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  • Pleno. Arrêt 256/2005, de 11 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Cuestión de inconstitucionalidad 4085/1999. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Logroño en relación con el párrafo 2 del artículo 1 y los apartados 1 y 7 del punto primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
    Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la vida e integridad y a la tutela judicial efectiva: STC 254/2005.
  • Pleno. Arrêt 255/2005, de 11 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Cuestión de inconstitucionalidad 3206/1999. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Logroño en relación con el párrafo 2 del artículo 1 y los apartados 1 y 7 del punto primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
    Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la vida e integridad y a la tutela judicial efectiva: STC 254/2005.
  • Pleno. Arrêt 254/2005, de 11 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Cuestión de inconstitucionalidad 1702/1999. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Logroño en relación con el párrafo 2 del artículo 1 y los apartados 1 y 7 del punto primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
    Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la vida e integridad y a la tutela judicial efectiva: STC 181/2000.
  • Pleno. Arrêt 253/2005, de 11 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Conflicto positivo de competencia 3783/1998. Promovido por el Gobierno de la Nación frente al Decreto del Gobierno Vasco 63/1998, de 31 de marzo, por el que se aprueba el acuerdo con las organizaciones sindicales sobre modernización en la prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
    Competencias sobre administración de justicia y ordenación económica: condiciones técnicas y requisitos esenciales en las plantillas y las relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos nacionales de funcionarios judiciales; plus retributivo; conocimiento del vascuence. Interpretación de precepto autonómico. Voto particular.
  • Pleno. Arrêt 252/2005, de 11 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Cuestión de inconstitucionalidad 950/1998. Promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la disposición transitoria tercera, apartados 4 y 7, de la Ley del Parlamento Vasco 2/1993, de 19 de febrero, de cuerpos docentes.
    Supuesta vulneración del principio de autonomía local: integración del personal de ikastolas en las corporaciones locales del municipio en que radican los centros.
  • Sala Segunda. Arrêt 251/2005, de 10 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Recurso de amparo 1733-2004. Promovido por don Fernando Bastardo del Puerto frente a los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Valladolid que ordenaron el cumplimiento de la pena de un año de prisión impuesta por delito de usurpación de funciones.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: revocación en grado de apelación a un solo efecto del beneficio de suspensión de la ejecución de pena que no incurre en error patente, pero que se produce cuando ya había transcurrido el plazo de suspensión. Voto particular.
  • Sala Primera. Arrêt 250/2005, de 10 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Recurso de amparo 6297-2003. Promovido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revocó el acuerdo de proseguir la ejecución contra los hijos y esposa del demandado fallecido en litigio por devolución de pensión de jubilación.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): derechos fundamentales de los entes públicos; Sentencia de suplicación que deja sin resolver uno de los motivos del recurso, sobre el carácter ganancial de una pensión, que es distinto a la renuncia de la herencia.
  • Sala Segunda. Arrêt 249/2005, de 10 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Recurso de amparo 5299-2003. Promovido por don José Miguel Moreno Cano en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Valencia que le condenaron por delitos de robo con intimidación.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: condena de una persona que había sido absuelta en sentencia dictada antes en la misma causa y no impugnada por ninguna parte acusadora.
  • Sala Primera. Arrêt 248/2005, de 10 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Recurso de amparo 3324-2003. Promovido por Petróleos del Norte, S.A., respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deniega el recurso de casación en pleito contra el Ministerio de Industria y Energía sobre subvención.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de recurso de casación contencioso-administrativo por defectos formales que había sido admitido cinco años antes (STEDH Sáez Maeso c. España).
  • Sala Primera. Arrêt 247/2005, de 10 de octobre de 2005 (BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2005).
    Recurso de amparo 6336-2002. Promovido por don José Fernández Martínez contra las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que revocaron la dictada por la Audiencia Provincial de Murcia y le condenaron por delito contra la salud pública.
    Vulneración del derecho a ser informado de la acusación: condena penal en grado de casación por posesión de hachís, mencionada en los hechos declarados probados, tras haber sido acusado por venta y posesión de cocaína.

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