TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2020

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

NIPO AEBOE ePUB: 090-20-112-6

Depósito legal: M-8315-2021

Presentación

Juan José González Rivas

1. Introducción

Como Presidente del Tribunal Constitucional cumplo gustoso, por cuarto año consecutivo, con el mandamiento de transparencia (recogido en el artículo 15.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y en los artículos 1 y 2.1 f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) para, a través de esta Memoria, dar cuenta a la ciudadanía y a las instituciones del Estado de las actividades desempeñadas por este Tribunal en 2020, un año trágicamente marcado por la pandemia, que ha causado una crisis —no solo sanitaria— sin precedentes.

Por ello, quisiera, antes de nada, tener un recuerdo con todos los que perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad y a todas las víctimas que la han padecido, y ante todo expresar mi reconocimiento y gratitud a todos los colectivos que han estado en primera línea (especialmente el médico-sanitario, el personal de logística, de limpieza y de seguridad) para hacer frente a esta tragedia, y que nos están ayudando a sobrellevarla. Vaya para todos ellos el testimonio de nuestra más alta consideración y estima.

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno dictaba el Real Decreto 463/2020 de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 que ha tenido un gran impacto en nuestra Constitución y en todo el ordenamiento jurídico, trascendiendo no solo al ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales o a la estructura y funcionamiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, sino —más en concreto— al funcionamiento y modo de operar de nuestro Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal por acuerdo de 16 de marzo de 2020 decretó que «el estado de alarma no interrumpía el funcionamiento del Tribunal» y, «en garantía del sistema constitucional», aprobó los criterios de la suspensión de los plazos procesales y administrativos para la tutela procesal-constitucional durante la vigencia del mismo. Posteriormente, por acuerdo de 6 de mayo de 2020 del Pleno, se adoptaron las disposiciones para armonizar el cómputo de los plazos en procesos constitucionales al Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas para hacer frente a la crisis de la covid-19 en la administración de justicia.

Paralelamente, se produjo un gran cambio en los métodos e instrumentos de trabajo del Tribunal, pasando casi la totalidad de la plantilla del mismo —en la medida que resultaba conciliable con sus tareas— a operar mediante sistemas remotos de teletrabajo, produciéndose —a su vez— una aceleración en la desmaterialización de los expedientes y procesos, especialmente en las reuniones de trabajo y deliberaciones. En este sentido, no obstante lo imperativo del cambio, deseo agradecer a todo el personal, particularmente al Servicio de Informática, su esfuerzo profesional para suministrarnos herramientas automatizadas resilientes y securizadas —¡la ciberseguridad ha sido una preocupación constante de esta Presidencia!— y también a mis colegas magistrados, por su flexibilidad y capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías de comunicación y de la información, que nos han permitido mantener la «normalidad jurisdiccional» en el Tribunal.

2. Actividad jurisdiccional

En lo concerniente a la actividad jurisdiccional, la pandemia del covid-19 ha afectado al número de demandas de justicia constitucional interpuestas en 2020, las cuales disminuyeron en un 13,70 por 100 (a 6.570) alcanzando la cifra de 6.515 demandas de amparo, 24 recursos de inconstitucionalidad, 27 cuestiones de inconstitucionalidad —una de ellas interna— y cuatro conflictos de competencia planteados (tres positivos y uno negativo). El Pleno recibió 78 asuntos (23 avocados desde las salas), la Sala Primera acogió 3.250 asuntos y la Sala Segunda administró 3.242.

El Tribunal ha sido capaz de resolver 7.090 asuntos (un 7,7 por 100 más), dictando 195 sentencias de justicia constitucional (un incremento de algo más del 9,5 por 100), de las cuales, 23 fueron dictadas en procesos de inconstitucionalidad (14 en recursos de inconstitucionalidad y 9 en cuestiones de inconstitucionalidad), 2 en conflictos de competencia positivos y 170 en recursos de amparo (140 con fallo favorable). Asimismo se dictaron 174 autos (con una ligera disminución del 5,4 por 100) entre otros: cinco sobre incidentes de ejecución de sentencias del propio Tribunal —deduciendo, en uno de ellos, testimonio a Fiscalía—, seis rechazando recusaciones y otros seis aceptando abstenciones de magistrados, 93 sobre medidas cautelares (59 con anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad), 17 resolutorios de recursos de súplica del Ministerio Fiscal frente a inadmisiones de amparos, dos de aclaración y uno de rectificación de error material, uno de incompetencia del Tribunal Constitucional y otro denegando la existencia de funcionamiento anormal del Tribunal en un recurso previo. Por otro lado, se dictaron 7.079 providencias (un 8 por 100 más), de las cuales 6.722 fueron de inadmisión de demandas de amparo (incrementándose en casi un 2 por 100 el volumen de lo despachado): 2.534 de entre ellas fueron principalmente inadmitidas por causa de insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional.

Respecto de la pendencia de asuntos, al finalizar el ejercicio 2020 se encuentran irresueltos 90 asuntos en el Pleno y 163 en las Salas, sin perjuicio de los 3.356 recursos de amparo pendientes de admisión, cifras que contrastan con las de 2019 (75, 158 y 3.505, respectivamente).

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Entre las sentencias del Pleno podemos destacar la STC 172/2020, de 19 de noviembre, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, declarando —no obstante— que la infracción grave del art. 36.23 («el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin autorización») podría constituir una censura previa, debiendo interpretarse que la captación de las imágenes estaría permitida, constituyendo el ilícito la difusión de las mismas, con riesgo para la vida privada de los agentes y cuando no exista interés general en la divulgación. Asimismo se establecieron interpretaciones conformes de las infracciones leves del art. 37.1 y 3 (sobre incumplimiento de los requisitos formales para manifestarse y ocupación ocasional de inmuebles y vías públicas) y de la disposición final primera (rechazo en frontera en Ceuta y Melilla) que —conforme a la STEDH, Gran Sala, ND y NT, de 13 de febrero de 2020— debería respetar la garantía jurisdiccional y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, resulta relevante la STC 14/2020, de 28 de enero, que anuló dos disposiciones adicionales del Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (sobre ofertas de viviendas en alquiler y modificación del régimen temporal de los convenios administrativos en materia de infraestructuras de transporte), al no justificar la «extraordinaria y urgente necesidad» para aprobarlo y por la falta de conexión entre las medidas y la situación de urgencia apreciada. También es de interés la STC 134/2020, de 23 de septiembre, que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, al entender que la intervención estatal sobre el ejercicio del poder de gasto (competencia autonómica) no puede alcanzar la determinación de los elementos de gestión ordinaria, declarando inconstitucionales la centralización del pago de la ayuda, la fijación del momento del pago, la determinación individual de los beneficiarios y la cuantía a percibir.

Las SSTC 83/2020, de 15 de julio, y 131/2020, de 22 de septiembre, resolvieron que la Ley vasca 5/2019 (de modificación de la Ley 12/2016 de reconocimiento reparación a las víctimas de la violencia política en País Vasco 1978-1999) solo sería constitucional si se interpretaba que la Comisión del Parlamento Vasco tenía un deber de colaboración con las autoridades estatales, y que la función investigadora no podría confundirse con la instrucción y persecución de delitos. Por otra parte, la STC 13/2020, de 28 de enero, anuló la facultad del Presidente de Aragón de convocatoria de referéndum para la ratificación de la reforma estatutaria. Asimismo, las SSTC 16/2020, de 28 de enero, y 25/2020, de 13 de febrero, anularon —respectivamente— los presupuestos de la Región de Murcia y de Canarias para 2019, por incrementar la masa de gasto de los empleados públicos en contra de la normativa básica estatal de política económica general.

En relación con la actividad normativa de la Generalitat de Cataluña, deseo mencionar, por una parte, la STC 65/2020, de 18 de junio, que declaró parcialmente inconstitucional el Código tributario de Cataluña (Ley del Parlament 17/2017) por definir subjetivamente su ámbito de aplicación, afectar a la reserva material de la ley tributaria, delimitar el ámbito temporal de las normas tributarias, regular el ingreso de funcionarios autonómicos en la administración tributaria de la Generalidad y recoger los acuerdos entre el contribuyente y la administración. Y por otra parte, la STC 135/2020, de 23 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del plan estratégico de acción exterior de Cataluña con la Unión Europea (2019-2022) en lo relativo a las relaciones con el cuerpo diplomático y el consular, participación en foros multilaterales, misiones internacionales y acciones en África y América Latina; la internacionalización de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias estatales, el despliegue de infraestructuras digitales, sin perjuicio de la interpretación conforme (en línea con la STC 228/2016 y la STC 110/2012) de otras previsiones (acuerdos de colaboración y participación en competiciones deportivas internacionales) y la exigencia de mayor coordinación de las oficinas autonómicas ante la Unión. Y finalmente, la STC 152/2020, de 22 de octubre, declaró constitucional el procedimiento de investigación abierto por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (y no de la autoridad de la competencia autonómica) acerca de la «campaña de consumo estratégico» de marcas y productos catalanes favorables al independentismo.

También es reseñable la STC 82/2020, de 15 de julio, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley valenciana 3/2019 de servicios sociales inclusivos, por exigir que la financiación de los costes de personal y prestaciones municipales fuere a costa de las diputaciones provinciales. Y en otro ámbito, las SSTC 15/2020, de 28 de enero, y 151/2020, de 22 de octubre (siguiendo las SSTC 58/2016 y 34/2019) que declararon la inconstitucionalidad de los arts. 454 bis.1, párrafo 1.º, de la Ley de enjuiciamiento civil y 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal por excluir el recurso judicial frente a las resoluciones de los letrados de la administración de justicia dictadas en reposición.

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En materia de amparo se pueden destacar, en función de los derechos fundamentales tutelados, las SSTC 79/2020, 90/2020 y 91/2020, 120/2020, 124/2020, 128/2020 y 129/2020 y 168/2020 de interdicción de la discriminación (indirecta) por sexo, en la reducción de retribuciones del servicio de guardia en casos de reducción de jornada por maternidad; o la STC 191/2020 de vulneración del derecho a la igualdad, por denegación de becas universitarias, en Valencia, a alumnos de universidades privadas.

En las SSTC 22/2020 y 37/2020, sobre libertad individual, se denegaron los recursos de amparo frente a autos de prisión provisional decretados en la causa especial del «procés», ante la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos graves y el riesgo patente de fuga. Sin embargo, en las SSTC 18/2020 y 181/2020 se otorgó el amparo contra los autos de prisión provisional dictados en causas declaradas secretas, por falta de garantías procesales de información sobre elementos esenciales de la instrucción.

En la STC 27/2020 se denegó el derecho a la información de un periódico, ponderando el derecho a la propia imagen del afectado, cuando para ilustrar una noticia, aquél tomó una fotografía obtenida de la red social «Facebook» sin el consentimiento de éste. En la STC 178/2020 se consideró vulnerado el derecho a la propia imagen (y a la tutela judicial efectiva y a la protección integral de los hijos) en un supuesto de anteposición del apellido paterno sobre el materno en contra del interés del menor. En la STC 67/2020 se denegó el amparo por vulneración del derecho a la protección de datos, frente a la comunicación por la administración tributaria de los datos contables obtenidos en un registro, amparado en un procedimiento penal.

Respecto de la libertad expresión, en las SSTC 6/2020 y 18/2020 se concedió el amparo frente a la denegación a un interno de una entrevista con un medio de comunicación, y por la sanción a un interno crítico con el Ministerio del Interior, respectivamente. En la STC 142/2020 se amparó al abogado sancionado por expresiones vertidas en un escrito de defensa; y en la STC 35/2020 (caso Strawberry) se otorgó el amparo frente a una condena por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, mediante mensajes en twitter. Sin embargo, en las SSTC 190/2020 y 192/2020 se confirmaron las condenas, por injurias a la bandera y por delito contra la libertad religiosa.

En amparos parlamentarios (del art. 42 LOTC), en la STC 24/2020 se inadmitió el recurso frente a la negativa a tramitar una proposición de ley sobre gastos de la Casa Real; en las SSTC 97/2020, 193/2020 y 194/2020 se desestimaron las solicitudes de no suspensión en casos de procesamiento por terrorismo; y en la STC 173/2020 se desestimó el recurso frente a las resoluciones de la Presidenta del Parlament modificando inopinadamente los órdenes del día. Asimismo se inadmitieron (SSTC 2/2020, 12/2020 y 21/2020) o desestimaron los amparos interpuestos por los diputados catalanes partícipes en el «procés» (SSTC 3/2020, 4/2020, 5/2020, 11/2020, 12/2020, 22/2020, 23/2020, 36/2020 y 37/2020), para tomar posesión del cargo o asistir a sesiones parlamentarias; y en las SSTC 39/2020 y 195/2020 se dictaminó la falta de legitimación de terceros —particulares no electos— para recurrir por aquéllos.

En materia de tutela judicial efectiva, los amparos en vertiente de acceso a la jurisdicción se pueden resumir, por una parte, en la STC 87/2020 de proclamación del derecho a una investigación suficiente y eficaz en denuncias de violencia de género, y la STC 47/2020 que apreció la lesión del principio acusatorio por agravación de la acusación en segunda instancia penal; y por otra parte, en las SSTC 17/2020, 33/2020, 145/2020, 151/2020, 162/2020, 163/2020, 164/2020, 179/2020 y 182/2020 de amparo frente a las resoluciones irrecurribles de los letrados de la administración de justicia. Por lo que se refiere a la vertiente de acceso a los recursos legales, las SSTC 98/2020, 99/2020, 106/2020 a 109/2020, 136/2020 y 144/2020 apreciaron vulneración por la inadmisión, por las salas de lo contencioso administrativo de Tribunal Superior de Justicia, de la casación por infracción de norma autonómica; las SSTC 102/2020, 142/2020 y 143/2020 estimaron lesión por la rigurosa inadmisión del incidente de nulidad actuaciones. Y, por lo que se refiere a la interdicción de la indefensión, por un lado encontramos la serie de las SSTC 40/2020 a 189/2020 reiterando la inadecuación de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación para el primer emplazamiento a la demandada; por otro lado está la serie de las SSTC 26/2020, 29/2020, 32/2020, 41/2020, 62/2020, 86/2020, 119/2020, 125/2020, 167/2020 y 187/2020 sobre el carácter subsidiario del emplazamiento edictal; para finalizar con la STC 34/2020 sobre el error en la identificación del bien objeto de subasta, en la ejecución de título judicial. A las anteriores podemos añadir, por falta de motivación, las SSTC 30/2020, 48/2020 y 140/2020 que otorgaron el amparo ante la ausencia de control judicial del carácter abusivo de una cláusula contractual; la STC 46/2020 anulando un laudo arbitral en contra del principio dispositivo; y la STC 160/2020 de error al otorgar efectos interruptivos de la prescripción a notificaciones defectuosas de la administración.

En materia de garantías del debido proceso, se estimó el amparo por vulneración del derecho al proceso con todas las garantías en la STC 26/2020, por el incorrecto despacho de ejecución y revocación de título ejecutivo europeo; en las SSTC 132/2020 y 147/2020 por extradiciones concedidas para cumplimiento de condena impuesta en ausencia, en la primera, y en la segunda, en virtud exclusiva del escrito del Fiscal; y en la STC 165/2020 por desestimación de la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, que previamente había incumplido su deber de custodia documental. Y se estimó el amparo por vulneración de la presunción de inocencia en las SSTC 8/2020, 44/2020, 45/2020, 64/2020, 137/2020, 153/2020, 154/2020, 166/2020 y 177/2020, al haberse denegado indemnización por prisión provisional en causa penal, en la que finalmente resultaron absueltos.

Finalmente, especial mención merecen los AATC 9/2020 y 16/2020, y el ATC 11/2020 estimando —respectivamente— incidentes de ejecución de la sentencia 259/2015, del denominado «procés», y de la sentencia 98/2019, de declaración del Parlament contra la Corona —confirmados aquéllos en súplica por AATC 53/2020 y 54/2020. También puede destacarse el ATC 40/2020 que, bajo la vigencia del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, prorrogado por Real Decreto 492/2020, de 24 de abril), confirmó la prohibición de la manifestación del primero de mayo de la CUT en Vigo.

3. Actividad no jurisdiccional

El Registro telemático del Tribunal Constitucional ha mantenido su actividad recepcionando 5.529 escritos telemáticos de iniciación de amparos, lo que supone un descenso respecto del año anterior (6.166 escritos); no obstante, su actividad fue exclusiva durante los meses de marzo, abril, julio, agosto y octubre. En 2020 se recibieron telemáticamente 6.431 escritos de trámite de amparos, así como 20 escritos de iniciación y 113 de trámite dirigidos al Pleno; sin perjuicio de que la presentación telemática de escritos gubernativos se haya multiplicado por seis.

En materia de transparencia y acceso a la información, durante el año 2020 se han dirigido al Tribunal Constitucional 41 solicitudes de información pública (lo que supone una disminución respecto de las recibidas en 2019); de ellas, 40 fueron promovidas por personas físicas y una por una persona jurídica: el Congreso de los Diputados de México. Todas se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de nuestra página web. Mediante nueve resoluciones de la Secretaría General se concedió el acceso a la información solicitada (21,95 por 100); en 16 (39,02 por 100) se remitió la información solicitada a las secretarías de justicia por versar sobre la actividad jurisdiccional del Tribunal; en 11 (26,83 por 100) se remitió a los solicitantes a la página web, por figurar publicada en dicha página el contenido y no requerir re-elaboración; en una (2,44 por 100) se remitió la solicitud al Jefe del Gabinete de la Presidencia, por versar la petición sobre una materia atribuida a la competencia del Presidente; en 3 (7,32 por 100) no se accedió a la información pedida; y en una (2,44 por 100) se tuvo por desistida, por no concretarla.

Respecto del personal, 215 trabajadores sirvieron al Tribunal (107 hombres y 108 mujeres) en 2020. El 14 de octubre de 2020 se produjo la dimisión de don Fernando Valdés Dal-Ré, conforme al art. 23.1.1.ª LOTC, como Magistrado del Tribunal Constitucional (Real Decreto 913/2020, de 15 de octubre). El Secretario General y Letrado Mayor don Andrés Gutiérrez Gil fue renovado por tres años en su cargo, por acuerdo del Pleno gubernativo de 18 de junio de 2020. La Secretaria de Justicia del Pleno doña Herminia Palencia Guerra se jubiló, por edad, el 31 de diciembre. Pasaron a desempeñar sus funciones en el Tribunal en 2020: cinco letrados de adscripción temporal nuevos; cuatro funcionarios del grupo C (dos del subgrupo C1 y dos del subgrupo C2); un técnico y dos auxiliares de biblioteca; cinco tramitadores, dos gestores procesales y dos funcionarios de auxilio judicial; y un jefe de la unidad de informática. Asimismo, se convocaron ocho becas en diversos servicios.

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.364 documentos contables y nueve cuentas de reposición de fondos. El grado de ejecución del presupuesto de 23.866.870 euros del Tribunal alcanzó el 88,95 por 100. En este ejercicio se alcanzó la integración de la aplicación de gestión económica del Tribunal Constitucional con la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE) —por lo que todos los procedimientos de contratación se han tramitado de forma electrónica— y con el Sistema de Información Contable (SIC) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El Pleno gubernativo de 10 de diciembre de 2020 aprobó el Primer Plan Director para la rehabilitación integral de la sede principal del Tribunal Constitucional, con un periodo de cinco años para su ejecución, por un importe de 21 millones de euros, que constan en los presupuestos generales del Estado del ejercicio 2021.

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Por otra parte, nuestro «Buscador de jurisprudencia» recibió 5.667.637 de consultas de jurisprudencia, con un promedio diario de 15.527 y un total de 510.829 usuarios diferentes.

Los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluyen 88.947 libros y un total de 1.524 publicaciones seriadas. Durante el año 2020 se incorporaron al catálogo de la biblioteca del Tribunal 25.760 registros nuevos. La biblioteca ha realizado un total de 1.652 préstamos de libros y ha recibido 1.843 devoluciones. También ha atendido 42 consultas en la Sala de lectura y 10.448 a través de la aplicación informática, así como 2.339 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 3.207 recursos bibliográficos: 1.156 libros, 1.330 artículos de revistas y 721 capítulos de obras colectivas.

4. Actividad institucional

También fuera de la órbita de lo jurisdiccional, nos ha correspondido desarrollar la labor institucional, adaptada a las circunstancias excepcionales (de restricción de movimientos y prohibición de contactos sociales) y —en este contexto— celebrar el cuadragésimo aniversario de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional.

Así, previa a la declaración del estado de alarma, el 5 de febrero, iniciábamos el ciclo de eventos del 40 Aniversario con un Acto de homenaje a los magistrados eméritos, seguido de la presentación de la obra «Fundamentos de la jurisdicción contencioso-administrativa» del magistrado emérito Sr. Rodríguez-Zapata. A continuación, los días 19 y 20 de febrero, en colaboración con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tuvo lugar el Seminario «Conversaciones con la Constitución Española y su proyección en Europa», foro en el que participaron todos los magistrados del Tribunal y muchos académicos de la corporación, debatiendo sobre los primeros desarrollos normativo-constitucionales y las líneas jurisprudenciales posteriores del Tribunal.

El 9 de marzo, con la finalidad de celebrar el Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar un Homenaje a las magistradas y magistradas eméritas del Tribunal en estos 40 años, con la participación de la Vicepresidenta Sra. Roca Trías, la magistrada Sra. Balaguer, la ex presidenta Sra. Casas Bahamonde, y las magistradas eméritas Sras. Asua Batarrita y Pérez Vera, y la asistencia de una representación femenina de los diferentes colectivos del personal de la Institución.

Ya decretada la pandemia, durante el despacho ordinario de entrega de la Memoria de actividades del 2019 a S. M. el Rey don Felipe VI, el 20 de mayo de 2020, decidimos acometer la celebración de la efeméride del 12 de julio —con todas las medidas extraordinarias de prudencia—, haciéndolo coincidir con la fecha de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional de España (12 de julio de 1980), resultando uno de los primeros actos oficiales del Estado, posterior a la cuarentena impuesta por la pandemia. En el acto central de esta conmemoración, en presencia de ciento ochenta y seis autoridades nacionales y extranjeras, S. M. el Rey don Felipe IV nos recordó que «debemos conmemorar con la solemnidad y gratitud debidas, siendo muy conscientes del papel tan central que juega este Tribunal en el desarrollo continuo de nuestro ordenamiento y nuestra convivencia en un régimen de libertad y de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Posteriormente, en octubre de 2020, el Tribunal junto con el Museo Nacional de El Prado, a instancia mía, de la Vicepresidenta Sra. Roca Trías y del Magistrado Sr. González-Trevijano editó, publicó y presentó el libro «Los derechos constitucionales. Un paseo por El Prado» en el cual participaron todos los magistrados de la Institución, proponiendo cada uno un comentario sobre una obra de nuestra pinacoteca nacional, vinculada con algún derecho o libertad de la Constitución de 1978. Ello dio ocasión a la producción de un vídeo de divulgación cultural (incluido mediante código QR en el libro y trasmitido por nuestra página web y a través de YouTube) de 35 minutos, en el que los doce Magistrados reflexionaban sobre las obras artísticas comentadas, alcanzando una amplia difusión cultural de nuestros derechos constitucionales.

Por otra parte, el 19 de noviembre el Tribunal se vio gustosamente «obligado» a acoger en su sede las XXVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (que deberían haber tenido lugar presencialmente en Valencia), tratando el tema de «Las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», manteniendo —gracias a los medios telemáticos facilitados desinteresadamente por nuestro Tribunal (plataforma de videoconferencia y retransmisión en directo por internet)— el alto nivel científico de intercambio propio de este encuentro anual. Asimismo, el Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos» resultado de las XXV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Córdoba en noviembre de 2019.

Finalmente, el 14 de diciembre, cerramos los eventos del 40 Aniversario presentando la segunda edición de la obra «Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional» (que he tenido el gusto de dirigir) coeditada por la Fundación Wolters Kluwer, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Boletín Oficial del Estado, elaborada por letrados y antiguos letrados de la Casa, mediante la cual, además de nuestra modesta aportación a la praxis de la litigación ante la jurisdicción constitucional, quisimos rendir homenaje a todos los letrados que han prestado servicios en el Tribunal en sus cuatro décadas de historia.

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Sin perjuicio de lo anterior, nuestro Tribunal ha continuado desarrollando –en la medida que las circunstancias lo han permitido— su actividad representativa-institucional, participando en diversos foros, seminarios y conferencias, presenciales y virtuales, bilaterales y multilaterales, nacionales e internacionales, y manteniendo sus relaciones con Tribunales Constitucionales de otros Estados, favoreciendo un provechoso intercambio de experiencias y fomentando la proyección de nuestra Corte.

En el ámbito internacional, a finales de enero, asistimos —de nuevo— al solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, despachando con su Presidente, Secretario General y Magistrada española. Sin embargo, la XVIII Conferencia Europea de Cortes Constitucionales, la V Conferencia Mundial de Justicia Constitucional y la Reunión Cuadrilateral de los Tribunales Constitucionales (Italia, Portugal, Francia y España) tuvieron que ser pospuestas para más adelante. Sí que tuvimos el honor de participar con una video-conferencia inaugural como Presidente del Tribunal de España, el 24 de septiembre, en la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), celebrada telemáticamente, bajo los diligentes auspicios de la Corte Constitucional colombiana, desde Bogotá, bajo el título de «Democracia y derechos fundamentales en los estados de excepción».

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2020, a través del denominado «Foro Venecia», se contestaron nueve solicitudes de información provenientes de la propia Comisión de Venecia y de los tribunales constitucionales (u órganos equivalentes) de la República Eslovaca, República de Eslovenia, Macedonia del Norte, Rumanía, República de Sudáfrica, Suecia y República de Letonia (dos). Igualmente, este año el Tribunal continuó su colaboración la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que a su vez solicita información, proporcionada por el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal.

Lamentablemente, las visitas presenciales al Tribunal se vieron suspendidas el día 6 de marzo, fecha hasta la cual esta institución había recibido más de 30 visitas de colegios, institutos, universidades o asociaciones de diversa índole.

Por otra parte, el Tribunal y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales suscribieron el 4 de mayo de 2020 un Protocolo para la convocatoria y concesión del «Premio Francisco Tomás y Valiente» de ensayos sobre Constitución y justicia constitucional, con el fin de dar continuidad y actualizar este galardón que data de 1996.

5. Información y comunicación

El gabinete de prensa ha continuado desarrollando con normalidad su actividad ordinaria, de elaboración del boletín de prensa diaria y de confección de notas de prensa (alcanzando la cifra de 122 en 2020). Asimismo se ha encargado —en coordinación con el Servicio de Informática— de la actualización continuada de la página web del Tribunal, mediante la inclusión de resoluciones jurisdiccionales, contenidos audiovisuales y archivos multimedia de actos, seminarios, conferencias y visitas; alcanzando las 989.112 visitas, con 627.104 visitantes diferentes. En el campo de las redes sociales, se ha encargado de la cuenta de twitter (alcanzando los 18.000 seguidores, obteniendo 5.341.000 impactos —más del doble que en 2019), arrancando la cuenta de Instagram (con 1.500 seguidores) y nutriendo la cuenta de YouTube del Tribunal con imágenes y contenidos. La app móvil del Tribunal Constitucional ha sido instalada en 720 ocasiones. Asimismo, propició la publicación de artículos de opinión en periódicos nacionales o entrevistas en televisión y radio (v. gr. el programa «Audiencia Abierta» de RTVE el 11 de julio de 2020, con ocasión del 40 Aniversario del Tribunal Constitucional; el programa «Las mañanas de RNE» el 6 de julio de 2020; etc.). También debe reseñarse la confección del exitoso logotipo del 40 Aniversario del Tribunal (TC40), sin costes de diseño.

6. Conclusión

Para finalizar, reitero mi reconocimiento por su labor a todas y cada una de las personas que conforman este Tribunal, que, a pesar del difícil contexto que nos ha tocado vivir, han hecho posible que la labor jurisdiccional y la actividad no se detuvieran, habiendo todos contribuido a la misión que la propia Constitución le encomienda, de «intérprete supremo» y «guardián» del Estado Social y Democrático de Derecho.

Tampoco puedo concluir sin expresar mi gratitud y honrar a todos aquellos, a los que están y a los que no están entre nosotros (particularmente al Magistrado emérito don Vicente Gimeno Sendra, que nos dejó este año) que a lo largo de los últimos cuarenta años contribuyeron a pavimentar el camino hacia la democracia y la modernidad de la que hoy disfrutamos. ¡Muchas gracias de todo corazón!

Madrid, 11 de marzo de 2021

I. Composición del Tribunal

Por Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Juan José González Rivas. Mediante Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente:

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente [1]

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta [2]

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara [3]

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García [4]

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos [5]

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez [6]

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez [7]

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho [8]

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar [9]

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón [10]

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón [11]

El día 14 de octubre de 2020, el Excmo. Sr. D. Fernando Valdés Dal-Ré [12] presentó su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional, que fue aceptada por decreto del Presidente del Tribunal Constitucional de la misma fecha. Su cese se produjo por Real Decreto 913/2020, de 15 de octubre (BOE núm. 274, de 16 de octubre).

Por acuerdo de 28 de marzo de 2017 (BOE núm. 75, de 29 de marzo), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en salas y secciones:

Sala Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Sección Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara, Presidente

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez, Presidente

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Datos personales

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944.

Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944.

Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Santander, 1942.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez

Madrid, 1958.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Madrid, 1937.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

A’ Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional

[1] Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

[2] Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

[3] Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

[4] Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[5] Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[6] Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

[7] Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

[8] Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[9] Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[10] Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

[11] Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

[12] Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por acuerdos de 21 de julio de 2017 y de 18 de junio de 2020, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Doña María Ángeles García Frías

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

– Doña Alicia González Alonso

Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Celia Martínez Escribano

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

– Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Ángel Sánchez Navarro

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

– Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona.

– Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

– Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Don Nicolás Cabezudo Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid.

– Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

– Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada titular del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Doña María José García-Valdecasas Dorrego

Abogada del Estado.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don José Núñez Núñez

Administrador Civil del Estado.

– Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Doña Argelia Queralt Jiménez

Profesora Agregada de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona; y

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Don Marcial Viñoly Palop

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Javier Zaragoza Tejada

Fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Ignacio Ulloa Rubio, Magistrado, nombrado por resolución del Presidente de 5 de septiembre de 2019.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra hasta su jubilación en diciembre; fue sustituida por don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino, cuya plaza quedó vacante en diciembre.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

El Gerente del Tribunal es don Carlos Fernández-Peinado Martínez, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Intervención

La Interventora del Tribunal Constitucional es doña Marta Carolina Hidalgo López, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general[1]

I. Por acuerdo de 16 de marzo de 2020 (BOE núm. 71, de 17 de marzo), el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó diversos criterios en relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

El Tribunal Constitucional aclara que la declaración de estado de alarma no interrumpe el funcionamiento de este órgano constitucional, en los términos del artículo 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Por ende, el Tribunal continuará dictando las resoluciones y medidas cautelares que fueran necesarias, en los procesos constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema constitucional y de los derechos fundamentales y libertades públicas. No obstante, en atención a las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 463/2020, establece que los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante el Tribunal quedan suspendidos durante la vigencia del estado de alarma. Sin perjuicio de dicha suspensión del cómputo de los plazos, podrán seguir presentándose recursos y demás escritos, que afecten a los distintos procesos constitucionales o administrativos, a través del Registro electrónico accesible en la sede electrónica de la institución.

II. El acuerdo de 6 de mayo de 2020 (BOE núm. 128, de 8 de mayo), del Pleno del Tribunal Constitucional, completó las disposiciones sobre el cómputo de los plazos procesales y administrativos que habían sido suspendidos por el acuerdo de 16 de marzo de 2020, en atención a las medidas procesales y organizativas adoptadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, para afrontar las consecuencias que ha tenido la crisis del covid-19 sobre la administración de justicia.

[1] El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

IV. Actividad jurisdiccional[1]

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

D) Conflictos constitucionales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Libertad personal (art. 17 CE)

D) Honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE)

E) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

F) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

G) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

H) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

b) Presunción de inocencia

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2020 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 6.570 asuntos jurisdiccionales; es decir, 1.051 menos que en 2019 (año en que se habían registrado 7.621). Esta notable reducción del 13,79 por 100 de la demanda de justicia constitucional refleja el impacto de la pandemia causada por la covid-19 sobre la jurisdicción constitucional y se plasmó, en particular, en una fuerte caída de las demandas de amparo (6.515 en 2020, frente a 7.554 en 2019). Más ligero fue el descenso percibido en la promoción de nuevos recursos de inconstitucionalidad (24 en 2020 y 27 en 2019), cuestiones de inconstitucionalidad (27 en 2020 y 33 en 2019) y conflictos positivos de competencia (tres en 2020 y cinco en 2019). Se planteó, además, un conflicto negativo de competencia, instado por una persona jurídica.

Las cifras proporcionadas ponen de manifiesto, una vez más, la persistencia abrumadora de la preponderancia de los recursos de amparo: 6.515, es decir, el 99,16 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 6.473 (en 2019 habían sido 6.639), de los cuales 5.760 fueron interpuestos por personas físicas y 713 por personas jurídicas de Derecho privado (5.768 y 871, respectivamente, en 2019). Los entes públicos promovieron 42 recursos de amparo (44 en 2019). Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de amparo alguno.

Con respecto a su origen, persistió el predominio habitual de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.416, el 53,42 por 100 (en 2019 la cifra absoluta había sido superior, 3.729, pero con menor peso porcentual al representar el 49,36 por 100). Por su origen, se redujo el número de amparos procedentes de las jurisdicciones civil (1.154 en 2020 frente a 1.339 en 2019), contencioso-administrativa (1.585 en 2020 frente a 1.998 en 2019), social (310 en 2020 frente a 384 en 2019) y militar (21 en 2020 frente a 29 en 2019). Se plantearon igualmente 25 recursos de amparo frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, un número prácticamente idéntico al de 2019, cuando fueron 28 los recursos de amparo de procedencia parlamentaria.

La mitad de los recursos de amparo se interpusieron tras un proceso judicial finalizado por resolución del Tribunal Supremo (3.282, un 50,38 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos procedieron de litigios y causas resueltos en última instancia por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (1.632, un 25,05 por 100), los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (939, el 14,41 por 100) y los tribunales superiores de justicia (346, el 5,31 por 100). Ciento sesenta nuevos recursos de amparo se promovieron directamente tras el dictado de la resolución correspondiente por la Audiencia Nacional y cinco procedieron de la jurisdicción militar (en dos de ellos se había pronunciado el Tribunal Militar Central y los otros tres traían causa de procesos finalizados en los tribunales militares territoriales).

En 4.890 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 75,06 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 901 demandas de amparo (13,83 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 588 invocaciones del derecho a la legalidad penal (9,03 por 100), las 348 del derecho a la libertad y seguridad (5,34 por 100) y las 233 de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen del artículo 18 de la Constitución (3,58 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 4.892 demandas de amparo constitucional (75,08 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE debemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías fuera, por tercer año consecutivo, el que mayores invocaciones recibió (fue alegado en 1.687 demandas), seguido del derecho a la presunción de inocencia (aducido en 1.112 demandas de amparo).

Se interpusieron 24 nuevos recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos, 18, fueron planteados por diputados o senadores (doce respecto de leyes estatales y los otros seis frente a leyes autonómicas); el presidente del Gobierno interpuso cuatro frente a leyes autonómicas. Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron dos leyes estatales. El Defensor del Pueblo no interpuso ningún recurso de inconstitucionalidad en 2020.

A lo largo del año se planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad y los órganos judiciales presentaron otras 26 cuestiones de inconstitucionalidad. Los juzgados unipersonales plantearon 11 de ellas (tres respecto de leyes estatales y ocho sobre preceptos con rango de ley autonómicos). Los tribunales superiores de justicia promovieron ocho (cuatro sobre leyes estatales y otras tantas en relación con leyes autonómicas). El Tribunal Supremo elevó dos cuestiones sobre leyes estatales, la Audiencia Nacional hizo lo propio tres veces y las audiencias provinciales también formularon dos cuestiones de inconstitucionalidad, siempre sobre leyes del Estado.

El Gobierno de la Nación no promovió ningún conflicto positivo de competencia frente a normas y actos de las comunidades autónomas. Los gobiernos autonómicos plantearon tres conflictos positivos de competencia frente a actos y normas del Estado. El único conflicto negativo de competencia fue interpuesto por una entidad mercantil.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 195 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó 56 de ellas, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 23 (14 en recursos de inconstitucionalidad, siete en cuestiones de inconstitucionalidad —dos de ellas, cuestiones internas elevadas en su día por las salas del propio Tribunal—y dos en conflictos positivos de competencia); las restantes 33 sentencias fueron pronunciadas en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno. La Sala Primera dictó 63 sentencias (61 resolutorias de recursos de amparo y dos recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento no se había reservado para sí el Pleno en el trámite de admisión) y la Sala Segunda, 76 (todas ellas en procesos de amparo).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 174 autos. El Pleno dictó 57 de ellos; las salas, 88 (la Sala Primera aprobó 48 y la Sala Segunda, 40); los restantes 29 autos fueron dictados por las secciones: nueve la Sección Primera, 15 la Sección Segunda y cinco la Sección Cuarta (la Sección Tercera no dictó ningún auto en 2020).

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el art. 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 autos, todos ellos del Pleno, con la sola excepción del ATC 149/2020, de 26 de noviembre, dictado por la Sección Primera. Este fue, justamente, el único auto publicado en el diario oficial al que se formuló un voto particular discrepante.

Cinco de estos autos inadmitieron a trámite otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por órganos judiciales en relación con los siguientes preceptos legales: artículo 41 del texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (ATC 72/2020, de 14 de julio); artículo 162.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (ATC 113/2020, de 22 de septiembre); disposición adicional undécima de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad (ATC 116/2020, de 22 de septiembre); artículo 47.1 b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (ATC 171/2020, de 15 de diciembre), y artículo 6.1 de la Ley del Parlamento de Galicia 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias de empleo público (ATC 172/2020, de 15 de diciembre).

Cinco de los autos se dictaron en incidentes de ejecución de sentencias dictadas en procesos constitucionales suscitados por impugnación por el Gobierno de la Nación de disposiciones autonómicas. En tres de ellos se estimaron los correspondientes incidentes: ATC 9/2020, de 28 de enero (incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, planteado como consecuencia de la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017); ATC 11/2020, de 28 de enero (incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, con idéntico objeto y en el que el Tribunal Constitucional acordó la notificación personal de la resolución y la deducción de testimonio de particulares), y ATC 16/2020, de 11 de febrero (incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, planteado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de «moció subsegüent a la interpel lació al Govern sobre l’autogovern» en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019). Los otros dos autos declararon extintos sendos incidentes de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre (AATC 10/2020, de 28 de enero, de objeto coincidente con los AATC 9/2020 y 11/2020, y 18/2020, de objeto coincidente con el ATC 16/2020).

El ATC 149/2020, de 26 de noviembre, inadmitió un recurso de amparo promovido en un proceso contencioso-administrativo. El ATC 17/2020, de 11 de febrero, rechazó la recusación de un magistrado en varios procesos constitucionales y el ATC 83/2020, de 21 de julio, denegó la aclaración de la STC 78/2020, de 1 de julio.

Por auto se inadmitieron, a lo largo de 2020, 18 cuestiones de inconstitucionalidad, dos recursos de amparo (AATC 40/2020, de 30 de abril, y 149/2020, de 16 de noviembre) y un recurso de inconstitucionalidad (ATC 174/2020, de 15 de diciembre).

Mediante el ATC 73/2020, de 14 de julio, el Pleno confirmó la admisión a trámite de una cuestión de inconstitucionalidad que había sido impugnada por una asociación parte en el proceso a quo y personada luego en el proceso constitucional. Igualmente por auto, el Pleno del Tribunal acordó la extinción de un proceso de inconstitucionalidad al acoger, en el ATC 19/2020, de 11 de febrero, el desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el presidente del Gobierno en relación con la disposición adicional segunda de la Ley de las Cortes Valencianas 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades.

Por lo que a las medidas cautelares se refiere, el Pleno dictó dos autos en procesos de inconstitucionalidad: en uno de ellos mantuvo la suspensión acordada en su día por aplicación de los arts. 161.2 CE y 30 LOTC (ATC 56/2020, de 17 de junio, dictado en el conflicto positivo de competencia luego resuelto por la STC 135/2020, de 23 de septiembre); en el otro auto levantó la medida de suspensión (ATC 92/2020, de 9 de septiembre, en recurso de inconstitucionalidad). En procesos de amparo cuya tramitación y conocimiento había avocado previamente, el Pleno dictó doce autos denegando la suspensión interesada (AATC 57/2020 a 61/2020, de 17 de junio; 64/2020, de 17 de junio; 70/2020 y 71/2020, de 14 de julio; 88/2020, de 22 de julio; 89/2020, de 9 de septiembre; 94/2020, de 10 de septiembre, y 146/2020, de 17 de noviembre, al que se formuló un voto particular) y dos en los que acordó el archivo de la pieza separada de suspensión (AATC 69/2020, de 14 de julio, y 127/2020, de 21 de octubre).

En dos autos, el Pleno aceptó sendas abstenciones de magistrados en cuestiones de inconstitucionalidad que versaban, en ambos casos, sobre diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (AATC 20/2020, de 11 de febrero, y 145/2020, de 17 de noviembre). En tres autos inadmitió otras tantas recusaciones de magistrados en recursos de inconstitucionalidad (ATC 34/2020, de 25 de febrero) y de amparo (AATC 62/2020 y 63/2020, de 17 de junio, confirmados en súplica por los AATC 84/2020 y 85/2020, de 21 de julio). El ATC 17/2020, de 11 de febrero, desestimó otra recusación en diferentes procesos de inconstitucionalidad.

En su auto 83/2020, de 21 de julio, el Pleno denegó la aclaración de la sentencia 78/2020, de 1 de julio. Los incidentes de ejecución de sentencia dieron lugar a once autos del Pleno. En tres de ellos se estimaron los incidentes correspondientes (AATC 9/2020 y 11/2020, de 28 de enero, y 16/2020, de 11 de febrero); en otros dos declaró extintos los incidentes correspondientes (AATC 10/2020, de 28 de enero, y 18/2020, de 11 de febrero) y en los seis restantes desestimó los recursos de súplica que alguna de las partes personadas había formulado respecto de autos en los que, en su día, se había estimado el incidente de ejecución: AATC 31/2020 a 33/2020, de 25 de febrero (que confirmaron en súplica los AATC 180/2019, 181/2019 y 184/2019, de 18 de diciembre), y 53/2020, 54/2020 y 55/2020, de 17 de junio (que confirmaron los ya citados AATC 9/2020, 16/2020 y 11/2020, respectivamente).

De entre los autos dictados por las salas y secciones del Tribunal en 2020 cabe señalar, en primer lugar, que la Sala Primera elevó una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (ATC 22/2020, de 24 de febrero; cuestión posteriormente resuelta por la STC 151/2020, de 22 de octubre); y que la Sala Segunda, en el ATC 74/2020, de 20 de julio, acordó no plantear cuestión respecto del artículo 454 bis.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, pues este precepto legal ya había sido declarado inconstitucional y nulo en la STC 15/2020, de 28 de enero, resolutoria de otra cuestión interna de inconstitucionalidad, planteada por la Sala Primera del Tribunal en el ATC 23/2019, de 8 de abril.

La Sala Primera del Tribunal inadmitió a trámite un recurso de amparo (ATC 40/2020, de 30 de abril) y su Sección Primera otro (ATC 149/2020, de 26 de noviembre, al que se formuló un voto particular). Esta misma sala revisó, en fase de admisión y por auto, una diligencia de ordenación dictada por el secretario de justicia, concediendo al recurrente la posibilidad de otorgamiento de poder apud acta (ATC 106/2020, de 21 de septiembre). También la Sala Primera acordó la finalización de dos procesos de amparo por desistimiento de la parte actora (AATC 13/2020, de 10 de febrero, y 161/2020, de 14 de diciembre) y, por extinción, la terminación de una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 143/2020, de 16 de noviembre) y de dos procesos de amparo (AATC 37/2020, de 9 de marzo —confirmado en súplica por el ATC 122/2020, de 19 de octubre— y 160/2020, de 14 de diciembre).

Las distintas secciones dictaron 17 autos resolutorios de recursos de súplica, que habían sido promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Tres de ellos desestimaron los correspondientes recursos, confirmando las providencias de inadmisión en sus propios términos (AATC 95/2020, de 14 de septiembre; 119/2020, de 9 de octubre, y 120/2020, de 13 de octubre). En otros seis, la estimación del recurso de súplica se acompañó de la admisión a trámite de la demanda de amparo (AATC 118/2020, de 9 de octubre; 128/2020, 129/2020 y 131/2020, de 22 de octubre, y 147/2020 y 148/2020, de 19 de noviembre). En los ocho restantes, la estimación del recurso de súplica del Fiscal supuso la retroacción de actuaciones al momento de decidir sobre la admisión del amparo (AATC 96/2020, de 15 de septiembre; 97/2020 a 101/2020, de 15 de septiembre; 114/2020, de 22 de septiembre, y 133/2020, de 3 de noviembre).

Las salas dictaron 73 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Sección Cuarta, otros cuatro. Por lo que se refiere a los autos de la Sección, en dos de ellos se otorgó la suspensión (AATC 42/2020, de 9 de junio, y 68/2020, de 13 de julio) y en los otros dos se denegó (AATC 86/2020 y 87/2020, de 22 de julio). Respecto de los autos de las salas, en la inmensa mayoría de ellos —57— se denegó la medida cautelar solicitada por la recurrente y se ordenó la anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad (AATC 3/2020 a 8/2020, de 27 de enero; 15/2020, de 10 de febrero; 25/2020 a 28/2020, de 24 de febrero; 30/2020, de 24 de febrero; 36/2020 y 38/2020, de 9 de marzo; 44/2020 a 48/2020, 50/2020 y 51/2020, de 15 de junio; 65/2020, de 29 de junio; 78/2020 a 82/2020, de 20 de julio; 103/2020, 104/2020 y 107/2020 a 110/2020, de 21 de septiembre; 117/2020, de 6 de octubre; 123/2020, de 19 de octubre; 134/2020, de 4 de noviembre; 136/2020 a 142/2020, de 16 de noviembre; 153/2020 a 157/2020, de 30 de noviembre; 158/2020 y 162/2020 a 169/2020, de 14 de diciembre). En 11 de los 16 restantes se denegó la suspensión, sin adoptar ninguna otra medida (AATC 2/2020, de 27 de enero; 14/2020, de 10 de febrero; 23/2020 y 29/2020, de 24 de febrero; 52/2020, de 15 de junio; 105/2020 y 111/2020, de 21 de septiembre; 135/2020, de 4 de noviembre, y 150/2020 a 152/2020, de 30 de noviembre); en tres se otorgó la suspensión parcial o total (AATC 49/2020, de 15 de junio; 75/2020, de 20 de julio, y 112/2020, de 21 de septiembre), y en dos se dispuso el archivo de la pieza separada de suspensión, bien por pérdida de objeto (ATC 76/2020, de 20 de julio), bien por desistimiento de los recurrentes (ATC 170/2020, de 14 de diciembre).

La Sección Primera dictó cuatro autos aceptando otras tantas abstenciones de magistrados del Tribunal en procesos de amparo (AATC 1/2020, de 20 de enero; 21/2020, de 12 de febrero; 67/2020, de 1 de julio, y 121/2020, de 13 de octubre) y la Sección Segunda otros dos (AATC 41/2020, de 19 de mayo, y 132/2020, de 30 de octubre). La Sala Primera dictó dos autos de acumulación: AATC 24/2020, de 24 de febrero, y 77/2020, de 20 de julio. Esta misma sala denegó por auto la aclaración de la STC 26/2020, de 24 de febrero (ATC 102/2020, de 21 de septiembre) y rectificó, igualmente mediante auto, un error material padecido en la STC 167/2020, de 16 de noviembre (ATC 159/2020, de 14 de diciembre).

Finalmente, la Sección Primera apreció la incompetencia del Tribunal Constitucional para conocer de la impugnación de una resolución de la Comisión central de asistencia jurídica gratuita (ATC 35/2020, de 6 de marzo) y la Sala Segunda declaró que no se había producido funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo (ATC 43/2020, de 15 de junio).

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2020 el Pleno admitió a trámite 34 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales y 34 recursos de amparo. Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto 18 cuestiones de inconstitucionalidad y un recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, las salas y secciones admitieron a trámite 146 recursos de amparo (63 la Sala Primera y 83 la Sala Segunda); la Sala Primera y la Sección Primera dictaron sendos autos de inadmisión. Las salas dictaron, asimismo, 6.722 providencias de inadmisión (3.292 la Sala Primera y 3.430 la Sala Segunda) y 143 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión (una el Pleno, 50 la Sala Primera y 92 la Sala Segunda). Como ya se ha indicado en su momento, 14 providencias de inadmisión de la Sala Primera fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal, con distintos resultados sobre la admisión de los recursos.

Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (7.098, cifra que resulta de la suma de las providencias de admisión, en su caso los autos de admisión en súplica, los autos y las providencias de inadmisión y los autos y las providencias de terminación de asuntos), el 3,10 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos de amparo para su posterior resolución por sentencia y el restante 96,90 por 100 supuso el archivo del recurso.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. En la mayoría de los recursos de amparo admitidos a trámite en 2020 concurrieron diversos motivos de admisión (48, el 26,67 por 100); como segunda causa de admisión hallamos la ausencia de doctrina constitucional (44, el 24,44 por 100), seguida de la oportunidad de aclarar o cambiar la doctrina constitucional como consecuencia de cambios normativos (34, el 18,89 por 100); le siguen las admisiones fundadas en la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por las resoluciones judiciales (21 recursos, el 11,67 por 100). Nueve recursos de amparo fueron admitidos por el eventual origen normativo de la vulneración (5 por 100) y los motivos referidos a la aclaración o cambio de doctrina consecuencia de un proceso de reflexión interna, o la repercusión social o económica del asunto, dieron lugar a la admisión de 14 recursos, siete por cada uno de estos motivos (3,89 por 100, respectivamente). Seis recursos fueron admitidos por las posibles consecuencias políticas generales (3,33 por 100) y los cuatro restantes por el motivo que apunta a un posible incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o la existencia de resoluciones judiciales contradictorias (2,22 por 100).

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (2.534 demandas de amparo, el 37,70 por 100), seguida a gran distancia de la relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (1.824, el 27,13 por 100), la falta de agotamiento de la vía judicial previa (638, el 9,49 por 100) o de subsanación de defectos procesales (causa de inadmisión de otros 644 recursos de amparo, el 9,58 por 100) y de justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda (588, el 8,74 por 100). Muy por detrás se encuentran las inadmisiones por inexistencia de la vulneración denunciada (227, el 3,38 por 100), extemporaneidad del recurso (202, el 3,01 por 100), la falta de denuncia tempestiva de la vulneración que se pretende hacer valer en el recurso de amparo constitucional (20, el 0,30 por 100) y, en fin, otros motivos diferentes de los consignados (siete recursos de amparo, apenas el 0,10 por 100 del total).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2020 y los resueltos ese año, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 55 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos positivos y negativos de competencia; admitió a trámite 34 e inadmitió 19 mediante auto. Además, avocó 23 recursos de amparo para decidir sobre su admisión. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que el Pleno decidiera sobre su admisión cuatro recursos de amparo, otros tantos recursos de inconstitucionalidad, dos cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto negativo de competencia.

En cuanto a la resolución de asuntos, el Pleno dictó 56 sentencias y resolvió —por sentencia o por auto de terminación— 57 procesos, con 62 asuntos (al estar varios de ellos acumulados). El Pleno finalizó el año con 90 asuntos pendientes de sentencia en 89 procesos (43 procesos con 44 recursos de amparo, 32 recursos de inconstitucionalidad, diez cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro conflictos positivos de competencia). Esto supuso un ligero incremento de la pendencia, que en 2019 se situaba en 75 asuntos y 74 procesos.

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.250 nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.280 (dos por auto y el resto, por providencia) y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros 50 recursos que se hallaban pendientes de admisión (todos ellos por providencia). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.820 demandas de amparo y de resolver 65 recursos de amparo, acumulados en 64 procesos. Se redujo de este modo la pendencia de asuntos, que en 2019 estaba en 1.969 asuntos en fase de admisión y otros 63 en fase de sentencia.

En la Sala Segunda ingresaron 3.242 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.430 y dio por terminados, siempre mediante providencia, 92 recursos pendientes de admisión. Al finalizar el año, quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.536 demandas de amparo (cifra coincidente con la pendiente a 31 de diciembre de 2019) y de resolver por sentencia 98 recursos (cifra superior a los 88 de 2019).

Las secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2020 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 89 procesos, con un asunto acumulado. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 43 procesos en recursos de amparo previamente avocados, que sumaban 44 asuntos al haberse acumulado dos de ellos; 32 recursos de inconstitucionalidad; diez cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro conflictos positivos de competencia. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad cuatro recursos de inconstitucionalidad, dos cuestiones de inconstitucionalidad, cuatro recursos de amparo avocados y un conflicto negativo de competencia.

En las salas se encontraban pendientes de sentencia 162 procesos de amparo, con igual número de asuntos: 64 en la Sala Primera y 98 en la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver sobre su admisibilidad ascendían a 3.356: 1.820 ante la Sala Primera y 1.536 ante la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

Durante 2020 el Tribunal Constitucional dictó 14 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, nueve en cuestiones de inconstitucionalidad —dos de ellas, en cuestiones internas de inconstitucionalidad—, y dos en conflictos positivos de competencia. La suma arroja un total de 25 sentencias resolutorias de otros tantos procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales.

El Pleno dictó 23 de estas sentencias y las dos restantes la Sala Primera (SSTC 20/2020, de 10 de febrero, y 171/2020, de 16 de noviembre). Pese a que en la práctica totalidad de estas resoluciones se enjuicia el fondo del asunto controvertido, interesa reseñar que en la STC 101/2020, de 10 de septiembre, el Pleno declaró la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de una cuestión de inconstitucionalidad que versaba sobre el mismo precepto legal que ya había sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 78/2020, de 1 de julio.

Las 14 sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal en recursos de inconstitucionalidad enjuiciaron disposiciones legales estatales o autonómicas en las siguientes materias: acción social (STC 134/2020, de 23 de septiembre); administraciones locales (STC 82/2020, de 15 de julio); caza (STC 148/2020, de 22 de octubre); derechos históricos (STC 13/2020, de 28 de enero); protección animal y medio ambiente (SSTC 81/2020, de 15 de julio, y 100/2020, de 22 de julio); régimen retributivo de los empleados públicos (SSTC 16/2020, de 28 de enero, y 25/2020, de 13 de febrero); reparación de daños causados por actos de violencia política (SSTC 83/2020, de 15 de julio, y 131/2020, de 22 de septiembre); seguridad ciudadana (STC 172/2020, de 19 de diciembre); tributos (SSTC 65/2020, de 18 de junio, y 84/2020, de 15 de julio), y vivienda (STC 14/2020, de 28 de enero).

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a nueve sentencias: siete de ellas fueron dictadas por el Pleno (de las cuales, dos resolvieron otras tantas cuestiones internas de inconstitucionalidad: SSTC 15/2020, de 28 de enero, y 151/2020, de 22 de octubre; en ambos casos se trataba de cuestiones suscitadas en relación con preceptos legales que no garantizaban el control judicial, en vía de revisión, de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia) y las otras dos sentencias fueron pronunciadas por la Sala Primera (SSTC 20/2020, de 10 de febrero, y 171/2020, de 16 de noviembre). Como ya se ha reseñado, la STC 101/2020, de 10 de septiembre, declaró la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de una cuestión de inconstitucionalidad. Estas sentencias se dictaron en procesos constitucionales que tenían por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley relativas a las siguientes materias: caza (STC 149/2020, de 22 de octubre); montes (STC 96/2020, de 21 de julio); policías locales (STC 171/2020, de 16 de noviembre); potestad sancionadora de la administración (STC 150/2020, de 22 de octubre); legislación procesal (SSTC 15/2020, de 28 de enero, y 151/2020, de 22 de octubre); tributos (SSTC 78/2020, de 1 de julio, y 101/2020, de 10 de septiembre) y urbanismo y vivienda (STC 20/2020, de 10 de febrero). Por otro lado, el Pleno resolvió por sentencia dos conflictos positivos de competencia que oponían al Gobierno de la Nación y la Generalitat de Cataluña (SSTC 135/2020, de 23 de septiembre, y 152/2020, de 22 de octubre).

En seis de estas sentencias, todas ellas dictadas por el Pleno, se formularon votos particulares.

Durante 2020, el Pleno inadmitió 18 cuestiones de inconstitucionalidad y un recurso de inconstitucionalidad (ATC 174/2020, de 15 de diciembre). Asimismo, el Pleno aceptó el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto en relación con un precepto de la Ley de las Cortes Valencianas 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades (ATC 19/2020, de 11 de febrero). Siempre por auto, el Pleno declaró la extinción de dos incidentes de ejecución de sentencia (AATC 10/2020, de 28 de enero, y 18/2020, de 11 de febrero) y la Sala Primera hizo lo propio respecto de una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 143/2020, de 16 de noviembre).

El Pleno estimó dos incidentes de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en impugnación de disposiciones autonómicas respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña que había acordado el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república (AATC 9/2020, de 28 de enero, y 16/2020, de 11 de febrero; confirmados en súplica por los AATC 53/2020 y 54/2020, de 17 de junio, respectivamente) y un incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, que anuló parcialmente una resolución del Parlamento de Cataluña que desconocía la posición institucional de la Corona (ATC 11/2020, de 28 de enero).

La Sala Primera planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el artículo 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (ATC 22/2020, de 24 de febrero) y la Sala Segunda otra respecto del artículo 454 bis.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (ATC 74/2020, de 20 de julio).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

Durante 2020 el Pleno del Tribunal dictó siete sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto seis leyes, disposiciones o actos con valor de ley del Estado (las SSTC 78/2020, de 1 de julio, y 101/2020, de 10 de septiembre, se dictaron en cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con el mismo precepto legal). Tres de esas sentencias se dictaron en recursos de inconstitucionalidad y las otras cuatro en cuestiones de inconstitucionalidad, de las cuales dos eran cuestiones internas planteadas por la Sala Segunda (STC 15/2020, de 28 de enero) y la Sala Primera (STC 151/2020, de 22 de octubre).

Como ya se ha indicado con anterioridad, en la STC 101/2020, de 10 de septiembre, el Pleno apreció la pérdida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad suscitada en relación con un precepto de la Ley del impuesto de sociedades relativo a los pagos fraccionados de este tributo, que ya había sido anulado por la STC 78/2020, de 1 de julio.

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de trece preceptos legales estatales. Si bien en la mayoría de las ocasiones esa declaración se acompañó de la anulación de la disposición correspondiente, en la STC 134/2020, de 23 de septiembre, se declaró la inconstitucionalidad sin nulidad de dos disposiciones del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, pues la reparación de la vulneración competencial constatada no requería esa anulación. Por su parte, la STC 78/2020, de 1 de julio, extendió la anulación, por conexión o consecuencia (art. 39.1 in fine LOTC), a las disposiciones finales del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, cuya constitucionalidad no había sido expresamente cuestionada. En esta misma sentencia se descartó la posibilidad de revisión de las resoluciones tributarias que hubieran ganado firmeza en vía administrativa o judicial.

El Pleno dictó diez autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre las siguientes normas estatales con rango de ley: el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (ATC 66/2020, de 30 de junio); el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (AATC 72/2020, de 14 de julio, y 124/2020, de 21 de octubre); la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AATC 90/2020, de 9 de septiembre; 115/2020, de 22 de septiembre, y 125/2020, de 21 de octubre); la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas (ATC 91/2020, de 9 de septiembre); la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (ATC 113/2020, de 22 de septiembre); la Ley de enjuiciamiento criminal (ATC 130/2020, de 22 de octubre) y el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (ATC 171/2020, de 15 de diciembre).

En la STC 172/2020, de 19 de noviembre, el Pleno estimó parcialmente el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. La sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «sin autorización» en el precepto que tipificaba el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en cuanto que suponía la introducción de una censura previa de la actividad informativa; depurado el precepto, estableció su interpretación conforme con la Constitución, en el sentido de que el ilícito hace referencia a la difusión y no a la mera captación de las imágenes, siempre que la conducta entrañe un riesgo para los bienes jurídicos tutelados por el precepto y en su valoración se ponderen tanto si las imágenes pertenecen a la vida privada de los agentes o se refieren a su actividad pública como si existe un interés general en su difusión. La STC 172/2020 estableció igualmente la interpretación conforme de dos tipos de infracciones leves —incumplimiento de restricciones de circulación y ocupación de inmuebles y vías públicas— y el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, aplicable a la entrada de extranjeros individualmente considerados, sujeto a control jurisdiccional y conforme con las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos y protección internacional.

Cuatro sentencias dictadas por el Pleno en 2020 tuvieron por objeto diferentes decretos-leyes. La STC 14/2020, de 28 de enero, dictada en recurso de inconstitucionalidad, anuló dos disposiciones adicionales del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que habían introducido medidas para promover la oferta de viviendas en alquiler y habían modificado el régimen de vigencia temporal de los convenios administrativos sobre infraestructuras de transporte. La nulidad decretada trajo causa de la insuficiente justificación del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación de estas disposiciones y la carencia de la necesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia apreciada y las medidas acordadas para hacerle frente.

La STC 78/2020, de 1 de julio, que resolvió una cuestión de inconstitucionalidad, declaró la nulidad del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. En este caso, el artículo único, que introdujo varias modificaciones en el régimen de pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, había sido expresamente cuestionado; no así las dos disposiciones finales, a las que el fallo extendió la nulidad por conexión o consecuencia. La STC 78/2020 concluyó que el real decreto-ley cuestionado había incurrido en un vicio de inconstitucionalidad puesto que, pese a no ser las normas de urgencia disposiciones adecuadas para satisfacer la reserva de ley en materia tributaria, había incidido en los elementos esenciales de la obligación tributaria a realizar pagos fraccionados del impuesto de sociedades al regular el método de cálculo de la base, el importe del porcentaje aplicable y la concreción de la cuantía a ingresar. La anulación de la norma de urgencia supuso la extinción de otra cuestión de inconstitucionalidad de idéntico objeto (STC 101/2020, de 10 de septiembre).

Finalmente, en la STC 134/2020, de 23 de septiembre, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. La sentencia, aplicando la doctrina contenida en la STC 13/1992, de 6 de febrero, reiteró que la intervención estatal sobre el ejercicio del poder de gasto en una competencia de titularidad autonómica debe limitarse a regular los aspectos centrales de la ayuda, pero no puede alcanzar a la determinación de los elementos de gestión ordinaria, incluyendo el pago. La sentencia declaró, por extralimitación competencial, la inconstitucionalidad de los preceptos que procedían a la centralización del pago de la ayuda, la fijación del momento de pago, la determinación individual de los beneficiarios y la cuantía a percibir.

En otras dos sentencias, el Pleno del Tribunal resolvió sendas cuestiones internas de inconstitucionalidad elevadas por las salas respecto de dos preceptos legales que impedían el control judicial de resoluciones dictadas por los letrados de la administración de justicia. Reiterando en lo pertinente la doctrina sentada en la STC 58/2016, de 17 de marzo, y completada por la STC 34/2019, de 14 de marzo, las SSTC 15/2020, de 28 de enero, y 151/2020, de 22 de octubre, declararon la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, y 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal. Ambas sentencias apreciaron infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, en los preceptos legales controvertidos puesto que excluían la posibilidad de revisión judicial de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia confirmadas en reposición.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

A lo largo de 2020 se dictaron 16 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las comunidades autónomas. El Pleno dictó 14 de ellas (11 en recursos de inconstitucionalidad y tres en cuestiones de inconstitucionalidad) y la Sala Primera las otras dos, ambas en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 20/2020, de 10 de febrero, y 171/2020, de 16 de noviembre).

Si bien en la práctica totalidad de estas sentencias se enjuició el fondo de las controversias constitucionales suscitadas, en las SSTC 13/2020, de 28 de enero, y 20/2020, de 10 de febrero, se apreció la pérdida parcial de objeto de un recurso de inconstitucionalidad y una cuestión de inconstitucionalidad, respectivamente. El Tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 24 preceptos legales autonómicos y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros 20. En cuatro de las sentencias dictadas en procesos frente a normas con rango de ley autonómicas se formularon votos particulares.

El Pleno inadmitió por auto un recurso de inconstitucionalidad (ATC 174/2020, de 15 de diciembre) y ocho cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 12/2020, de 18 de enero; 39/2020, de 10 de marzo; 93/2020, de 10 de septiembre; 116/2020, de 22 de septiembre; 126/2020, de 21 de octubre; 144/2020, de 17 de noviembre, y 172/2020 y 173/2020, de 15 de diciembre). Por otro lado, en el ATC 19/2020, de 11 de febrero, el Pleno acogió el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad que había formulado en relación con la disposición adicional segunda de la Ley de las Cortes Valencianas 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades. También el Pleno, en el ATC 92/2020, de 9 de septiembre, levantó la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Andalucía 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en dicha comunidad autónoma.

Tres de las 16 sentencias recaídas en procesos constitucionales sobre leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas tuvieron por objeto distintos preceptos de leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León. Todas estas sentencias fueron dictadas por el Pleno del Tribunal (SSTC 84/2020, de 15 de julio, y 148/2020 y 149/2020, de 22 de octubre). La primera de estas sentencias, dictada en recurso de inconstitucionalidad y a la que se formuló un voto particular, declaró la nulidad de diversos preceptos de la Ley 6/2018, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos: los preceptos anulados habían introducido un nuevo hecho imponible sujeto al tributo autonómico, coincidente en sus elementos esenciales con el gravado por el impuesto estatal sobre la producción de energía nucleoeléctrica. Las SSTC 148/2020 y 149/2020 resolvieron un recurso de inconstitucionalidad —interpuesto por el Defensor del Pueblo— y una cuestión de inconstitucionalidad que tenían por objeto común la Ley de Castilla y León 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la comunidad autónoma. Los extremos de la ley controvertidos atañían a la regulación del aprovechamiento cinegético de especies animales, tanto su enumeración como la fijación de períodos hábiles para el ejercicio de la caza y los correlativos de veda, así como la aplicación directa de las determinaciones de la ley hasta tanto se aprobase el plan general de caza. Estas sentencias rechazaron la calificación de la norma autonómica como ley singular autoaplicativa porque su regulación, de vocación general y formulada con abstracción, precisa de la realización de actividades administrativas posteriores susceptibles de control judicial. De igual modo, descartaron que vulnerase el derecho a la tutela judicial efectiva, por más que su aplicabilidad directa pudiera tener alguna incidencia en la medida cautelar judicialmente acordada de suspensión del anterior plan general regional de caza.

Se dictaron dos sentencias en procesos constitucionales relativas a leyes de la Comunidad Foral de Navarra. La STC 100/2020, de 22 de julio, del Pleno, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, que introducen limitaciones a la utilización de bolsas de plástico. La sentencia incardinó el precepto dentro de las competencias autonómicas sobre medio ambiente, constató que no infringía la normativa básica estatal en la materia y descartó que tuviera incidencia directa en la actividad económica general, lo que conllevó el consiguiente rechazo de que incidiera de manera sustantiva en la competencia estatal de ordenación general de la economía. Por su parte, la STC 150/2020, de 22 de octubre, igualmente del Pleno y dictada en cuestión de inconstitucionalidad, anuló, por infracción de la vertiente material del derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad), el precepto de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios, que remitía al momento aplicativo la calificación de los ilícitos como infracciones leves, graves o muy graves.

En otras dos sentencias el Pleno resolvió sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con la Ley del Parlamento Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. En la STC 83/2020, de 15 de julio, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, el Pleno, reiterando la doctrina sentada por la STC 85/2018, de 19 de julio, que había enjuiciado la versión original de la ley, estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos atinentes a los medios probatorios para acreditar la vulneración de derechos humanos y los principios que deben informar la actuación de la comisión de valoración creada por el Parlamento Vasco, haciendo hincapié en que el deber de colaboración de los distintos poderes con esta comisión pesa sobre las instituciones de la comunidad autónoma, pero no alcanza a las estatales y que la función instructora que se le atribuye no debe confundirse con la actividad de investigación y persecución de hechos delictivos. Estos mismos pronunciamientos se reiteraron en la STC 131/2020, de 22 de septiembre, dictada igualmente por el Pleno y que contó asimismo con dos votos particulares discrepantes.

La Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, ya había sido enjuiciada por la STC 158/2019, de 12 de diciembre, que estimó en lo sustancial el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Esto determinó la pérdida de objeto de la mayor parte del recurso de inconstitucionalidad que, en relación con la misma ley territorial, había interpuesto el presidente del Gobierno y que fue resuelto por la STC 13/2020, de 28 de enero. Esta sentencia declaró en todo caso la nulidad del precepto legal que atribuía al presidente autonómico la facultad de convocatoria del referéndum para la ratificación de la reforma estatutaria por contravención de las previsiones estatutarias, que residencian esa facultad en el Gobierno de Aragón y no en su presidente.

En la STC 96/2020, de 21 de julio, el Pleno estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con el artículo 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, que atribuía a la Junta de Andalucía la potestad de deslinde respecto de todos los montes de titularidad pública ubicados en el territorio autonómico. La norma autonómica rebasaba así los límites de la legislación básica estatal en la materia, que limita el ejercicio de esta potestad exclusivamente a los montes de titularidad autonómica y, por excepción, a los montes catalogados de utilidad pública, sin posibilidad de extender la habilitación a todos los montes de titularidad pública.

La STC 16/2020, de 28 de enero, del Pleno, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. Este precepto autonómico contemplaba la recuperación en el ámbito del sector público de los conceptos retributivos dejados de percibir correspondientes al ajuste retributivo de los ejercicios 2013 y 2014. Se trataba de una medida que entraba en abierta contradicción con la normativa básica estatal en la materia, constituida por el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, que, en aras de la consecución de los objetivos de la política económica general, prohíbe toda medida autonómica destinada a incrementar la masa de gasto de los empleados públicos. Por ello, la norma de Murcia fue declarada nula por la STC 16/2020. En aplicación de esta doctrina, la STC 25/2020, de 13 de febrero, del Pleno, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno y anuló el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2019, que creaba un fondo a través del cual se incrementaba la financiación de la acción social de los empleados públicos.

En la STC 65/2020, de 18 de junio, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat. La sentencia realizó una delimitación del alcance de las competencias autonómicas en materia tributaria, articulada en especial sobre la distinción entre tributos propios y tributos cedidos de titularidad estatal. Partiendo de esta distinción, estableció la interpretación conforme con la Constitución de diferentes preceptos legales autonómicos (plazos de caducidad, acceso de los contribuyentes a la información de relevancia tributaria, entre otros), circunscribiendo su aplicabilidad precisamente a los tributos propios. Por otro lado, la sentencia declaró inconstitucional la definición del ámbito subjetivo de aplicación del Código tributario de Cataluña efectuada en términos tales que presupone la existencia de una normativa tributaria integrada exclusivamente por disposiciones autonómicas, ignorando así la competencia estatal sobre hacienda general. Hizo hincapié, igualmente, en que no le corresponde al legislador autonómico interpretar el alcance de la reserva material de ley tributaria, o definir el ámbito temporal de las normas tributarias. La sentencia declaró asimismo la nulidad de los preceptos relativos al ingreso de funcionarios autonómicos mediante pruebas restringidas y a los «entendimientos» (fórmulas acordadas para la concreción de elementos de la obligación tributaria predeterminados legalmente) entre el contribuyente y la administración.

En la STC 171/2020, de 16 de noviembre, la Sala Segunda resolvió la cuestión planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid respecto de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, que regulaba los requisitos de promoción interna de los funcionarios de las citadas policías locales. La sentencia constató que la regulación entraba en contradicción insalvable con las bases estatales en la materia, al no prever causa alguna de dispensa de titulación, como sí hace la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.

Por vulneración de la vertiente financiera de la autonomía local, la STC 82/2020, de 15 de julio, del Pleno, anuló diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Valenciana 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos, que fijaban taxativamente los porcentajes de financiación de los costes de personal y prestaciones municipales que debían asumir las diputaciones provinciales. Por su parte, la STC 20/2020, de 10 de febrero, de la Sala Primera, reiteró la doctrina de la STC 134/2019, de 13 de noviembre, y declaró la constitucionalidad del precepto de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, que establece un régimen transitorio de homologación de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico.

Para concluir esta relación de sentencias que tienen por objeto disposiciones autonómicas con rango de ley, es preciso mencionar la STC 81/2020, de 15 de julio. En ella, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversos preceptos de la Ley de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la comunidad autónoma. Concretamente, declaró la nulidad del precepto legal autonómico que prohibía la donación, filmación, venta y cesión de animales por invasión de la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil. A la STC 81/2020 se formularon tres votos particulares.

D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica «Conflictos constitucionales», la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos en defensa de la autonomía local. Durante 2020, el Pleno dictó dos sentencias resolutorias de sendos conflictos positivos de competencia (SSTC 135/2020, de 23 de septiembre, y 152/2020, de 22 de octubre). Con anterioridad, el propio Pleno había mantenido la suspensión de la norma objeto del conflicto resuelto por la mencionada STC 135/2020 (ATC 56/2020, de 17 de junio). Además, como ya se ha comentado en páginas anteriores, dictó 11 autos en incidentes de ejecución de sentencias que habían resuelto diversas impugnaciones de disposiciones autonómicas (AATC 9/2020 a 11/2020, de 28 de enero; 16/2020 y 18/2020, de 12 de febrero; 31/2020 a 33/2020, de 25 de febrero, y 53/2020 a 55/2020, de 17 de junio).

La STC 135/2020, de 23 de septiembre, resolvió el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el plan estratégico de acción exterior y de relaciones de la Generalitat de Cataluña con la Unión Europea 2019-2022. La sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de aquellos extremos del plan relativos a la consolidación y fortalecimiento de vínculos con el cuerpo diplomático y consultar, la participación de Cataluña en foros multilaterales, las misiones internacionales y la acción exterior respecto de África y América Latina porque incurrían en vulneración de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y no se ajustaban a las competencias estatutariamente asumidas por la Generalitat de Cataluña. La sentencia apreció igualmente la concurrencia del vicio de extralimitación competencial en los preceptos que identificaban como objetivo la internacionalización de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias de titularidad estatal y los relativos al despliegue de infraestructuras digitales, en la medida en que versaban sobre la proyección exterior de una materia respecto de la cual la Generalitat de Cataluña carece de competencias sustantivas. Aplicando doctrina constitucional constante, la sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de distintas previsiones del plan. Así, reiterando los criterios de la STC 228/2016, de 22 de diciembre, señaló que las referencias a instrumentos reglados de relaciones bilaterales debe entenderse hecha a acuerdos de colaboración que no tengan naturaleza de tratados internacionales y la mención de países o gobiernos extranjeros ha de reconducirse a los territorios de otros Estados y sus gobiernos carentes de subjetividad internacional; aplicando la doctrina de la STC 110/2012, de 23 de mayo, concluyó que la participación de entidades deportivas y deportistas catalanes en competiciones internacionales ha de entenderse limitada a aquellos deportes en los que no existan federaciones españolas. Finalmente, declaró que las actividades de las oficinas autonómicas en el ámbito de la Unión Europea han de someterse a la necesaria coordinación con el Estado para asegurar la unidad de acción ante las instituciones de la Unión.

Por otra parte, en la STC 152/2020, de 22 de octubre, el Pleno desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con la instrucción, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de un expediente sobre la denominada «Campaña de Consumo Estratégico», que animaba a los consumidores catalanes a dirigir sus preferencias a determinadas marcas y productos que se entendían favorables a las propuestas del independentismo. Reiterando la doctrina contenida en la STC 71/2012, de 16 de abril, la sentencia declaró que la instrucción y resolución del procedimiento por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no por la autoridad autonómica de competencia, se justifica por los eventuales efectos de la campaña examinada, su potencial alcance subjetivo y los servicios a los que se refiere, que no se agotaban en el territorio autonómico sino que podían alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 170 sentencias en procesos de amparo: el Pleno dictó 33, la Sala Primera 61 y la Sala Segunda 76. En estas sentencias se resolvieron 181 recursos de amparo, pues en la STC 1/2020, de 14 de enero, se resolvieron seis recursos previamente acumulados y en cada una de las SSTC 26/2020, de 24 de febrero; 53/2020, de 15 de junio; 69/2020, 70/2020 y 73/2020, de 29 de junio, y 94/2020, de 20 de julio, se resolvieron dos recursos. A 21 de estas sentencias se formuló algún voto particular: quince del Pleno y seis de la Sala Segunda.

En lo que atañe a la parte dispositiva de estas sentencias, en 140 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo; en dieciséis se denegó; en una se apreció la pérdida sobrevenida de objeto del proceso (STC 161/2020, de 16 de noviembre) y en ocho se acordó la inadmisión del recurso de amparo. En dos de estas sentencias la inadmisión se acordó por haberse promovido per saltum el recurso de amparo, desatendiendo así el carácter subsidiario del amparo (SSTC 2/2020, de 15 de enero, y 21/2020, de 11 de febrero); en tres por la interposición prematura del recurso (SSTC 10/2020 y 12/2020, de 28 de enero, y 31/2020, de 24 de febrero), y en las tres restantes por falta de legitimación activa de los promotores del recurso (SSTC 24/2020, de 13 de febrero; 39/2020, de 25 de febrero, y 195/2020, de 17 de diciembre).

La Sala Primera del Tribunal inadmitió por auto un recurso de amparo promovido por la Central Unitaria de Traballadores respecto de la prohibición de la tradicional manifestación del primero de mayo en la ciudad de Vigo, que se pretendía celebrar estando vigente el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en la prórroga acordada por el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril (ATC 40/2020, de 30 de abril). La Sección Primera inadmitió un recurso de amparo promovido en proceso contencioso-administrativo sobre materia tributaria (ATC 149/2020, de 26 de noviembre, que cuenta con un voto particular).

Como ya se ha reseñado en su momento, las distintas secciones dictaron 17 autos resolutorios de recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Tres de ellos desestimaron los correspondientes recursos, confirmando las providencias de inadmisión en sus propios términos (AATC 95/2020, de 14 de septiembre; 119/2020, de 9 de octubre, y 120/2020, de 13 de octubre). En otros seis, la estimación del recurso de súplica se acompañó de la admisión a trámite de la demanda de amparo (AATC 118/2020, de 9 de octubre; 128/2020, 129/2020 y 131/2020, de 22 de octubre, y 147/2020 y 148/2020, de 19 de noviembre), en tanto que en los ocho restantes la estimación supuso la retroacción de actuaciones al momento de decidir sobre la admisión del amparo (AATC 96/2020, de 15 de septiembre; 97/2020 a 101/2020, de 15 de septiembre; 114/2020, de 22 de septiembre, y 133/2020, de 3 de noviembre).

El Tribunal dictó 91 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Pleno dictó 14 de ellos: en 12 denegó la suspensión interesada (AATC 57/2020 a 61/2020, de 17 de junio; 64/2020, de 17 de junio; 70/2020 y 71/2020, de 14 de julio; 88/2020, de 22 de julio; 89/2020, de 9 de septiembre; 94/2020, de 10 de septiembre, y 146/2020, de 17 de noviembre, al que se formuló un voto particular) y en los otros dos ordenó el archivo de la pieza separada de suspensión (AATC 69/2020, de 14 de julio, y 127/2020, de 21 de octubre). Las salas dictaron 73 y la Sección Cuarta los cuatro restantes (en dos se otorgó la suspensión —AATC 42/2020, de 9 de junio, y 68/2020, de 13 de julio— y en los otros dos se denegó: AATC 86/2020 y 87/2020, de 22 de julio). Por lo que se refiere a los autos dictados por las salas, en 57 de ellos la denegación de la suspensión solicitada vino acompañada de la anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad (AATC 3/2020 a 8/2020, de 27 de enero; 15/2020, de 10 de febrero; 25/2020 a 28/2020, de 24 de febrero; 30/2020, de 24 de febrero; 36/2020 y 38/2020, de 9 de marzo; 44/2020 a 48/2020 y 50/2020 y 51/2020, de 15 de junio; 65/2020, de 29 de junio; 78/2020 a 82/2020, de 20 de julio; 103/2020, 104/2020 y 107/2020 a 110/2020, de 21 de septiembre; 117/2020, de 6 de octubre; 123/2020, de 19 de octubre; 134/2020, de 4 de noviembre; 136/2020 a 142/2020, de 16 de noviembre; 153/2020 a 157/2020, de 30 de noviembre; 158/2020 y 162/2020 a 169/2020, de 14 de diciembre); en 11 autos se denegó sin más la medida cautelar (AATC 2/2020, de 27 de enero; 14/2020, de 10 de febrero; 23/2020 y 29/2020, de 24 de febrero; 52/2020, de 15 de junio; 105/2020 y 111/2020, de 21 de septiembre; 135/2020, de 4 de noviembre, y 150/2020 a 152/2020, de 30 de noviembre); en tres autos se otorgó la suspensión parcial o total (AATC 49/2020, de 15 de junio; 75/2020, de 20 de julio, y 112/2020, de 21 de septiembre), y en dos se dispuso el archivo de la pieza separada de suspensión (AATC 76/2020, de 20 de julio, y 170/2020, de 14 de diciembre).

La Sala Primera dictó dos autos de acumulación de procesos de amparo (AATC 77/2020, de 20 de julio, y 102/2020, de 21 de septiembre) y cuatro de terminación: dos de ellos por desistimiento de la parte actora (AATC 13/2020, de 10 de febrero, y 161/2020, de 14 de diciembre) y los otros dos por pérdida sobrevenida de objeto (AATC 37/2020, de 9 de marzo, y 160/2020, de 14 de diciembre). Esta misma sala, e igualmente por auto, rectificó un error material padecido en la STC 167/2020, de 16 de noviembre, dictada en proceso de amparo (ATC 159/2020, de 14 de diciembre).

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

En relación con los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, proclamados por el artículo 14 de la Constitución, el Tribunal dictó en 2020 una docena de sentencias en procesos de amparo.

La STC 79/2020, de 2 de julio, del Pleno, otorgó el amparo por vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo a una facultativa de una agencia pública empresarial sanitaria andaluza que había padecido una discriminación indirecta al aminorarse la retribución de horas de guardia en proporción a la reducción de horas mientras disfrutaba de una reducción de jornada por maternidad. En aplicación de la doctrina sentada en esta sentencia se otorgaron los correspondientes amparos en las SSTC 90/2020 y 91/2020, de 20 de julio; 120/2020, de 21 de julio; 124/2020, 128/2020 y 129/2020, de 21 de septiembre, y 168/2020, de 16 de noviembre. También se otorgó el amparo por discriminación por razón de sexo en la STC 71/2020, de 29 de junio, que anuló las resoluciones administrativas y judiciales que denegaron a una empleada del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza el permiso para atender a su hermana hospitalizada por parto aduciendo que no se trataba de una enfermedad grave. Amén de la discriminación indirecta, se constató en esta sentencia la existencia de una discriminación refleja de la recurrente en la medida en que las resoluciones controvertidas habían aplicado un criterio contrario al art. 14 CE causando un perjuicio no solo a la persona hospitalizada sino, igualmente, a la solicitante de amparo. Por el contrario, en la STC 74/2020, de 29 de junio, se denegó el amparo a un ministro del culto evangélico que denunciaba discriminación por motivos religiosos en el cálculo de su pensión de jubilación: la sentencia constató que la diferencia de pensión con las reconocidas a otros religiosos respondía a la falta de acreditación del desarrollo de una actividad estable y retribuida.

Por lo que hace específicamente al derecho a la igualdad, la STC 42/2020, de 9 de marzo, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a un ciudadano extranjero, casado con una española, a quien se había denegado la tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea, dado que su cónyuge no había podido acreditar que disponía de recursos suficientes para mantenerle. La exigencia de este requisito, en los términos expuestos, configura una diferencia de trato entre las parejas formadas por dos ciudadanos comunitarios y aquellas en las cuales uno de sus miembros sea ciudadano extracomunitario, pues el objetivo de evitar que este último represente una carga para el sistema nacional de asistencia social se alcanza con la acreditación de la existencia de esos medios económicos suficientes, con independencia de cuál de los miembros de la pareja sea su perceptor.

A su vez, en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, del Pleno, se declaró la nulidad de una orden de la Generalidad Valenciana que establecía las bases reguladoras de la concesión de becas de estudios universitarios, en la medida en que limitaba el disfrute de estas ayudas exclusivamente a los alumnos matriculados en centros públicos. La sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, concluyó que la exclusión de los alumnos de universidades privadas vulneraba los derechos a la igualdad y a la creación de centros docentes.

C) Libertad personal (art. 17 CE)

En cuatro de las sentencias dictadas en procesos de amparo se dio respuesta a distintas denuncias de infracción del derecho a la libertad personal y las garantías del art. 17 CE.

En la STC 22/2020, de 13 de febrero, el Pleno desestimó el recurso de amparo interpuesto por uno de los procesados en la causa especial instruida por la posible comisión de los delitos de rebelión y sedición, entre otros, que impugnaba la medida cautelar de carácter personal acordada: prisión provisional incondicional. La sentencia concluyó que el auto que impuso la medida cautelar satisfizo las exigencias de individualización y suficiencia de la decisión acordada y la medida respondió al fin constitucionalmente legítimo de evitar el riesgo de huida del procesado. Esta sentencia inadmitió diversos motivos impugnatorios con los que se pretendía combatir la resolución judicial por su eventual disconformidad con los derechos a la tutela judicial efectiva o al ejercicio de los cargos públicos. La sentencia cuenta con un voto particular suscrito por tres magistrados. En términos sustancialmente idénticos se pronunció el Pleno del Tribunal en la STC 37/2020, de 25 de febrero, que hizo hincapié en que la medida cautelar acordada para otros dos de los procesados en esa misma causa encontraba justificación en la existencia de indicios racionales de comisión de unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves y resultaba proporcionada a la vista, en particular, del momento en el que se acordó y las circunstancias concurrentes en el caso, relativas a la entidad de los hechos investigados y a la participación de los recurrentes.

En las SSTC 180/2020 y 181/2020, de 14 de diciembre, la Sala Segunda otorgó el amparo respecto de sendos autos de prisión provisional que se habían dictado sin respetar las garantías procesales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones de instrucción, ni las de contradicción e igualdad de armas que son consustanciales al carácter jurisdiccional de la medida.

D) Honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE)

En relación con el derecho al honor, la STC 28/2020, de 24 de febrero, otorgó el amparo a quien solicitaba infructuosamente que se omitiera, en la anotación registral de prohibición de disposición de un inmueble, la mención expresa de los delitos por cuya presunta comisión estaba siendo investigado el demandante de amparo, socio y administrador solidario de la empresa propietaria del bien. La sentencia apreció que la constancia de este extremo conlleva un desmerecimiento en la consideración ajena carente en absoluto de justificación.

En la STC 27/2020, de 24 de febrero, la Sala Segunda denegó el amparo a un medio de comunicación que invocaba su derecho a la información en relación con la utilización, para ilustrar una noticia, de una fotografía tomada de una red social. En este caso, la información acerca de un suceso violento se acompañaba de una imagen de la víctima extraída de su perfil público de Facebook. La STC 27/2020 confirmó el criterio de los órganos judiciales que habían conocido en el proceso civil y que habían primado la protección del derecho a la propia imagen de quien no había consentido expresamente ese uso de su fotografía. El titular del derecho debe autorizar cada concreto acto de utilización de su imagen, sin que pueda hablarse de un consentimiento indefinido tácitamente inferido de la adhesión a las condiciones generales de la red social.

Asimismo, por vulneración del derecho a la propia imagen, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de protección integral de los hijos, otorgó el amparo la STC 178/2020, de 14 de septiembre. En este caso, las resoluciones judiciales controvertidas habían supeditado la efectividad de este principio constitucional a lo establecido en las normas procesales: la cuestión que debía resolverse en el proceso civil, que debió analizarse como cuestión de fondo porque en este caso no regía el principio preclusivo, era si, partiendo de que la menor ostentaba como primer apellido desde su nacimiento el apellido de la madre, le era beneficiosa una alteración de este orden para poner primero el de su padre.

Finalmente, la STC 67/2020, de 29 de junio, desestimó un recurso de amparo en el que se denunciaba que la comunicación a la administración tributaria de los datos contables, obtenidos a raíz de un registro ordenado en un procedimiento penal, vulneraba el derecho a la protección de datos. En el caso se constató la existencia de previsión legal suficiente sobre unos datos comprendidos entre las obligaciones de información tributaria que pesaban sobre la demandante de amparo.

E) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

En relación específicamente con las libertades de expresión e información de los internos en centros penitenciarios se dictaron dos sentencias en 2020. La STC 6/2020, de 27 de enero, otorgó el amparo a un interno a quien se le había prohibido que concediera una entrevista a un medio de comunicación, pues tras la genérica invocación de la necesidad de preservar la seguridad y buen orden del establecimiento penitenciario se ocultaba un acto de censura administrativa previa. En la STC 18/2020, de 10 de febrero, se otorgó el amparo a otro interno que había sido sancionado por las críticas a los funcionarios de la administración penitenciaria expresadas en un escrito dirigido al Ministerio del Interior; la sentencia constató que el escrito, de tono acerbo y aun desabrido, no transgredió en ningún momento los límites del derecho a la libertad de expresión.

El Pleno dictó tres sentencias resolutorias de recursos de amparo en los que se invocaba la libertad de expresión. En la STC 35/2020, de 25 de febrero, se otorgó el amparo a quien había sido condenado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas a resultas de algunos mensajes difundidos por la red social Twitter. La STC 35/2020, a la que se formuló un voto particular discrepante, concluyó que la sentencia condenatoria no había ponderado suficientemente la libertad de expresión a la hora de subsumir los hechos en el tipo penal aplicado. Por el contrario, las SSTC 190/2020, de 15 de diciembre, y 192/2020, de 17 de diciembre, declararon que no constituían ejercicio de ese derecho expresiones incitadoras de la quema de la bandera nacional o la interrupción, y consiguiente desnaturalización, de un acto religioso para lanzar proclamas por entero ajenas a la actividad litúrgica que se estaba desarrollando. El Pleno del Tribunal Constitucional concluyó, en el primero de los casos, que la imposición de una multa pecuniaria merece la consideración de respuesta punitiva proporcionada al mensaje de menosprecio a la bandera y, en el segundo, que la conducta del solicitante de amparo no podía considerarse incardinada en el ámbito objetivo de protección de la libertad de expresión. Se formularon cuatro votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados, a la STC 190/2020 y dos, uno de ellos suscrito por dos magistrados, a la STC 192/2020.

La Sala Segunda, en la STC 142/2020, de 19 de octubre, otorgó el amparo a un abogado que había sido sancionado por las expresiones empleadas en un escrito forense redactado en defensa de un cliente. La sentencia constató que la sanción impuesta no había tomado en consideración la protección reforzada de la libertad de expresión cuando se ejerce en el marco del derecho de defensa, ni las circunstancias de un caso marcado por un fuerte enfrentamiento entre el ministerio público y la defensa.

F) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Seis sentencias dictadas en 2020 resolvieron otros tantos recursos de amparo promovidos frente a actos parlamentarios sin fuerza de ley a través del cauce procesal del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En cuatro de ellos se impugnaban distintos acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados: La STC 24/2020, de 13 de febrero, inadmitió el recurso formulado por cuatro diputados respecto de la no admisión a trámite de una proposición de ley «para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real» pues aquellos no habían sido los promotores de la iniciativa parlamentaria ni ostentaban la representación del grupo parlamentario promotor. Las otras tres sentencias desestimaron los recursos de amparo interpuestos frente a las resoluciones de suspensión como diputados de los actores adoptadas en cumplimiento estricto de lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (SSTC 97/2020, de 21 de julio; 193/2020 y 194/2020, de 17 de diciembre).

Las otras sentencias enjuiciaron actos de asambleas legislativas autonómicas. En la STC 68/2020, de 29 de junio, la Sala Primera desestimó el recurso promovido por el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia respecto de la inadmisión de una pregunta al presidente del Gobierno autonómico. La sentencia no apreció irrazonabilidad ni arbitrariedad en la decisión de la Cámara al rechazar una pregunta que no versaba sobre las actividades del interpelado como presidente del Ejecutivo sino del Partido Popular en la Región de Murcia. Igualmente desestimatoria del recurso de amparo fue la STC 173/2020, de 19 de noviembre, dictada por el Pleno. En esta ocasión, los diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña controvertían diversas resoluciones de modificación de órdenes del día adoptadas por la presidenta de la Cámara. La sentencia no apreció vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo, en especial porque los recurrentes no especificaron qué iniciativas concretas no pudieron plantear como resultado de esos cambios de órdenes del día combatidos.

La instrucción de la causa especial por los delitos de rebelión y sedición, entre otros, presuntamente cometidos por diversas autoridades de la Generalitat de Cataluña y los presidentes de dos asociaciones privadas dio lugar a la presentación de diferentes recursos de amparo resueltos por el Pleno del Tribunal Constitucional en 2020.

La adopción de la medida cautelar de prisión provisional, con incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 23 de la Constitución, fue el objeto de cinco de esos recursos de amparo. Cuatro de ellos fueron desestimados (SSTC 3/2020 y 5/2020, de 15 de enero; 22/2020, de 13 de febrero, y 37/2020, de 25 de febrero) y el quinto inadmitido al haber sido promovido sin respetar el carácter subsidiario del amparo constitucional (STC 2/2020, de 15 de enero; este mismo motivo y por remisión justamente a la STC 2/2020, determinó la inadmisión, en la STC 21/2020, de 11 de febrero, de otro recurso de amparo en el que se impugnaba la denegación de un permiso penitenciario solicitado para asistir a una sesión parlamentaria). A este respecto, la STC 4/2020, de 15 de enero, del Pleno del Tribunal rechazó que la denegación de un permiso penitenciario para que quien era candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña asistiera al debate de investidura en el Parlamento vulnerara sus derechos fundamentales al acceso y ejercicio de los cargos públicos representativos. La doctrina de la STC 4/2020 fue reiterada en la STC 23/2020, de 13 de febrero. Idéntica conclusión desestimatoria se alcanzó en la STC 9/2020, de 28 de enero, respecto de la denegación del permiso penitenciario para asistir a la sesión constitutiva de la Cámara autonómica. A cada una de estas tres resoluciones (SSTC 4/2020, 9/2020 y 23/2020) se formuló un voto particular discrepante, suscrito por tres magistrados. La STC 36/2020, de 25 de febrero, a la que se formuló asimismo un voto particular discrepante suscrito también por tres magistrados, desestimó el recurso de amparo promovido por uno de los encausados frente a la denegación de un permiso penitenciario para realizar actos de campaña de su candidatura a las elecciones al Parlamento de Cataluña.

Por su parte, las SSTC 11/2020, de 28 de enero, y 38/2020, de 25 de febrero, desestimaron dos recursos interpuestos frente a los autos dictados por el magistrado instructor de la causa acordando, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, su suspensión en los cargos públicos que ostentaban; ambas sentencias concluyeron que las resoluciones judiciales impugnadas se habían limitado al cumplimiento estricto de lo ordenado por el precepto legal aplicado. La STC 12/2020, de 28 de enero, inadmitió por prematuro el recurso interpuesto por quien fuera presidente de la Generalitat frente al auto de idéntico contenido que le concernía, y las SSTC 39/2020, de 25 de febrero, y 195/2020, de 17 de diciembre, inadmitieron otros dos recursos de amparo de igual objeto que habían sido promovidos en ambos casos por más de una treintena de personas, ninguna de las cuales era afectada directa por el auto en cada caso controvertido, por lo que carecían de legitimación activa, como así apreció el Pleno del Tribunal.

Finalmente, la STC 66/2020, de 29 de junio, de la Sala Segunda, estimó un recurso promovido por quien, tras cesar en su condición de concejala con dedicación exclusiva del ayuntamiento de Algete, había visto denegada su petición de reincorporación al puesto de trabajo que ocupaba en el Real Automóvil Club de España. Reiterando la doctrina contenida en la STC 125/2018, de 26 de noviembre, la STC 66/2020 declaró la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo y anuló las sentencias del orden jurisdiccional social que no habían amparado a la trabajadora.

G) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

La sentencia de la Sala Segunda 87/2020, de 20 de julio, declaró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión «en su vertiente del derecho a obtener una investigación suficiente y eficaz en un proceso penal». Esta sentencia otorgó el amparo a quien había visto cómo su denuncia de violencia de género se había saldado con un auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones sin desplegar una instrucción que profundizara sobre los hechos denunciados con el fin de descartar toda sospecha fundada de delito.

De otro lado, en la STC 47/2020, de 15 de junio, la Sala Primera aplicó la doctrina sentada en la STC 155/2009, de 25 de junio, acerca del alcance del principio acusatorio. La STC 47/2020 reiteró que la pena efectivamente impuesta por el órgano judicial, aquí en segunda instancia, no puede superar en gravedad, naturaleza o cuantía a la solicitada por la acusación. A diferencia de lo que sucediera en la STC 155/2009, donde se concluyó que la vulneración de ese límite constituía una infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, en la STC 47/2020 se declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en relación con el principio acusatorio.

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales

Como ya se ha indicado anteriormente, las SSTC 15/2020, de 28 de enero, y 151/2020, de 22 de octubre, del Pleno, declararon la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, y 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en cuanto que impedían la revisión judicial de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia confirmadas en reposición. La aplicación de la doctrina sentada en la primera de estas sentencias dio lugar al otorgamiento del amparo en las SSTC 17/2020, de 10 de febrero; 33/2020, de 24 de febrero; 145/2020, de 19 de octubre, y 162/2020, de 16 de noviembre; en tanto que la aplicación de la doctrina de la STC 151/2020 supuso el otorgamiento del amparo en las SSTC 163/2020 y 164/2020, de 16 de noviembre, y 179/2020 y 182/2020, de 14 de diciembre. A su vez, la STC 49/2020, de 15 de junio, de la Sala Primera, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, en relación con la actuación de un letrado de la administración de justicia que resolvió sobre unas pretensiones cuyo conocimiento era competencia del juez, privándose a la parte actora de la posibilidad de obtener un pronunciamiento de quien ejerce en exclusiva la potestad jurisdiccional.

La STC 80/2020, de 15 de julio, del Pleno, otorgó el amparo a la titular de una oficina de farmacia a quien se había negado la legitimación para reclamar de la administración sanitaria el abono de los intereses derivados de la demora en el pago de los medicamentos. La resolución judicial había inadmitido su demanda puesto que no era parte firmante del concierto administrativo de atención farmacéutica suscrito por el Servicio Catalán de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, aduciendo, además, la imposibilidad de cambiar de criterio sin afectar con ello al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. La doctrina de esta sentencia fue aplicada por la Sala Segunda en su STC 155/2020, de 4 de noviembre.

En la STC 85/2020, de 20 de julio, la Sala Segunda estimó el recurso de amparo promovido frente a una denegación del beneficio de justicia gratuita que vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. En esta ocasión, la comunicación extemporánea, por la letrada provisionalmente designada para la defensa, del informe sobre la insostenibilidad de la acción impidió que el demandante reaccionara en defensa de sus intereses. Por vulneración de esta misma vertiente del derecho a la tutela judicial, la Sala Segunda otorgó el amparo en la STC 141/2020, de 19 de octubre, en relación con unas resoluciones dictadas por tribunales del orden jurisdiccional penal que, haciendo una lectura en exceso rigorista de la legislación procesal, se negaron a pronunciarse sobre un embargo acordado por la administración tributaria con base en los mismos hechos que dieron luego lugar a la instrucción penal.

Finalmente, la aplicación de la doctrina contenida en la STC 101/1996, de 11 de junio, relativa a la legitimación de los sindicatos para defender los intereses económicos y sociales de los trabajadores dio lugar al otorgamiento del amparo en la STC 89/2020, de 20 de julio, de la Sala Segunda. En esta ocasión, se había negado legitimación activa a una central sindical que había intentado impugnar en vía judicial un acuerdo de la mesa sectorial de sanidad del Servicio Madrileño de Salud, ignorando que el objeto del recurso inadmitido estaba en conexión con la finalidad que legítimamente persiguen los sindicatos, la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

Por lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos legales, en 2020 se dictaron ocho sentencias que otorgaron otros tantos amparos. Cronológicamente, la primera de ellas fue la STC 98/2020, de 22 de julio, del Pleno, a la que se formularon dos votos particulares. En ella se declaró contraria al citado derecho fundamental una interpretación de la regulación legal del recurso de casación por infracción de normas autonómicas, sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que excluía su procedencia frente a las sentencias dictadas por las salas del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia. En la STC 99/2020, de 22 de julio, también del Pleno y que cuenta con dos votos particulares, se otorgó el amparo frente a la inadmisión por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de un recurso de casación que traía causa de una interpretación de la regulación legal de este medio impugnatorio que se apartaba de la contenida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. La doctrina de la STC 99/2020 se aplicó en otras seis sentencias: 106/2020 a 109/2020, de 21 de septiembre; 136/2020, de 6 de octubre, y 144/2020, de 19 de octubre. A las SSTC 107/2020, 108/2020, 136/2020 y 144/2020, dictadas por la Sala Segunda, se formularon sendos votos particulares.

También sobre la vertiente de acceso al recurso versaron las SSTC 102/2020, de 21 de septiembre, de la Sala Primera, y 143/2020, de 19 de octubre, de la Sala Segunda. En la primera de ellas se otorgó el amparo respecto de una inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que ignoró su configuración legal como cauce último para la tutela de los derechos fundamentales en el proceso judicial ordinario, lo que se tradujo en una insuficiencia de motivación de la inadmisión contraria a la doctrina sentada por el Tribunal en la STC 142/2015, de 22 de junio. A su vez, la STC 143/2020 estimó el recurso de amparo de quien había visto inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones que había interpuesto frente a una sentencia dictada en apelación, porque el órgano sentenciador entendió que lo procedente era la formulación de un recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. La exigencia de presentación conjunta de estos recursos se asentó sobre una afirmación apodíctica acerca de su procedencia que excluyó la posibilidad de revisión de la sentencia controvertida y consiguiente reparación del derecho fundamental cuya lesión se denunciaba.

b) Interdicción de la indefensión

Las SSTC 6/2019, de 17 de enero, del Pleno, y 47/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, establecieron una doctrina acerca de la inadecuación de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la parte demandada, que fue aplicada en numerosas sentencias dictadas en 2020. Desde el punto de vista numérico merece destacarse la serie de 59 sentencias iniciada con la STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, y que se cerró, por lo que al año 2020 estrictamente se refiere, con la STC 189/2020, de 14 de diciembre, de la Sala Primera. Debe hacerse notar que entre estas sentencias figura la 133/2020, de 23 de septiembre, del Pleno, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados. Al margen de esa serie, la doctrina mencionada fue aplicada por las SSTC 19/2020, de 10 de febrero; 63/2020, de 15 de junio, y 72/2020, de 29 de junio, de la Sala Primera, y 7/2020, de 27 de enero, y 88/2020, de 20 de julio, de la Sala Segunda. Todas estas sentencias otorgaron el amparo, lo que no sucedió en la STC 95/2020, de 20 de julio, de la Sala Primera, pues en este caso la utilización de la dirección electrónica habilitada no causó indefensión material a quien pudo efectivamente personarse e intervenir en el proceso judicial.

La desatención de la doctrina constitucional relativa a la carga que pesa sobre los órganos judiciales de apurar las posibilidades de citación personal de los demandados en un proceso judicial antes de acudir al emplazamiento por edictos determinó el otorgamiento del amparo en diez sentencias: SSTC 26/2020, de 24 de febrero; 29/2020 y 32/2020, de 24 de febrero; 41/2020, de 9 de marzo; 62/2020, de 15 de junio; 86/2020, de 20 de julio; 119/2020 y 125/2020, de 21 de septiembre; 167/2020, de 16 de noviembre, y 187/2020, de 14 de diciembre. Interesa señalar que en el caso resuelto por la STC 32/2020 el órgano judicial no había reparado la indefensión material padecida pese a que el perjudicado le brindó la ocasión de hacerlo al promover el oportuno incidente de nulidad de actuaciones.

En la STC 34/2020, de 24 de febrero, la Sala Segunda otorgó el amparo respecto de un error esencial padecido en el anuncio de subasta a celebrar en un proceso de ejecución de títulos judiciales. En ese anuncio, cuyo error no se reparó por el órgano judicial, se había calificado al bien inmueble objeto de subasta como local comercial, siendo así que se trataba de un solar.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

Se dictaron tres sentencias que otorgaron el amparo en aplicación de la doctrina sentada en la STC 31/2019, de 28 de febrero, del Pleno, que, tomando en consideración la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, había hecho hincapié en la relevancia del control judicial del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales: SSTC 30/2020, de 24 de febrero de la Sala Primera; 48/2020, de 15 de junio, y 140/2020, de 6 de octubre, ambas de la Sala Segunda. En todas ellas se anularon sendas resoluciones judiciales en las que se había dejado imprejuzgado el alegato de abusividad de alguna cláusula, sin dar una adecuada motivación.

En la STC 46/2020, de 15 de junio, la Sala Primera anuló una sentencia dictada en proceso de anulación de laudo arbitral que había ignorado el principio de justicia rogada. En esta ocasión, la solicitud de desistimiento de la parte actora —formulada de consuno con la demandada—, basada en que se había alcanzado un acuerdo que suponía una satisfacción extraprocesal de la pretensión, fue desatendida por el órgano judicial, que llevó a cabo una fiscalización especialmente intensa del laudo a partir de una interpretación expansiva del concepto de «orden público», a cuya preservación se dirige legalmente la acción de anulación.

En la STC 160/2020, de 16 de noviembre, la Sala Segunda estimó el recurso de amparo promovido en relación con una sentencia que atribuyó efectos interruptores de la prescripción de deudas tributarias a las notificaciones defectuosas practicadas por la administración. La errónea consideración como válidos de estos intentos de notificación supuso la utilización de un criterio inadecuado sobre su idoneidad para interrumpir el cómputo del plazo de prescripción y, consecuentemente, determinó un vicio en la motivación de la sentencia impugnada, que no satisfizo el derecho de la actora a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

H) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

En la STC 26/2020, de 24 de febrero, la Sala Segunda estimó dos recursos de amparo previamente acumulados por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. En esta ocasión la actuación de un juzgado de lo mercantil en procesos de ejecución de títulos judiciales y de revocación de título ejecutivo europeo desatendió los deberes relativos a la adecuada constitución de la relación jurídico-procesal, al emplazar por vía edictal sin apurar las posibilidades de comunicación personal y, además, tuvo por líquida una condena que no ostentaba tal condición e incurrió en error al aplicar la normativa de la Unión Europea.

Como ya se ha indicado anteriormente, en la STC 67/2020, de 29 de junio, la Sala Segunda no apreció vulneración de los derechos a la protección de datos y a un proceso con todas las garantías como consecuencia de la utilización, en un procedimiento tributario sancionador, de una prueba documental obtenida lícitamente con ocasión de un acto de investigación penal.

En la STC 132/2020, de 23 de septiembre, el Pleno otorgó el amparo a un ciudadano colombiano que controvertía su entrega a las autoridades de su país para cumplir una condena privativa de libertad impuesta en ausencia. La sentencia concluyó que en el proceso en el que se había dictado la condena no se habían respetado todas las garantías por lo que se había vulnerado el contenido absoluto de este derecho fundamental, en los términos establecidos en la STC 26/2014, de 13 de febrero. A esta sentencia se formuló un voto particular. También se otorgó el amparo respecto de otra extradición a Colombia en la STC 147/2020, de 19 de octubre. En este caso, la Sala Primera concluyó que se había vulnerado el contenido absoluto de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, en conexión con los de libertad personal y de residencia y circulación pues la solicitud de extradición se había presentado junto con un escrito de acusación de la Fiscalía carente de todo refrendo judicial, de modo que la extradición se concedió a partir de un escrito de parte y sin la necesaria intermediación judicial.

En la STC 165/2020, de 16 de noviembre, la Sala Segunda otorgó el amparo promovido respecto de la sentencia dictada en un proceso contencioso-administrativo que había desestimado una demanda por responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. La sentencia declaró vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, en su faceta de principio de igualdad de armas procesales: la solicitante de una indemnización por daños morales no logró acreditar la existencia de un nexo causal entre el daño y la actuación de la administración sanitaria porque no pudo aportar una documentación esencial, debido a que la propia administración no había cumplido diligentemente su deber de custodia documental. La STC 165/2020 hizo hincapié en la efectividad del principio de facilidad de prueba, cuyo envés supone que, en este caso, la administración no puede beneficiarse de su actuar negligente.

b) Presunción de inocencia

Reiterando la doctrina sentada en la STC 125/2019, de 31 de octubre, en nueve sentencias se otorgó el amparo, por vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia, a quienes habían visto denegada su petición indemnizatoria por la prisión provisional padecida en causa penal en la que resultaron finalmente absueltos, por aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que había sido parcialmente anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio. Concretamente, las SSTC 8/2020, de 27 de enero; 44/2020 y 45/2020, de 9 de marzo; 64/2020, de 15 de junio; 137/2020, de 6 de octubre; 153/2020 y 154/2020, de 4 de noviembre; 166/2020, de 16 de noviembre, y 177/2020, de 14 de diciembre, otorgaron el amparo por vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia.

Por otro lado, en la STC 1/2020, de 14 de enero, el Pleno estimó parcialmente los recursos de amparo promovidos por quienes habían sido condenados por los sucesos acaecidos durante la conmemoración oficial del día de Cataluña en el centro cultural «Blanquerna» de Madrid. Concretamente, concluyó que la agravante genérica de discriminación por razones ideológicas se había aplicado en vía de recurso por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sin dar audiencia a los acusados para que pudieran alegar cuanto a su derecho conviniera respecto de la apreciación de este elemento subjetivo del tipo penal.

[1] Este capítulo ha sido elaborado por los servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2020 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Durante los meses de marzo y abril el servicio fue mantenido principalmente a distancia, mediante el teletrabajo del personal y la entrega de materiales documentales y bibliográficos preferentemente en formato electrónico. A partir de la paulatina reincorporación del personal del Tribunal a su sede, a partir del mes de mayo, se han seguido diversas medidas para prevenir los contagios víricos: la sala de lectura permanece cerrada al público y, para reducir el número de personas presentes, el personal se divide en distintos turnos horarios y algunos empleados en situaciones de confinamiento local o de vulnerabilidad mantienen un régimen de trabajo no presencial, entre otras.

Se ha continuado prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho. El Servicio ha desarrollado su colaboración con la Fundación Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017.

En 2020 se llevó a cabo la décima convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 28 de septiembre de 2020 («Boletín Oficial del Estado» núm. 266, de 8 de octubre de 2020). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 23 de diciembre de 2020 («Boletín Oficial del Estado» núm. 3, de 4 de enero de 2021).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen:

1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 2.081 títulos, de los cuales

a) Por compra: 1.966.

b) Por donación: 115.

Revistas: Se han incorporado 20 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales 5 son revistas impresas y 15 en línea.

El 31 de diciembre de 2020, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 88.947 libros y un total de 1.524 publicaciones seriadas. De estas últimas, 204 son publicaciones oficiales (Repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 689 están publicadas en papel y 631 en formato digital. Se siguen publicando y recibiendo 459 revistas en papel; 228 títulos han quedado cerrados, bien porque han dejado de publicarse o porque se ha dado de baja la suscripción. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 200 se conservan en discos (CD-Rom o DVD) y 432 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 596.562 registros bibliográficos. Durante el año 2020 se han incorporado al catálogo 25.760 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

– 2.025 libros, de los cuales 341 son libros digitales;

– 12.840 artículos de revistas;

– 9.134 capítulos de obras colectivas;

– 20 publicaciones periódicas;

– 1.741 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 195.964. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 7.433 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 2.890 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, sentencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 4 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 9 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico. Además el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal desde enero de 2011 en la siguiente dirección:https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/BD.aspx.

E) Encuadernación:

Se han encuadernados 22 libros.

2) Servicios a los lectores

La Biblioteca ha realizado un total de 1.652 préstamos de libros y ha recibido 1.843 devoluciones. Ha atendido 42 consultas en la Sala de lectura y 10.448 a través de la aplicación informática, así como 2.339 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 3.207 recursos bibliográficos: 1.156 libros, 1.330 artículos de revistas y 721 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que solo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

– Biblioteca Nacional.

– Bibliotecas universitarias.

– Biblioteca del Congreso de los Diputados.

– Biblioteca del Senado.

– Biblioteca del Consejo de Estado.

– Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

– Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

– Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

– Bibliotecas de Ministerios.

– Bibliotecas de Academias.

– Bibliotecas de Colegios de Abogados.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

– Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 31, al quedar suspendidas en el mes de marzo), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un magistrado o magistrado emérito o por un letrado del propio Tribunal. En el año 2020 se realizaron un total de 4 estancias, con una media de seis días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal, así como la elaboración de su estadística jurisdiccional.

En el año 2020 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado publicaron los tomos números 102 y 103 de la colección «Jurisprudencia constitucional», que abarcan la totalidad del año 2018. Tanto estos tomos como los números 104 y 105, que corresponden al año 2019, pueden consultarse en la versión digital disponible en el portal de internet del Tribunal Constitucional (https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Tomo/List).

El Servicio mantiene en ese mismo portal, convenientemente actualizados, los contenidos del «Buscador de jurisprudencia constitucional» (que incluye a texto completo la totalidad de decisiones, sentencias y autos que incorporan doctrina), las «Gacetas de jurisprudencia constitucional» (que, con periodicidad trimestral, incorporan la relación de resoluciones dictadas y diversos índices que facilitan su manejo a los lectores interesados) y los «Avances estadísticos» trimestrales, consolidados anualmente.

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2020 y a través del denominado «Foro Venecia», el Servicio dio respuesta a nueve solicitudes de información provenientes de la propia Comisión de Venecia y de los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de República Eslovaca, República de Eslovenia, Macedonia del norte, Rumanía, República de Sudáfrica, Suecia y República de Letonia (dos). Igualmente, en el año 2020 el Tribunal Constitucional continuó su colaboración con la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta red proporciona documentación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que a su vez solicita información, proporcionada de consuno por el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional y el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España.

Finalmente, por resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 2020, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 8 de octubre siguiente, se convocó concurso para la adjudicación de seis becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento de la doctrina constitucional.

3. Servicio de Informática

El Servicio de Informática se encarga, de acuerdo con el artículo 34 bis del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, del sistema informático del Tribunal Constitucional, de sus comunicaciones y de la ciberseguridad, así como de prestar apoyo técnico a los usuarios. Para acometer estos cometidos, el Servicio de Informática dispone de cinco áreas dirigidas por cinco funcionarios adscritos al Tribunal, cuyas actividades se desarrollan con ocho analistas y dos auxiliares, así como el apoyo de servicios informáticos externalizados.

En 2020 se produjo un cambio en la dirección del Servicio de Informática: en mayo dejó el puesto el letrado jefe don Juan Ignacio Moreno Fernández, posición que venía desempeñando desde hacía diez años, agradeciéndole los servicios prestados. Mediante resolución de la Presidencia de 2 de junio de 2020 (BOE núm. 167, de 15 de junio) el Tribunal convocó el puesto de trabajo de Jefe de Unidad Informática, vacante desde 2011, entonces con la denominación de Subdirector de Tecnologías de la Información, concluyendo finalmente con el nombramiento, por resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOE núm. 260, de 1 de octubre), de don Jesús Salvador Cano Carrillo.

1) Sistemas, comunicaciones y seguridad

Lo más señalado del año 2020 por parte del Servicio de Informática ha sido afrontar las necesidades tecnológicas que podían facilitar las funciones del Tribunal mediante trabajo remoto. La gestión del confinamiento, del estado de alarma y de la crisis sanitaria, por parte del servicio, supuso una sobrecarga de trabajo que sobrepasa el ejercicio en curso. En marzo el uso de la capacidad de teletrabajo en el Tribunal era, efectivamente, residual: resolvía ad hoc situaciones y necesidades en momentos puntuales, asistido estrechamente por personal técnico.

La pandemia sobrevenida obligó a una transformación digital imprevista, actuando de forma urgente sobre la infraestructura de servidores a fin de alcanzar una solución tecnológica que permitiera el acceso remoto a la intranet, así como el licenciamiento de productos asociados a escritorios remotos. De un cómputo de unos 50 usuarios que esporádicamente se conectaban telemáticamente a principios de año se pasó a unos 150 usuarios con teletrabajo más o menos estable, lo que implica una ampliación superior al 300 por 100. Consecuentemente, el número de incidencias técnicas y soporte se incrementó considerablemente, debido a que junto al parque informático del Tribunal había que atender el conjunto de equipos domésticos de los usuarios, en contextos no controlados y heterogéneos. Paulatinamente, se fueron incorporando herramientas para el teletrabajo y la securización del nuevo ecosistema tecnológico, destacando aspectos como la autenticación de doble factor y la implantación urgente de videoconferencias para el trabajo colaborativo del personal.

Durante los meses de noviembre y diciembre, se dedicaron dos reuniones del pleno gubernativo del Tribunal Constitucional para valorar el proyecto denominado «Pleno telemático», presentado y diseñado por el propio Servicio de Informática. El proyecto fue aprobado con objeto de desplegar un conjunto de medidas sobre las redes de datos corporativas, basado en criterios de seguridad robusta, incluyendo clasificación de la información, segmentación, videoconferencias y trabajo remoto, en línea para habilitar la celebración de reuniones de Pleno, Salas y Secciones por parte de los magistrados, así como el trabajo de letrados y personal administrativo. Derivado de esto, se adquirieron equipos portátiles para los miembros del pleno y la secretaría general y para letrados y personal con responsabilidades de gestión, que amplía el parque de ordenadores que gestiona el Servicio de Informática. Todos ellos siguen la configuración de seguridad recomendada por el Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC-599A y CCN-STIC-599B). Se ha potenciado la seguridad interna en red, mediante sistemas adicionales de control lógico de red (NAC) y la implantación de anti-malware avanzado (XDR) mediante una plataforma de detección y respuesta basada en aprendizaje automático.

2) Desarrollo gubernativo y jurisdiccional

Considerando que el Servicio de Informática desarrolla y mantiene sistemas de información propios, en los planos gubernativo y jurisdiccional, para la gestión del teletrabajo, se ha realizado una adaptación software para incorporar el acceso remoto al sistema de marcajes, así como se ha desplegado e integrado el control de temperatura corporal en los puntos de entrada a los edificios del Tribunal.

El Registro telemático del Tribunal Constitucional ha mantenido su actividad para la recepción de escritos jurisdiccionales de iniciación de amparos, con un total de 6.515 asuntos, de los que 5.529 fueron telemáticos, lo que supone un descenso respecto del año anterior (7.554 asuntos en total, 6.166 telemáticos). El impacto de la crisis sanitaria y el estado de alarma durante este año puede ser visualizado por meses, como se muestra a continuación;

En escritos de trámite de amparos, se recibieron de un total de 11.485 escritos, algo más de un 56 por 100 por vía telemática, un 35 por 100 por correo y en escasa medida presencialmente.

En asuntos de competencia del Pleno, se han recibido 55 escritos de iniciación y 325 escritos de trámite. En cuanto a la iniciación, algo más del 38 por 100 se recibió por el Registro telemático, un 40 por 100 por correo y apenas un 21 por 100 de forma presencial. Durante los meses de marzo, abril, julio, agosto y octubre no se presentó ningún escrito presencialmente para que fuera conocido por el Pleno; abril fue un mes caracterizado por la presentación de escritos 100 por 100 electrónica. En escritos de trámite para el Pleno, prácticamente el 35 por 100 fueron telemáticos, señalando los meses de abril y agosto por no haberse presentado físicamente ningún escrito de este tipo.

Por otro lado, la entrada de escritos gubernativos ha experimentado un importante incremento, particularmente en el segundo semestre del año, sextuplicando el número de documentos registrados electrónicamente. Los asuntos gubernativos más frecuentes fueron los relacionados con los procesos selectivos de personal y las convocatorias de becas. En este año se ha finalizado el proyecto de integración de la aplicación de gestión económica del Tribunal con la plataforma de contratación del sector público y con el sistema de envío electrónico de documentos contables.

En el ámbito del desarrollo jurisdiccional, hay que destacar el trabajo para ir aumentando las funcionalidades de la nueva herramienta de tramitación (TJ), que paulatinamente va dejando en desuso la necesidad de la antigua aplicación GP+.

3) Portal institucional

El portal web institucional, bajo el dominio www.tribunalconstitucional.es, recibió durante el año 2020 un total de 989.112 visitas, con 627.104 visitantes diferentes. Algo más de la mitad de los accesos se realizó desde España (54,30 por 100). Del resto, el 11,56 por 100 desde países europeos; el 8,03 por 100 se efectuó desde países iberoamericanos; el 8,15 por 100 desde los Estados Unidos y Canadá; el 1,40 por 100 desde China, resto de Asia y Australia; y un 0,21 por 100 desde países africanos.

Desde los países iberoamericanos que nos visitaron, destacan especialmente Perú (22,06 por 100) y México (20,60 por 100), seguidos de Argentina (9,24 por 100), Colombia (7,26 por 100), República Dominicana (6,93 por 100), Bolivia (6,39 por 100) y Ecuador (4,99 por 100).

En Europa fue de interés, sobre todo, Francia (19,89 por 100), Rusia (18,51 por 100), Gran Bretaña (15,44 por 100) y Alemania (12,02 por 100), seguido de Italia (6,65 por 100), Rumanía (5,55 por 100), Bulgaria (3,79 por 100) y Suecia (2,41 por 100).

En el bloque del continente asiático y Oceanía, el mayor número de entradas vino de China (el 33,28 por 100), seguido de India (16,01 por 100), Filipinas (12,07 por 100) e Israel (6,13 por 100).

En África, los visitantes han sido principalmente de Marruecos (40,20 por 100), y en menor medida de Argelia (11,70 por 100), Sudáfrica (10,42 por 100), Guinea Ecuatorial (5,57 por 100) y Egipto (3,38 por 100).

4) Sistema informático de jurisprudencia

En cuanto a la herramienta de jurisprudencia, el sistema se encuentra consolidado en el entorno web institucional con el subdominio hj.tribunalconstitucional.es, conocido como «Buscador de Jurisprudencia». Durante el año, ha recibido 5.667.637 de consultas de jurisprudencia, con un promedio diario de 15.527 y un total de 510.829 usuarios diferentes, lo que supone un significativo incremento sobre años anteriores, considerando la situación de confinamiento global de los ciudadanos. Por origen, las consultas de jurisprudencia identificadas fueron en una cantidad de 2.470.014 desde España, de 435.166 desde el resto de Europa, en Norteamérica 1.560.404, desde Asia 983.567, Latinoamérica 73.949, África 1.689 y desde Oceanía en número de 651 consultas.

El navegador más usado para consultar la jurisprudencia fueron Chrome y Safari, destacando el volumen desde versiones de navegador para telefonía móvil.

Chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.830.724
Safari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.197.207
Mobile Safari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 746.455
Firefox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 718.425
Android browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 621.988
Chrome Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 209.475
IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 183.431
Mozilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90.862
Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34.824
Apple Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12.665
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21.581

De las resoluciones más consultadas en la jurisprudencia constitucional durante 2020, hay que mencionar la STC 83/2016, relacionado con la declaración del estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo en la crisis de controladores de 2010; la STC 105/1992, sobre libertad sindical y el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva; y la STC 53/1985, sobre el aborto en la reforma del art. 417 bis del Código Penal. En la lista de las resoluciones más interesadas en la jurisprudencia del Tribunal cabe destacar por su singularidad el ATC 55/1996, sobre la habeas corpus, libertad personal y el derecho a entrar en España, dictada por la Sección Segunda presidida por el magistrado Gimeno Sendra, de cuya pérdida también conoce este año.

De la web institucional, los documentos que han suscitado más interés por número de descargas fueron los relacionados con:

1) Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (68.307 descargas);

2) Folleto divulgativo del Tribunal Constitucional (23.773 descargas);

3) Estructura y funcionamiento del Tribunal (22.832 descargas);

4) Prontuario de jurisprudencia en materia competencial (17.969 descargas);

5) Artículo «Derecho positivo y Derecho natural, todavía…», publicado por el magistrado Andrés Ollero (11.671 descargas);

6) ATC 40/2020, de 30 de abril, por el que inadmite a trámite el recurso de amparo 2056-2020, sobre ejercicio del derecho de manifestación (7.195 descargas);

7) STC 39/2016, de 3 de marzo, por la que el Pleno avala la instalación de cámaras en el trabajo sin consentimiento del empleado para control el cumplimiento del contrato (7.055 descargas);

8) Texto consolidado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (6.519 descargas);

9) «Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución», de la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en Santo Domingo, en marzo de 2014 (6.516 descargas);

10) STC 126/2019, de 31 de octubre, por la que se declara inconstitucional el impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano (5.864 descargas);

11) Nota de prensa núm. 67/2020, por la que se adelantaba la parte dispositiva de la STC 78/2020, de 1 de julio, por la que se declaraba inconstitucional la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades (5.392 descargas);

12) STC 118/2019, de 16 de octubre, por la que se avala la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas pero intermitentes (5.346 descargas).

La página web se ofrece en diferentes versiones idiomáticas, tanto en francés como en inglés. Los documentos más descargados en inglés a lo largo del año 2020 fueron precisamente:

1) STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña: función y contenido constitucional; distribución competencial con el Estado (808 descargas);

2) STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (596 descargas);

3) STC 124/2017, de 8 de noviembre, sobre la Ley del Parlamento de Cataluña de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (541 descargas);

4) STC 236/2007, de 7 de noviembre, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (514 descargas);

5) STC 237/2005, de 26 de septiembre, sobre el derecho de acceso a la justicia: jurisdicción universal de los Tribunales españoles en materia penal (484 descargas);

6) STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la incompatibilidad con la Constitución de la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se aprueba la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña» (423 descargas);

7) STC 26/2014, de 13 de febrero, sobre la entrega del detenido en el marco de una orden europea de detención y entrega de un condenado por un Estado miembro de la Unión Europea (343 descargas);

8) Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, que juzga la supremacía de la Constitución y la primacía del Derecho de la Unión (288 descargas);

9) El documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (283 descargas);

10) Folleto divulgativo acerca del Tribunal Constitucional (273 descargas);

11) Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (229 descargas);

12) La Constitución española en inglés (211 descargas).

Los documentos más descargados en francés fueron:

1) La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (348 descargas);

2) La Constitución española en francés (298 descargas);

3) Estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional (270 descargas);

4) STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (239 descargas);

5) STC 124/2017, de 8 de noviembre, sobre la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, del Parlamento de Cataluña (158 descargas);

6) El folleto divulgativo acerca del Tribunal Constitucional (150 descargas) y

7) Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (149 descargas).

5) Servicios electrónicos al ciudadano

Desde el apartado «Ayúdanos a mejorar» se recibieron 17 encuestas que aportaron, de forma anónima, opiniones y sugerencias acerca de la web del Tribunal. Además, desde la pestaña de «Acceso a la información pública» se realizaron 60 peticiones de información.

En el apartado «Sistema de alertas» de la web se recibieron un total de 2.337 suscripciones de distinto tipo, fundamentalmente para resoluciones (814) y notas de prensa (715), completado con anuncios de contratación (163), convocatorias de personal (239), resoluciones de transparencia (298) y orden del día (108).

La app móvil del Tribunal Constitucional ha sido instalada en 720 ocasiones, tanto en teléfonos Apple IOS (142) como Android (578), siendo descargada un 82 por 100 de veces desde España y un 10 por 100 en Latinoamérica; alrededor de un 1 por 100 tanto en el resto de Europa como América del Norte.

6) Portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional

El Servicio de Informática gestiona y mantiene además el portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, bajo el dominio www.cijc.org, que registró un total de 18.283 visitas, dando lugar a la consulta de 773.837 activos de información en forma de documentos, fotografías, vídeos, etc. Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron Guatemala, Colombia y Estados Unidos, seguidos por México, España, República Dominicana, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Por número de descargas, los documentos que tuvieron más interés en la web de la Conferencia Iberoamericana fueron:

1) Los textos constitucionales de Guatemala (164.363 descargas), Colombia (16.357 descargas), Venezuela (9.061 descargas), Panamá (5.139 descargas) y Honduras (2.499 descargas)

2) Las respuestas de Perú al cuestionario de la IX Conferencia celebrada en Cádiz en 2012 que trató el tema «Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional» (7.305 descargas)

3) Los documentos del seminario celebrado en Cartagena de Indias, Colombia en 2013, en concreto, «Protección de las garantías constitucionales en Guatemala» (6.803 descargas), «Procesos constitucionales en el marco de la justicia constitucional en Bolivia» (2.822 descargas) y «Los procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales de República Dominicana» (2.496 descargas)

4) En relación con el cuestionario de la X Conferencia, celebrada en Santo Domingo en 2014, la respuesta de Paraguay (3.925 descargas) y de Bolivia (3.184 descargas)

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y asuntos generales

A) Cobertura de puestos

Se han cubierto por concurso las siguientes plazas:

– Una plaza de funcionario del grupo C, subgrupo C2, convocado por resolución de la Presidencia de 27 de noviembre de 2019 (BOE de 3 de diciembre) y resuelto por resolución de la Presidencia de 17 de febrero de 2020 (BOE de 19 de febrero).

– Cinco plazas de tramitador, convocado por resolución de la Presidencia de 28 de febrero de 2020 (BOE de 4 de marzo) y resuelto por resolución de 16 de julio de 2020 (BOE de 22 de julio).

– Dos plazas de gestor, convocado por resolución de la Presidencia de 7 de julio de 2020 (BOE de 9 de julio) y resuelto por resolución de 9 de octubre de 2020 (BOE de 14 de octubre).

– Una plaza de funcionario del grupo C, subgrupo C2, convocado por resolución de la Presidencia de 7 de julio de 2020 (BOE de 9 de julio) y resuelto por resolución de 9 de octubre de 2020 (BOE de 14 de octubre).

– Dos plazas de funcionario del grupo C, subgrupo C1, convocado por resolución de la Presidencia de 7 de julio de 2020 (BOE de 9 de julio) y resuelto por resolución de 10 de noviembre de 2020 (BOE de 17 de noviembre).

– Una plaza de técnico de biblioteca y dos de técnico auxiliar de biblioteca, convocado por resolución de la Presidencia de 7 de julio de 2020 (BOE de 9 de julio) y resuelto por resolución de 20 de noviembre de 2020 (BOE de 27 de noviembre).

– Dos plazas de auxilio judicial, convocado por resolución de la Presidencia de 22 de octubre de 2020 (BOE de 30 de octubre) y resuelto por resolución de 11 de diciembre de 2020 (BOE de 17 de diciembre).

– Una plaza de secretario de justicia, convocado por resolución de la Presidencia de 20 de noviembre de 2020 (BOE de 26 de noviembre), pendiente de resolver a 31 de diciembre de 2020.

Se ha cubierto por libre designación un puesto de jefe de unidad de informática, convocado por resolución de la Presidencia de 2 de junio de 2020 (BOE de 15 de junio) y resuelto por resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOE de 1 de octubre).

B) Formación

Se han impartido los siguientes cursos de formación para el personal adscrito al Tribunal:

– Curso online «Covid-19. Desescalada. Centros de trabajo».

– Tercera edición del curso de comunicación eficaz.

– Curso online de gestión de convenios, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Tribunal de Cuentas.

Conforme a la disposición adicional 39.ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2021, el personal al servicio del Tribunal Constitucional estará comprendido en los programas de formación que promueva el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), al amparo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

C) Personal al servicio del Tribunal Constitucional

El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2020) se distribuye como sigue:

|  | Hombres | Mujeres | Total
ALTOS CARGOS | 11 | 2 | 13
LETRADOS | 33 | 20 | 53
FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Secretarios Justicia | 3 | 2 |
Gestión procesal | 6 | 10 |
Tramitación procesal | 13 | 14 |
Auxilio judicial | 5 | 2 |
Suma | 27 | 28 | 55
FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN CIVIL | Subgrupo A1 | 3 | 4 |
Subgrupo A2 | 6 | 5 |
Subgrupo C1 | 9 | 12 |
Subgrupo C2 | 3 | 9 |
Suma | 21 | 30 | 51
PERSONAL LABORAL | Nivel 1 | 0 | 0 |
Nivel 2 | 0 | 1 |
Nivel 3 | 11 | 8 |
Suma | 11 | 9 | 20
PERSONAL EVENTUAL | 4 | 19 | 23
TOTAL | 107 | 108 | 215

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.364 documentos contables, con el siguiente detalle:

Documentos contables | Capítulo
84 | I
1.711 | II
256 | III
301 | IV
3 | VIII

Además se han tramitado 9 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 197.123,59 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en febrero de 2020 se ha puesto en funcionamiento pleno la integración de la aplicación de gestión económica del Tribunal Constitucional con la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE), por lo que desde esa fecha todos los procedimientos de contratación se han tramitado de forma electrónica a través de dicha plataforma.

Asimismo, con la integración de la aplicación de gestión económica con el Sistema de Información Contable (SIC) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se ha culminado el proceso para la elaboración, tramitación, firma y remisión electrónicas de todos los documentos contables del Tribunal.

3) Mantenimiento

La unidad de mantenimiento ha realizado las siguientes actuaciones, además del trabajo diario del mantenimiento de las instalaciones, inmueble, mobiliario y necesidades del personal:

– Reparación de paramentos en el cuarto de la limpieza, el cuarto de conductores y la zona de la Comisaría.

– La revisión y fijación de aplacados en los patios interiores del edificio sede del Tribunal Constitucional.

– Obras de adecuación del vestíbulo de acceso al garaje del sótano 1.

– La ejecución de un aseo para personas con movilidad reducida en la planta baja de la sede de Domenico Scarlatti.

– Reparación del falso techo de la entreplanta de la sede.

– La sustitución parcial del falso techo en las dependencias auxiliares del Tribunal.

– La sustitución de moqueta en los vestíbulos del ascensor D y en diversas dependencias de la sede del Tribunal.

– Nuevo enmarcado y reubicación de los retratos de los magistrados eméritos.

– Adecuación de los muebles para los puestos de ordenanzas.

– Contratación de la redacción del proyecto de rehabilitación de la cubierta del Tribunal.

Igualmente, se ha colaborado con la Dirección General del Patrimonio del Estado en la elaboración del Plan Director para la rehabilitación integral y ampliación de la sede principal del Tribunal Constitucional, estableciéndose un periodo de cinco años para la aprobación de los correspondientes proyectos y ejecución de las obras, todo ello por un importe total presupuestado de 21 millones de euros, según consta en los presupuestos generales del Estado del ejercicio 2021.

4) Archivo General

En cuanto a la unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2020 han ingresado por transferencia un total de 449 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 29.741 cajas ocupadas.

La documentación que se ha generado a lo largo del año, tanto en soporte físico como electrónico y que integra el fondo archivístico del Tribunal Constitucional suma las siguientes cantidades[1]:

Total de expedientes creados en 2020 (en trámite y en custodia) | 13.941
Total de expedientes en fase de custodia | 9.640
– Expedientes físicos | 3.246
– Expedientes electrónicos | 5.929
– Expedientes digitalizados | 45
– Expedientes en proceso de transferencia[2] | 420

Los anteriores corresponden a: |
Expedientes de la función gobierno y administración | 6.176
Expedientes de la función jurisdicción constitucional | 3.464
Total de expedientes en el repositorio del AGTC | 440.669

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante el año se han creado los siguientes:

Total de documentos electrónicos creados en 2020 | 92.664
– Documentos electrónicos | 82.401
– Documentos digitalizados | 2.387
Los anteriores corresponden a: |
Documentos de la función gobierno y administración | 20.060
Documentos de la función jurisdicción constitucional | 64.728
Total de documentos electrónicos en el repositorio del AGTC | 596.030

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado 24.834 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia.

C) Servicios a usuarios

Durante 2020 se han realizado 817 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 52 solicitudes de digitalización de documentos y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Asimismo, se han registrado 2.349 accesos por parte de usuarios internos a la herramienta de consulta del Archivo General.

Otras actividades desarrolladas por la Unidad han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

D) Becas de formación

El 8 de julio de 2020 finalizó la beca de formación en gestión documental y archivística relacionada con los fondos documentales del Tribunal Constitucional que, convocada por resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE de 7 de junio) y adjudicada por resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, fue prorrogada por seis meses más, conforme a las bases de la precitada convocatoria.

5) Medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria del covid-19

Conforme a los protocolos sanitarios aplicables en cada momento, la Gerencia del Tribunal Constitucional ha implementado las siguientes medidas para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19:

– Adquisición de mascarillas FFP2, gel hidro-alcohólico, guantes protectores, pañuelos desechables, dispensadores de gel, felpudos desinfectantes, termómetros digitales y papeleras con tapa, para todo el personal y dependencias del Tribunal.

– Aplicación de protocolos específicos en la prestación del servicio de limpieza y el mantenimiento de las instalaciones de climatización del Tribunal.

– Reorganización de puestos de trabajo e instalación de pantallas de separación entre ellos según los protocolos y normativa vigente.

– Aprobación, difusión y actualización de la «Guía básica de reincorporación al trabajo presencial en el Tribunal Constitucional».

– Tramitación de autorizaciones de teletrabajo y seguimiento de diversas medidas organizativas como flexibilización horaria, escalonamiento de entradas y salidas, establecimiento de turnos de mañana y tarde y conciliación de la vida familiar, de conformidad con la Instrucción de Secretaría General de 19 de mayo de 2021.

– Realización de evaluaciones médicas al personal perteneciente a colectivos especialmente vulnerables al covid-19 y aplicación de las correspondientes medidas preventivas, según los protocolos vigentes.

– Tramitación de contratos para adquirir licencias de herramientas informáticas y equipos de videoconferencia (portátiles, pantallas, cámaras…) para la celebración de reuniones de trabajo telemáticas.

– Instalación de protecciones frente al covid-19 en los ascensores de la sede de Doménico Scarlatti.

– Adquisición y realización de diversas pruebas de diagnóstico, como varios test rápidos de anticuerpos, de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y test de antígenos, en los casos indicados por el servicio médico del Tribunal.

– Estudio para la instalación de un sistema de purificación del aire mediante ionización bipolar por plasma frío.

– Información y consulta con los representantes de los trabajadores a través del Comité de Seguridad y Salud.

– Impartición del curso online «Covid-19. Desescalada. Centros de trabajo».

– Elaboración por el servicio de prevención de riesgos laborales de informes de evaluación específicos sobre covid-19 para la realización de actos públicos en el Tribunal.

5. Gabinete de Prensa

El Gabinete de Prensa a lo largo de 2020 ha continuado con su labor de comunicación de toda la actividad institucional y jurisdiccional del Tribunal Constitucional, apostando con su compromiso hacia la máxima transparencia, publicidad y rigor informativo. Siempre con el objetivo de acercar y explicar la función que desarrolla el órgano constitucional a la ciudadanía.

La actividad comunicativa del Tribunal utiliza como principales canales: las notas de prensa (un total de 122 en 2020, una cifra similar a la de ejercicios anteriores, a pesar de estar varios meses bajo un estado de alarma y sufrir la pandemia del covid-19), la constante actualización de la página web (tanto con las últimas resoluciones jurisdiccionales como con fotografías y archivos multimedia de los diferentes actos, seminarios, conferencias y visitas institucionales) y las redes sociales (YouTube, Twitter e Instagram).

Las notas de prensa son una de las herramientas fundamentales para acercar las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional a los medios de comunicación y, por consiguiente, a la sociedad. En ellas se sintetizan y explican las sentencias, autos y providencias emitidas tanto por el Pleno como por las Salas. Se ofrece de forma rigurosa, neutra y rápida un resumen del fallo y sus principales argumentos jurídicos. Además, aquellas que afectan a los asuntos más relevantes a nivel jurídico o social son traducidas al inglés para su comprensión y difusión más allá de nuestras fronteras.

El Gabinete de Prensa además realiza una importante labor diaria de relación con los medios de comunicación, a los que se presta la máxima ayuda y colaboración para la resolución de dudas referidas a los conceptos jurídicos o las consecuencias prácticas de las resoluciones, así como para mejorar en términos generales la comprensión de los asuntos.

En 2020 ha crecido el impacto generado por el Tribunal en las redes sociales. La cuenta de Twitter cuenta ya con más de 18.000 seguidores. En ellas se da a conocer la actividad jurisdiccional e institucional y al mismo tiempo se publican contenidos divulgativos que buscan acercar a los usuarios el funcionamiento, cometido y organización del Tribunal. En Twitter se han compartido más de 400 mensajes, que han obtenido 5.341.000 impresiones (número total de veces que los usuarios de la red ven un tuit), más del doble de lo obtenido en 2019 (2 millones de impresiones). En junio de 2020 se puso en marcha el perfil en Instagram, que al cierre de la Memoria cuenta con más de 1.500 seguidores.

Por otro lado, se ha desarrollado un plan de comunicación específico para el 40 aniversario de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, que incluye desde el logo (TC40), hasta contenidos originales en redes sociales para recordar efemérides relativas a hechos históricos en torno a la creación del órgano, publicación de artículos de opinión en los periódicos de tirada nacional o entrevistas en televisión («Audiencia abierta», en fecha 11 de julio de 2020). Además, con la colaboración de RTVE, el 6 de julio de 2020, día del acto solemne presidido por S. M. el Rey para conmemorar las cuatro décadas de la institución, se llevó a cabo un programa especial monográfico de «Las mañanas de RNE, con Íñigo Alfonso» desde la sede del Tribunal Constitucional, con la participación del Presidente, Magistrados, la Secretaria de Justicia del Pleno y Letrados. Televisión Española, además, ofreció la señal en directo del acto completo a través de sus canales y plataformas.

En este contexto, también se ha elaborado el vídeo «Los derechos constitucionales. Un paseo por el Prado», incluido en el libro del mismo título, en la página web y en YouTube y publicado con motivo del 40 aniversario de la institución. Se trata de una película documental de 35 minutos de duración en la que los doce magistrados —al igual que en la obra— reflexionan sobre cuadros del Museo del Prado desde una perspectiva jurídica, relacionándolos con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Un proyecto para la difusión cultural de los derechos constitucionales y para dar a conocer la cultura española de los derechos humanos.

En definitiva, el Gabinete de Prensa elaboró una estrategia anual y global de comunicación para dar a conocer la labor realizada por la institución a lo largo de sus 40 años de historia.

De forma diaria, este departamento ha seguido elaborando el boletín de prensa donde se recogen las noticias que afectan a la Jefatura del Estado, al propio Tribunal, al Gobierno, Parlamento, comunidades autónomas, partidos políticos, tribunales, ámbito internacional y, tras el impacto del covid-19, se han incluido dos secciones nuevas, economía y sanidad, por su interés informativo. También se recogen los editoriales de los principales periódicos y una selección plural y variada de artículos de opinión.

[1]Dichas cifras incluyen tanto procedimientos terminados (en fase de custodia) como iniciados y aún en tramitación, dado que el repositorio del Tribunal Constitucional incorpora todos los documentos desde el momento de su generación en los sistemas de tramitación o de su ingreso mediante el registro electrónico. Puede haber variaciones respecto de los totales de años anteriores debido a procesos de depuración de datos o a eliminación de registros.

[2]Se refiere a expedientes en soporte físico ya cerrados pero aún no remitidos al Archivo General.

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2020 ascendieron a 23.866,87 miles de euros, el mismo importe respecto del ejercicio 2019, como consecuencia de la prórroga de los presupuestos generales del Estado.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1 (Gastos de personal): 17.886,34 miles de euros.

– Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 4.842,72 miles de euros.

– Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 523,81 miles de euros.

– Capítulo 6 (Inversiones reales): 566,00 miles de euros.

– Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2020 se realizaron dos: una transferencia de crédito por importe de 191.225,70 euros desde el subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» a los subconceptos 100.00 «Altos cargos. Retribuciones básicas», por importe de 29.465,20 euros; 100.01 «Altos cargos. Retribuciones complementarias» por importe de 91.169,57 euros; 110.00 «Personal eventual. Retribuciones básicas», por importe de 8.879,78 euros; y 110.01 «Personal eventual. Retribuciones complementarias» por importe de 61.711,15 euros, para atender las obligaciones derivadas del pago de retribuciones a los altos cargos y personal eventual del Tribunal Constitucional fijadas para el ejercicio 2020 por los Reales Decretos-leyes 24/2018, de 21 de diciembre, y 2/2020, de 21 de enero. También se realizó una ampliación de crédito por importe de 60.000 euros, del subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» al subconcepto 160.00 «Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Seguridad Social» para atender las obligaciones con la Seguridad Social del mes de noviembre de 2020.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2020 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo presupuestario | Créditos definitivos | Gastos realizados | Grado de ejecución
Capítulo 1 | 17.886.340,00 | 17.173.412,08 | 96,01 por 100
Capítulo 2 | 4.842.720,00 | 3.566.704,63 | 73,65 por 100
Capítulo 4 | 523.810,00 | 195.276,14 | 37,28 por 100
Capítulo 6 | 566.000,00 | 285.975,20 | 50,53 por 100
Capítulo 8 | 48.000,00 | 7.500,00 | 15,63 por 100
Total | 23.866.870,00 | 21.228.868,05 | 88,95 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

VII. Relaciones institucionales

VIAJES OFICIALES

30 - 31 de enero

Participación en el solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

23 - 24 de febrero

Actos conmemorativos del 30.º aniversario de la Corte Constitucional de Argelia. Argel (Argelia).

24 - 25 de julio

Medallas de Galicia 2020 y Festividad de Santiago Apóstol. Santiago de Compostela.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

29 de enero

Embajador de Argelia en España, don Toufik Milat.

13 de febrero

Magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, don Nelson Pozo Silva.

25 de febrero

Profesionales del ámbito legislativo de diversos países iberoamericanos. Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

26 de febrero

Delegación del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina, encabezada por su Presidente, don Zlatko Knežević, acompañados de la Embajadora de la República de Bosnia ante el Reino de España, doña Danka Savić.

15 de septiembre

Fiscal General del Estado, doña Dolores Delgado García, para entregar la Memoria de 2019 de la Fiscalía General del Estado.

6 de octubre

Presidenta del Consejo General de la Abogacía, doña Victoria Ortega Benito, para entregar la Memoria de 2019 del Consejo General de la Abogacía.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

5 de febrero

Acto de homenaje a los Magistrados eméritos, en el marco del 40 aniversario del Tribunal Constitucional, y presentación de la obra «Fundamentos de lo contencioso-administrativo».

14 de febrero

Homenaje floral a don Francisco Tomás y Valiente en el 24.º aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

19 de febrero

Seminario «Conversaciones con la Constitución española y su proyección en Europa», en el marco del 40 aniversario del Tribunal Constitucional, en colaboración con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

4 de marzo

Homenaje a las Magistradas del Tribunal Constitucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

6 de julio

Acto solemne de celebración del 40.º aniversario de la creación del Tribunal Constitucional, con asistencia de Su Majestad el Rey, los poderes del Estado, autoridades y presidentes y magistrados eméritos del Tribunal.

14 de octubre

Presentación de la obra «Los derechos constitucionales. Un paseo por el Prado» con motivo del 40.º aniversario del Tribunal.

16 de noviembre

Inauguración de las XXVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas de forma telemática.

14 de diciembre

Presentación del libro «Comentarios sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional», en el marco de las celebraciones del 40.º aniversario del Tribunal.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

8 de enero

Toma de posesión del Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ante S. M. el Rey don Felipe VI. Palacio de la Zarzuela.

16 de enero

Entrega de los Premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), con motivo de la concesión del Premio «Puñetas de Oro» al Tribunal Constitucional en su 40.º aniversario.

3 de febrero

Solemne sesión de apertura de la XIV legislatura en el Congreso de los Diputados.

20 de febrero

Clausura del Seminario «Conversaciones con la Constitución Española y su proyección en Europa». Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

20 de mayo

Entrega de la Memoria de 2019 del Tribunal Constitucional a Su Majestad el Rey, don Felipe VI. Palacio de la Zarzuela.

14 de julio

Conmemoración de la Fiesta Nacional de Francia. Embajada francesa en Madrid.

16 de julio

Homenaje de Estado a las víctimas de la enfermedad por coronavirus y de reconocimiento a la sociedad, presidido por Su Majestad el Rey. Plaza de la Armería del Palacio Real.

28 de julio

Clausura del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, «Garantías para la independencia de la justicia». San Lorenzo del Escorial.

7 de septiembre

Acto solemne de apertura del año judicial, presidido por Su Majestad el Rey. Tribunal Supremo.

24 - 25 de septiembre

XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), celebrada telemáticamente desde Bogotá.

7 de octubre

Lección inaugural en el II Congreso Internacional de Derecho de Seguros, organizado por la Cátedra Uría Menéndez-ICADE de Regulación de los Mercados. Universidad Pontificia de Comillas.

7 de octubre

Acto de apertura del curso de las Reales Academias, presidida por Su Majestad el Rey. Real Academia Española.

12 de octubre

Acto de celebración de la Fiesta Nacional. Palacio Real.

10 de noviembre

Acto de conmemoración del 75.º aniversario de la Carta de las Naciones Unidas, presidido por Su Majestad el Rey. Palacio Real de El Pardo.

19 de noviembre

Entrega del XXVI Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio, en un acto presidido por Su Majestad el Rey. Ayuntamiento de Madrid.

26 de noviembre

Visita institucional del Presidente del Tribunal Constitucional al Consejo General de Procuradores de España.

1 de diciembre

Entrega de la X edición del Premio Gumersindo de Azcárate del Colegio de Registradores de España. Casa de América.

4 de diciembre

Recepción en la sede de la Comunidad de Madrid con ocasión del Día de la Constitución.

6 de diciembre

Izado solemne de la bandera con motivo del Día de la Constitución en los Jardines del Descubrimiento. Plaza de Colón.

Acto en conmemoración del 42.º aniversario de la Constitución española. Congreso de los Diputados.

9 de diciembre

Entrega del Premio «Justicia Sostenible» al Tribunal Constitucional, concedido por la organización Women in a Legal Word, en la segunda edición de sus galardones.

16 de diciembre

Entrega de la XIX edición de los Premios Iurisgama y Montero Ríos, otorgados por la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid. Senado.

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos», que plasma los resultados de las XXV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebradas en Córdoba en noviembre de 2019.

Actividades formativas

El Tribunal Constitucional mantiene distintos programas de formación desde el año 2002. Durante el año 2020 fueron convocados tres:

Mediante resoluciones de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 266, de 8 de octubre de 2020), fueron convocadas las siguientes becas:

– una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional;

– una beca de formación en tareas relacionadas con el Derecho constitucional comparado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional;

– seis becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional.

Mediante resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, se concedió la beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional (BOE núm. 3, de 4 de enero de 2021).

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han acordado prorrogar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su sexto año de funcionamiento.

El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales vienen convocando el «Premio Francisco Tomás y Valiente» de ensayos sobre Constitución y justicia constitucional, creado por convenios de 12 de abril de 1996 y de 25 de mayo del mismo año. Ambas instituciones suscribieron un Protocolo para la convocatoria y concesión del Premio el 4 de mayo de 2020, con el fin de dar continuidad a este galardón y adecuar su convocatoria y concesión a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Seguidamente, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática aprobó la Orden PCM/984/2020, de 19 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión del Premio «Francisco Tomás y Valiente» por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (BOE núm. 279, de 22 de octubre de 2020).

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/informacion-economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

IX. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de «Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2020 se han dirigido al Tribunal Constitucional 41 solicitudes de información pública, lo que supone una disminución respecto a las recibidas en los años 2019 (67), 2018 (54) y 2015 (42), ejercicio este último en el que entraron en vigor las disposiciones de la Ley 19/2013 en materia de derecho de acceso a la información pública, y un incremento en relación con las formuladas en los años 2017 (37) y 2016 (33). En número de 40 (97,56 por 100) fueron promovidas por personas físicas y una (2,44 por 100) por una persona jurídica (Congreso de los Diputados de México). Todas se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 40 casos (97,56 por 100) y en una (2,44 por 100) el solicitante no indicó de manera expresa la modalidad de respuesta requerida, por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En nueve resoluciones de la Secretaría General (21,95 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada; en 16 (39,02 por 100) se remitió la información solicitada a las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en 11 (26,83 por 100) se remitió a los solicitantes a la página web del Tribunal Constitucional por figurar publicada en esta página la información interesada o poder acceder a la misma a través de ella, sin que le resultase exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en una (2,44 por 100) se remitió la solicitud al Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional por tener la información solicitada carácter jurisdiccional y versar sobre una materia atribuida a la competencia del Presidente; en 3 (7,32 por 100) no se accedió a la información pedida; y una (2,44 por 100) se tuvo por desistida, por no haber sido atendido el requerimiento para que se identificase el solicitante y la información interesada (arts. 17.2 y 19.2 de la Ley 19/2013).

Las tres solicitudes en las que no se concedió el acceso a la información interesada, por exceder del ámbito del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013 [art. 2.1 f)], versaron sobre la prestación de asesoramiento jurídico por parte del Tribunal; la conformidad con la Constitución de determinadas previsiones normativas en relación con las medidas adoptadas en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; y el acceso a un expediente judicial ajeno a la jurisdicción de este Tribunal.

Las solicitudes de acceso a la información han tenido por objeto una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas:

a) Información sobre datos profesionales, administrativos y económicos de los miembros del Tribunal Constitucional y del personal a su servicio (1);

b) Acceso a resoluciones del Tribunal (3);

c) Información sobre la doctrina del Tribunal en determinadas materias (1);

d) Información sobre el estado de tramitación y la documentación relativa a concretos procesos constitucionales (16);

e) Información sobre procesos constitucionales en materia de protección de los derechos fundamentales (2);

f) Formularios o modelos para la presentación de una demanda de amparo (3);

g) Información sobre el control jurisdiccional de los actos normativos del gobierno durante el estado de alarma y las resoluciones dictadas por el Tribunal (3);

h) Datos estadísticos sobre procesos constitucionales (1);

i) Criterios para la inclusión de asuntos pendientes de sentencia en los órdenes del día de las sesiones del Pleno del Tribunal (1).

j) Información sobre procesos tramitados ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República (1);

k) Información sobre el convenio suscrito entre el Tribunal y la Real Academia de la Lengua en materia de corrección lingüística (3)[1];

l) Actas de las sesiones del colegio de magistrados previas a la constitución del Tribunal y de las sesiones del Pleno celebradas en julio de 1980 (1);

m) Lenguas en las que puede desarrollarse la actividad jurisdiccional, administrativa e institucional del Tribunal (1);

n) Información y asesoramiento para promover reclamaciones o denuncias (3);

ñ) Y, en fin, información sobre un expediente judicial ajeno a la jurisdicción constitucional (1).

[1]Una misma solicitud de información tuvo por objeto materias incluidas en los apartados k) y l).

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Magistrados eméritos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

1) Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm. 71, de 17 de marzo de 2020, cve: BOE-A-2020-3805).

2) Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm. 128, de 8 de mayo de 2020, cve: BOE-A-2020-4882).

ACUERDO DE 16 DE MARZO DE 2020, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO (BOE NÚM. 71, DE 17 DE MARZO DE 2020, CVE: BOE-A-2020-3805)

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y fija en quince días naturales su duración, que podrá ser ampliada o modificada, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

En las disposiciones adicionales segunda y tercera se suspenden los términos y plazos procesales y administrativos.

La Ley Orgánica de este Tribunal 2/1979, de 3 de octubre, remite en el artículo 80 a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de cómputo de plazos y el Pleno de este Tribunal, en reunión no presencial, a propuesta de su presidente y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10.1.n de la citada Ley Orgánica 2/1979, establece los siguientes criterios:

1.º Los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante este Tribunal quedan suspendidos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020 y sus eventuales prórrogas.

2.º Sin perjuicio de la suspensión del cómputo de los plazos, podrán seguir presentándose recursos y demás escritos, que afecten a los distintos procesos constitucionales o administrativos, a través del Registro electrónico accesible en la sede electrónica www.tribunalconstitucional.es.

3.º En los términos del artículo 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, la declaración de estado de alarma no interrumpe el funcionamiento de este órgano constitucional, que continuará dictando las resoluciones y medidas cautelares que fueran necesarias, en los procesos constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema constitucional y de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Madrid, 16 de marzo de 2020.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

ACUERDO DE 6 DE MAYO DE 2020, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS QUE FUERON SUSPENDIDOS POR ACUERDO DE 16 DE MARZO DE 2020, DURANTE LA VIGENCIA DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO (BOE NÚM. 128, DE 8 DE MAYO DE 2020, CVE: BOE-A-2020-4882).

El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante acuerdo de 16 de marzo de 2020 (BOE de 17 de marzo de 2020), decidió que los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante este Tribunal quedaban suspendidos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020 y sus eventuales prórrogas, sin perjuicio de que pudieran seguir presentándose recursos y demás escritos, a través del Registro electrónico del Tribunal.

El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, ha establecido una serie de medidas procesales y organizativas destinadas a afrontar las consecuencias que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la Administración de Justicia. Sus previsiones no son directamente aplicables al ámbito de la jurisdicción constitucional, razón por la cual el Pleno de este Tribunal, en reunión no presencial, a propuesta de su presidente y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10.1.n de la Ley Orgánica 2/1979, acuerda:

1.º En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran iniciados, los términos y plazos que han quedado suspendidos por aplicación del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2020, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que se levante la suspensión de los procedimientos.

2.º Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos constitucionales serán los establecidos en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, computándose como en el apartado anterior.

3.º Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles (acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional), por lo que el mes de agosto será inhábil para la interposición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales y administrativas, sin perjuicio de la voluntaria presentación de escritos a través del registro electrónico. La inhabilidad no alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la actividad ordinaria del Tribunal, y en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al mencionado acuerdo.

Madrid, 6 de mayo de 2020.– El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las sentencias y determinados autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO | SENTENCIAS
39, de 14 de febrero de 2020 | 1/2020 — 5/2020
52, de 29 de febrero de 2020 | 6/2020 — 16/2020
59, de 9 de marzo de 2020 | 17/2020 — 25/2020
83, de 26 de marzo de 2020 | 26/2020 — 40/2020
163, de 10 de junio de 2020 | 41/2020 — 45/2020
196, de 18 de julio de 2020 | 46/2020 — 65/2020
207, de 31 de julio de 2020 | 66/2020 — 79/2020
220, de 15 de agosto de 2020 | 80/2020 — 100/2020
270, de 12 de octubre de 2020 | 101/2020
289, de 2 de noviembre de 2020 | 102/2020 — 135/2020
295, de 9 de noviembre de 2020 | 136/2020 — 140/2020
305, de 20 de noviembre de 2020 | 141/2020 — 152/2020
319, de 7 de diciembre de 2020 | 153/2020 — 159/2020
332, de 22 de diciembre de 2020 | 160/2020 — 173/2020
338, de 28 de diciembre de 2020 | 174/2020 — 176/2020
22, de 26 de enero de 2021 | 177/2020 — 195/2020

NÚMERO DE SUPLEMENTO | AUTOS
52, de 29 de febrero de 2020 | 9/2020 — 11/2020
59, de 9 de marzo de 2020 | 16/2020 — 18/2020
220, de 15 de agosto de 2020 | 72/2020 y 83/2020
289, de 2 de noviembre de 2020 | 113/2020 y 116/2020
338, de 28 de diciembre de 2020 | 149/2020
22, de 26 de enero de 2021 | 171/2020 y 172/2020

SENTENCIAS

Pleno. Sentencia 1/2020, de 14 de enero de 2020

Recursos de amparo 3218-2017, 3313-2017, 3331-2017, 3358-2017, 3362-2017 y 3376-2017 (acumulados). Promovidos por don Pedro Chaparro Velacoracho y otras once personas más, en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenaron por diversos delitos cometidos en el centro cultural «Blanquerna» en Madrid.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: aplicación, en la casación y sin ofrecer a los acusados la posibilidad de alegar en su defensa, de la agravante de cometer el delito por discriminación ideológica y del subtipo agravado del delito de daños por recaer sobre bienes de uso público; inadmisión parcial del recurso de amparo en las alegaciones relativas a la libertad ideológica y de expresión.

Pleno. Sentencia 2/2020, de 15 de enero de 2020

Recurso de amparo 2115-2018. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y otras treinta y tres personas más, en relación con el auto del magistrado designado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de causa especial acordando prisión provisional.

Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: inadmisión del recurso de amparo promovido desatendiendo su carácter subsidiario.

Pleno. Sentencia 3/2020, de 15 de enero de 2020

Recurso de amparo 2226-2018. Promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol respecto de los autos dictados en causa especial por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo manteniendo la medida cautelar de prisión provisional.

Supuesta vulneración de los derechos a las libertades ideológica y personal y a la participación política, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia: resoluciones judiciales que valoran adecuadamente el riesgo de reiteración delictiva y la incidencia de la medida cautelar personal en el ejercicio de un cargo público representativo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 4/2020, de 15 de enero de 2020

Recurso de amparo 2228-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de los autos dictados en causa especial por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo denegando un permiso penitenciario extraordinario para intervenir en su investidura parlamentaria como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Supuesta vulneración de los derechos al acceso y ejercicio de los cargos públicos representativos en relación con los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión: denegación de un permiso penitenciario resultante de la valoración ponderada de distintos intereses constitucionales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 5/2020, de 15 de enero de 2020

Recurso de amparo 3707-2018. Promovido por doña Carme Forcadell Lluís, respecto de los autos dictados en causa especial por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordando la imposición de la medida cautelar de prisión provisional.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y de manifestación, así como de las libertades personal de expresión y ejercicio del cargo público representativo: resoluciones judiciales que, de manera motivada y acorde a los valores constitucionales en presencia, adoptaron una medida cautelar de carácter personal; inadmisión parcial del recurso por falta de invocación previa de la pretendida vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a la doble instancia penal.

Sala Segunda. Sentencia 6/2020, de 27 de enero de 2020

Recurso de amparo 6354-2017. Promovido por don Antonio Carmona Vera respecto de los autos de un juzgado de vigilancia penitenciaria y de la Audiencia Provincial de Córdoba, que desestimaron la impugnación de la resolución de la dirección del centro penitenciario de Córdoba denegando una petición de entrevista periodística.

Vulneración de las libertades de expresión e información: denegación constitucionalmente ilícita de entrevista periodística en la que se aduce la eventual afectación a la intimidad de otros reclusos y al crédito profesional de los funcionarios, con su hipotética incidencia en la seguridad y buen orden del centro penitenciario.

Sala Segunda. Sentencia 7/2020, de 27 de enero de 2020

Recurso de amparo 3298-2018. Promovido por la entidad Champicasa, S. A. T., respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Cuenca en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019).

Sala Primera. Sentencia 8/2020, de 27 de enero de 2020

Recurso de amparo 157-2019. Promovido por don Jairo Larralde Bermúdez respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Pleno. Sentencia 9/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de amparo 2327-2018. Promovido por don Oriol Junqueras i Vies en relación con los autos dictados por el magistrado instructor de causa especial y la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que denegaron su solicitud de permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que ponderaron adecuadamente la concurrencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, inadmisión parcial del recurso de amparo (SSTC 155/2019 y 4/2020). Voto particular.

Pleno. Sentencia 10/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de amparo 4716-2018. Promovido por don Josep María Jové Lladó en relación con el auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimando el incidente de recusación de un magistrado.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto.

Pleno. Sentencia 11/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de amparo 4855-2018. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que comunicaron a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaban desempeñando.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del recurso de amparo.

Pleno. Sentencia 12/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de amparo 5488-2018. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto del auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de causa especial comunicando a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaba desempeñando.

Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos representativos: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto.

Pleno. Sentencia 13/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 976-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.

Principios de soberanía nacional y supremacía de la Constitución: nulidad del precepto legal autonómico que atribuye al presidente de la Diputación General de Aragón la competencia para convocar el referéndum de ratificación de la reforma estatutaria; interpretación conforme con la Constitución de la declaración de interés general a efectos expropiatorios de los bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón y pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso de inconstitucionalidad (STC 158/2019).

Pleno. Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2208-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados respecto del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Límites de los decretos leyes: nulidad, por insuficiente justificación del presupuesto habilitante o ausencia de la necesaria conexión de sentido, de los preceptos que introducen medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler e inciden sobre los convenios administrativos en materia de infraestructuras.

Pleno. Sentencia 15/2020, de 28 de enero de 2020

Cuestión interna de inconstitucionalidad 2754-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto legal que impide la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia (SSTC 58/2016 y 72/2018).

Pleno. Sentencia 16/2020, de 28 de enero de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 5530-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece la recuperación de los conceptos retributivos dejados de percibir correspondientes al ajuste retributivo de los ejercicios 2013 y 2014.

Sala Segunda. Sentencia 17/2020, de 10 de febrero de 2020

Recurso de amparo 5661-2017. Promovido por la comunidad de propietarios de las calles Andújar y Mijas SP 4, de Alcalá de Henares, en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de esta localidad y la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia.

Sala Primera. Sentencia 18/2020, de 10 de febrero de 2020

Recurso de amparo 3185-2018. Promovido por don Andrés de la Calzada Carrilero respecto de la sanción disciplinaria impuesta por el centro penitenciario de Murcia II y parcialmente confirmada por un juzgado de vigilancia penitenciaria.

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción disciplinaria impuesta por el contenido de sendos escritos en los que se ejercitaba el derecho del interno a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias.

Sala Primera. Sentencia 19/2020, de 10 de febrero de 2020

Recurso de amparo 3997-2019. Promovido por C. C. Las Velas, S. L., respecto de las resoluciones dictadas en un procedimiento de juicio verbal de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019).

Sala Primera. Sentencia 20/2020, de 10 de febrero de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 4268-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y con la disposición adicional única de esta última ley.

Competencias de protección ambiental y urbanismo: extinción parcial de la cuestión de inconstitucionalidad en cuanto tiene por objeto un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de 13 de noviembre; constitucionalidad del precepto legal relativo a la homologación de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico vigentes al momento de entrada en vigor de la nueva ley.

Pleno. Sentencia 21/2020, de 11 de febrero de 2020

Recurso de amparo 1470-2018. Promovido por don Carles Puigdemont Casamajó y otras personas en relación con el auto del magistrado instructor de causa especial ante el Tribunal Supremo que desestimó la petición de libertad de don Jordi Sànchez i Picanyol, así como de concesión de permiso penitenciario para asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: inadmisión del recurso de amparo promovido desatendiendo su carácter subsidiario (STC 2/2020).

Pleno. Sentencia 22/2020, de 13 de febrero de 2020

Recurso de amparo 3736-2018. Promovido por don Raúl Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que adoptaron la medida cautelar de prisión provisional.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la participación y representación política: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar de carácter personal; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 23/2020, de 13 de febrero de 2020

Recurso de amparo 3807-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas para poder asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Supuesta vulneración de los derechos a la participación política, al ejercicio de los cargos públicos representativos y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que denegaron el permiso penitenciario solicitado al apreciar riesgo de reiteración delictiva; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 24/2020, de 13 de febrero de 2020

Recurso de amparo 194-2019. Promovido por don Joan Baldoví Roda y otros tres diputados del grupo parlamentario Mixto del Congreso respecto de la inadmisión a trámite una proposición de ley «para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real».

Alegada vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo: inadmisión del recurso de amparo promovido por quienes no están legitimados al carecer de la facultad para presentar una proposición de ley y no ostentar la representación del grupo parlamentario autor de la iniciativa.

Pleno. Sentencia 25/2020, de 13 de febrero de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 5531-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2019.

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal autonómico que crea un fondo que incrementa los gastos de acción social destinados a los empleados públicos (STC 16/2020).

Sala Primera. Sentencia 26/2020, de 24 de febrero de 2020

Recursos de amparo 4657-2014 y 442-2015 (acumulados). Promovidos por don Christopher Frank Carandini Lee respecto de los autos dictados por un juzgado de lo mercantil de Burgos en procesos de ejecución de títulos judiciales y de revocación de título ejecutivo europeo.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que tienen por líquida un condena que no lo era y aplican inadecuadamente normativa de la Unión Europea.

Sala Segunda. Sentencia 27/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 1369-2017. Promovido por la mercantil La Opinión de Zamora, S. A., en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que le condenó, en casación, por vulneración del derecho a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad de información: reportaje periodístico sobre un suceso violento que se ilustró con una fotografía extraída de un perfil personal en Facebook abierto y accesible al público.

Sala Segunda. Sentencia 28/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 5010-2017. Promovido por don A. H. L., respecto de las resoluciones de un juzgado central de instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando mantener la anotación registral de prohibición de disponer de una finca de su propiedad.

Vulneración del derecho al honor: resoluciones judiciales que ordenan mantener en el registro de la propiedad la mención expresa a los delitos por los que se siguen las diligencias penales.

Sala Segunda. Sentencia 29/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 5699-2017. Promovido por doña María del Carmen Font Piñot en relación con el auto dictado por un juzgado de primera instancia de La Seu d’Urgell despachando ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos cuyo domicilio real figuraba en el proceso (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 30/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 1993-2018. Promovido por don Celso Casamayor Fernández respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho a la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 31/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 3089-2018. Promovido por doña María del Carmen Casadó Ferrer, en representación de su hija menor de edad, respecto de los decretos de los letrados de la administración de justicia y auto de la Audiencia Provincial de Barcelona en procedimientos de jura de cuentas.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba y a un proceso con todas las garantías: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto.

Sala Segunda. Sentencia 32/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 4046-2018. Promovido por don Fernando Peraita Lechosa respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Santoña en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resolución del incidente de nulidad de actuaciones que no repara la indefensión padecida en un proceso en el que no pudo personarse el interesado a quien se le requirió judicialmente el pago.

Sala Segunda. Sentencia 33/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 6908-2018. Promovido por don José Luis Corte González en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alcalá de Henares en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, al aplica el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia.

Sala Segunda. Sentencia 34/2020, de 24 de febrero de 2020

Recurso de amparo 529-2019. Promovido por la entidad Lanneman, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en proceso de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: anuncio de subasta que incurrió en error esencial manifiesto al calificar al bien inmueble como local comercial, siendo así que se trataba de un solar.

Pleno. Sentencia 35/2020, de 25 de febrero de 2020

Recurso de amparo 2476-2017. Promovido por don César Augusto Montaña Lehman respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: condena penal pronunciada sin ponderar suficientemente si la conducta, consistente en la publicación de diversos tuits, era manifestación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Voto particular.

Pleno. Sentencia 36/2020, de 25 de febrero de 2020

Recurso de amparo 2633-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo denegando permisos penitenciarios.

Supuesta vulneración de los derechos a la participación y representación política, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que deniegan permisos penitenciarios fundándose en el riesgo de reiteración delictiva; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular.

Pleno. Sentencia 37/2020, de 25 de febrero de 2020

Recurso de amparo 2971-2018. Promovido por don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu respecto de los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decretando prisión provisional.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, al ejercicio de los cargos públicos representativos y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar de carácter personal. Voto particular.

Pleno. Sentencia 38/2020, de 25 de febrero de 2020

Recurso de amparo 5222-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando su suspensión automática en los cargos públicos que ostentaban.

Supuesta vulneración de los derechos a la participación y representación políticas: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del recurso de amparo.

Pleno. Sentencia 39/2020, de 25 de febrero de 2020

Recurso de amparo 5342-2018. Promovido por don Jaume Cabré i Fabré y otras treinta y tres personas en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando la suspensión automática de cargos públicos.

Alegada vulneración de los derechos a la participación y representación políticas: inadmisión del recurso de amparo promovido por quienes carecen de legitimación procesal.

Pleno. Sentencia 40/2020, de 27 de febrero de 2020

Recurso de amparo 5377-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho) sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles.

Sala Primera. Sentencia 41/2020, de 9 de marzo de 2020

Recurso de amparo 3431-2018. Promovido por don Luis Alfredo Carvajal Estrada en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Illescas en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de averiguación del domicilio real del demandado (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 42/2020, de 9 de marzo de 2020

Recurso de amparo 4933-2018. Promovido por don Carlos Stuart Rochabrunt Gamarra, en relación con la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Girona y las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que denegaron su solicitud de obtención de tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativas y judiciales que no ponderaron suficientemente las circunstancias fácticas de la relación de dependencia que sirve de fundamento a la posibilidad de reagrupación familiar.

Sala Segunda. Sentencia 43/2020, de 9 de marzo de 2020

Recurso de amparo 5379-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019).

Sala Segunda. Sentencia 44/2020, de 9 de marzo de 2020

Recurso de amparo 11-2019. Promovido por don José Alexander Delgado Lucas respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 45/2020, de 9 de marzo de 2020

Recurso de amparo 857-2019. Promovido por don Félix Tuñón Fente respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial del recurso, respecto del motivo relativo a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sala Primera. Sentencia 46/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 3130-2017. Promovido por don Alberto Ordóñez Martín y doña Nuria Casado Barrio respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en procedimiento de anulación de laudo arbitral.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que denegaron la petición de archivo del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión, fundándose en un razonamiento que, ignorando el principio de justicia rogada, privó de virtualidad a un acuerdo alcanzado entre las partes que no contravenía norma prohibitiva alguna.

Sala Primera. Sentencia 47/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 3774-2017. Promovido por doña Manuela Matos Matos en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó por un delito leve de usurpación de inmuebles.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio acusatorio: sentencia que impone una pena superior a la solicitada por la acusación (STC 155/2009).

Sala Segunda. Sentencia 48/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 2570-2018. Promovido por don Ramón Constantino Arias García respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Siero en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 49/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 4744-2018. Promovido por doña Vicenta Sousa Rodríguez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Amposta en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: diligencia de ordenación emitida por el letrado de la administración de justicia que resuelve cuestiones de la exclusiva competencia del juez (STC 208/2015).

Sala Primera. Sentencia 50/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5545-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 51/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5546-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 52/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5548-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 53/2020, de 15 de junio de 2020

Recursos de amparo 5783-2018 y 5784-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L. y Penrei Inversiones, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019).

Sala Segunda. Sentencia 54/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5786-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 55/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5804-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 56/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5808-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 57/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5809-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 58/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5810-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 59/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 5811-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 60/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 6021-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 61/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 6024-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 62/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 588-2019. Promovido por don Roberto Mederos López respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Ibiza en proceso de desahucio de vivienda.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 123/2019).

Sala Primera. Sentencia 63/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 1002-2019. Promovido por Seditex Global, S. L., y Seditex Valladolid, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de León en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019).

Sala Segunda. Sentencia 64/2020, de 15 de junio de 2020

Recurso de amparo 1705-2019. Promovido por don Jesús Sebastián Mueses López respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Pleno. Sentencia 65/2020, de 18 de junio de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat.

Límites a las potestades tributarias de las comunidades autónomas; competencias sobre relaciones internacionales, aplicación y eficacia de las normas jurídicas, procedimiento administrativo y función pública: nulidad de los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación del Código tributario, alcance de la reserva de ley en la materia, cómputo de plazos de prescripción, ámbito temporal y criterios interpretativos de las normas tributarias, deberes, obligaciones y potestad calificadora de la administración tributaria autonómica, entendimientos con los contribuyentes y acceso a los cuerpos superiores de inspectores y de técnicos tributarios; interpretación conforme con la Constitución de diferentes disposiciones generales, normas de actuación de la administración tributaria autonómica, composición y funciones de la Junta de Tributos de Cataluña y el recurso extraordinario para la unificación de criterio.

Sala Segunda. Sentencia 66/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 4167-2017. Promovido por doña Esperanza Martínez Calvo en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social de esta capital en proceso por despido.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: negativa empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo de quien cesó en su condición de concejal con dedicación exclusiva (STC 125/2018).

Sala Segunda. Sentencia 67/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 4755-2017. Promovido por doña Carmen Molina Serrano respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, así como por la administración tributaria en procedimiento sancionador.

Supuesta vulneración de los derechos a la protección de datos y a un proceso con todas las garantías: utilización lícita en un procedimiento tributario sancionador de una prueba documental previamente obtenida a través de una medida de investigación judicial penal.

Sala Primera. Sentencia 68/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 4869-2018. Promovido por don Óscar Urralburu Arza respecto de los acuerdos de la mesa de la Asamblea Regional de Murcia que inadmitieron una pregunta al presidente del Gobierno autonómico para su respuesta oral ante el pleno de la cámara.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: razonada inadmisión de una pregunta parlamentaria que no versaba sobre la acción de gobierno sino sobre la financiación del partido político al que pertenecía su presidente.

Sala Primera. Sentencia 69/2020, de 29 de junio de 2020

Recursos de amparo 5549-2018 y 5551-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Penrei Inversiones, S. L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 70/2020, de 29 de junio de 2020

Recursos de amparo 6022-2018 y 6033-2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., y Penrei Inversiones, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 71/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 6369-2018. Promovido por doña María Teresa Gil Baranda respecto de la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao y las resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que le denegaron el disfrute de un permiso de trabajo.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: denegación de permiso de trabajo solicitado para atender a una familiar hospitalizada por parto.

Sala Primera. Sentencia 72/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 1171-2019. Promovido por las mercantiles Seditex Global, S. L., y Seditex Valladolid, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de León en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019).

Sala Primera. Sentencia 73/2020, de 29 de junio de 2020

Recursos de amparo 1584-2019 y 1586-2019 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., y Penrei Inversiones, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 74/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 2094-2019. Promovido por don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestimó en suplicación su demanda sobre efectos económicos de la jubilación.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a no padecer discriminación y a la libertad religiosa: razonada denegación del cómputo de períodos de cotización respecto de los que no se acreditó el desarrollo de una actividad pastoral de modo estable y retribuido.

Sala Primera. Sentencia 75/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 3092-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 76/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 3094-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 77/2020, de 29 de junio de 2020

Recurso de amparo 3542-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 78/2020, de 1 de julio de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades.

Límites de los decretos leyes: nulidad del precepto que al regular elementos esenciales de la obligación tributaria de realizar pagos fraccionados afecta de modo sustancial al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Pleno. Sentencia 79/2020, de 2 de julio de 2020

Recurso de amparo 500-2019. Promovido por doña Pilar Prado Torres en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menores en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores.

Pleno. Sentencia 80/2020, de 15 de julio de 2020

Recurso de amparo 1771-2018. Promovido por doña María del Carmen Domínguez Gaya respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que inadmitió su demanda de reclamación de intereses de demora por el retraso en el pago de las facturas por suministro de medicamentos a pacientes del sistema público de salud.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y motivación): resolución judicial que niega legitimación activa a quien no es parte en un convenio administrativo de atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como impedimento de un eventual cambio de criterio.

Pleno. Sentencia 81/2020, de 15 de julio de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 1203-2019. Interpuesto por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Competencias sobre protección ambiental, sanidad, legislación civil, investigación científica y técnica y ordenación de la actividad económica; principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, dignidad de los seres humanos y libertad ideológica, derechos a la legalidad sancionadora, a la inviolabilidad domiciliaria y a la libertad de expresión y creación artística: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la donación, filmación, venta y cesión de animales, inciden sobre el objeto y capacidad para contratar; inadmisión de la solicitud de adhesión del Gobierno de La Rioja (STC 176/2019). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 82/2020, de 15 de julio de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 3135-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana.

Principio de autonomía local: nulidad de los preceptos legales autonómicos que especifican los porcentajes de financiación por las diputaciones provinciales de costes de personal y prestaciones municipales.

Pleno. Sentencia 83/2020, de 15 de julio de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 3413-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados respecto de la Ley del Parlamento Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

Principio de exclusividad judicial: interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos que regulan la función instructora de la comisión de valoración y establecen el principio de colaboración de los poderes públicos vascos con este órgano (STC 85/2018). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 4929-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

Límites a las potestades tributarias de las comunidades autónomas: nulidad de las disposiciones legales que introducen un gravamen sobre la afección medioambiental causada por las centrales nucleares (STC 43/2019). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 85/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 4795-2017. Promovido por don Alfredo Ballesteros Ainsa respecto de las resoluciones de un juzgado de primera instancia y de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla que denegaron el beneficio de justicia gratuita en proceso monitorio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): comunicación tardía por la letrada provisionalmente designada para la defensa del informe de insostenibilidad.

Sala Segunda. Sentencia 86/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 5319-2018. Promovido por Gesnarros Churral, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 87/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 6127-2018. Promovido por doña M. V. A. respecto de los autos dictados por un juzgado de violencia sobre la mujer y la Audiencia Provincial de Madrid acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: archivo de las diligencias previas que no satisface el derecho a obtener una investigación suficiente y eficaz en el curso de un proceso penal.

Sala Segunda. Sentencia 88/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 6381-2018. Promovido por Autocaravanas Hidalgo, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Salamanca en juicio ordinario por reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019).

Sala Segunda. Sentencia 89/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 505-2019. Promovido por el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de esta capital inadmitiendo su recurso frente a acuerdo de la mesa sectorial de sanidad del Servicio Madrileño de Salud.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) en relación con el derecho a la libertad sindical: resoluciones judiciales que ignoran la dimensión del sindicato como institución representativa que constitucionalmente tiene reconocida su función de defensa de determinados intereses (STC 101/1996).

Sala Segunda. Sentencia 90/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 1102-2019. Promovido por doña Beatriz Victoria López González en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menores en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Primera. Sentencia 91/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 1765-2019. Promovido por doña Teresa María Pilar García Fernández en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derecho a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menores en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Primera. Sentencia 92/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 1981-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 93/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 2003-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 94/2020, de 20 de julio de 2020

Recursos de amparo 3538-2019 y 3539-2019 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Penrei Inversiones, S. L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 95/2020, de 20 de julio de 2020

Recurso de amparo 3695-2019. Promovido por Porkytrans, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Murcia y un juzgado de lo mercantil de esa capital en procedimiento concursal.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada que no causó indefensión material a quien pudo personarse e intervenir en el proceso.

Pleno. Sentencia 96/2020, de 21 de julio de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 3014-2019. Planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación con el artículo 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía.

Competencias sobre montes: nulidad parcial del precepto legal autonómico que atribuye a la Junta de Andalucía la potestad de deslinde respecto de montes públicos que no son de su titularidad; extensión de la declaración de nulidad al precepto que faculta a la administración forestal andaluza para ejercer las potestades de investigación, recuperación de oficio y deslinde de todos los montes públicos.

Pleno. Sentencia 97/2020, de 21 de julio de 2020

Recurso de amparo 5196-2019. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que dispusieron su suspensión como diputado.

Supuesta vulneración de los derechos a las libertades ideológicas y de expresión, ejercicio del cargo público representativo, tutela judicial y presunción de inocencia y a la legalidad penal; interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: resoluciones parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994).

Pleno. Sentencia 98/2020, de 22 de julio de 2020

Recurso de amparo 4834-2018. Promovido por el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acordaron tener por no preparado recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento ordinario sobre modificación de planeamiento urbanístico.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que interpretan la regulación legal del recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas en sentido no coincidente con la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 99/2020, de 22 de julio de 2020

Recurso de amparo 5905-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 100/2020, de 22 de julio de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 1893-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.

Competencias sobre protección ambiental y ordenación de la actividad económica: constitucionalidad del precepto legal foral que establece limitaciones progresivamente más estrictas al uso de bolsas de plástico.

Pleno. Sentencia 101/2020, de 10 de septiembre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 1022-2019. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades.

Límites de los decretos leyes: pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad que versaba sobre el precepto legal declarado inconstitucional y nulo por la STC 78/2020, de 1 de julio.

Sala Primera. Sentencia 102/2020, de 21 septiembre de 2020

Recurso de amparo 2037-2018. Promovido por doña María José Majano Caño y doña Virginia Sanguino Ramírez respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Toledo en una pieza de tasación de costas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión carente de motivación de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se interesaba el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad (STC 142/2015).

Sala Primera. Sentencia 103/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5541-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 104/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5805-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 105/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5807-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 106/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5906-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas).

Sala Segunda. Sentencia 107/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5909-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 108/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5911-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 109/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5912-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas).

Sala Segunda. Sentencia 110/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6035-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 111/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6037-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 112/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6038-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 113/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6050-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 114/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6051-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 115/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6052-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 116/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6458-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 117/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 6464-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 118/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 667-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 119/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 1035-2019. Promovido por la mercantil Ai21 Audi2, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Bilbao en procedimiento de despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios para obtener una notificación personal y efectiva (STC 30/2014).

Sala Primera. Sentencia 120/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 1101-2019. Promovido por doña Mónica López del Castillo respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Segunda. Sentencia 121/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 1583-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 122/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 1589-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 123/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 1594-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 124/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 1767-2019. Promovido por doña Silvia María Cantos Rueda respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Segunda. Sentencia 125/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 2447-2019. Promovido por Promociones Arkimar, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de San Javier (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos llevado a cabo sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 126/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 3098-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 127/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 3099-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 128/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 3137-2019. Promovido por doña Mónica Gutiérrez Portales respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Primera. Sentencia 129/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 3362-2019. Promovido por doña María Victoria Delgado Blanco respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Primera. Sentencia 130/2020, de 21 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 3562-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 131/2020, de 22 de septiembre de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 4417-2019. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado respecto de la Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

Principio de exclusividad judicial: interpretación conforme de los preceptos que establecen el deber de colaboración de los poderes públicos vascos en la realización del «derecho a la verdad» y regulan la función instructora de la comisión de valoración (STC 83/2020). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 132/2020, de 23 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 184-2016. Promovido por don José de Jesús Aguirre Aguirre en relación con los autos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declararon procedente su extradición a Colombia.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: extradición que no respeta el contenido absoluto del derecho pues no consta la renuncia inequívoca del acusado a estar presente en el juicio penal que lo condenó (STC 26/2014). Voto particular.

Pleno. Sentencia 133/2020, de 23 de septiembre de 2020

Recurso de amparo 5543-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. Voto particular.

Pleno. Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 4178-2019. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Competencia sobre asistencia social y poder de gasto: nulidad de los preceptos legales que imponen la modalidad y momento temporal de pago del bono social térmico, regulan las obligaciones informativas de los comercializadores de referencia y centralizan la gestión y pago del bono social térmico con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2019 (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 135/2020, de 23 de septiembre de 2020

Conflicto positivo de competencia 6116-2019. Planteado por el Gobierno de la Nación, en relación con el Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se aprueba el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 y se acuerda su envío al Parlamento de Cataluña.

Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos que vulneran la competencia estatal y no se ajustan a las estatutariamente asumidas por la Generalitat de Cataluña, inconstitucionalidad de los objetivos de internacionalización de infraestructuras portuarias y aeroportuarias de titularidad estatal e interpretación conforme de las referencias a «Cataluña como actor reconocido en el mundo». Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 136/2020, de 6 de octubre de 2020

Recurso de amparo 5913-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 137/2020, de 6 de octubre de 2020

Recurso de amparo 912-2019. Promovido por don Zelmat Salah respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 138/2020, de 6 de octubre de 2020

Recurso de amparo 1591-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 139/2020, de 6 de octubre de 2020

Recurso de amparo 1593-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 140/2020, de 6 de octubre de 2020

Recurso de amparo 3499-2019. Promovido por don Fulgencio Solano Rodríguez y doña Eloísa Mira Rodríguez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Cartagena en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 141/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 36-2017. Promovido por Exploraciones Radiológicas Especiales, S. L., en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Valencia sobre medida cautelar de embargo acordada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que, haciendo uso de una interpretación rigorista de la ley, impiden el control judicial del embargo acordado por la administración tributaria.

Sala Segunda. Sentencia 142/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 3406-2018. Promovido por don Luis Escamilla Garrido en relación con las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de lo penal de Málaga que le condenaron por un delito de injurias.

Vulneración del derecho a la defensa en relación con la libertad de expresión: ejercicio desproporcionado del poder punitivo respecto de las expresiones utilizadas por un abogado en ejercicio de la defensa de su cliente.

Sala Segunda. Sentencia 143/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 4181-2018. Promovido por don Josep Bru Segura y dos personas más en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona en proceso sobre aceptación de herencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de incidente de nulidad de actuaciones fundada en la necesidad de interponer recurso de casación y extraordinario por infracción procesal.

Sala Segunda. Sentencia 144/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 5907-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 145/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 1332-2019. Promovido por don José Daniel Palacios Muñoz y don Ricardo Palacios Muñoz respecto de la providencia dictada por un juzgado de primera instancia e instrucción de Sueca (Valencia) en procedimiento de división de herencia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de un decreto del letrado de la administración de justicia (STC 33/2020).

Sala Segunda. Sentencia 146/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 2004-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 147/2020, de 19 de octubre de 2020

Recurso de amparo 4717-2019. Promovido por don Carlos José Mattos Barrero respecto de los dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizando su extradición a la República de Colombia.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, en conexión con los derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación: resoluciones judiciales que aceptan como soporte de la demanda de extradición un escrito de acusación de la fiscalía colombiana carente de refrendo judicial.

Pleno. Sentencia 148/2020, de 22 de octubre de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 3993-2019. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Competencias en materia de caza y protección ambiental y leyes singulares autoaplicativas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la clasificación de especies cinegéticas y determinación de los períodos hábiles para el ejercicio de la caza.

Pleno. Sentencia 149/2020, de 22 de octubre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 7012-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en relación con el artículo único, la disposición transitoria y la disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional y leyes singulares autoaplicativas: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen una ordenación general de la actividad cinegética y no constituyen respuesta a una medida cautelar suspensiva, adoptada en el seno de un proceso judicial, de la eficacia de la norma reglamentaria que regulaba la práctica de la caza (STC 148/2020).

Pleno. Sentencia 150/2020, de 22 de octubre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 7194-2019. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación con el art. 40 de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios.

Derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad): nulidad del precepto legal que remite al momento aplicativo la calificación de las infracciones como leves, graves o muy graves.

Pleno. Sentencia 151/2020, de 22 de octubre de 2020

Cuestión interna de inconstitucionalidad 1231-2020. Planteada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo 1880-2018, respecto del último párrafo del art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión y principio de exclusividad jurisdiccional: nulidad del precepto legal en cuanto excluye la posibilidad de revisión judicial de los decretos dictados en reposición por los letrados de la administración de justicia (STC 58/2016).

Pleno. Sentencia 152/2020, de 22 de octubre de 2020

Conflicto positivo de competencia 2890-2020. Planteado por la Generalitat de Cataluña respecto del escrito de 3 de marzo de 2020 de la directora de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se requiere a la Autoridad Catalana de la Competencia la remisión del expediente «Campaña de Consumo Estratégico».

Competencias sobre consumo interior y defensa de la competencia: instrucción y resolución del expediente administrativo que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al trascender los efectos de la campaña el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Cataluña (STC 71/2012).

Sala Segunda. Sentencia 153/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 1552-2014. Promovido por don Mohamed Samadi respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 154/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 4355-2014. Promovido por don Abdelbarie Dahane respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 155/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 1998-2019. Promovido por don Valentín Orús Dotu respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que inadmitió su demanda de reclamación de intereses de demora por el retraso en el pago de las facturas por suministro de medicamentos a paciencias del sistema público de salud.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia y motivación): resolución judicial que niega legitimación activa a quien no es parte en un convenio administrativo de atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como impedimento de un eventual cambio de criterio (STC 80/2020).

Sala Segunda. Sentencia 156/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 1984-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 157/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 1985-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 158/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 3089-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 159/2020, de 4 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 3095-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 160/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 2303-2017. Promovido por doña Nuria Soledad Prieto respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su impugnación de providencia de apremio en liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): sentencia que atribuye efectos interruptores de la prescripción a las notificaciones defectuosas practicadas por la administración.

Sala Segunda. Sentencia 161/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 5160-2017. Promovido por don Arnaldo Otegi Mondragón respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la legalidad penal y a la representación política: pérdida sobrevenida de objeto del recurso de amparo al haberse anulado en revisión las resoluciones impugnadas (STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. España).

Sala Segunda. Sentencia 162/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 968-2018. Promovido por Maricris de Chipi, S. L., respecto de la resolución dictada por un juzgado de primera instancia de Cieza (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 128-2013.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia (STC 17/2020).

Sala Primera. Sentencia 163/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 1880-2018. Promovido por don Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez respecto de las resoluciones dictadas por la letrada de la administración justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en procedimiento abreviado.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución de la letrada de la administración de justicia que impide la revisión judicial al aplicar el precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre.

Sala Primera. Sentencia 164/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 2524-2018. Promovido por don Jaber El Ghali respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña en expediente sobre permiso de salida.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que impiden la revisión judicial en aplicación del precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre.

Sala Segunda. Sentencia 165/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 4425-2018. Promovido por doña Sara Calvo Juan respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que desestimó su demanda por responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: desestimación de la pretensión indemnizatoria que no atiende al incumplimiento por la administración sanitaria del deber de custodia de la prueba principal.

Sala Primera. Sentencia 166/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 6324-2018. Promovido por don David Almansa Carrasco respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 167/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 1351-2019. Promovido por don Esteban Salas Vargas en relaciones con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en proceso de divorcio contencioso.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios para asegurar el emplazamiento personal del demandado (STC 119/2020).

Sala Segunda. Sentencia 168/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 2587-2019. Promovido por doña María del Mar Pérez Ortega respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida.

Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores).

Sala Primera. Sentencia 169/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 3139-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 170/2020, de 16 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 6209-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 171/2020, de 16 de noviembre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 168-2020. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid respecto del apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico relativo a la promoción de miembros de los cuerpos de policía local (STC 175/2011).

Pleno. Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 2896-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios Socialista, La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Mixto del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la acción de la administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, libertad de expresión e información, reunión, tutela judicial: nulidad parcial del precepto legal que tipifica como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; interpretación conforme con la Constitución de ese mismo ilícito administrativo, así como de los relativos al incumplimiento de restricciones de circulación peatonal o itinerario en actos públicos y a la ocupación de inmuebles contra la voluntad de su titular; interpretación conforme de la disposición que establece un régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla. Voto particular.

Pleno. Sentencia 173/2020, de 19 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 5084-2017. Promovido por los diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con diversas resoluciones de la presidenta de la Cámara.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: negativa a convocar sesiones extraordinarias del pleno y a introducir nuevos puntos en el orden del día de otra efectivamente convocada que no vulneran ninguna facultad parlamentaria integrante del derecho.

Sala Segunda. Sentencia 174/2020, de 30 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 3537-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 175/2020, de 30 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 3541-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 176/2020, de 30 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 6041-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 177/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 506-2015. Promovido por don Julián Vizcaíno García respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 178/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 6318-2017. Promovido por doña E. N. C., en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de determinación de paternidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la propia imagen y a la protección integral de los hijos: resoluciones judiciales que resuelven la pretensión relativa a la determinación de los apellidos ignorando que el principio de protección del menor prima sobre las normas procesales.

Sala Primera. Sentencia 179/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 2607-2018. Promovido por don Jaber El Ghali en relación con las resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña en procedimiento sobre expediente disciplinario.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, en aplicación del precepto anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impiden la revisión judicial de decisiones adoptadas por el letrado de la administración de justicia.

Sala Segunda. Sentencia 180/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 4194-2018. Promovido por don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Madrid decretando prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal: decisión sobre prisión provisional adoptada sin respetar las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones ni las garantías de contradicción e igualdad de armas que exige el principio de jurisdiccionalidad de la medida.

Sala Segunda. Sentencia 181/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 5576-2018. Promovido por doña Mercedes Astengo Travieso en relación con el auto dictado por un juzgado de instrucción de Madrid que denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resolución judicial adoptada sin garantizar los derechos de la afectada a ser informada de los hechos y motivos de su detención y el efectivo control judicial de las privaciones de libertad gubernativas.

Sala Segunda. Sentencia 182/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 1192-2019. Promovido por don Sergio Linacero Fajardo en relación con el decreto dictada por la letrada de la administración de justicia de un juzgado de lo penal de Valencia en procedimiento de ejecutoria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, en aplicación del precepto anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impiden la revisión judicial de decisiones adoptadas por la letrada de la administración de justicia.

Sala Primera. Sentencia 183/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 3096-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 184/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 3097-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 185/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 3544-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 186/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 3564-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 187/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 6626-2019. Promovido por la entidad Mediterráneo Investment Properties, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Roquetas de Mar (Almería) en procedimiento de ejecución hipotecaria).

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 188/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 7513-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 189/2020, de 14 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 7526-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 190/2020, de 15 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 1691-2018. Promovido por don Pablo Fragoso Dacosta en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de A Coruña y un juzgado de lo penal de Ferrol que le condenaron por un delito de ultrajes a España.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión: respuesta punitiva proporcionada a un mensaje de menosprecio a la bandera no amparado por la libertad de expresión. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 191/2020, de 17 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 5099-2018. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana 21/2016, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, y las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha orden.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la creación de centros docentes: nulidad del precepto reglamentario que limita el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 192/2020, de 17 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 526-2019. Promovido por don Jaume Roura Capellera en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Girona que le condenaron por un delito contra los sentimientos religiosos.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica, de expresión, reunión y a la legalidad penal: interrupción de una ceremonia religiosa arrojando pasquines y gritando consignas a favor del derecho al aborto. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 193/2020, de 17 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 5198-2019. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados declarando su suspensión como diputado.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a la presunción de inocencia: STC 97/2020 [resoluciones parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994)].

Pleno. Sentencia 194/2020, de 17 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 5199-2019. Promovido por don Josep Rull i Andreu respecto de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados declarando su suspensión como diputado.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a la presunción de inocencia: STC 97/2020 [resoluciones parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994)].

Pleno. Sentencia 195/2020, de 17 de diciembre de 2020

Recurso de amparo 5381-2019. Promovido por don Jaume Cabré i Fabré y otras treinta y dos personas más en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando la suspensión automática de cargo público.

Alegada vulneración de los derechos a la participación y representación política: inadmisión del recurso de amparo promovido por quienes carecen de legitimación procesal (STC 39/2020).

AUTOS

Pleno. Auto 9/2020, de 28 de enero de 2020

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017.

Pleno. Auto 10/2020, de 28 de enero de 2020

Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017.

Pleno. Auto 11/2020, de 28 de enero de 2020

Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. Estima el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017; acuerda la notificación personal del auto y la deducción de testimonio de particulares.

Pleno. Auto 16/2020, de 11 de febrero de 2020

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de «moció subsegüent a la interpel.lació al Govern sobre l’autogovern» en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019.

Pleno. Auto 17/2020, de 11 de febrero de 2020

Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Desestima una recusación en el recurso de inconstitucionalidad 4362-2017, planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos procedimientos que se tramitan ante este Tribunal.

Pleno. Auto 18/2020, de 11 de febrero de 2020

Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de «moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern» en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019.

Pleno. Auto 72/2020, de 14 de julio de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 628-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 628-2020, planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 41 del texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Pleno. Auto 83/2020, de 21 de julio de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019. Deniega la aclaración de la sentencia 78/2020, de 1 de julio, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019, planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades.

Pleno. Auto 113/2020, de 22 de septiembre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 4833-2019. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4833-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid en relación con el artículo 162.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

Pleno. Auto 116/2020, de 22 de septiembre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 2568-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2568-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander en relación con la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Sección Primera. Auto 149/2020, de 26 de noviembre de 2020

Recurso de amparo 6760-2018. Inadmite el recurso de amparo 6760-2018 promovido por don Paulo Gustavo da Costa Alves y doña Katia Llacer Dos Santos en proceso contencioso-administrativo. Voto particular.

Pleno. Auto 171/2020, de 15 de diciembre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 3601-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3601-2020, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 47.1 b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Pleno. Auto 172/2020, de 15 de diciembre de 2020

Cuestión de inconstitucionalidad 3886-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3886-2020, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Ourense en relación con el artículo 6.1 de la Ley del Parlamento de Galicia 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias de empleo público.

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2016-2020)

Índice

I. Cuadros generales
Cuadro n.º 1 | Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas
Cuadro n.º 2 | Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso
Cuadro n.º 3 | Resoluciones dictadas durante el año
Cuadro n.º 4 | Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos)
Cuadro n.º 5 | Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos
Cuadro n.º 6 | Procesos y asuntos admitidos pendientes de sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones
Cuadro n.º 7 | Asuntos ingresados según el promotor
Cuadro n.º 8 | Litigiosidad territorial durante el año, por comunidades autónomas
Cuadro n.º 9 | Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso
Cuadro n.º 10 | Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

III. Recursos de amparo
Cuadro n.º 11 | Origen de los recursos de amparo ingresados
Cuadro n.º 12 | Recurrentes y derecho fundamental invocado
Cuadro n.º 13 | Recursos de amparo: frecuencia de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE
Cuadro n.º 14 | Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución. Resoluciones judiciales anuladas
Cuadro n.º 15 | Motivos de admisión e inadmisión de los recursos de amparo
Cuadro n.º 16 | Resoluciones dictadas y amparos resueltos

IV. Datos comparados (2016-2020)
Cuadro n.º 17 | Datos comparados 2016-2020
| Asuntos ingresados
| Resoluciones dictadas
| Asuntos resueltos
| Asuntos pendientes

I.

Cuadros generales

Cuadro n.º 1

Asuntos ingresados durante el año y su distribución inicial entre el Pleno y las Salas

Meses | Pleno | Salas | Totales
Enero | 5 | 644 | 649
Febrero | 8 | 642 | 650
Marzo | 6 | 520 | 526
Abril | 3 | 243 | 246
Mayo | – | 161 | 161
Junio | 6 | 507 | 513
Julio | 4 | 1.122 | 1.126
Agosto | 2 | 248 | 250
Septiembre | 5 | 498 | 503
Octubre | 9 | 549 | 558
Noviembre | 4 | 711 | 715
Diciembre | 3 | 670 | 673
Totales | 55 | 6.515 | 6.570

Cuadro n.º 2

Asuntos ingresados durante el año, clasificados según el tipo de proceso

Recursos de inconstitucionalidad | 24
Cuestiones de inconstitucionalidad[1] | 27
Recursos de amparo[2] | 6.515
Conflictos positivos de competencia | 3
Conflictos negativos de competencia | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Total | 6.570

Asuntos ingresados en el Tribunal

Asuntos ingresados en el Pleno

Cuadro n.º 3

Resoluciones dictadas durante el año[3]

| Pleno | Sala I y sus Secciones | Sala II y sus Secciones | Total
Sentencias |  |  |  |
Estimación (total o parcial) | 27 (+5) | 58 (+6) | 73 | 158 (+11)
Desestimación | 16 | 4 | 2 | 22
Inadmisión | 13 | 1 | 1 | 15
Total sentencias (+ asuntos acumulados): | 56 (+5) | 63 (+6) | 76 | 195 (+11)
Dictadas por la Sala |  | 63 (+6) | 76 | 139 (+6)
Por la Sección 1.ª |  | – | – |
Por la Sección 2.ª |  | – | – |
Por la Sección 3.ª |  | – | – |
Por la Sección 4.ª |  | – | – |
Autos | 57 | 72 | 45 | 174
- Inadmisión | 19 | 2 | – | 21
- Terminación[4] | 1 | 5 | – | 6
- Suspensión de leyes | 1 | - | – | 1
- Suspensión de otras disposiciones | 15 | 35 | 42 | 92
- Aclaración o rectificación | 1 | 2 | – | 3
- Acumulación | – | 2 | – | 2
- Recusación y abstención | 6 | 6 | – | 12
- Ejecución | 5 | – | – | 5
- Súplica | 9 | 17 (-14) | 1 | 27 (-14)
- Varios | – | 3 | 2 | 5
Providencias[5] | 69 | 3.405 (-8) | 3.605 | 7.079 (-8)
Admisión[6] | 68[7] | 63 (+6) | 83 | 214 (+6)
Inadmisión[8] | – | 3.292 (-14) | 3.430 | 6.722 (-14)
Terminación | 1 | 50 | 92 | 143
Total de resoluciones dictadas | 182 | 3.540 | 3.726 | 7.448
Total de resoluciones interlocutorias | 105 | 128 | 128 | 361
Total de resoluciones definitivas[9] | 77 | 3.412 | 3.598 | 7.087
Total de asuntos resueltos[10] | 82 | 3.410 | 3.598 | 7.090

Resoluciones definitivas

Cuadro n.º 4

Sentencias dictadas en los distintos procesos (y asuntos resueltos[11])

Tipo de proceso | Sentencias dictadas (asuntos acumulados) | Sentencias con votos particulares
Recurso de inconstitucionalidad | 14 | 5
Cuestión de inconstitucionalidad[12] | 9 | –
Recurso de amparo | 170 (+11) | 21
Conflicto positivo de competencias | 2 | 1
Conflicto negativo de competencia | – | –
Conflicto entre órganos constitucionales | – | –
Conflicto en defensa de la autonomía local | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales | – | –
Total de sentencias dictadas (y asuntos resueltos) | 195 (+11) | 27

Cuadro n.º 5

Relación entre asuntos ingresados, admitidos y resueltos

Fase de admisión | Pleno | Sala I | Sala II | Salas | Total
Asuntos recibidos | 78 | 3.250 | 3.242 | 6.492 | 6.570
De nuevo ingreso | 55 | 3.257 | 3.258 | 6.515 | 6.570
Avocados (no admitidos) | +23 | -9 | -14 | -23 |
Traslados entre Salas |  | +2 (+65/-63) | -2 (+63-65) |  |
Asuntos admitidos | 68 | 63 (+6) | 83 | 146 (+6) | 220
Asuntos inadmitidos | 19 | 3.280 | 3.430 | 6.710 | 6.729
Por providencia | – | 3.292 | 3.430 | 6.722 | 6.722
Por auto | 19 | 2 | – | 2 | 21
Revocaciones en súplica | – | -14 | – | -14 | -14
Asuntos terminados (antes de decidir sobre su admisión) | 1 | 50 | 92 | 142 | 143
Por providencia | 1 | 50 | 92 | 142 | 143
Por auto | – | – | – | – | –
Diferencia entre los asuntos recibidos y los resueltos en trámite de admisión | -10 | -149 | -63 | -517 | -527

Fase de sentencia | Pleno | Sala I | Sala II | Secciones | Salas y Secciones | Total
Asuntos a sentenciar | 89 | 55 | 76 | – | 131 | 220
Asuntos admitidos | 68 | 63+6 | 83 | – | 152 | 220
Traslados entre Salas | – | – | – | – | – | –
Avocados (admitidos) | 23 | -16 | -7 | – | -23 | –
Deferidos a las Salas | -2 | + 2 | – | – | 2 | –
Deferidos a las Secciones | – | – | – | – | – | –
Asuntos acumulados | – | 2 | – | – | 2 | 2
Procesos a sentenciar | 89 | 53 | 76 | – | 129 | 218
Asuntos resueltos | 62 | 74 | 76 | – | 150 | 212
Por sentencia | 56 | 63 | 76 | – | 139 | 195
De los cuales, por la Sala |  | 63 | 76 | – | 139 |
Sección 1.ª |  | – | – | – | – |
Sección 2.ª |  | – | – | – | – |
Sección 3.ª |  | – | – | – | – |
Sección 4.ª |  | – | – | – | – |
Asuntos terminados (después de su admisión) | 1 | 5 | – | – | 5 | 6
Acumulados | 5 | 6 | – | – | 6 | 11
Procesos resueltos | 57 | 68 | 76 | – | 144 | 201
Diferencia entre los asuntos a sentenciar y los resueltos | +27 | -19 | 0 | – | -19 | +8
Diferencia entre los procesos a sentenciar y los resueltos | +32 | -15 | 0 | – | -15 | +17

Cuadro n.º 6

A) Procesos y asuntos admitidos pendientes de sentencia a 31 de diciembre

| Procesos | Asuntos
Pleno | 89 | 90
Recursos de inconstitucionalidad | 32 | 32
Cuestiones de inconstitucionalidad | 10 | 10
Recursos de amparo avocados | 43 | 44
Conflictos positivos de competencia | 4 | 4
Conflictos negativos de competencia | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | –
Sala Primera | 64 | 65
Recursos de amparo | – | –
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 98 | 98
Sala Segunda | – | –
Recursos de amparo | – | –
Recursos de inconstitucionalidad | – | –
Cuestiones de inconstitucionalidad | – | –
Conflictos positivos de competencia | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | –
Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad | 10 | 10
Suma de los recursos de amparo | 205 | 207
Suma de los conflictos positivos de competencia | 4 | 4

B) Asuntos pendientes de decidir sobre admisión a 31 de diciembre

Pleno | 11
Recursos de inconstitucionalidad | 4
Cuestiones de inconstitucionalidad | 2
Recursos de amparo avocados | 4
Conflictos positivos de competencia | –
Conflictos negativos de competencia | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Sala Primera Recursos de amparo | 1.820
Sala Segunda Recursos de amparo | 1.536
Ambas Salas Recursos de amparo | 3.356

II.

Procedimientos
de inconstitucionalidad,
conflictos constitucionales,
impugnaciones
y declaraciones

Cuadro n.º 7

Pleno: asuntos ingresados según el promotor

| Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de las Comunidades Autónomas
Recursos de inconstitucionalidad | – | 4
Promovidos por el Presidente del Gobierno | – | –
Promovidos por el Defensor del Pueblo | 12 | 6
Promovidos por diputados o senadores | 2 | –
Promovidos por las comunidades autónomas | – | –
Otros | – | –
Total | 14 | 10
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Planteadas por el Tribunal Supremo | 2 | –
Audiencia Nacional | 3 | –
Tribunal Militar Central | – | –
Tribunales superiores de justicia | 4 | 4
Tribunales militares territoriales | – | –
Audiencias provinciales | 2 | –
Juzgados | 3 | 8
Otros | – | –
Total | 14 | 12
Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) |  | 1
Conflictos constitucionales | – | –
Conflictos positivos de competencia |  | 3
Estado contra comunidades autónomas |  | –
Comunidades autónomas contra Estado |  | 1
Comunidades autónomas entre sí |  | –
Conflictos negativos de competencia |  | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  | –
Impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas |  | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  | –
Total |  | 4

Cuadro n.º 8

Litigiosidad territorial durante el año, por Comunidades Autónomas[13]

| Recursos de inconstitucionalidad[14] | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de Comunidad Autónoma impugnadas | Planteados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación
País Vasco | – | 1 | – | –
Cataluña | 2 | 2 | 1 | –
Galicia | – | – | – | –
Andalucía | – | 3 | 1 | –
Asturias | – | 1 | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | 3 | – | –
Valencia | – | 1 | – | –
Aragón | – | – | – | –
Castilla–La Mancha | – | 1 | – | –
Canarias | – | 1 | – | 1
Navarra | – | 1 | – | –
Extremadura | – | – | – | –
Baleares | – | – | – | –
Madrid | – | – | – | –
Castilla y León | – | 1 | – | –
Totales | 2 | 15 | 2 | 1
17 | 3

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, según el tipo de proceso[15]

Cuadro n.º 10

Asuntos pendientes de resolución a 31 de diciembre, clasificados por su tipo y procedencia

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad | 32
Interpuestos por | Leyes del Estado impugnadas | Leyes de la Comunidad Autónoma impugnadas |
Presidente del Gobierno | – | 7 |
Defensor del Pueblo | – | –
Diputados o senadores | 11 | 11
Comunidades autónomas | 3 | –
Conflictos positivos de competencia | 4
Planteados por el Gobierno de la Nación | 1
Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma | 3
Cuestiones de inconstitucionalidad | 10
Conflictos negativos de competencia | –
Conflictos entre órganos constitucionales | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | –
Total | 46

B) Clasificados por Comunidad Autónoma[16]

| Recursos de inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una Comunidad Autónoma | Planteados por el Gobierno de la Nación | Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma
País Vasco | – | 1 | – | 1
Cataluña | 2 | 5 | – | 1
Galicia | – | – | – | –
Andalucía | – | 2 | – | 1
Asturias | – | 1 | – | –
Cantabria | – | – | – | –
La Rioja | – | – | – | –
Murcia | – | 1 | – | –
Valencia | – | 1 | – | –
Aragón | 1 | – | – | –
Castilla-La Mancha | – | 1 | – | –
Canarias | – | 1 | 1 | –
Navarra | – | 3 | – | –
Extremadura | – | 1 | – | –
Baleares | – | – | – | –
Madrid | – | – | – | –
Castilla y León | – | 1 | – | –
Totales | 3 | 18 | 1 | 2
21 | 4

III.

Recursos de amparo

Cuadro n.º 11

Origen de los recursos de amparo ingresados

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) | 25
Procedencia jurisdiccional | 6.486
Civil | 1.154
Penal | 3.416
Contencioso-administrativo | 1.383
Social | 310
Militar | 21
Electoral | –
Otros | 4
Total | 6.515

Cuadro n.º 12

RECURRENTES Y DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

Recurrente | Número de recursos
Particulares | 5.760
Personas jurídicas de Derecho privado | 713
Entes públicos | 42
Defensor del Pueblo | –
Ministerio fiscal | –
Otros | –
Total | 6.515

Derecho fundamental invocado | Total | Porcentaje de invocación
Igualdad (art. 14 CE) | 901 | 13.83
Tutela judicial (art. 24 CE) | 4.890 | 75,06
Otros derechos y libertades: | – | –
Vida e integridad (art. 15 CE) | 166 | 2.55
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) | 32 | 0,49
Libertad y seguridad (art. 17 CE) | 348 | 5,34
Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE) | 233 | 3,58
Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) | 43 | 0,66
Libertades de expresión (art. 20 CE) | 80 | 1,23
Reunión (art. 21 CE) | 18 | 0,28
Asociación (art. 22 CE) | 15 | 0,23
Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) | 85 | 1,30
Legalidad penal (art. 25 CE) | 588 | 9,03
Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) | – | –
Educación (art. 27 CE) | 10 | 0,15
Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) | 21 | 0,32
Petición (art. 29 CE) | 18 | 0,26
Objeción de conciencia (art. 30.2 CE) | 2 | 0,03

Cuadro n.º 13

Recursos de amparo: Frecuencia
de la invocación de los derechos fundamentales del art. 24 CE

Derechos invocados | Orden jurisdiccional | Suma
| Civil | Penal | Social | Contencioso- administrativo | Militar |
Art. 24.1 |  |  |  |  |  |
Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión | 990 | 2.305 | 238 | 1.342 | 17 | 4.892
Art. 24.2 |  |  |  |  |  |
Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley | 42 | 74 | 4 | 36 | 2 | 158
Derecho a la defensa y a la asistencia letrada | 105 | 297 | 18 | 108 | 6 | 534
Derecho a ser informado de la acusación | 3 | 26 | 1 | 9 | 1 | 40
Derecho a un proceso público | 11 | 53 | 4 | 18 | – | 86
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas | 25 | 79 | 4 | 27 | 2 | 137
Derecho a un proceso con todas las garantías | 320 | 894 | 43 | 417 | 13 | 1.687
Derecho a la prueba pertinente para la defensa | 57 | 183 | 19 | 62 | 2 | 323
Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable | – | 19 | 1 | 5 | – | 25
Derecho a la presunción de inocencia | 12 | 1016 | 7 | 71 | 6 | 1.112
Total | 1.565 | 4.946 | 339 | 2.095 | 49 | 8.994

Cuadro n.º 14

Recursos de amparo interpuestos, según el órgano que dictó la última resolución

Tribunal Supremo | 3.282
Otros órganos jurisdiccionales: | 3.082
A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) | 42
B) En segunda instancia o suplicación | 1.833
C) En primera o única instancia | 1.207
Órganos no judiciales / no consta | 151
Total | 6.515

Tribunal Supremo | 3.282
Audiencia Nacional | 160
Tribunal Militar Central | 2
Tribunales superiores de justicia | 346
Tribunales militares territoriales | 3
Audiencias provinciales | 1.632
Juzgados | 939
Órganos no judiciales / no consta | 151
Total | 6.515

Resoluciones judiciales anuladas([17])

| Sentencias | Otras resoluciones
Tribunal Supremo | 2 | 9
Tribunales superiores de justicia | 4 | 2
Audiencia Nacional | 1 | 1
Audiencias provinciales | 1 | 5
Juzgados | 3 | 49

Cuadro n.º 15

A) MOTIVOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de admisión | Recursos | Porcentaje
Ausencia de doctrina constitucional | 44 | 24,44
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 7 | 3,89
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 34 | 18,89
Eventual origen normativo de la vulneración | 9 | 5
Eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley | – | –
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | 4 | 2,22
Eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales | 21 | 11,67
Repercusión social o económica | 7 | 3,89
Consecuencias políticas generales | 6 | 3,33
Varios motivos | 48 | 26,67
Total | 180 | 100

B) MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO

Motivos de inadmisión | Recursos | Porcentaje
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 588 | 8,74
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 2.534 | 37,70
Falta de especial trascendencia constitucional | 1.824 | 27,13
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 227 | 3,38
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 20 | 0,30
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 638 | 9,49
Extemporaneidad del recurso | 202 | 3,01
Falta de subsanación de defectos procesales | 644 | 9,58
Varios motivos | 38 | 0,57
Otros motivos | 7 | 0,10
Total | 6.722 | 100

Cuadro n.º 16

Resoluciones dictadas y amparos resueltos[18]

| Sentencia | Auto | Providencia definitiva | Sumas
|  | Inadmisión | Terminación[19] | Inadmisión[20] | Terminación[21] |
Pleno | 33 (+5) | – | – | – | 1 | 34 (+5)
Sala Primera | 61 (+6) | 1 | 4 | 3.292 (–14 +6)4 | 50 | 3.408 (–2)
Sección Primera | – | 1 | – | – | – | 1
Sección Segunda | – | – | – | – | – | –
Sala Segunda | 76 | – | – | 3.430 | 92 | 3.598
Sección Tercera | – | – | – | – | – | –
Sección Cuarta | – | – | – | – | – | –
Totales | 170 (+11) | 2 | 4 | 6.722 (–8) | 143 | 7.041 (+3)

IV.

Datos comparados

(2016-2020)

Cuadro n.º 17

Datos comparados 2016-2020

Asuntos ingresados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Recursos de inconstitucionalidad | 32 | 47 | 12 | 27 | 24
Cuestiones de inconstitucionalidad | 44 | 33 | 42 | 33 | 27
Recursos de amparo | 6.685 | 6.286 | 6.918 | 7.554 | 6.515
Conflictos positivos de competencia | 10 | 3 | – | 5 | 3
Conflictos negativos de competencia | – | – | – | 1 | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | 1 | 2 | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | 1 | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | – | 4 | 3 | 1 | –
Requerimientos sobre tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | 1 | 6 | 2 | – | –
Total | 6.774 | 6.381 | 6.977 | 7.621 | 6.570

Resoluciones dictadas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sentencias |  |  |  |  |
Pleno | 125 | 107 | 96 | 80 | 56
Sala Primera y sus Secciones | 37 | 18 | 23 | 39 | 63
La Sala | 37 | 18 | 23 | 39 | 63
Sección 1.ª | – | – | – | – | –
Sección 2.ª | – | – | – | – | –
Sala Segunda y sus Secciones | 66 | 31 | 23 | 59 | 76
La Sala | 66 | 31 | 23 | 59 | 76
Sección 3.ª | – | – | – | – | –
Sección 4.ª | – | – | – | – | –
Total | 228 | 156 | 142 | 178 | 195
Autos definitivos |  |  |  |  |
Pleno | 83 | 34 | 34 | 21 | 20
Sala Primera y sus Secciones | 19 | 10 | 5 | 3 | 7
Sala Segunda y sus Secciones | 21 | 10 | 3 | - | -
Total | 123 | 54 | 42 | 24 | 27
Providencias de inadmisión y terminación
Pleno | – | – | – | – | 1
Sala Primera | 3.653 | 3.158 | 3.142 | 3.325 | 3.342
Sala Segunda | 3.851 | 2.952 | 3.513 | 3.047 | 3.522
Total | 7.504 | 6.110 | 6.655 | 6.372 | 6.865
Autos interlocutorios | 86 | 119 | 90 | 160 | 147
Providencias de admisión | 127 | 140 | 151 | 227 | 214
Total de resoluciones definitivas (sentencias + autos definitivos + providencias definitivas) | 7.855 | 6.320 | 6.839 | 6.574 | 7.087
Total de resoluciones dictadas | 8.068 | 6.579 | 7.080 | 6.961 | 7.448

Admisión en las Salas

Admisión en el Pleno

Asuntos resueltos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Recursos de inconstitucionalidad |  |
Por sentencia | 84 | 70 | 52 | 32 | 14
(de ellos, por sentencia de Sala) | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
(de ellos, por resolución de Sala) | 3 | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | 3 | 2 | 1 | 1 | –
Total | 90 | 75 | 55 | 35 | 16
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |
Por sentencia | 41 | 15 | 19 | 22 | 9
(de ellos, por sentencia de Sala) | 25 | 3 | 2 | 6 | 2
Por auto o providencia | 79 | 25 | 29 | 15 | 19
(de ellos, por resolución de Sala) | 2 | – | – | – | 1
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 120 | 40 | 48 | 37 | 28
Recursos de amparo |  |
Por sentencia | 88 | 53 | 55 | 117 | 170
(de ellos, por sentencia del Pleno) | 10 | 4 | 11 | 25 | 33
(de ellos, por sentencia de Sala) | 78 | 49 | 44 | 92 | 137
(de ellos, por sentencia de Sección) | – | – | – | – | –
Por auto de inadmisión | 3 | 8 | 4 | 4 | 2
(de ellos, por auto del Pleno) | 1 | 1 | 1 | 2 | –
Por providencia de inadmisión | 7.026 | 5.690 | 6.168 | 6.218 | 6.714
Por otras causas | 478 | 433 | 484 | 153 | 147
Acumulado con los anteriores | 1 | – | 5 | 2 | 11
Total | 7.596 | 6.186 | 6.721 | 6.494 | 7.044
Conflictos positivos de competencia |  |
Por sentencia | 12 | 12 | 11 | 3 | 2
(de ellos, por sentencia de Sala) | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | 1 | –
(de ellos, por resolución de Sala) | – | – | – | – | –
Acumulados con los anteriores | – | – | – | – | –
Total | 12 | 12 | 11 | 4 | 2

Asuntos resueltos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Conflictos negativos de competencia |  |
Por sentencia | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | 1 | –
Total | – | – | – | 1 | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |
Por sentencia | – | – | 3 | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | 3 | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |
Por sentencia | 2 | 2 | – | – | –
Por auto o providencia | 1 | – | – | – | –
Total | 3 | 2 | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas |  |  |  |  |
Por sentencia | – | 3 | 1 | 3 | –
Por auto o providencia | – | – | 1 | – | –
Total | – | 3 | 2 | 3 | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales
Por declaración | – | – | – | – | –
Por auto o providencia | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Total | 1 | 6 | 2 | 1 | –
Total de asuntos resueltos | 7.822 | 6.322 | 6.842 | 6.575 | 7.090

Sentencias en las Salas

Sentencias en el Pleno

Asuntos admitidos pendientes de sentencia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Recursos de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 103 | 77 | 36 | 28 | 32
Acumulados | 3 | 1 | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 106 | 78 | 36 | 28 | 32
Cuestiones de inconstitucionalidad |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 20 | 13 | 11 | 7 | 10
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | 3 | – | 2 | – | –
Procesos en la Sala Segunda | 1 | 2 | 2 | – | –
Total | 24 | 15 | 15 | 7 | 10
Conflictos positivos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 22 | 13 | 2 | 3 | 4
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 22 | 13 | 2 | 3 | 4
Conflictos negativos de competencia |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Conflictos entre órganos constitucionales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 1 | 3 | – | – | –
Total | 1 | 3 | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local |  |
Procesos en el Pleno | 2 | – | – | – | –
Acumulados | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Primera | – | – | – | – | –
Procesos en la Sala Segunda | – | – | – | – | –
Total | 2 | – | – | – | –

Asuntos admitidos pendientes de sentencia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas |  |  |
Procesos en el Pleno | – | – | 2 | – | –
Total | – | – | 2 | – | –
Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales |  |
Procesos en el Pleno | – | – | – | – | –
Total | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales |  |  |  |  |
Procesos en el Pleno | 1 | 1 | 1 | – | –
Total | 1 | 1 | 1 | – | –
Recursos de amparo |  |  |  |  |
Pleno | 8 | 10 | 41 | 36 | 43
(acumulados con los anteriores) | – | – | – | 1 | 1
Sala Primera y sus Secciones | 26 | 24 | 33 | 63 | 64
(acumulados con los anteriores) | – | 7 | 2 | – | 1
Sala Segunda y sus Secciones | 40 | 50 | 65 | 88 | 98
(acumulados con los anteriores) | – | 1 | – | – | –
Suma de procesos de amparo | 74 | 84 | 139 | 187 | 205
Total de procesos pendientes de sentencia de Pleno | 157 | 117 | 93 | 74 | 89
Total de procesos pendientes de sentencia de Sala y Sección | 70 | 76 | 102 | 151 | 162
Total de asuntos pendientes de sentencia de Pleno | 160 | 118 | 93 | 75 | 90
Total de asuntos pendientes de sentencia de Sala y Sección | 70 | 84 | 104 | 151 | 163

Asuntos pendientes de admisión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pleno |  |  |  |  |
Recursos de inconstitucionalidad | 1 | 2 | 1 | – | 4
Cuestiones de inconstitucionalidad | 10 | 7 | 4 | 6 | 2
Recursos de amparo avocados | – | – | – | 1 | 4
Conflictos positivos de competencia | – | – | – | – | –
Conflictos negativos de competencia | – | – | – | – | 1
Conflictos entre órganos constitucionales | – | – | – | – | –
Conflictos en defensa de la autonomía local | – | – | – | – | –
Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas | – | 1 | – | – | –
Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales | – | – | – | – | –
Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales | – | – | – | – | –
Salas: recursos de amparo |  |  |  |  |
Sala Primera | 1.224 | 1.211 | 1.755 | 1.969 | 1.820
Sala Segunda | 1.134 | 1.167 | 1.425 | 1.536 | 1.536
Total de asuntos pendientes de admisión en Pleno | 11 | 10 | 5 | 7 | 11
Total de asuntos pendientes de admisión en Salas | 2.358 | 2.378 | 3.180 | 3.505 | 3.356

Pendientes de sentencia en el Pleno

Pendientes de sentencia en las Salas

Pendientes de admisión en el Pleno

Pendientes de admisión en las Salas

Resumen del Pleno

Resumen de las Salas

Resumen del tribunal

[1] Una de ellas fue una cuestión interna de inconstitucionalidad.

[2] Veintitrés de estos recursos de amparo fueron avocados al Pleno.

[3] Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

[4] Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

[5] Providencias que no son de mero trámite.

[6] Varios autos dictados en recurso de súplica revocaron la inadmisión y admitieron a trámite el recurso de amparo.

[7] De ellas, 38 fueron providencias de admisión de recursos de amparo avocados.

[8] Fueron revocadas en súplica 14 providencias de inadmisión, todas ellas de la Sala Primera. Se indican entre paréntesis.

[9] Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

[10] Resoluciones definitivas menos revocaciones en súplica más acumulados y admisiones en súplica.

[11] Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados. Se expresan entre paréntesis. Se resolvieron 148 asuntos.

[12] De ellas, una fue cuestión interna de inconstitucionalidad.

[13] Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía

[14] Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

[15] Los recursos de amparo, tanto los avocados por el Pleno como los de las Salas, aparecen en el cuadro 16. Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados.

[16] Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía.

[17] Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican solo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial solo se registra la anulación de la sentencia.

[18] Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

[19]Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

[20] Entre paréntesis figuran las providencias de inadmisión que han sido revocadas en recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal, así como los autos que, en súplica, han admitido recursos de amparo.

[21] Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó en total 440 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra equivale a 0,09 demandas por diez mil habitantes (la media de los países miembros del Consejo de Europa fue de 0,50 en 2020) y representó el 1,06 por 100 del total de las demandas examinadas durante el año por el Tribunal, que ascendieron a 41.700.

Las demandas relacionadas con España dieron lugar a diez sentencias, todas ellas de la Sección Tercera, a excepción de la dictada en el asunto N. D. y N. T. c. España, de 13 de febrero de 2020, que fue pronunciada por la Gran Sala. Todas las sentencias de sección fueron estimatorias de las demandas formuladas, en tanto que la dictada por la Gran Sala a instancias del Gobierno de España revocó la previamente pronunciada por la Sección Tercera el 3 de octubre de 2017, que había declarado la vulneración del derecho a un recurso efectivo (art. 13 CEDH) y de la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros (art. 4 del Protocolo 4 al Convenio).

Además de esta decena de sentencias, cabe mencionar algunas decisiones adoptadas por la Sección Tercera en fase de admisión. Así, por decisión de 5 de mayo de 2020, acordó la inadmisión de la demanda formulada en el asunto Pascual González c. España. En esta ocasión, la demanda fue promovida por la viuda de una víctima de los «Grupos Antiterroristas de Liberación» («GAL»), cuyo marido había sido asesinado en Francia, adonde se había trasladado cuando tuvo noticia de que se había dictado orden de busca y captura en su contra por supuesta colaboración con la banda terrorista ETA. La demandante, que ya había recibido una indemnización en calidad de víctima del terrorismo, solicitó en 2012 una compensación adicional por el fallecimiento de su esposo, solicitud que fuera rechazada en virtud de distintos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que se señalaba la pertenencia del fallecido a la banda terrorista ETA. Aducía la demandante que la desestimación de su pretensión indemnizatoria fundada en el supuesto al que hacían referencia los informes policiales habría vulnerado el derecho de su marido a la presunción de inocencia, en los términos del art. 6.2 CEDH. Sin embargo, la Sección Tercera del Tribunal inadmitió la demanda sobre la base de la inexistencia de un vínculo entre el proceso penal incoado en su momento contra el marido de la reclamante y el procedimiento indemnizatorio que ella había promovido, procedimientos que pueden legítimamente regirse por normas probatorias diferentes.

En su decisión de 18 de junio de 2020, la Sección Tercera acordó igualmente la inadmisión de la demanda en el caso Immoterra International Denia S. L. c. España. En esta ocasión, la mercantil demandante invocaba su derecho a un juicio equitativo (art. 6 CEDH) pues sostenía que no había sido correctamente notificada de la existencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria tramitado en su contra. La decisión de inadmisión puso de relieve que la dirección en la que se había intentado emplazar a la ejecutada era la que ella misma había señalado en el contrato hipotecario, que coincidía con la que constaba en el registro mercantil y de la que venía haciendo uso como dirección en su correspondencia.

Si en las decisiones anteriores la Sección Tercera había actuado en composición de tres jueces, en los asuntos Álvarez Juan c. España —decisión de 22 de octubre de 2020— y Morales Rodríguez c. España —decisión de 17 de diciembre de 2020—, la sección estuvo constituida por siete jueces. En estas decisiones se inadmitieron las demandas promovidas por varios ciudadanos que habían sido condenados por su participación en una concentración violenta a las puertas del Parlamento de Cataluña. Las demandas, fundadas en el alegato de vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH) no fueron admitidas a trámite puesto que sus promotores no habían satisfecho la carga de agotar las vías de recurso internas (art. 35.1 CEDH). Concretamente, los recursos de amparo en su momento interpuestos habían sido inadmitidos porque sus promotores no habían cumplido el requisito de justificar su especial trascendencia constitucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En el caso Morales Rodríguez, esa justificación había sido insuficiente y en el asunto Álvarez Juan el recurso de amparo en su día promovido carecía por completo de justificación alguna. Habida cuenta de que estos incumplimientos determinaron la inadmisión de los recursos de amparo, la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los demandantes no habían agotado las vías de recurso internas pues no brindaron al Tribunal Constitucional la oportunidad de reparar, en su caso, una lesión que posteriormente trataron de hacer valer ante el Tribunal de Estrasburgo.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Condenas en segunda instancia sin celebración de vista oral: sentencias de 14 de enero de 2020. Asunto Pardo Campoy y Lozano Rodríguez c. España, y de 8 de septiembre de 2020. Asunto Romero García c. España

Los actores del primero de estos casos, que habían construido una vivienda unifamiliar en suelo rústico, sin conexión con los sistemas de abastecimiento, fueron acusados de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Aunque fueron inicialmente absueltos en primera instancia, los acusados resultaron condenados en apelación, tramitada sin celebración de vista. La Sección Tercera del Tribunal Europeo concluyó que se había vulnerado el derecho de los demandantes a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) puesto que la condena se fundó en una revisión del pronunciamiento absolutorio de instancia que, por versar sobre una nueva consideración de los elementos subjetivos del tipo, debiera haber venido precedida de la audiencia a los acusados.

En el segundo supuesto, el demandante había sido igualmente condenado por un delito urbanístico al edificar en suelo agrícola careciendo de la preceptiva licencia. Absuelto en primera instancia, fue condenado en apelación sobre la base de una nueva valoración del elemento subjetivo del injusto, sin celebración de vista, lo que finalmente determinó la declaración de vulneración del art. 6 CEDH.

* Inadmisión rigorista de recurso de casación: sentencia de 26 de mayo de 2020. Asunto Gil Sanjuán c. España

La demandante había presentado escrito de preparación de recurso de casación contencioso-administrativo respecto de la sentencia de la Audiencia Nacional que había desestimado su recurso frente a la delimitación de la zona marítimo-terrestre que afectaba a un terreno de su propiedad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó la inadmisión del recurso de casación pues el escrito de preparación no hacía referencia a los motivos del recurso y no indicaba las normas o doctrina jurisprudencial supuestamente infringidas por la sentencia impugnada. La demanda de amparo fue desestimada por la STC 53/2015, de 16 de marzo. La Sección Tercera del Tribunal Europeo declaró que España había vulnerado el artículo 6.1 CEDH pues la inadmisión del recurso de casación fue fruto de una interpretación en exceso rigorista de los requisitos procesales y se fundó en una interpretación de los mismos establecida en un auto dictado después de que la actora preparase el recurso de casación.

* Archivo de causa penal sin audiencia de quien ejercía la acusación particular y la acción civil: sentencia de 6 de octubre de 2020. Asunto Gracia González c. España

Tras haber fallecido su marido en un accidente de helicóptero militar, la demandante intervino como acusación particular en una causa penal destinada a depurar las responsabilidades por este hecho. El Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, petición que se tramitó y estimó sin dar traslado a la acusadora particular. La sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció la vulneración del art. 6 CEDH respecto de la decisión dictada inaudita parte. Importa destacar que la estimación se fundó en que la demandante no había renunciado en ningún momento a la acción civil, lo que le permitió invocar las garantías procesales del Convenio, que no amparan a quien ejerce la acusación en una causa penal, salvo que en la misma ejerza o pueda ejercer accione civiles.

* Derecho de acceso al recurso: sentencia de 20 de octubre de 2020. Asunto Martínez Ahedo y otros c. España

En esta sentencia el Tribunal reitera la doctrina sentada en su anterior pronunciamiento Arrózpide Sarasola y otros c. España, de 23 de octubre de 2018, que versaba igualmente sobre liquidación de condena parcialmente cumplida en Francia. De nuevo, el Tribunal Europeo declara vulnerado el art. 6 CEDH en un supuesto en el que coinciden la inadmisión de recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial ordinaria y el rechazo por el tribunal sentenciador, en esta ocasión el Tribunal Supremo, de los incidentes de nulidad de actuaciones promovidos respecto de la sentencia que se pretendía controvertir en amparo. La sentencia concluye que es desproporcionada la carga que pesa sobre los recurrentes, desestimando la demanda en lo demás al no apreciar vulneración de los derechos a la libertad y seguridad y a la legalidad penal (arts. 5 y 7 CEDH).

* Indefensión por emplazamiento edictal: sentencia de 15 de diciembre de 2020. Asunto Karesvaara c. España

En un procedimiento por impago de rentas de alquiler, los demandados fueron emplazados mediante edictos tras varios intentos infructuosos de notificarles en la vivienda arrendada. En la medida en que no se hicieron averiguaciones para encontrar una dirección alternativa (como, por ejemplo, buscando en el sistema de información interno de los tribunales), la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara la vulneración del art. 6 CEDH.

2. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 23 de junio de 2020. Asunto Omorefe c. España

La demandante, de nacionalidad nigeriana, tuvo un hijo en 2008; un año después, ante la imposibilidad de cuidarlo, solicitó que quedara bajo tutela en un centro gestionado por la Comunidad Foral de Navarra. Declarado en situación de desamparo, el menor fue entregado en acogimiento pre-adoptivo. El acogimiento fue anulado judicialmente, al no haber mediado el consentimiento de la madre, lo que no impidió al Gobierno foral proseguir con los trámites para formalizar la eventual adopción del niño por su familia de acogida. En 2015 la adopción fue autorizada por la Audiencia Provincial, que, en su sentencia, hizo referencia genérica al régimen de visitas de la madre biológica. La posterior demanda de amparo fue inadmitida por falta de especial trascendencia constitucional.

La sentencia ahora reseñada declaró vulnerado el artículo 8 del Convenio europeo de derechos humanos. Las autoridades españolas no desplegaron los esfuerzos necesarios para garantizar un régimen de visitas y comunicación entre la madre biológica y su hijo dado en adopción, concluyeron la falta de idoneidad de la madre sin que mediaran informes periciales independientes y no exploraron otras posibilidades ofrecidas por la legislación nacional en la materia. La sentencia invita a las autoridades nacionales a que, en un plazo breve, examinen nuevamente las circunstancias particulares de la demandante y su hijo, a fin de valorar la posibilidad de establecer algún tipo de contacto entre ambos.

3. Artículo 11: libertad de reunión pacífica

* Sentencia de 6 de octubre de 2020. Asunto Laguna Guzmán c. España

La demandante participó en una manifestación que discurrió sin incidentes y a cuyo término un grupo de personas —entre las que figuraba la propia demandante— continuó la marcha hasta llegar a las puertas de un restaurante en el que se encontraban almorzando varios miembros de un partido político. Los manifestantes se situaron frente al establecimiento hostelero, desplegando una pancarta en protesta «contra la criminalización de la protesta social”. Tras una conminación infructuosa a que retiraran la pancarta, la policía procedió a intervenir, lo que dio lugar a un forcejeo en el que la demandante sufrió algunas lesiones que precisaron atención médica. Abierta una causa penal, se archivó con absolución de los investigados. El posterior recurso de amparo se inadmitió por falta de justificación suficiente de la especial trascendencia constitucional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que se había producido una violación del artículo 11 del Convenio, pues la libertad de reunión pacífica que este precepto garantiza no limita su protección a las manifestaciones previamente notificadas, sino que se extiende a las espontáneas, siempre que, como sucedió en este caso, sean espontáneas. El intento policial de dispersar coactivamente una concentración cuando nada llevaba a concluir que supusiera un riesgo para la seguridad de personas o bienes representó un uso desproporcionado de la fuerza.

4. Artículo 13: derecho a un recurso efectivo, y artículo 4 del Protocolo núm. 4: prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros

* Sentencia de 13 de febrero de 2020. Asunto N. D. y N. T. c. España

Los demandantes en este asunto, procedentes de Mali, habían sido objeto de devolución inmediata al Reino de Marruecos tras un intento frustrado de atravesar ilegalmente las vallas fronterizas de Melilla mediante un asalto tumultuario. Meses después de este primer intento ambos lograron su propósito, si bien el primero de ellos fue posteriormente devuelto a su país, hallándose el segundo en ignorado paradero.

La Sección Tercera del Tribunal había estimado la demanda en su sentencia de 3 de octubre de 2017, que declaró la vulneración del derecho a un recurso efectivo (art. 13 CEDH) y la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros (art. 4 del Protocolo núm. 4). La Gran Sala, tras señalar que, si bien este último precepto es aplicable a las devoluciones inmediatas y forzosas de extranjeros desde una frontera terrestre, constató que no se había vulnerado en el caso concreto. En particular, la sentencia puso de manifiesto que la legislación española prevé diversas posibilidades de que los extranjeros ingresen legalmente en el territorio nacional, posibilidades de las que no se habría hecho uso en el caso sin aportar razones convincentes para ello. Consecuentemente, fue la conducta de los propios demandantes la que imposibilitó la adopción de decisiones individualizadas susceptibles de fiscalización jurisdiccional.

5. Artículo 2 del Protocolo núm. 7: segunda instancia penal en materia de sanciones administrativas

* Sentencia de 30 de junio de 2020. Asunto Saquetti Iglesias c. España

El demandante había sido interceptado cuando estaba a punto de abandonar el territorio español portando una elevada suma de dinero (más de 150.000 euros) sin haberlo declarado, aunque sí había presentado las pertinentes declaraciones al traerlo a España. En aplicación de la normativa sobre blanqueo de capitales, la Administración pública le impuso una sanción pecuniaria, del mismo importe, que recurrió en vía contencioso-administrativa. Frente a la desestimación de su impugnación interpuso recurso de casación, que fue inadmitido porque la cuantía del proceso no superaba la summa gravaminis entonces vigente (600.000 €). El posterior recurso de amparo fue inadmitido por inexistencia de especial trascendencia constitucional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró vulnerado el derecho a una segunda instancia penal pues, pese a que el art. 2 del Protocolo 7, que lo proclama, hace expresa referencia al proceso penal, el precepto resulta igualmente de aplicación a otros órdenes jurisdiccionales cuando, como es el caso, por la gravedad de la sanción (cuya cuantía coincide con el dinero que se pretendía sacar del país, que a su vez consistía en los ahorros del sancionado), no puede hablarse de una infracción de menor gravedad que justifique la falta de previsión de una segunda instancia revisora. Pues bien, la dirección general de un ministerio no es un tribunal; y la revisión llevada a cabo por los Tribunales Supremo y Constitucional no sirve para satisfacer el derecho, pues ni la configuración del recurso de casación con un requisito cuantitativo de acceso que superaba con creces la cantidad de dinero decomisado, ni la limitación de la cognición del recurso de amparo exclusivamente a las garantías constitucionales del proceso a quo, permiten considerar a estos remedios procesales como segunda instancia efectiva en el sentido del Protocolo 7 al Convenio europeo de derechos humanos.

V. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986)

Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989)

Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986)

Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986)

Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989)

Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980)

Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992)

Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992)

Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986)

Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983)

Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990)

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986)

Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa† (1986-1992)

Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995)

Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995)

Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995)

Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995)

Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992)

Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra † (1989-1998)

Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998)

Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998)

Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001)

Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001)

Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001)

Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001)

Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998)

Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004)

Presidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004)

Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004)

Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004)

Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011)

Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011)

Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002)

Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011)

Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011)

Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012)

Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008)

Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012)

Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012)

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013)

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013)

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013)

Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013)

Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013)

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015)

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014)

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017)

Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017)

Vicepresidente (2013-2017)

Excmo. Sr. D. Fernando Valdés Dal-Ré (2012-2020)