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  • Sala Primera. Arrêt 99/2001, de 23 de avril de 2001 (BOE núm. 128, de 28 de mai de 2001).
    Recurso de amparo 1715/1996. Promovido por doña Ana Carracedo Carracedo y doña Presentación Rienda Rodríguez frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó parcialmente el recurso de casación de Enatcar, S.A, condenándolas a devolver parte de las indemnizaciones que habían percibido por regulación de empleo al haberse reincorporado a Renfe.
    Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (sentencia fundada en Derecho) y a la igualdad en la aplicación de la ley: falta de limitación temporal de una condición resolutoria, y consideración del derecho al trabajo de las demandantes; unificación de doctrina y falta de contraste entre resoluciones de fondo y de admisibilidad (STC 100/2001).
  • Pleno. Arrêt 98/2001, de 05 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Conflicto positivo de competencias 2697/1997. Planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de febrero de 1997, que aprueba las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del Plan de ahorro y eficiencia energética para el período 1997-1999 y se convocan las del ejercicio 1997.
    Competencias sobre régimen energético e investigación científica y técnica. Delimitación del ámbito territorial. Voto particular.
  • Pleno. Arrêt 97/2001, de 05 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Recurso de inconstitucionalidad 1486/1996. Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con diversos preceptos de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
    Competencias sobre administración de justicia y régimen jurídico de la Administración pública: ámbito provincial, sede, presidencia y secretaría de la Comisiones de asistencia jurídica gratuita.
  • Pleno. Arrêt 96/2001, de 05 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Cuestión de inconstitucionalidad 3792/1995, 3793/1995 y 3794/1995 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con el art. 10.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1992.
    Alegada vulneración de los arts. 9, 14 y 103.3 CE: cuestión suscitada por una reunión de Magistrados que no forman el órgano judicial competente para la decisión del proceso.
  • Pleno. Arrêt 95/2001, de 05 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Conflicto positivo de competencias 492/1992. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el artículo 3.2 b) del Decreto de la Diputación Regional de Cantabria 168/1991, de 20 de diciembre, por el que se regula la ejecución de un plan de fomento del abandono de la producción lechera en zona de montaña.
    Competencias sobre ganadería, ordenación general de la economía y ejecución del Derecho comunitario europeo: STC 45/2001.
  • Sala Segunda. Arrêt 94/2001, de 02 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Recurso de amparo 1825/1999. Promovido por don Santiago Suárez Pládano frente a los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Salamanca que sobreseyeron la causa por delitos de malos tratos y lesiones por su denuncia contra funcionarios de prisiones, y que mantuvieron su prisión provisional mientras se instruía proceso por delito de atentado.
    Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acción penal), y vulneración del derecho a la libertad personal: sobreseimiento provisional que no impide la presentación de querella, efectivamente presentada; prisión provisional insuficientemente motivada (STC 128/1995).
  • Sala Segunda. Arrêt 93/2001, de 02 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Recurso de amparo 1587/1999. Promovido por Inversora Tamarindo, S.A., respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que desestimó su demanda por unos recargos tributarios del 10 por 100 y del 50 por 100.
    Vulneración parcial del derecho a la defensa en el procedimiento administrativo sancionador: recargo tributario que carece de carácter sancionador, y recargo que constituye sanción impuesta de plano (SSTC 164/1995 y 276/2000). Voto particular.
  • Sala Segunda. Arrêt 92/2001, de 02 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Recurso de amparo 3528/1997. Promovido por don Javier Tebas Medrano frente a Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, y el Auto que la aclaró, que en grado de apelación le condenó al abono de una cantidad.
    Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): Sentencia civil que no analiza la excepción de prescripción por razones procesales, y que no altera el debate procesal.
  • Sala Segunda. Arrêt 91/2001, de 02 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Recurso de amparo 1753/1997. Promovido por don Francisco Javier Martínez Gómez y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que estimó el recurso interpuesto por don Francisco Martínez Martínez en relación con un proceso selectivo para cubrir plazas de redactor en el Ente Público Radio Televisión Murciana.
    Vulneración parcial del derecho fundamental a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal en un contencioso sobre contratación laboral mediante concurso-oposición, sin emplazar personalmente a los concursantes salvo una.
  • Sala Segunda. Arrêt 90/2001, de 02 de avril de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de avril de 2001).
    Recurso de amparo 1068/1997. Promovido por la Asociación socio-cultural de jubilados, pensionistas y ex-empleados del grupo de empresas Ercros frente a las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que inadmitieron su demanda ordinaria contra empresas del grupo Ercros por la reducción de complementos de pensiones.
    Alegada vulneración del derecho de asociación y supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): falta de legitimación de jubilados para impugnar directamente la validez de un convenio colectivo.

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