensiones deducidas por el actor, quien impugnaba sendos actos de gestión tributaria, respecto de las cuales no había formulado alegación alguna en la vía económico-administrativa. Por su parte, la STC 188/2012, de 29 de octubre, apreció vulneración del derecho de acceso a la justicia en las resoluciones judiciales que habían negado la legitimación activa del demandante de amparo para promover un incidente de ejecución sin examinar la relación que guardaba con los diversos componentes del fallo de la sentencia cuya ejecución postulaba. En esta ocasión, el fallo de la sentencia objeto de ejecución reconocía el derecho de los titulares de contratos de suministro de energía eléctrica a la devolución de lo indebidamente abonado y la obligación de la empresa condenada de fijar con precisión el importe de ese ingreso indebido. El interés legítimo que invocó el demandante de amparo al instar la ejecución de la sentencia se refería a esta segunda vertiente, pues, aunque no fuera titular de un contrato de suministro de energía eléctrica, procedía al pago periódico de los recibos de la luz de una vivienda de la que era usuario y en la que se produjo un incremento unilateral de potencia eléctrica.

La STC 220/2012, de 26 de noviembre, otorgó el amparo respecto de unas resoluciones jurisdiccionales que apreciaron la caducidad de la acción de despido en relación con la ampliación tardía de la demanda respecto de la empresa empleadora, que compartía el mismo domicilio social, administradores solidarios y departamento de recursos humanos con la inicialmente demandada. La Sentencia concluyó que se trataba de una decisión excesivamente rigorista, pues el error padecido no causó indefensión material a la empresa efectivamente empleadora, que, dada su íntima relación con la que fuera inicialmente demandada, tuvo oportuno conocimiento de la acción judicial y pudo intervenir activamente en el proceso.

Finalmente, la STC 231/2012, de 10 de diciembre, otorgó el amparo frente a la inadmisión de una demanda de reclamación de cantidad acordada en ausencia de una causa legal para ello. En el caso, el órgano de la jurisdicción social actuante decretó la inadmisión tras negarse el actor a suprimir “todas las expresiones coloquiales, superfluas e impropias de un escrito procesal” que figuraban en el escrito de demanda.

b) Acceso al proceso

La STC 15/2012, de 13 de febrero, estimó el recurso de amparo promovido por 68 personas a las que se había negado la intervención como parte en la sección de calificación del concurso de acreedores de la empresa para la que habían prestado sus servicios. La Sentencia declaró que la limitación de la capacidad procesal de los trabajadores, terceros titulares de un interés legítimo, además de apartarse de las previsiones de la Ley concursal, representa una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión reconocido por el art. 24.1 CE. A su vez la STC 219/2012, de 26 de noviembre, otorgó el amparo solicitado por varias personas que habían contratado determinados productos financieros con la entidad de crédito BBVA, S.A., y que habían intentado personarse sin éxito en el litigio civil en cuyas diligencias preliminares se había ordenado a este banco proporcionar a una asociación de consumidores la relación circunstanciada de quienes habían suscrito tales contratos (decisión judicial declarada contraria al derecho a la tutela judicial en relación con la protección de datos personales en la STC 96/2012, antes reseñada).

c) Acceso al recurso

Como ya se ha indicado anteriormente, las SSTC 20/2012, de 16 de febrero, y 79/2012, de 17 de abril, que desestimaron sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con el precepto de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que introdujo la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, declararon la constitucionalidad de la tasa y el carácter subsanable de su ingreso. De acuerdo con esa doctrina, cinco sentencias dictadas a lo largo de 2012 otorgaron el amparo respecto de resoluciones judiciales que inadmitieron, sin brindar la oportunidad de subsanar el defecto padecido, otros tantos recursos de apelación civil por no haberse efectuado el abono de la tasa mencionada (SSTC 115/2012, de 4 de junio; 125/2012, de 18 de junio; 154/2012, de 16 de julio; 164/2012, de 1 de octubre; y 218/2012, de 26 de noviembre). Aplicando esa misma doctrina, la STC 116/2012, de 4 de junio, denegó el amparo porque en el caso controvertido se había ofrecido efectivamente la posibilidad de subsanar el defecto.

Las SSTC 129/2012 y 130/2012, de 18 de junio, estimaron sendos recursos de amparo promovidos con respecto a resoluciones judiciales que, desatendiendo el carácter subsanable del requisito, negaron validez a la consignación tardía del depósito previo para recurrir establecido por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La doctrina sentada en estas sentencias, en las que se precisa que el depósito para recurrir en el ámbito civil no contradice el espíritu del art. 24.1 CE porque sirve al propósito de evitar recursos meramente dilatorios, fue reiterada en las SSTC 180/2012, de 15 de octubre; 190/2012, de 29 de octubre; y 203/2012, de 12 de noviembre). La STC 204/2012, también de 12 de noviembre, otorgó igualmente el amparo frente a una inadmisión del recurso de apelación fundada en la falta de constitución del depósito previo para recurrir, siendo así que el apelante había informado reiteradamente al órgano judicial de que había solicitado el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y se hallaba a la espera de la resolución del expediente.

La STC 153/2012, de 16 de julio, otorgó el amparo frente a una inadmisión inmotivada de un incidente de nulidad de actuaciones promovido tras la entrada en vigor de la reforma de este remedio procesal llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Acerca del significado de esta reforma, la Sentencia hace hincapié en que, tras la misma, el incidente asume una función esencial de tutela y defensa de los derechos fundamentales y sirve para reparar aquellas lesiones de cualquier derecho fundamental cuando ello no sea posible a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley procesal.

La STC 201/2012, de 12 de noviembre, apreció vulneración del derecho de acceso al recurso en la sentencia penal que no abordó el fondo de un recurso de apelación promovido frente a una absolución en primera instancia como consecuencia de una errónea interpretación de la doctrina constitucional relativa a la necesidad de celebrar vista en segunda instancia que arranca de la STC 167/2002, de 18 de septiembre.

d) Interdicción de la indefensión

Reiterando la doctrina acerca de la idoneidad de los recursos administrativos para reparar la lesión de indefensión que haya podido ocasionarse durante la tramitación de un expediente sancionador (doctrina sentada en la STC 59/2004, de 19 de abril), la STC 70/2012, de 16 de abril, desestimó un recurso de amparo en el que la demandante denunciaba haber padecido indefensión como consecuencia del incorrecto emplazamiento durante la instrucción de un expediente sancionador. La constatación de que efectivamente se había producido este defecto no fue óbice para concluir que la intervención de la sancionada y demandante de amparo en vía de recurso le permitió alegar y probar cuanto a su derecho convenía, reparando con ello la indefensión que pudo haber padecido en la instrucción del expediente. La STC 97/2012, de 7 de mayo, concluyó que se le había causado indefensión a quien fue llamada a un juicio de faltas exclusivamente en calidad de perjudicada y no como denunciada, lo que le impidió tomar conocimiento de los derechos que en esta segunda condición le asistían. Finalmente, la STC 242/2012, de 17 de diciembre, apreció la existencia de una situación de indefensión en la tramitación de un proceso contencioso-administrativo en el que se impugnó una modificación del planeamiento urbanístico sin emplazar a las mercantiles titulares de las parcelas hoteleras cuya edificabilidad era objeto de revisión en la reforma del plan urbanístico controvertida.

e) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

La STC 11/2012, de 30 de enero, negó que hubieran incurrido en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente de derecho a una resolución fundada en Derecho, los distintos pronunciamientos jurisdiccionales que, recaídos en un mismo proceso, denegaron la pretensión deducida por la actora con fundamento en razones distintas, pues la diferencia argumentativa se correspondía con la diversidad de las razones de pedir aducidas por la actora. Con igual resultado se saldó el recurso de amparo promovido por el Gobierno de la Generalitat Valenciana resuelto en la STC 18/2012, de 13 de febrero. En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico se quejaba de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había resuelto en grado de casación un recurso contra una norma reglamentaria autonómica inaplicando la ley territorial que desarrollaba sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. Lo cierto era, sin embargo, que el recurso de amparo carecía de objeto porque la sentencia a la que se reprochaba este vicio de constitucionalidad se limitaba a constatar que el recurso de casación había quedado sobrevenidamente privado de objeto porque la norma reglamentaria controvertida ya había sido anulada por otra resolución judicial anterior. Por el contrario, la STC 187/2012, de 29 de octubre, otorgó el amparo justamente respecto de una sentencia que había inaplicado una norma legal autonómica sin plantear cuestión de inconstitucionalidad.

La STC 119/2012, de 4 de junio, otorgó el amparo solicitado respecto de las sentencias que habían aplicado un precepto de la Ley de 2 de diciembre de 1872, de creación del Banco Hipotecario de España, relativo a la subrogación forzosa en créditos hipotecarios, expresamente declarado inconstitucional y nulo en la STC 128/1994, de 5 de mayo. También se otorgó el amparo en la STC 145/2012, de 2 de julio, en relación con una sanción administrativa impuesta al no haberse solicitado a la Comisión Nacional de Energía la autorización administrativa para el incremento de participación en el capital social de una empresa del sector; la estimación del recurso de amparo trajo causa, en esta ocasión, de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2008, que declaró contraria al Derecho de la Unión esta atribución del organismo regulador nacional (la denominada “función catorce”).

Con respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, la STC 25/2012, de 27 de febrero, otorgó el amparo respecto de una sentencia contencioso-administrativa pronunciada en un proceso de responsabilidad patrimonial que había padecido un defecto de incongruencia omisiva al dejar sin respuesta una alegación sustantiva referida a la determinación del momento inicial del cómputo de plazo de prescripción de la acción de responsabilidad. Por el contrario, la STC 31/2012, de 12 de marzo, rechazó la concurrencia de error patente en una sentencia que confirmó la legalidad de una sanción administrativa impuesta por la realización de actividades incompatibles con la situación de incapacidad laboral porque la confusión acerca del estado de la demandante había sido generada por ella misma con las alegaciones formuladas en el curso del proceso, alegaciones a las que se limitó a responder el órgano judicial sentenciador. Las SSTC 205/2012 y 206/2012, de 12 de noviembre, y 232/2012, de 10 de diciembre, estimaron tres recursos de amparo promovidos en relación con las resoluciones judiciales que acordaron la extradición de los recurrentes a Egipto, fundándose en que éstos habían incurrido en abuso de derecho para mantener la nacionalidad española adquirida por residencia. Como quiera que la conclusión relativa a la existencia de un fraude se alcanzó a partir de la constatación de que persistía una situación de doble nacionalidad de hecho basada no solo en el uso ocasional de la nacionalidad egipcia sino también en la conservación de un vínculo efectivo con su país de origen, al que se desplazaban frecuentemente, y toda vez que estos desplazamientos representan un ejercicio legítimo de la libertad ambulatoria del art. 19 CE, las sentencias ahora reseñadas constatan que la motivación empleada por el órgano judicial no ponderó adecuadamente el contenido de la libertad proclamada por el indicado precepto constitucional, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva.

f) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes

Las SSTC 39/2012 y 57/2012, ambas de 29 de marzo, y 113/2012, de 24 de mayo, ya reseñadas con anterioridad, apreciaron vulneración de la garantía de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes en sendos supuestos en los que la aplicación del criterio de cómputo de redención de penas por el trabajo establecido en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, supuso la revisión, al margen del sistema de recursos establecido por la legislación procesal, de las resoluciones en su día adoptadas por el órgano judicial encargado de la ejecutoria y que habían ganado firmeza. En todas estas sentencias se otorgó el amparo por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal mientras que en la parte dispositiva de la STC 62/2012, de 29 de marzo, a la que se ha hecho mención en epígrafes anteriores, únicamente se declaró vulnerado el primero de estos derechos, en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.

Al no existir una resolución judicial firme que contuviera un pronunciamiento acerca de la fecha de licenciamiento definitivo de los condenados a penas privativas de libertad, se desestimaron la mayoría de los recursos de amparo promovidos con respecto a las resoluciones jurisdiccionales en las que se procedía a la aplicación del criterio sobre redención de penas sentado en la Sentencia 197/2006. Así sucedió en las ya mencionadas SSTC 40/2012 a 56/2012, 59/2012, 61/2012, 64/2012 a 69/2012, todas ellas de 29 de marzo; 108/2012, de 21 de mayo; y 114/2012, de 24 de mayo.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

Las STC 107/2012, de 21 de mayo, y 230/2012, de 10 de diciembre, ya reseñadas anteriormente, otorgaron el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en relación con sendas sanciones impuestas por la Administración penitenciaria en las cuales la acreditación de la comisión del tipo infractor aplicado fue el resultado de la indebida intervención de las comunicaciones de un preso con el juez de vigilancia penitenciaria. Dos sentencias (SSTC 126/2012, de 18 de junio; y 144/2012, de 2 de julio) concedieron el amparo en aplicación de la doctrina sentada a partir de la STC 167/2002, de 1 de octubre, acerca de la necesidad de celebrar vista oral en el recurso de apelación penal frente a sentencias absolutorias en la instancia cuando se pretenda una revisión de la valoración de pruebas de carácter. Además, la STC 187/2012, de 29 de octubre, citada en un epígrafe anterior, concluyó que la inaplicación por un órgano judicial de una norma legal autonómica sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, no sólo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente relativa al derecho a una resolución fundada en Derecho, sino también el derecho a un proceso con todas las garantías.

b) Presunción de inocencia

Cinco sentencias otorgaron el amparo constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La STC 16/2012, de 13 de febrero, otorgó el amparo a quien había sido condenado por quebrantamiento de una medida cautelar (orden de alejamiento), siendo así que la misma no se encontraba vigente al momento de producirse los hechos, pues no se había acordado su mantenimiento en la sentencia absolutoria que puso fin a la causa penal. Las ya citadas SSTC 107/2012, de 21 de mayo; y 230/2012, de 10 de diciembre, apreciaron vulneración de este derecho fundamental en relación con las resoluciones sancionadoras de la Administración penitenciaria dictadas valorando exclusivamente una prueba obtenida con vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones; en el caso, las comunicaciones de los internos en centros penitenciarios con los jueces de vigilancia. Las igualmente mencionadas SSTC 126/2012, de 18 de junio, y 144/2012, de 2 de julio, concluyeron que la condena en segunda instancia valorando pruebas de carácter personal, acordada sin celebrar vista oral no sólo representó, en ambos casos, una infracción del derecho a un proceso con todas las garantías sino que también vulneró el derecho de los demandantes de amparo a la presunción de inocencia. Por el contrario, no se apreció vulneración de este derecho fundamental en otras tres sentencias: SSTC 70/2012, de 16 de abril, en la que se reiteró la doctrina constitucional relativa a la idoneidad de las actas de infracción elevadas por los funcionarios públicos que tengan la condición de agentes de la autoridad para servir como prueba de cargo en un procedimiento administrativo sancionador; 142/2012, de 2 de julio, en la que si bien se controvertía si el acceso policial a la agenda de un teléfono móvil puede considerarse vulneración del derecho a la intimidad y, de ser así, su idoneidad como prueba de cargo, lo cierto fue que ninguno de los datos que obraban en esa agenda fue valorado como prueba incriminatoria en la sentencia condenatoria; y 175/2012, de 15 de octubre, que reiteró la doctrina constante del Tribunal acerca de la idoneidad de la prueba indiciaria para fundar una resolución sancionadora, siempre que, como sucedía en el caso, entre el hecho base probado y la conclusión que de él se concluye exista una relación de inferencia lógica.

c) Derecho a la defensa

La ya citada STC 126/2012, de 18 de junio, concluyó que la condena en segunda instancia fundada en la valoración de pruebas de carácter personal sin celebrar vista oral vulneró no sólo los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia sino, también, el derecho a la defensa. De igual modo, la también antes mencionada STC 141/2012, de 2 de julio, estimó el recurso de amparo promovido frente a un internamiento forzoso en establecimiento psiquiátrico, pues el control judicial tardío de la medida había redundado en una quiebra, entre otros, de este mismo derecho fundamental a la defensa. Finalmente, la ya reseñada STC 169/2012, de 1 de octubre, reiterando la doctrina sentada en la Sentencia 145/2011, de 26 de septiembre, declaró contraria al derecho a la defensa una resolución administrativa sancionadora en la que se sustituyó la sanción pecuniaria por otra de expulsión del territorio nacional a partir de unos hechos que no fueron puestos de relieve hasta la propuesta de resolución, de la que no se dio traslado al interesado, quien, por consiguiente, no pudo rebatirlos.

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

El derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora fue objeto de consideración en algunas sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad reseñadas en epígrafes anteriores (destacadamente, SSTC 101/2012 y 166/2012). Al margen de ello, interesa señalar que la ya citada STC 39/2012, de 29 de marzo, rechazó que la aplicación del nuevo criterio de cómputo de redención de penas por el trabajo fijado en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, vulnerase el derecho a la legalidad penal, pues, además de no hallarnos en el ámbito propio de este derecho —la interpretación y aplicación de los tipos penales— sino en el de la ejecución de las penas, el resultado de la aplicación de ese nuevo criterio no rebasa los límites penológicos fijados en los tipos penales en los que subsumieron en su día las conductas delictivas cometidas por el demandante de amparo, ni el máximo de cumplimiento legalmente previsto. Esta doctrina fue reiterada en las SSTC 40/2012 a 56/2012; 59/2012, 61/2012 y 65/2012 a 69/2012, todas de 29 de marzo, y 114/2012, de 24 de mayo.

Las SSTC 31/2012, de 12 de marzo; 70/2012, de 16 de abril, y 175/2012, de 15 de octubre, desestimaron sendos recursos de amparo en los que se controvertía el ejercicio por la Administración de su potestad sancionadora aduciendo la vulneración del derecho proclamado en el art. 25.1 CE. Por el contrario, la STC 90/2012, de 7 de mayo, otorgó el amparo a una empresa vinícola que había sido sancionada por la Administración autonómica de Castilla y León en aplicación de un tipo infractor que no se hallaba vigente en el territorio autonómico al momento de producirse los hechos. La Sentencia rechaza que tras el ejercicio por el legislador autonómico de su competencia legislativa en la materia, un precepto no básico de la ley estatal de la viña y el vino pueda prestar cobertura a la resolución sancionadora; como tampoco puede ampararse la actuación administrativa en la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal ya que ésta no es de aplicación en materia sancionadora, pues la ausencia de una tipificación formal de una conducta infractora no es sinónimo de laguna que sea preciso colmar, sino presupuesto de la aplicación del principio general de libertad. Esta misma doctrina fue aplicada en las SSTC 109/2012, de 21 de mayo; 127/2012, de 18 de junio; y 156/2012, de 17 de septiembre.

L) Libertad sindical (art. 28 CE)

La STC 118/2012, de 4 de junio, desestimó el recurso de amparo promovido por una organización sindical en relación con dos acuerdos suscritos por la Administración sanitaria andaluza y otras centrales sindicales en los que se atribuían créditos horarios a los sindicatos firmantes y se creaban unas mesas de seguimiento de los pactos suscritos en la negociación colectiva. La Sentencia niega que los acuerdos controvertidos sean restrictivos de la libertad o la igualdad sindical, pues al no atribuirse funciones negociadoras a las comisiones de seguimiento se respeta la capacidad negociadora de todos los legitimados; además, la distribución de créditos horarios se corresponde con la existencia de cargas adicionales de trabajo de los beneficiarios.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación

El Servicio ha continuado durante el año 2012 su labor de informatizar todas las áreas de trabajo de la biblioteca, con el fin de aumentar la accesibilidad de los lectores a sus fondos. En enero se puso en funcionamiento la nueva versión del programa de gestión automatizada de la biblioteca: se ha pasado de Absys 7.0 a Absysnet. Este cambio ha permitido la integración de distintas bases de datos de la biblioteca: sumarios de revistas, boletín de documentación, biblioteca digital, bases de datos y revistas electrónicas, que habían sido creadas y desarrolladas en un entorno que no permitía su consulta en catálogo. En la actualidad, los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca pueden ser consultados por los Magistrados y restante personal del Tribunal en un único catálogo, evitando la dispersión de recursos y la pérdida de información que produce la existencia de bases de datos independientes.

En 2012 se llevó a cabo la segunda convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo del Pleno de 13 de marzo de 2012 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 80, de 3 de abril de 2012). Fue otorgada mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal de 20 de julio de 2012 (BOE núm. 194, de 14 de agosto de 2012).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 3.831 títulos, de los cuales

a) Por compra: 3.655

b) Por donación: 176.

Revistas: han dejado de recibirse en versión impresa 8 títulos de revistas que, a partir de 2013, se reciben en formato digital a través de bases de datos, junto con otras revistas de acceso en línea que han sido integradas en el catálogo. Además, se han dado de baja 29 suscripciones de revistas en papel.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 393.206 registros bibliográficos. Durante el año 2012 se le han incorporado 21.301 registros, desglosados por tipos de materiales:

- 3.717 libros nuevos;

- 16.721 artículos de revistas;

- 850 artículos de obras colectivas;

- 13 publicaciones periódicas.

Ha proseguido el trabajo de catalogar los libros y publicaciones periódicas en formato digital, en CD-Rom, DVD-Rom y en línea, tanto si son de suscripción como de acceso gratuito.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 158.281. La gestión de autoridades a lo largo del año ha sido la siguiente:

- Se han creado 8.428 nuevos registros, de los cuales 7.309 han sido de autoridades de personas.

- Se han eliminado 10.603 registros duplicados.

C) Biblioteca digital:

La biblioteca digital cuenta con 3.007 objetos digitales de artículos de revistas y de obras colectivas, que se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes. Todos los recursos digitales han sido incorporados durante 2012 al catálogo. De ellos, 2.360 proceden de la antigua base de datos “biblioteca digital” y otros 647 corresponden a nuevos registros creados este año.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 3 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos ellos han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por el correo electrónico.

E) Encuadernación:

Han sido encuadernados 169 volúmenes de revistas y boletines; además, han sido restaurados 6 volúmenes.

2) Servicios a los lectores:

La Biblioteca ha realizado un total de 2.127 préstamos de libros y 1.895 devoluciones. Ha atendido 12.464 consultas a través de la aplicación informática, así como 4.632 peticiones de bibliografía y documentación.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

Biblioteca Nacional.

Bibliotecas universitarias.

Biblioteca del Congreso de los Diputados.

Biblioteca del Senado.

Biblioteca del Consejo General del Poder Judicial.

Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

Bibliotecas de Ministerios.

Bibliotecas de Tribunales.

Bibliotecas de Academias.

Bibliotecas de Colegios de Abogados.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 87), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el año 2012 se realizaron un total de 16 visitas, con una media de cinco días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Durante el año 2012 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado los tomos de la colección “Jurisprudencia constitucional” correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2010 (tomo 86), primer cuatrimestre del año 2011 (tomo 87), y segundo cuatrimestre del año 2011 (tomo 88).

Se ha continuado elaborando el “Boletín de jurisprudencia constitucional”, que resume y sistematiza la doctrina del Tribunal Constitucional y se distribuye internamente como material de trabajo para los Magistrados y Letrados del Tribunal. Asimismo, el Servicio de Doctrina constitucional ha seguido facilitando la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa remitiendo cuatrimestralmente una selección de sentencias del Tribunal Constitucional para su incorporación a la base de datos “Codices” y su inclusión en los boletines de jurisprudencia constitucional que edita dicha institución.

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal de 23 de abril de 2012 (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 129, de 30 de mayo) se llevó a cabo la novena convocatoria de becas de formación jurídica en doctrina constitucional. Estas becas fueron concedidas por Resolución de la Presidencia del Tribunal de 28 de septiembre de 2012 (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 240, de 8 de octubre).

El trabajo conjunto de los Servicios de Doctrina Constitucional y de Informática del Tribunal Constitucional ha permitido incorporar al portal en internet del propio Tribunal un nuevo “Buscador de jurisprudencia constitucional” en el que se pone a disposición de los lectores de jurisprudencia constitucional el texto íntegro de todas las resoluciones jurisdiccionales, ya sea en forma de sentencia, auto o declaración, dictadas por el Tribunal desde el inicio y que incorporan doctrina. El texto de las resoluciones se acompaña de los sumarios e índices elaborados por los servicios del Tribunal

3. Servicio de Informática

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es).

Durante el año 2012, la página web del Tribunal recibió 792.339 visitas, de un total de 478.144 visitantes diferentes, lo que hace un promedio de 1,65 visitas por visitante.

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios de origen desconocido (un 48,94 por 100). Ahora bien, de los accesos con localización geográfica de origen conocido, el 42,13 por 100 se realizaron desde España, el 5,07 por 100 desde países de Iberoamérica, el 2,78 por 100 desde países europeos, el 0,89 por 100 desde los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el 0,04 por 100 desde países africanos y el 0,01 por 100 desde Australia.

De los países iberoamericanos, el mayor número de visitas se produjo desde México (1,05 por 100 del total), Perú (0,99 por 100), Colombia (0,67 por 100), República Dominicana (0,47 por 100), Argentina (0,42 por 100), Brasil (0,29 por 100), Bolivia (0,25 por 100), Chile (0,25 por 100) y Venezuela (0,14 por 100).

Los países europeos desde los que se ha producido el mayor número de visitas son Francia (0,54 por 100 del total), Italia (0,53 por 100), Alemania (0,32 por 100), Gran Bretaña (0,28 por 100) y Portugal (0,15 por 100).

Desde el continente asiático, Corea del Sur es el país desde el que se realizó el mayor número de visitas (el 0,03 por 100 del total), seguido de Japón (0,03 por 100) y China (0,01 por 100).

El apartado más consultado de la página web, sin contar con la página de inicio, ha sido el de “Sentencias”, al que se accedió en 437.818 ocasiones. Por orden de importancia en las consultas le sigue el apartado de “Sentencias más recientes” con 239.380 consultas, el “Buscador de Sentencias” con 207.650 consultas, las “Convocatorias de becas y concursos de méritos” con 207.464 consultas y los “Autos” con 171.024 consultas.

De los ficheros existentes en la página web los más descargados fueron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (con 37.973 descargas); la STC 12/2012, relativa a un reportaje periodístico mediante grabación con cámara oculta (34.455 descargas); la STC 6/2012, referente al derecho de retracto de la Diputación General de Aragón respecto de los bienes del Monasterio de Sigena adquiridos por la Generalitat de Cataluña (25.996 descargas), así como los dos votos particulares que la acompañan (25.724 y 25.555 descargas, respectivamente); y, por último, la STC 21/2012, sobre la competencia para legislar sobre la acción de división de los bienes comunes en los matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes (14.853 veces).

Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media anual
Total de visitas | 1.368.385 | 790.225 | 677.805 | 799.715 | 792.339 | 885.694
Promedio de visitas diarias | 3.749 | 2.165 | 1.857 | 2.191 | 2.171 | 2.427
Total de visitantes | 1.372.405 | 790.284 | 449.165 | 517.069 | 478.144 | 721.413
Promedio de visitantes al día | 3.749 | 2.165 | 1.231 | 1.417 | 1.310 | 1.974

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org) ha registrado 16.961 visitas, de un total de 13.692 visitantes, con un promedio de 1,23 visitas por visitante El total de consultas a los diferentes apartados (fotografías, videos, documentos, etc.) fue de 493.308, con un promedio de 29,08 elementos consultados por visita.

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web han sido España (260.083 consultas), México (9.860), Colombia (7.752), Perú (7.430), Venezuela (5.095), Estados Unidos de Norteamérica (4.476), Argentina (4.464), Chile (3.184) y Guatemala (2.956).

Las documentos más descargados fueron los “Avances jurisprudenciales en materia de género en Guatemala” (2.982 descargas), el “Relatório do Tribunal Constitucional Português” (1.249 descargas), el “Cuestionario de Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para la Conferencia de Cádiz 2012” (1.173 descargas), el “Resumen de las respuestas a la Conferencia de Cádiz 2012” (1.124 descargas), el “Cuestionario del Tribunal Constitucional de Chile para la Conferencia de Cádiz 2012” (1.049 descargas) y las “Respuestas de México al cuestionario para la Conferencia de Cádiz 2012” (769 descargas).

Los apartados más visitados fueron, en el siguiente orden, los relacionados con la Conferencia de México 2009, los de carácter general relacionados con la propia Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, los relativos a la Conferencia de Cádiz 2012 y el Seminario de Cartagena de Indias 2008.

Durante el año 2012, el Servicio de Informática ha dado formación ofimática al personal del Tribunal; ha puesto en funcionamiento el servicio de portafirmas y firma electrónica reconocida a partir de productos de código abierto; ha instalado un sistema de validación local de certificados electrónicos (@firma federado); ha actualizado y mejorado la infraestructura de virtualización de los servidores del Tribunal, alojando en ellos tanto su página institucional (www.tribunalconstitucional.es) como la de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org), consiguiendo con ello una importante reducción de costes. Además, en estrecha colaboración con el Servicio de Doctrina Constitucional, ha puesto en su página web a disposición de los interesados un nuevo “Buscador de jurisprudencia constitucional” que ofrece toda la jurisprudencia constitucional que incorpora doctrina (y no sólo la existente desde el año 2000 como venía ocurriendo hasta este año).

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de noviembre de 2012 se convocaron tres becas de formación relacionadas con la informática del Tribunal Constitucional (BOE núm. 290, de 3 de diciembre) con una duración de doce meses, con posibilidad de prórroga durante seis meses más.

El Tribunal ha suscrito el día 22 de noviembre de 2012 un Acuerdo de cesión de software de validación y firma electrónica @firma (desarrollado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para la implantación de los servicios de validación y firma electrónica. También ha suscrito el día 18 de diciembre de 2012 un nuevo Convenio de colaboración administrativa con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda para la extensión de los servicios públicos electrónicos. Este convenio sustituye al anterior, de fecha 25 de noviembre de 2009, y tiene como finalidad el impulso de los servicios públicos electrónicos en el Tribunal Constitucional, mediante el uso de la Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

Al amparo de lo previsto en el art. 96.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que establece que los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría que verifique el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas en el tratamiento de datos de carácter personal, puesto que la última auditoría se había efectuado con fecha de 7 de diciembre de 2010, con fecha de 25 de noviembre 2012 se presentó el informe del resultado de la nueva auditoría, cuya conclusión principal es el alto grado de cumplimiento de las medidas de seguridad aplicada.

Por último, se ha constituido un grupo de trabajo para la implantación de la administración electrónica en el Tribunal Constitucional, con el objetivo de coordinar los esfuerzos dirigidos a preparar las herramientas e instrumentos necesarios que permitan incorporar las nuevas tecnologías al funcionamiento del Tribunal Constitucional, no sólo para impulsar la sustitución del uso del papel por el uso de los medios electrónicos con firma electrónica reconocida, sino para facilitar a los ciudadanos y entidades, en su momento, la posibilidad de relacionarse con el Tribunal por medios electrónicos.

4. Servicio de Gerencia

En el área de gestión de recursos humanos se ha seguido el procedimiento para la adscripción de personal funcionario al servicio del Tribunal Constitucional, referido a dos plazas de administrativo, resolviéndose el correspondiente concurso de méritos por Resolución de la Presidencia del Tribunal de 28 de mayo de 2012 (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 133, de 4 de junio).

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 704 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
55 | 1
526 | 2
59 | 4
54 | 6
10 | 8

Además se han tramitado 31 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 997.231,58 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables refleja, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta memoria.

En lo que respecta a la gestión del edificio sede del Tribunal Constitucional y sus instalaciones debe reseñarse como actuación más importante del ejercicio la sustitución del sistema de detección automática de incendios.

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos

1) Documentación jurisdiccional: En 2012 han ingresado por transferencia un total de 803 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General.

2) Documentación no jurisdiccional: Ingresaron 93 unidades de instalación.

B) Descripción, reproducción e informatización

Durante 2012 el Archivo General del Tribunal Constitucional prosiguió sus trabajos de organización, normalización de datos descriptivos e integración de registros en bases de datos:

1) Documentación jurisdiccional: Se incorporaron a la base de procesos constitucionales del Archivo General un total de 7.633 nuevos registros, que incrementan el total de procesos registrados en dicha base de datos (documentos compuestos o expedientes; y documentos simples, que no se agrupan en expedientes) hasta los 164.936, una vez realizadas las pertinentes depuraciones.

2) Documentación no jurisdiccional: 8.629 nuevos registros de base de datos, que incrementan ésta hasta los 184.240.

Asimismo se han digitalizado un total de 5.862 expedientes, con un total de 24.521 páginas.

Además, en el segundo semestre de 2012 se ha iniciado la digitalización de Autos que, por considerarse reiterativos, no se publicaron antaño en la colección de Jurisprudencia Constitucional y que ahora se incluirán en la base de datos de jurisprudencia disponible en internet. De un total aproximado de 5.200 se han digitalizado 1.508 hasta 31 de diciembre de 2012, tarea que incluye la corrección del texto obtenido por reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

C) Gestión documental

En el marco de una consultoría contratada por el Tribunal Constitucional y dirigida por el Archivo General, se ha avanzado en la definición de la política de gestión de documentos del Tribunal, una vez aprobada la norma técnica de interoperabilidad del mismo nombre en desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Asimismo se ha trabajado en la elaboración de una primera versión del esquema de metadatos común para la gestión de documentos en el Tribunal Constitucional.

Se ha procedido, con apoyo externo y en colaboración con el Servicio de Informática, a la instalación de dos gestores documentales de código abierto en una arquitectura de alta disponibilidad tecnológica, y a su conexión con el portafirmas electrónico actualmente en uso.

D) Servicios a usuarios

Durante 2012 se han realizado 983 préstamos de documentación del Archivo General (un incremento del 28 por 100 sobre el año anterior), además de atender un total de 440 solicitudes de documentación digitalizada (un 24 por 100 más) y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

E) Becas de formación. Recursos humanos

En 2012 tuvo lugar la convocatoria, por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de dos becas de formación en archivística y gestión documental relacionadas con los fondos documentales del Tribunal Constitucional, publicado por Resolución de 30 de abril de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (“Boletín Oficial del Estado” núm. 129, de 30 de mayo).

Adjudicadas por Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (“Boletín Oficial del Estado” núm. 262, de 31 de octubre), se han desarrollado en el Archivo General las actividades previstas en las bases reguladoras de dicha convocatoria.

F) Mejora de instalaciones

En 2012 se mejoró la seguridad en el acceso a los depósitos del Archivo General mediante la instalación de una cerradura electrónica con código personal, de acuerdo con las recomendaciones en materia de protección de datos.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en la redacción que le dio la Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2012 ascendieron a 25.531,83 miles de euros, lo que representa una disminución del 3,43 por 100, esto es, 906,28 miles de euros créditos, respecto del ejercicio 2011, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 26.438,11 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

Capítulo 1 (Gastos de personal): 17.074,00 miles de euros.

Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 6.708,92 miles de euros.

Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 870,91 miles de euros.

Capítulo 6 (Inversiones reales): 830,00 miles de euros.

Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2012 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 17.074.000,00 | 15.097.791,39 | 88,43 por 100
Capítulo 2 | 6.708.920,00 | 5.068.648,28 | 75,56 por 100
Capítulo 4 | 870.910,00 | 588.198,47 | 67,54 por 100
Capítulo 6 | 830.000,00 | 395.742,69 | 47,68 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 24.850,00 | 51,77 por 100
Total | 25.531.830,00 | 21.175.230,83 | 82,94 por 100

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES Y VISITAS INSTITUCIONALES

12 y 13 de enero: Pleno jurisdiccional en el Palacio de Justicia de Valencia, el primero que el Tribunal Constitucional celebra fuera de su sede. Visita institucional al Presidente de la Generalitat valenciana, don Alberto Fabra, y a la Alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá. Valencia.

27 de enero: Audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo.

2 - 6 de marzo: Visita institucional al nuevo Tribunal Constitucional de la República Dominicana y a otras autoridades dominicanas (Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República). Santo Domingo.

19 de marzo: Pleno jurisdiccional conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de Cádiz en el Oratorio de San Felipe Neri. Visita institucional a la Alcaldesa, doña Teófila Martínez. Cádiz.

25 - 28 abril: Actos conmemorativos del 50º aniversario del Tribunal Constitucional de Turquía y simposio internacional sobre “Movimientos de derechos y libertades en el siglo XXI y el papel de los Tribunales Constitucionales”. Ankara y Estambul.

4 de mayo: Presentación a S.M. el Rey de la Memoria de 2011 del Tribunal Constitucional.

16 - 19 de mayo: 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, sobre “Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional”, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Inaugurada bajo la presidencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias. Cádiz.

18 de septiembre: Apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

8 y 9 de noviembre: 1ª Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y regionales sobre protección nacional e internacional de los derechos humanos. México D.F.

15 - 17 de noviembre: 14ª Conferencia trilateral de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España, sobre “Extradición, la orden europea de detención y otras formas de cooperación en materia penal”. Lisboa.

3 y 4 de diciembre: 60º Aniversario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Foro de Magistrados de Altos Tribunales de los Estados miembros. Luxemburgo.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

26 de enero: Embajador de Rumania, don Ioan Vilcu.

7 de febrero: Fiscal General del Estado, don Eduardo Torres Dulce.

13 de abril: Presidenta del Parlamento de Cataluña, doña Nuria de Gispert i Català.

24 de septiembre: Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara.

11 de octubre: Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril Bustamante.

5 de noviembre: Magistrado del Tribunal Constitucional de la República de Corea, don Doo-Hwan Song.

REUNIONES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

24 de enero: Visita de trabajo de constitucionalistas de la Universidad de Pau (Francia).

1 de febrero: Visita de estudios de un grupo de jueces y magistrados latinoamericanos en el marco de una Maestría sobre derechos fundamentales coordinada por el Consejo General del Poder Judicial.

24 de febrero: Visita de trabajo de jueces y fiscales europeos en el marco de un proyecto de investigación de la Unión Europea sobre libertad personal.

7 de junio: Visita de trabajo de una delegación del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, con el fin de preparar el informe periódico sobre la situación de la democracia local y regional en España.

5 de septiembre: Visita de una delegación parlamentaria de la Asamblea Nacional de Vietnam.

12 - 14 de septiembre: Estancia de trabajo de Jueces y Magistrados, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial.

13 y 14 de septiembre: Estancia de trabajo de la última promoción de la Carrera Fiscal.

15 de octubre: Visita de estudios de Jueces y Fiscales austriacos.

18 de octubre: Visita de trabajo de profesores de la Universidad de Blida (Argelia) en el marco de un proyecto de investigación conjunto con la UNED sobre el principio de igualdad y la protección de la mujer frente a la violencia de género.

12 - 22 de noviembre: Estancia de trabajo de un Letrado del Tribunal Constitucional de la República de Corea.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

20 - 24 de febrero: Visita de trabajo del Tribunal Constitucional de Albania, en el marco del proyecto “Euralius” de la Unión Europea.

8 - 10 de mayo: Visita de trabajo del Tribunal Constitucional de Turquía, en el marco de un proyecto conjunto del Consejo de Europa y la Unión Europea con el fin de apoyar el fortalecimiento de las autoridades judiciales turcas.

28 de junio: Visita de trabajo de una delegación de la Asamblea Constituyente de Túnez, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

8 - 11 de octubre. Seminario especializado sobre “Proceso penal y Constitución” de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia).

30 de octubre: Visita de trabajo de una delegación gubernamental y parlamentaria de Filipinas, encabezada por la Ministra y Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, en el marco de un proyecto de la AECID.

19 - 23 de noviembre: Seminario especializado sobre “La potestad financiera en la justicia constitucional” de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua (Guatemala).

28 - 30 de noviembre: Seminario sobre “La excepción de inconstitucionalidad” organizado por la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) y el Consejo Constitucional de Marruecos, con el apoyo de la Unión Europea, en Rabat.

5 de diciembre: Visita de trabajo de una delegación de parlamentarias marroquíes, en el marco del programa “Masar” de acompañamiento a los procesos de gobernabilidad democrática en el Mundo Árabe de la AECID.

12 de diciembre: Visita de trabajo de una delegación de jóvenes políticos marroquíes, en el marco del programa “Masar” de la AECID.

17 de diciembre: Visita de trabajo de una delegación de jueces y magistrados egipcios, en el marco del programa “Masar” de la AECID.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

24 de enero: Presentación de la obra “Génesis de la Constitución de 1812” de don Francisco Tomás y Valiente, quien fuera Magistrado del Tribunal Constitucional de 1980 a 1992 y su Presidente de 1986 a 1992.

28 de febrero: Conferencia del Magistrado emérito del Tribunal Constitucional Federal de Alemania don Udo Di Fabio sobre “Los límites constitucionales a la integración europea: una perspectiva alemana”, en colaboración con la Embajada alemana.

2 - 6 de marzo: Conferencia del Presidente sobre “Diálogo entre las Altas Cortes” y clausura del Seminario internacional sobre Derecho Administrativo y Constitucional dedicado al “Control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa como instrumento de vigencia del Estado social y democrático de Derecho”. Santo Domingo (República Dominicana).

22 de marzo: Homenaje en memoria de don Miguel Ángel Montañés Pardo, Secretario General Adjunto del Tribunal, e inauguración de la galería de retratos fotográficos de los Secretarios Generales.

3 de abril: Conferencia del Presidente sobre “Estado de Bienestar y Función Pública” en la Universidad de Valencia.

23 de abril: Participación del Presidente en la entrega de diplomas de la lª promoción de la Maestría de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Santillana.

14 de junio: Presentación del libro “Derecho Presupuestario” de Paul Laband con un estudio preliminar del Presidente emérito don Álvaro Rodríguez Bereijo.

14 y 15 de junio: 6ª reunión de la mesa directiva de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional. Venecia (Italia).

23 - 27 de junio: II Encuentro de Magistradas Constitucionales de Iberoamérica, “Por una justicia de género: Igualdad sexual y no discriminación por razones de género en la jurisdicción constitucional”. Bogotá (Colombia).

26 - 30 de junio: Actos conmemorativos del Día de la Amistad Hispano-Filipina, dedicado este año al Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Manila y Baler (Filipinas).

27 - 30 de junio: Participación del Presidente en el 8º Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, sobre “Los sistemas de control de la constitucionalidad de la norma tributaria”, organizado por la Suprema Corte de Justicia mexicana. México D.F.

9-11 de septiembre: “Círculo de Presidentes”, reunión preparatoria del 16º Congreso de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos que se celebrará en mayo de 2014. Viena (Austria).

18 de septiembre: Presentación de la obra “Medio ambiente y derechos fundamentales” de don Fernando Simón Yarza, premio Francisco Tomás y Valiente 2011.

10 de octubre: Participación del Presidente en las 14ª Jornadas de la Función Consultiva, organizadas por el Consejo Consultivo de Extremadura. Mérida.

15 de octubre: Participación del Presidente en el homenaje a los impulsores de la transición y la democracia, en el Congreso de los Diputados.

15 y 16 de noviembre: 18ª Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

Este año, el Tribunal ha editado un libro en memoria de don Miguel Ángel Montañés Pardo, Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional fallecido el 8 de diciembre de 2011. Recoge las intervenciones de quienes tomaron la palabra en el acto celebrado en la sede de Domenico Scarlatti el 22 de marzo de 2012 para rendirle homenaje.

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales las Actas de las XVII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Cádiz (noviembre de 2011), que tuvieron como objeto de debate “La Constitución económica”.

También ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el libro de don Fernando Simón Yarza, titulado “Medio ambiente y derechos fundamentales”, que había recibido el premio Francisco Tomás y Valiente en 2011.

Convenios de colaboración

El 5 de noviembre de 2012 se firmó un convenio de cooperación educativa entre el Tribunal Constitucional y la Universidad Carlos III de Madrid, para facilitar prácticas a los alumnos del grado en Información y Documentación en la Biblioteca del Tribunal.

El Tribunal volvió a suscribir un convenio de colaboración administrativa con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, el día 18 de diciembre de 2012, que sustituye al de 2009, con la finalidad de mejorar y extender los servicios públicos electrónicos.

Anexos

Anexo I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (BOE NÚM. 103, DE 30 DE ABRIL)

Disposición adicional tercera. Control de constitucionalidad.

1. En los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional podrán impugnarse ante el Tribunal Constitucional tanto las leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas como las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas que vulneren los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución y desarrollados en la presente Ley.

2. En el caso de que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución, la impugnación de una Ley de Presupuestos produzca la suspensión de su vigencia se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los Presupuestos del ejercicio siguiente al impugnado, hasta la aprobación de una ley que derogue, modifique o sustituya las disposiciones impugnadas o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensión de la ley impugnada.

ACUERDO DE 24 DE JULIO DE 2012, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE DISPONE LA COMPOSICIÓN DE LAS SALAS Y SECCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL(BOE NÚM. 178, DE 26 DE JULIO)

En virtud de lo establecido en los artículos 7.º y 8.º de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2012, ha dispuesto la siguiente composición de las Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo:

Artículo 1.º

La Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas.

2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Pascual Sala Sánchez, doña Adela Asua Batarrita y don Juan José González Rivas.

3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Manuel Aragón Reyes, estará integrada por don Manuel Aragón Reyes, don Andrés Ollero Tassara y don Fernando Valdés Dal-Ré.

Artículo 2.º

1. La Sala Segunda, presidida por el Vicepresidente del Tribunal, estará integrada por don Ramón Rodríguez Arribas, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías.

2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por el Vicepresidente del Tribunal, estará integrada por don Ramón Rodríguez Arribas, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y doña Encarnación Roca Trías.

3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Pablo Pérez Tremps, estará integrada por don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

Madrid, 24 de julio de 2012.– El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sánchez.

ACUERDO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 282, DE 23 DE NOVIEMBRE).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10 m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Artículo único.

El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto), parcialmente modificado, en lo que al presente Acuerdo importa, por Acuerdo del propio Tribunal, de 1 de abril de 2011 («Boletín Oficial del Estado» número 80, del 4), queda modificado en los siguientes términos:

1. Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 53 tendrán la siguiente redacción:

«3. La designación de letrados de adscripción temporal se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de tres Magistrados, por mayoría absoluta.

La adscripción se hará por tres años y podrá ser renovada antes de su vencimiento hasta por otros dos períodos iguales, mediante la propuesta y por la mayoría requeridas en el párrafo anterior.

4. La adscripción al Tribunal de los letrados a los que se refiere el artículo 62.2.a) de este Reglamento y la de quien pueda pasar a desempeñar el cargo de Secretario general adjunto no quedarán sujetas a las condiciones temporales ni al régimen de renovaciones establecidos en el apartado anterior y se mantendrán, al menos, durante todo el tiempo en que se desempeñe la respectiva función o cargo. Al cesar en cualquiera de estos cometidos, unos u otros letrados podrán ser designados de nuevo como colaboradores de determinado Magistrado o bien mantenerse al servicio general del Tribunal, si hubiere lugar a ello conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 que antecede.

5. Los letrados adscritos temporalmente, mientras presten sus servicios al Tribunal, tendrán los derechos y deberes propios de los miembros del Cuerpo, en todo aquello que sea compatible con la eventualidad de sus funciones.

6. El cese de los letrados de adscripción temporal, además de por voluntad propia, se acordará en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) En cualquier momento, por acuerdo del Pleno a propuesta del Presidente.

b) Por vencimiento del periodo trienal de adscripción o por el cese en la función o en el cargo a los que se refiere el apartado 4 de este artículo, cuando no haya lugar a su continuidad al servicio del Tribunal conforme a los términos allí establecidos. En el caso de los letrados de los que se hace mención en el artículo 62.2.a) de este Reglamento, su cese, de resultar procedente en tales términos, se verificará a los dos meses de que haya concluido su colaboración con determinado Magistrado.

c) Por jubilación o pérdida, en su caso, de la condición de funcionario.»

2. El apartado 2.a) del artículo 62 tendrá la siguiente redacción:

«a) Cada Magistrado podrá proponer al Pleno la designación, como colaboradores propios, de hasta un máximo de dos letrados de entre los que presten servicio al Tribunal Constitucional. Los designados se seguirán rigiendo por la normativa general aplicable a los letrados sin más singularidades que su dependencia funcional del Magistrado respectivo y las previstas en los apartados 4 y 6.b) del artículo 53 de este Reglamento.»

Disposición transitoria primera.

A las adscripciones temporales de letrados que estén en curso a la entrada en vigor de este Acuerdo les será de aplicación lo dispuesto en el reformado artículo 53 del Reglamento, a cuyo efecto el período máximo de adscripción de nueve años se contará desde la fecha de la incorporación inicial del letrado al Tribunal. A salvo de lo establecido en el apartado 6.a) del mismo artículo, se mantendrán, en todo caso, las adscripciones ya prorrogadas o renovadas con arreglo a lo previsto en los respectivos acuerdos aun cuando ello depare una duración de las mismas superior a nueve años.

Disposición transitoria segunda.

En todo caso, los letrados cuyas adscripciones temporales alcancen su término definitivo de nueve años en el primer semestre del año 2013 se mantendrán al servicio del Tribunal Constitucional hasta los dos meses siguientes a la primera renovación parcial del propio Tribunal posterior al presente Acuerdo.

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de noviembre de 2012.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sánchez.

Anexo II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el “Boletín Oficial del Estado”

Índice de suplementos del “Boletín Oficial del Estado” en los que se han publicado las Sentencias y determinados Autos del Tribunal.

Número de suplemento | Sentencias
36, de 11 de febrero de 2012 | 1/2012 — 9/2012
47, de 24 de febrero de 2012 | 10/2012 — 14/2012
61, de 12 de marzo de 2012 | 15/2012 — 22/2012
75, de 28 de marzo de 2012 | 23/2012 — 30/2012
88, de 12 de abril de 2012 | 31/2012 — 37/2012
101, de 27 de abril de 2012 | 38/2012 — 69/2012
117, de 16 de mayo de 2012 | 70/2012 — 87/2012
134, de 5 de junio de 2012 | 88/2012 — 105/2012
147, de 20 de junio de 2012 | 106/2012 — 114/2012
159, de 4 de julio de 2012 | 115/2012 — 124/2012
163, de 9 de julio de 2012 | 125/2012 — 138/2012
181, de 30 de julio de 2012 | 139/2012 — 151/2012
193, de 13 de agosto de 2012 | 152/2012 — 155/2012
250, de 17 de octubre de 2012 | 156/2012 — 163/2012
263, de 1 de noviembre de 2012 | 164/2012 — 172/2012
274, de 14 de noviembre de 2012 | 173/2012 — 185/2012
286, de 28 de noviembre de 2012 | 186/2012 — 198/2012
299, de 13 de diciembre de 2012 | 199/2012 — 216/2012
313, de 29 de diciembre de 2012 | 217/2012 — 228/2012
10, de 11 de enero de 2013 | 229/2012 — 240/2012
19, de 22 de enero de 2013 | 241/2012 — 246/2012

Número de suplemento | Autos
36, de 11 de febrero de 2012 | 7/2012 y 9/2012 (Pleno)
61, de 12 de marzo de 2012 | 34/2012 (Pleno)
117, de 16 de mayo de 2012 | 68/2012 (Pleno)
147, de 20 de junio de 2012 | 109/2012 y 110/2012 (Pleno)
193, de 13 de agosto de 2012 | 145/2012 y 146/2012 (Pleno)
250, de 17 de octubre de 2012 | 162/2012 (Pleno)
274, de 14 de noviembre de 2012 | 191/2012 (Pleno)
313, de 29 de diciembre de 2012 | 220/2012 (Pleno)
10, de 11 de enero de 2013 | 237/2012 (Pleno)
19, de 22 de enero de 2013 | 247/2012 (Pleno)

SENTENCIAS

Pleno. Sentencia 1/2012, de 13 de enero de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 71-2001. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Límites a los decretos-leyes, distribución de competencias en materia de medio ambiente: nulidad del precepto que remite al reglamento la regulación del procedimiento de evaluación ambiental de determinados proyectos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 2/2012, de 13 de enero de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 30-2002. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Canarias 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de policías locales.

Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011).

Pleno. Sentencia 3/2012, de 13 de enero de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 4346-2003. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías locales.

Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011).

Pleno. Sentencia 4/2012, de 13 de enero de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 1836-2005. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Córdoba en relación con el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de policías locales.

Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011).

Pleno. Sentencia 5/2012, de 17 de enero de 2012

Conflicto positivo de competencia 1121-1999. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversas resoluciones del Ministerio de Fomento por las que se imponen sanciones y medidas cautelares por la utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización administrativa.

Competencias sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social: nulidad de las resoluciones estatales que vulneran las potestades autonómicas de inspección y sanción de emisiones de televisión local sin título habilitante.

Pleno. Sentencia 6/2012, de 18 de enero de 2012

Conflicto positivo de competencia 2799-1998. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con las órdenes del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón de 8 de agosto de 1997 y 10 de febrero de 1998, relativas al ejercicio del derecho de retracto respecto de determinados bienes procedentes del Monasterio de Sigena.

Competencias en materia de patrimonio histórico: prevalencia del título competencial correspondiente a la Generalitat de Cataluña; nulidad de las resoluciones impugnadas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 7/2012, de 18 de enero de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 3547-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio de Canarias.

Competencias en materia de administración de justicia, ordenación del territorio y medio ambiente: atribución de la presidencia de un órgano autonómico a un magistrado de lo contencioso-administrativo vulnerando la competencia estatal sobre administración de justicia; nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que establecen un régimen sancionador no acorde con la normativa básica de protección ambiental.

Pleno. Sentencia 8/2012, de 18 de enero de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 2194-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha.

Competencias en materia de telecomunicaciones, control del espacio aéreo, ordenación del territorio, sanidad y protección del medio ambiente, principio de legalidad sancionadora: nulidad de los preceptos legales autonómicos que obligan a los operadores a incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes y sancionan su incumplimiento; interpretación de preceptos legales.

Pleno. Sentencia 9/2012, de 18 de enero de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 1490-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el párrafo tercero del art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

Igualdad en el ejercicio de las funciones representativas: validez del precepto legal que regula los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos; nombramiento para cargos relacionados con el gobierno y administración del municipio que no forma parte del núcleo esencial de las funciones representativas de los concejales. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 10/2012, de 30 de enero de 2012

Recurso de amparo 8533-2005. Promovido por don Alejandro Rojas Llamas en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y de un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona que desestimaron su demanda de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): apreciación indebida de la excepción de cosa juzgada material respecto de la alegación de nulidad de una obligación pecuniaria sobre la que no se habían pronunciado las resoluciones judiciales dictadas en un proceso ejecutivo previo.

Sala Segunda. Sentencia 11/2012, de 30 de enero de 2012

Recurso de amparo 11278-2006. Promovido por Comadex, S.A., en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Alicante y de un Juzgado de Primera Instancia de Dénia que rechazaron su solicitud de incoación de expediente de jurisdicción voluntaria de ofrecimiento de pago y consignación de la parte pendiente de abono de un crédito hipotecario.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones dictadas por distintos órganos judiciales en instancias sucesivas de un mismo proceso cuya diferente motivación jurídica no es fruto de un error fáctico ni incoherente.

Sala Primera. Sentencia 12/2012, de 30 de enero de 2012

Recursos de amparo 4821-2009 y 4829-2009 (acumulados). Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y por Televisión Autonómica Valenciana, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar una indemnización por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.

Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado con cámara oculta.

Sala Primera. Sentencia 13/2012, de 30 de enero de 2012

Recurso de amparo 4264-2010. Promovido por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que desestimaron su recurso sobre liquidación del impuesto autonómico sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva: desestimación de la pretensión anulatoria de la liquidación del impuesto en aplicación de los criterios legales y jurisprudenciales sobre los límites de impugnación de las providencias de apremio y de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la ley autonómica reguladora del tributo por la STC 289/2000.

Sección Cuarta. Sentencia 14/2012, de 6 de febrero de 2012

Recurso de amparo 3251-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados miembros no adscritos a ningún grupo municipal.

Vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

Sala Primera. Sentencia 15/2012, de 13 de febrero de 2012

Recurso de amparo 3313-2007. Promovido por doña Estrella Gil Díaz y otras personas en relación con el Auto de un Juzgado de lo Mercantil de Palma que dejaba sin efecto su intervención como parte en la sección de calificación de un concurso de acreedores.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): resolución judicial que, soslayando las previsiones legales, deniega la personación en la pieza de calificación a quienes, por ser trabajadores de la empresa concursada, ostentan un interés legítimo.

Sala Primera. Sentencia 16/2012, de 13 de febrero de 2012

Recurso de amparo 2477-2009. Promovido por don Raúl Cebrián Díaz en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza que le condenaron por un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena penal impuesta sin concurrir el presupuesto típico al haber decaído la medida cautelar.

Sala Primera. Sentencia 17/2012, de 13 de febrero de 2012

Recurso de amparo 9894-2009. Promovido por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid que la condenaron a abonar una indemnización por intromisión en el derecho a la propia imagen.

Alegada vulneración del derecho a la libre información (reportaje con cámara oculta): recurso de amparo extemporáneo al haberse planteado un incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente.

Sala Primera. Sentencia 18/2012, de 13 de febrero de 2012

Recurso de amparo 111-2010. Promovido por la Generalitat Valenciana en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declaró haber lugar al recurso de casación formulado frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimatoria de la impugnación del decreto autonómico de ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): imposibilidad de reparar la lesión que se denuncia al hacer referencia a un reglamento autonómico que ya había sido declarado nulo por Sentencia que había ganado firmeza al momento de dictarse la resolución judicial impugnada.

Pleno. Sentencia 19/2012, de 15 de febrero de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1046-1999. Interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias.

Principios de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, igualdad, progresividad y capacidad económica en materia tributaria, supletoriedad del Derecho estatal: inconstitucionalidad del requisito de la convivencia en la reducción por el mínimo familiar por descendientes.

Pleno. Sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 647-2004. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña en relación con el apartado segundo del art. 35.Siete de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de las demandas presentadas por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil.

Pleno. Sentencia 21/2012, de 16 de febrero de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 5394-2006. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, respecto del art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia.

Distribución de competencias sobre legislación procesal: nulidad del precepto legal autonómico que permite la acumulación de la acción de división de cosa común en los procedimientos de nulidad, separación o divorcio para los matrimonios en régimen de separación de bienes. Voto particular.

Pleno. Sentencia 22/2012, de 16 de febrero de 2012

Conflicto positivo de competencia 1301-2007. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en relación con el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Competencias en materia de sanidad: validez de los preceptos reglamentarios estatales que excluyen el carácter lucrativo para los establecimientos de tejidos, someten a plazos las autorizaciones administrativas, introducen un régimen de inspección periódica de esos establecimientos y regulan la recogida, custodia e intercambio de información.

Sala Primera. Sentencia 23/2012, de 27 de febrero de 2012

Recurso de amparo 10143-2009. Promovido por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial de Valencia y de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca que le condenaron a abonar una indemnización por intromisión en el derecho al honor.

Alegada vulneración del derecho a la libre información (reportaje con cámara oculta): recurso de amparo extemporáneo al haberse planteado un incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente (STC 17/2012).

Sala Primera. Sentencia 24/2012, de 27 de febrero de 2012

Recursos de amparo 5267-2010 y 5673-2010 (acumulados). Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y Antena 3 de Televisión, S.A., en relación con las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid, que les condenaron a abonar una indemnización por intromisión en el derecho a la propia imagen.

Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado con cámara oculta (STC 12/2012).

Sala Segunda. Sentencia 25/2012, de 27 de febrero de 2012

Recurso de amparo 298-2011. Promovido por don Jesús Rodríguez Romero frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que declaró prescrita la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada contra una junta de compensación urbanística.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): Sentencia que deja sin respuesta una alegación sustancial relativa a la concreción del momento inicial del plazo de prescripción.

Pleno. Sentencia 26/2012, de 1 de marzo de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 5061-2001. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.

Competencias sobre igualdad básica, legislación civil y mercantil, ordenación general de la economía y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; comercio interior y defensa de los consumidores y usuarios: nulidad de los preceptos legales autonómicos que contravienen la normativa básica en la definición del comercio minorista, la fijación del límite diario de horarios comerciales y la regulación de determinados tipos de venta; inconstitucionalidad de aquellos otros preceptos legales que limitan la apertura de nuevos establecimientos comerciales y excluyen la aplicación del régimen general de horarios comerciales a las zonas de gran afluencia turística.

Pleno. Sentencia 27/2012, de 1 de marzo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 5742-2001. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, con respecto a la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros.

Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas: nulidad del precepto legal que regula el acceso a plazas de funcionarios de la Junta de Andalucía atribuyendo una valoración desproporcionada a la experiencia profesional no justificada en la excepcionalidad del procedimiento selectivo.

Pleno. Sentencia 28/2012, de 1 de marzo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 6548-2001. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con el apartado 4 de la disposición transitoria única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias.

Distribución de competencias sobre legislación civil: nulidad del precepto legal autonómico que constituye un derecho de retracto en favor de particulares.

Pleno. Sentencia 29/2012, de 1 de marzo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 2651-2005. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cádiz en relación con el art. 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de coordinación de policías locales.

Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas: validez del precepto legal que introduce un límite máximo de edad para participar en los procesos de acceso por el turno de movilidad con ascenso a los cuerpos de policía local de Andalucía.

Pleno. Sentencia 30/2012, de 1 de marzo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 5277-2011. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el párrafo tercero del art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Igualdad en el ejercicio de las funciones representativas: validez del precepto legal que regula los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos; nombramiento para cargos relacionados con el gobierno y administración del municipio que no forma parte del núcleo esencial de las funciones representativas de los concejales (STC 9/2012).

Sala Segunda. Sentencia 31/2012, de 12 de marzo de 2012

Recurso de amparo 2976-2011. Promovido por doña Carmen María García Miranda en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre sanción por realización de actividades incompatibles con la prestación de incapacidad temporal.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: Sentencia que resuelve el debate de suplicación en los términos planteados por las partes en relación con unos hechos constitutivos de infracción administrativa al momento de producirse.

Pleno. Sentencia 32/2012, de 15 de marzo de 2012

Conflictos positivos de competencia 4124-1999, 4216-1999, 3029-2006 (acumulados). Interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, por el que se autoriza la explotación de una lotería instantánea o presorteada y por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada.

Distribución de competencias en materia de juego: validez de las disposiciones reglamentarias estatales (STC 163/1994).

Pleno. Sentencia 33/2012, de 15 de marzo de 2012

Conflicto positivo de competencia 1081-2000. Interpuesto por el Gobierno de la Nación frente a la resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre de 1999 por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña.

Distribución de competencias sobre legislación mercantil y colegios profesionales; tramitación del conflicto en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad: validez de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, de creación del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña; interpretación conforme de los preceptos de los estatutos colegiales relativos a funciones reservadas por la legislación estatal a las corporaciones representativas de los auditores.

Pleno. Sentencia 34/2012, de 15 de marzo de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 4364-2001. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Distribución de competencias sobre medio ambiente y procedimiento administrativo: constitucionalidad de la atribución a la Administración del Estado de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que le corresponda aprobar o autorizar (SSTC 13/1998 y 1/2012).

Pleno. Sentencia 35/2012, de 15 de marzo de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1847-2002. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art. 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Distribución de competencias en materia de juego: inconstitucionalidad de la atribución al Estado de la competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional.

Pleno. Sentencia 36/2012, de 15 de marzo de 2012

Conflicto positivo de competencia 1401-2008. Interpuesto por el Gobierno de La Rioja en relación con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

Competencias sobre ordenación general de la economía, vivienda y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios que vulneran competencias autonómicas (STC 13/1992). Voto particular.

Pleno. Sentencia 37/2012, de 19 de marzo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 9689-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Elche en relación con el art. 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el art. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008, y en relación con el art. 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: carácter vinculante de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al resolver recursos de casación en interés de ley que concreta el contenido normativo de los preceptos legales y que preserva la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación del Derecho en todo el territorio nacional; constitucionalidad de la doctrina legal que niega efectos prescriptivos de las infracciones y sanciones administrativas al transcurso del plazo de resolución de los recursos de alzada. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 38/2012, de 26 de marzo de 2012

Conflicto positivo de competencia 10801-2009. Planteado por la Junta de Galicia en relación con la resolución de la Dirección general de medio natural y política forestal de 31 de agosto de 2009, por la que convoca la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y con las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

Distribución de competencias sobre medio ambiente: convocatoria estatal de subvenciones que vulnera las competencias de la Junta de Galicia (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 39/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 4893-2006. Promovido por don José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (intangibilidad) y a la libertad personal: resoluciones judiciales que desconocen lo anteriormente decidido con carácter firme acerca del criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 40/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 5560-2006. Promovido por don Joseba Koldobika Artola Ibarretxe con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 41/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 7325-2006. Promovido por don Juan Francisco Gómez López con respecto a las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 42/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 7991-2006. Promovido por don Jesús Bollada Álvarez con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 43/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 8345-2006. Promovido por don Luis María Azkargorta Belategui con respecto a las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 44/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 10112-2006. Promovido por don Juan Aguirre Aguiriano con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 45/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 10121-2006. Promovido por don José Ramón Martínez García con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 46/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 10245-2006. Promovido por don Ángel Luis Hermosa Urra con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 47/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 10718-2006. Promovido por don José Javier Zabaleta Elosegi con respecto al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación interpuesto frente al Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se procede la acumulación de condenas y cómputo de redenciones.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 48/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 11106-2006. Promovido por don Domingo Troitiño Arranz con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 49/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 11202-2006. Promovido por don Fernando Vicente de Luis Astarloa con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 50/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 11643-2006. Promovido por don Pedro María Rezabal Zurutuza con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 51/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 1403-2007. Promovido por don José Cándido Zubikarai Badiola con respecto a las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 52/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 1582-2007. Promovido por don Antonio Alza Hernández con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 53/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 3027-2007. Promovido por don Manuel Lorenzo Vázquez con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 54/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 8620-2008. Promovido por don Juan Manuel Piriz López con respecto a las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 55/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 362-2009. Promovido por doña María Inmaculada Noble Goicoechea con respecto a las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 56/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 4627-2009. Promovido por don José Félix Zabarte Jainaga con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 57/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 4793-2009. Promovido por don Juan María Igarataundi Peñagaricano con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (intangibilidad) y a la libertad personal: resoluciones judiciales que desconocen lo anteriormente decidido con carácter firme acerca del criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 58/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 4795-2009. Promovido por don Miguel Turrientes Ramírez con respecto a las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.

Pleno. Sentencia 59/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 6285-2009. Promovido por don José Luis Charlín Gama con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal y del Tribunal Supremo y de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 60/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 7468-2009. Promovido por doña Itziar Martínez Sustatxa con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.

Pleno. Sentencia 61/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 7852-2009. Promovido por don Jesús Vela Martínez en relación con los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 62/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 10651-2009. Promovido por don José María Pérez Díaz con respecto a los Autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): modificación, sin mediar recurso legal, de resolución judicial firme que se pronunciaba sobre el criterio de cómputo de redenciones de pena privativa de libertad.

Pleno. Sentencia 63/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 2251-2010. Promovido por don Isidro María Garalde Bedialauneta con respecto a un Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.

Pleno. Sentencia 64/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 2383-2010. Promovido por don Joaquín Urain Larrañaga con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 65/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 2516-2010. Promovido por don Jorge González Endemaño en relación con los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 66/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 4169-2010. Promovido por doña María Josefa Uzkudun Etxenagusia en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 67/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 4514-2010. Promovido por don Juan José Legorburu Guederiagha con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 68/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 5150-2010. Promovido por don Antonio García Carbonell en relación con los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 69/2012, de 29 de marzo de 2012

Recurso de amparo 7861-2010. Promovido por doña María Lourdes Churruca Madinabeitia con respecto a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 70/2012, de 16 de abril de 2012

Recurso de amparo 9432-2006. Promovido por Acqua-Medicina y Cirugía Estética, S.L., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la resolución de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid que le sancionó por indebida prescripción de tratamientos farmacológicos.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y legalidad sancionadora: aptitud de los recursos administrativos para reparar la indefensión padecida en el expediente sancionador (STC 59/2004); falta de identidad subjetiva que determina la inexistencia de bis in idem; eficacia probatoria de las actas de inspección; falta de rango legal de la norma de complemento aplicada para integrar el tipo que no incide en el derecho a la legalidad sancionadora.

Sala Primera. Sentencia 71/2012, de 16 de abril de 2012

Conflicto positivo de competencia 7601-2007. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid frente al acuerdo del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de 31 de mayo de 2007 por el que se mantiene la competencia de dicho órgano sobre el expediente núm. 627-2007, Estación sur de autobuses de Madrid.

Competencia estatal para resolver el expediente sancionador al producirse la hipotética desventaja competitiva en la explotación de una línea de transporte internacional, de modo que la práctica restrictiva tendría incidencia supraautonómica (STC 208/1999). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 72/2012, de 16 de abril de 2012

Conflicto positivo de competencia 1608-2008. Planteado por el Consell de la Generalitat Valenciana en relación con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

Competencias sobre ordenación general de la economía, vivienda y asistencia social: STC 36/2012. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 73/2012, de 16 de abril de 2012

Conflicto positivo de competencia 7045-2009. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

Competencias sobre ordenación general de la economía, vivienda y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios que vulneran competencias autonómicas (STC 36/2012).

Sala Primera. Sentencia 74/2012, de 16 de abril de 2012

Recursos de amparo 8879-2009 y 9173-2009 (acumulados). Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y Televisión Autonómica Valenciana, S.A., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que les condenó por vulneración del derecho a la propia imagen.

Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado con cámara oculta (STC 12/2012).

Sala Primera. Sentencia 75/2012, de 16 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 2948-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el art. 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el art. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008, y en relación con el art. 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 76/2012, de 16 de abril de 2012

Recurso de amparo 3132-2010. Promovido por don José Javier Gastearena Erice frente Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que inadmitió su demanda de anulación de laudo arbitral al apreciar caducidad de la acción.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): interpretación rigorista y desproporcionada del art. 41.4 de la Ley de arbitraje que resulta incompatible con el derecho del recurrente a disponer en su integridad del plazo para la presentación de su demanda de nulidad del laudo.

Sala Segunda. Sentencia 77/2012, de 16 de abril de 2012

Conflicto positivo de competencia 1171-2011. Planteado por el Consell de la Generalitat Valenciana en relación con el Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

Competencias sobre ordenación general de la economía, vivienda y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios que vulneran competencias autonómicas (STC 36/2012).

Sala Segunda. Sentencia 78/2012, de 16 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 4362-2011. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el párrafo segundo del art. 34.2 de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Discriminación por razón de edad: nulidad del precepto legal que limita el otorgamiento de autorización para la apertura de nuevas oficinas de farmacia a los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años exclusivamente al supuesto de que no existan otras solicitudes (STC 63/2011).

Pleno. Sentencia 79/2012, de 17 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 1389-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).

Pleno. Sentencia 80/2012, de 18 de abril de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 4033/1998. Interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación en relación con el art. 16.6 de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, del deporte.

Competencias sobre cultura, deporte y relaciones exteriores: interpretación del precepto legal que atribuye a las federaciones deportivas vascas la condición de representantes únicas del deporte federado vasco en el ámbito internacional. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 81/2012, de 18 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 4569-2000. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al artículo 110.1 g) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

Competencias sobre régimen local y reserva de ley orgánica en relación con la regulación de las elecciones locales y el derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: nulidad del precepto legal autonómico que impide la presentación de una moción de censura al alcalde durante los períodos electorales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 82/2012, de 18 de abril de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 2054-2001. Interpuesto por el Presidente del Gobierno con respecto a la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, por la que se declara parque natural las Bardenas Reales de Navarra.

Competencias sobre medio ambiente y defensa nacional: validez de la declaración de espacio natural protegido sin elaboración previa del plan de ordenación de los recursos naturales de la zona y cuyo efectos se difieren al cambio de uso del suelo ocupado por un polígono de tiro. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 83/2012, de 18 de abril de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1902-2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el art. 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias en materia de juego: atribución al Estado de la competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional (STC 35/2012).

Pleno. Sentencia 84/2012, de 18 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 3151-2003. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el art. 138.6 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes: incorrecta formulación del juicio de relevancia al promoverse la cuestión de inconstitucionalidad respecto de un precepto de cuya validez no depende el fallo que deba dictarse en el recurso de suplicación.

Pleno. Sentencia 85/2012, de 18 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 1584-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 79/2012 (constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil).

Pleno. Sentencia 86/2012, de 18 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 3210-2005. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palma de Mallorca respecto al art. 18.1 y 2 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.

Competencias sobre horarios comerciales: desaparición parcial de objeto de la cuestión en relación con el precepto anulado por la STC 26/2012; inaplicabilidad del Derecho sobrevenido a las cuestiones de inconstitucionalidad (STC 184/2011).

Pleno. Sentencia 87/2012, de 18 de abril de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 5053-2006. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

Competencias sobre igualdad básica, medio ambiente y ordenación del territorio: nulidad del precepto legal autonómico que determina limitaciones o servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.

Sala Primera. Sentencia 88/2012, de 7 de mayo de 2012

Recurso de amparo 6976-2006. Promovido por don Rafael Simancas Simancas y otros Diputados de la Asamblea de Madrid en relación con los acuerdos de la Mesa de la Cámara de 21 de marzo y 4 de abril de 2006 por los que se inadmitió a trámite la solicitud de creación de una comisión no permanente de investigación.

Vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: rechazo de la creación de una comisión parlamentaria en un asunto de interés general que contraviene las previsiones del reglamento parlamentario.

Sala Segunda. Sentencia 89/2012, de 7 de mayo de 2012

Conflicto positivo de competencia 5854-2008. Planteado por el Gobierno de Cataluña respecto de la resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de 13 de marzo de 2008 por la que se convocan ayudas para el año 2008 dentro del programa de espacios escénicos de nueva generación.

Competencias sobre cultura: convocatoria estatal de ayudas que vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña.

Sala Primera. Sentencia 90/2012, de 7 de mayo de 2012

Recurso de amparo 7209-2009. Promovido por Bodegas Antaño, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en Castilla y León al no tener carácter básico.

Sala Segunda. Sentencia 91/2012, de 7 de mayo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 9690-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008 y, subsidiariamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012.

Sala Primera. Sentencia 92/2012, de 7 de mayo de 2012

Recurso de amparo 791-2010. Promovido por don Mariano Ariza Jorge en relación con los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid sobre liquidación de condena.

Vulneración del derecho a la libertad personal: prolongación ilegítima de la privación de libertad al no abonarse, para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, parte del tiempo de la prisión preventiva acordada en la misma causa (STC 57/2008).

Sala Primera. Sentencia 93/2012, de 7 de mayo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 1473-2010. Planteada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 12 de Barcelona en relación con el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008.

Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 94/2012, de 7 de mayo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 3215-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008 y, subsidiariamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012.

Sala Segunda. Sentencia 95/2012, de 7 de mayo de 2012

Recurso de amparo 6377-2010. Promovido por doña Susana Patricia Higueras Poyatos en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado de 8 de agosto de 2010, dictado en procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: detención preventiva que duró más del tiempo estrictamente necesario, e inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 165/2007).

Sala Primera. Sentencia 96/2012, de 7 de mayo de 2012

Recurso de amparo 8640-2010. Promovido por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la protección de datos de carácter personal: resolución judicial que ordena la entrega a una asociación de la relación circunstanciada de quienes hubieran contratado con la entidad bancaria determinados productos financieros.

Sala Segunda. Sentencia 97/2012, de 7 de mayo de 2012

Recurso de amparo 2525-2011. Promovido por doña Adelaida Verge Ramos en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria que la condenaron por sendas faltas de lesiones y vejaciones injustas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: citación incursa en defectos formales y en la que no se informaba a la interesada de su condición de denunciada en el proceso.

Sala Primera. Sentencia 98/2012, de 7 de mayo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 127-2012. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Barcelona, en relación con el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008.

Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012. Voto particular.

Pleno. Sentencia 99/2012, de 8 de mayo de 2012

Conflicto positivo de competencia 3549-2001. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con el Real Decreto 117/2001, por el que se establece la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.

Competencias sobre agricultura, ganadería y ordenación general de la economía: regulación de ayudas estructurales cofinanciadas con fondos de la Unión Europea; ejercicio adecuado de la competencia estatal (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 100/2012, de 8 de mayo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 3741-2001. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de medidas urgentes de adaptación y modificación del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción e importación en las islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías.

Principios de irretroactividad de las leyes, de legalidad en materia tributaria y de libertad de circulación de bienes y personas, límites a los decretos-leyes: validez de las disposiciones legales que someten a exacción tributaria la entrada de determinadas mercancías en Canarias.

Pleno. Sentencia 101/2012, de 8 de mayo de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 4246-2001. Planteada por el Juzgado de lo penal núm. 6 de Granada en relación con el artículo 335 del Código penal.

Principio de seguridad jurídica, derecho a la legalidad penal: nulidad de la tipificación, excesivamente abierta e indefinida, del delito de caza y pesca no autorizada.

Pleno. Sentencia 102/2012, de 8 de mayo de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1921-2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Principios de seguridad jurídica, solidaridad y equilibrio interterritorial; interdicción de la arbitrariedad: validez de los preceptos que, incluidos en una ley de contenido heterogéneo, afectan a la regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura.

Pleno. Sentencia 103/2012, de 9 de mayo de 2012

Cuestión interna de inconstitucionalidad 605-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en relación con el artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).

Pleno. Sentencia 104/2012, de 10 de mayo de 2012

Cuestión interna de inconstitucionalidad 644-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional respecto del artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 103/2012.

Sala Primera. Sentencia 105/2012, de 11 de mayo de 2012

Recursos de amparo electorales 2548-2012; 2551-2012; 2562-2012 (acumulados). Promovidos por la candidatura Izquierda Unida de Asturias, don Francisco González Méndez y el Partido Socialista Obrero Español frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló el recuento de la mesa electoral del censo de electores residentes ausentes correspondiente a la circunscripción de occidente en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas el 25 de marzo de 2012 y ordenó repetir las votaciones.

Vulneración de los derechos de sufragio activo y pasivo: improcedencia de una nueva convocatoria electoral al existir garantías estadísticas sólidas para concluir que el cómputo de los votos controvertidos no es determinante del resultado final de la elección. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 106/2012, de 21 de mayo de 2012

Recurso de amparo 8919-2009. Promovido por don Jesús Nguere Mba en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Oviedo y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Único del Principado de Asturias que desestimaron su queja sobre registro de la celda que ocupaba en el centro penitenciario de Asturias.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y tutela judicial efectiva: registro de celda realizado de acuerdo con las previsiones establecidas por la normativa penitenciaria para los departamentos especiales y sin la presencia del recluso por razones de seguridad justificadas por el centro penitenciario.

Sala Segunda. Sentencia 107/2012, de 21 de mayo de 2012

Recurso de amparo 10268-2009. Promovido por don Carlos Luis Trujillo Abreu con respecto a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 4 de Andalucía que desestimaron la impugnación de una resolución sancionadora adoptada por la comisión disciplinaria del centro penitenciario Puerto I.

Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: resolución sancionadora cuyo relato de hechos trae causa de la intervención administrativa de las comunicaciones dirigidas por un recluso al juez de vigilancia penitenciaria.

Sala Segunda. Sentencia 108/2012, de 21 de mayo de 2012

Recurso de amparo 2281-2010. Promovido por don Ignacio Arakama Mendia con respecto al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación interpuesto frente al Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero.

Sala Primera. Sentencia 109/2012, de 21 de mayo de 2012

Recurso de amparo 3757-2010. Promovido por Bodegas Antaño, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en Castilla y León al no tener carácter básico (STC 90/2012).

Pleno. Sentencia 110/2012, de 23 de mayo de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 4596-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación frente al artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del deporte, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas.

Competencias sobre cultura, deporte y relaciones exteriores: interpretación del precepto legal que atribuye a las federaciones deportivas catalanas la representación del deporte correspondiente en los ámbitos supraautonómicos (STC 80/2012).

Pleno. Sentencia 111/2012, de 24 de mayo de 2012

Recursos de inconstitucionalidad 4937-2002 y 5305-2002 (acumulados). Promovidos por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, trabajo y relaciones laborales y educación: nulidad de la reserva al Estado del desarrollo exclusivo de diversas previsiones legales.

Pleno. Sentencia 112/2012, de 24 de mayo de 2012

Conflicto positivo de competencia 3280-2006. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto de sendas resoluciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid convocando concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del anteproyecto de construcción y explotación de la obra "cierre norte de la M-50. Tramo: A-6 a M-607" y del anteproyecto de construcción y explotación de la "nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. Tramo: 607/A-1".

Competencias sobre carreteras: actuaciones autonómicas que vulneran las competencias estatales al versar sobre vías integradas en la red de carreteras del Estado.

Pleno. Sentencia 113/2012, de 24 de mayo de 2012

Recurso de amparo 526-2007. Promovido por don Pello Josepe Etxeberría Lete con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (intangibilidad) y a la libertad personal: resoluciones judiciales que desconocen lo anteriormente decidido con carácter firme acerca del criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 114/2012, de 24 de mayo de 2012

Recurso de amparo 7325-2010. Promovido por don Luis María Lizarralde Izaguirre con respecto al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación interpuesto frente al Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 115/2012, de 4 de junio de 2012

Recurso de amparo 2223-2004. Promovido por Gestión y Construcción de Obras, S.A., en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Albacete y de un Juzgado de Primera Instancia de Villarrobledo declarando desierto un recurso de apelación.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que declaran desierto el recurso de apelación por impago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil tras haber dado la oportunidad de subsanar el defecto padecido (STC 20/2012).

Sala Primera. Sentencia 116/2012, de 4 de junio de 2012

Recurso de amparo 2689-2004. Promovido por Plataforma Frigorífica, S.L., con respecto a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que archivaron el recurso interpuesto contra la Comunidad de Madrid sobre sanción en materia de transportes.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: archivo del recurso contencioso-administrativo por impago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo tras haber dado la oportunidad de subsanar el defecto padecido (STC 20/2012); inadmisión del recurso de apelación fundada en una causa legalmente prevista (STC 59/2003).

Sala Segunda. Sentencia 117/2012, de 4 de junio de 2012

Recurso de amparo 325-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno Alonso en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados miembros no adscritos a ningún grupo municipal.

Supuesta vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos: negativa municipal a tener por constituido el grupo mixto que no influye en los derechos de ejercicio individual de los concejales (STC 20/2011).

Sala Primera. Sentencia 118/2012, de 4 de junio de 2012

Recurso de amparo 3045-2008. Promovido por la convergencia estatal de médicos y ayudantes técnicos sanitarios con respecto a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que inadmitieron su impugnación sobre actividad de las mesas de seguimiento del acuerdo sectorial de sanidad y liberaciones institucionales en el Servicio Andaluz de Salud.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, la tutela judicial efectiva y la libertad sindical: acuerdos en materia de negociación colectiva y crédito horario respetuosos, respectivamente, con la competencia negociadora de todos los legitimados y con la existencia de una carga adicional de trabajo.

Sala Primera. Sentencia 119/2012, de 4 de junio de 2012

Recurso de amparo 6215-2008. Promovido por doña Margarita Jesús Jaráiz Mero y otras dos personas más en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia de Móstoles dictadas en juicio de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): mantenimiento de la subrogación forzosa declarada inconstitucional por la STC 128/1994.

Pleno. Sentencia 120/2012, de 5 de junio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1291-1999. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña con respecto al artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias sobre régimen local, tutela financiera de las entidades locales, bases de ordenación del crédito y general de la economía y hacienda general: validez de las previsiones legales que atribuyen al Estado la potestad para autorizar tanto las operaciones de crédito a largo plazo que concierten los entes locales con entidades financieras no residentes en España, o que se realicen en moneda distinta de la nacional, como determinados escenarios de consolidación presupuestaria.

Pleno. Sentencia 121/2012, de 5 de junio de 2012

Conflicto en defensa de la autonomía local 460-2001. Promovido por el Ayuntamiento de Gijón y otros diecinueve municipios en relación con diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de cajas de ahorro.

Representantes de los entes locales en los órganos rectores de las cajas de ahorro: preceptos legales que no vulneran la autonomía local constitucionalmente garantizada al introducir el principio de proporcionalidad para la designación de los representantes locales y de las entidades locales fundadoras de cajas de ahorro, y modificar el porcentaje de representación del Ayuntamiento de Gijón en la Caja de Ahorros de Asturias.

Pleno. Sentencia 122/2012, de 5 de junio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1772-2001. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: impuesto autonómico con finalidad extrafiscal y cuyo hecho imponible no coincide con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 289/2000).

Pleno. Sentencia 123/2012, de 5 de junio de 2012

Conflicto positivo de competencia 7315-2005. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se restablece el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

Competencias en materia de juego: validez de las disposiciones reglamentarias estatales (STC 32/2012).

Pleno. Sentencia 124/2012, de 5 de junio de 2012

Conflicto positivo de competencia 4572-2006. Promovido por el Gobierno de la Nación respecto de las resoluciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de consultoría y asistencia relativos al anteproyecto de construcción y explotación de la obra "cierre norte de la M-50- Tramo: A-6 a M-607" y al anteproyecto de construcción y explotación de la "nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. Tramo: 607/A-1".

Competencias sobre carreteras: actuaciones autonómicas que vulneran las competencias estatales al versar sobre vías integradas en la red de carreteras del Estado (STC 112/2012).

Sala Segunda. Sentencia 125/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 5583-2005. Promovido por Viajes Mapfre, Agencia de Viajes, S.A., en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid declarando desierto un recurso de apelación al no haberse acreditado la liquidación de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): archivo del recurso de apelación civil por impago de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional sin brindar la oportunidad de subsanar el defecto padecido (SSTC 20/2012 y 79/2012).

Sala Segunda. Sentencia 126/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 1714-2009. Promovido por don Francisco Real Granado con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, en apelación, le condenó por sendos delitos de malos tratos y coacciones.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002); elemento subjetivo del injusto apreciado valorando las declaraciones de testigos.

Sala Segunda. Sentencia 127/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 7210-2009. Interpuesto por Bodegas Antaño, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en Castilla y León al no tener carácter básico (STC 90/2012).

Sala Segunda. Sentencia 128/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 438-2010. Promovido por don Joseba Iñaki Uridain Ziriza con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Primera. Sentencia 129/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 5510-2010. Promovido por Construcciones Conde, S.A., en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimó su recurso de apelación al apreciar extemporaneidad en la consignación del depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): consignación del depósito para recurrir llevada a cabo en el trámite expresamente ofrecido al efecto por el órgano judicial, que posteriormente le niega validez.

Sala Primera. Sentencia 130/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 5682-2010. Promovido por don Tomás Chiscano Andújar con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que desestimó recurso de apelación al apreciar extemporaneidad en la consignación del depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): consignación del depósito para recurrir llevada a cabo al percatarse el propio recurrente del incumplimiento del requisito, tácitamente consentida por el Juzgado que dictó la resolución objeto de impugnación, a la que con posterioridad se niega validez.

Sala Segunda. Sentencia 131/2012, de 18 de junio de 2012

Recurso de amparo 4865-2011. Promovido por don Rubén Villa Esnaola en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Vizcaya y de un Juzgado de Instrucción de Bilbao que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo custodia policial (STC 34/2008).

Pleno. Sentencia 132/2012, de 19 de junio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 6433-2000. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares.

Competencias sobre régimen local; gobierno y administración de las islas: inconstitucionalidad del precepto legal autonómico que permite delegar en el presidente o en la comisión de gobierno el ejercicio de competencias reservadas por la legislación básica al pleno de las corporaciones locales; nulidad de la atribución a un consejero del cargo de secretario del consejo ejecutivo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 133/2012, de 19 de junio de 2012

Conflicto positivo de competencia 3133-2006. Planteado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias con respecto al Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada.

Competencias en materia de juego: validez del reglamento estatal (STC 32/2012).

Pleno. Sentencia 134/2012, de 19 de junio de 2012

Conflicto positivo de competencia 3134-2006. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1336/2005, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles una lotería instantánea o presorteada.

Competencias sobre juego: validez de los preceptos reglamentarios estatales (STC 32/2012).

Pleno. Sentencia 135/2012, de 19 de junio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 7745-2007. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.

Competencias sobre ordenación general de la economía y bases del régimen energético; libertad de empresa y principio de interdicción de la arbitrariedad: validez del precepto legal según el cual las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución de gas natural han de otorgarse preferentemente a la empresa distribuidora de la zona, debiendo atenderse, en ausencia de ésta, a los principios de monopolio natural del transporte y la distribución, red única y realización al menor coste para el sistema gasista.

Pleno. Sentencia 136/2012, de 19 de junio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 2810-2009. Promovido por el Presidente del Gobierno con respecto a los artículos 14 y 15 de la Ley de la Comunidad Valenciana 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, bases y coordinación de la sanidad y Seguridad Social: nulidad de los preceptos legales que regulan la tasa autonómica por prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica a los afiliados a diferentes mutualidades de funcionarios.

Pleno. Sentencia 137/2012, de 19 de junio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 3644-2009. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, en la redacción dada a la misma por la Ley del Parlamento de Galicia 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil, medio ambiente y ordenación del territorio: nulidad del precepto legal autonómico que determina limitaciones o servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre (STC 87/2012).

Pleno. Sentencia 138/2012, de 20 de junio de 2012

Recurso de amparo 2891-2011. Promovido por doña Miren Karmele Agirregabiria Agirre, don José Javier Artola Zubillaga, doña Maider Etxebarria Akaiturri, doña Raquel Sáez de Cámara y el partido político Sortu con respecto al Auto de 30 de marzo de 2011 de la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recaído en el procedimiento de ejecución de la Sentencia 1/2003, de 27 de marzo, por la que se ilegalizaron los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

Vulneración del derecho de asociación, en su vertiente de creación de partidos políticos: ausencia de elementos probatorios sólidos y cualificados que acrediten que el partido político que se pretende constituir viene a continuar o suceder la actividad de las formaciones políticas ilegalizadas y disueltas; relevancia en el momento inicial de los estatutos del nuevo partido político. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 139/2012, de 2 de julio de 2012

Recurso de amparo 1566-2008. Promovido por don Ronald Bolañoz Betancourt y don Gonzalo Taborda Briceño en relación con el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que denegó la entrega del dinero intervenido en una causa penal en la que fueron finalmente absueltos.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (ejecución), a un proceso con garantías y a la legalidad sancionadora: resolución judicial dictada en ejecución de una Sentencia que no se pronunció sobre la devolución del dinero intervenido en la causa penal ni apuntó un fundamento que pudiera habilitarla.

Sala Segunda. Sentencia 140/2012, de 2 de julio de 2012

Recurso de amparo 3464-2009. Promovido por don Mohamed Ami Alí en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Valencia que, tras haberse dictado Sentencia condenatoria por delito contra la salud pública, prorrogaron su situación de prisión provisional ante la eventualidad de que pudieran vencer los plazos de esta medida personal durante la tramitación del recurso de casación interpuesto por la defensa.

Vulneración del derecho a la libertad personal: prórroga de prisión provisional acordada habiéndose sustituido en la Sentencia condenatoria la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.

Sala Segunda. Sentencia 141/2012, de 2 de julio de 2012

Recurso de amparo 5070-2009. Promovido por don F.J.G.F. en relación con los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Granada que acordaron su internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resolución judicial tardía, adoptada sin haber informado al interesado de los derechos a la defensa y a la prueba que le asisten, y carente de la motivación exigible a una medida privativa de libertad.

Sala Primera. Sentencia 142/2012, de 2 de julio de 2012

Recurso de amparo 2908-2010. Promovido por don Andrés Domínguez Villegas en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condenaron por sendos delitos de receptación y de uso de documento falso.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones, proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, presunción de inocencia, a la prueba y a no sufrir indefensión: acceso a la agenda telefónica de una coimputada que no aportó prueba de cargo relevante; actividad probatoria de cargo desarrollada en la vista oral con las debidas garantías y que fue objeto de adecuada valoración a los efectos de entender acreditados todos los elementos constitutivos de la infracción penal.

Sala Primera. Sentencia 143/2012, de 2 de julio de 2012

Conflicto positivo de competencia 5344-2010. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.

Competencias sobre legislación civil y mercantil, ordenación general de la economía, procedimiento administrativo y comercio interior: establecimiento del régimen jurídico de Derecho público de la modalidad comercial consistente en la venta ambulante; regulación de aspectos carentes de una incidencia directa y significativa en la actividad económica general y que vulnera las competencias autonómicas.

Sala Segunda. Sentencia 144/2012, de 2 de julio de 2012

Recurso de amparo 5637-2010. Promovido por don Antonio Muñiz García, don Rafael Muñiz García y Hermanos Muñiz de Ayamonte, S.L., con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que, en apelación, les condenó por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002); elemento subjetivo del injusto apreciado valorando el testimonio de los acusados y las declaraciones del perjudicado, testigos y peritos.

Sala Primera. Sentencia 145/2012, de 2 de julio de 2012

Recurso de amparo 273-2011. Promovido por Iberdrola, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en cuanto confirmó la sanción administrativa impuesta por no haber solicitado a la Comisión Nacional de Energía autorización administrativa para el incremento de participación en el capital social de Medgaz, S.A.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho) y a la legalidad sancionadora: resolución judicial que aplica una norma legal expresamente declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pleno. Sentencia 146/2012, de 5 de julio de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 3792-2001. Planteada por el Juzgado de Menores número 1 de Valencia en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Derecho a un proceso con todas las garantías: validez de los preceptos legales que contemplan la posibilidad de que el instructor reciba declaración al menor cuando aquél lo estime pertinente y siempre que lo solicite en plazo la asistencia letrada del menor y que salvaguardan el derecho de éste a intervenir en el proceso desde la incoación del expediente.

Pleno. Sentencia 147/2012, de 5 de julio de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 4841-2001. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con el artículo 32.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias.

Autonomía local de los cabildos insulares: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad al haberse derogado el precepto legal objeto de la misma y la disposición reglamentaria controvertida en el proceso contencioso-administrativo en cuyo seno se promovió.

Pleno. Sentencia 148/2012, de 5 de julio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1996-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, urbanismo y expropiación forzosa; principio de legalidad sancionadora; potestad tributaria de las Comunidades Autónomas y valoraciones del suelo: nulidad de los preceptos legales autonómicos que extienden al agente urbanizador el tratamiento fiscal de las juntas de compensación, establecen el régimen de indemnización en los proyectos de reparcelación de determinados actos de uso del suelo incompatibles con el planeamiento y permiten el pago del justiprecio expropiatorio prescindiendo del acuerdo del expropiado; interpretación conforme con la Constitución de varias disposiciones legales.

Pleno. Sentencia 149/2012, de 5 de julio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 2004-2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diferentes preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias sobre aguas, medio ambiente y espacios naturales: validez de los preceptos legales que atribuyen a la Administración competente para la autorización del plan o proyecto la realización de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación (STC 13/1998) y que, al trasponer la Directiva marco del agua, incorporan a la Ley de aguas las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición e introducen la noción de demarcación hidrográfica.

Pleno. Sentencia 150/2012, de 5 de julio de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 5985-2010. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local.

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda general, régimen jurídico de las Administraciones públicas y gestión de la actividad de fomento: extralimitación en el ejercicio por el Estado de sus competencias básicas (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 151/2012, de 5 de julio de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 6588-2011. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 3.4 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco.

Competencias sobre legislación procesal (acción pública en materia ambiental): extinción de la cuestión de inconstitucionalidad al haber concluido el proceso contencioso-administrativo por desistimiento de la parte actora.

Sala Primera. Sentencia 152/2012, de 16 de julio de 2012

Recurso de amparo 4017-2009. Promovido por don Ignacio Pujana Alberdi con respecto a las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Segunda. Sentencia 153/2012, de 16 de julio de 2012

Recurso de amparo 5556-2009. Promovido por Inversiones Morco 93, S.L., en relación con el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a Sentencia desestimatoria de su recurso contra la Junta de Castilla y León por sanción en materia de horarios comerciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión inmotivada del incidente de nulidad de actuaciones (STC 107/2011).

Sala Segunda. Sentencia 154/2012, de 16 de julio de 2012

Recurso de amparo 6972-2010. Promovido por don Alfonso Bouzos Cortiñas en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimó su recurso de apelación por no haber constituido en plazo el depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 129/2012 y 130/2012 (subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir).

Sala Segunda. Sentencia 155/2012, de 16 de julio de 2012

Recurso de amparo 544-2011. Promovido por don Juan Carlos Fernández Galende en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su recurso sobre liquidación del impuesto sobre el valor añadido y sanción tributaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia): no pronunciamiento sobre el fondo de un recurso contencioso-administrativo porque no se habían presentado alegaciones en la vía económico-administrativa (STC 75/2008).

Sala Segunda. Sentencia 156/2012, de 17 de septiembre de 2012

Recurso de amparo 586-2010. Promovido por Bodega de Sarriá, S.A.U., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en Castilla y León al no tener carácter básico (STC 90/2012).

Sala Segunda. Sentencia 157/2012, de 17 de septiembre de 2012

Recurso de amparo 2363-2010. Promovido por don Jokin Mirena Sancho Biurrun en relación con las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Primera. Sentencia 158/2012, de 17 de septiembre de 2012

Recurso de amparo 4660-2011. Promovido por don Juan Redondo Fernández en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de León y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre liquidación de condena.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que desestiman una pretensión de doble abono del tiempo de prisión preventiva (STC 92/2012).

Sala Primera. Sentencia 159/2012, de 17 de septiembre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 2331-2012. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife respecto del artículo 131.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las Administraciones públicas de Canarias.

Competencias sobre régimen local: nulidad del precepto legal autonómico que contradice el régimen de mayorías establecido por la legislación básica estatal para la adopción de acuerdos municipales (STC 66/2011).

Pleno. Sentencia 160/2012, de 20 de septiembre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 6021-2001. Planteada por el Juzgado Central de Menores en relación con el apartado 2 c) de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, introducida por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código penal y de la Ley Orgánica 5/2000 en relación con delitos de terrorismo.

Principios de igualdad en la ley y de orientación resocializadora de la pena: constitucionalidad del precepto legal que restringe las posibilidades de modificar, sustituir o suspender la aplicación de la medida de internamiento hasta el cumplimiento de la mitad de su duración en los supuestos de comisión de determinados delitos especialmente graves. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1674-2003. Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación condiversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: inconstitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que establecen deducciones sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Pleno. Sentencia 162/2012, de 20 de septiembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1851-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 53/2002, de 31 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias sobre Administración de Justicia, costas, juego y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el hecho imponible de las tasas sobre el juego (STC 35/2012), crean la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y definen los importes mínimos de financiación autonómica de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; nulidad del precepto que incorpora una interpretación abstracta del sistema de competencias sobre el dominio público marítimo terrestre (STC 149/1991).

Pleno. Sentencia 163/2012, de 20 de septiembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1916-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Distribución de competencias sobre Administración de Justicia: constitucionalidad de las disposiciones legales estatales relativas a la dotación de oficinas judiciales, archivos judiciales, institutos de medicina legal y régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia (SSTC 253/2005 y 31/2010).

Sala Primera. Sentencia 164/2012, de 1 de octubre de 2012

Recurso de amparo 11705-2006. Promovido por la entidad mercantil Majadarozas Courier, S.L., en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que inadmitieron un recurso de apelación al no haberse acreditado la liquidación de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten el recurso de apelación por impago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil tras haber dado la oportunidad de subsanar el defecto padecido (STC 20/2012).

Sala Primera. Sentencia 165/2012, de 1 de octubre de 2012

Recurso de amparo 5499-2009. Promovido por doña Miren Maitane Sagastume Arrieta en relación con las resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Primera. Sentencia 166/2012, de 1 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 43-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona respecto del artículo 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor.

Derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad): nulidad del precepto legal que traslada la calificación de las sanciones administrativas al momento aplicativo.

Sala Primera. Sentencia 167/2012, de 1 de octubre de 2012

Recurso de amparo 8327-2010. Promovido por don Raúl Ibáñez Díez en relación con los Autos de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Primera. Sentencia 168/2012, de 1 de octubre de 2012

Recurso de amparo 3604-2011. Promovido por doña Carmen Menéndez González-Palenzuela y doña Rosa María Alcalá Chacón en relación con sendos acuerdos de la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid aceptando que el Director General de Medio Ambiente compareciese en representación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que las propuestas de resolución relativas a la declaración del parque nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama hubieran de ser de aceptación o rechazo global.

Alegada vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: inadmisión del recurso de amparo por falta de legitimación activa de las Diputadas autonómicas que lo promovieron (STC 98/2009).

Sala Segunda. Sentencia 169/2012, de 1 de octubre de 2012

Recurso de amparo 6022-2011. Promovido por don Fredy Oswaldo Calle Quintero frente a la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid acordando su expulsión del territorio nacional en expediente sancionador, confirmada por Sentencias de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Vulneración del derecho a la defensa: resolución administrativa que sustituye la sanción de multa por la expulsión del territorio nacional fundándose en datos incorporados a la propuesta de resolución, de la que no se dio traslado al interesado (STC 145/2011).

Pleno. Sentencia 170/2012, de 4 de octubre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 5013-2000. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

Límites a los decretos leyes; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, bases del régimen energético, comercio interior, industria y urbanismo: concurrencia del presupuesto habilitante del decreto ley; nulidad del precepto estatal que excluye del cómputo de edificabilidad los espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se destinen al suministro de combustible a vehículos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 171/2012, de 4 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 311-2003. Planteada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en relación con el artículo 123.3 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de Galicia.

Principios de igualdad y protección a la infancia; prohibición de discriminación: nulidad parcial del precepto legal que, al regular el usufructo voluntario de viudedad, priva de protección a los descendientes del causante que no sean comunes con el usufructuario.

Pleno. Sentencia 172/2012, de 4 de octubre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1871-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el artículo 12.1 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias sobre juego, sistema de financiación autonómica: constitucionalidad del precepto estatal que regula el hecho imponible de la tasa sobre rifas (STC 35/2012).

Sala Segunda. Sentencia 173/2012, de 15 de octubre de 2012

Conflicto positivo de competencia 4682-2008. Planteado por el Gobierno de la Xunta de Galicia en relación con la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, asistencia social y promoción del desarrollo comunitario: nulidad de diversos preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992).

Sala Primera. Sentencia 174/2012, de 15 de octubre de 2012

Recurso de amparo 10210-2008. Promovido por don José Ramón Martínez de la Fuente Inchaurregui en relación con las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Segunda. Sentencia 175/2012, de 15 de octubre de 2012

Recurso de amparo 2675-2009. Promovido por Buque Bus España, S.A., en relación con las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que confirmaron la sanción impuesta por concertación de precios con otras empresas navieras.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, la presunción de inocencia y la legalidad sancionadora: reproche de discriminación por indiferenciación carente de fundamento constitucional; denuncia de trato desigual ayuna de un término homogéneo de contraste; presunción de inocencia enervada por prueba indiciaria constitucionalmente válida, y suficiencia de la predeterminación normativa de la correlación entre infracciones y sanciones.

Sala Primera. Sentencia 176/2012, de 15 de octubre de 2012

Recurso de amparo 9876-2009. Promovido por doña Josefa L.M. en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y un Juzgado de Primera Instancia en juicio ordinario de filiación no matrimonial.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación por razón de sexo y a la tutela judicial efectiva: inadmisión de recurso de amparo que no contiene una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional.

Sala Segunda. Sentencia 177/2012, de 15 de octubre de 2012

Conflicto positivo de competencia 10023-2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en relación con la Orden SAS/2080/2009, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y Consumo.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, asistencia social, asociaciones y fundaciones, e investigación científica y técnica: nulidad de diversos preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992).

Sala Segunda. Sentencia 178/2012, de 15 de octubre de 2012

Recurso de amparo 7963-2010. Promovido por don Fermín Vioque Ruiz en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba y de un Juzgado de lo Penal que le condenaron por un delito contra la ordenación del territorio.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: inadmisión de recurso de amparo que no contiene una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional.

Sala Primera. Sentencia 179/2012, de 15 de octubre de 2012

Recurso de amparo 8742-2010. Promovido por don Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu en relación con las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Primera. Sentencia 180/2012, de 15 de octubre de 2012

Recurso de amparo 9017-2010. Promovido por don Ángel Acedo Penco en relación con la Sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz que desestimó su recurso de apelación al no haber constituido en plazo el depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 129/2012 y 130/2012 (subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir).

Sala Primera. Sentencia 181/2012, de 15 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 5673-2011. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al artículo 26 a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las Administraciones públicas de Cataluña.

Competencias en materia de función pública: validez del precepto legal autonómico que limita al cuidado de los hijos menores de seis años el derecho a la reducción de jornada reconocido en la legislación básica estatal para atender a los menores de hasta doce años.

Sala Primera. Sentencia 182/2012, de 17 de octubre de 2012

Recurso de amparo 3787-2011. Promovido por doña Ainhoa Villaverde Arrizabalaga en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Álava y de un Juzgado de Instrucción de Vitoria que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas.

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la prueba: investigación suficiente de una denuncia de tortura que se dicen sufrida bajo custodia policial (STC 34/2008).

Pleno. Sentencia 183/2012, de 17 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 4975-2000. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con el apartado primero de la disposición transitoria primera de las Normas de gobierno interior del Parlamento de Canarias.

Igualdad en el acceso a la función pública y promoción interna: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad al versar sobre una norma carente de fuerza de ley. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 184/2012, de 17 de octubre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1601-2003. Interpuesto por la Diputación General de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

Competencias en materia de educación y reserva de ley orgánica: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a los itinerarios y materiales educativos, establecimiento de criterios de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, organización de centros públicos y que contemplan distintas técnicas de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas; carácter orgánico de las referencias a los conciertos en el nivel de educación infantil.

Pleno. Sentencia 185/2012, de 17 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 8912-2006. Planteada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria en relación con el artículo 92.8 del Código civil, en la redacción dada al mismo por la Ley 15/2005, de 8 de julio.

Derecho a la tutela judicial efectiva, exclusividad jurisdiccional y principio de protección a la familia: nulidad parcial del precepto legal que, en los procesos de separación y divorcio en los que no medie acuerdo entre los padres, supedita al informe favorable del Ministerio Fiscal la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida de los hijos menores de edad. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 186/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 6106-2009. Promovido por don Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo en relación con las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Segunda. Sentencia 187/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 2028-2010. Promovido por la Generalitat de Cataluña en relación con la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, desestimatoria del recurso de casación formulado frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre ejecución del planeamiento urbanístico del municipio de La Roda del Vallès.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 173/2002).

Sala Segunda. Sentencia 188/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 8451-2010. Promovido por don Silvestre Hurtado Palomero frente al Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por el que se inadmitió recurso de casación formulado en relación con los Autos de la Sala del mismo orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana denegando el incidente de ejecución de sentencia instado con apoyo en la STC 111/2009.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): interpretación limitativa de la legitimación activa para promover el incidente de ejecución de sentencia que reincide en el vicio apreciado en la STC 111/2009.

Sala Segunda. Sentencia 189/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 8559-2010. Promovido por don Miguel Ángel López Rodríguez en relación con las Sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo Social de Córdoba que confirmaron la decisión administrativa de deducir del importe de la pensión no contributiva de invalidez la cantidad correspondiente a la manutención proporcionada durante el tiempo que estuvo internado en un establecimiento penitenciario. .

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no niegan el ejercicio de derechos fundamentales ni la prestación de seguridad social.

Sala Segunda. Sentencia 190/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 8677-2010. Promovido por Construcciones Juan Granjo, S.L., y doña María del Rosario Ventosa San Emeterio en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz desestimatoria de recurso de apelación por la concurrencia de sendos óbices procesales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): desestimación del recurso de apelación civil por impago de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional y por falta de constitución del depósito para recurrir sin dar validez a la subsanación de ambos defectos (SSTC 20/2012, 129/2012 y 130/2012).

Sala Primera. Sentencia 191/2012, de 29 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 1320-2011. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al artículo 26 a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las Administraciones públicas de Cataluña.

Competencias en materia de función pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico que limita al cuidado de los hijos menores de seis años el derecho a la reducción de jornada reconocido en la legislación básica estatal para atender a los menores de hasta doce años (STC 181/2012).

Sala Segunda. Sentencia 192/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 5822-2011. Promovido por don Pedro González-Trevijano Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la proclamación de su candidatura al cargo de Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

Vulneración del derecho a acceder a las funciones públicas: resolución judicial que procede a una interpretación extensiva de la causa de inelegibilidad establecida en los estatutos de la Universidad. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 193/2012, de 29 de octubre de 2012

Recurso de amparo 6220-2011. Promovido por don Facundo José Alba Ruiz en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid aprobatorias de la liquidación de condena. .

Vulneración de los derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva: prolongación ilegítima de la privación de libertad al no abonarse, para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, parte del tiempo de la prisión preventiva acordada en la misma causa (STC 57/2008).

Pleno. Sentencia 194/2012, de 31 de octubre de 2012

Conflicto positivo de competencia 2624-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad.

Competencias sobre legislación laboral y educación: remisión a una orden ministerial de la regulación del funcionamiento de las comisiones de evaluación de la gestión del plan nacional de formación e inserción profesional que vulnera las competencias de organización administrativa de la Generalitat de Cataluña.

Pleno. Sentencia 195/2012, de 31 de octubre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 6067-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro.

Pleno. Sentencia 196/2012, de 31 de octubre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 8556-2005. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los apartados b) y c) del artículo 2.1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, prohibición de doble imposición: nulidad de la ley autonómica en cuanto grava la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos (STC 289/2000).

Pleno. Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1819-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales.

Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias sobre sanidad y función pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan sendas deducciones en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (STC 161/2012) y que atribuyen carácter irrenunciable al complemento específico del personal facultativo del servicio autonómico de salud; constitucionalidad del impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales (STC 122/2012).

Pleno. Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 6864-2005. Interpuesto por más cincuenta Diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Garantía institucional del matrimonio y protección de la familia: constitucionalidad de la regulación legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 199/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 5391-2009. Promovido por doña Itziar Martínez Sustatxa en relación con las resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al haberse simultaneado el recurso de amparo con una solicitud de nulidad de actuaciones.

Sala Primera. Sentencia 200/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 9471-2009. Promovido por don José María Fernández del Río Fernández en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su recurso sobre liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y sanción tributaria.

Alegada vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: extemporaneidad del recurso de amparo al haberse formulado un incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente.

Sala Segunda. Sentencia 201/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 3976-2010. Promovido por don José Bonillo Requena en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a la absolución de quien había sido acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que deja sin respuesta una impugnación fundándose en una interpretación errónea de la doctrina constitucional relativa a la necesidad de audiencia personal al acusado y celebración de vista oral en la apelación.

Sala Segunda. Sentencia 202/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 6485-2010. Promovido por doña María Jesús Aneiros Martínez y otras dos personas más en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Pontevedra que tuvieron por no preparado el recurso de apelación por falta de constitución en plazo del depósito para recurrir.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse formulado incidente de nulidad de actuaciones.

Sala Segunda. Sentencia 203/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 288-2011. Promovido por don Francisco Luis Fernández-Mejía Fernández respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Granada que inadmitieron su recurso de apelación al no haber constituido en plazo el depósito para recurrir.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir (SSTC 129/2012 y 130/2012).

Sala Primera. Sentencia 204/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 3142-2011. Promovido por don Jesús Flores Quintero en relación las resoluciones de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que inadmiten su recurso de apelación por no haber constituido en plazo el depósito para recurrir ni acreditado el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): decisión de inadmisión del recurso de apelación que no toma en consideración que el recurrente había advertido repetidamente al órgano jurisdiccional de que su petición de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita se hallaba pendiente de resolución.

Sala Primera. Sentencia 205/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 3250-2012. Promovido por don Khaled Salem Ismail en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición a la República Árabe de Egipto.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la extradición de nacional español, al apreciar un mantenimiento fraudulento de la nacionalidad española, que se funda en una argumentación incompatible con las exigencias de los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libertad de residencia.

Sala Primera. Sentencia 206/2012, de 12 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 3252-2012. Promovido por doña Magda Salem Ismail en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición a la República Árabe de Egipto.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la extradición de nacional español, al apreciar un mantenimiento fraudulento de la nacionalidad española, que se funda en una argumentación incompatible con las exigencias de los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libertad de residencia.

Pleno. Sentencia 207/2012, de 14 de noviembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 1037-2000. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios.

Competencias sobre educación: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña al regular, con excesivo grado de detalle, el desarrollo de la prueba de acceso a los estudios universitarios.

Pleno. Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1336-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias tributarias de la Comunidad Foral de Navarra: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 122/2012). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Leyes de contenido heterogéneo, facultades de enmienda del Senado, principios democrático, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, procedimiento legislativo: STC 136/2011 (conexión de homogeneidad de la enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes de contenido heterogéneo).

Pleno. Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito.

Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con el gravado por el impuesto sobre el valor añadido ni por el impuesto sobre actividades económicas y que no vulnera el principio de libertad de circulación de personas y bienes (STC 168/2004).

Pleno. Sentencia 211/2012, de 14 de noviembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 1453-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico, y con la resolución de la Subsecretaría de dicho Ministerio de 26 de noviembre de 2002, que regula la utilización del sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo.

Competencias sobre Seguridad Social y legislación laboral: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de ejecución de la legislación laboral en materia de seguridad y salud laboral.

Pleno. Sentencia 212/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1621-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

Competencias sobre educación y reserva de ley orgánica: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las enseñanzas comunes, formación del profesorado, evaluación e inspección educativa, premios a la excelencia académica, materiales educativos y que incorporan diversas remisiones al desarrollo reglamentario de la ley (STC 184/2012); inconstitucionalidad de la atribución de carácter orgánico a los preceptos que remiten al Gobierno la concreción de las enseñanzas comunes en educación primaria y secundaria, así como la alteración de los itinerarios de la educación secundaria obligatoria.

Pleno. Sentencia 213/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1649-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la organización de la educación preescolar, el régimen de conciertos en el nivel de educación infantil, itinerarios educativos y promoción de los alumnos (STC 184/2012).

Pleno. Sentencia 214/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1660-2003. Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de calidad de la educación.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que regulan las enseñanzas comunes, distintos aspectos de la educación preescolar, el régimen de conciertos en la educación infantil, el establecimiento de criterios de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, contemplan distintas técnicas de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas e incorporan diversas remisiones al desarrollo reglamentario de la ley (STC 184/2012); constitucionalidad de las disposiciones legales relativas a la atención a alumnos con necesidades educativas específicas.

Pleno. Sentencia 215/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 5851-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de previsión social.

Competencias sobre ordenación de los seguros y mutualidades: nulidad de los preceptos legales que contradicen las normas básicas estatales que establecen un triple punto de conexión para delimitar las competencias autonómicas y prohíben a las mutualidades de previsión social participar como coaseguradoras en la cobertura de riesgos (STC 173/2005). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 216/2012, de 14 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1256-2004. Interpuesto por sesenta y ocho Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general.

Competencias sobre puertos de interés general y medio ambiente: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el plan director de infraestructuras del puerto.

Sala Primera. Sentencia 217/2012, de 26 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 1595-2009. Promovido por don Francisco Javier Lujanbio Galdeano en relación con las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.

Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad) y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

Sala Segunda. Sentencia 218/2012, de 26 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 5895-2010. Promovido por Fontanería Gallardo, S.L., en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que desestimó su recurso de apelación al no haberse acreditado la liquidación de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): archivo del recurso de apelación civil por impago de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional sin brindar la oportunidad de subsanar el defecto padecido (SSTC 20/2012 y 79/2012).

Sala Segunda. Sentencia 219/2012, de 26 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 444-2011. Promovido por don Francisco Javier González Enríquez y otras personas en relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resoluciones judiciales que rechazan la personación en las diligencias preliminares de quienes se vieron afectados por la decisión judicial de ordenar la entrega, a una asociación de usuarios, de la relación de personas que hubieran contratado determinados productos financieros (STC 96/2012).

Sala Segunda. Sentencia 220/2012, de 26 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 142-2012. Promovido por doña Rocío Andalucía Parrado Fernández en relación con las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, declaratorias de la caducidad de la acción en procedimiento sobre despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): aplicación judicial de la institución de la caducidad excesivamente rigorista y contraria al principio pro actione al no ponderar el hecho de que la ampliación tardía de la demanda no fue obstáculo para que la contraparte tuviera conocimiento tempestivo del ejercicio de la acción dirigida frente a ella.

Sala Primera. Sentencia 221/2012, de 26 de noviembre de 2012

Recurso de amparo 143-2012. Promovido por don Prince Basil Akpaka respecto de los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria desestimatorios de su petición de abono del tiempo transcurrido en prisión preventiva en causa distinta de la que se hallaba extinguiendo.

Alegada vulneración del derecho a la libertad personal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina.

Pleno. Sentencia 222/2012, de 27 de noviembre de 2012

Cuestión de inconstitucionalidad 5090-2002. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona, sobre el artículo 261.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

Derecho a la inviolabilidad del domicilio: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por falta de las condiciones procesales al no haberse realizado adecuadamente el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Pleno. Sentencia 223/2012, de 29 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1671-2002. Interpuesto por el Parlamento de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: constitucionalidad de las disposiciones legales relativas al acceso a la universidad, oferta de plazas en las universidades públicas, centros adscritos a estas, consejos de departamento e institutos universitarios de investigación, reconocimiento y profesorado de universidades privadas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 224/2012, de 29 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1933-2004. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Distribución de competencias sobre Administración de Justicia: nulidad del precepto legal estatal que atribuye al Ministerio de Justicia la potestad de creación de las oficinas de señalamiento inmediato (STC 163/2012).

Pleno. Sentencia 225/2012, de 29 de noviembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 2947-2005. Planteado por la Junta de Galicia en relación con la Orden APU/4217/2004, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación.

Competencias sobre legislación laboral, régimen jurídico de las Administraciones públicas y régimen estatutario de los funcionarios públicos: ayudas estatales para la formación de personal al servicio de las Administraciones locales, preceptos reglamentarios que invaden competencias ejecutivas de titularidad autonómica (STC 228/2003).

Pleno. Sentencia 226/2012, de 29 de noviembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 7046-2005. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con la Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación en los servicios sociales.

Competencias sobre fomento de la investigación científica y técnica y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992). Voto particular.

Pleno. Sentencia 227/2012, de 29 de noviembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 1908-2006. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con la Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvenciones a municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración, hacienda general y deuda del Estado, fomento de la investigación científica y técnica, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC 13/1992). Voto particular.

Pleno. Sentencia 228/2012, de 29 de noviembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 2136-2008. Interpuesto por el Consell de la Generalitat de la Comunidad Valenciana en relación con diversos preceptos de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

Competencias sobre legislación laboral y asistencia social: inconstitucionalidad de sendos preceptos legales estatales en los que se reconoce a las Comunidades Autónomas una competencia normativa de la que carecen y se invoca la cláusula de supletoriedad para el ejercicio de competencias ejecutivas por la Administración estatal; interpretación conforme del precepto legal que versa sobre las relaciones de las empresas de inserción con los servicios sociales públicos y los servicios públicos de empleo. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 229/2012, de 10 de diciembre de 2012

Recurso de amparo 7262-2009. Promovido por don Rolando Laverde Marín respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid sobre liquidación de condena.

Vulneración del derecho a la libertad: prolongación ilegítima de la privación de libertad al no abonarse, para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, parte del tiempo de la prisión preventiva acordada en la misma causa (STC 57/2008); resoluciones judiciales que desestiman una pretensión de doble abono del tiempo de prisión preventiva (STC 92/2012).

Sala Primera. Sentencia 230/2012, de 10 de diciembre de 2012

Recurso de amparo 1134-2010. Promovido por don Carlos Luis Trujillo Abreu con respecto a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 4 de Andalucía que desestimaron la impugnación de una resolución sancionadora adoptada por la comisión disciplinaria del centro penitenciario Puerto I.

Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: resolución sancionadora cuyo relato de hechos trae causa de la intervención administrativa de las comunicaciones dirigidas por un recluso al juez de vigilancia penitenciaria (STC 107/2012).

Sala Primera. Sentencia 231/2012, de 10 de diciembre de 2012

Recurso de amparo 3869-2011. Promovido por don Jorge Gómez Muguruza en relación con las resoluciones del Juzgado de lo Social núm. 4 de Ourense que inadmitieron su demanda de reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión arbitraria de demanda social fruto de la valoración de su calidad técnica y rigor expresivo.

Sala Segunda. Sentencia 232/2012, de 10 de diciembre de 2012

Recurso de amparo 3251-2012. Promovido por don Hussein Salem Fawzi en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición a la República Árabe de Egipto.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la extradición de nacional español, al apreciar un mantenimiento fraudulento de la nacionalidad española, que se funda en una argumentación incompatible con las exigencias de los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libertad de residencia (SSTC 205/2012 y 206/2012).

Pleno. Sentencia 233/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 5019-2000. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

Límites a los decretos leyes; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, bases del régimen energético y urbanismo: preceptos estatales relativos al régimen urbanístico de los espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se destinen al suministro de combustible a vehículos que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias (STC 170/2012). Voto particular.

Pleno. Sentencia 234/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 4288-2001. Interpuesto por sesenta y cinco Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la disposición adicional octava de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 1/2001, de 24 de abril, del suelo.

Principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y protección del medio ambiente: nulidad de la disposición legal que procede a una nueva delimitación territorial de espacios naturales protegidos en términos que generan incertidumbre acerca de qué concretas partes del territorio autonómico son acreedoras de protección ambiental.

Pleno. Sentencia 235/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1870-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Competencias sobre Administración de Justicia, aeropuertos, telecomunicaciones y televisión: nulidad de los preceptos legales que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de competencias de supervisión sobre formación de cadenas televisivas y emisión en cadena cuando estas actividades se desarrollen en el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

Pleno. Sentencia 236/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 1004-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con el artículo 1.2 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

Competencias sobre legislación civil y hacienda general; principios de igualdad en la ley y justicia tributaria: constitucionalidad del precepto relativo a la preferencia aplicativa del régimen de protección del patrimonio de personas con discapacidad establecido en la propia Ley 41/2003, de 18 de noviembre.

Pleno. Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 4786-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional.

Límites a los decretos leyes; planificación económica y principios de interdicción de la arbitrariedad y de utilización racional de los recursos naturales: constitucionalidad del decreto ley que deroga las previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro.

Pleno. Sentencia 238/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 2169-2005. Interpuesto por ochenta y dos Diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Principios de Estado democrático de Derecho, democracia parlamentaria, interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica; procedimiento legislativo; garantías de la independencia judicial: constitucionalidad de las disposiciones legales relativas al régimen de mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos por el Consejo General del Poder Judicial.

Pleno. Sentencia 239/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 6522-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro (STC 195/2012).

Pleno. Sentencia 240/2012, de 13 de diciembre de 2012

Recurso de inconstitucionalidad 6651-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro (STC 195/2012).

Sala Primera. Sentencia 241/2012, de 17 de diciembre de 2012

Recurso de amparo 7304-2007. Promovido por doña Mercedes Ruiz Medina respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Social de Sevilla en procedimiento sobre tutela de derechos fundamentales.

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones informáticas resultante de un hallazgo casual y que se efectúa sobre un programa introducido en un soporte de uso común por todos los trabajadores. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 242/2012, de 17 de diciembre de 2012

Recurso de amparo 7585-2010. Promovido por Lopesan Touristik, S.A., y otras cuatro entidades mercantiles en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, en proceso sobre modificación puntual del plan general de ordenación urbana de San Bartolmé de Tirajana.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: entidades mercantiles que no fueron emplazadas personalmente al proceso pese a ostentar interés legítimo en su condición de propietarias de parcelas hoteleras afectadas por la modificación del planeamiento urbanístico controvertida.

Sala Segunda. Sentencia 243/2012, de 17 de diciembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 5413-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios estatales que vulneran competencias de la Generalitat de Cataluña (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 244/2012, de 18 de diciembre de 2012

Conflicto positivo de competencia 7264-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Competencias en materia laboral: atribución a la Administración del Estado del ejercicio de funciones ejecutivas que vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña al basarse exclusivamente en los efectos territoriales de las actuaciones; interpretación conforme de preceptos reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (STC 95/2002). Voto particular.

Pleno. Sentencia 245/2012, de 18 de diciembre de 2012

Recursos de inconstitucionalidad 908-2004, 909-2004, 917-2004, 918-2004, 930-2004 y 933-2004 (acumulados). Interpuestos por la Junta de Extremadura, el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Diputación de Aragón y la Junta de Comunidades de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario.

Competencias sobre ferrocarriles: nulidad de la disposición legal que define la red ferroviaria de interés general por relación a las infraestructuras ferroviarias explotadas por organismos dependientes de la Administración del Estado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 246/2012, de 20 de diciembre de 2012

Cuestiones de inconstitucionalidad 1992-2010 y 7128-2010 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con los artículos 32.4 y 33.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la Comunidad de Madrid.

Derechos a la igualdad en la ley y al ejercicio de los cargos públicos: nulidad del precepto legal autonómico que excluye absolutamente la participación de los concejales no adscritos en las comisiones informativas municipales; interpretación conforme del precepto legal que atribuye menos derechos a los concejales no adscritos que a aquellos otros incorporados a un grupo municipal (SSTC 32/1985 y 169/2009).

AUTOS

Pleno. Auto 7/2012, de 13 de enero

Inadmite a trámite el recurso de amparo 1598-2011, promovido por don Pedro María Gragera de Torres y 321 personas más en relación con el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de diciembre de 2010, de autorización de la prórroga del estado de alarma. Voto particular.

Pleno. Auto 9/2012, de 13 de enero

Inadmite a trámite el recurso de amparo 5241-2011, promovido por don Gaspar Llamazares Trigo y doña Nuria Buenaventura Puig, Diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds en el Congreso de los Diputados, en relación con una resolución y varios acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados sobre tramitación de la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución. Votos particulares.

Pleno. Auto 34/2012, de 14 de febrero

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5595-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona en relación con el artículo 117.1 del texto refundido de la Ley de aguas.

Pleno. Auto 68/2012, de 17 de abril

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6252-2011, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en relación con la disposición transitoria tercera de la Ley de Extremadura 3/1990, de 24 de mayo, de la función pública.

Pleno. Auto 109/2012, de 22 de mayo

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6526-2011, planteada por el Tribunal Militar Territorial Primero en relación con el artículo 454 de la Ley Orgánica procesal militar.

Pleno. Auto 110/2012, de 22 de mayo

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6527-2011, planteada por el Tribunal Militar Territorial Primero en relación con el artículo 454 de la Ley Orgánica procesal militar.

Pleno. Auto 145/2012, de 16 de julio

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6897-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 36.4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

Pleno. Auto 146/2012, de 16 de julio

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1425-2012, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2009, de 30 de septiembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

Pleno. Auto 162/2012, de 13 de septiembre

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2643-2012, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación el párrafo segundo del apartado 2 del artículo único de la Ley del Parlamento de Canarias 7/2010, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010.

Pleno. Auto 191/2012, de 16 de octubre

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2303-2012 planteada por el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 2/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Pleno. Auto 220/2012, de 27 de noviembre

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1046-2011, planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 9.3 de la Ley de la Asamblea de Madrid 6/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor.

Pleno. Auto 237/2012, de 11 de diciembre de 2012

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4838-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid en relación con el artículo 138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de transportes terrestres.

Pleno. Auto 247/2012, de 18 de diciembre de 2012

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2220-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Granada en relación con el artículo 20.4 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

Anexo III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

CUADRO Nº 1. Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas

Meses | Pleno | Salas | Totales
ENERO | 10 | 561 | 571
FEBRERO | 3 | 619 | 622
MARZO | 6 | 701 | 707
ABRIL | 12 | 652 | 664
MAYO | 5 | 687 | 692
JUNIO | 8 | 720 | 728
JULIO | 9 | 811 | 820
AGOSTO | 5 | 105 | 110
SEPTIEMBRE | 6 | 556 | 558
OCTUBRE | 15 | 683 | 698
NOVIEMBRE | 5 | 609 | 614
DICIEMBRE | 5 | 505 | 510
TOTALES | 89 | 7.205 | 7.294

CUADRO Nº 2. Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso

Recursos de inconstitucionalidad | 38
Cuestiones de inconstitucionalidad | 42
Recursos de amparo | 7.205
Conflictos positivos de competencia | 8
Conflictos negativos de competencia | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
Total | 7.294

Asuntos ingresados en el Tribunal

Asuntos ingresados en el Pleno

CUADRO Nº 3. Resoluciones dictadas durante el año [1]

| Pleno | Sala Primera y sus Secciones | Sala Segunda y sus Secciones | Total
Sentencias
- estimación (total o parcial) | 52 | 23 | 38 | 113
- desestimación | 72 | 22 | 9 | 103
- inadmisión | 12 | 14 | 4 | 30
Total Sentencias (+ asuntos acumulados): | 136 (+9) | 59 (+5) | 51 | 246 (+14)
Dictadas por la Sala, o | 136 | 59 | 50 | 245
Por la Sección 1ª | - | - | - | -
Por la Sección 2ª | - | - | - | -
Por la Sección 3ª | - | - | - | -
Por la Sección 4ª | - | - | 1 | 1
Autos
- Inadmisión | 26 | - | - | 26
- Terminación [2] | 18 | 36 | 25 | 79
- Suspensión de leyes | 9 | - | - | 9
- Suspensión de otras disposiciones | 4 | 35 | 23 | 62+4 [3]
- Aclaración o rectificación | 1 | - | 1 | 2
- Acumulación | 1 | 2 | 1 | 4
- Recusación y abstención | 8 | 28 | 1 | 37
- Ejecución | 1 | 1 | 1 | 3
- Súplica | 1 | 9 | 3 | 13
- Varios | 2 | 5 | 3 | 10
Total Autos | 71 | 116 | 58 | 249
Providencias [4]
Admisión | 81 | 67 | 61 | 209
Inadmisión [5] | 2 | 3.922 (-3) | 3.374 (-1) | 7.298 (-4)
Terminación | 1 | 28 | 14 | 43
Total de resoluciones dictadas | 291 | 4.192 | 3.558 | 8.041
Total de resoluciones interlocutorias | 108 | 147 | 94 | 349
Total de resoluciones definitivas [6] | 183 | 4.045 | 3.464 | 7.692
Total de asuntos resueltos | 192 | 4.047 | 3.463 | 7.702

Resoluciones definitivas

CUADRO Nº 4. Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos [7] )

Recurso de inconstitucionalidad | 51 (+6)
Cuestión de inconstitucionalidad [8] | 41 (+1)
Recurso de amparo | 124 (+5)
Conflicto positivo de competencias | 29 (+2)
Conflicto negativo de competencia | -
Conflicto entre órganos constitucionales | -
Conflicto en defensa de la autonomía local | 1
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
Total de Sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 246 (+14)

CUADRO Nº 5. Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos

| Pleno | Sala Primera | Sala Segunda | Salas | Total
Asuntos recibidos | 89 | 3.603 | 3.602 | 7.205 | 7.294
De nuevo ingreso | 89 | 3.603 | 3.602 | 7.205 | 7.294
Traslados entre Salas | - | - | - | - |
Asuntos admitidos | 81 | 67 | 61 | 128 | 209
Asuntos inadmitidos | 28 | 3.919 | 3.373 | 7.292 | 7.320
Por providencia | 2 | 3.922 | 3.374 | 7.296 | 7.298
Por Auto | 26 | - | - | - | 26
Revocaciones en súplica | - | -3 | -1 | -4 | -4
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | - | 64 | 39 | 103 | 103
Por providencia | - | 28 | 14 | 42 | 42
Por Auto | - | 36 | 25 | 60 | 60
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | -20 | -447 | 129 | -318 | -338

FASE DE SENTENCIA | Pleno | Sala Primera | Sala Segunda | Secciones | Salas y Secciones | Total
Asuntos a sentenciar | 77 | 77 | 55 |  | 132 | 209
Asuntos admitidos | 81 | 67 | 61 | - | 128 | 209
Traslados entre Salas | - | - | - | - | - | -
Avocados (admitidos) | 24 | -3 | -21 | - | - | -
Deferidos a las Salas | -28 | +13 | +15 | - | - | -
Deferidos a las Secciones | - | - | - | - | - | -
Acumulaciones | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
Procesos a sentenciar | 76 | 76 | 55 |  | 131 | 207
Asuntos resueltos | 163 | 100 | 74 | 1 | 175 | 338
Por Sentencia | 136 | 59 | 50 | 1 | 110 | 246
De los cuales, por la Sala | 136 | 59 | 50 | - | - | 245
Sección 1ª | - | - | - | - | - | -
Sección 2ª | - | - | - | - | - | -
Sección 3ª | - | - | - | - | - | -
Sección 4ª | - | - | - | 1 |  |
Acumulados | 9 | 5 | - | - | 5 | 14
Asuntos terminados (después de su admisión) | 18 | 36 | 24 | - | 60 | 78
Procesos resueltos | 154 | 95 | 74 | 1 | 170 | 324
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | -86 | -23 | -19 | -1 | -43 | -129
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | -78 | -19 | -19 | -1 | -39 | -117

CUADRO Nº 6

A) Procesos y asuntos admitidos pendientes de Sentencia a 31 de diciembre

|  | Procesos | (Asuntos)
Pleno |  | 290 | 302
| Recursos de inconstitucionalidad | 182 | 190
| Cuestiones de inconstitucionalidad | 32 | 33
| Recursos de amparo avocados | 15 | 17
| Conflictos positivos de competencia | 56 | 56
| Conflictos negativos de competencia | - | -
| Conflictos entre órganos constitucionales | - | -
| Conflictos en defensa de la autonomía local | 5 | 6
| Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | -
| Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  |
Sala Primera | Recursos de amparo | 59 | 59
| Recursos de inconstitucionalidad | 2 | 2
| Cuestiones de inconstitucionalidad | 26 | 26
| Conflictos positivos de competencia | 4 | 4
Sala Segunda | Recursos de amparo | 66 | 66
| Recursos de inconstitucionalidad | 1 | 1
| Cuestiones de inconstitucionalidad | 22 | 22
| Conflictos positivos de competencia | 12 | 12
| Conflictos en defensa de la autonomía local | 1 | 1
Secciones |  |  |
Primera | Recursos de amparo | - | -
Segunda | Recursos de amparo | - | -
Tercera | Recursos de amparo | - | -
Cuarta | Recursos de amparo | - | -
Sumas de los recursos de amparo | 140 | 142

B) Asuntos pendientes de decidir sobre admisión a 31 de diciembre

Pleno |  | 14
| Recursos de inconstitucionalidad | 2
| Cuestiones de inconstitucionalidad | 10
| Recursos de amparo avocados | -
| Conflictos positivos de competencia | -
| Conflictos negativos de competencia | -
| Conflictos entre órganos constitucionales | -
| Conflictos en defensa de la autonomía local | 2
| Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
| Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
Sala Primera | Recursos de amparo | 1.510
Sala Segunda | Recursos de amparo | 1.385
Ambas Salas | Recursos de amparo | 2.895

CUADRO Nº 7. Pleno: asuntos ingresados según el promotor

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Promovidos por el Presidente del Gobierno | - | 9
Promovidos por el Defensor del Pueblo | - | -
Promovidos por Diputados o Senadores | 3 | 4
Promovidos por las Comunidades Autónomas | 20 | -
Otros [9] | 1 | 1
TOTAL | 24 | 14

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Planteadas por el Tribunal Supremo | 3 | -
Audiencia Nacional | - | -
Tribunal Militar Central | - | -
Tribunales Superiores de Justicia | 5 | 17 + 1 [10]
Tribunales Militares Territoriales | - | -
Audiencias Provinciales | - | -
Juzgados | 6 | 10
Otros | - | -
TOTAL | 14 | 27 + 1

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS POR EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ART. 55.2 LOTC) | -

CONFLICTOS CONSTITUCIONALES
Conflictos positivos de competencia | Estado contra Comunidades Autónomas | 4
Comunidades Autónomas contra Estado | 4
Comunidades Autónomas entre sí | -
Conflictos negativos de competencia | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
TOTAL | 9

CUADRO Nº 8. Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades Autónomas [11]

| RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD | CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | 1 | 1 | 1 | 2
Cataluña | 1 | 5 | 3 | -
Galicia | 1 | - | - | -
Andalucía | 3 | 2 | - | 2
Asturias | 2 | - | - | -
Cantabria | - | - | - | -
La Rioja | - | - | - | -
Murcia | - | - | - | -
Valencia |  | 1 | - | -
Aragón | - | - | - | -
Castilla - La Mancha | - | 1 | - | -
Canarias | 5 | - | - | -
Navarra | 5 | 1 | - | -
Extremadura | 2 | - | - | -
Baleares | - | 1 | - | -
Madrid | - | 1 | - | -
Castilla y León | - | - | - | -
TOTALES | 20 | 13 | 4 | 4
33 | 8

CUADRO Nº 9. Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso [12]

Recursos de
inconstitucionalidad
Cuestiones de
inconstitucionalidad
[13]
Conflictos
positivos
de
competencia
Conflictos
negativos
de
competencia
Conflictos
entre
órganos
constitucionales
Conflictos
en defensa de
la autonomía
local
Impugnación de
disposiciones de
las Comunidades
Autónomas
Requerimientos
sobre la
constitucionalidad
de los
tratados
internacionales
Suma parcial
Total

Pleno | Sentencia | 51 (+6) | 31(+1) | 19 (+2) | - | - | 1 | - | - | 102 (+9) | 146 (+9)
Auto de inadmisión | 2 [14] | 23 | - | 1 | - | - | - | - | 24 + 2[14]
Auto de terminación | 4 | 10 | 3 | - | - | 1 | - | - | 18
Sala Primera | Sentencia | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 14
Auto de inadmisión | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Auto de terminación | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4
Sala Segunda | Sentencia | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 15
Auto de inadmisión | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Auto de terminación | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5
Total | 57(+6) | 83(+1) | 32(+2) | 1 | - | 2 | - | - | 175 (+9)

CUADRO Nº 10. Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad | 193
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | - | 52 |
Defensor del Pueblo | 1 | 4 |
Diputados o Senadores | 18 | 22 |
Comunidades Autónomas | 96 | - |
Conflictos positivos de competencia | 72
Planteados por el Gobierno de la Nación | 8 |
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 64 |
Cuestiones de inconstitucionalidad | 71
Conflictos negativos de competencia | -
Conflictos entre órganos constitucionales | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | 7
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | -
TOTAL | 343

B) Clasificados por Comunidad Autónoma [15]

| RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD | CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | 2 | 3 | 3 | 1
Cataluña | 18 | 21 | - | 34
Galicia | 6 | 4 | 1 | 10
Andalucía | 4 | 8 | 2 | 3
Asturias | 2 | 1 | - | -
Cantabria | - | 1 | - | -
La Rioja | 6 | 2 | - | -
Murcia | 4 | - | - | -
Valencia | 4 | 9 | 1 | 2
Aragón | 6 | 5 | - | 3
Castilla - La Mancha | 3 | 3 | - | 1
Canarias | 14 | 3 | - | 2
Navarra | 8 | 5 | 1 | -
Extremadura | 5 | 4 | - | -
Baleares | 1 | 1 | - | -
Madrid | 6 | 5 | - | 6
Castilla y León | 5 | 5 | - | 2
TOTALES | 95 | 80 | 8 | 64
175 | 72

CUADRO Nº 11. Origen de los recursos de amparo ingresados

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 20
Procedencia jurisdiccional | 7.185
Civil | 938
Penal | 2926
Penitenciario | 461
Contencioso-administrativo | 2.508
Social | 304
Militar | 44
Otros | 4
TOTAL | 7.205

CUADRO Nº 12. Recursos de amparo turnados a las Salas, con expresión de los recurrentes y del derecho fundamental invocado.

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 6.318
Personas jurídicas de Derecho privado | 803
Entes públicos | 84
Defensor del Pueblo | 0
Ministerio fiscal | 0
TOTAL | 7.205

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 1.068 | 14,82
Tutela judicial (art. 24 CE) | 5.964 | 82,77
Otros derechos y libertades: | 1.737 | 24,10
Vida e integridad (art. 15 CE) | 246 | 3,41
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 16 | 0,22
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 358 | 4,96
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 257 | 3,56
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 80 | 1,11
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 59 | 0,81
Reunión (art. 21 CE) | 5 | 0,06
Asociación (art. 22 CE) | 21 | 0,29
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 99 | 1,37
Legalidad penal (art. 25 CE) | 679 | 9,42
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | 1 | 0,01
Educación (art. 27 CE) | 14 | 0,19
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 32 | 0,44
Petición (art. 29 CE) | 7 | 0,09
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | - | -

CUADRO Nº 13. Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Total
| Civil | Penal | Peniten-ciario | Social | Contencioso-administrativo | Militar |
ART. 24.1 |  |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 793 | 1979 | 304 | 252 | 2.219 | 17 | 5.564
ART. 24.2 |  |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 15 | 30 | - | - | 15 | - | 60
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 11 | 39 | - | - | 7 | - | 57
Derecho a ser informado de la acusación | - | 26 | - | 1 | 3 | 1 | 31
Derecho a un proceso público. | - | 1 | - | - | - | - | 1
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 20 | 52 | 2 | - | 30 | - | 104
Derecho a un proceso con todas las garantías | 53 | 304 | 44 | 15 | 75 | 6 | 497
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 21 | 113 | - | 8 | 50 | 1 | 193
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | - | 12 | - | 1 | 2 | - | 15
Derecho a la presunción de inocencia | 5 | 792 | 6 | 1 | 72 | 8 | 884
TOTAL | 920 | 3.348 | 356 | 288 | 2.472 | 33 | 7.406

CUADRO Nº 14. Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución

Tribunal Supremo | 1905
Otros órganos jurisdiccionales:
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 55
B) En segunda instancia o suplicación | 4.187
C) En primera o única instancia | 1.027
Órganos no judiciales | 31
Total | 7.205

Tribunal Supremo | 1.905
Audiencia Nacional | 264
Tribunal Militar Central | 27
Tribunales Superiores de Justicia | 1.660
Tribunales Militares Territoriales | 17
Audiencias Provinciales | 2.355
Juzgados | 887
Órganos no judiciales / no consta | 90
Total | 7.205

Resoluciones judiciales anuladas [16]

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 1 | 4
Tribunales Superiores de Justicia | 12 | 1
Audiencia Nacional | - | 7
Audiencias Provinciales | 16 | 7
Juzgados | 7 | 13

CUADRO Nº 15. Resoluciones dictadas y amparos resueltos [17]

| SENTENCIA | AUTO | Providencia definitiva | TOTAL
Inadmisión | Terminación [18]
Pleno | 34 | 2 | - | 1 | 37
Sala Primera | 48 (+5) | - | 1 | 3.950 (-3) | 3.999 (+2)
Sección Primera | - | - | 11 | - | 11
Sección Segunda | - | - | 20 | - | 20
Sala Segunda | 38 | - | 5 | 3.388 (-1) | 3.431 (-1)
Sección Tercera | - | - | 8 | - | 8
Sección Cuarta | 1 | - | 7 | - | 8
TOTALES | 121 (+5) | 2 | 52 | 7.339 (-4) | 7.514 (+1)

CUADRO Nº 16. Datos comparados 2008-2012

Asuntos ingresados | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Recursos de inconstitucionalidad | 24 | 7 | 32 | 31 | 38
Cuestiones de inconstitucionalidad | 93 | 35 | 50 | 51 | 42
Recursos de amparo | 10.279 | 10.792 | 8.948 | 7.098 | 7.205
Conflictos positivos de competencia | 14 | 13 | 6 | 9 | 8
Conflictos negativos de competencia | - | - | 1 | - | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | 1 | 4 | 3 | -
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - | - | -
Requerimientos sobre tratados internacionales | - | - | - | - | -
TOTAL | 10.410 | 10.848 | 9.041 | 7.192 | 7.294

Resoluciones dictadas | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Sentencias
Pleno | 22 | 20 | 48 | 59 | 136
Sala Primera y sus Secciones | 95 | 97 | 29 | 77 | 59
La Sala | 87 | 78 | 25 | 55 | 59
Sección 1ª | 5 | 3 | 3 | 11 | -
Sección 2ª | 3 | 8 | 1 | 11 | -
Sala Segunda y sus Secciones | 70 | 103 | 66 | 71 | 51
La Sala | 57 | 84 | 62 | 50 | 50
Sección 3ª | 4 | 11 | - | 9 | -
Sección 4ª | 9 | 8 | 4 | 12 | 1
TOTAL | 187 | 220 | 143 | 207 | 246
Autos definitivos
Pleno | 61 | 29 | 20 | 43 | 44
Sala Primera y sus Secciones | 48 | 43 | 36 | 29 | 36
Sala Segunda y sus Secciones | 141 | 67 | 40 | 28 | 25
TOTAL | 250 | 139 | 96 | 100 | 105
Providencias de inadmisión y terminación
Pleno | - | - | - | - | 3
Sala Primera | 6.463 | 7.476 | 5.387 | 3013 | 3.950
Sala Segunda | 5.995 | 7.968 | 4.604 | 3387 | 3.388
TOTAL | 12.434 | 15.434 | 9.991 | 6.400 | 7.341
Autos interlocutorios | 148 | 147 | 112 | 86 | 144
Providencias de admisión | 310 | 82 | 204 | 137 | 209
Total de resoluciones definitivas (Sentencias + Autos definitivos + providencias definitivas) | 12.895 | 15.793 | 10.230 | 6.708 | 7.692
Total de resoluciones dictadas | 13.353 | 16.022 | 10.546 | 6.931 | 8.041

Admisión en el Pleno

Admisión en las Salas

Asuntos resueltos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Recursos de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 3 | 2 | 10 | 32 | 51
(de ellos, por Sentencia de Sala) | - | 1 | 1 | - | -
Por Auto o providencia | 3 | 2 | 20 | 19 | 6
(de ellos, por resolución de Sala) | - | - | 1 | - | -
Acumulados con los anteriores | 5 | - | - | 4 | 6
Total | 4 | 4 | 30 | 55 | 63
Cuestiones de inconstitucionalidad |
Por Sentencia | 18 | 38 | 40 | 22 | 41
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 2 | 20 | 16 | 6 | 10
Por Auto o providencia | 59 | 36 | 36 | 40 | 42
(de ellos, por resolución de Sala) | 1 | 10 | - | - | -
Acumulados con los anteriores | 98 | 77 | 12 | 1 | 1
Total |  |  | 88 | 63 | 84
Recursos de amparo |
Por Sentencia | 165 | 177 | 91 | 145 | 121
(de ellos, por Sentencia del Pleno) | 2 | 1 | 18 | 4 | 34
(de ellos, por Sentencia de Sala) | 142 | 138 | 65 | 98 | 86
(de ellos, por Sentencia de Sección) | 21 | 38 | 8 | 43 | 1
Por Auto de inadmisión | 78 | 34 | 26 | 37 | 2
(de ellos, por Auto del Pleno) | - | - | 2 | 19 | 2
Por providencia de inadmisión | 12.396 | 13.008 | 8.964 | 5.868 | 7.292
Por otras causas (Auto o providencia) | 169 | 2.469 | 1.027 | 532 | 95
Acumulado con los anteriores | 25 | 5 | 2 | 2 | 5
Total | 12.833 | 15.693 | 10.110 | 6.584 | 7.515
Conflictos positivos de competencia |
Por Sentencia | - | 3 | 2 | 8 | 29
(de ellos, por Sentencia de Sala) | - | 3 | 2 | 1 | 10
Por Auto o providencia | - | - | 1 | 1 | 3
(de ellos, por resolución de Sala) | - | - | - |  | -
Acumulados con los anteriores | - | - | - | 6 | 2
Total |  |  | 3 | 15 | 34
Conflictos negativos de competencia |
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | 1 | 1
Total | - | - | - | 1 | 1
Conflictos entre órganos constitucionales |
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Por Sentencia | 1 | - | - | - | 1
Por Auto o providencia | - | 1 | 1 | - | 1
Total | 1 | 1 | 1 | - | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |
Por Sentencia | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Por Declaración | - | - | - | - | -
Por Auto o providencia | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
TOTAL ASUNTOS RESUELTOS | 13.016 | 15.851 | 10.232 | 6.708 | 7.716

Sentencias en el Pleno

Sentencias en las Salas

Asuntos admitidos pendientes de Sentencia | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Recursos de inconstitucionalidad |
Procesos en el Pleno | 194 | 192 | 206 | 202 | 182
Acumulados | 7 | 8 | 15 | 13 | 8
Procesos en la Sala Primera | 3 | 5 | 4 | 3 | 2
Procesos en la Sala Segunda | - | 2 | 2 | 1 | 1
Total | 204 | 207 | 227 | 219 | 193
Cuestiones de inconstitucionalidad |
Procesos en el Pleno | 226 | 127 | 96 | 68 | 32
Acumulados | 14 | 1 | - | 1 | 1
Procesos en la Sala Primera | 6 | 5 | 11 | 11 | 26
Procesos en la Sala Segunda | 10 | 14 | 13 | 17 | 22
Total | 256 | 147 | 120 | 97 | 81
Conflictos positivos de competencia |
Procesos en el Pleno | 71 | 72 | 70 | - | 56
Acumulados | 5 | 3 | 4 | - | -
Procesos en la Sala Primera | 6 | 11 | 12 | 7 | 4
Procesos en la Sala Segunda | 8 | 11 | 17 | 18 | 12
Total | 90 | 97 | 103 | 25 | 72
Conflictos negativos de competencia |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local |
Procesos en el Pleno | 5 | 5 | 6 | 7 | 5
Acumulados | - | - | - | 1 | 1
Procesos en la Sala Primera | - | - | - | - | -
Procesos en la Sala Segunda | - | - | - | - | 1
Total | 5 | 5 | 6 | 8 | 7
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |
Procesos en el Pleno | - | - | - | - | -
Acumulados | - | - | - | - | -
Total | - | - | - | - | -
Recursos de amparo |
Pleno | 2 | 3 | 8 | 27 | 15
(acumulados con los anteriores) | - | - | 2 | 2 | 2
Sala Primera y sus Secciones | 139 | 75 | 102 | 47 | 59
(acumulados con los anteriores) | 23 | - | 1 | 2 | -
Sala Segunda y sus Secciones | 163 | 95 | 90 | 67 | 66
(acumulados con los anteriores) | - | 1 | - | - | -
Suma de procesos de amparo | 305 | 173 | 203 | 145 | 140
Total | 327 | 174 | 203 | 149 | 142
Total de procesos pendientes de Sentencia de Pleno | 498 | 399 | 386 | 270 | 290
Total de procesos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 335 | 213 | 247 | 171 | 193
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Pleno | 524 | 411 | 407 | 284 | 302
Total de asuntos pendientes de Sentencia de Sala y Sección | 358 | 219 | 253 | 173 | 193

Asuntos pendientes de admisión | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Pleno |
Recursos de inconstitucionalidad | - | - | 1 | 6 | 2
Cuestiones de inconstitucionalidad | 26 | 19 | 13 | 24 | 10
Recursos de amparo avocados | - | - | - | 2 | -
Conflictos positivos de competencia | - | 3 | - | - | -
Conflictos negativos de competencia | - | - | 1 | - | -
Conflictos entre órganos constitucionales | - | - | - | - | -
Conflictos en defensa de la autonomía local | - | - | 1 | 2 | 2
Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas | - | - | - | - | -
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | - | - | - | - | -
Salas: recursos de amparo |
Sala Primera | 4.685 | 2.840 | 1.660 | 2.032 | 1.510
Sala Segunda | 4.330 | 1.729 | 1.489 | 1.388 | 1.385
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 26 | 22 | 16 | 34 | 14
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 9.015 | 4.569 | 3.149 | 3.420 | 2.895

Pendientes de sentencia en el Pleno

Pendientes de sentencia en las Salas

Pendientes de admisión en el Pleno

Pendientes de admisión en las Salas

Resumen del Pleno

Resumen de las Salas

Resumen del Tribunal

1 Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

2 Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

3 La Sección de Vacaciones resolvió mediante auto cuatro incidentes de suspensión.

4 Providencias que no son de mero trámite.

5 Fueron revocadas en súplica cuatro providencias de inadmisión: tres de la Sala Primera y una de la Sala Segunda.

6 Sentencias, Autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

7 Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados.

8 Dos de ellas fueron cuestiones internas de inconstitucionalidad.

9 Se interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad por sendas organizaciones carentes de legitimación para promover este proceso constitucional.

10 Una de las cuestiones tiene por objeto una norma foral de las Juntas Generales de Álava.

11 Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

12 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos. Los recursos de amparo avocados aparecen en el cuadro 15.

13 14 Dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por entidades privadas fueron inadmitidos por providencia.

15 Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

16 Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los Tribunales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo Tribunal, sólo se registra la anulación de la sentencia.

17 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

18 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

Anexo IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

A lo largo del año 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tramitado 905 demandas contra España. De ellas, han sido declaradas inadmisibles o sobreseídas por otras causas 894 [1] . Once demandas fueron resueltas mediante diez sentencias. En ocho de ellas se condenó a España por vulneración del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH) y en las otras dos sentencias se consideró que España había respetado el Convenio de Roma.

El asunto resuelto en la Sentencia de 15 de mayo de 2012, Fernández Martínez, centrado en un profesor de religión católica cuyo contrato no había sido renovado porque se hizo pública su condición de cura casado, había sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 128/2007, de 4 de julio, sentencia con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mostró su coincidencia. El Tribunal de Estrasburgo, en su Sentencia de 3 de julio de 2012, asunto Martínez Martínez y Pino Manzano, desestimó una denuncia en materia de ruido en un sentido coincidente con las resoluciones de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional.

Cronológicamente, la primera de las resoluciones condenatorias fue la Sentencia de 17 de enero de 2012, asunto Alony Kate, por vulnerar el derecho a un juez imparcial (art. 6.1 CEDH). En una causa penal sobre delito de colaboración con banda armada, la misma juez que había dictado la prisión provisional del acusado formó parte de la Sala de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia que le condenó. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó que concurriese una causa de pérdida de la imparcialidad subjetiva pero apreció la existencia de una parcialidad objetiva, lo que determinó la vulneración del derecho al juez imparcial.

Dos condenas por violación del artículo 6.1 CEDH, en la vertiente del principio de inmediación, se contienen en las Sentencias de 20 de marzo de 2012, asunto Serrano Contreras, y de 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova Goterris y Llop García, última de las resoluciones que afectaron a España en 2012. En ambos casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que el órgano de casación español había reinterpretado los hechos declarados probados e infirió de elementos subjetivos una condena sin la celebración de una vista pública, lo que contravenía las exigencias de un juicio justo. En estos casos las providencias de inadmisión de los recursos de amparo habían invocado la doctrina sentada en esta materia por la STC 177/2002, de 14 de octubre; doctrina luego modificada, por influjo de la jurisprudencia europea, en las Sentencias 184/2009, de 7 septiembre, y 45/2011, de 11 abril.

En la Sentencia de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín, se condenó a España por vulnerar el principio de igualdad en la ley y discriminar por motivos religiosos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el legislador español había tratado, en materia de pensiones de jubilación, de forma desigual y sin justificación alguna a los pastores de la Iglesia evangélica respecto a los sacerdotes de la Iglesia católica.

La Sentencia de 10 de abril de 2012, asunto K.A.B., apreció una violación del derecho a la vida privada del demandante por no permitirle vivir con su hijo. Los órganos judiciales nacionales rechazaron hacerle entrega de su hijo menor de edad porque el demandante no cumplía con los deberes inherentes a la patria potestad, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la situación de abandono del menor no era enteramente atribuible al demandante sino, en gran parte, a la falta de apoyo y asistencia de la Administración, lo que impedía despojarle del derecho a reunirse con su hijo.

La Sentencia de 10 de julio de 2012, asunto Del Rio Prada, constituye la sexta sentencia condenatoria a España. Esta resolución no ha ganado firmeza pues el Gobierno español la ha recurrido ante la Gran Sala. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que el Derecho penal no puede ser interpretado extensivamente en detrimento del reo y, aunque los Estados son libres de modificar su política criminal haciéndola incluso más gravosa, no pueden aplicar retroactivamente y en perjuicio de los interesados el espíritu de los cambios legislativos que han sido aprobados después de la comisión de la infracción.

En materia de torturas se dictaron dos resoluciones condenatorias: las Sentencias de 24 de octubre de 2012, asunto B.S., y de 16 de octubre de 2012, asunto Otamendi Egiguren. En ambos casos, el Tribunal europeo recordó que la denuncia de abusos relativos al art. 3 CEDH requiere una investigación oficial efectiva y profunda que debe llevar a la identificación y castigo de los responsables y estimó que tal investigación no se había llevado a cabo, vulnerándose con ello dicho precepto del Convenio en su vertiente procedimental.

Finalmente, en el asunto Pedro Maria Beraza Oroquieta c. España, el Auto de 25 de septiembre de 2012 inadmitió la demanda porque no vulnera el derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) que un recurso de amparo sea inadmitido por el Tribunal Constitucional mediante una providencia que aplica el artículo 50.1 LOTC, reformado por la Ley Orgánica 6/2007, limitándose a afirmar que el recurso carece de especial trascendencia constitucional. El deber que tienen los tribunales de justicia de motivar sus decisiones no conlleva la exigencia de ofrecer una respuesta detallada a todas las alegaciones. En el caso de una jurisdicción superior, es lícito que inadmita un recurso mencionando las disposiciones legales que así lo prevén, siempre que las cuestiones suscitadas no revistan una importancia especial o no ofrezcan una posibilidad suficiente de llegar a ser estimadas.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 2: Derecho a la vida

Auto de 27 de marzo de 2102, asunto Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible la demanda presentada por los familiares de don Luis Dorado Luque, diputado socialista desaparecido en julio de 1936. El Convenio europeo de derechos humanos entró en vigor para España el 4 de octubre de 1979, cuarenta y tres años después de los acontecimientos; por lo que los hechos ocurridos en 1936 quedan fuera de la jurisdicción del Tribunal por razones cronológicas. Por lo que se refiere a la queja por la ineficacia de la investigación sobre la muerte del pariente de los demandantes, el art. 2 CEDH impone a los Estados un deber separado y autónomo de proceder para procurar aclarar las circunstancias de la muerte de una persona y establecer la responsabilidad que se derive de ella. Ese deber vincula al Estado durante todo el período en que razonablemente cabe esperar que las autoridades tomen medidas de investigación y castigo. En este contexto, el Tribunal señala que hay poco margen para ser excesivamente imperativo cuando se trata de la posible obligación de investigar ejecuciones extrajudiciales que aparecen muchos años después de que hayan acontecido, puesto que el interés público protegido consiste en conseguir el procesamiento y condena de los autores, particularmente en el contexto de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

En el presente caso, la queja procesal de los demandantes se relaciona con un hecho acontecido catorce años antes de la adopción del Convenio, de 4 de noviembre de 1950, y cuarenta y tres años antes de su ratificación por España, el 4 de octubre de 1979. En estas circunstancias, es difícil concluir que haya una verdadera conexión entre la muerte del familiar de los demandantes (1936) y la entrada en vigor para España del Convenio (1979). No obstante, incluso asumiendo que la alegada violación del Convenio fuera de carácter continuado, la queja de los demandantes es inadmisible.

Los interesados no pueden esperar indefinidamente antes de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: con el paso del tiempo, la memoria de los testigos se desvanece, los testigos pueden morir o quedar ilocalizables, las pruebas se deterioran o se pierden, y la posibilidad de que pueda ser emprendida una instrucción eficaz disminuye cada vez más; y el enjuiciamiento y la sentencia del propio Tribunal de derechos humanos pueden quedar privados de sentido y eficacia. Los demandantes deben, por tanto, actuar con diligencia y presentar sus quejas sin dilaciones injustificadas. El derecho a formular demanda ante el Tribunal europeo ha regido en España desde el 1 de julio de 1981. Teniendo en cuenta el hecho de que en los años siguientes no hubo ninguna investigación oficial sobre las circunstancias de las personas desaparecidas en la guerra civil, debió resultar evidente para los demandantes que no había ninguna esperanza realista de que en un futuro cercano progresara tanto la localización del cuerpo como la determinación de la suerte de su pariente. Sin embargo, la segunda demandante no presentó una denuncia penal ante los tribunales nacionales en relación con el secuestro y posible asesinato de su padre hasta el año 2006, es decir, veinticinco años después de que el derecho a presentar demanda ante el Tribunal pudiera ser ejercido; y la demanda ante el Tribunal no se ha presentado hasta el 1 de junio de 2009, es decir, casi veintiocho años después de dicha fecha, y setenta y tres años después de la desaparición. Por lo tanto, debe concluirse que los demandantes no mostraron la debida diligencia para cumplir con los requisitos que se derivan del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal en relación con desapariciones de personas.

2. Artículo 3: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes

Sentencia de 24 de octubre de 2012, asunto B.S.

La recurrente, nacional de Nigeria y residente legal en España, denunció por malos tratos a dos agentes de policía que patrullaban por el lugar donde ella ejercía la prostitución. Según el relato de hechos, los policías le pidieron que se identificase, profirieron insultos racistas y la golpearon. A la denuncia se acompañó informe médico de las lesiones. El juez de instrucción archivó el asunto por entender que la existencia del delito no estaba suficientemente justificada. Interpuesto recurso, la denunciante solicitó la práctica de varias diligencias (identificación de los agentes, declaración como testigos de un taxista y agentes de seguridad de la zona), pero tanto su solicitud como el recurso fueron desestimados. Las denuncias cursadas por un segundo episodio también fueron archivadas. B.S. interpuso dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fueron inadmitidos.

La recurrente adujo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la violación de su derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes en relación con la prohibición de discriminación (arts. 3 y 14 CEDH). En su sentencia, el Tribunal recordó que el art. 3 del Convenio exige una investigación oficial efectiva que permita la identificación y el castigo de los responsables y que, en el presente caso, el rechazo a practicar las pruebas solicitadas por la demandante, tales como la identificación de los policías, los testimonios de personas presentes en los hechos y los partes médicos presentados, pone de manifiesto que las investigaciones llevadas a cabo no fueron lo suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias del artículo 3 CEDH. Por lo que se refiere a una violación material del mismo art. 3 del Convenio, la Sentencia señaló que los informes médicos no eran concluyentes en relación al posible origen de las lesiones y los elementos del expediente no permitían tener certeza, más allá de toda duda razonable, de la causa de las heridas, por lo que declaró que no puede concluir en la existencia de dicha violación material; si bien subrayó que, en gran parte, ello fue así por la ausencia de investigación de las autoridades nacionales.

En relación con el trato discriminatorio alegado (art. 14 CEDH), la Sentencia declaró que el deber de las autoridades de indagar si existe una conexión entre actitudes racistas y un acto de violencia perpetrado es un deber procedimental inherente a las exigencias de investigación del art. 3 del Convenio que no fue cumplido por los órganos jurisdiccionales españoles, pues no consideraron la vulnerabilidad específica de la demandante, por su condición de mujer africana que ejerce la prostitución, a pesar de que ella había puesto en conocimiento de las autoridades las palabras racistas supuestamente proferidas y la eventual diferencia de trato con otras mujeres europeas que ejercían la misma actividad. Por lo anterior, la Sentencia declaró que por no haber llevado a cabo todas las medidas posibles para saber si una actitud discriminatoria pudo tener un papel importante en los acontecimientos, hubo violación del art. 14 CEDH en su vertiente procedimental.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español al pago de los 30.000 euros reclamados por daño moral y 1.840,50 por los gastos y costas demostrados. La reclamante había solicitado que se obligase al Gobierno a establecer un protocolo para la jurisdicción interna sobre discriminación y, de acuerdo con el principio de restitutio in integrum, la reapertura de su caso. El Tribunal recordó el carácter declarativo de sus sentencias e instó al Estado a elegir los medios para cumplir su obligación de ejecutar las sentencias (art. 46 CEDH).

Sentencia de 16 de octubre de 2012, asunto Otamendi Egiguren.

El demandante, periodista y entonces director del diario vasco “Euskaldunon Egunkaria”, fue acusado de un delito de pertenencia y colaboración con banda armada. Tras su detención, en régimen de incomunicación, se quejó de que, durante cinco días, no pudo informar de su situación a ninguna persona, no pudo verse asistido por un abogado libremente elegido ni entrevistarse en privado con el designado de oficio. También aducía haber sido obligado a permanecer de pie durante largos periodos, haber sido amenazado con torturas, haber recibido de golpes de intimidación sobre sus genitales e, incluso, que se había simulado un disparo a su sien. Pero, sin embargo, en cuatro ocasiones un médico forense quiso examinarlo y el demandante rechazó que lo hiciera, manifestando que no presentaba marcas de violencia. El demandante reiteró su denuncia, en términos sustancialmente idénticos, y realizó declaraciones muy similares ante el Juez de instrucción, quien acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa porque consideró que, realmente, no existían indicios de la existencia de malos tratos. El recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido por carencia manifiesta de contenido que justificase una decisión sobre el fondo.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró que la denuncia de abusos relativos al art. 3 CEDH requiere una investigación oficial efectiva y profunda que debe llevar a la identificación y castigo de los responsables y estima que tal investigación no se llevó a cabo en el presente caso, pues el sobreseimiento se dictó únicamente sobre la base de los informes de los médicos forenses y las declaraciones del médico, sin haber tomado declaración al demandante. Los medios de prueba solicitados por el interesado hubieran podido contribuir a esclarecer los hechos, en particular los consistentes en interrogar a los agentes encargados de su vigilancia durante la detención. El Tribunal Europeo declaró que hubo violación del art. 3 CEDH en su vertiente procedimental. El Tribunal insistió, además, en la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité europeo para la prevención de la tortura para mejorar la calidad del examen médico forense de las personas que se encuentran sometidas a detención incomunicada. Hizo hincapié en que la situación de vulnerabilidad de estas personas exige la previsión de medidas de vigilancia jurisdiccional en la Ley de enjuiciamiento criminal, con el fin de que se eviten abusos y se garantice la integridad física de los detenidos.

El Estado español fue condenado a pagar los 20.000 euros reclamados por el demandante en concepto de daño moral y 4.000 por gastos y costas.

3. Artículo 6: Derecho a un proceso equitativo

Sentencia de 17 de enero de 2012, asunto Alony Kate. Derechos a un juez imparcial y a la presunción de inocencia

El recurrente, nacional español de origen sirio, fue condenado por la Audiencia Nacional por un delito de colaboración con banda armada. La sentencia fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo mediante una sentencia que, sin embargo, estimó el motivo relativo a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones pues éstas habían sido intervenidas de manera irregular y, por tanto, la prueba obtenida no podía ser utilizada ni como prueba de cargo ni como medio de investigación o fuente de prueba. Pese a ello, el Tribunal Supremo estimó que había otras pruebas que resultaban suficientes para la condena, entre las que figuraba la propia declaración y reconocimiento de culpabilidad del acusado. Por otro lado, el Tribunal Supremo sostuvo que el hecho de que la juez que había dictado la prisión preventiva formara parte de la Sala sentenciadora no vulneraba el derecho a un juez imparcial. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido por carencia manifiesta de contenido que justificase una decisión sobre el fondo.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el recurrente adujo vulneración del art. 6 CEDH por diversos motivos, si bien el Tribunal sólo entró a conocer de las quejas relativas a su derecho a un juez imparcial y a la presunción de inocencia. En relación con la primera cuestión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no apreció la concurrencia de ningún elemento para cuestionar la imparcialidad subjetiva de los magistrados; sin embargo, admitió que podía dudarse legítimamente de la imparcialidad objetiva: cuando ordenaron su prisión provisional modificaron la situación del demandante en su perjuicio, pues el juez de instrucción le había concedido la libertad provisional, pero la Audiencia percibió “una posible continuada reiteración delictiva”, lo que permitía dudar de su imparcialidad. El alegato relativo a la presunción de inocencia se conecta con la utilización de medios de prueba ilícitos, lo que, en esta ocasión, apuntaba a las escuchas telefónicas declaradas ilegales por el Tribunal Supremo español. El Tribunal europeo declaró que el reconocimiento de culpabilidad por el acusado no estaba viciado de nulidad por el hecho de que otras pruebas hubieran sido obtenidas de manera ilegal, habida cuenta de las garantías que rodearon la declaración del acusado —el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a la asistencia letrada— y que otros medios de prueba, sometidos a la apreciación soberana de los jueces, habían bastado para forjar la íntima convicción de la Sala sentenciadora. No hubo, por este motivo, violación del art. 6.2 CEDH, pues la condena se dictó tras un procedimiento contradictorio y equitativo.

Se condenó al Estado español, por violación del derecho a un tribunal imparcial, al pago de 10.000 euros en concepto de daños morales —frente a la reclamación del recurrente de 350.000— y a 6.000 euros en concepto de costas y gastos del procedimiento.

Sentencia de 20 de marzo de 2012, asunto Serrano Contreras. Principio de inmediación y proceso sin dilaciones.

El recurrente, nacional español, fue condenado por el Tribunal Supremo por los delitos de falsedad en documento oficial y documento mercantil por la comercialización de una variedad de semillas de trigo que portaban etiquetas falsas del organismo de certificación italiano. El recurrente acudió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando la vulneración del derecho a un proceso equitativo, proclamado en el art. 6.1 CEDH, pues la condena sin vista pública no cumplía las exigencias de inmediación y contradicción que debían ser satisfechas mediante pruebas de carácter personal y no sólo documental. Se quejaba también de la duración total del procedimiento, que excedió los límites de un plazo razonable, exceso imputable únicamente a la Administración de Justicia.

Apoyándose en la doctrina sentada en la Sentencia Lacadena Calero de 22 de noviembre de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que se había privado al demandante de su derecho de defensa, pues el Tribunal Supremo le condenó con apoyo en unos informes resultantes de comisiones rogatorias, medio de prueba que no fue examinado por el tribunal a quo y que se convirtió en determinante para establecer su culpabilidad sin que las partes tuvieran la ocasión de examinarlo de acuerdo con los principios de inmediación y contradicción. El Tribunal europeo recordó que, según su doctrina, cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos subjetivos, se requiere la valoración directa del testimonio del acusado o de otros testigos, lo que no se da cuando no se ha celebrado vista pública, pues el acusado no ha sido oído personalmente sobre una cuestión de hecho determinante para la valoración de su culpabilidad.

Respecto a la duración del proceso, el Tribunal recordó que el Convenio garantiza que la justicia no sea administrada con retrasos susceptibles de comprometer su eficacia y credibilidad y que, en el presente supuesto, los elementos que otorgaban cierta complejidad al caso (número de documentos a examinar, varios acusados y dos comisiones rogatorias a las autoridades italianas) no justificaban una duración del procedimiento de más de once años.

En conclusión, el Tribunal europeo apreció la vulneración del art. 6.1 CEDH por infracción del principio de inmediación y del derecho a no sufrir dilaciones indebidas; y condenó al Estado español al pago de 13.000 euros en concepto de daño moral y 5.000 por gastos y costas, frente a la reclamación del recurrente de 1.000.000 de euros por daños morales y 826.513,35 euros por daños materiales, reclamación esta última que fue rechazada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la medida en que no apreció relación de causalidad entre las vulneraciones constatadas y el daño material alegado.

Sentencia de 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova Goterris y Llop García. Principio de inmediación.

Los demandantes, alcalde de Vila-real en la fecha de los hechos y representante de una sociedad fabricante de pavimento cerámico establecida en la misma ciudad, fueron demandados por delitos contra el medio ambiente. La Audiencia Provincial los absolvió, pero el Tribunal Supremo casó la sentencia y los condenó sin celebrar vista pública. Entendió el Tribunal Supremo que el alcalde había actuado con conocimiento de causa, despreciando la legislación sobre la materia y sus obligaciones de cargo público y que la empresa implicada no había adoptado las medidas de aislamiento necesarias impuestas por la Agencia del Medio Ambiente, ignorando la norma administrativa y los informes que señalaban su responsabilidad directa en la emisión de contaminación acústica.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los demandantes alegaron que la falta de vista pública les había impedido beneficiarse del derecho a un juicio equitativo (art. 6.1 CEDH). El Tribunal entendió que el órgano de casación había reinterpretado los hechos declarados probados tras la vista pública de la Audiencia Provincial y había efectuado una nueva valoración jurídica sin respetar las exigencias del principio de inmediación por no haber permitido a las partes presentar nuevas alegaciones ni haber tenido contacto directo con ellas. Las cuestiones a examinar por el Tribunal Supremo, en su mayoría circunstancias subjetivas como el conocimiento o no de las irregularidades y las denuncias existentes, precisaban de la valoración directa del testimonio del acusado o de otros testigos. Por lo anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que hubo violación del derecho a un juicio equitativo reconocido en el art. 6.1 CEDH al haber sido privados de su derecho a la defensa en el marco de un debate contradictorio.

El Estado español fue condenado a pagar una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los demandantes en concepto de daño moral y 7.500 en concepto de gastos y costas del procedimiento nacional.

4. Artículo 7: Legalidad penal

Sentencia de 10 de julio de 2012, asunto Del Río Prada.

La demandante fue condenada por varios delitos graves de terrorismo (pertenencia a organización terrorista, posesión ilícita de armas, posesión de explosivos, lesiones, atentados, asesinatos y tentativas de asesinatos, entre otros) a una pena total de más de 3.000 años. Ingresó en prisión el 14 de febrero de 1989. Conforme al Código penal vigente en el momento que fue juzgada, el máximo de años efectivos a cumplir era de treinta. De acuerdo con una interpretación de la ley consolidada en ese momento, los beneficios penitenciarios por trabajo previstos por el Código penal se aplicaban sobre esa pena máxima, de manera que los treinta años de prisión podían quedar reducidos a dieciocho. En 2006, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de los beneficios penitenciarios cambió en la Sentencia 197/2006, de 28 de febrero. La nueva interpretación sostenía que la remisión de penas o los beneficios penitenciarios se debían aplicar individualmente sobre cada una de las penas impuestas y no sobre el máximo de treinta años de cumplimiento. En la práctica, suponía el cumplimiento íntegro del plazo máximo de treinta años por cuanto la reducción de las penas no podría dar un resultado inferior. En el caso, el centro penitenciario había fijado la fecha de la puesta en libertad de la recurrente el 2 de julio de 2008, aplicando los criterios tradicionales de remisión de penas por trabajo; días después, la Audiencia Nacional pidió a las autoridades penitenciarias que efectuasen un nuevo cálculo aplicando la que se ha venido en conocer como “doctrina Parot”, lo que dio como resultado que la fecha definitiva de puesta en libertad sería el 27 de junio de 2017. La decisión fue recurrida sin éxito. Interpuesta demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, fue inadmitida por providencia de 17 de febrero de 2009 por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso.

La Sección Segunda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordó que el principio de legalidad de los delitos y de las penas, contenido en el art. 7 CEDH, prohíbe que el Derecho penal sea interpretado extensivamente en detrimento del reo; aunque los Estados pueden modificar su política criminal, haciéndola incluso más gravosa, no pueden aplicar retroactivamente y en detrimento de los interesados el espíritu de los cambios legislativos aprobados después de la comisión de la infracción. La aplicación retroactiva de una norma penal posterior desfavorable para el reo viola el principio de legalidad y así ocurrió en el caso examinado. Por lo que se refiere al derecho a la libertad y seguridad (art. 5 CEDH), el Tribunal concluyó que la recurrente no podía prever que el modo de cálculo de la reducción de pena sería objeto de un cambio jurisprudencial por el Tribunal Supremo y que le sería aplicado de manera retroactiva, por lo que la estancia en prisión posterior al 3 de julio de 2008 no ha sido “regular” y viola las disposiciones del Convenio. Por último, descartó que la nueva jurisprudencia vulnere el principio de igualdad (art. 14 CEDH) pues tiene un alcance general, siendo igualmente válida para individuos que no sean miembros de ETA.

El Estado español es condenado al pago de 30.000 euros en concepto de daño moral y 1.500 euros por los gastos y costas demostrados. La Sentencia declara que es responsabilidad del Estado asegurar la puesta en libertad de la recurrente en el menor tiempo posible. El Gobierno recurrió esta Sentencia ante la Gran Sala, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 43 y 44 CEDH, recurso que no había sido resuelto al finalizar el año 2012.

5. Artículo 8: Derecho a la vida privada y familiar

Sentencia de 10 de abril de 2012, asunto K.A.B.

El recurrente, nacional nigeriano, interpuso demanda de oposición a la adopción de su hijo biológico haciendo valer la necesidad de su previo consentimiento y pidiendo la custodia del niño tras haber obtenido el reconocimiento de su paternidad. El origen de esta situación se encontraba en la expulsión del territorio español de la madre del menor, también de nacionalidad nigeriana, en un rápido proceso de 13 días y pese a que su abogado había puesto en conocimiento del juez que la acusada era madre de un niño de un año. El padre no había reconocido al menor y se encontraba en Barcelona por razones de trabajo, por lo que el menor permaneció en España bajo el cuidado de una pareja de amigos y una semana después —tras la denuncia en prensa de “el olvido” de dos niños nigerianos en Murcia después de la expulsión de sus madres—, los servicios sociales se hicieron cargo de él y lo ingresaron en un centro de acogida para menores. El recurrente se presentó en el centro de acogida alegando su paternidad, que no podía demostrar en ese momento por carecer de recursos para la realización de la prueba biológica precisa (que costaba 1.202 euros) y mostró su desacuerdo con el ingreso del menor en el centro. Casi tres años después, fue reconocida la paternidad extramatrimonial del demandante, quien pidió el cese del régimen de acogida del menor, así como la inscripción de la filiación en el Registro Civil. En ese momento se había iniciado el proceso de adopción del menor. El Juez de familia desestimó la oposición a la adopción del menor, afirmando que el consentimiento del padre biológico no era preceptivo, en la medida en que había incurrido en causa de privación de la patria potestad. La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial y su recurso de amparo, fundado en los arts. 10 y 24 de la Constitución relativos a la dignidad de la persona y el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, fue inadmitido por carencia de contenido que justificase un pronunciamiento sobre el fondo.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adujo vulneración de los derechos a un proceso equitativo y al respeto a la vida privada y familiar (arts. 6 y 8 CEDH), como consecuencia haber sido privado de todo contacto con su hijo, no haber sido informado de la propuesta de adopción ni haber recibido ayuda de la Administración para costear la prueba de paternidad. El Tribunal desestimó la queja relativa a un proceso equitativo pues había podido presentar todos los argumentos en favor de su causa y tuvo acceso a la información pertinente en la que los tribunales internos fundamentaron sus resoluciones. Por el contrario, apreció vulneración del derecho a la vida privada. El art. 8 CEDH incluye el derecho de los padres a reunirse con su hijo biológico y, en el presente caso, pese a que los órganos judiciales internos siempre habían considerado que el recurrente había incumplido los deberes inherentes a la patria potestad, la ausencia de vínculos familiares estables entre él y su hijo no le era enteramente imputable. El Tribunal europeo constató la existencia de graves faltas de diligencia en el procedimiento desarrollado por las autoridades responsables de la tutela, la acogida del niño y su adopción y declaró que la situación de abandono fue causada, al menos parcialmente, por la propia Administración, debido a la expulsión de la madre del territorio nacional sin efectuar comprobaciones previas ni tener en cuenta la información facilitada sobre la existencia del hijo. También declaró que fue la falta de apoyo y asistencia de la Administración al recurrente y la ausencia de ponderación de las resoluciones dictadas por las jurisdicciones internas en cuanto a la imputación de responsabilidades en la situación de abandono del menor; lo que impidió el ejercicio de su derecho a la unificación familiar.

La Sentencia condenó al Estado español al pago de una satisfacción equitativa de 8.000 euros por daño moral, pese a que el recurrente no había presentado su solicitud en los plazos previstos. La Sentencia cuenta con un voto particular discrepante del Juez Myjer.

Sentencia de 15 de mayo de 2012, asunto Martínez Martínez.

El obispado de la diócesis no dio el placet al demandante para que se le renovara un contrato de profesor de religión católica en un centro público de enseñanza, pues consideró que la publicación de un artículo en el que aparecía fotografiado junto a su familia, compuesta por su mujer y cinco hijos, y en el que manifestaba ser parte del “Movimiento pro celibato opcional”, que aboga por una Iglesia democrática y no comparte las posiciones de ésta respecto del aborto, el divorcio, la sexualidad o el control de natalidad, fue una falta a su deber de protección de la sensibilidad de los padres y niños del centro escolar. El Tribunal Superior de Justicia consideró que la restricción de derechos producida era legítima y proporcionada en relación con el objetivo perseguido, evitar el “escándalo”. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 128/2007, de 4 de julio, concluyó que la modulación de los derechos a la intimidad personal y familiar y la libertad de expresión, así como la prohibición de discriminación religiosa, no resulta desproporcionada ni constitucionalmente proscrita en la medida en que encuentra su justificación en el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su dimensión colectiva o comunitaria, de la Iglesia católica en relación con el deber de neutralidad religiosa del Estado (art. 16 CE), dado que han sido razones exclusivamente religiosas —atinentes a las normas de la confesión y a la enseñanza de su credo—, las determinantes de la no renovación.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el recurrente se quejó de la falta de imparcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 6.1 CEDH), de la injerencia no justificada en su derecho a la vida privada y familiar (art. 8 en relación con el 14 CEDH) y de la expresión pública de sus creencias bajo la protección de la libertad ideológica y de expresión de los arts. 9 y 10 CEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo se pronunció sobre los dos primeros motivos de impugnación, declarando que no hubo violación del Convenio. Las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional no fueron irrazonables, en tanto que las convicciones religiosas es un criterio de selección admisible para asignar un puesto de profesor de religión, que tiene como fin proteger la libertad religiosa en su dimensión colectiva. El Tribunal añadió que este tipo de puesto y contrato de trabajo posee particularidades conforme al Derecho canónico y las convicciones religiosas; y la exigencia de reserva y discreción era aún más importante en este caso, puesto que los destinatarios directos de las enseñanzas son menores, vulnerables e influenciables por naturaleza. El Tribunal entendió que las jurisdicciones internas competentes llevaron a cabo un justo equilibrio entre los diferentes intereses y concluyó que no existió violación del Convenio.

La Sentencia cuenta con una opinión parcialmente discrepante del Juez Saiz Arnaiz.

Sentencia de 3 de julio de 2012, asunto Martínez Martínez y Pino Manzano.

Los recurrentes habitaban un inmueble construido sin autorización, en una zona calificada de suelo urbanizable programado industrial y a 200 metros de una cantera declarada de interés público, explotada por una empresa con la autorización necesaria y situada en una zona industrial específica. Sus denuncias ante distintas autoridades por el ruido ambiental y el polvo que padecían en el interior de su domicilio no obtuvieron resultado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso contra la Administración por inexistencia de vínculo de causalidad directo e inmediato con el daño real causado, señalando que la construcción de la casa tan cerca de la cantera les colocó por propia voluntad en la situación en que se encuentran. Por la vía penal, denunciaron un delito contra el medio ambiente que fue sobreseído a partir de un informe negativo del Servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil.

Los recurrentes acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocando los arts. 2 y 8 CEDH (derecho a la vida y al respeto a la vida privada y familiar) por los trastornos provocados por los ruidos procedentes de la cantera sobre salud psíquica. Para el Tribunal Europeo, no cabe entender que hubo inactividad por parte de las autoridades españolas para poner término a las supuestas agresiones procedentes de la cantera, habida cuenta de la instalación irregular del domicilio por parte de los demandantes, el detalle y esmero con que los tribunales internos examinaron las pretensiones y la inspección realizada por el Servicio de protección de la naturaleza, servicio cuyos resultados no fueron puestos en entredicho y que merecían toda la fiabilidad.

6. Artículo 1 del Protocolo núm. 1: Derecho de propiedad

Sentencia de 3 de abril de 2012, asunto Manzanas Martín.

El recurrente ejerció como pastor de la Iglesia evangélica durante casi cuarenta años hasta el momento en que alcanzó la jubilación. Durante estos años, recibió una remuneración de la confesión pero no cotizó a la Seguridad Social. No obstante solicitó una pensión de jubilación al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le fue denegada. Interpuesta demanda, el Juez de lo Social estimó el recurso reconociéndole el derecho a una pensión, sometida a la condición de que abonara el capital-coste correspondiente a los años de cotización necesarios, aplicando por analogía las disposiciones dedicadas a los sacerdotes católicos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia al entender que el derecho de los pastores evangélicos a contribuir y percibir prestaciones había nacido con su incorporación al régimen de la Seguridad Social a partir de la Ley 24/1992, de 10 de octubre, un año después de la fecha de jubilación del reclamante, quien no cumplía las condiciones legales para recibir la pensión. Esta situación no era imputable a la inactividad del Estado sino a la falta de acuerdo con los diferentes cultos evangélicos, lo que constituía una cuestión de legalidad ordinaria y no una discriminación respecto a los sacerdotes católicos. Su recurso de amparo fue inadmitido por providencia de 23 de septiembre de 2009 al no apreciar la especial trascendencia constitucional requerida por el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció la existencia de una vulneración del principio de no discriminación por razón de religión en relación con el derecho de propiedad. Si bien el Convenio no contiene un derecho a recibir prestaciones sociales, garantiza que si este régimen es creado no sea discriminatorio y, en el caso particular, cuando el legislador español integró a los pastores evangélicos en el régimen general de la Seguridad Social, no introdujo la posibilidad de completar los años de cotización hasta alcanzar el periodo mínimo exigido para tener derecho a una pensión de jubilación mediante el pago del capital-coste de los años de cotización reconocidos, posibilidad que sí había establecido para los sacerdotes católicos. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se trata de una diferencia de trato no justificada por la diferente confesión religiosa a la que pertenecen.

El Tribunal condenó al Estado español al pago de 3.000 euros por daños morales y 6.000 en concepto de gastos y costas; reservó su pronunciamiento respecto al daño material, en especial los importes necesarios para cumplir el periodo mínimo de cotización, sobre el que no se considera suficientemente ilustrado y donde existe una posibilidad de acuerdo entre el Estado español y el recurrente.

1 Fueron inadmitidos, entre otros, los asuntos siguientes: Auto de 10 de enero de 2012, Mohamed Zaher Asade (42221/07); Auto de 6 de marzo de 2012, Lluis M. Balsells i Castelltort y otros (62239/10); Auto de 27 de marzo de 2102, Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz (30141/09); Auto de 10 de mayo de 2012, Abdula Jayata Kattan y Osama Darra (7108/08 y 7114/08); Auto de 12 de junio de 2012, María Elena Melero Echauri y Elena Ostiz Melero (11150/09); Auto de 4 de septiembre de 2012, David Cañas Gómez (17455/09); Auto de 25 de septiembre de 2012, Pedro María Beraza Oroquieta (26000/10);Auto de 18 de diciembre de 2012, S.L. y otros (19958/11, 20357/11, 20362/11, 20366/11).

Anexo V. Discurso en el acto de la décima renovación parcial del Tribunal Constitucional

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXCMO. SR. DON PASCUAL SALA SÁNCHEZ EL DÍA 23 DE JULIO DE 2012

Con este acto, tradicionalmente sobrio, se hace efectiva la renovación parcial del Tribunal Constitucional en el turno correspondiente al Congreso de los Diputados. Cuatro nuevos Magistrados se incorporan al quehacer de esta institución: don Juan José González Rivas, don Andrés Ollero Tassara, doña Encarnación Roca Trías y don Fernando Valdés Dal-Ré. Tres nos dejan tras haber dedicado todo su esfuerzo y saber al Tribunal durante más de diez años: don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio y doña Elisa Pérez Vera. El cuarto —don Roberto García-Calvo y Montiel—, desgraciadamente, nos dejó para siempre en mayo de 2008 y es ahora cuando se va a proceder a su sustitución.

Don Juan José González Rivas es Magistrado del Tribunal Supremo, especialista de lo Contencioso-Administrativo y destinado en la Sala Tercera del dicho Tribunal. Don Andrés Ollero Tassara ha sido Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y actualmente lo es en la Rey Juan Carlos de Madrid. Doña Encarnación Roca Trías ha sido Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona y actualmente es Magistrada de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo y don Fernando Valdés Dal-Ré ha sido Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las Universidades de Salamanca y Valladolid, siéndolo en la actualidad en la Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos, por tanto, juristas de reconocida competencia, como exige la Constitución, y, además, de reconocido prestigio, si es que ambas categorías —competencia y prestigio— pueden distinguirse, conforme lo acredita su más que valorada actividad profesional y su valiosa obra escrita.

Don Eugeni Gay Montalvo, actual Vicepresidente del Tribunal, don Javier Delgado Barrio y doña Elisa Pérez Vera son, como he dicho antes, los Magistrados que han cumplido —y con exceso de tiempo por la tardanza en su renovación— su turno de permanencia en el Tribunal. Los tres, en unión del prematuramente fallecido don Roberto García-Calvo, también juristas de reconocida competencia y prestigio no sólo por el meritorio trabajo de todos ellos en el Tribunal, sino por haber desempeñado los puestos más relevantes en el Foro, en el Tribunal Supremo y en la Cátedra y por pertenecer y haber pertenecido a los más prestigiosos círculos e instituciones del mundo del Derecho. Todos ellos han dedicado al Tribunal sus esfuerzos, su cumplida preparación y su acertada percepción y enfoque en los muchos e importantes asuntos que aquél ha resuelto en este largo período, no sólo en sus ponencias, asignadas siempre por riguroso y automático orden de entrada de los procesos, sino en las de los demás Magistrados. Una de las características del Tribunal es, precisamente, la participación de todos los miembros del Pleno y de las Salas no sólo en la deliberación y resolución de los recursos, cuestiones y conflictos, sino incluso en la redacción más adecuada o la fundamentación más oportuna y precisa, hasta el punto de que puede afirmarse que todas las ponencias terminan siendo colegiadas, inclusive con participación de los criterios discrepantes. En este punto, quiero hacer una especial mención a Elisa Pérez Vera por la absoluta dedicación que ha prestado al Tribunal y el cuidado que siempre ha puesto no sólo en su trabajo, sino también en el de sus compañeros. Te echaremos mucho de menos, Elisa, como te hemos transmitido “todos” —y subrayo todos— los Magistrados que ahora se renuevan y los que continuamos y hemos compartido contigo trabajo bien hecho y responsabilidad.

El Tribunal Constitucional, como dijo el primero de sus Presidentes, don Manuel García Pelayo, culmina el sistema del Estado de Derecho tal y como ha sido ideado y configurado por la Constitución. Es la última pieza que lo cierra hasta el punto de que, como tantas veces se ha destacado, nuestra democracia —como en definitiva nuestro Estado de Derecho— viene marcada por la posición estratégica que, en la misma y por voluntad del constituyente, asume este Tribunal Constitucional. La Constitución lo erige en su máxima garantía al dedicarle un título autónomo, el IX y penúltimo, anterior al de reforma constitucional —título X. El Tribunal Constitucional es, pues, dentro de nuestro sistema democrático de justicia constitucional concentrada, insustituible como supremo intérprete de la Constitución —así lo califica expresamente el artículo 1º de su Ley Orgánica— y superior garante de la efectiva vinculación a la misma de todos los poderes públicos.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional es un Tribunal independiente, no un Tribunal político, ni politizado, ni integrado por políticos, dicho sea con el mayor respeto hacia la nobleza de la política como profesión en tanto que dirigida a la satisfacción del interés general y a la consecución del bien común. Aparte de, como he dicho antes, “supremo intérprete de la Constitución”, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica como dice igualmente el artículo 1º de ésta. Sus Magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y en el ejercicio de la auténtica función jurisdiccional que desarrollan, en ésta ni más ni menos que los Magistrados integrantes de los Tribunales de Justicia ordinaria.

Anexo VI. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (2001-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)