TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

Deniega la acumulación de los recursos de amparo 6842-2000, 3621-2001 y 4140-2001, promovidos por don José Ignacio Palacios Asenjo y otros.

Acuerda el desistimiento en el recurso de amparo 7681-2003, promovido en proceso contencioso-administrativo.

Acuerda el desistimiento en el recurso de amparo 7669-2003, promovido en pleito civil.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 963-2004, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de El Ferrol en el procedimiento de modificación de medidas definitivas en procesos matrimoniales y de menores en relación con el art. 775 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Acuerda el desistimiento en el recurso de amparo 5922-2003, promovido en litigio social.

Deniega la personación en el conflicto en defensa de la autonomía local 3540-2003, planteado por la Entidad Metropolitana del Transporte y diversos Ayuntamientos en relación con el art. 79 de la Ley del Parlamento de Cataluña 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Acuerda el desistimiento parcial en el recurso de inconstitucionalidad 1850-2003, planteado por la Junta de Andalucía en relación con los arts. 76 y 78 y correspondiente partida presupuestaria de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2003.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1746-2003, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona en relación con el art. 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen sancionador en materia de juego.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 444-2003, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 8 de San Bartolomé de Tirajana en relación con la disposición transitoria única, apartado 4 de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril de ordenación del turismo de Canarias.

Acuerda el desistimiento en el conflicto positivo de competencia 2260-2001, planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País Vasco la oficina pública, su comité y la inspección de elecciones sindicales.