2022

MEMORIA 2022

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2022

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

NIPO AEBOE PDF: 090-20-111-0

NIPO AEBOE ePUB: 090-20-112-6

Depósito legal: M-13036-2023

Sumario

Presentación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional,

don Cándido Conde-Pumpido Tourón, 11

Memoria 2022

I. Composición del Tribunal, 25

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia,

Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención, 31

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones

de carácter general, 39

IV. Actividad jurisdiccional, 41

1. Datos generales, 43

A) La demanda de justicia constitucional, 43

B) Las sentencias, 45

C) La restante actividad jurisdiccional, 46

D) El trámite de admisión de recursos, 51

E) Balance estadístico del año, 53

F) La pendencia de asuntos, 54

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, 55

A) Preliminar, 55

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado, 56

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades

Autónomas, 59

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3. Procesos de amparo, 66

A) Preliminar, 66

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), 68

C) Integridad física y moral (art. 15 CE), 70

D) Libertad ideológica (art. 16 CE), 71

E) Libertad personal (art. 17 CE), 72

F) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos

personales (art. 18 CE), 73

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE), 74

H) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos

públicos (art. 23 CE), 74

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 77

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales, 77

b) Interdicción de la indefensión, 79

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales, 81

d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, 84

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE), 84

a) Derecho a un proceso con todas las garantías, 85

b) Derechos a la asistencia letrada, de defensa y a ser informado de la acusación, 86

c) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 86

K) Legalidad penal (art. 25 CE), 87

L) Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE), 87

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal, 89

1. Servicio de Biblioteca y Documentación, 89

2. Servicio de Doctrina Constitucional, 92

3. Servicio de Informática, 94

4. Servicio de Gerencia, 103

5. Gabinete de Prensa, 109

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VI. Presupuesto, 111

VII. Relaciones institucionales, 113

VIII. Otras actividades, 121

IX. Transparencia y acceso a la información pública, 123

Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas

al Tribunal, 129

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial

del Estado», 147

III. Estadísticas jurisdiccionales, 205

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

en relación con España, 249

V. Magistrados eméritos, 259

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Presentación

Cándido Conde-Pumpido Tourón

En tanto que Presidente del Tribunal Constitucional desde enero de 2023, supone un auténtico honor para mí presentar esta Memoria anual que pretende dar cuenta a la ciudadanía y a las instituciones del Estado del conjunto de acciones y actividades llevadas a cabo por el Tribunal durante el año 2022 y, en particular, de los resultados de su labor jurisdiccional.

Dado que la XIV renovación de este órgano constitucional se ha llevado a cabo, como digo, de forma muy reciente, en primer lugar desearía extender mi mayor gratitud, en nombre del colegio de magistrados y magistradas, a los magistrados ya eméritos del Tribunal que han dejado la institución.

Asimismo quisiera aprovechar la oportunidad que ofrecen estas palabras introductorias para, de manera general, reconocer el indispensable y valioso trabajo de los letrados y letradas y del resto de profesionales que colaboran en esta casa, reconocimiento que por otro lado dirijo con igual resolución al personal de la fiscalía y de la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.

Como sabemos, el pasado 2022 vio extinguirse despaciosamente la pandemia mundial del covid-19 que tanto nos afectó, de manera 11

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individual y como sociedad, en los dos años previos. El resultante y progresivo regreso a la normalidad ha beneficiado también a nuestro Tribunal, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el institucional.

De ello tendré ocasión de abundar en las páginas siguientes.

Por otro lado, 2022 será recordado, con indignada tristeza, como el punto de inflexión en que reapareció la guerra a gran escala en el corazón mismo de Europa, acarreando profundas consecuencias políticas, jurídicas, económicas y sociales en todo el mundo, de particular perniciosidad en nuestro continente.

Cuarenta y cinco años después de la promulgación de nuestra Carta Magna, y transcurridos treinta y siete desde nuestra integración en las entonces Comunidades Europeas, los españoles seguimos siendo europeístas convencidos que recuerdan que la principal fuerza de nuestra unión reside en la defensa y proyección de valores compartidos, en el respeto de unos mismos principios y en la protección de derechos y libertades fundamentales que sólo hallan plena cabida en el marco anchuroso de las sociedades democráticas.

Desde estas mismas convicciones europeístas y democráticas, el Tribunal Constitucional de España ha desempeñado y desempeña a diario su alta misión en tanto que intérprete supremo y defensor jurídico de nuestro texto constitucional, aplicando para ello una visión claramente actualizadora e integradora que se sitúa al servicio de la ciudadanía. Porque, en palabras del segundo presidente del Tribunal, don Francisco Tomás y Valiente, el juez constitucional debe lograr que se dé respuesta a problemas no previstos expresamente, resolver ambigüedades y aun aparentes contradicciones acudiendo a una interpretación sistemática y a la noción de la Constitución como un todo.

* * *

Con tales reflexiones en mente, comparto con ustedes que tres son las líneas directrices que guían mi mandato: aspirar a que el 12

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Tribunal cumpla en plenitud el rol que le asigna el título IX de la Constitución; trabajar con ahínco por que resulte verdaderamente útil para los ciudadanos y ciudadanas, así como para el resto de poderes públicos, a través de una eficaz y eficiente impartición de justicia; y como medio para todo ello impulsar, con decidida voluntad, un proceso íntegro de modernización y de apertura tanto ad intra como ad extra.

Como hito en el interior de este incipiente proceso, consigno que el pasado 15 de marzo, el Tribunal, constituido en Pleno gubernativo, aprobó un novedoso acuerdo que regula la presentación de los recursos de amparo a través de la sede electrónica con el fin de simplificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los solicitantes, reduciendo los defectos de construcción de la demanda y coadyuvando al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso, en consonancia con las fórmulas empleadas por otros órganos jurisdiccionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Asimismo, siendo consciente de la importancia primordial que revisten los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, tanto para el correcto funcionamiento estatal como para responder a los legítimos anhelos populares de pronta y adecuada resolución de los mismos, el Tribunal se ha embarcado en un proceso de resolución que dé respuesta a los casos pendientes más antiguos y de mayor trascendencia social, tratando así de actuar con celeridad, mesura, proporcionalidad y consenso.

Junto con este propósito, estimo que el Tribunal debe avanzar en todas aquellas acciones que den la debida visibilidad a su trabajo y de tal forma lo acerquen a la sociedad española y a los medios de comunicación, lo que implica un refuerzo progresivo y ambicioso de su labor comunicativa y de su política de puertas abiertas.

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En similar línea, vivimos en una época de incesante internacionalización, de la que el Tribunal no debe sustraerse, sino por el contrario implicarse al máximo de sus posibilidades. Es necesario profundizar el imprescindible diálogo con los Tribunales de Justicia de la Unión Europea y Europeo de Derechos Humanos, así como con todos aquellos foros, órganos jurisdiccionales e instituciones, especialmente europeos e iberoamericanos, cuyo cometido, como el nuestro, es el de defender y promover el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de la democracia.

A tal respecto, celebro que el Tribunal Constitucional de España haya resultado elegido en marzo de este año como anfitrión del Sexto Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que tendrá por tanto lugar en España el próximo 2025.

* * *

Como se apuntaba anteriormente, este año el Tribunal Constitucional ha ido retomando con normalidad el curso de sus actividades jurisdiccionales. Se ha seguido la tendencia creciente del pasado ejercicio, y durante 2022 la demanda ciudadana de justicia constitucional ha continuado avanzando a los números previos a la pandemia.

Si en 2021 se registraron 8.370 nuevos asuntos jurisdiccionales, en 2022 esta cifra ascendió a 8.591. La mayoría de estos asuntos, 8.370, fueron demandas de amparo. Por su parte, los recursos de inconstitucionalidad presentaron una ligera reducción con respecto al año anterior (36 en 2022, 39 en 2021), al igual que sucedió con las cuestiones de inconstitucionalidad (27 en 2022, 35 en 2021).

En 2022 el Tribunal dictó 7.606 resoluciones, de las cuales 151

fueron sentencias, 178 autos y 7.277 providencias definitivas. Por lo que específicamente hace referencia a las sentencias, 70 de ellas 14

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fueron dictadas por el Pleno y 81 por las salas; 34 de estas sentencias se pronunciaron en procesos de inconstitucionalidad (13 en recursos de inconstitucionalidad y 21 en cuestiones de inconstitucionalidad) y 117 en procesos de amparo.

Al finalizar el año se encontraban pendientes de una resolución definitiva, por lo común en forma de sentencia, 278 asuntos (de ellos, 60 recursos de inconstitucionalidad, 12 cuestiones de inconstitucionalidad y 206 recursos de amparo) y otros 6.328

estaban pendientes de admisión (6.312 demandas de amparo, cinco recursos de inconstitucionalidad y 11 cuestiones de inconstitucionalidad).

Del total de sentencias dictadas por el Tribunal es conveniente traer a colación, en primer lugar, la STC 70/2022, de 2 de junio, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el precepto de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que atribuía a las salas de este orden de los Tribunales Superiores de Justicia la función de autorizar o ratificar las medidas sanitarias que implicaran la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estuvieran individualmente identificados.

El Pleno concluyó que esta atribución contravenía los principios de exclusividad jurisdiccional, separación de poderes e independencia judicial, pues hacía participar a los órganos judiciales en el ejercicio de una potestad privativa del Gobierno, como es la reglamentaria. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por cuatro magistrados.

En segundo término, en la STC 106/2022, de 13 de septiembre, el Pleno del Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 15

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personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El Tribunal confirmó la plena constitucionalidad de las medidas legislativas establecidas en favor de los menores y de las personas con discapacidad, ponderando especialmente sus derechos e intereses e incardinándolos en un marco de reflexión más amplio.

Así, por una parte, se hizo hincapié en que la restricción del régimen de visitas a los progenitores que estén siendo investigados por conductas de violencia de género o doméstica no priva enteramente del derecho al progenitor afectado, sino que somete el ejercicio del derecho a la ponderación que efectúe la autoridad judicial. En segundo lugar, puso de manifiesto el hecho de que el juez civil ha de tomar en consideración la existencia de indicios de violencia, sin que ello suponga, en modo alguno, una modificación del régimen de distribución de competencias entre órdenes jurisdiccionales.

Esta sentencia cuenta con un voto particular concurrente suscrito por tres magistrados.

Igual de relevantes fueron las cuatro sentencias dictadas por el Pleno en recursos de amparo promovidos por algunos de los condenados por la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de abril, pronunciada en la causa especial 20907-2017. Estas sentencias se suman a las cinco dictadas en 2021 —SSTC 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo; 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, y 184/2021, de 28 de octubre— y forman un cuerpo de doctrina en torno a las garantías procesales en las causas penales especiales sustanciadas por las salas de justicia a las que corresponde en cada caso, según las reglas de aforamiento. Las sentencias 45/2022, de 23 de marzo; 46/2022 y 47/2022, de 24 de marzo, y 87/2022, de 28 de junio, desestimaron, todas ellas con votos particulares parcialmente discrepantes, los correspondientes recursos de amparo al considerar que las garantías procesales habían quedado salvaguardadas en el proceso penal, donde no se habían quebrantado tampoco las libertades de expresión y opinión, ni se había atentado contra el derecho a la legalidad penal.

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Esta doctrina se ha enriquecido con el pronunciamiento de las sentencias 25/2022, de 23 de febrero, y 64/2022, de 10 de mayo.

En estas resoluciones, a las que se formularon sendos votos particulares, el Pleno desestimó los recursos de amparo formulados por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, don Joaquim Torra i Pla respecto de las sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le condenaron por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. En sus resoluciones, el Pleno descartó que se hubieran vulnerado los derechos del acusado a un proceso con todas las garantías, a la legalidad penal, a la libertad de expresión y a acceder a los cargos públicos, este último en conexión con la condena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos que conllevara su cese como presidente autonómico al perder la condición de miembro del Parlamento de Cataluña, requisito que el Estatuto de Autonomía exige para poder optar al cargo de presidente del Consejo Ejecutivo de la Generalitat.

En el ámbito de la información parlamentaria y en proceso de inconstitucionalidad se dictó la STC 16/2022, de 8 de febrero. Esta sentencia declaró la nulidad de una disposición de la ley anual de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 que, transgrediendo los límites materiales de este tipo de leyes, suprimía el deber de información al Parlamento acerca de las subvenciones de concesión directa otorgadas por el Ejecutivo autonómico.

Reiterando la doctrina constante del Tribunal, sintetizada, entre otras, en la STC 46/2018, de 26 de abril, el Pleno, en sus sentencias 15/2022, de 8 de febrero; 24/2022, de 23 de febrero, y 115/2022, de 27 de septiembre, declaró la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña que admitieron a trámite unas propuestas de resolución que infringían el deber de acatar lo 17

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resuelto por el Tribunal Constitucional. Todas estas sentencias, dictadas en procesos de amparo, contaron con un voto particular.

La aplicación del régimen de delegación de voto en el Parlamento de Cataluña dio lugar a la formulación de cinco demandas de amparo resueltas en dos sentencias del Pleno y tres de la Sala Segunda. Las SSTC 65/2022, de 31 de mayo, y 75/2022, de 15 de junio, ambas con un voto particular, declararon la inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la mesa que permitían la delegación de voto en términos tales que se facultaba al delegado para decidir el sentido mismo del voto, vulnerando así los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas, toda vez que los delegados disponían, materialmente, de un voto doble. La doctrina de estas sentencias fue aplicada por la Sala Segunda en sus sentencias 85/2022, de 27

de junio; 92/2022 y 93/2022, de 11 de julio. Amén de las anteriores, en las sentencias 94/2022 a 97/2022, de 12 de julio, el Pleno anuló los acuerdos de la mesa de la Cámara que, por una parte, permitían la delegación de voto de diputados que se hallaban suspensos en el ejercicio de su función representativa y, por otra, los computaban como miembros de pleno derecho del Parlamento para dirimir eventuales empates. Estas resoluciones modificaban subrepticiamente el reglamento de la Cámara ignorando el carácter imperativo de la medida de suspensión de cargos y funciones legalmente prevista y judicialmente acordada.

Finalmente, la STC 35/2022, de 9 de marzo, estimó un recurso de amparo planteado en relación con la composición de la mesa de la Asamblea de Madrid; la STC 38/2022, de 9 de marzo, a la que se formularon dos votos particulares, enjuició la constitucionalidad del estatuto de los diputados integrantes del grupo mixto en el Parlamento Vasco, y la STC 56/2022, de 5 de abril, que cuenta con dos votos particulares, hizo lo propio con el sistema de elección de senadores de designación autonómica aplicado en el Parlamento de 18

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Cataluña, llegando a la conclusión de que vulneraba el principio de proporcionalidad al permitir vetar la proposición elevada por el grupo al que correspondía la iniciativa de la elección y al que había de pertenecer el senador que resultara finalmente electo.

Al margen de lo anterior, el Tribunal se ha mostrado particularmente atento al impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en la esfera de los derechos fundamentales. Así, en la STC 23/2022, de 21 de febrero, se resolvió un recurso de amparo en el que se controvertía, entre otros extremos, la inserción de las resoluciones sancionadoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el «Boletín Oficial del Estado». Igualmente, en la sentencia 31/2022, de 7 de marzo, se desestimó el recurso de amparo donde se impugnaba una resolución sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos por la comisión de una infracción con ocasión de la realización de una encuesta electoral en la que se trataron, sin consentimiento de los titulares, datos atinentes a la ideología de los entrevistados; y en la sentencia 42/2022, de 21 de marzo, que hizo lo propio respecto de otra resolución sancionadora de la misma Agencia por la transferencia internacional de datos a servidores ubicados en los Estados Unidos de América ignorando lo acordado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2015. Esta última sentencia cuenta con un voto particular.

Las sentencias del Pleno 89/2022, de 29 de junio, y 105/2022, de 13 de septiembre, abordaron el complejo problema del denominado

«derecho al olvido» en relación con la libertad de expresión en redes. A ambas sentencias se formuló un voto particular discrepante.

Por otro lado, en las SSTC 84/2022, de 27 de junio, y 114/2022, de 29 de noviembre, la Sala Primera otorgó sendos amparos en relación con la tramitación de notificaciones administrativas a las direcciones electrónicas de quienes no habían sido informados de ese cambio de cauce de comunicación con las administraciones 19

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públicas y padecieron, por ello, indefensión en unos procedimientos administrativos sancionador y de comprobación tributaria limitada.

Para cerrar esta relación de las sentencias más relevantes del año 2022, cabe mencionar las SSTC 53/2022, de 4 abril, y 124/2022, de 10 de octubre, en las que, en garantía de los derechos fundamentales a no padecer tratos inhumanos o degradantes y a la tutela judicial efectiva, se extiende el canon reforzado de control de las resoluciones judiciales que archivan denuncias de lesiones padecidas con ocasión de actuación de las fuerzas de orden público fuera de las dependencias policiales. De acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en estas sentencias se exige del órgano judicial la realización de una investigación suficiente y eficaz de la denuncia. Por último, en la STC 67/2022, de 2 de junio, el Pleno del Tribunal resolvió una demanda en la que se alegaba discriminación por identidad de género e infracción del derecho a la propia imagen en el ámbito laboral. La sentencia no apreció la existencia de ningún indicio probatorio de la discriminación y se constató la adecuada respuesta de los órganos judiciales que habían intervenido en el litigio social previo.

* * *

Finalmente, quisiera remarcar las actividades institucionales desarrolladas por el Tribunal en 2022.

En el ámbito interno, este Tribunal mantiene excelentes relaciones de colaboración oficial con el resto de los órganos e instituciones del Estado. En este punto, por su preeminencia y su carácter singular, merece ser destacada, en primer lugar, la visita de Su Majestad el Rey al Tribunal Constitucional el pasado 25 de abril, siendo ésta la tercera visita del Jefe del Estado desde la creación del alto órgano jurisdiccional.

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Igual de reseñable fue la primera visita y reunión de trabajo con los presidentes y la presidenta eméritos del Tribunal Constitucional (el 7 de marzo) que, con el fin de beber de su experiencia, inauguró una práctica cuya continuación será muy beneficiosa para nuestra institución. Aprovecho esta ocasión para manifestar el reconocimiento y la gratitud que esta casa siente por todos los presidentes, vicepresidentes y magistrados eméritos, que conservan de forma permanente un lugar de privilegio entre nosotros.

Asimismo, el Tribunal está asociado estrechamente a las actividades realizadas por la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional.

Del 13 al 15 de octubre se celebraron en Valladolid las XVIII Jornadas de la Asociación, bajo la rúbrica de «Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad», de notable excelencia académica.

En el campo internacional, nuestra institución comparte la vocación internacionalizadora y el profundo sentimiento europeísta de España.

Muestra de ello es la participación del Tribunal en la Conferencia de Alto Nivel de Jurisdicciones Constitucionales de la Unión Europea (el 7 de octubre) impulsada por la Comisión Europea, así como en la Conferencia de Presidentes de Tribunales Supremos y Constitucionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, organizada por el Consejo Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación de Francia en París (el 21 de febrero). De igual manera, me gustaría señalar la participación del Tribunal Constitucional en el Foro extraordinario de Magistrados con motivo del 70 aniversario de la creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo (el 4 y 5 de diciembre).

Por otro lado, diversas autoridades representantes de instituciones europeas han visitado el Tribunal a lo largo del año 2022. El 21

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Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión, don Koen Lenaerts, visitó oficialmente España invitado por nuestro Tribunal (el 6 de mayo). El 15 de junio se recibió a la Vicepresidenta de la Comisión Europea, doña Vera Jourová, y el 30 de septiembre al Comisario de Justicia de la Unión, don Didier Reynders.

En este mismo terreno europeo y supranacional resulta de primera importancia nuestra relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2022 una delegación del Tribunal viajó nuevamente a Estrasburgo para asistir al seminario judicial y audiencia solemne del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (del 23 al 25 de junio).

De igual forma nuestra sede fue visitada por la Presidenta de la Comisión de Venecia, doña Claire Bazy-Malaurie (el 5 de julio).

A mayor abundamiento, durante 2022 el Tribunal Constitucional participó en diferentes foros internacionales en el dominio de la justicia constitucional, como la XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional llevada a cabo en Punta Cana bajo el título de «Jurisdicción constitucional: ciudadanía y libertad», o —aunque de manera virtual— el V Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional celebrado en Bali y que abordó el asunto de

«La justicia constitucional y la paz» (del 4 al 7 de octubre).

Por último, el Tribunal mantiene intacto su compromiso por acercar la justicia y las instituciones a la ciudadanía. Una muestra de ello es el trabajo del Gabinete de Prensa, responsable de coordinar y ejecutar la comunicación del Tribunal, tanto de su actividad jurisdiccional como institucional. A lo largo de 2022, y al igual que en los ejercicios anteriores, ha desarrollado su cometido bajo los principios de transparencia, inmediatez, rigor informativo, publicidad e igualdad de trato para con todos los medios de comunicación.

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El pasado año se han emitido un total 107 notas de prensa, lo que supone que por sexto año consecutivo se ha superado el centenar.

Estas notas explicativas sobre las resoluciones dictadas facilitan de forma muy importante el trabajo de los periodistas y medios ya que ofrecen un resumen del fallo y de los fundamentos jurídicos. Se trata de una práctica que permite informar de forma rápida, objetiva, rigurosa y fiable. Esta diligencia informativa ha estado también presente en la comunicación en redes sociales, principalmente en Twitter, Instagram y YouTube, donde se publica contenido jurisdiccional e institucional así como toda aquella información de interés. En Twitter, además de superar los 34.000

seguidores, se han publicado más de 300 mensajes que han logrado 3.800.000 impactos. En Instagram se cuenta con más de 3.080

seguidores.

Por último, el esfuerzo de cercanía a la sociedad se refleja también en la política de puertas abiertas, a través de la cual se fomenta la realización de visitas a la sede del Tribunal, gratuitas y guiadas por grupos. La ausencia de restricciones sanitarias durante el año 2022

repercutió en el aumento de visitas públicas llevadas a cabo, un total de 127 (frente a las 36 visitas de 2021).

* * *

Como colofón de las consideraciones anteriores, espero sinceramente que esta Memoria refleje con fidelidad y transparencia el compromiso de nuestra institución con los mandatos que la Constitución Española le encomienda, y que, en consecuencia, la información en ella recogida resulte a sus lectores del mayor agrado e interés.

Madrid, 28 de marzo de 2023

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I. Composición del Tribunal

La composición del Tribunal Constitucional es la siguiente: Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente 1

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos, Vicepresidente 2

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García 3

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez 4

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho 5

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar 6

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón 7

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón 8

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel 9

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla 10

1 Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio); Real Decreto 1038/2021, de 22 de noviembre (BOE de 23 de noviembre).

2 Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio); Real Decreto 1039/2021, de 22 de noviembre (BOE de 23 de noviembre).

3 Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

4 Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

5 Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

6 Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

7 Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

8 Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

9 Real Decreto 1033/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

10 Real Decreto 1034/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

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Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera 11

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas 12

Por acuerdo de 19 de noviembre de 2021 (BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 2021), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la distribución de sus miembros en salas y secciones. El día 27 de julio de 2022, don Alfredo Montoya Melgar presentó su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional, que fue aceptada por decreto del presidente del Tribunal Constitucional de la misma fecha.

Por Real Decreto 661/2022, de 28 de julio (BOE núm. 181, de 29 de julio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y por renuncia al cargo, se declaró el cese en sus funciones, agradeciéndole los servicios prestados.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente: Sala Primera

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas

Sala Segunda

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera

11 Real Decreto 1035/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

12 Real Decreto 1036/2021, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre).

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Sección Primera

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García, Presidente Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas

Sección Tercera

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera

Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez, Presidente Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla

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Datos personales

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Madrid, 1958.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García Santander, 1942.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Madrid, 1937.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

A’Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Juan Ramón Sáez Valcárcel

Madrid, 1957.

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 28

MEMORIA 2022

Excmo. Sr. don Enrique Arnaldo Alcubilla

Madrid, 1957.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excma. Sra. doña Concepción Espejel Jorquera

Madrid, 1959.

Magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Excma. Sra. doña Inmaculada Montalbán Huertas Iznalloz (Granada), 1959.

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 29

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías

de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por acuerdos de 21 de julio de 2017 y de 18 de junio de 2020, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

31

MEMORIA 2022

Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad jubilado.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Doña Carmen Delgado Echevarría

Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6

de Fuenlabrada.

– Doña María Dolores Utrilla Fernández-Bermejo Profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Roberto Alonso Buzo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2

de Mérida.

– Doña Lucía Arozamena Baró

Fiscal de la Fiscalía de Hospitalet de Llobregat.

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MEMORIA 2022

– Don Antonio Arroyo Gil

Profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Ana Belén Casares Marcos

Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León.

– Don Álvaro Mañas de Orduña

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña María Curto Izquierdo

Abogada del Estado.

– Doña Gema María Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Carmelo Jiménez Segado

Magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Torrejón de Ardoz.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don José Núñez Núñez

Administrador Civil del Estado, por fallecimiento.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

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MEMORIA 2022

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Don Nicolás Cabezudo Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid.

– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado de la Audiencia Provincial de León.

– Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada de la Sala de lo Social, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña María Ángeles García Frías

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

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MEMORIA 2022

– Doña María José García-Valdecasas Dorrego

Abogada del Estado.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Doña Alicia González Alonso

Profesora contratada doctora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Celia Martínez Escribano

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don Carlos Ortega Carballo

Letrado del Tribunal de Cuentas.

– Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña Argelia Queralt Jiménez

Profesora Agregada de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

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MEMORIA 2022

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Don Ángel Sánchez Navarro

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don Ignacio Ulloa Rubio

– Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Segovia.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Don Javier Zaragoza Tejada

Fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Antonio Luis Ramos Membrive, Di-plomático.

Secretarías de Justicia

Secretarios de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y doña Carmen Martínez Montijano.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort, hasta su jubilación en marzo, y don Manuel Corral Abascal. En abril fue nombrado don Miguel Marcos Ayjón.

Gerencia

El Gerente del Tribunal es don Carlos Fernández-Peinado Martínez, del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado.

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MEMORIA 2022

Intervención

La Interventora del Tribunal Constitucional es doña Marta Carolina Hi-dalgo López, del cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado.

37

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter

general 1

Por Acuerdo de 16 de noviembre de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó un Protocolo para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral en el Tribunal Constitucional. Su apartado 14 derogó expresamente el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el Tribunal Constitucional, que había sido aprobado por el Pleno gubernativo en su reunión de 27 de mayo de 2014.

El Protocolo de 2022 proclama, desde su primer párrafo, que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. El acoso sexual y por razón de sexo y el acoso laboral suponen un atentado contra la dignidad y la salud de las personas, por lo que son totalmente inaceptables y no pueden ni deben ser tolerados. En consecuencia, el Tribunal Constitucional procurará un entorno laboral exento de cualquiera de estas tres formas de acoso. El protocolo tiene como objeto tratar de prevenir y evitar las situaciones de acoso, así como establecer cauces de solución de quejas relativas a posibles situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral, tomando en consideración la dignidad de la persona, su salud y los derechos inviolables que le son inherentes.

El protocolo se inspira en los siguientes principios: a) El compromiso en prevenir y no tolerar ninguna forma de acoso sexual y por razón de sexo ni de acoso laboral; b) El deber de respetar la dignidad de las personas, su 1 El texto del acuerdo referido en este apartado se incluye infra en el anexo I.

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MEMORIA 2022

salud y su derecho a la intimidad y al honor, así como la igualdad de trato y oportunidades; c) El tratamiento reservado de las quejas por hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario; y d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja.

40

IV. Actividad jurisdiccional 1

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE) C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad ideológica (art. 16 CE)

1 Este capítulo ha sido elaborado por los servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

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MEMORIA 2022

E) Libertad personal (art. 17 CE)

F) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE) H) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales.

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías b) Derechos a la asistencia letrada, de defensa y a ser informado de la acusación

c) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas K) Legalidad penal (art. 25 CE)

L) Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE) 42

MEMORIA 2022

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2022 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 8.591 asuntos jurisdiccionales nuevos, es decir, 221 asuntos más que en 2021, año en el que habían ingresado 8.370 demandas de justicia constitucional. Este ligero incremento del 2,64 por 100 se corresponde con el crecimiento de las solicitudes de amparo constitucional, que vieron aumentado su número en 234 demandas (8.528 en 2022, frente a 8.294 en 2021). Por el contrario, se redujo notablemente la presentación de escritos que eventualmente pudieran dar lugar a la iniciación de procesos de inconstitucionalidad, hasta el punto de que solo se interpusieron 36

recursos de inconstitucionalidad nuevos (39 en 2021) y se plantearon 27

cuestiones de inconstitucionalidad (35 en 2021). No se promovió ningún conflicto constitucional, como tampoco se presentaron requerimientos sobre la constitucionalidad de tratados internacionales o impugnaciones de disposiciones autonómicas.

Las cifras proporcionadas acentúan la persistente preponderancia de los recursos de amparo: 8.528, es decir, el 99,27 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La práctica totalidad de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 8.508, de los cuales 7.846 fueron interpuestos por personas físicas y 662 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos presentaron diecinueve demandas de amparo y el Ministerio Fiscal, una.

Con respecto a su origen, persistió el ya tradicional predominio de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 4.588, el 53,80 por 100 (en 2021 fue el 51,30 por 100).

Descendió el número de recursos de amparo procedentes de los órdenes 43

MEMORIA 2022

jurisdiccionales civil (1.474, el 17,29 por 100; en 2021 habían sido 1.534, el 18,49 por 100) y contencioso-administrativo (2001, el 23,46 por 100; en 2021, 2012, el 25,33 por 100), así como de la jurisdicción militar (22

demandas de amparo, cuando habían sido 28 en 2021). Por el contrario, se observa un ligero incremento de las demandas procedentes del orden social (407, el 4,77 por 100; en 2021 habían sido 334, el 4,02 por 100).

Se promovieron igualmente 32 recursos de amparo frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley planteados por el cauce del art. 42

LOTC, un número algo superior al de 2021, cuando fueron 26 los recursos de amparo de procedencia parlamentaria.

La mayoría de los recursos de amparo se interpusieron tras un proceso judicial finalizado por resolución del Tribunal Supremo (5.177, el 60,71

por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos procedie-ron de litigios y causas resueltos en última instancia por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (1.823, un 21,37 por 100), los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (964, el 11,31 por 100), seguidos por los tribunales superiores de justicia (229, el 2,69 por 100) y la Audiencia Nacional (156, el 1,83 por 1009. Cinco demandas de amparo se promovieron tras un pronunciamiento definitivo de órganos de la jurisdicción militar (en tres casos del Tribunal Militar Central y en los otros dos de tribunales militares territoriales).

En 6.996 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 82,04 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.326 demandas de amparo (15,55 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 1.122 invocaciones del derecho a la legalidad penal (13,16 por 100), las 542 del derecho a la libertad y seguridad (5,30 por 100) y las 320 de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen del artículo 18 de la Constitución (3,75 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 6.593 demandas de amparo constitucional (77,31 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE debemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías fue, un año 44

MEMORIA 2022

más, el que mayor número de invocaciones recibió (fue aducido en 3.346

demandas), seguido del derecho a la presunción de inocencia, en 1.686.

Cumple consignar el mantenimiento de la tendencia creciente de las invocaciones del derecho a la defensa y a la asistencia letrada: si en 2021 fue alegado en 1.130 demandas de amparo —doblando las 534 de 2020—, en 2022 fue invocado en 1.420 nuevos recursos.

Se interpusieron 36 nuevos recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos, 26, fueron planteados por diputados o senadores (14 respecto de leyes estatales y los otros 12 frente a leyes autonómicas); el presidente del Gobierno interpuso seis recursos frente a leyes autonómicas. Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron tres leyes estatales.

El Defensor del Pueblo no interpuso ningún recurso de inconstitucionalidad en 2022. Además de estos recursos, en septiembre de 2022 el partido político Los Verdes Ecopacifistas (Centro Moderado) presentó un escrito en el que decía interponer recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes orgánicas 2/2011 y 3/2011, de 28 de enero, de modificación de la Ley Orgánica del régimen electoral general. Por providencia de 26 de octubre de 2022, el Pleno del Tribunal acordó la inadmisión a trámite al no ostentar los partidos políticos legitimación activa para la promoción de un recurso de inconstitucionalidad.

Los órganos judiciales plantearon 27 cuestiones de inconstitucionalidad a lo largo de 2022. Los tribunales superiores de justicia elevaron 14 de ellas (siete en relación con leyes del Estado y otras siete respecto de preceptos autonómicos con rango de ley), los juzgados unipersonales diez (cuatro y seis, respectivamente) y el Tribunal Supremo una, en relación con una ley estatal, y dos que tenían por objeto sendas disposiciones autonómicas.

Como ya se ha indicado anteriormente, no se suscitó ningún conflicto constitucional nuevo en 2022, ni tampoco se formuló requerimiento alguno sobre la constitucionalidad de tratados internacionales.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 151 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó 70 de ellas, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 34 (13 en recursos de inconstitucionalidad 45

MEMORIA 2022

y 21 en cuestiones de inconstitucionalidad); las restantes 36 sentencias fueron pronunciadas en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado por el Pleno (estas sentencias resolvieron 38

asuntos pues la STC 87/2022, de 28 de junio, recayó en tres recursos de amparo previamente acumulados). Las salas dictaron 81 sentencias, todas ellas en procesos de amparo: la Sala Primera dictó 35 sentencias (que resolvieron 37 asuntos, dado que la STC 30/2022, de 7 de marzo, puso fin a tres recursos de amparo anteriormente acumulados) y la Sala Segunda, 46.

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que im-pulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 178 autos. El Pleno dictó 51 de ellos; las salas, 67 (la Sala Primera 21 y 46 la Sala Segunda); los restantes 60 autos fueron dictados por las distintas secciones (seis cada una las Secciones Primera y Segunda, 34 la Sección Tercera y 14 la Sección Cuarta).

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el art. 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 autos: doce del Pleno, tres de la Sala Primera, uno de la Sección Tercera y otro de la Sección Cuarta. En seis de estos autos se formularon votos particulares: cuatro dictados por el Pleno (AATC 150/2022 a 152/2022, de 16 de noviembre, y 177/2022, de 19 de diciembre), uno por la Sección Tercera 46

MEMORIA 2022

(ATC 176/2022, de 12 de diciembre) y otro por la Sección Cuarta (ATC 111/2022, de 13 de julio).

Cinco de estos autos se dictaron en procesos de inconstitucionalidad: En uno de ellos —ATC 155/2022, de 16 de noviembre— se inadmitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

En tres se inadmitieron otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 67/2022, de 7 de abril, que inadmitió una cuestión planteada en relación con las reglas del art. 73.1.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, sobre acumulación de acciones conexas en los que concurra la competencia objetiva de distintos juzgados de lo mercantil; 83/2022, de 11 de mayo, reglas de indemnización en los supuestos de extinción del contrato por expiración del tiempo convenido de acuerdo a lo dispuesto en el art. 49.1.c del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y 84/2022, de 11 de mayo, previsión de la situación de reserva activa especial y pase a la jubilación de controlades aéreos contenidas en la disposición adicional cuarta, punto 3, de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo). En el quinto y último auto se inadmitió a trámite un conflicto negativo de competencia en relación con la competencia para resolver sobre la interrupción o suspensión, por causa de fuerza mayor, del plazo de concesión para la ocupación privativa de un monte catalogado (ATC 39/2022, de 10 de febrero).

Los doce autos restantes se dictaron en procesos de amparo: Cuatro de estos autos admitieron a trámite otros tantos recursos de amparo (AATC 150/2022 a 152/2022, de 16 de noviembre, y 177/2022, de 19 de diciembre; a todos ellos se formularon varios votos particulares discrepantes) y otros inadmitieron sendos recursos de amparo (AATC 111/2022, de 13 de julio, y 176/2022, de 12 de diciembre; ambos cuentan con un voto particular discrepante). El ATC 75/2022, de 27 de abril, confirmado en súplica por el ATC 96/2022, de 15 de junio, inadmitió varias recusaciones formuladas en un proceso de amparo. Por su parte, en el 47

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ATC 17/2022, de 25 de enero, se desestimaron las solicitudes de aclaración y los recursos de súplica planteados respecto del ATC 107/2021, de 15 de diciembre, que había inadmitido las recusaciones formuladas en distintos procesos de amparo promovidos en causas penales. Finalmente, en tres autos se procedió a la rectificación de errores padecidos en sendas sentencias del Tribunal (AATC 102/2022, de 27 de junio, que rectifica el error material padecido en la STC 30/2022, de 7 de marzo; 134/2022, de 24 de octubre, hace lo propio en relación con la STC 110/2022, de 26 de septiembre; y 145/2022, de 14 de noviembre, respecto de la STC 124/2022, de 10 de octubre).

Por auto, el Pleno inadmitió dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 76/2022, de 28 de abril, y 155/2022, de 16 de noviembre), dieciséis cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 20/2022 y 22/2022 a 25/2022, de 26 de enero; 59/2022 y 60/2022, de 24 de marzo; 66/2022 a 68/2022, de 7 de abril; 74/2022, de 27 de abril; 83/2022 y 84/2022, de 11 de mayo; 97/2022, de 15 de junio; 148/2022, de 15 de noviembre, y 154/2022, de 16 de noviembre) y un conflicto negativo de competencia (ATC 39/2022, de 10 de febrero). Inadmitió, igualmente, un recurso de amparo (ATC 153/2022, de 16 de noviembre) y admitió a trámite otros cuatro (AATC 150/2022 a 152/2022, de 16 de noviembre, y 177/2022, de 19 de diciembre). La Sección Tercera inadmitió por auto un recurso de amparo (ATC 111/2022, de 13 de julio) y lo mismo hizo la Sección Cuarta (ATC 176/2022, de 12 de diciembre).

En cuatro autos se acordó la terminación de los correspondientes procesos constitucionales: El Pleno consignó la extinción por pérdida sobrevenida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 43/2022, de 24

de febrero) y por desistimiento de su promotor, dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 70/2022, de 27 de abril, y 108/2022, de 30 de junio). La Sala Segunda aceptó el desistimiento de la actora en un recurso de amparo (ATC 61/2022, de 4 de abril).

Se dictaron 21 autos en recursos de súplica, todos ellos interpuestos en procesos de amparo: el Pleno dictó cuatro de estos autos, la Sala Segunda uno y los 16 restantes, las diferentes secciones del Tribunal (cuatro la Sección Primera, cinco la Sección Segunda, seis la Sección Tercera y uno la Sección Cuarta). En 16 de estos casos el promotor era el Ministerio Fiscal respecto de otras tantas providencias de inadmisión de la demanda. Los cinco restantes tuvieron objetos varios. Así, dos de ellos confirmaron sendos autos de 48

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inadmisión de recusación de distintos magistrados del Tribunal (AATC 17/2022, de 25 de enero, y 96/2022, de 15 de junio); otros dos hi-cieron lo propio respecto de autos que habían denegado medidas cautelares (AATC 26/2022, de 27 de enero, y 71/2022, de 27 de abril) y el ATC 71/2022, de 9 de mayo, desestimó la súplica planteada frente a la providencia de señalamiento para votación y fallo de la sentencia —que sería la STC 31/2022, de 7 de marzo— resolutoria del proceso de amparo.

Diez de los dieciséis recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de otros tantos recursos de amparo fueron desestimados (AATC 15/2022, de 24 de enero; 38/2022, de 10 de febrero; 54/2022, de 11 de marzo; 63/2022 y 64/2022, de 4 de abril; 101/2022, de 22 de junio; 107/2022, de 29 de junio; 124/2022, de 27 de septiembre; 128/2022, de 10 de octubre, y 146/2022, de 14 de noviembre). En cuatro ocasiones la estimación de la súplica se acompañó de la retroacción de actuaciones para volver a examinar la concurrencia de los requisitos de admisión del amparo (AATC 13/2022, de 24 de enero; 37/2022, de 10 de febrero; 88/2022, de 6 de junio, y 157/2022, de 21

de noviembre). En el ATC 141/2022, de 8 de noviembre, la estimación del recurso de súplica se acompañó de la inadmisión del recurso de amparo por un motivo distinto del expresado en la primera providencia, y el ATC 32/2022, de 2 de febrero, aceptó el desistimiento del Ministerio Fiscal en el recurso de súplica.

Por lo que a las medidas cautelares se refiere, el Pleno dictó tres autos pronunciándose sobre solicitudes de suspensión de normas con rango de ley. En los AATC 21/2022, de 26 de enero, y 112/2022, de 13 de julio, dictados ambos en procesos de inconstitucionalidad, se mantuvo la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE. En el ATC 131/2022, de 11 de octubre, dictado en el recurso de amparo promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, se rechazó la petición de suspensión del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El Pleno dictó otros seis recursos en los que se pronunció sobre sendas solicitudes de suspensión de las resoluciones impugnadas en amparo. Denegó la suspensión en los AATC 27/2022, de 27 de enero; 100/2022, de 16 de junio —denegación confirmada en el ATC 173/2022, de 1 de di-49

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ciembre—, y 139/2022, de 26 de octubre, y otorgó la suspensión cautelar en el ATC 177/2022, de 19 de diciembre —reiterada en el ATC 178/2022, de 21 de diciembre—, que admitió a trámite un recurso de amparo parlamentario y accedió a la medida cautelar de suspensión de la tramitación parlamentaria de dos enmiendas.

Las salas dictaron 51 autos en incidentes de suspensión: 14 la Sala Primera y 37 la Sala Segunda. En 34 de estos autos se denegó la petición de suspensión, si bien en siete de ellos la denegación estuvo acompañada de la orden de anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad (AATC 10/2022 y 11/2022, de 24 de enero; 48/2022, de 7 de marzo; 109/2022, de 11 de julio; 135/2022, de 24 de octubre, y 170/2022

y 171/2022, de 28 de noviembre). En 11 autos se otorgó la medida cautelar solicitada, por lo común la suspensión de las resoluciones de los poderes públicos impugnadas, aunque en el caso del ATC 58/2022, de 21 de marzo, la petición se limitaba a la anotación preventiva de la demanda.

En seis autos se acordó el archivo del incidente, por desaparición sobrevenida de su objeto. La Sección Primera dictó un auto (ATC 98/2022, de 16

de junio) otorgando la suspensión en recurso de amparo.

El Pleno, en el ATC 19/2022, de 26 de enero, denegó la aclaración de la STC 182/2021, de 26 de octubre, dictada en cuestión de inconstitucionalidad. La Sala Primera acordó, en el ATC 103/2022, de 27 de junio, la aclaración del auto 103/2021, de 13 de diciembre, dictado en proceso de amparo, y la Sala Segunda, en el ATC 78/2022, de 9 de mayo, denegó la solicitud de aclaración de la sentencia 31/2022, de 7 de marzo. Siempre por auto, la Sala Primera rectificó los errores padecidos en cuatro sentencias (AATC 102/2022, de 27 de junio; 115/2022, de 12 de septiembre; 134/2022, de 24 de octubre, y 145/2022, de 14 de noviembre).

En materia de abstenciones y recusaciones, el Pleno dictó dos autos aceptando la abstención de un magistrado en recurso de inconstitucionalidad (AATC 44/2022 y 45/2022, de 24 de febrero) y otro aceptando varias abstenciones en un recurso de amparo (ATC 53/2022, de 11 de marzo). Asimismo, dictó siete autos inadmitiendo diversas recusaciones en procesos de amparo: seis de estos autos tuvieron por objeto exclusivo esta pretensión (AATC 72/2022, 73/2022 y 75/2022, de 27 de abril; 82/2022, de 11 de mayo; 149/2022, de 15 de noviembre, y 156/2022, de 16 de noviembre), en tanto que en el ATC 177/2022, de 19 de noviembre, la inadmisión de la recusación de dos magistrados se completó con la admisión del recurso de 50

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amparo en procedimiento parlamentario y el otorgamiento de la medida cautelar de suspensión de la tramitación de la enmienda cuya admisión estaba en el origen de la controversia constitucional. La Sala Segunda aceptó por auto una abstención en proceso de amparo (ATC 34/2022, de 7 de febrero). El resto de los autos aceptando abstenciones se dictaron por las secciones que tenían encomendada la labor de examinar la concurrencia de los requisitos de admisión de la demanda (la Sección Segunda dictó un auto, 26 la Sección Tercera y 12 la Sección Cuarta).

En el ATC 18/2022, de 26 de enero, el Pleno dispuso la acumulación de tres recursos de amparo. La Sala Primera dictó otro auto de acumulación: ATC 144/2022, de 14 de noviembre.

La Sala Primera dictó un auto estimatorio del incidente de ejecución de la STC 164/2020, de 16 de noviembre (ATC 113/2022, de 12 de septiembre). La Sala Segunda dictó otros cinco autos denegando los correspondientes incidentes (AATC 7/2022, 8/2022 y 12/2022, de 24 de enero; 114/2022, de 12 de septiembre, y 167/2022, de 28 de noviembre).

Completan la relación de autos dictados en 2022 por las distintas formaciones del Tribunal Constitucional el ATC 95/2022, de 14 de junio, de la Sección Tercera, declarando la incompetencia del Tribunal para resolver la impugnación de una resolución de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita; el ATC 125/2022, de 29 de septiembre, que denegó la personación de dos sindicatos en el proceso constitucional abierto con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad respecto del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo y el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, y el ATC 169/2022, de 28 de noviembre, en el que la Sección Primera acordó el archivo de un incidente de impugnación sobre justicia gratuita y concedió plazo para acudir, con abogado y procurador, ante el Tribunal para que formalizara la demanda de amparo que decía querer promover.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2022 el Pleno admitió a trámite 60 nuevos asuntos jurisdiccionales: 48 procesos de inconstitucionalidad y 12 recursos de amparo (cuatro de estas admisiones se formalizaron por auto, las restantes por providen-51

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cia). Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto dos recursos de inconstitucionalidad, un conflicto negativo de competencia y un recurso de amparo.

Por su parte, las salas admitieron a trámite 147 recursos de amparo (58

la Sala Primera y 89 la Sala Segunda). La Sección Tercera inadmitió por auto un recurso de amparo (ATC 111/2022, de 13 de julio) y lo mismo hizo la Sección Cuarta (ATC 176/2022, de 12 de diciembre). Las salas dictaron asimismo 7.219 providencias de inadmisión (3.636 la Sala Primera y 3.583 la Sala Segunda) y 279 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión (115 la Sala Primera y 164 la Sala Segunda). Como ya se ha indicado en su momento, tres providencias de inadmisión de la Sala Primera y dos de la Sala Segunda fueron revocadas más tarde al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal.

Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (7.305, cifra que resulta de la suma de las providencias de admisión, en su caso los autos de admisión en súplica, los autos y las providencias de inadmisión y los autos y las providencias de terminación de asuntos), solo el 2,83 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos de amparo para su posterior resolución por sentencia y el restante 97,17 por 100 conllevó el archivo del recurso.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias.

En 2022 la mayoría de los recursos de amparo admitidos a trámite lo fue por la concurrencia de varios motivos (72, es decir, el 45,58 por 100); el segundo lugar lo ocupó la ausencia de doctrina constitucional (24, el 15,19 por 100), seguido por las admisiones fundadas en la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por resoluciones judiciales (22, el 13,92 por 100). Trece recursos, el 8,23 por 100, fueron admitidos porque permitían aclarar o cambiar la doctrina constitucional tras un proceso de reflexión interna; otros doce, el 7,59 por 100, porque apunta-ban a esa misma aclaración o modificación de doctrina como consecuencia de cambios normativos. Ocho recursos se admitieron por sus posibles consecuencias políticas generales, otros cinco por su repercusión social y económica y, los dos restantes, por la eventualidad de que se estuviera 52

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produciendo un incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o porque pudieran existir resoluciones judiciales contradictorias.

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (3.009, el 44,29 por 100), seguida de la relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (1.540, el 22,67 por 100). La falta de agotamiento de la vía judicial previa deter-minó la inadmisión de 748 demandas de amparo (11,01 por 100 de las decisiones de inadmisión); la falta absoluta de justificación de la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional determi-nó la inadmisión de 582 demandas (8,57 por 100) y la falta de subsanación de defectos procesales de otras 532 (7,83 por 100). Fueron inadmitidos 263 recursos por haber sido interpuestos extemporáneamente (3,87 por 100); 53 por inexistencia de la vulneración del derecho fundamental denunciada (0,78 por 100); y 38 por no haberse denunciado oportunamente la vulneración que luego pretendía hacerse valer ante el Tribunal (0,56 por 100). Por otros motivos se inadmitieron 16 recursos de amparo y en doce ocasiones concurrieron varias causas de inadmisión de la demanda.

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2022 y los resueltos ese año, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (conden-sados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 63 procesos de inconstitucionalidad (recursos y cuestiones de inconstitucionalidad); admitió a trámite 48 e inadmitió 18 mediante auto. También inadmitió un conflicto constitucional que se hallaba pendiente al comenzar el año. Además, el Pleno avocó y admitió 12 recursos de amparo. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que el Pleno decidiera sobre su admisión dos recursos de amparo, seis recursos de inconstitucionalidad y 11 cuestiones de inconstitucionalidad.

El Pleno dictó 70 sentencias y resolvió —por sentencia o por auto de terminación— 73 procesos, con 75 asuntos (al estar dos acumulados). El 53

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Pleno finalizó el año con 115 asuntos pendientes de sentencia en otros tantos procesos (60 recursos de inconstitucionalidad, 11 cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto positivo de competencia y 48 recursos de amparo previamente avocados). Esto supuso un ligero incremento de la pendencia, que en 2021 se situaba en 111 asuntos en otros tantos procesos.

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 4.523

nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.460 (xxx por auto y el resto, por providencia) y dio por terminados —por desistimiento u otras causas—

otros 115 recursos que se hallaban pendientes de admisión (todos ellos por providencia). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 2.850 asuntos y de resolver por sentencia otros 66. Se produjo un incremento de la pendencia de asuntos, que en 2021 se situaba en 2.515 asuntos en fase de admisión y 54 en fase de sentencia.

En la Sala Segunda ingresaron 4.263 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.330 y dio por terminados, siempre mediante providencia, 163 recursos pendientes de admisión. Al finalizar el año quedaban pendientes de decidir sobre su admisión 3.462 demandas de amparo (2.522 en 2021) y de resolver por sentencia 97 recursos de amparo 64 en 2021).

Las secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2022 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 115 asuntos, sin ninguno acumulado. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 60 recursos de inconstitucionalidad; 43 recursos de amparo previamente avocados; 11 cuestiones de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad seis recursos de inconstitucionalidad y 11 cuestiones de inconstitucionalidad.

En las salas se hallaban pendientes de sentencia 163 procesos de amparo: 66 en la Sala Primera y 97 en la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver sobre su admisibilidad ascendían a 6031: 2.850 en la Sala Primera y 3.462 en la Sala Segunda.

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2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar

Durante 2022 el Tribunal Constitucional dictó 35 sentencias en procesos de inconstitucionalidad: 13 en recursos de inconstitucionalidad y 22 en cuestiones de inconstitucionalidad, una de ellas una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada en su día por el Pleno del propio Tribunal.

Todas estas sentencias fueron dictadas por el Pleno, con la sola excepción de la STC 114/2022, de 26 de septiembre, en donde la Sala Segunda resolvió una cuestión de inconstitucionalidad.

En nueve de estas sentencias el Pleno del Tribunal declaró la extinción del proceso constitucional por desaparición sobrevenida de su objeto: por cambio normativo en la STC 29/2022, de 24 de febrero, y como consecuencia de la anulación del precepto legal autonómico controvertido por la STC 116/2022, de 27 de septiembre, en las SSTC 127/2022 a 129/2022, de 11 de octubre, y 134/2022 a 138/2022, de 26 de octubre.

Las 13 sentencias dictadas por el Pleno en recursos de inconstitucionalidad versaron sobre pretensiones anulatorias respecto de leyes o normas con valor de ley estatales o autonómicas en materia de caza (STC 99/2022, de 13 de julio), comercio interior y horarios comerciales (STC 117/2022, de 29 de septiembre), control económico-financiero del Ejecutivo por el Legislativo (STC

16/2022, de 8 de febrero), dominio público

(STC 90/2022, de 30 de junio), ordenación del litoral (STC 18/2022, de 8 de febrero), régimen de convivencia y estancias entre padres e hijos (STC 106/2022, de 13 de septiembre), seguridad social (STC 36/2022, de 10 de marzo), tributos (SSTC 21/2022, de 9 de febrero, y 29/2022, de 24 de febrero), vivienda (SSTC 28/2022, de 24 de febrero; 37/2022, de 10 de marzo; 57/2022, de 7 de abril, y 118/2022, de 29 de septiembre).

En cuestiones de inconstitucionalidad el Pleno dictó 21 sentencias en procesos que tenían por objeto normales estatales o autonómicas con rango de ley relativas a las siguientes materias: arrendamientos de locales comerciales (STC 150/2022, de 29 de noviembre), autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias (STC 70/2022, de 2 de junio), evaluación ambiental (STC 76/2022, de 15 de junio), función pública (SSTC 116/2022, de 27 de septiembre; 126/2022 a 129/2022, de 11 de octubre; 134/2022 a 138/2022, de 26 de octubre), jurisdicción social (STC 145/2022, de 15 de noviembre), mancomunidades (STC 19/2022, 55

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de 9 de febrero), policías locales (STC 17/2022, de 8 de febrero), régimen de convivencia y estancias entre padres e hijos (STC 98/2022, de 12 de julio), sanciones administrativas (SSTC 74/2022, de 14 de junio, y 77/2022, de 15 de junio), tributos (SSTC 20/2022, de 9 de febrero, y 133/2022, de 25 de octubre). La Sala Segunda dictó una sentencia

—STC 114/2022, de 26 de septiembre— en aplicación de la doctrina constitucional sobre límites a la dispensa de titulación en el sistema de promoción interna de los funcionarios de los cuerpos de policías locales.

En siete de estas sentencias, todas ellas dictadas por el Pleno, se formularon votos particulares.

Por auto, el Pleno inadmitió dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 76/2022, de 28 de abril, y 155/2022, de 16 de noviembre), dieciséis cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 20/2022 y 22/2022 a 24/2022 y 25/2022, de 26 de enero; 59/2022 y 60/2022, de 24 de marzo; 66/2022 a 68/2022, de 7 de abril; 74/2022, de 27 de abril; 83/2022 y 84/2022, de 11 de mayo; 97/2022, de 15 de junio; 148/2022, de 15 de noviembre, y 154/2022, de 16 de noviembre) y un conflicto negativo de competencia (ATC 39/2022, de 16 de febrero).

En el ATC 19/2022, de 26 de enero, denegó la aclaración de la STC 182/2021, de 26 de octubre, que había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de diversos preceptos del texto refundido de la Ley de ha-ciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativos al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En otros dos autos aceptó el desistimiento del presidente del Gobierno en sendos recursos de inconstitucionalidad (AATC 70/2022, de 27 de abril, en proceso sobre Ley de salud de Galicia, y 108/2022, de 30 de junio, donde el objeto era una norma del Estatuto de personal al servicio del Parlamento de La Rioja) y en un tercero constató la extinción de una cuestión de inconstitucionalidad cuyo objeto había desaparecido pues los preceptos legales controvertidos habían sido anulados por la STC 17/2022, de 8 de febrero (ATC 43/2022, de 24 de febrero).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado Durante 2022 el Pleno del Tribunal dictó siete sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto leyes del Estado. Tres de ellas fue-56

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ron dictas en recursos de inconstitucionalidad (SSTC 29/2022, de 24 de febrero; 90/2022, de 30 de junio, y 106/2022, de 13 de septiembre) y las otras cuatro en cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 70/2022, de 2

de junio; 74/2022, de 14 de junio; 98/2022, de 12 de julio, y 145/2022, de 15 de noviembre). En la STC 29/2022 el Pleno constató la pérdida sobrevenida, por cambio normativo, de objeto del recurso de inconstitucionalidad que controvertía la conformidad de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con la garantía del régimen económico y fiscal de Canarias, y en la STC 98/2022

inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el primer inciso del artículo 92.7 del Código civil, al haberse formulado incorrectamente el juicio de relevancia.

En las sentencias dictadas en estos procesos constitucionales, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad de cuatro preceptos legales estatales. Interesa dejar constancia de que en la STC 70/2022, de 2 de junio, la declaración de inconstitucionalidad del art. 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa se extendió, por conexión o consecuencia, al art. 11.1 i) y a los incisos 10.8 y 11.1 i) del art. 122 qua-ter de ese mismo texto legal.

Por auto, el Pleno del Tribunal acordó la inadmisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad que tenía por objeto una norma con rango de ley del Estado. Concretamente, en el ATC 76/2022, de 28 de abril, inadmitió, por defectos procesales, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con un precepto del Real Decreto-ley 21/2021, de 26

de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Como ya se ha indicado, la STC 29/2022, de 24 de febrero, apreció la extinción del objeto del proceso y la STC 98/2022, de 12 de julio, inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad al apreciar la incorrecta formulación del juicio de relevancia. De modo que únicamente cinco sentencias entraron a enjuiciar el fondo de las pretensiones tempestivamente deduci-das en relación con disposiciones legales del Estado.

Dos de estas sentencias, ambas dictadas en cuestiones de inconstitucionalidad, se saldaron con la declaración de nulidad de cuatro preceptos legales (SSTC 70/2022, de 2 de junio, y 145/2022, de 15 de noviembre). En 57

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la primera de estas sentencias se resolvió la cuestión planteada en relación con el precepto de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que atribuía a las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia la función de autorizar o ratificar las medidas sanitarias que implicaran la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estuvieran individualmente identificados. La STC 70/2022 declaró que esta atribución contravenía el principio de exclusividad jurisdiccional y, a su través, la separación de poderes y la independencia judicial al conllevar la participación de los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad reglamentaria, privativa del Ejecutivo. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por cuatro magistrados. En la STC 145/2022 se declaró la inconstitucionalidad del precepto de la Ley reguladora de la jurisdicción social, redactado por la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022, que excluía del ámbito de competencias de dicha jurisdicción y correlativa-mente atribuía al orden contencioso-administrativo el conocimiento de la impugnación de los actos administrativos dictados en las fases preparatorias de la contratación de personal laboral mediante acceso libre. Aplicando reiterada doctrina sobre límites materiales de las leyes de presupuestos, la sentencia declara que el deslinde de competencias entre órdenes jurisdiccional no forma parte del contenido necesario de este tipo de leyes (previsión de ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico, así como por las normas que directamente desarrollan y aclaran los estados cifrados) y tampoco puede calificarse contenido eventual (integrado por aquellas normas que guarden una relación directa con el contenido necesario y que representen un complemento para la mejor y más eficaz ejecución del presupuesto y, en general, de la política económica sobre la que descansa).

En la STC 74/2022, de 14 de junio, el Pleno resolvió una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el precepto que tipifica la infracción de obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria cuando sea cometida por personas o entidades que desarrollen actividades económicas. La sentencia descartó que el establecimiento de una sanción del 2 por 100 de la cifra de negocios del último ejercicio, con un mínimo de 20 000 y un máximo de 600 000 € quebrantara el principio de proporcionalidad, habida cuenta de que el precepto permite la gradua-ción de la infracción y la reducción del importe de la sanción en caso de colaboración. Tampoco apreció vulneración del principio de culpabilidad al no exigir intencionalidad en la conducta, ni de la interdicción de la ar-58

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bitrariedad de los poderes públicos pues la norma no carece de justificación racional ni tiene carácter discriminatorio. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.

La STC 90/2022, de 30 de junio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta de Galicia respecto del régimen de concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre contenido en la Ley 7/2021, de 20 mayo, de cambio climático y transición energética.

Frente al criterio de la actora, la sentencia no apreció vulneración del principio de seguridad jurídica por la sola omisión de una referencia expresa a las prórrogas previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Antes bien, constató que existen elementos suficientes para efectuar el cómputo de los títulos concesionales y sus prórrogas.

Finalmente, en la STC 106/2022, de 13 de septiembre, el Pleno desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En primer lugar, la restricción del régimen de visitas a los progenitores que estén siendo investigados por conductas de violencia de género o doméstica no priva enteramente del derecho al progenitor afectado, sino que somete el ejercicio del derecho a la ponderación que efectúe la autoridad judicial. En segundo lugar, que el juez civil deba tomar en consideración la existencia de indicios de violencia no supone una modificación del marco de atribución de competencias jurisdiccionales, por lo que esta previsión no vulnera los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley, como tampoco es preciso que se contenga en ley orgánica. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente suscrito por tres magistrados.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas A lo largo de 2022 se dictaron 28 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de leyes de las comunidades autónomas. Con la sola excepción de la STC 114/2022, de 26 de diciembre, de la Sala Segunda, todas ellas fueron dictadas por el Pleno: diecisie-59

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te en cuestiones de inconstitucionalidad y diez en recursos de inconstitucionalidad.

La STC 126/2022, de 11 de octubre, inadmitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación el Decreto-ley del Gobierno de Aragón 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. En otras ocho sentencias el Pleno consignó la extinción del proceso constitucional por desaparición sobrevenida de su objeto al haberse dictado la STC 116/2022, de 27 de septiembre (SSTC 127/2022 a 129/2022, de 11 de octubre, y 134/2022 a 138/2022, de 6 de octubre).

Las restantes 19 sentencias examinaron el fondo de las cuestiones suscita-das, declarando la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 47

preceptos legales autonómicos y estableciendo la interpretación conforme con la Constitución de otros cuatro. La STC 99/2022, de 13 de julio, anuló dos anexos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. Los efectos de la declaración de nulidad fueron modulados en seis sentencias (SSTC 21/2022, de 9 de febrero; 37/2022, de 10 de marzo; 114/2022, de 26 de septiembre; 116/2022, de 27 de septiembre; 133/2022, de 25 de octubre, y 150/2022, de 29 de noviembre). Cumple señalar que en la STC 117/2022, de 29 de septiembre, se extendió, por conexión, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad a dos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias, no controvertidos por el presidente del Gobierno en su recurso de inconstitucionalidad.

En cuatro de estas 28 sentencias dictadas en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley autonómicas, se formularon votos particulares.

El Pleno inadmitió por auto un recurso de inconstitucionalidad (ATC 155/2022, de 16 de noviembre) y ocho cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 22/2022 a 25/2022, de 26 de enero; 60/2022, de 24 de marzo; 68/2022, de 7 de abril; 97/2022, de 15 junio, y 154/2022, de 16

de noviembre) que tenían por objeto normas autonómicas con rango de ley. También por auto, el Pleno acogió el desistimiento del presidente del Gobierno en los recursos de inconstitucionalidad que había interpuesto en relación con sendos preceptos de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de mo-60

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dificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia (ATC 70/2022, de 27 de abril) y del Estatuto de personal al servicio del Parlamento de La Rioja (ATC 108/2022, de 30 de junio), y constató la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto de la Ley de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid (ATC 43/2022, de 24 de febrero).

Once de las veintisiete sentencias recaídas en procesos constitucionales y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas se dictaron en cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto preceptos legales aprobados por el Parlamento de Canarias. Todas ellas fueron dictadas por el Pleno del Tribunal

La STC 20/2022, de 9 de febrero, resolvió una cuestión interna de inconstitucionalidad que había suscitado por el Pleno del Tribunal en relación el precepto de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales que incorporaba una deducción fiscal en el impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de créditos de Canarias, de la que únicamente podían beneficiarse aquellas entidades que tuvieran su domicilio social en Canarias. Aplicando en lo pertinente la doctrina contenida en la STC 60/2015, de 18 de marzo, y en la STJUE

Novo Banco, de 25 de febrero de 2021, la sentencia declaró inconstitucional y nulo el precepto por ser contrario al principio de igualdad y, en particular, a la igualdad tributaria como exigencia de un sistema tributario justo.

La STC 116/2022, de 27 de septiembre, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada con respecto al precepto de la Ley 18/2019, de 2

de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias, que disponía que los funcionarios autonómicos de nuevo ingreso lo harían a un destino de adscripción temporal. La sentencia constató que esta previsión contravenía la norma básica estatal en la materia y, por consiguiente, declaró su inconstitucionalidad y nulidad. Como ya se ha indicado anteriormente, esta declaración de nulidad dio lugar al pronunciamiento de hasta ocho sentencias constatando la pérdida de objeto de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con el mismo precepto legal (SSTC 127/2022, a 129/2022, de 11 de octubre; y 134/2022 a 138/2022, de 26 de octubre).

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Por último, la STC 133/2022, de 25 de octubre, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el precepto de la Ley de regulación del sector eléctrico canario, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero, que, a efectos de la exacción del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, equipara-ba las autorizaciones autonómicas con las licencias municipales. La sentencia, a la que se formuló un voto particular, concluyó que esta equipa-ración vulneraba la ordenación constitucional de las potestades tributarias autonómicas y declaró la nulidad del precepto controvertido.

Se dictaron ocho sentencias en procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto leyes y normas con rango de ley emanadas de las instituciones de la Generalitat de Cataluña.

La STC 18/2022, de 8 de enero, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral, que atribuyen a los municipios facultades de autorización de usos en el dominio público marítimo terrestre. Aplicando en lo pertinente la doctrina contenida en las SSTC 149/1991, de 4 de julio, y 31/2010, de 28 de junio, la sentencia no apreció inconstitucionalidad alguna en una previsión legal que no altera el régimen constitucional y es-tatutario de competencia sobre costas. Por otro lado, la STC 36/2022, de 10 de marzo, estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, que atribuyen una función recaudadora a la Agencia Catalana de Protección Social.

En cinco sentencias se enjuiciaron distintas disposiciones legales autonómicas en materia de vivienda: La STC 28/2022, de 24 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de aquellos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, que introducían nuevos requisitos para que el ejercicio de acciones judiciales en materia de arrendamientos. Así, se exigía la acreditación de que se había formulado una oferta de alquiler social, se interrumpía los procedimientos iniciados sin que hubiera mediado la acreditación de esta oferta o se suspendía la efectividad de los lanzamientos practicados durante la vigencia del estado de alarma o restricciones de movilidad. Tratándose de previsiones eminentemente procesales, la sentencia constató que no podían considerarse especialidades necesarias derivadas a las particularida-62

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des del Derecho sustantivo de Cataluña, por lo que incurrían en extralimi-tación competencial determinante de su declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Las SSTC 37/2022, de 10 de marzo, y 57/2022, de 7 de abril, enjuiciaron distintos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. En particular, estas sentencias declararon la nulidad de las previsiones legales que establecían un régimen de contención y moderación de rentas en los arrendamientos de vivienda y anudaban consecuencias sancionadoras a su desatención, así como algunas de las medidas previstas para las áreas con mercado de vivienda tenso, o la tipificación como ilícito administrativo de la falta de constancia del importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior.

En aplicación de la doctrina sintetizada en estas sentencias, la STC 118/2022, de 29 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler, que reiteraba el régimen de contención de rentas anulado en la STC 37/2022. Por otra parte, la STC 150/2022, de 29 de noviembre, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados. En esta sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, se declaró la nulidad, por contravenir el régimen de competencias en materia de bases de las obligaciones contractuales, del precepto legal autonómico que preveía las consecuencias resultantes de la falta de acuerdo entre las partes para restablecer el equilibrio de las prestaciones roto por el impacto de las medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente al Covid-19.

Finalmente, la STC 117/2022, de 29 de septiembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. La sentencia declaró la nulidad de los preceptos relativos a la regulación de horarios comerciales y de aplicación de la regla del silencio negativo a las solicitudes de declaración de municipios turísticos por contravención de la normativa básica estatal en la materia. Idéntica conclusión se alcanzó con 63

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respecto a los plazos de prescripción de infracciones y sanciones de la ley autonómica, que distaban significativamente de los establecidos en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Por otra parte, la sentencia estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos que regulan el deber de disponibilidad lingüística en el ámbito comercial y los períodos de venta en rebajas.

Dos sentencias resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad que tenían por objeto preceptos de leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid. La STC 17/2022, de 8 de febrero, declaró la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, que contemplaban la integración automática en los grupos de titulación superior de aquellos funcionarios que poseyeran la titulación académica correspondiente. Esta previsión supone una dispensa del requisito de superación de las pruebas selectivas correspondientes que chocaba frontalmente con la normativa básica en materia de función pública. Por su parte, la STC 77/2022, de 15 de junio, descartó que el precepto de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores, sobre calificación de las conductas objeto de sanción administrativa en materia de consumo quebrantara el principio de taxatividad pues contenía los criterios para concretar esa calificación de los distintos ilícitos.

Otras dos sentencias recayeron en procesos de inconstitucionalidad donde se controvertían normas del Principado de Asturias. La STC 21/2022, de 9 de febrero, estimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con el artículo del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado que establecía una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para las ayudas económicas destinadas a paliar el impacto de la pandemia causada por la Covid-19. Reiterando doctrina constante en la materia, la sentencia concluyó que esta previsión legal rebasaba el límite de las competencias normativas autonómicas sobre un tributo cedido. Por su parte, en la STC 114/2022 de 26 de septiembre, la Sala Segunda resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada con respecto a un precepto de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de coordinación de policías locales que contenía una dispensa de titulación para la promoción interna que contravenía la normativa básica estatal en materia de función pública.

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La STC 16/2022, de 10 de marzo, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta senadores respecto de un apartado de la disposición final cuarta de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. La sentencia declaró inconstitucional y nulo, por quebrantar los límites materiales de las leyes de presupuestos, el precepto que suprimía el deber del Gobierno autonómico de informar trimestralmente a las Cortes de Castilla-La Mancha sobre las subvenciones de concesión directa otorgadas.

La STC 19/2022, de 10 de marzo, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el precepto de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, que preveía la modificación de los estatutos de las mancomunidades sin la intervención de los municipios que las inte-graran, una omisión de participación que contraría las garantías que, en aras de la preservación de la autonomía local, establece la Ley de bases de régimen local. La imposibilidad de compatibilizar ambas previsiones legales determina la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del precepto autonómico.

En la STC 76/2022, de 15 de junio, se resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la previsión de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, que atribuía efectos positivos al silencio en el otorgamiento de autorizaciones para actividades que requieran evaluación de impacto ambiental. La sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, anuló el precepto legal autonómico que contravenía la regla básica estatal que atribuía efectos negativos al silencio administrativo.

Por último, la STC 99/2022, de 13 de julio, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuso por el presidente del Gobierno en relación con las disposiciones de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, que permitían la caza de las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero. La sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de dichas disposiciones que contravenían la normativa básica estatal en la materia; en particular, el listado de especies silvestres objeto de especial protección, entre las que estaba comprendido el lobo.

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3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo de 2022, el Tribunal Constitucional dictó 116 sentencias en procesos de amparo: el Pleno dictó 36 de ellas, resolviendo 38 asunto, la Sala Primera 35 para 37 asuntos y la Sala Segunda 45. El Pleno resolvió tres recursos de amparo previamente acumulados en la STC 87/2022, de 28 de junio, y la Sala Primera otros tres en la STC 30/2022, de 7 de marzo. A 36 de estas sentencias se formuló algún voto particular: 14 del Pleno, nueve de la Sala Primera y tres de la Sala Segunda.

Por lo que hace a su parte dispositiva, en 88 de estas sentencias se estimó total o parcialmente el correspondiente recurso de amparo, en 22 se desestimó y en seis se inadmitió. Interesa, no obstante, precisar, que en dos de estas sentencias la inadmisión del correspondiente recurso de amparo fue parcial y estuvo acompañada de la denegación del amparo solicitado: SSTC 58/2022, de 7 de abril, y 149/2022, de 19 de noviembre.

En el trámite de admisión debemos consignar que el Pleno inadmitió por auto un recurso de amparo (ATC 153/2022, de 16 de noviembre) y admitió otros cuatro (AATC 150/2022 a 152/2022, de 16 de noviembre, y 177/2022, de 19 de diciembre). Las secciones Tercera y Cuarta inadmitieron un recurso cada uno de ella (AATC 176/2022, de 12 de diciembre, y 111/2022, de 13 de julio, respectivamente). Todos estos autos cuentan con uno o varios votos particulares discrepantes.

También por auto se resolvieron los 16 recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de otros tantos recursos de amparo. Diez de estos recursos fueron desestimados (AATC 15/2022, de 24 de enero; 38/2022, de 10 de febrero; 54/2022, de 11 de marzo; 63/2022 y 64/2022, de 4 de abril; 101/2022, de 22 de junio; 107/2022, de 29 de junio; 124/2022, de 27 de septiembre; 128/2022, de 10 de octubre, y 146/2022, de 14 de noviembre); cinco fueron estimados, dándose la circunstancia de que en cuatro de ellos la estimación de la súplica vino acompañada de la retroacción para volver a examinar la concurrencia de los requisitos de admisión del amparo (AATC 13/2022, de 24 de enero; 37/2022, de 10 de febrero; 88/2022, de 6 de junio, y 157/2022, de 21 de noviembre) y en el ATC 141/2022, de 8 de noviembre, la estimación del recurso de súplica se completó con la inadmisión del 66

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recurso de amparo por un motivo distinto del expresado en la primera providencia. En el ATC 32/2022, de 2 de febrero, se aceptó el desistimiento del Ministerio Fiscal en el recurso de súplica.

El Tribunal dictó 58 autos dando respuesta a la solicitud de medidas cautelares en procesos de amparo. En uno de ellos la petición de suspensión no tenía por objeto el acto del poder público frente al que específicamente se solicitaba el amparo sino la norma con rango de ley en cuyo trámite de convalidación se habría producido la eventual lesión del derecho fundamental al ejercicio de los cargos públicos representativos. Se trata del ATC 131/2022, de 11 de octubre, dictado en el recurso de amparo promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, donde el Pleno del Tribunal rechazó la petición de suspensión del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El Pleno dictó otros seis recursos en los que se pronunció sobre sendas solicitudes de suspensión de las resoluciones impugnadas en amparo. Denegó la suspensión en tres de ellos (AATC 27/2022, de 27 de enero; 100/2022, de 16 de junio —denegación confirmada en el ATC 173/2022, de 1 de diciembre—, y 139/2022, de 26 de octubre) y la otorgó en el ATC 177/2022, de 19 de diciembre, —reiterada en el ATC 178/2022, de 21 de diciembre—, que admitió a trámite un recurso de amparo parlamentario y accedió a la medida cautelar de suspensión de la tramitación parlamentaria de dos enmiendas.

Las salas dictaron 51 autos en incidentes de suspensión: 14 la Sala Primera y 37 la Sala Segunda. Como ya se ha indicado anteriormente, en 34 de estos autos se denegó la petición de suspensión, si bien en siete de ellos la denegación se acompañó de la orden de anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad (AATC 10/2022 y 11/2022, de 24 de enero; 48/2022, de 7 de marzo; 109/2022, de 11 de julio; 135/2022, de 24

de octubre, y 170/2022 y 171/2022, de 28 de noviembre). En 11 se otorgó la medida cautelar solicitada, por lo común la suspensión de las resoluciones de los poderes públicos impugnadas, aunque en el caso del ATC 58/2022, de 21 de marzo, la petición se limitaba a la anotación preventiva de la demanda. En seis autos se acordó el archivo del incidente, por desaparición sobrevenida de su objeto. La Sección Primera dictó un auto (ATC 98/2022, de 16 de junio) otorgando la suspensión en recurso de amparo.

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En cuanto a las abstenciones y recusaciones en procesos de amparo, el Pleno aceptó varias abstenciones en un recurso de amparo en el ATC 53/2022, de 11 de marzo, e inadmitió siete recusaciones en los AATC 72/2022, 73/2022 y 75/2022, de 27 de abril; 82/2022, de 11 de mayo; 149/2022, de 15 de noviembre; 156/2022, de 16 de noviembre, y 177/2022, de 19 de noviembre. La Sala Segunda aceptó por auto una abstención en proceso de amparo (ATC 34/2022, de 7 de febrero). El resto de los 39 autos aceptando abstenciones se dictaron en fase de admisión por las secciones (la Sección Segunda dictó un auto, 26 la Sección Tercera y 12 la Sección Cuarta).

En el ATC 18/2022, de 26 de enero, el Pleno dispuso la acumulación de tres recursos de amparo. La Sala Primera dictó otro auto de acumulación: ATC 144/2022, de 14 de noviembre.

La Sala Primera acordó, en el ATC 103/2022, de 27 de junio, la aclaración del auto 103/2021, de 13 de diciembre, dictado en proceso de amparo, y la Sala Segunda, en el ATC 78/2022, de 9 de mayo, denegó la solicitud de aclaración de la sentencia 31/2022, de 7 de marzo. Siempre por auto, la Sala Primera rectificó los errores padecidos en cuatro sentencias resolutorias de otros tantos recursos de amparo (AATC 102/2022, de 27 de junio; 115/2022, de 12 de septiembre; 134/2022, de 24 de octubre, y 145/2022, de 14 de noviembre). La Sala Primera dictó un auto estimatorio del incidente de ejecución de la STC 164/2020, de 16 de noviembre (ATC 113/2022, de 12 de septiembre). La Sala Segunda dictó otros cinco autos denegando los correspondientes incidentes (AATC 7/2022, 8/2022 y 12/2022, de 24 de enero; 114/2022, de 12 de septiembre, y 167/2022, de 28 de noviembre).

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE) A lo largo de 2022 se dictaron diez sentencias en procesos de amparo en los que se denunciaba la vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación.

Cinco de estas sentencias dieron respuesta a otras tantas denuncias de discriminación prohibida por el artículo 14 de la Constitución. Reiterando en lo pertinente la doctrina sentada en la STC 172/2021, de 7 de octubre, en tres sentencias la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad, a quienes ha-68

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bían sido objeto de una diferencia de trato peyorativa como consecuencia de una interpretación judicial que excluía del acceso a la prestación por incapacidad permanente, a los supuestos de jubilación anticipada por discapacidad (SSTC 5/2022, de 24 de enero; 52/2022, de 4 de abril, y 111/2022, de 26 de septiembre; todas estas sentencias cuentan con un voto particular discrepante). Por el contrario, en las SSTC 67/2022, de 2 de junio, y 82/2022, de 27 de junio, dictadas por el Pleno y la Sala Segunda, respectivamente, se denegó el amparo a quienes aducían haber padecido algún tipo de discriminación. En la primera de estas sentencias no se apreció que quien denunciaba haber sido objeto de despido por su condición de trans-género hubiera padecido ninguna discriminación por su identidad de género, pues la resolución de la relación laboral nada tuvo que ver, como quedó suficientemente probado, con las manifestaciones de esa identidad de género. La STC 82/2022 no apreció que los plazos legalmente establecidos para la acción de filiación y su cómputo constituyeran supuesto de discriminación.

Otras cinco sentencias integraron una serie en la que se reiteró la doctrina sentada en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, que declaró la nulidad de una orden de la Generalidad Valenciana que excluía del disfrute de becas de estudios a los alumnos matriculados en universidades privadas. De este modo, las SSTC 1/2022 y 4/2022, de 24 de enero; 27/2022, de 24 de febrero; 78/2022, de 27 de junio; y 101/2022, de 12 de septiembre, anularon diferentes disposiciones administrativas en las que se plasmaba esa misma exclusión, que el Tribunal calificó como vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes. Todas estas sentencias cuentan con votos particulares discrepantes.

Tres sentencias otorgaron el amparo al apreciar la vulneración del derecho a la igualdad en el ámbito tributario. En la STC 40/2022, de 21 de marzo, la Sala Segunda aplicó la doctrina sentada en la STC 77/2015, de 27 de abril, y otorgó el amparo por vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, a quien había visto denegada su solicitud de bonificación fiscal porque la Comunidad de Madrid establecía una diferencia de trato injustificada para las uniones de hecho inscritas en registros públicos diferentes al autonómico, al no reconocerles efectos jurídicos. El Pleno, en la STC 55/2022, de 5

de abril, concedió el amparo por vulneración del derecho a la igualdad ante la ley a una empresa a la que se le denegó el disfrute de una deducción fiscal con fundamento en un precepto legal que limitaba este beneficio exclusivamente a las entidades con domicilio social en la Comunidad Autónoma de 69

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Canarias, que había sido declarado inconstitucional y nulo en la STC 20/2022, de 9 de febrero. En los mismos términos se pronunció la Sala Primera en la STC 60/2022, de 9 de mayo.

El Pleno, en las SSTC 58/2022, de 7 de abril, y 64/2022, de 10 de mayo, desestimó sendos recursos en los que se denunciaba una supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En el proceso que finalizara con la primera de estas sentencias se impugnaba la admisión a trámite de una querella por un delito de desobediencia cometido por autoridad, admisión que, según concluyó la sentencia, no se apartó de los criterios uniformemente aplicados para supuestos sustancialmente idénticos. En la segunda se rechazaron los argumentos de quien pretendía equiparar su condición de recurrente en amparo a la del condenado indultado. Fue también el Pleno quien, en la STC 149/2022, de 29 de noviembre, no apreció vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en el suplicatorio dirigido por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de la causa especial, entre otros por los posibles delitos de rebelión y sedición, al Parlamento Europeo en relación con dos diputados españoles, antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

De nuevo el Pleno del Tribunal consideró conforme a Derecho la inadmisión de una solicitud de nulidad de actuaciones que se pretendía fundamentar en lo resuelto en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se consideró extemporánea porque se planteó transcurridos más de veinte días desde que se publicara esa sentencia el «Diario Oficial de la Unión Europea» (STC 151/2022, de 30 de noviembre). Esta última sentencia cuenta con un voto particular discrepante.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

En siete de las sentencias dictadas en procesos de amparo se dio respuesta a distintas denuncias de infracción del derecho a la integridad física y moral del art. 15 CE. En cuatro de ellas, la Sala Segunda aplicó la doctrina constante, sintetizada en la STC 34/2008, de 25 de febrero, acerca del deber de diligencia reforzada en la investigación judicial eficaz de las denuncias de torturas o malos tratos que se dicen padecidas bajo custodia policial. En la STC 12/2022, de 7 de febrero, se otorgó el amparo a quien denunció haber sufrido agresiones mientras se encontraba internado en un módulo de aislamiento de un centro penitenciario y que, inmediata-70

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mente después de los hechos denunciados, fue objeto de una medida de aislamiento provisional con sujeción mediante correas. La sentencia hizo hincapié en la necesidad de aplicar especial rigor en la investigación de estas denuncias en casos de especial vulnerabilidad, como lo son las de-tenciones incomunicadas. En la STC 13/2022, de 7 de febrero, se otorgó el amparo a quien sufrió un registro corporal con desnudo integral durante su detención policial. La STC 34/2022, de 7 de febrero, concedió el amparo a quien denunció haber sufrido agresiones durante su detención policial tras la celebración de una manifestación, y en la STC 122/2022, de 10 de octubre, se otorgó el amparo a quien denunció posibles torturas o malos tratos bajo custodia policial, e insistió reiteradamente en la necesidad de ser examinado por el médico forense para acreditar tales hechos, sin que ese reconocimiento médico tuviera lugar.

Por el contrario, en las SSTC 63/2022, de 10 de mayo, y 68/2022 y 69/2022, de 2 de junio, el Pleno no llegó a pronunciarse sobre la denunciada vulneración del derecho la integridad física y moral, así como a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes, pues esta vulneración ya había sido reparada en la STEDH Portu Juanena y Sarasola Yarzábal c. España, de 13 de febrero de 2018.

D) Libertad ideológica (art. 16 CE)

Cinco sentencias resolvieron otros tantos procesos de amparo en los que se denunciaba la vulneración del derecho a la libertad ideológica. En dos de ellas se rechazó que la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial, que condenó por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, hubiera desconocido la libertad ideológica de los acusados (SSTC 45/2022, de 23 de marzo, y 47/2022, de 24

de marzo). La STC 58/2022, de 7 de abril, tampoco apreció la concurrencia de este vicio de inconstitucionalidad en las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las que este órgano se declaró competente para conocer de una causa por delito de desobediencia cometido por quien fuera vicepresidente del Parlamento de Cataluña y admitió a trámite una querella con esa denuncia. En la ya mencionada STC 149/2022, de 29 de noviembre, quedó imprejuzgada la alegación de vulneración del derecho fundamental que nos ocupa formulada, por quienes fueran presidente y consejero del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, mientras se hallaba pendiente un proceso ante el Tri-71

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bunal General de la Unión Europea en el que se sustanciaba una queja sustancialmente idéntica.

E) Libertad personal (art. 17 CE)

Cuatro sentencias dictadas en procesos de amparo a lo largo de 2022 enjuiciaron alegaciones relativas al derecho a la libertad personal en el marco específico de denegaciones de solicitudes de habeas corpus. Tres de ellas otorgaron el amparo (SSTC 22/2022, de 21 de febrero; 49/2022, de 4 de abril, y 103/2022, de 12 de septiembre) y la cuarta lo denegó (STC 88/2022, de 28 de junio).

En la STC 22/2022 la Sala Segunda concedió el amparo a dos personas que habían visto inadmitida su solicitud de habeas corpus tanto por razones atinentes al fondo como porque el órgano judicial había negado legitimación activa a la abogada que actuaba en nombre de aquellos. La sentencia hizo hincapié en la necesidad de desplegar la mayor diligencia posible en la averiguación del cumplimiento de los requisitos formales en garantía del derecho a la libertad personal. Las SSTC 49/2022, a la que se le formuló un voto particular discrepante, de la Sala Segunda, y 103/2022, de la Sala Primera, reiteraron la doctrina constante, sintetizada por el Pleno en la STC 73/2021, de 18 de marzo, y otorgaron el amparo a quienes habían visto inadmitida a limine su solicitud de habeas corpus por razones de fondo y sin brindarles la oportunidad de exponer los motivos en los que fundaban sus pretensiones. En la STC 103/2022 se estimó vulnerado el derecho a la libertad personal del recurrente también en su faceta de derecho a la asistencia letrada, al no haber sido asistido por abogado mientras permaneció en detención policial.

En la STC 88/2022, el Pleno desestimó el recurso de amparo promovido por el ex vicepresidente de la Generalitat y su esposa, a quienes se había inadmitido una solicitud de habeas corpus en la que se pretendía controvertir una privación de libertad acordada por sentencia firme, objeto que se sitúa extramuros del alcance del habeas corpus. En esta misma sentencia se rechazo la petición de planteamiento de una cuestión prejudicial sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria del actor, pues dicha pretensión se formulaba en unos términos que ignoraban la naturaleza prejudicial del reenvío al interesarse únicamente tras el pronunciamiento de la sentencia resolutoria del amparo.

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La Sala Segunda, en la STC 81/2022, de 27 de junio, concedió el amparo a una ciudadana española a la que se le denegó en reiteradas ocasiones la revisión de una condena que le fuera impuesta en Turquía, y que, en virtud del Convenio europeo sobre el traslado de personas condenadas, se hallaba cumpliendo en España. El órgano judicial actuante entendió que la pena efectivamente impuesta, al no superar el doble de la prevista para ese delito en el Código penal español, satisfacía las exigencias del principio de proporcionalidad. Sin embargo, la STC 81/2022 hizo hincapié en que esta forma de argumentar no es acorde con los principios y exigencias dima-nantes de la carga de motivación reforzada que es preciso levantar cuando de una limitación al derecho fundamental a la libertad personal se trata.

En la STC 143/2022, de 14 de noviembre, la Sala Primera otorgó el amparo en relación con las resoluciones judiciales que no computaron, a los efectos de la fijación de la extensión máxima de la prisión provisional, el período de privación de libertad que el solicitante de amparo había pasado en territorio colombiano en cumplimiento de una resolución judicial española.

En tres sentencias del Pleno se desestimaron otros tantos recursos de amparo en los que se reprochaba la vulneración del derecho a la libertad personal a la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición (SSTC 45/2022, de 23 de marzo, y 46/2022), y a las resoluciones de se mismo órgano judicial en las que se rechazó la petición de suspender el proceso y las penas privativas de libertad impuestas hasta tanto se resolviera una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC 87/2022, de 28 de junio, en la que se rechazó elevar una nueva cuestión prejudicial). Todas estas sentencias cuentan con varios votos particulares discrepantes.

F)

Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

En dos sentencias del Pleno se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la protección de datos personales en su vertiente de derecho al olvido (SSTC 89/2022, de 29 de junio, y 105/2022, de 13 de septiembre). En ambas sentencias, a las que se formularon sendos votos particulares, se concluyó que la supresión de unos enlaces que se obtenían al insertar el nombre y apellidos del recurrente en el motor de búsqueda de la entidad 73

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y que redirigían a blogs con opiniones críticas sobre su actividad profesional, era una medida adecuada para reparar el derecho fundamental vulnerado al no existir un interés público prevalente en la indexación de dichas opiniones críticas.

Otras dos sentencias denegaron el amparo al no apreciar la vulneración de este derecho fundamental como consecuencia de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de una resolución sancionadora en el ámbito del mercado de valores (STC 21/2022, de 21 de febrero, de la Sala Segunda), o de la resolución de un juzgado de instrucción que ordenó el ingreso de una mujer en avanzado estado de gestación a fin de preservar su vida y la del nasciturus, que corrían peligro según alertaban los informe médicos obrantes en el expediente (STC 66/2022, de 2 de junio, del Pleno). A esta última sentencia se formularon cinco votos particulares.

Al margen de las anteriores, en la STC 31/2022, de 7 de marzo, la Sala Segunda desestimó el recurso de amparo promovido por una asociación que había sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos por la comisión de una infracción en esta materia. Concretamente, la sanción traía causa de la realización de una encuesta para que se trataron, sin consentimiento expreso y por escrito de sus titulares, datos atinentes a la ideología de los entrevistados.

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE) En la STC 8/2022, de 27 de enero, el Pleno denegó el amparo a quien alegaba su derecho a la libertad de expresión para salvaguardar un relato, difundido a través de las redes sociales, en el que se acusaba a un tercero de una inexistente agresión física y verbal. La sentencia concluyó que no puede ampararse en el derecho fundamental invocado una conducta realizada con desprecio hacia la falsedad de los hechos narrados.

H) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

Un total de 22 sentencias se dictaron en procesos de amparo en los que se alegaba la vulneración de los derechos de participación política proclamados en el artículo 23 de la Constitución. En estas 22 sentencias se resolvie-74

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ron 24 asuntos, pues la STC 87/2022, de 28 de junio, se pronunció sobre tres recursos de amparo previamente acumulados.

Nueve sentencias concedieron el amparo del mencionado derecho en relación con decisiones de la mesa del Parlamento de Cataluña sobre delegación de voto. El Pleno, en la STC 65/2022, de 31 de mayo, otorgó el amparo a los miembros de esta asamblea legislativa autonómica que controvertían los acuerdos de la mesa admitiendo la delegación de voto de quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña en octubre de 2017

y de otro diputado. La sentencia, a la que se formuló un voto particular concurrente suscrito por dos magistrados, concluyó que los términos de la delegación eran contrarios a los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas al dejarse en manos del delegado la determinación del sentido último del voto. La doctrina de esta sentencia fue reiterada en las SSTC 75/2022, de 15 de junio, del Pleno; 85/2022, de 27 de junio, y 92/2022 y 93/2022, de 11 de julio, de la Sala Segunda. En las STC 94/2022 a 97/2022, de 12 de julio, el Pleno, anuló las resoluciones de la mesa del Parlamento de Cataluña que, por una parte, contemplaban la posibilidad de delegación de voto de diputados que, en virtud de resolución judicial, se hallaban suspensos en el ejercicio de sus funciones y, por otra, los computaban como miembros de pleno derecho del Parlamento al establecer los mecanismos para dirimir los empates. Estos acuerdos modificaban subrepticiamente el reglamento de la Cámara y lo hacían ignorando el carácter imperativo de la medida de suspensión de cargos y funciones legalmente prevista y judicialmente acordada.

En tres sentencias (SSTC 15/2022, de 8 de febrero; 24/2022, de 23 de febrero, y 115/2022, de 27 de septiembre) el Pleno estimó total o parcialmente los recursos de amparo promovidos en relación con las admisiones a trámite, por la mesa del Parlamento de Cataluña, de iniciativas que re-producían en lo sustancial el contenido de otras declaradas en su día inconstitucionales. Con esta forma de actuar, la mesa de la Cámara contravenía lo acordado en la STC 259/2012, de 2 de diciembre, y en el ATC 16/2020, de 11 de febrero. Las tres sentencias reseñadas cuentan con algún voto particular.

Por otra parte, en la STC 58/2022, de 7 de abril, el Pleno denegó el amparo a un ex vicepresidente del Parlamento de Cataluña que controvertía la admisión a trámite de una querella en la que se reprochaba la comisión 75

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de un delito de desobediencia al haber promovido iniciativas parlamentarias contrarias a resoluciones del propio Tribunal Constitucional. En particular, la sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, descartó que la admisión de una querella como la cuestionada hubiera desconocido el privilegio de inmunidad parlamentaria del afectado.

Las sentencias del Pleno 45/2022, de 23 de marzo, y 46/2022 y 47/2022, de 24 de marzo, desestimaron sendos recursos de amparo en los que se achacaba de los delitos a la participación política a la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial que condenó a los acusados por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. También relacionada con la misma causa especial, si bien referida a su sustanciación y a la posterior ejecución de las penas impuestas y su compatibilidad con la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad, se dictó la STC 87/2022, de 28 de junio; esta sentencia, que cuenta con dos votos particulares, reiteró en lo pertinente la doctrina de la STC 45/2022

y rechazó que la adquisición sobrevenida de la inmunidad cuando ya se había abierto el trámite del juicio fuera motivo de suspensión de la causa penal hasta tanto el Parlamento Europeo cumplimentara el suplicatorio.

En la STC 25/2022, de 23 de febrero, también del Pleno del Tribunal, y a la que se formularon dos votos particulares, desestimó el recurso de amparo promovido por el anterior presidente de la Generalitat de Cataluña, condenado por un delito de desobediencia. Esta condena conllevaba la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y su-ponía, por tanto, su cese en la presidencia del gobierno autonómico, sin que la sentencia apreciara vulneración del derecho fundamental al ejercicio de las funciones públicas, toda vez que la condena se hallaba fundada en Derecho y se había impuesto con respeto a las garantías del proceso penal. La denegación de suspensión de esta condena fue objeto de un nuevo recurso de amparo resuelto, en sentido desestimatorio, por la STC 64/2022, de 10 de mayo, del Pleno. A esta última sentencia se formuló un voto particular.

En la STC 35/2022, de 9 de marzo, el Pleno otorgó el amparo a quienes denunciaron un tratamiento desigual en la integración de la mesa de la Asamblea de Madrid. La sentencia concluyó que esa integración se había llevado a efecto en términos estrictamente mayoritarios y sin consideración del principio de proporcionalidad. Parcialmente estimatoria fue la STC 38/2022, de 11 de marzo, donde el Pleno, con dos votos particulares, 76

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amparó a la única diputada de Vox en el Parlamento Vasco que había debido conformar el grupo mixto y había visto reducidas las facultades de sus funciones representativas. Íntegramente estimatoria del recurso de amparo fue la STC 56/2022, de 5 de abril. En esta sentencia del Pleno, a la que formularon dos votos particulares, amparó al grupo parlamentario Socialistes i Units del Parlamento de Cataluña, cuyo derecho al ejercicio de las funciones públicas se había visto quebrantado al establecer la mesa de la Cámara un procedimiento para la elección de senador por designación autonómica que permitía vetar su propuesta.

En relación con el derecho de igualdad en el acceso a las funciones públicas, la Sala Segunda dictó la STC 100/2022, de 12 de septiembre. En esta sentencia se anuló la convocatoria de un proceso selectivo para el acceso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas que no permitía valorar méritos docentes y de investigación esenciales para el desempeño de las actividades propias del cuerpo.

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción y los recursos legales El Tribunal dictó 15 sentencias en procesos de amparo en los que se había denunciado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en sus vertientes de acceso a la jurisdicción y acceso al recurso.

En tres de los procesos que dieron lugar a esas sentencias, los demandantes denunciaban haberse visto privados de su derecho de acceso a la jurisdicción civil. La STC 82/2022, de 27 de junio, de la Sala Segunda, no apreció vicio de inconstitucionalidad en la inadmisión de una demanda de filiación por caducidad de la acción. A su vez, la STC 86/2022, de 27 de junio, de la Sala Primera, otorgó el amparo respecto de las resoluciones judiciales que se fundaban en una interpretación de la legalidad de la que resulta una limitación de los supuestos de accidentes que ocasionen secue-las permanentes que, al impedir el desempeño de la profesión habitual dan lugar al derecho a la asistencia jurídica, exclusivamente a aquellos que puedan ser considerados accidentes de tráfico. En un proceso con origen igualmente en la jurisdicción civil, la STC 130/2022, de 24 de octubre, de la Sala Primera, otorgo el amparo a quien no había podido im-77

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pugnar un decreto de la Fiscalía sobre determinación de la edad al confundir el órgano judicial el escrito iniciador del procedimiento con el escrito de demanda.

En la concreta vertiente de acceso a la justicia penal, la Sala Primera otorgó el amparo en sus SSTC 53/2022, de 4 de abril, y 124/2022, de 10 de octubre; en la primera de ellas apreció que no se habían investigado suficientemente las denuncias de lesiones consecuencia de un atropello habi-do en el curso de un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden y en la segunda las lesiones las habría padecido una periodista que estaba cubriendo una protesta cuando se vio envuelta en otro enfrentamiento. Distinto fue el caso de la STC 30/2022, de 7 de marzo, donde la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su doble vertiente de acceso a la jurisdicción y al recurso, a quienes habían visto cómo se les denegaba la personación y la consiguiente posibilidad de controvertir medidas adoptadas en unas diligencias previas que podía afectar a sus derechos a la intimidad, inviolabilidad domiciliaria, secreto de las comunicaciones y profesional.

En las SSTC 63/2022, de 10 de mayo, y 68/2022 y 69/2022, de 2 de junio, se denegó el amparo a quienes habían visto denegada su pretensión de interposición de un recurso de extraordinario de revisión penal frente a sentencia condenatoria firme con fundamento en la STEDH Portu Juanena y Sarasola Yarzábal c. España, de 13 de febrero de 2018. Esta sentencia había declarado la vulneración del derecho a no padecer torturas o tratos inhumanos y degradantes de quien fuera uno de los demandantes de amparo en el proceso que dio lugar a la STC 63/2022. En las tres sentencias el Pleno del Tribunal puso de relieve que las resoluciones judiciales controvertidas no eran fruto de un formalismo enervante sino de la cons-tatación de la inexistencia de un vínculo mínimo entre el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las sentencias condenatorias firmes, de modo que lógico que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no apreciara la existencia de una razón de justicia material que justificase la rescisión de la cosa juzgada.

En el ámbito laboral y aplicando la doctrina de la STC 140/2021, de 12

de julio, la STC 72/2022, de 13 de junio, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a una trabajadora que no había podido controvertir en su proceso por despido las causas justificativas del despido colectivo en 78

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su día convenidas entre la empresa y la representación sindical de los empleados.

Cumple señalar que en la STC 102/2022, de 12 de septiembre, la Sala Segunda se otorgó el amparo a quien, ostentando la condición de víctima de unos posibles delitos contra su libertad sexual, solicitó y se le negó el acceso a las actuaciones del proceso penal abierto con ocasión de la denuncia formulada por su representante legal. Si bien la demandante de amparo había invocado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, en la parte dispositiva de la sentencia se omitió toda referencia a dicha vertiente.

En tres sentencias se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al recurso legal. Se trata de las SSTC 41/2022, de 21 de marzo, donde la Sala Primera estimó el recurso promovido por un ciudadano chino que no había podido recurrir en casación la sentencia penal que le condenara pues no se le proporcionó su traducción; 43/2022, de 21 de marzo, de la Sala Primera, que, aplicando la doctrina sintetizada en la STC 90/2015, de 11 de mayo, otorgó el amparo a quién vino rechaza su petición de asistencia jurídica gratuita para formular el recurso de apelación porque no la había solicitado en la primera instancia, y 146/2022, de 28 de noviembre, de la Sala Segunda, que amparó a quien había visto cómo se declaraba desierto su recurso de apelación en proceso de divorcio contencioso porque el órgano judicial no había cumplido con su deber de recabar de oficio, con suspensión de las actuaciones, la designación de oficio de procurador que representara a la parte apelante. Por el contrario, en la ya mencionada STC 151/2022, de 30 de noviembre, el Pleno desestimó el recurso de amparo promovido por quien había visto inadmitida su solicitud de nulidad de actuaciones al plantearla transcurridos más de veinte días de que se publicara en el

«Diario Oficial de la Unión Europea» la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que fundaba su pretensión. A esta sentencia se formularon dos votos particulares.

b) Interdicción de la indefensión

Las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, y 47/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, establecieron una doctrina acerca de la inadecuación de la dirección electrónica habilitada como cau-79

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ce de comunicación del primer emplazamiento de la parte demandada, que fue reiterada en cuatro sentencias dictadas en 2022. Se trata de las SSTC 14/2022, de 7 de febrero; 109/2022, de 26 de septiembre, y 120/2022 y 121/2022, de 10 de octubre. Todas ellas de la Sala Segunda, a excepción de la STC 109/2022, que fue dictada por la Sala Primera.

En nueve sentencias se otorgó el amparo a quienes habían padecido indefensión porque el órgano judicial había procedido a emplazarles por edictos a un proceso en el que ostentaban la condición de demandados, sin agotar previamente las posibilidades de notificación personal (SSTC 51/2022 y 54/2022, de 4 de abril; 62/2022, de 9 de mayo; 73/2022, de 13 de junio; 107/2022 y 112/2022, de 26 de septiembre; 131/2022, de 24 de octubre, y 139/2022 y 140/2022, de 14 de noviembre). Por lo común, estas sentencias aplicaron en lo pertinente la doctrina sintetizada en la STC 122/2013, de 20 de mayo.

En la STC 7/2022, de 24 de enero, la Sala Segunda otorgó el amparo a una mercantil que, como ya sucediera en el caso resuelto por la STC 179/2021, de 25 de octubre, había sido notificada en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales a través de la persona del procurador que la representaba en un litigio distinto. La sentencia concluyó, como ya hiciera la STC 179/2021, que esta forma de comunicarse con la ejecutada le causó indefensión material. También la Sala Segunda otorgó el amparo, a esa misma mercantil, e igualmente por indefensión, respecto del emplazamiento para un litigio civil de reclamación de cantidad que se había practicado en la sede social de otra empresa integrante del mismo grupo, pero no dependiente de la efectivamente demandada (STC 91/2022, de 11 de julio).

La STC 48/2022, de 4 de abril, de la Sala Segunda, otorgó en amparo tanto en relación con la indefensión padecida por quien no había sido emplazada a un proceso de liquidación de sociedad de ganancial, como respecto de la falta de reparación de la lesión padecida al inadmitir el órgano judicial, fundándose en un rigorismo enervante, el incidente de nulidad de actuaciones. Por su parte, la STC 110/2022, de 26 de septiembre, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a quien no fue emplazado a un proceso de ejecución de títulos judiciales y que fuera incorrectamente considerado en rebeldía en un proceso monitorio previo al que tampoco se le emplazó.

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c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales En relación con el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho y motivada, el Tribunal dictó 24 sentencias. De estas, 14 otorgaron el amparo y las diez restantes desestimaron los correspondientes recursos.

Siete de estas sentencias reiteraron la doctrina contenida en la STC 31/2019, de 28 de febrero, donde, reiterando los criterios sentados en la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, SA, c. Jesús Gutiérrez García, se hizo hincapié en la obligación que pesa sobre los órganos judiciales de realizar un control efectivo de las cláusulas contractuales siempre que una de las partes del proceso denuncie su carácter abusivo.

La Sala Primera dictó dos de esas sentencias (SSTC 44/2022, de 21 de marzo, y 141/2022, de 14 de noviembre, ambas con un voto particular) y la Sala Segunda las cinco restantes (SSTC 6/2022, de 24 de enero; 9/2022, de 7 de febrero; 61/2022, de 9 de mayo; 80/2022, de 27 de junio; 123/2022, de 18 de noviembre).

Reiterando la doctrina de las SSTC 46/2020, de 15 de junio y 17/2021, de 15 de febrero, las SSTC 50/2022, de 4 de abril, de la Sala Segunda, y 79/2022, de 27 de junio, de la Sala Primera, otorgaron el amparo respecto de dos sentencias de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que habían anulado sendos laudos arbitrales a partir de una interpretación irrazonablemente extensa del concepto de «orden público». Se formuló un voto particular a la STC 50/2022.

En otras dos sentencias se otorgó el amparo respecto de resoluciones judiciales que habían incurrido en el defecto de incongruencia omisiva. En la STC 59/2022, de 9 de mayo, la Sala Segunda anuló una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que había desestimado una solicitud de cancelación de antecedentes en el registro central de delincuentes sexuales sin dar respuesta a los argumentos específicamente empleados por el actor. En la STC 104/2022, de 12 de septiembre, la Sala Primera hizo lo propio en relación con una sentencia penal que no había examinado las circunstancias alegadas por el condenado en defensa de su petición de reducción de la cuota mensual que venía obligado a abonar en concepto de responsabilidad civil derivada del delito.

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Por lo que específicamente se refiere al deber de motivación reforzada cuando están afectados los derechos fundamentales, se dictaron otras tres sentencias estimatorias de los correspondientes recursos de amparo. La STC 32/2022, de 7 de marzo, de la Sala Segunda, otorgó el amparo al constatar que la resolución judicial que había revocado la suspensión de ejecución de pena privativa de libertad previamente acordada no había satisfecho el mencionado deber de motivación reforzada y audiencia del afectado. En la STC 33/2022, de 27 de marzo, la Sala Segunda anuló las resoluciones judiciales que habían rechazado una pretensión de prescripción de pena aplicando una causa de interrupción del cómputo no prevista legalmente. Por otro lado, en la STC 132/2022, de 24 de octubre, la Sala Primera otorgó el amparo en relación con las resoluciones dictadas en ejecutoria penal que no ponderaron adecuadamente las circunstancias concurrentes para resolver una solicitud de suspensión de una pena privativa de libertad.

Al apreciar la existencia de un error judicial patente, la Sala Primera, en la STC 108/2022, de 26 de septiembre, otorgó el amparo a quien había visto desestimada su solicitud de rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y devolución de los indebidamente cobrado con argumentos solo aplicables a la liquidación administrativa del tributo. El órgano judicial sentenciador había incurrido en esta ocasión en dos errores: En primer lugar, al confundir la petición de rectificación de un acto de un particular con la impugnación de una resolución administrativa. En segundo lugar, al llevar a cabo una lectura de la STC 59/2017, de 11 de mayo, que le llevó a introducir límites en sus efectos que el Tribunal no había establecido.

En la STC 113/2022, de 26 de septiembre, la Sala Primera otorgó el amparo a quien viera desestimada su pretensión de indemnización por el tiempo que, en el curso de la tramitación de una causa penal en la que resultó finalmente absuelto, cumpliera en prisión provisional en el Reino Unido. La sentencia hizo hincapié en que, si bien la privación de libertad había tenido lugar fuera del territorio nacional, su control correspondía al órgano judicial español que instruía la causa y que había acordado la adopción de la medida cautelar de carácter personal.

Por lo que se refiere a las sentencias que no acogieron como motivo del recurso de amparo los eventuales defectos de motivación de las resoluciones judiciales cabe mencionar nuevamente la STC 23/2022, de 21 de fe-82

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brero, dictada por la Sala Segunda, que denegó el amparo a quien fuera sancionado por la comisión de una infracción en materia de mercado de valores sin que las resoluciones judiciales que confirmaron la sanción pa-decieran deficiencias materiales de motivación. A idéntica conclusión llegó la misma sala en la ya citada STC 31/2022, de 7 de marzo, que denegó el amparo a una asociación que había realizado una encuesta con tratamiento no consentido de datos atinentes a la ideología de los encuestados. En las igualmente mencionadas con anterioridad SSTC 45/2022 de 23 de marzo —cuya doctrina se reitera en este punto en la STC 87/2022, de 28

de junio—; 46/2022 y 47/2022, de 24 de marzo, el Pleno rechazó que las condenas impuestas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial por los delitos de sedición y malversación carecieran de motivación en punto a la individualización de las penas. El Pleno del Tribunal tampoco apreció vulneración del derecho fundamental que nos ocupa en la STC 58/2022, de 7 de abril, entonces respecto de la admisión —sin afectar a la garantía de inmunidad parlamentaria— de una querella dirigida contra quien fuera vicepresidente del Parlamento de Cataluña, o en la STC 66/2022, de 2 de junio, aquí en relación con las resoluciones judiciales que acordaron el ingreso hospitalario no voluntario de una embara-zada en avanzado de gestación cuya vida y la del nasciturus corrían serio riesgo, según constaba en los informes médicos obrantes.

La Sala Segunda, en la STC 71/2022, de 13 de junio, denegó el amparo a una mercantil que había sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En este caso se controvertía la inadmisión del recurso de casación desde la perspectiva del derecho a la doble instancia penal. Pues bien, la STC 71/2022, enjuiciando las resoluciones judiciales impugnadas desde la perspectiva que proporciona la STEDH de 30 de junio de 2020, asunto Saquetti Iglesias c. España, descartó su irrazonabi-lidad

Finalmente, en la STC 39/2022, de 21 de marzo, dictada por la Sala Segunda, se desestimó el recurso de quien había sido sometida a diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía provincial de Las Palmas. En este caso la desestimación trajo causa de la inexistencia de un gravamen para recurrir al haberse anulado judicialmente las actuaciones las que se impu-taban las lesiones constitucionales, en particular la ausencia de motivación suficiente.

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d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes La STC 3/2022, de 24 de enero, dictada por la Sala Primera y donde se aplica, en lo pertinente, la doctrina sintetizada en las SSTC 204/2003, de 1 de diciembre, y 173/2021, de 25 de octubre, se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. En un proceso contencioso-administrativo sobre determinación de pensiones, el órgano judicial sentenciador había ignorado el valor de cosa juzgada material de previos pronunciamientos firmes que reconocían del derecho del actor a la integración en un grupo funcionarial superior y tenían, por ende, incidencia directa en el cálculo de la pensión de jubilación.

Por el contrario, en la STC 83/2022, de 27 de junio, la Sala Segunda desestimó el recurso de amparo de quien controvertía las resoluciones judiciales que dejaron sin efecto el plazo máximo de duración de la instrucción. La provisionalidad consustancial a las decisiones que fijan el término de la fase instructora impide atribuirles la nota de intangibilidad.

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

El Pleno del Tribunal dictó cuatro sentencias en las que resolvió, en sentido desestimatorio, los recursos de amparo promovidos por algunos de los condenados por la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de abril, pronunciada en la causa especial 20907-2017: En las ya reseñadas SSTC 45/2022, de 23 de marzo, y 46/2022 y 47/2022, de 24 de marzo, el Pleno descartó que dicha sentencia se hubiera dictado con infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la garantía del doble grado en la jurisdicción penal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conoció de la causa en virtud de las reglas de aforamiento y competencia por conexidad. Las tres sentencias rechazaron las alegaciones de infracción de los derechos de defensa y a la igualdad de armas y las SSTC 45/2022 y 46/2022 rechazaron los reproches de parcialidad del órgano sentenciador. En estas dos sentencias se hizo hincapié en que las condenas acordadas fueron impuestas salvando la garantía de co-rrelación entre los hechos probados, las pruebas practicadas y la valoración judicial de la conducta de los acusados y no eran fruto de consideraciones irrazonables o caprichosas, de suerte que se preservó la presunción 84

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de inocencia de los procesados. En fin, ninguna de estas sentencias, que contaron todas ellas con votos particulares, apreció riesgo de efecto desa-liento para el ejercicio de los derechos fundamentales por la instrucción de la causa especial ni por la imposición de las condenas finalmente acordadas.

De manera similar, las SSTC 25/2022, de 23 de marzo, y 58/2022, de 7

de abril, ambas del Pleno y que cuentan con sendos votos particulares, rechazaron la infracción de las garantías procesales del artículo 24.2 de la Constitución en la condena al expresidente de la Generalitat Joaquim Torra i Pla por un delito de desobediencia a autoridad judicial y por la admisión a trámite de causa por idéntico delito cuya comisión se imputaba a un ex vicepresidente del Parlamento de Cataluña. Estas sentencias no apreciaron vulneración del derecho al juez imparcial ni quebrantado de la garantía de la inmunidad parlamentaria.

a) Derecho a un proceso con todas las garantías Por lo que específicamente se refiere al derecho a un proceso con todas las garantías, en la STC 11/2022, de 7 de febrero, la Sala Segunda inadmitió esta queja formulada respecto de la aportación como prueba de una grabación que la defensa del acusado no había impugnado en ningún momento. El Pleno inadmitió por sentencia otros dos recursos de amparo en los que se denunciaba extemporáneamente vulneración del derecho al juez imparcial (SSTC 26/2022, de 24 de febrero, y 144/2022, de 15 de noviembre). La doctrina de la STC 144/2022 fue aplicada en las SSTC 148/2022 y 149/2022, de 29 de noviembre, en un proceso en el que se controvertía la no proclamación como candidatos electos al Parlamento Europeo de dos condenados en causa especial por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos

En la STC 119/2022, de 29 de septiembre, el Pleno otorgó el amparo a una empresa que, en un proceso laboral por despido disciplinario, había aportado imágenes captadas por unas cámaras, instaladas en el centro de trabajo sin mediar una previa notificación expresa a los trabajadores. La sentencia concluyó que la conducta de la empresa no había vulnerado ninguno de los derechos invocados por el trabajador —las cámaras estaban bien visibles y los datos no fueron utilizados para ninguna finalidad ilícita— y la medida disciplinaria adoptada satisfacía el juicio de propor-85

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cionalidad. A esta sentencia se formuló un voto particular discrepante, suscrito por cinco magistrados.

b) Derechos a la asistencia letrada, de defensa y a ser informado de la acusación

La STC 10/2022, de 7 de febrero, dictada por la Primera Sala, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial en relación con los derechos a la asistencia letrada y de defensa en incidente de tasación de costas. De manera irrazonable y contraria a lo decidido en la sentencia definitiva, en este incidente se rechazó la minuta del abogado del actor al no ser preceptiva la asistencia letrada y se dedujeron consecuencias gra-vosas para quien había actuado de conformidad con la condición electiva del fuero en proceso contencioso-administrativo abreviado en materia de personal.

En la STC 84/2022, de 27 de junio la Sala Primera otorgó el amparo a quien había sido sancionado por la comisión de una infracción en materia de transportes terrestres sin que en ningún momento hubiera tenido conocimiento de la instrucción del expediente administrativo puesto que las notificaciones se cursaron a una dirección electrónica que no era de su ti-tularidad. Cumple recordar que en la ya reseñada STC 147/2022, de 29

de noviembre, la Sala Primera otorgó el amparo, por vulneración en este caso del derecho a la tutela judicial efectiva, a quien, sin tener conocimiento de que estaba sometido a un procedimiento de comprobación tributaria limitada, sufrió la ejecución forzosa de la liquidación resultante de dicho procedimiento.

c) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas En la STC 125/2022, de 10 de octubre, la Sala Primera otorgó el amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas a quien viera cómo se señalaba para tres después el acto de conciliación previa y juicio en procedimiento ordinario de reclamación de cantidad por incumplimiento de la formalización de contrato postdoctoral. Si bien con posterioridad a la formulación del recurso de amparo el órgano judicial había anticipado la celebración de estas actuaciones, la reacción tardía no privó de objeto al proceso constitucional.

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K) Legalidad penal (art. 25 CE)

La Sala Segunda, en la STC 33/2022, de 7 de marzo, otorgó un amparo por vulneración del derecho a la legalidad penal respecto de una sentencia condenatoria que había aplicado una causa de interrupción del cómputo de plazo de prescripción del delito no prevista legalmente. Por el contrario, en las ya reseñadas SSTC 25/2022, de 23 de febrero, condena a ex presidente de la Generalitat de Cataluña por un delito de desobediencia; 46/2022 y 47/2022, de 24 de marzo, condena por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, se rechazó la denuncia de vulneración de este mismo derecho.

Por otro lado, en la STC 42/2022, de 21 de marzo, la Sala Segunda desestimó un recurso de amparo formulado por una asociación que había sido sancionada por una infracción relacionada con la transferencia internacional de datos y que aducía vulneración del derecho a la legalidad sancionadora. La sentencia rechazó que la sanción efectivamente impuesta no fuera previsible tras el pronunciamiento se la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2015, que declaró que los Estados Unidos no ofrecían garantías suficientes de adecuación a efectos de aplicación de la normativa de la Unión Europea.

L) Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE) En la sentencia 2/2022, de 24 de enero, la Sala Segunda otorgó un amparo por la vulneración del derecho de huelga. En este caso, se controvertía la fijación de servicios mínimos aeroportuarios por el Ministerio de Fomento que, en algunos tramos horarios, llegaba al extremo de superar el 100 por cien de la actividad cotidiana, negando de este modo el ejercicio efectivo del derecho fundamental sin justificación suficiente. También la Sala Segunda, en la STC 142/2022, de 14 de noviembre, otorgó el amparo a una central sindical que controvertía la sentencia dictada por un juzgado de lo social que, en proceso de impugnación de laudos arbitrales en materia electoral, le negó la facultad de subsanar el defecto padecido en la conformación de su candidatura y, a resultas de esta decisión, se negó a declarar electos a los miembros de la lista incorrectamente presentada.

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V. Secretaría General.

Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2022 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han catalogado publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho.

El Servicio ha desarrollado su colaboración con la Fundación Dialnet (https://

dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017, que fue prorrogado por otros cuatro años.

En 2022 se llevó a cabo la duodécima convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 20 de mayo de 2022 («Boletín Oficial del Estado» núm.

130, de 1 de junio de 2022). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 5 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» núm. 298, de 13 de diciembre de 2022).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen: 1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico:

Libros ingresados: 2.970 títulos, de los cuales

a) Por compra: 2.794

b) Por donación: 176.

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Revistas: Se han incorporado 36 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales nueve son revistas impresas y 27 en línea.

El 31 de diciembre de 2022, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 95.085 libros, de los cuales 5.936 son libros digitales, y un total de 1.568 publicaciones seriadas. De estas últimas, 204 son publicaciones oficiales (repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 699 están publicadas en papel y 665 en formato digital. Se siguen publi-cando y recibiendo 451 revistas en papel. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 194 se conservan en discos ópticos (CD-Rom o DVD) y 471 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 663.608 registros bibliográficos. Durante el año 2022 se han incorporado al catálogo 32.028 registros nuevos. Desglo-sados por tipos de materiales, quedan de la siguiente forma:

– 3.086 libros, de los cuales 447 son libros digitales;

– 15,778 artículos de revistas;

– 11.820 capítulos de obras colectivas;

– 36 publicaciones periódicas, de las cuales 27 son recursos en línea;

– 1.308 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 214.776. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 8.157 registros nuevos, de los cuales 7.584

corresponden a autores personales, 73 a entidades corporativas, 180na series y 275 a identificadores.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 4.261 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, 90

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sentencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 3 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 11 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribui-dos por correo electrónico. Además el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal desde enero de 2011 en la siguiente dirección: https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/BD.aspx.

E) Encuadernación:

Se han encuadernados 36 libros.

2) Servicios a los lectores

La biblioteca ha realizado un total de 1.522 préstamos de libros y ha recibido 1.615 devoluciones. Ha atendido 64 consultas en la Sala de lectura y 9.123 a través de la aplicación informática, así como 2.884 15 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 3.756

recursos bibliográficos: 1.104 libros, 1.781 artículos de revistas y 913 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos

—básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo ex-cepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

– Biblioteca Nacional.

– Bibliotecas universitarias.

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– Biblioteca del Congreso de los Diputados.

– Biblioteca del Senado.

– Biblioteca del Consejo de Estado.

– Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

– Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

– Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

– Bibliotecas de Ministerios.

– Bibliotecas de Academias.

– Bibliotecas de Colegios de Abogados.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

– Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 102), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un magistrado o magistrado emérito o por un letrado del propio Tribunal. En el año 2022 se realizaron un total de nueve estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal, así como la elaboración de su estadística jurisdiccional.

En cumplimiento de la primera de las funciones que le son reglamentaria-mente asignadas, la de difusión de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene en el portal internet del Tribunal, convenientemente actualizados, los contenidos del «Buscador de jurisprudencia constitucional», que incluye a texto completo la totalidad de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucionales y aquellos autos que incorporan doctrina (https://hj.tribunalconstitucional.es/es) y las «gacetas de jurisprudencia 92

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constitucional», que con periodicidad trimestral, incorporan la relación de resoluciones dictadas en forma de sentencia y auto, así como diversos índices que facilitan su manejo a los lectores interesados (https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Gaceta/List).

Por otro lado, el Servicio elabora las estadísticas jurisdiccionales del Tribunal, incorporando los correspondientes avances trimestrales al portal de internet (https://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Paginas/Cuadros-estadisticos.aspx). El Servicio ha concluido la labor de reco-pilación y sistematización las series históricas de estadística jurisdiccional del Tribunal, cuyos resultados han de ponerse en breve plazo a disposición de todos los interesados.

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2022 y a través del denominado «Foro Venecia», el Servicio dio respuesta a 22 solicitudes de información procedentes de los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Albania (tres consultas), Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Eslovaquia (dos consultas), Eslovenia, Le-tonia (tres consultas), Macedonia del Norte, Moldavia, Países Bajos (dos consultas), República Checa, Sudáfrica y Ucrania. Igualmente, el Tribunal Constitucional continuó su colaboración con la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta red proporciona documentación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo y sirve de cauce para el suministro de la información sobre el Derecho nacional que proporcionan de consuno el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional y el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España.

Concretamente, en 2022 se dio respuesta a cuatro solicitudes de información en torno a los derechos que asisten a los padres biológicos en los procedimientos de adopción de adultos, las restricciones a la libertad de manifestación durante la pandemia por la covid-19, el uso de lenguas no oficiales en campañas electorales y la responsabilidad de anteriores jefes del Estado.

Finalmente, por resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 1 de junio de 2022 —publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 134, de 6 de junio— se adjudicaron las becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento de la doctrina constitucional que habían sido convocadas por resolución de 2 de marzo de 2022.

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3. Servicio de Informática

El Servicio de Informática se encarga de organizar, gestionar y asegurar los sistemas informáticos y de telecomunicaciones del Tribunal Constitucional, dedicando un especial esfuerzo a las aplicaciones peculiares de la tramitación procesal y apoyo a la decisión jurisdiccional y gubernativa, incluyendo el soporte presencial y telemático de los diversos grupos de usuarios de la institución. Se ha de poner de relieve la coordinación efectiva entre el Servicio de Informática y la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, adscrito a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, para mejorar las sinergias que favorezcan la modernización y digitalización de la Administración de Justicia, alcanzando a nivel técnico una carta de acuerdo en materia de interoperabilidad y coope-ración, cuyos primeros resultados están permitiendo la notificación electrónica como acto de comunicación de salida del Tribunal Constitucional.

Se ha dedicado una especial atención durante este año a la formación técnica especializada del personal informático, con el objetivo de impulsar y garantizar la evolución de los sistemas digitales implantados. Se desarrollaron ocho cursos, de los cuales, cinco estuvieron relacionados con la administración, seguridad y desarrollo de los sistemas y tecnologías para la nube y entornos de gestión estadística e inteligencia artifi-cial, con el fin de obtener capacidades para crear un portal analítico y estadístico orientado al ámbito jurisdiccional e investigador, de utilidad para el servicio a los ciudadanos y operadores jurídicos. Además, se han cursado materias relacionadas con gestión documental informatizada, así como un curso de actualización de conocimientos para la explotación de bases de datos, en coordinación con el servicio del Archivo General del Tribunal.

1) Sistemas, comunicaciones y seguridad

Entre los hitos a destacar durante el ejercicio 2022, se ha iniciado la transición hacia el trabajo híbrido mediante un espacio en la nube que permite la administración propia para gestionar las aplicaciones a nivel ofimá-tico, sus usuarios, dispositivos y datos relacionados, con lo que se ha conseguido optimizar los procesos de trabajo a distancia, particularmente, 94

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de los letrados al servicio del tribunal. Junto con este proyecto, se ha implantado un nuevo sistema de almacenamiento masivo en cabinas que permite una mayor disponibilidad e integridad de las bases de datos corporativas, posicionándose como un mecanismo básico orientado a la evi-tación de la amenaza ransomware.

Con ocasión de la irrupción de la guerra ruso-ucraniana, se desplegó un plan de medidas de ciberseguridad prioritarias que se establecieron entre la Secretaría General y el Servicio de Informática, que supuso la revisión de las credenciales de todos los usuarios, con la atención personalizada del equipo de soporte informático, así como el control avanzado de actividades y medidas de refuerzo de geolocalización de amenazas, tanto para la sede electrónica como para el trabajo no presencial.

Se ha desarrollo de una auditoría de nivel de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que permite alinear el marco normativo del Tribunal Constitucional y la estrategia iniciada para garantizar la seguridad en la Administración electrónica, adaptando a la realidad de los riesgos y amenazas que puedan afectar a los colectivos y sistemas por su exposición a los ci-berataques.

De ahí que haya sido aprobada definitivamente una Política de Seguridad de la Información (PSI), mediante resolución de 21 de octubre de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, que establece el alto compromiso del Tribunal Constitucional y una referencia de obligado cumplimiento para los usuarios.

La implantación de una nueva solución de control de acceso a zonas restringidas ha sido un proyecto laborioso que ha permitido gestionar las autorizaciones para la atención técnica al Centro de Proceso de Datos (CPD) principal, tanto en la sala de servidores y la sala de respaldo (backups), como en la sala de telecomunicaciones y en el centro de respaldo de respuesta frente a contingencias imprevistas.

Se ha implantado durante 2022 una nueva solución de correo electrónico, mediante un proyecto de hibridación que, entre otras mejoras, supera la limitación existente en cuanto a capacidad y el cambio de la solución de seguridad en el correo electrónico del Tribunal.

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Se ha mantenida la participación en relación con el equipo de trabajo del Subcomité de Seguridad del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), que colabora con el Centro Criptológico Nacional (CCN), incorporándonos a la red de organismos que tienen competencias en materia de gestión de la administración de justicia a nivel nacional.

Con respecto al cumplimiento normativo del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se han revisado todos los tratamientos de información en los flujos de datos que maneja la organización, actualizando el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). Adicionalmente, se ha procurado mantener una coordinación cercana con el Delegado de Protección de Datos (DPD), especialmente ante los requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), lo que ha supuesto un significativo nivel de exigencia, cuyo resultado ha obtenido una valoración positiva y el respaldo a las iniciativas que en el nivel organizativo está realizando la Secretaría General del Tribunal Constitucional.

Las peticiones de asistencias técnicas, durante el ejercicio 2022, ha aumentado respecto del año anterior, lo que requiere una alta atención personal y presencial, alcanzando 3.869 atenciones realizadas en cómputo anual. Por otro lado, el Servicio de Informática ha procedido a instalar, tanto en equipamiento como en programas ( software), 67 nuevos puestos de trabajo y ha desinstalado 50, mediante la activación del protocolo establecido al efecto.

2) Área jurisdiccional y gubernativa

Durante este ejercicio 2022 se ha alcanzado la digitalización de la práctica totalidad de documentos en la tramitación jurisdiccional, que permite dotar de una visión digital del expediente en las secretarías de justicia, al incorporar la firma electrónica en cada uno de los casos y la notificación por vía electrónica a través de la plataforma LexNet. Se han firmado un total de 47.628 documentos; la nueva modalidad electrónica de firma en el ámbito jurisdiccional se ha convertido en la utilizada con más frecuencia en el Tribunal, con 26.514 documentos firmados por uno o varios firmantes iniciados por las secretarías de justicia y 7.868 con la actividad propia de asistencia letrada, lo que constituye más 96

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del 72 por 100 de la documentación firmada electrónicamente. Casi el 28

por 100 restante corresponde a la firma electrónica en el ámbito gubernativo, destacando la gestión económica con 5.120, la gestión contable con 2.779 y la gestión de recursos humanos con 4.054 firmas.

En este sentido, se está atendiendo una mayor demanda de soporte es-pecializado por parte de los operadores jurídicos, principalmente procuradores, solicitando información y reportando incidencias con motivo del despliegue de estas nuevas soluciones informáticas jurisdiccionales.

Se ha desarrollado un nuevo módulo de aplicación de tramitación que permite la incorporación de otras partes e interesados, personas jurídicas o representantes a los efectos de agilizar la notificación por vía electrónica.

La sede electrónica y del registro telemático del Tribunal Constitucional ha tenido una actividad que, a nivel gubernativo, consistió en recibir 1.031 escritos de asuntos administrativos, de los cuales un 75 por 100 por ciento entraron por vía telemática.

En cuanto a la recepción jurisdiccional de asuntos, se recibieron un total de 8.528 escritos de iniciación (frente a los 8.294 del año 2021), de los que 7.711 fueron digitales. El 1,35 por 100 de los asuntos de amparo se inician de forma presencial y el 7,35 por 100 por correo ordinario. En relación con estos asuntos, se recibieron un total de 15.442 escritos de las partes para su tramitación, de los que un 58,15 por 100 fueron por vía telemática y un 37,80 por 100 por correo. De éstos, prácticamente el 4,84

por 100 se entregaron de forma presencial.

Se ha desarrollo una nueva aplicación dentro de la política contra el acoso sexual y por razón de sexo y/o acoso laboral, que facilita la gestión mediante un nuevo formulario de quejas y remisión automatizada disponible en el portal web de la intranet.

Dentro del sistema informático de solicitudes de permisos y licencias, en el ejercicio 2022 se han tramitado 3.827 por vía electrónica, de los cuales el 85 por 100 corresponden a procedimientos de justificación de ausencias y un 10 por 100 a cambios de marcajes, restando otras como cancelación de solicitudes como cambio de datos bancarios, de domicilio o solicitudes de reducción de jornada.

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La base informática de marcajes ha gestionado un total de 154.912 ano-taciones, de las cuales 5.676 consistieron en marcajes remotos, lo que nos permite hacer una estimación de que el trabajo remoto sigue en la misma línea del año anterior, si bien ha sufrido una ligera bajada, pasando del 6

por 100 al 4 por 100.

Dentro del área gubernativa de desarrollo, hay que resaltar la renovación y adaptación de la aplicación de control de acceso a edificios, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos navegadores basados en estándares HTML5, CSS 3.0, ECMAscript (JavaScript) y DOM del W3C, así como la auditoría y soporte de las plataformas de información que históricamente han estado basados en tecnología JAVA.

3) Portal institucional

La web institucional, www.tribunalconstitucional.es, tuvo un ligero aumento de visitas respecto del año anterior, con 1.113.111 de visitas y 666.545 visitantes diferentes. El usuario de la web suele navegar desde España, en un 60,95 por 100 de las ocasiones; un 12,68 por 100 desde otros países europeos; un 8,92 por 100 desde Norteamérica y el 4,32

por 100 de países iberoamericanos. Desde Asia y Oceanía, apenas el 0,88

por 100, siendo África con un 0,24 por 100 la que menos.

De los visitantes de la web, en Iberoamericana nos visitan mayormente de nuevo Perú (con un 21,75 por 100), aunque como novedad este año, las visitas desde México han sido especialmente significativas, con un 20,70

por 100, seguido de Colombia (10,17 por 100), República Dominicana (7,24 por 100), Bolivia (5,49 por 100), Argentina (5,03 por 100) y Ecuador (5,01 por 100).

En Europa destaca, sobre todo, Francia (con un 22,72 por 100), seguido de Rumanía (19,24 por 100), Rusia (18,25 por 100), Gran Bretaña (11,99 por 100) y Alemania (6,31 por 100). Por último, desde Bulgaria se ha recibido un volumen de visitas del 3,41 por 100 de las visitas, de Italia un 3,30 por 100 y cabe mencionar Polonia con un 2,25 por 100.

En el bloque asiático y oceánico, se ha registrado un mayor número de entradas procedente de India (55,92 por 100), arrebatando el primer lugar a Israel (con un 15,80 por 100), seguido de Irán (11,83 por 100) y Corea del Sur (3,26 por 100).

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En África, los visitantes proceden principalmente de Marruecos (50,15

por 100) y, en menor medida, de Sudáfrica (13,32 por 100), Guinea Ecua-torial (4,58 por 100), Seychelles (4,32 por 100) y Argelia (4,27 por 100).

4) Sistema informático de jurisprudencia

Una base de conocimiento de la doctrina, basada en las sentencias y autos como elemento central, constituye el sistema informático de jurisprudencia, que se ofrece para su acceso público a través del «Buscador de Jurisprudencia» de la web institucional. El trabajo elaborado por el Servicio de Doctrina Constitucional enriquece la base, aportando estudios y clasifica-ciones, mediante un vasto conjunto de metadatos representada con una serie de fichas técnicas con la identificación, síntesis, resumen y extractos de cada resolución, índices, disposiciones generales citadas, resoluciones judiciales impugnadas y descriptores semánticos o voces jurídicas relacionadas visualmente. Junto al motor de búsqueda, se mantiene un sistema adoptando una ontología semántica, creada para tal propósito con voces jurídicas relacionadas con el corpus de resoluciones del Tribunal Constitucional.

Se han realizado 2.066.863 consultas de jurisprudencia, de los cuales casi el 83 por 100 fueron referidas a sentencias, lo que supone entre 5.000

y 6.000 búsquedas diarias. Los meses de junio y julio son las que menos consultas han registrado, con 102.855 y 120.460, respectivamente; siendo los meses de marzo y noviembre los más activos, con 275.274 y 214.361

búsquedas, respectivamente.

Los documentos que por número de descargas han sido relevantes desde el punto de vista de la web institucional ha sido, de nuevo, «Las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (57.965 descargas); seguida por la Nota de prensa núm. 74/2021 (25.748 descargas); la Nota de prensa núm. 52/2022 (20.865 descargas); el folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (20.146 descargas); la Nota de prensa núm. 102/2021 (17.443 descargas); el documento de «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (15.881 descargas); el documento de «Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 149.1 y 2 CE» (11.114 descargas); la Nota de prensa núm. 76/2022 (9.436 descargas); la Nota de prensa núm. 105/2022 (9.419 descargas); el Prontuario Jurisprudencia Constitucional sobre Derecho de la UE (8.554 descargas); el Código de 99

MEMORIA 2022

Derecho Constitucional (6.452 descargas); y la Nota de prensa núm. 105/2022 (6.309 descargas).

La página web se ofrece diferentes versiones, tanto en francés como en inglés. Los documentos más descargados en inglés han sido: la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña y su función y contenido constitucional; distribución competencial con el Estado (831 descargas); seguido de la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodetermina-ción (763 descargas); la STC 122/2021, de 2 de junio (579 descargas); la STC 124/2017, de 8 de noviembre, sobre la Ley del Parlamento de Cataluña de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (548 descargas); la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, que juzga la supremacía de la Constitución y la primacía del Derecho de la Unión (413 descargas); la Constitución española en inglés (385 descargas); la STC 26/2014, de 13 de febrero (338 descargas); la STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña (309

descargas); la STC 103/2008, de 11 de septiembre (308 descargas); y el documento de estructura y funcionamiento del Tribunal (304 descargas).

Los documentos más descargados en francés han sido: la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (501 descargas); las 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional (359 descargas); la Constitución española en francés (290 descargas); y el documento sobre estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional (221 descargas).

5) Servicios electrónicos al ciudadano

El acceso a la información pública de la página en red del Tribunal Constitucional proporcionó un conjunto de 127 peticiones de información, frente a las 88 peticiones del año anterior. Desde el servicio público de

«Ayúdanos a mejorar» se recibieron 27 encuestas anónimas (frente a las 9

del año anterior), que aportaron opiniones y sugerencias de interés acerca de la web del Tribunal.

En el servicio del sistema de alertas de la web, se recibieron un total de 3.478 suscripciones de distinto tipo, fundamentalmente para resolu-100

MEMORIA 2022

ciones (1.171) y notas de prensa (1.036), completado con resoluciones de transparencia (412), convocatorias de personal (370), anuncios de contratación (233) y orden del día (256).

La app móvil del Tribunal Constitucional ha sido instalada en 1.276 ocasiones, tanto en teléfonos Apple iOS (584) como Android (692), siendo descargada un 78,37 por 100 de veces desde España y un 10,82 por 100

en Latinoamérica; alrededor de un 2 por 100 en el resto de Europa y un 2

por 100 en América del Norte.

6) Portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional El Servicio de Informática gestiona y mantiene, además de la web del Tribunal, el portal de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, bajo el dominio www.cijc.org. El portal registró este año un total de 28.330 visitas, dando lugar a la consulta de 1.556.265 activos de información en forma de documentos, fotografías, vídeos, etc. Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Francia, Colombia y México, seguidos por España, Rusia, Ecuador y Perú.

Por número de descargas, los documentos que tuvieron más interés en la web de la Conferencia Iberoamericana han sido los textos constitucionales de Guatemala (580.732 descargas), República Dominicana (286.607

descargas), Colombia (53.530 descargas), Puerto Rico (24.776 descargas) y Nicaragua (3.981 descargas). Por otro lado, han recibido interés los documentos del seminario celebrado en Cartagena de Indias en 2013, en concreto, el relativo a la Protección de las garantías constitucionales en Guatemala (13.466 descargas), los Procesos constitucionales en el marco de la justicia constitucional en Bolivia (4.245 descargas) y el de Los procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en Perú (3.026 descargas). En relación con los contenidos de las respuestas de Ecuador al cuestionario de la X Conferencia celebrada en Santo Domingo de 2014 que trató el tema de la Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución (10.727 descargas) y de Honduras (8.177 descargas). En relación con el cuestionario de la IX Conferencia, celebrada en Cádiz en 2012, la respuesta de Guatemala (6.958 descargas) y de Perú (5.623 descargas).

101

MEMORIA 2022

7) Accesibilidad web

La accesibilidad web y la atención a la diversidad ha sido objeto de una especial dedicación por parte del Servicio de Informática, siguiendo las directrices marcadas por el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. En consecuencia, se han implantado durante 2022

las correcciones necesarias para alcanzar el máximo nivel posible en accesibilidad, con afectación en las páginas web del Tribunal Constitucional.

A mayores, se hizo un estudio pormenorizado de los defectos de accesibilidad encontrados en cada uno de los subdominios, como la de la aplicación de jurisprudencia (HJ) y del registro telemático, extendiendo el objetivo a la web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.

Como resultado del trabajo realizado se obtuvieron los documentos oficiales de informes de accesibilidad y se realizaron las declaraciones de accesibilidad que, en el caso de la web institucional, arrojan un hito importante con un nivel de adecuación estimado nivel AA del 100 por 100 de las páginas.

Se ha realizado una campaña específica de sensibilización acerca de la accesibilidad. Impulsada por la Secretaría General, Unidad Responsable de Accesibilidad del Tribunal Constitucional, el Servicio de Informática organizó en el mes de mayo, coincidiendo con la celebración a nivel internacional del «Día Mundial de la Concienciación sobre Accesibilidad Web»

(GAAD, Global Accessibility Awareness Day) una jornada bajo el lema

«Avances y retos en la accesibilidad. Jornada de concienciación en la accesibilidad web en el Tribunal Constitucional», que fue inaugurada con el saludo del Presidente del Tribunal. Las actividades desarrolladas consistieron en una ponencia sobre «El servicio de informática del Tribunal Constitucional ante el reto de garantizar el derecho a la accesibilidad de los ciudadanos con diferentes capacidades», a cargo del Jefe del Servicio de Informática; la participación del Observatorio de Accesibilidad Web de la Secretaría General de Administración digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre el tema: «El Observatorio de Accesibilidad Web. Objetivos e instrumentos de apoyo a las organizacio-nes»; así como un taller a cargo de una consultora especializada que ilus-tró a los asistentes con la presentación del caso práctico «El buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional bajo la lupa de las herramientas de uso para distintas capacidades sensoriales».

102

MEMORIA 2022

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y asuntos generales

A) Cobertura de puestos

Se han cubierto por concurso las siguientes plazas:

– Dos plazas de tramitador/a. Convocado por resolución de la Presidencia de 27 de enero de 2022 (BOE de 1 de febrero de 2022) y resuelto por resolución de la Presidencia de 3 de mayo de 2022 (BOE de 7 de mayo de 2022).

– Una plaza de secretario/a de justicia. Convocado por resolución de la Presidencia de 27 de enero de 2022 (BOE de 1 de febrero de 2022) y resuelto por resolución de la Presidencia de 29 de marzo de 2022 (BOE

de 32 de marzo de 2022).

– Una plaza de funcionario/a del grupo C, subgrupo C2. Convocado por resolución de la Presidencia de 27 de enero de 2022 (BOE de 1 de febrero de 2022) y resulto por resolución de la Presidencia de 18 de abril de 2022(BOE de 12 de abril de 2022).

– Una plaza de funcionario/a del grupo C, subgrupo C1. Convocado por resolución de la Presidencia de 30 de junio de 2022 (BOE de 5 de julio de 2022) y resuelto por resolución de la Presidencia de 22 de diciembre de 2022 (BOE de 30 de diciembre de 2022).

– Dos plazas de funcionario/a del grupo C, subgrupo C2. Convocado por resolución de la Presidencia de 30 de junio de 2022 (BOE de 5 de julio de 2022) y pendiente de adjudicación a 31 de diciembre de 2022.

– Dos plazas de funcionario/a del grupo A, subgrupo A2, y tres del grupo C, subgrupo C1. Convocado por resolución de la Presidencia de 17 de noviembre de 2022 (BOE de 26 de noviembre de 2022) y pendiente de adjudicación a 31 de diciembre de 2022.

Se han cubierto por adscripción temporal ocho plazas de letrados. Convocadas por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 27 de enero de 2022 (BOE de 4 de febrero de 2022) y resueltas por resolución de la Presidencia de 8 de abril de 2022 (BOE de 22 de abril de 2022).

Se ha cubierto por el sistema de libre designación una plaza de secretario/a de jefe de Gabinete. Convocada por resolución de la Presidencia de 30 de 103

MEMORIA 2022

junio de 2022 (BOE de 1 de julio de 2022) y resuelta por resolución de la Presidencia de 12 de septiembre de 2022 (BOE de 17 de septiembre de 2022).

B) Relaciones de puestos de trabajo (RPT)

Mediante acuerdo del Pleno de 27 de enero de 2022 se aprobó la relación de puestos de trabajo del personal laboral, modificándose con fecha 16 de noviembre de 2022.

Mediante acuerdo del Pleno de 15 de septiembre de 2022 se modificó la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y eventual Las relaciones de puestos vigentes, así como el histórico de modificaciones, pueden consultarte en el portal de transparencia del Tribunal Constitucional.

C) Convenio colectivo

Durante el año 2022 se ha desarrollado la negociación del nuevo convenio colectivo del personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional, procediéndose a su firma con fecha 18 de noviembre de 2022. El convenio vigente puede consultarse en el portal de transparencia del Tribunal Constitucional.

D) Formación

Se han impartido los siguientes cursos de formación para el personal adscrito al Tribunal:

– Trabajo en la era digital y ciberseguridad.

– Talento relacional. Más allá de la inteligencia emocional.

– Procesos constitucionales y derechos del artículo 24 de la Constitución española.

– Extinción de incendios.

– Primeros auxilios y uso de desfibriladores.

104

MEMORIA 2022

E) Personal al servicio del Tribunal Constitucional El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2022) se distribuye como sigue:

Hombres

Mujeres

Total

Altos cargos

10

3

13

Letrados

31

19

50

Secretarios Justicia

4

1

Funcionarios

Gestión procesal

6

10

Administración

Tramitación procesal

13

15

de Justicia

Auxilio judicial

4

2

Suma

27

28

55

Subgrupo A1

3

4

Subgrupo A2

6

5

Funcionarios

Subgrupo C1

9

11

Administración Civil Subgrupo C2

1

9

Subgrupo E

-

-

Suma

19

29

48

Nivel 1

-

-

Nivel 2

-

1

Personal laboral

Nivel 3

12

8

Suma

12

9

21

Personal eventual

4

19

23

Total

103

107

210

F) Protocolo para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral en el Tribunal Constitucional

El Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión del día 16

de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo de aprobar el «Protocolo para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral en el Tribunal Constitucional», disponible en la página web del Tribunal.

Asimismo, con fecha 9 de diciembre de 2022, el presidente del Tribunal procedió a nombrar la Comisión para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral, cuya composición también figura publicada en la página web.

105

MEMORIA 2022

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.600 documentos contables, con el siguiente detalle: Capítulo

Documentos contables

I

109

II

1.685

III

16

IV

216

VI

579

VIII

5

Entre ellos se incluyen 10 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 270.412,06 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria.

La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2022 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

3) Mantenimiento

La unidad de mantenimiento ha realizado las siguientes actuaciones, además del trabajo diario del mantenimiento de las instalaciones, inmueble, mobiliario y necesidades del personal:

– Finalización de las obras para la rehabilitación de la cubierta y sellado del lucernario de la sede de Doménico Scarlatti.

– Sustitución del equipo de climatización del centro de control de la comisaría.

– Sustitución de una de las calderas de la sede de Doménico Scarlatti.

– Sustitución del servicio de alimentación ininterrumpida (SAI) para los servicios generales de la sede de Doménico Scarlatti.

– Decoración y amueblamiento de la sala de representación.

106

MEMORIA 2022

– Traslado e instalación de obras de arte en depósito del Museo de Arte Reina Sofía.

– Pintado de la valla perimetral de la sede de Doménico Scarlatti.

– Sustitución parcial del seto perimetral de Doménico Scarlatti.

– Licitación para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos.

Igualmente, ha continuado la colaboración con la Dirección General del Patrimonio del Estado para ejecutar el Plan Director de rehabilitación integral y ampliación de la sede principal del Tribunal Constitucional.

Está prevista la elaboración del proyecto durante el ejercicio 2023.

4) Archivo General

En cuanto a la unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2022 han ingresado por transferencia un total de 688 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 31.109 unidades de instalación ocupadas.

La documentación que se ha generado a lo largo del año, tanto en soporte físico como electrónico, y que integra el fondo archivístico del Tribunal Constitucional suma las siguientes cantidades 1: Total de expedientes creados en 2022 (en trámite y en custodia) 16.029

Total de expedientes en fase de custodia

6.660

– Expedientes físicos

1.630

– Expedientes electrónicos

4.643

– Expedientes digitalizados

222

– Expedientes en proceso de transferencia 2

152

1 Dichas cifras incluyen tanto procedimientos terminados (en fase de custodia) como iniciados y aún en tramitación, dado que el repositorio del Tribunal Constitucional incorpora todos los documentos desde el momento de su generación en los sistemas de tramitación o de su ingreso mediante el registro electrónico. Puede haber variaciones respecto de los totales de años anteriores debido a procesos de depuración de datos o a eliminación de registros.

2 Se refiere a expedientes en soporte físico ya cerrados pero aún no remitidos al Archivo General.

107

MEMORIA 2022

Los anteriores corresponden a:

– Expedientes de la función gobierno y administración 5.131

– Expedientes de la función jurisdicción constitucional 1.529

Total de expedientes en el repositorio del AGTC

471.975

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante el año se han creado los siguientes:

Total de documentos electrónicos creados en 2022

109.939

– Documentos electrónicos

105.021

– Documentos digitalizados

4.918

Los anteriores corresponden a:

– Documentos de la función de gobierno y administración 23.462

– Documentos de la función de jurisdicción constitucional 86.439

Total de documentos electrónicos en el repositorio del AGTC

805.792

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado 72.762 páginas de documentación a efectos de conser-vación y referencia. El grueso correspondió a la digitalización de recursos de inconstitucionalidad entre 1980 y 1992, primera fase del proyecto que pretende hacerlos disponibles en línea.

C) Servicios a usuarios

Durante 2022 se han realizado 682 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 19 solicitudes de expedientes completos y a diversas consultas y peticiones de información elabora-da. Asimismo, se han registrado 4.201 accesos por parte de usuarios internos a la herramienta de consulta del Archivo General.

Asimismo, se han registrado 2.529 accesos al fondo documental «Francisco Tomás y Valiente», disponible en la web desde el 14 de febrero de 2021.

108

MEMORIA 2022

Otras actividades desarrolladas por la unidad han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas, además del mantenimiento del repositorio de acuerdos reglamentarios del Tribunal Constitucional y de su inventario de obras de arte y regalos protocolarios.

5. Gabinete de Prensa

La oficina de prensa inserta en el Gabinete de la Presidencia ha continuado durante el 2022 con su labor de gestionar la comunicación de la actividad jurisdiccional e institucional del Tribunal Constitucional bajo los principios de transparencia, igualdad, rigor informativo y publicidad. Un año más, ha desarrollado su cometido con el objetivo último de contribuir a la difusión y comprensión del funcionamiento del Tribunal, en su papel de intérprete supremo y garante jurídico de la Constitución.

La página web del Tribunal es una buena muestra del constante y creciente compromiso con la transparencia y el acercamiento a la sociedad: ha sido actualizada de forma regular y con la mayor celeridad posible a lo largo de todo el año para que tanto las resoluciones jurídicas como los actos, visitas y viajes institucionales fuesen públicos.

Asimismo, el Gabinete de Prensa es el responsable de la relación con los medios de comunicación, a los que se presta ayuda y colaboración en su labor informativa, con el fin de mejorar la comprensión y el tratamiento general de los asuntos en la prensa.

El Gabinete ha elaborado un total de 107 notas de prensa sobre aquellas decisiones más relevantes a nivel jurídico, social, político o económico.

Esta práctica ha permitido dar a conocer de forma rápida, objetiva, rigurosa y fiable un resumen de la sentencia o auto y sus fundamentos jurídicos. Asimismo, supone una importante herramienta que facilita el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación.

109

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2022 ascendieron a 28.417,20 miles de euros, lo que representa un incremento de 1.847,69 miles de euros (un ´6,95 por 100) respecto del ejercicio 2021, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 26.569,51 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1 (Gastos de personal): 19.853,99 miles de euros.

– Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 6.102,83 miles de euros.

– Capítulo 3 (Gastos financieros): 3,00 miles de euros.

– Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 1.216,38 miles de euros.

– Capítulo 6 (Inversiones reales): 1.193,00 miles de euros.

– Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2022 se realizaron dos modificaciones: La primera fue una transferencia de crédito por importe de 50 mil euros desde el 111

MEMORIA 2022

subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» a los subconceptos 110.00 «Personal eventual. Retribuciones básicas», por importe de 10 mil euros; 110.01 «Personal eventual. Retribuciones complementarias» por importe de 30 mil euros; 130.00 «Laborales. Retribuciones básicas» por un importe de 4 mil euros; y 130.01

«Laborales. Otras retribuciones» por importe de 6 mil euros, para atender insuficiencias de crédito en los artículos 11 y 13. También se realizó una ampliación de crédito, por importe de 45 mil euros, desde el subconcepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» al subconcepto 160.00 «Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. Seguridad Social», con la finalidad de atender las obligaciones con la Seguridad Social en 2022.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su secretario general, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno.

Asimismo corresponde al secretario general la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2022 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicán-dose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo

Créditos

Gastos

Grado

presupuestario

definitivos

realizados

de ejecución

Capítulo 1

19.853.990,00

18.299.534,85

92,17 por 100

Capítulo 2

6.102.830,00

3.883.941,79

63,64 por 100

Capítulo 3

3.000,00

1.338,49

44,62 por 100

Capítulo 4

1.216.380,00

686.625,93

56,45 por 100

Capítulo 6

1.193.000,00

822.612,57

68,95 por 100

Capítulo 8

48.000,00

11.950,00

24,90 por 100

Total

28.417.200,00

23.706.003,63

83,42 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2022 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

112

VII. Relaciones institucionales VIAJES OFICIALES

12 - 15 de febrero

Reunión preparatoria de la XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. República Dominicana.

14 de febrero

Recepción del Presidente de la República Dominicana don Luis Abinader.

Palacio Nacional, Santo Domingo (República Dominicana).

21 de febrero

Conferencia de Presidentes de Tribunales Supremos y Constitucionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, organizada por el Consejo Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación. París.

23 - 25 de junio

Seminario Judicial y Audiencia Solemne del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo.

7 de octubre

Conferencia de Alto Nivel de Jurisdicciones Constitucionales de la Unión Europea. Bruselas.

4 - 5 de diciembre

Foro extraordinario de Magistrados con motivo del 70 aniversario de la creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estrasburgo.

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

10 de enero

Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol, dentro de la ronda de encuentros institucionales con motivo del nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Constitucional.

113

MEMORIA 2022

13 de enero

Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, doña Nadia Calviño Santamaría.

13 de enero

Presidenta del Tribunal de Cuentas, doña Enriqueta Chicano Jávega.

14 de enero

Ministra de Justicia, doña Pilar Llop Cuenca.

17 de enero

Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes Serrano.

18 de enero

Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, doña Yolanda Gómez Sánchez.

24 de enero

Magistrado del Consejo de Estado de Turquía don Süleyman Hilmi Aydin.

31 de enero

Ministro del Tribunal Constitucional de Chile don Rodrigo Pica.

22 de febrero

Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad don Luis Cayo Pérez Bueno.

3 de febrero

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos don Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

4 de febrero

Ministro del Tribunal Constitucional de Chile don Nelson Pozo.

2 de marzo

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid don José María Alonso.

114

MEMORIA 2022

7 de marzo

Visita y reunión de trabajo de los Presidentes y Presidenta eméritos del Tribunal Constitucional, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Álvaro Rodríguez Bereijo, don Pedro Cruz Villalón, doña María Emilia Casas Baamonde, don Pascual Sala Sánchez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y don Juan José González Rivas.

22 de marzo

Secretario Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, don Milton Ray Guevara.

24 de marzo

Ministro del Tribunal Constitucional de Chile don José Ignacio Vázquez Márquez.

29 de marzo

Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-peración don Luis Manuel Cuesta Civís.

20 de abril

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española doña Victoria Ortega Benito.

25 de abril

Visita institucional de S. M. el Rey.

26 de abril

Procuradora General de Colombia, doña Margarita Leonor Cabello Blan-co, acompañada por la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, doña Gina Magnolia Riaño Barón.

6 de mayo

Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea don Koen Lenaerts.

10 de mayo

Delegación del Departamento de Gobernanza Pública del Gobierno vasco, encabezada por el Viceconsejero de Régimen Jurídico don Sabino Torre.

115

MEMORIA 2022

15 de junio

Vicepresidenta de la Comisión Europea doña Vera Jourová.

15 de junio

Presidente de la Corte Constitucional de Ecuador don Alí Lozada.

27 de junio

Delegación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, formada por los magistrados y magistradas don Rafael Díaz Filpo, doña Alba Luisa Beard Marcos, don Justo Pedro Castellanos Khoury, doña María del Carmen Santana de Cabrera y doña Eunisis Vásquez Acosta.

5 de julio

Presidenta de la Comisión de Venecia, doña Claire Bazy-Malaurie, acompañada de la Secretaria-Directora de la Comisión, doña Simona Granata-Menghi-ni, del Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa, don Manuel Montobbio de Balanzó, y de la Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, doña Yolanda Gómez Sánchez.

6 de julio

Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, don Alberto N.

García Barrenechea, acompañado de la Vicedecana, doña María del Carmen Giménez Cardona y de una delegación de la Junta de Gobierno del Colegio.

23 de septiembre

Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, para la entrega de la Memoria de 2021.

26 de septiembre

Consejera del Consejo de Estado de Francia, doña Delphine Hedary, acompañada por el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo don Isaac Merino Jara.

29 de septiembre

Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía don Manuel Bor-ja-Villel.

30 de septiembre

Comisario de Justicia de la Unión Europea don Didier Reynders.

116

MEMORIA 2022

4 de octubre

Delegación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezada por su Presidenta doña María del Carmen Battaini.

18 de octubre

Presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia doña Ana María Charry Gaitán.

19 de octubre

Encuentro de trabajo con una delegación de la Comisión de Justicia Plural del Senado de Bolivia.

17 de noviembre

Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia don César Ernesto Salazar Grande.

21 de noviembre

Embajador de Perú don Óscar Maúrtua de Romaña.

2 de diciembre

Visita de los jóvenes participantes en las jornadas de difusión de la Constitución española.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

14 de enero

Reunión virtual con el Comisario Europeo de Justicia don Didier Reynders.

24 de enero - 1 de febrero

Estancia de trabajo de la 60.ª promoción de la carrera fiscal.

14 de febrero

Acto en conmemoración del XXVI aniversario del fallecimiento de don Francisco Tomás y Valiente, Presidente emérito del Tribunal Constitucional.

117

MEMORIA 2022

8 de marzo

Acto en conmemoración del Día de la Mujer, con un homenaje a las trabajadoras del Tribunal Constitucional que resultaron esenciales durante la pandemia.

23 de marzo

Presentación del libro «Laicismo: sociedad neutralizada» del Magistrado emérito don Andrés Ollero Tassara.

20 de mayo

Jornada «Avances y retos de la accesibilidad web», con motivo del Día Mundial para Promover la Concienciación sobre la Accesibilidad Web.

29 de junio

Seminario sobre el derecho a la intimidad, a la protección de datos y el derecho a la inviolabilidad del domicilio en relación con la materia tributaria, inaugurada por el Presidente del Tribunal Constitucional y por la Jefa de la Unidad Central de Análisis y Difusión Externa de la Agencia Tributaria, doña Georgina de la Lastra.

22 de septiembre

Estancia de trabajo de una delegación de la Suprema Corte de la República Dominicana, encabezada por la Jueza Presidenta de la Primera Sala, doña Pilar Jiménez Ortiz, acompañada del Embajador de la Republica Dominicana en España, don Juan Bolívar Díaz Santana.

28 de septiembre

Estancia de trabajo del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial.

18 de noviembre

Estancia de formación de miembros de la carrera judicial.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

11 de enero

Visita de cortesía a la Presidenta del Congreso, doña Meritxell Batet La-maña, dentro de la ronda de encuentros institucionales con motivo del nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Constitucional.

118

MEMORIA 2022

18 de enero

Visita de cortesía al Presidente del Senado, don Ander Gil García.

24 de febrero

Entrega del Premio Tomás y Valiente 2020, otorgado a la obra «La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico español», de Ángel Fernández Silva. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

9 de marzo

XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Senado, Madrid.

10 de marzo

XX concierto «In memoriam» en homenaje a las víctimas del terrorismo, presidido por S. M. la Reina. Auditorio Nacional, Madrid.

25 de marzo

Conferencia sobre «Sentido y vigencia de la Constitución Española de 1978». Osuna.

28 de marzo

XXIV Edición del Premio «Manuel Broseta Pont». Valencia.

Encuentro institucional con el Presidente de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig. Valencia.

13 de junio

Conmemoración del 425 º del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidido por S. M. el Rey. Teatro Real, Madrid.

12 de julio

Izado solemne de la bandera nacional con motivo del 42.º aniversario del Tribunal Constitucional. Plaza de Colón, Madrid.

5 de septiembre

Audiencia con S. M. el Rey y entrega de la Memoria del Tribunal Constitucional de 2021. Palacio de la Zarzuela.

7 de septiembre

Solemne acto de apertura del año judicial 2022-2023, presidido por S. M.

el Rey. Tribunal Supremo.

119

MEMORIA 2022

14 de septiembre

Visita a la Embajada del Reino Unido y firma en el libro de condolencias con motivo del fallecimiento de la Reina Isabel II en la Residencia del Embajador del Reino Unido en España, Excmo. Sr. Hugh Elliott.

12 de octubre

Celebración del Día de la Fiesta Nacional. Madrid.

13 de octubre

XXVIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, bajo el título «Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad».

Valladolid.

Encuentro institucional con el Presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Valladolid.

10 de noviembre

XXVIII Premio Pelayo otorgado a la Magistrada doña María Luisa Sego-viano Astaburuaga. Madrid.

24 de noviembre

Solemne acto académico de investidura de la Presidenta emérita del Tribunal Constitucional, doña María Emilia Casas Baamonde, como Doctora

«Honoris Causa» de la Universidad de Málaga.

28 de noviembre

X Cumbre de Mujeres Juristas, presidida por S. M. la Reina.

6 de diciembre

Acto en conmemoración del 44.º aniversario de la Constitución. Congreso de los Diputados.

120

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el libro «Estado de alarma y Constitución», que plasma los resultados de las XXVII Jornadas celebradas por la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional.

El Tribunal acordó con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la difusión progresiva en formato digital de las obras escritas a consecuencia de las jornadas de letrados constitucionales. Pueden ser descargados desde a dirección https://www.tribunalconstitucional.es/es/publicaciones/

Paginas/003-Actas-ALTC.aspx

Actividades formativas

El Tribunal Constitucional mantiene distintos programas de formación desde el año 2002. Durante el año 2022 se concedieron las siguientes becas:

– Seis becas en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional, que habían sido convocadas por resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 57 de 8 de marzo de 2022) y concedidas por resolución de 1 de junio de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 134, de 6 de junio de 2022);

– Una beca en tareas relacionadas con el Derecho constitucional comparado y la actividad internacional constitucional, que había sido convocada por resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 57, de 8 de marzo de 2022) y otor-121

MEMORIA 2022

gada por resolución de 15 de junio de 2022 (BOE núm. 150, de 24 de junio de 2022);

– Dos becas de formación en gestión documental y archivística relacionadas con los fondos documentales del Tribunal Constitucional, que habían sido convocadas por resolución de 3 de febrero de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2022) y fueron otorgadas por resolución de 15 de julio de 2022 (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2022);

– Una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, que había sido convocada por resolución de 20 de mayo de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 130, de 1 de junio de 2022) y fue concedida por resolución de 5 de diciembre de 2022 (BOE

núm. 298, de 13 de diciembre de 2022).

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han prorrogado el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su octavo año de funcionamiento.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institu-

ción (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/informacion-

economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

122

IX. Transparencia y acceso

a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucio-

nal.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12

a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de

«Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para 123

MEMORIA 2021

utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2022 se han dirigido al Tribunal Constitucional 93 solicitudes de información pública. Esto representa un notable incremento respecto de las 59 y 41 solicitudes recibidas en los años 2021 y 2020, respectivamente, y la recuperación de la tendencia creciente que arrancó en el año 2016 y se mantuvo hasta el año 2019 (33 en 2016, 37 en 2017, 54

en 2018 y 67 en 2019).

En número de 88 (94,62 por 100) fueron promovidas por personas físicas y cinco (5,38 por 100) por personas jurídicas (dos por una fundación y las tres restantes por otras tantas asociaciones). De las solicitudes, 85 (91,40

por 100) se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional y ocho (8,60

por 100) a través de su registro general, interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 84 casos (90,32

por 100), en uno el correo postal (1,08 por 100) y en ocho (8,60 por 100) los solicitantes no indicaron de manera expresa la modalidad de respuesta requerida, por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En 22 resoluciones de la Secretaría General (23,66 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada; en 31 (33,33 por 100) se remitió la información solicitada a las secretarías de justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en 14 (15,05

por 100) se remitió a los solicitantes a las páginas webs del Tribunal Constitucional y del Boletín Oficial del Estado por figurar publicada en estas páginas la información interesada o poder acceder a la misma a través de ellas, sin que le resultase exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en una (1,08 por 100) se remitió la solicitud al Jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional por versar sobre funciones de naturaleza jurisdiccional que corresponden 124

MEMORIA 2021

al Presidente; en otra (1,08 por 100) se remitió al solicitante a la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública por poder acceder a la información solicitada a través de dicha página; en 20 (21,50

por 100) no se accedió a la información interesada; tres (3,22 por 100) se inadmitieron y en una (1,08 por 100) se tuvo por desistido al solicitante, por no haber atendido el requerimiento de identificarse debidamente (art. 17.2 de la Ley 19/2013).

De las solicitudes inadmitidas dos versaban sobre meras manifestaciones de voluntad y quejas, sin requerir información alguna; y la tercera se inadmitió en aplicación de la causa prevista en el art. 18.1 c) de la Ley 19/2013, porque su confección y divulgación requería una compleja acción de reelaboración por parte del Tribunal, dado el ingente volumen de la información requerida, que afectaba a datos individualizados de más de 37.000 recursos de amparo.

De las 20 solicitudes en las que no se accedió a la información solicitada ocho versaban sobre informaciones, consultas o asesoramientos en materia jurídica; tres excedían del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, al tener por objeto aspectos relativos al ejercicio por el Tribunal de su función jurisdiccional; en tres se denegó el acceso a los expedientes de participantes en proceso selectivo para la provisión de plazas al servicio del Tribunal para preservar la identidad y los datos personales de dichos participantes; y seis tenían por objeto materias ajenas a la competencia del Tribunal, siendo remitidas a los órganos competentes para atender a las solicitudes cuando fue posible su identificación.

Las solicitudes de acceso a la información han tenido por objeto una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas:

a) Interposición, estado de tramitación y documentación relativa a concretos procesos constitucionales (33);

b) Acceso a resoluciones y resultados de las sesiones jurisdiccionales del Tribunal (11);

c) Datos estadísticos sobre procesos constitucionales (10); d) Doctrina del Tribunal en determinadas materias (2); e) Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de urgencia para afrontar la crisis sanitaria del covid-19 (2); f) Solicitud de declaración de nulidad de una sentencia del Tribunal (1); 125

MEMORIA 2021

g) Apoderamiento apud acta para actuar ante el Tribunal (2); h) Información sobre cómputo de plazos constitucionales (2); i) Composición y datos profesionales, administrativos y económicos de los miembros del Tribunal y del personal a su servicio (1); j) Verificación de los requisitos para el nombramiento de magistrados del Tribunal (2);

k) Procesos de selección de personal al servicio del Tribunal (9); l) Actividades e iniciativas del Tribunal en relación con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (1);

m) Información sobre el tesauro de jurisprudencia constitucional (1); n) Actividad de las comisiones bilaterales Estado-Comunidades Autónomas (1);

ñ) Consulta o asesoramiento en relación con procesos no constitucionales (5);

o) Solicitud de incremento de la cuantía de las pensiones para el ejercicio 2022 (1);

p) Confirmación del título de abogado (1);

q) Información sobre el sistema penal para menores (1); r) Petición sobre el cumplimiento de la ley de incapacidad (1); s) Regulación sobre la normativa en materia de acceso a un vehículo particular (1);

t) Imposición de sanción económica administrativa a un medio de comunicación (1);

u) Y, en fin, información sobre expediente administrativo sancionador tramitado en una corporación local (1).

126

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras

disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de sentencias y de autos publicados

en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo

de Derechos Humanos en relación

con España

V. Magistrados eméritos

127

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas

al Tribunal

Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 16 de noviembre de 2022, por el que se aprueba el Protocolo para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral en el Tribunal Constitucional.

129

MEMORIA 2022

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE

16 DE NOVIEMBRE DE 2002, POR EL QUE SE APRUEBA EL

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS QUE PUEDAN DERIVAR EN ACOSO SEXUAL Y POR

RAZÓN DE SEXO Y/O EN ACOSO LABORAL EN EL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

1. Declaración de principios

Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. El acoso sexual y por razón de sexo y el acoso laboral suponen un atentado contra la dignidad y la salud de las personas, por lo que son totalmente inaceptables y no pueden ni deben ser tolerados. En consecuencia, el Tribunal Constitucional procurará un entorno laboral exento de cualquiera de estas tres formas de acoso.

Este protocolo tiene como objeto tratar de prevenir y evitar las situaciones de acoso, así como establecer cauces de solución de quejas relativas a posibles situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral, tomando en consideración la dignidad de la persona, su salud y los derechos inviolables que le son inherentes.

El presente protocolo se inspira en los siguientes principios: a) El compromiso en prevenir y no tolerar ninguna forma de acoso sexual y por razón de sexo ni de acoso laboral.

b) El deber de respetar la dignidad de las personas, su salud y su derecho a la intimidad y al honor, así como la igualdad de trato y oportunidades.

c) El tratamiento reservado de las quejas por hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja.

2. Marco normativo

La normativa básica de referencia es la siguiente:

– Constitución española (arts. 9.2, 10, 14, 15, 18.1 y 35.1).

– Tratado de la Unión Europea (arts. 2 y 3).

131

MEMORIA 2022

– Directiva 2006/54/CEE, de 5 de julio de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el empleo o la ocupación.

– Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339) (INI).

– Resolución del Parlamento Europeo sobre medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión (2018/2055) (INI).

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (arts. 48 y 62).

– Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (arts. 12 y 13).

– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

[arts. 14 h) y 95 b)].

– Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [arts. 4.2

c), 17, 28 y 54.2 g)].

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

– Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art. 96.2).

– Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (art. 94).

– Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.

– Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella.

La anterior normativa de referencia se entenderá sustituida o modificada por las reformas que de la misma se lleven a cabo y se interpretará de conformidad con la jurisprudencia emanada de los tribunales de justicia encargados de su aplicación.

132

MEMORIA 2022

3. Definiciones

a) Acoso sexual y por razón de sexo

1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los siguientes términos (art. 7):

a) «Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo».

b) «Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo».

c) «Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo».

d) «El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo».

2. Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de otros cuidados familiares también estará ampa-rado por la aplicación de este protocolo cuando se den los requisitos defi-nidos en el apartado anterior.

b) Acoso laboral

A efectos de este protocolo, siguiendo la definición recogida en el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado (BOE de 1 de junio de 2011), se considera acoso laboral o acoso moral o psicológico en el trabajo «la exposición a conductas de [v]iolencia [p]sicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o varias personas, por parte de otra/s que actúen frente a aquella/s desde una posición de poder -no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos-, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral 133

MEMORIA 2022

de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo; suponiendo un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud».

«En este contexto, para que una conducta pueda ser calificada de acoso psicológico o moral (mobbing), se requerirá que se cumplan todas las condiciones que se han subrayado en la definición».

4. Ámbito subjetivo de aplicación

Las disposiciones de este protocolo serán de aplicación al personal al servicio del Tribunal en los términos que en el mismo se señalan.

5. Medidas de prevención y difusión

El Tribunal se compromete a la divulgación del presente protocolo entre las personas incluidas en su ámbito de aplicación y fomentará la realización de cursos sobre prevención y actuación y actividades de sensibilización y formación en materia de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral entre el personal a su servicio y, en especial, entre los miembros de la Comisión para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral.

6. El asesor/a confidencial en materia de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral

a) Creación y funciones

Se crea la figura del asesor/a confidencial, que es la persona encargada de aconsejar y apoyar al personal al servicio del Tribunal en materia de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral, con independencia de las funciones asignadas a la Comisión para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso laboral, acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.

Cualquier persona en el ámbito del presente protocolo podrá dirigirse al asesor/a confidencial, verbalmente o por escrito, para cualquier información o consulta relacionada con el acoso sexual y por razón de sexo y/o el acoso laboral, incluyendo el asesoramiento sobre la aplicación del protocolo.

134

MEMORIA 2022

El asesor/a confidencial podrá iniciar ante la citada Comisión el procedimiento previsto en el apartado 11 del presente protocolo, recibir denuncia verbal y/o acompañar a la persona afectada en la presentación de la queja.

El asesor/a confidencial informará anualmente a dicha Comisión sobre las actuaciones realizadas, sin identificar en ningún caso a las personas afectadas. También podrá dirigir, en el ejercicio de sus funciones, consultas a la Comisión.

b) Designación

El presidente del Tribunal, a propuesta de la Secretaría General, designa-rá un/a asesor/a confidencial titular y otro/a suplente, entre el personal al servicio del Tribunal. A tal fin se valorarán los conocimientos en materia de acoso sexual y por razón de género y acoso laboral, en el principio de igualdad de trato y oportunidades y de no discriminación.

En todas las comunicaciones que se realicen para dar publicidad al presente protocolo se dará información también de quiénes son el asesor/a confidencial titular y suplente, así como la forma de contacto.

c) Formación y estatuto

Los asesores/as confidenciales recibirán la formación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Han de guardar deber de secreto y confidencialidad, de modo que no podrán divulgar ni hacer uso de la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones. No podrán ser llamados a declarar en el supuesto de que, en relación con los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, se siguiera con posterioridad expediente disciplinario.

7. La Comisión para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral

Se crea la Comisión para la prevención y actuación frente a conductas que puedan derivar en acoso sexual y por razón de sexo y/o en acoso laboral (en adelante, la Comisión).

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MEMORIA 2022

La Comisión tiene por finalidad, en los términos y con el alcance que se señalan en este protocolo, la prevención, detección y, dado el caso, la intervención ante comportamientos, verbales o físicos (activos o pasivos), irrespetuosos entre el personal al servicio del Tribunal, que, por atentar contra la dignidad, la salud y el respeto ajenos, perturben la vida laboral, siendo susceptibles de generar un entorno discriminatorio, humillante y/u hostil que pueda dar lugar a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral.

8. Composición de la Comisión

La Comisión, que deberá respetar el principio de presencia o composición equilibrada, será nombrada por el presidente del Tribunal y estará inte-grada por los siguientes miembros:

– El gerente del Tribunal, quien ostentará la condición de presidente de la Comisión.

– Un letrado/a al servicio del Tribunal, a propuesta de la Secretaría General.

– Dos representantes de los funcionarios al servicio del Tribunal, a propuesta de la Junta de Personal, uno de los cuales ostentará la Secretaría de la Comisión.

– El delegado/a del personal laboral del Tribunal.

En caso de que no pueda actuar algún miembro de la Comisión será designado un suplente.

9. Principios inspiradores de la actuación de la Comisión La actuación de la Comisión se regirá por los siguientes principios: a) Voluntariedad. El procedimiento ante la Comisión tendrá carácter voluntario y las partes intentarán lograr, con la actuación de la Comisión, un acuerdo satisfactorio con el que dar por finalizadas las desavenencias, res-tableciéndose un clima de concordia y buena comunicación entre ellas a través de soluciones ajustadas a sus necesidades.

Tanto la solicitud de intervención de la Comisión como las actuaciones que esta lleve a cabo serán voluntarias, de modo que cualquiera de las 136

MEMORIA 2022

partes implicadas puede interesar su finalización en cualquier momento, sin perjuicio del ejercicio de los derechos y/o acciones que legalmente les correspondan.

El inicio de actuaciones de la Comisión no interrumpirá ni ampliará los plazos de prescripción de dichos derechos y/o acciones.

La promoción de actuaciones en la vía jurisdiccional o disciplinaria será causa de finalización de las actuaciones de la Comisión. No obstante, en estos supuestos, en tanto no se inicien las acciones pertinentes por el órgano y/o la autoridad competente, la Comisión podrá proponer la adopción de las medidas que estime oportunas para la mejor protección de los derechos e intereses de las partes.

El cese en el Tribunal de la persona afectada por una supuesta situación de acoso sexual o por razón de sexo y/o por acoso laboral no constituye por sí mismo impedimento para la iniciación de las actuaciones de la Comisión, ni será causa para su finalización. El cese en el Tribunal de la persona a la que se le atribuya su autoría impedirá el inicio de las actuaciones de la Comisión o será causa de su finalización, sin perjuicio de las facultades y/o deberes que correspondan al Tribunal en la prevención de dichas situaciones. En todo caso, se habrán de respetar los plazos de prescripción legalmente previstos.

b) Deber de secreto y confidencialidad. Protección de datos. Los miembros de la Comisión han de guardar el deber de secreto y confidencialidad, de modo que no podrán divulgar ni hacer uso de la información recibida con ocasión de una queja relacionada con sus funciones. Idéntico deber de secreto y confidencialidad han de observar quienes intervengan en las actuaciones practicadas por la Comisión. Este deber en ningún caso exime del deber de denuncia de hechos que puedan reunir los caracteres de un ilícito penal y/o disciplinario.

Con el fin de garantizar el tratamiento y la protección de datos personales, por la Comisión se adoptarán los mecanismos precisos dirigidos a identificar de forma cifrada (v.g. usando códigos alfanuméricos u otros sistemas) tanto a las partes implicadas en las situaciones objeto de queja como a las demás personas que intervengan con ocasión de las actuaciones de la Comisión.

137

MEMORIA 2022

Las actuaciones de la Comisión y de cualquiera de sus miembros sólo podrán ser utilizadas en el ejercicio de la función mediadora que le encomienda el presente protocolo y en el seno del procedimiento en el que se han llevado a cabo.

c) Imparcialidad. Los miembros de la Comisión actuarán en la resolución de las situaciones conflictivas de las que conozcan con absoluta imparcia-lidad, manteniendo una distancia equitativa entre las partes, sin emitir juicios de valor y asegurando el equilibrio entre ellas.

Los miembros de la Comisión se abstendrán de intervenir en caso de tener relación de parentesco, afinidad, amistad o enemistad con alguna de las partes implicadas o de concurrir alguna otra causa que pudiera poner de manifiesto que no reúnen la equidistancia que requiere el cumplimiento de su función.

Las partes podrán promover la recusación del miembro o miembros de la Comisión que consideren incursos en alguna de dichas causas.

Corresponde a la Comisión resolver las causas de abstención y/o recusación que se planteen.

d) Flexibilidad y celeridad. La Comisión desempeñará sus funciones con flexibilidad y celeridad en sus actuaciones sobre las situaciones conflictivas de las que conozca, así como en las propuestas de soluciones que formule a las mismas.

Las actuaciones de la Comisión no estarán sujetas a otros plazos y forma-lidades que los previstos en este protocolo.

e) Deber de respeto y actuación de buena fe. Los miembros de la Comisión actuarán de forma respetuosa con las partes en conflicto, así como con sus derechos. El mismo respeto mostrarán con las personas cuya colaboración interesen con ocasión de las situaciones de las que conozcan.

Toda persona que intervenga en las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión actuará igualmente de buena fe, cooperando en el mejor esclarecimiento de los hechos con respeto hacia las partes y miembros de la Comisión.

138

MEMORIA 2022

f) Información a las partes. Las partes directamente implicadas en las situaciones de las que conozca la Comisión podrán solicitar en cualquier momento información sobre el estado de las actuaciones, que le será faci-litada a la mayor brevedad posible por el cauce que la Comisión estime más oportuno.

10. Funciones de la Comisión

Los cometidos de la Comisión se circunscriben a la prevención, intervención y, en su caso, ofrecimiento de propuestas de solución de aquellos conflictos interpersonales que puedan encaminarse hacia situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y/o acoso laboral. En concreto, a la Comisión le corresponden las siguientes funciones: a) Funciones de prevención. Las funciones de naturaleza preventiva estarán encaminadas a evitar comportamientos susceptibles de adquirir mayor relevancia, particularmente en la vía penal y/o disciplinaria, como formas de acoso sexual y por razón de sexo y/o de acoso laboral.

La Comisión en el ejercicio de estas funciones, puede, entre otras actuaciones, impulsar la divulgación del presente protocolo, así como proponer planes de formación y actividades y/o cursos de sensibilización y formación, a los que se refiere el apartado 5 de este protocolo.

b) Funciones de indagación y propuestas de solución. Una vez que la Comisión ha tenido conocimiento o noticia de hechos o situaciones susceptibles de su intervención, desarrollará las actuaciones de indagación y de propuesta de solución que considere pertinentes inspirándose en los mecanismos de la mediación. Su objetivo será lograr el retorno de las partes implicadas hacia un clima de concordia y buena convivencia en el ámbito laboral.

La Comisión en ningún caso podrá desplegar una labor mediadora cuando los hechos, por su entidad, puedan revestir caracteres de un ilícito disciplinario y/o penal perseguibles de oficio. En tales casos, la Comisión dará traslado de estos al órgano y/o autoridad competente.

c) Adopción de medidas de urgencia. En situaciones de urgencia y/o de extraordinaria gravedad, la Comisión podrá proponer medidas excepcio-139

MEMORIA 2022

nales con las que tratar de erradicar la situación conflictiva o minimizar sus efectos. Cuando los indicios concurrentes puedan comportar una obligación de denuncia ante el órgano y/o autoridad competente, al poder revestir los caracteres de un ilícito penal y/o disciplinario, la Comisión igualmente podrá plantear las medidas de protección que considere pertinentes.

11. Procedimiento ante la Comisión

a) Inicio

El procedimiento ante la Comisión podrá iniciarse por alguno de los siguientes medios:

1) Queja verbal.

La queja podrá formularse verbalmente ante alguno de los miembros de la Comisión por la persona afectada, por su representante legal, por el asesor/a confidencial, por alguno de los representantes de los empleados públicos del Tribunal o por un tercero que preste servicios en el Tribunal.

Presentada la queja, deberá procederse a su documentación por escrito, cuya lectura ha de facilitarse a la persona que la haya formulado para someterlo a su firma, siendo informada del protocolo a seguir. Se deberá acreditar el consentimiento de la persona afectada si la queja es presentada por el asesor/a confidencial, por alguno de los representantes de los empleados públicos del Tribunal o por un tercero que preste servicios en el Tribunal.

La queja, una vez documentada, será registrada por el presidente de la Comisión, quien la trasladará al resto de sus miembros, así como a la Secretaría General.

2) Queja por escrito.

La queja también se podrá presentar por escrito ante alguno de los miembros de la Comisión por la persona afectada, por su representante legal o, siempre que se acredite el consentimiento de la persona afectada, por el asesor/a confidencial, por alguno de los representantes de los empleados públicos del Tribunal o por un tercero que preste servicios en el Tribunal.

140

MEMORIA 2022

El escrito, para el que se podrá utilizar el modelo que figura como anexo al presente protocolo, deberá contener una breve relación de los hechos objeto de la queja y la identificación de las partes implicadas. Deberá fir-marlo la persona que formula la queja, que será informada del protocolo a seguir.

La queja será registrada por el presidente de la Comisión, quien la trasladará al resto de sus miembros, así como a la Secretaría General.

3) Queja a través de canal telemático.

La queja se podrá presentar asimismo por la persona afectada, por su representante legal o, siempre que sen acredite el consentimiento de la persona afectada, por el asesor/a confidencial, por alguno de los representantes de los empleados públicos del Tribunal o por un tercero que preste servicios en el Tribunal, a través de un canal telemático interno previsto al efecto en ATRIO, al que sólo tendrá acceso el presidente de la Comisión.

El formulario que ha de cumplimentar la persona que presente la queja deberá contener una breve relación de los hechos objeto de la queja y la identificación de las personas implicadas. En el formulario debe constar la identidad de la persona que presenta la queja, no admitiéndose en ningún caso quejas anónimas.

El presidente de la Comisión, como receptor del formulario, procederá a su registro y trasladará la queja al resto sus miembros, así como a la Secretaría General.

b) Tramitación

La Comisión deberá ser convocada en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la recepción de la queja. Una vez valorado que los hechos objeto de esta entran en el ámbito de sus funciones y, en su caso, comple-mentada la información recibida con el testimonio de la persona afectada, procederá a dar traslado de la queja a la persona a la que se le atribuye la autoría de dichos hechos.

Asimismo, la Comisión podrá recabar la información y documentación que estime necesarias y practicar las actuaciones y entrevistas que considere oportunas.

141

MEMORIA 2022

Las partes implicadas pueden acudir ante la Comisión acompañadas por su representante legal, por el asesor/a confidencial, por un representante de los empleados públicos del Tribunal o por una tercera persona que preste servicios en el Tribunal.

c) Conclusiones y propuestas

Practicadas las actuaciones oportunas en atención a las concretas circunstancias del caso, la Comisión emitirá por escrito sus conclusiones y propuestas, de las que dará traslado a las partes implicadas y a la Secretaría General.

La Comisión podrá finalizar sus actuaciones mediante la adopción, entre otras, de las siguientes decisiones:

1) Queja infundada. La Comisión procederá a registrar y archivar las actuaciones en caso de reflejarse que la queja tiene por objeto hechos o situaciones por completo ajenos a las funciones que justifican su intervención en el marco del presente protocolo.

2) Queja fundada en hechos que pudieran ser objeto de examen por la Comisión sin que a priori aparenten ser constitutivos de ilícitos disciplinarios y/o penales perseguibles de oficio. La Comisión en estos casos, a resultas de las actuaciones llevadas a efecto en el marco de este protocolo, propondrá a las partes implicadas las medidas que estime más idóneas para la erradicación de la situación conflictiva y su pronta solución efectiva.

3) Queja de hechos que podrían ser determinantes de situaciones de acoso con relevancia penal y/o disciplinaria. Cuando de los hechos objeto de queja o bien de las actuaciones llevadas a efecto por la Comisión para su esclarecimiento y solución resulten indicios de que, por sus características, podrían ser constitutivos de un ilícito penal y/o disciplinario, la Comisión dará traslado por escrito al órgano y/o autoridad competente, dejando constancia de ello en sus actuaciones y cesando de inmediato en sus labores de mediación, sin perjuicio de la propuesta de adopción de las medidas de urgencia en protección de las personas afectadas.

4) Desistimiento de las partes. La Comisión deberá cesar en sus funciones de mediación tan pronto como una de las partes implicadas le comunique, por escrito o verbalmente (en este caso, documentándose con la firma de la parte que lo hubiera solicitado), su decisión contraria 142

MEMORIA 2022

a la prosecución de las actuaciones de la Comisión. La Comisión dejará constancia de tal circunstancia.

En caso de pluralidad de partes, la Comisión podría sopesar si su intervención sigue siendo viable para las restantes personas implicadas.

d) Plazo

El plazo máximo de actuación de la Comisión no podrá exceder de treinta días hábiles desde la remisión a todos sus miembros de la queja formulada.

12. Deber de colaboración, secreto y confidencialidad y protección de datos

Todo el personal al servicio del Tribunal está obligado a colaborar en el desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente protocolo, a guardar el deber de secreto y confidencialidad y a cumplir la normativa en materia de protección de datos.

13. Evaluación y revisión del protocolo

Se realizará por la Secretaría General, a través del Servicio de Gerencia, un informe anual de seguimiento que podrá incluir propuestas de reforma del protocolo, teniendo en consideración las presentadas, en su caso, por la Comisión, el asesor/a confidencial y los representantes de los empleados públicos del Tribunal.

El informe ha de contemplar, como variable estadística, el sexo de las personas afectadas.

14. Derogación

Queda derogado el «Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el Tribunal Constitucional» aprobado por el Pleno gubernativo en su reunión de 27 de mayo de 2014.

143

MEMORIA 2022

ANEXO

MODELO DE ESCRITO DE QUEJA POR ACOSO SEXUAL Y POR

RAZÓN DE SEXO Y/O ACOSO LABORAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ANEXO: MODELO DE ESCRITO DE QUEJA POR ACOSO SEXUAL Y

POR RAZON DE SEXO Y/O ACOSO LABORAL

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA EL ESCRITO

(Persona afectada por una situación de acoso, su representante legal, el asesor/a confidencial, un representante de los empleados públicos del Tribunal o un tercero que preste servicios en el Tribunal). En caso de presentación de la queja por representante legal de la persona afectada se deberá acompañar al escrito la acreditación de dicha condición.

Se deberá acreditar el consentimiento de la persona afectada si la queja es presentada por el asesor/a confidencial, por alguno de los representantes de los empleados públicos del Tribunal o por un tercero que preste servicios en el Tribunal.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

SERVICIO O UNIDAD A LA QUE

PERTENECE

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA QUE MANIFIESTA SUFRIR UNA SITUACIÓN DE

ACOSO

(No rellenar en caso de coincidir con la persona que presenta el escrito).

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

SERVICIO O UNIDAD A LA QUE

PERTENECE

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico

REGISTRO DE ENTREGA

Fecha:

Firma del gerente

Firma de la persona que presenta el escrito

144

MEMORIA 2022

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Realice una descripción detallada de los hechos ocurridos que considere que puedan ser considerados como una situación de acoso. Incluya las fechas en las que ha tenido lugar y, en su caso, datos de los testigos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Acreditación de la condición de representante legal de la persona denunciante.

Consentimiento de la persona que supuestamente sufre la situación de acoso.

Otra documentación que se adjunta (especificar brevemente):

¿Ha iniciado alguna acción legal en sede administrativa o judicial en relación con estos hechos?

En a de de 20 .

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Los datos personales que constan en la queja se incorporarán a un tratamiento de datos (“gestión de personal”), cuya finalidad es facilitar la gestión de la misma. Dichos datos, cuyos destinatarios serán exclusivamente los órganos del Tribunal Constitucional directamente involucrados en el procedimiento, se mantendrán únicamente durante el tiempo que requiera la tramitación del mismo, y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos legalmente previstos.

Los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, oposición y supresión podrán ejercerse, en su caso, ante la Secretaría General del Tribunal Constitucional (calle Domenico Scarlatti, núm. 6, 28003

Madrid) (artículo 4.1 y concordantes del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2021, publicado en Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero de 2021). Puede consultarse más información en la página web del Tribunal Constitucional, apartado “protección de datos”.

145

II. Relación de sentencias

y de autos publicados

en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las sentencias y determinados autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO

SENTENCIAS

46, de 23 de febrero de 2022

1/2022 —

8/2022

59, de 10 de marzo de 2022

9/2022 — 21/2022

72, de 25 de marzo de 2022

22/2022 — 29/2022

84, de 8 de abril de 2022

30/2022 — 38/2022

103, de 30 de abril de 2022

39/2022 — 47/2022

113, de 12 de mayo de 2022

48/2022 — 58/2022

138, de 10 de junio de 2022

59/2022 — 64/2022

159, de 4 de julio de 2022

65/2022 — 70/2022

171, de 18 de julio de 2022

71/2022 — 77/2022

181, de 29 de julio de 2022

78/2022 — 90/2022

195, de 15 de agosto de 2022

91/2022 — 99/2022

253, de 21 de octubre de 2022

100/2022 — 106/2022

262, de 1 de noviembre de 2022

107/2022 — 119/2022

277, de 18 de noviembre de 2022

120/2022 — 129/2022

288, de 1 de diciembre de 2022

130/2022 — 138/2022

308, de 24 de diciembre de 2022

139/2022 — 145/2022

5, de 6 de enero de 2023

146/2022 — 151/2022

NÚMERO DE SUPLEMENTO

AUTOS

46, de 23 de febrero de 2022

17/2022

59, de 10 de marzo de 2022

39/2022

147

MEMORIA 2022

NÚMERO DE SUPLEMENTO

AUTOS

113, de 12 de mayo de 2022

67/2022

138, de 10 de junio de 2022

75/2022, 83/2022 y

84/2022

171, de 18 de julio de 2022

96/2022

181, de 29 de julio de 2022

102/2022

195, de 15 de agosto de 2022

111/2022

288, de 1 de diciembre de 2022

134/2022

308, de 24 de diciembre de 2022

145/2022, 150/2022,

151/2022, 152/2022

y 155/2022

5, de 6 de enero de 2023

176/2022

17, de 20 de enero de 2023

177/2022

SENTENCIAS

Sala Primera. Sentencia 1/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 2576-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden 22/2016, de 10

de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, así como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares.

148

MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 2/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 3967-2019. Promovido por el sindicato Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de España en relación con la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestruc-turas, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento de 30 de noviembre de 2017, sobre determinación de servicios mínimos durante una convocatoria de huelga, y las dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en la impugnación de aquella.

Vulneración del derecho a la huelga: resolución administrativa que conllevó que la prestación del servicio de abastecimiento de alimentos y bebi-das de los pasajeros en la zona restringida del aeropuerto se desarrollara, durante las franjas horarias de huelga, con un nivel superior al habitual.

Sala Primera. Sentencia 3/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 4765-2019. Promovido por doña Concepción Martín Núñez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso sobre adecuación de pensiones.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resoluciones judiciales que desatienden el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar pronunciamientos firmes anteriores con incidencia en los haberes reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación de la recurrente (SSTC 204/2003 y 173/2021).

Sala Primera. Sentencia 4/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 732-2020. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Resolución de 15 de diciembre de 2016 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana, así como las dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella.

149

MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 5/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 4120-2020. Promovido por doña María Pilar Furones Furones respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Vitoria-Gasteiz, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 6/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 5789-2020. Promovido por doña María Jesús Meneses Sigüenza en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y un juzgado de primera instancia de Mana-cor en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Segunda. Sentencia 7/2022, de 24 de enero de 2022

Recurso de amparo 6057-2020. Promovido por la sociedad Iveco, S.p.A., respecto del auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

150

MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 179/2021

[emplazamiento indebidamente practicado en la persona de un procurador designado por la mercantil demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019)].

Pleno. Sentencia 8/2022, de 27 de enero de 2022

Recurso de amparo 3640-2019. Promovido por don Antonio Javier Rodríguez Naranjo respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de Pozuelo de Alarcón en juicio ordinario sobre tutela civil del derecho al honor.

Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: manifestaciones realizadas a través de las redes sociales a partir del desprecio hacia la falsedad de los hechos que se narran y sustituyendo una verdad objetiva, empíricamente constatable, por una verdad subjetiva.

Sala Segunda. Sentencia 9/2022, de 7 de febrero de 2022

Recurso de amparo 743-2018. Promovido por don Félix González Gue-rrero y doña Josefa Ramos Puertas en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 10/2022, de 7 de febrero de 2022

Recurso de amparo 3931-2018. Promovido por don Jordi Velasco Cano respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona en tasación de las costas causadas en un procedimiento abreviado.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos de defensa y a la asistencia letrada: resoluciones judiciales que 151

MEMORIA 2022

consideran gastos indebidos los honorarios del abogado en un supuesto en el que no resulta preceptiva la intervención de letrado.

Sala Segunda. Sentencia 11/2022, de 7 de febrero de 2022

Recurso de amparo 4582-2018. Promovido por don Francisco Benavente Romero respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Murcia, que le condenaron por un delito de estafa impropia.

Alegada vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a no declarar contra uno mismo y a la presunción de inocencia; supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio acusa-torio: inadmisión parcial del recurso de amparo; calificación de los hechos con arreglo a un principio de especialidad que no causa indefensión a la defensa, no aplicación razonada de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Sala Segunda. Sentencia 12/2022, de 7 de febrero de 2022

Recurso de amparo 4703-2019. Promovido por don Gustavo Cachcovsky Nin respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia e instrucción de Arganda del Rey que archivaron su denuncia de malos tratos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de malos tratos que se dicen sufridos en el ámbito penitenciario (STC 34/2008).

Sala Segunda. Sentencia 13/2022, de 7 de febrero de 2022

Recurso de amparo 2113-2020. Promovido por doña Sara Bejarano Brio-so respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de Badajoz que acordaron el sobreseimiento provisional de su denuncia por un delito contra la integridad moral.

152

MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de malos tratos que se dicen sufridos bajo custodia policial (STC 34/2008).

Sala Segunda. Sentencia 14/2022, de 7 de febrero de 2022

Recurso de amparo 715-2021. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC

6/2019

y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Pleno. Sentencia 15/2022, de 8 de febrero de 2022

Recurso de amparo 6205-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite sendas propuestas de resolución en el marco del debate sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que incumple el deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (STC 46/2018). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 16/2022, de 8 de febrero de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 2313-2020. Interpuesto por cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en relación con 153

MEMORIA 2022

el apartado quinto de la disposición final cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2019, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de la supresión del deber de informar periódicamente al Parlamento acerca de las subvenciones de concesión directa otorgadas.

Pleno. Sentencia 17/2022, de 8 de febrero de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 1143-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre función pública: nulidad de la previsión legal autonómica que establece un sistema de promoción interna basado exclusivamente en la posesión de la titulación académica y prescinde de la superación de las correspondientes pruebas selectivas.

Pleno. Sentencia 18/2022, de 8 de febrero de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 2721-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con los artículos 20.1 b) y 30 d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral.

Competencias sobre costas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el dominio público marítimo terrestre.

Pleno. Sentencia 19/2022, de 9 de febrero de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 3523-2021. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto del inciso «y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal» del artículo 74.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

154

MEMORIA 2022

Principio de autonomía local: nulidad del precepto legal autonómico que permite la modificación de los estatutos de las mancomunidades sin el concurso de los municipios que las integran.

Pleno. Sentencia 20/2022, de 9 de febrero de 2022

Cuestión interna de inconstitucionalidad 5908-2021. Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la entidad radique en las islas Canarias (STC 60/2015).

Pleno. Sentencia 21/2022, de 9 de febrero de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 6179-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22

de octubre, en la redacción dada por el artículo 39.8 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021.

Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que establece una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que afecta al desarrollo de actividades económicas (STC 161/2012).

Sala Segunda. Sentencia 22/2022, de 21 de febrero de 2022

Recurso de amparo 5673-2019. Promovido por don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García Miranda en relación con las resoluciones de un juzgado de instrucción de Madrid que denegaron incoación de procedimiento de habeas corpus.

155

MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por falta de legitimación de la abogada de los detenidos (STC 224/1998) y por razones de fondo (STC 72/2019).

Sala Segunda. Sentencia 23/2022, de 21 de febrero de 2022

Recurso de amparo 6420-2019. Promovido por don Ramón Agenjo Bosch en relación con resolución sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad sancionadora (proporcionalidad) y a la protección de datos: sanción por comisión de infracción muy grave objeto de posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Pleno. Sentencia 24/2022, de 23 de febrero de 2022

Recurso de amparo 4427-2020. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una propuesta de resolución en el marco de un debate «sobre la situación política creada por la crisis de la mo-narquía española».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que incumple el deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (STC 46/2018). Voto particular.

Pleno. Sentencia 25/2022, de 23 de febrero de 2022

Recurso de amparo 4586-2020. Promovido por don Joaquim Torra i Pla respecto de las sentencias de las salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le condenaron por un delito de desobediencia.

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MEMORIA 2022

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad penal, a la libertad de expresión, a acceder a los cargos públicos y a la igualdad en la aplicación de la ley: condena por un delito de desobediencia que conlleva la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de quien era presidente de la Generalitat de Cataluña. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 26/2022, de 24 de febrero de 2022

Recurso de amparo 6314-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres en relación con los autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas cautelares frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que rechazó su promesa de acatamiento de la Constitución.

Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva: inadmisión parcial por falta de invocación tempestiva y extinción, por pérdida sobrevenida del proceso, del recurso de amparo.

Pleno. Sentencia 27/2022, de 24 de febrero de 2022

Recurso de amparo 1044-2021. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 30/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana, así como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares.

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MEMORIA 2022

Pleno. Sentencia 28/2022, de 24 de febrero de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 5389-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Competencias sobre legislación procesal y vivienda: nulidad del precepto legal autonómico que introduce, como requisito previo al ejercicio de acciones ejecutivas, la acreditación de que se ha efectuado una oferta de alquiler social; interrumpe los procedimientos iniciados sin acreditar dicha oferta y suspende los lanzamientos durante la vigencia del estado de alarma o restricciones de movilidad.

Pleno. Sentencia 29/2022, de 24 de febrero de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 6003-2021. Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Garantía institucional del régimen económico y fiscal de Canarias: extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, del recurso de inconstitucionalidad.

Sala Primera. Sentencia 30/2022, de 7 de marzo de 2022

Recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019 y 4275-2019 (acumulados). Promovidos por doña Blanca Pou Schmidt y Europa Press Delegaciones, S. A., los dos primeros, y don Francisco Mestre García y Editora Balear, S. A., el tercero, en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Baleares y un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca en diligencias previas de investigación de posibles filtraciones a la prensa de documentos judiciales y policiales.

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MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción y a los recursos legales): resoluciones judiciales que no aceptaron la personación, por falta de legitimación procesal, en diligencias previas a quienes sostenían que algunas de las medidas acordadas afectaban a sus derechos a la intimidad, inviolabilidad domiciliaria, secreto de las comunicaciones y profesional.

Sala Segunda. Sentencia 31/2022, de 7 de marzo de 2022

Recurso de amparo 141-2020. Promovido por la Assemblea Nacional Catalana respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su recurso frente a resolución sancionadora dictada por la Agencia Española de Protección de Datos.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la presunción de inocencia, en conexión con las libertades ideológica, de expresión y asociación: imposición de una sanción por la realización de una encuesta para la que se trataron, sin consentimiento expreso y por escrito de sus titulares, datos atinentes a la ideología de los entrevistados.

Sala Segunda. Sentencia 32/2022, de 7 de marzo de 2022

Recurso de amparo 1723-2020. Promovido por don Miguel Ángel Durán Marmolejo respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de lo penal de la capital que revocan la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad previamente acordada.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación) en relación con los derechos a la libertad personal y al proceso debido: revocación de la suspensión de la pena de prisión al no haberse satisfecho la responsabilidad civil, que no cumple las exigencias constitucionales de motivación y audiencia.

Sala Segunda. Sentencia 33/2022, de 7 de marzo de 2022

Recurso de amparo 6029-2020. Promovido por don Karim Jamal en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Cádiz y un juzgado de lo penal de Algeciras que rechazaron su solicitud de prescripción de la pena de prisión impuesta por un delito de atentado.

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MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal: resoluciones judiciales que no satisfacen el canon reforzado en materia de prescripción de las penas al apreciar una causa interruptora de la prescripción no prevista en la norma (STC 63/2015).

Sala Segunda. Sentencia 34/2022, de 7 de marzo de 2022

Recurso de amparo 693-2021. Promovido por doña Marta García Viso respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Granada que acordaron el sobreseimiento provisional de su denuncia por malos tratos.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de malos tratos que se dicen padecidos bajo custodia policial (STC 34/2008).

Pleno. Sentencia 35/2022, de 9 de marzo de 2022

Recurso de amparo 4409-2019. Promovido por don Íñigo Errejón Galván y doña Clara Ramas San Miguel en relación con la elección de miembros de la mesa de la Asamblea de Madrid.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: designación de miembros de la mesa no respetuosa con el mandato de proporcionalidad recogido en el Estatuto de Autonomía de Madrid.

Pleno. Sentencia 36/2022, de 10 de marzo de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 4814-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social.

Competencias sobre Seguridad Social; estructuras de Estado: interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales autonómicos 160

MEMORIA 2022

relativos a la función recaudatoria de la Agencia Catalana de Protección Social y a la consideración de los fondos allegados.

Pleno. Sentencia 37/2022, de 10 de marzo de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 6289-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.

Competencias sobre vivienda, condiciones básicas de igualdad, legislación civil y procesal y régimen jurídico de las administraciones públicas; derecho de propiedad y principios de dignidad humana, seguridad jurídica y tipicidad: nulidad de los preceptos que definen el objeto y ámbito de aplicación de la ley autonómica, establecen un régimen de contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y las consecuencias sancionadoras de su incumplimiento, habilitan para la aplicación de porcentajes correctores y exclusión de viviendas en áreas con mercado de vivienda tenso, definen el régimen transitorio en estas mismas áreas, introducen un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos e imponen el juicio verbal como cauce procesal obligado.

Pleno. Sentencia 38/2022, de 11 de marzo de 2022

Recurso de amparo 4885-2020. Promovido por el Grupo Mixto del Parlamento Vasco y por doña Amaia Martínez Grisaleña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que definieron el régimen de ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Vulneración del derecho de participación política: nulidad de los acuerdos que establecieron la denominación del grupo mixto y fijaron el número de las distintas iniciativas que podía presentar y el tiempo de sus intervenciones en los debates parlamentarios. Votos particulares.

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MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 39/2022, de 21 de marzo de 2022

Recurso de amparo 5934-2017. Promovido por doña María Victoria Rosell Aguilar respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimaron parcialmente su impugnación de diligencias preprocesales de la Fiscalía provincial de Las Palmas.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a un proceso con todas las garantías y al acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: inexistencia de gravamen al haberse anulado judicialmente las actuaciones a las que se imputan las lesiones constitucionales.

Sala Segunda. Sentencia 40/2022, de 21 de marzo de 2022

Recurso de amparo 2524-2020. Promovido por doña María Carmen Rueda Domeque respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su impugnación de la liquidación autonómica del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: resolución que niega la aplicación de una bonificación fiscal a las uniones de hecho inscritas en un registro administrativo municipal (STC 77/2015).

Sala Primera. Sentencia 41/2022, de 21 de marzo de 2022

Recurso de amparo 3047-2020. Promovido por don Wu Xue Feng respecto de las resoluciones declarando la firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenó por sendos delitos de lesiones menos graves y asesinato en grado de tentativa.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) y a un proceso con todas las garantías: falta de traducción de la sentencia dictada en apelación que privó al condenado de su derecho a conocer los fundamentos de la desestimación de sus pretensiones y de la posibilidad de impugnarlos en casación.

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MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 42/2022, de 21 de marzo de 2022

Recurso de amparo 4011-2020. Promovido por la asociación Òmnium Cultural respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su recurso frente a resolución sancionadora dictada por la Agencia Española de Protección de Datos.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la legalidad sancionadora, en conexión con los derechos de asociación y de propiedad; principios de seguridad jurídica y de confianza legítima: imposición previsible de una sanción en relación con la transferencia internacional de datos a servidores ubicados en los Estados Unidos (STJUE de 6 de octubre de 2015). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 43/2022, de 21 de marzo de 2022

Recurso de amparo 296-2021. Promovido por doña Francisca Zafra Flores en relación con el auto de un juzgado de primera instancia de Granada que estimó la impugnación del reconocimiento de su derecho a la asistencia jurídica gratuita en procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado que las circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran posteriormente (STC 90/2015).

Sala Primera. Sentencia 44/2022, de 21 de marzo de 2022

Recurso de amparo 3171-2021. Promovido por don Jesús García Valerio y doña María Dolores Pérez Roura respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Huesca y un juzgado de primera instancia de Barbastro en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que 163

MEMORIA 2022

desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

Pleno. Sentencia 45/2022, de 23 de marzo de 2022

Recurso de amparo 1621-2020. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y por don Raül Romeva Rueda respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Supuesta vulneración de los derechos a la legalidad penal, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, al juez ordinario predeterminado por la ley, de defensa y de presunción de inocencia; derechos de reunión y de acceso a los cargos públicos, libertades ideológica y de expresión: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 46/2022, de 24 de marzo de 2022

Recurso de amparo 1599-2020. Promovido por doña Dolors Bassa i Coll respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario e imparcial predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, de defensa, a la prueba, a la presunción de inocencia y de acceso a los cargos públicos y a la legalidad penal: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Votos particulares.

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MEMORIA 2022

Pleno. Sentencia 47/2022, de 24 de marzo de 2022

Recurso de amparo 1638-2020. Promovido por don Joaquim Forn i Chia-riello respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley, de defensa y a la presunción de inocencia; derecho a la legalidad penal en relación con las libertades ideológicas y de expresión y los derechos de reunión, manifestación y participación política: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 48/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 2875-2020. Promovido por doña Flora Alonso Martínez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de O Porriño (Pontevedra) en proceso de liquidación de sociedad de gananciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia en la averiguación del domicilio real para proceder al emplazamiento personal y ausencia de reparación judicial de la lesión consecuencia de la rigurosa inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones.

Sala Segunda. Sentencia 49/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 3494-2020. Promovido por doña Lucía Matey en relación con las resoluciones de un juzgado de instrucción de Madrid que denegaron la incoación de procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una solicitud de habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 73/2021). Voto particular.

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MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 50/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 4731-2020. Promovido por Sogeosa, Sociedad General de Obras, y Torrescámara y Cía Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, respecto de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimatoria de una acción de nulidad de laudo arbitral.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden público (SSTC 46/2020 y 17/2021).

Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 51/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 5881-2020. Promovido por Comercial Agrícola Aragonesa, S. A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 52/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 1546-2021. Promovido por doña Asunción Rodríguez Martín respecto del auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Madrid que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable, derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular.

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MEMORIA 2022

Sala Primera. Sentencia 53/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 1755-2021. Promovido por don David Gran Serrano respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Tarragona que acordaron el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por el atropello de un menor por un vehículo policial.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia penal): investigación insuficiente de las lesiones padecidas en el curso de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden (STEDH de 9 de marzo de 2021, asunto López Martínez c. España ).

Sala Primera. Sentencia 54/2022, de 4 de abril de 2022

Recurso de amparo 7062-2021. Promovido por doña María Aurora Bal-bás Salcés respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en juicio de desahucio arrendaticio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 97/2021).

Pleno. Sentencia 55/2022, de 5 de abril de 2022

Recurso de amparo 946-2019. Promovido por Caixabank, S. A., respecto de las resoluciones de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimatorias de su impugnación de la liquidación del impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito.

Vulneración del derecho a la igualdad: aplicación del precepto legal anulado por la STC 20/2022, que supeditaba el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la entidad radicara en las islas Canarias.

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MEMORIA 2022

Pleno. Sentencia 56/2022, de 5 de abril de 2022

Recurso de amparo 3085-2019. Promovido por don Miquel Iceta i Llorens y otros dieciséis diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara que establecieron el sistema de votación para la determinación de un senador de designación autonómica.

Vulneración del derecho a la representación política: sistema de designación de senadores que vulnera el principio de proporcionalidad al permitir el veto a la ratificación del candidato presentado. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 57/2022, de 7 de abril de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 4203-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.

Competencias sobre vivienda, legislación civil y procesal: pérdida parcial de objeto del recurso en cuanto se impugnaban los preceptos declarados inconstitucionales y nulos por la STC 37/2022, de 10 de marzo; nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el régimen de control y sancionador, tipifican como infracción leve la falta de constancia del importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior y supeditan el acceso al proceso civil a la formulación de una oferta de alquiler social.

Pleno. Sentencia 58/2022, de 7 de abril de 2022

Recurso de amparo 5739-2021. Promovido por don Josep Costa i Rosselló respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las que se declaró competente para conocer de la querella presentada contra él por un delito de desobediencia.

Alegada vulneración de los derechos al juez imparcial y predeterminado por la ley; supuesta vulneración de los derechos a la participación y representación política y a la tutela judicial efectiva (motivación) en rela-168

MEMORIA 2022

ción con el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, así como a las libertades ideológica, de expresión y reunión: resoluciones judiciales motivadas y fundadas en Derecho, que no han quebrantado los derechos fundamentales invocados. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 59/2022, de 9 de mayo de 2022

Recurso de amparo 4748-2019. Promovido por don J. L. L., respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su pretensión de cancelación de antecedentes en el registro central de delincuentes sexuales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (incongruencia): resolución judicial que no da respuesta a la pretensión principal fundada en el principio de calidad de los datos.

Sala Primera. Sentencia 60/2022, de 9 de mayo de 2022

Recurso de amparo 3315-2020. Promovido por Banco de Santander, S. A., respecto de las resoluciones de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimatorias de su impugnación de la liquidación del impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito.

Vulneración del derecho a la igualdad: STC 55/2022 (aplicación del precepto legal anulado por la STC 20/2022, que supeditaba el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la entidad radicara en las islas Canarias).

Sala Segunda. Sentencia 61/2022, de 9 de mayo de 2022

Recurso de amparo 1094-2021. Promovido por doña Sagrario Fernández Sánchez y don Francisco Virgili Parra respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Barcelona en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que 169

MEMORIA 2022

desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 62/2022, de 9 de mayo de 2022

Recurso de amparo 5052-2021. Promovido por Totin, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Huelva en juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 97/2021).

Pleno. Sentencia 63/2022, de 10 de mayo de 2022

Recurso de amparo 1854-2020. Promovido por don Igor Portu Juanena respecto del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no autoriza la interposición de un recurso extraordinario de revisión en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por sendos delitos de estragos y asesinato terrorista.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la integridad física y moral: resolución judicial que, ante la ausencia de razones de justicia material que justifiquen dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme, da prevalencia a la seguridad jurídica. Voto particular.

Pleno. Sentencia 64/2022, de 10 de mayo de 2022

Recurso de amparo 5840-2020. Promovido por don Joaquim Torra i Pla en relación con las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declararon la firmeza de su condena por un delito de desobediencia y acordaron su ejecución Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva y a la representación política: denegación de la suspensión de la ejecución de una sentencia condenatoria razonada y fundada en la falta de competencia para la adopción de la medida que no vulneró el derecho a 170

MEMORIA 2022

la participación política por las razones expresadas en la STC 25/2022, de 23 de febrero. Voto particular.

Pleno. Sentencia 65/2022, de 31 de mayo de 2022

Recurso de amparo 2388-2018. Promovido por doña Inés Arrimadas García y otros treinta y cuatro diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa que admitieron la delegación de voto de don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín Oliveres.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la mesa de la Cámara que, al facultar al delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 66/2022, de 2 de junio de 2022

Recurso de amparo 6313-2019. Promovido por doña C. P., don L. M. G.

C., y doña V. G. P., respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Oviedo acordando el ingreso obligado de la primera por razón de su embarazo.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión, en relación con los derechos a la libertad personal y a la intimidad personal y familiar: medida cautelar adoptada limitando proporcionadamente los derechos fundamentales en presencia y ponderando adecuadamente el riesgo que corrían la vida y salud del nasciturus. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 67/2022, de 2 de junio de 2022

Recurso de amparo 6375-2019. Promovido por Serge Christian M. Sceve-nels respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmaron la sentencia de un juzgado de lo social de Madrid desestimando su demanda sobre tutela de derechos fundamentales y petición de daños y perjuicios.

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MEMORIA 2022

Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación por identidad sexual y del derecho a la propia imagen: ausencia de indicio discriminatorio en la decisión empresarial de cesar la relación laboral en período de prueba; inexistencia de límites a la expresión de género de los trabajadores de la empresa.

Pleno. Sentencia 68/2022, de 2 de junio de 2022

Recurso de amparo 1855-2020. Promovido por don Mattin Sarasola Yar-zabal respecto del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que no autoriza la interposición de un recurso extraordinario de revisión en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por sendos delitos de estragos y asesinato terrorista.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la integridad física y moral: resolución judicial que, ante la ausencia de razones de justicia material que justifiquen dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme, da prevalencia a la seguridad jurídica. Voto particular.

Pleno. Sentencia 69/2022, de 2 de junio de 2022

Recurso de amparo 5548-2020. Promovido por don Mikel San Sebastián Gaztelumendi respecto del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que no autoriza la interposición de un recurso extraordinario de revisión en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por sendos delitos de estragos y asesinato terrorista.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la integridad física y moral: resolución judicial que, ante la ausencia de razones de justicia material que justifiquen dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme, da prevalencia a la seguridad jurídica. Voto particular.

Pleno. Sentencia 70/2022, de 2 de junio de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 6283-2020. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-172

MEMORIA 2022

rior de Justicia de Aragón, en relación con el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, redactado por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia.

Principios de división de poderes e independencia judicial; reserva y exclusividad de la función jurisdiccional: nulidad del precepto legal que prevé la autorización o ratificación por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de las medidas sanitarias para la protección de la salud pública, cuando los destinatarios no estén identificados; extensión de la declaración de inconstitucionalidad por conexión o consecuencia. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 71/2022, de 13 de junio de 2022

Recurso de amparo 4766-2019. Promovido por Barna Import Médica, S. A.

(Bimédica), respecto de los autos de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitieron su recurso de casación frente a la sentencia de la Audiencia Nacional desestimatoria de su impugnación de la sanción que le había sido impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación y doble instancia penal): inadmisión que garantiza el reexamen de la confirmación judicial de la sanción administrativa impuesta ( STEDH

de 30 de junio de 2020, asunto Saquetti Iglesias c. España) .

Sala Segunda. Sentencia 72/2022, de 13 de junio de 2022

Recurso de amparo 4968-2020. Promovido por doña María José Romero Suárez en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un juzgado de lo social de Sevilla en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): STC 140/2021 (resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales de las causas justificativas del despido colectivo).

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MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 73/2022, de 13 de junio de 2022

Recurso de amparo 949-2021. Promovido por Broker & Broker 98, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de León en juicio verbal de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (SSTC 30/2014 y 97/2021).

Pleno. Sentencia 74/2022, de 14 de junio de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 1643-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 203.6 b) 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en la redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Principios de legalidad (culpabilidad) y de interdicción de la arbitrarie-dad de los poderes públicos; valor superior de la justicia: constitucionalidad del precepto legal que tipifica la infracción de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria, cometida por personas o entidades que desarrollen actividades económicas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 75/2022, de 15 de junio de 2022

Recurso de amparo 2496-2018. Promovido por don Xavier García Albiol y otros tres diputados del subgrupo parlamentario del Partit Popular de Catalunya en el Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron la delegación de voto de don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: STC 65/2022 (acuerdos de la mesa de la Cámara que, al facultar al delegado la determinación del sen-174

MEMORIA 2022

tido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas). Voto particular.

Pleno. Sentencia 76/2022, de 15 de junio de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 1679-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 60.2 de la Ley de las Corts Valencianes 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.

Competencias sobre procedimiento administrativo y protección ambiental: nulidad del precepto legal autonómico que atribuye efectos positivos al silencio en el otorgamiento de autorizaciones para actividades que requieran evaluación de impacto ambiental. Voto particular.

Pleno. Sentencia 77/2022, de 15 de junio de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 4822-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid respecto del artículo 52

de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

Principio de legalidad sancionadora (taxatividad): constitucionalidad del precepto legal que establece los criterios para la calificación de infracciones (STC 150/2020).

Sala Primera. Sentencia 78/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 4553-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Resolución de 5 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, así como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella.

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MEMORIA 2022

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares.

Sala Primera. Sentencia 79/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 2915-2020. Promovido por la entidad FCC Construcción, S. A.-FCC Ámbito, S. A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, respecto de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimatoria de la acción de anulación de laudo arbitral.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden público (STC 50/2022).

Sala Segunda. Sentencia 80/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 5193-2020. Promovido por don José Francisco Ma-taix Ferre y doña Lidia Juana Martínez García respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Ontinyent (Valencia) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Segunda. Sentencia 81/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 6071-2020. Promovido por doña Paloma Rodríguez Moya respecto de las sentencias de las salas de lo penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su solicitud de revisión de la condena impuesta por un tribunal de Turquía.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que rechazan la pretensión revisora con fundamento en el principio de pro-176

MEMORIA 2022

porcionalidad de la pena sin satisfacer las exigencias propias del requisito de motivación reforzada.

Sala Segunda. Sentencia 82/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 6113-2020. Promovido por don Igor Manchón Carre-ro respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Bizkaia y un juzgado de primera instancia de Bilbao que desestimaron su demanda de filiación.

Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación y los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la prueba: apreciación de la caducidad de la acción de filiación acorde con la doctrina constitucional y respetuosa con la finalidad perseguida por la legislación vigente; inadmisión de medios de prueba cuyo carácter decisivo en términos de defensa no se acredita; improcedencia del planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad.

Sala Segunda. Sentencia 83/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 6454-2020. Promovido por don Francisco Javier López Madrid respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un juzgado central de instrucción, que acordaron dejar sin efecto el plazo máximo de duración de la instrucción.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (intangibilidad), al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas: improcedencia de atribuir la nota de intangibilidad a las resoluciones interlocutorias que fijan el término de la fase instructora; vigencia inmediata de las nuevas reglas a los procedimientos en tramitación; inexistencia de un pretendido derecho del recurrente a que su pretensión sea conocida por el pleno del órgano judicial competente.

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MEMORIA 2022

Sala Primera. Sentencia 84/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 83-2021. Promovido por don José Antonio Vázquez Nieto y continuado por doña María Paz Lucía Casademunt, en su condición de sucesora procesal mortis causa, respecto de las resoluciones dictadas en procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte y la sentencia de un juzgado central de lo contencioso-administrativo que desestimó su impugnación.

Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación: resolución administrativa sancionadora dictada sin que el afectado tuviera conocimiento de las comunicaciones practicadas en su dirección electrónica habilitada.

Sala Segunda. Sentencia 85/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 2063-2021. Promovido por don Salvador Illa Roca y otros treinta y dos diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la presidenta y la mesa de la Cámara que admitieron la delegación de voto de don Lluís Puig Gordi.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: STC 65/2022 (acuerdos de la presidencia y mesa de la Cámara que, al facultar al delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas).

Sala Primera. Sentencia 86/2022, de 27 de junio de 2022

Recurso de amparo 2268-2021. Promovido por don Fernando Fernández-Martos Machado respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid que denegaron su solicitud de asistencia jurídica gratuita.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): denegación del beneficio de justicia gratuita resultante de una interpretación que reduce los supuestos de accidentes que ocasionen secue-178

MEMORIA 2022

las permanentes que impidan el desempeño de la profesión habitual exclusivamente a aquellos causados por el tráfico.

Pleno. Sentencia 87/2022, de 28 de junio de 2022

Recursos de amparo 212-2020, 1523-2020 y 1634-2020 (acumulados).

Promovidos por don Oriol Junqueras Vies respecto de diversas resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición.

Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de las funciones representativas, libertad personal, tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: negativa a suspender la tramitación del proceso penal y la pena privativa de libertad hasta tanto se resuelve una cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, razonada y respetuosa del privilegio de inmunidad parlamentaria; improcedencia del planteamiento de cuestión prejudicial (STC 45/2022). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 88/2022, de 28 de junio de 2022

Recurso de amparo 1773-2020. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y doña Neus Bramona Fontcuberta respecto de las resoluciones de un juzgado de primera instancia e instrucción de Manresa (Barcelona) que inadmitieron su solicitud de habeas corpus.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la participación y representación política: rechazo liminar de una petición de habeas corpus formulada por quien estaba cumpliendo una pena privativa de libertad a la que había sido condenado por una sentencia firme; improcedencia del planteamiento de cuestión prejudicial.

Pleno. Sentencia 89/2022, de 29 de junio de 2022

Recurso de amparo 5310-2020. Promovido por don M. J. L., respecto de las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que estimaron la impugnación de la resolución de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos 179

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por la que se instaba a Google, Inc., para que adoptara las medidas necesarias a fin de que el nombre del solicitante no se asociara en los resultados de su motor de búsqueda a tres direcciones de páginas de internet.

Vulneración del derecho a la protección de datos personales: inexistencia de un interés público prevalente en la indexación de opiniones críticas sobre el desarrollo de la actividad profesional de un empresario del sector inmobiliario. Voto particular.

Pleno. Sentencia 90/2022, de 30 de junio de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 1062-2022. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con el artículo 20 y la disposición derogatoria única de la Ley 7/2021, de 20 mayo, de cambio climático y transición energética.

Principio de seguridad jurídica y reserva de ley en la regulación del régimen jurídico de los bienes de dominio público: constitucionalidad de las previsiones legales relativas a la duración de los títulos de ocupación del demanio marítimo y sus prórrogas.

Sala Segunda. Sentencia 91/2022, de 11 de julio de 2022

Recurso de amparo 1434-2021. Promovido por Iveco, S.p. A., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo mercantil de Gijón en proceso por reclamación de cantidad.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada posterior a la notificación en la sede de otra sociedad del mismo grupo empresarial (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 92/2022, de 11 de julio de 2022

Recurso de amparo 4131-2021. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros cinco diputados del grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la presidenta y la mesa de la Cámara que admitieron la delegación de voto de don Lluís Puig Gordi.

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MEMORIA 2022

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la presidencia y mesa de la Cámara que, al facultar al delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas (SSTC 65/2022 y 85/2022).

Sala Segunda. Sentencia 93/2022, de 11 de julio de 2022

Recurso de amparo 4667-2021. Promovido por el Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña, y por su portavoz don Juan Garriga Domènech, en relación con los acuerdos de la presidenta y la mesa de la Cámara que admitieron la delegación de voto de don Lluís Puig Gordi.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la presidencia y mesa de la Cámara que, al facultar al delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas (SSTC 65/2022 y 85/2022).

Pleno. Sentencia 94/2022, de 12 de julio de 2022

Recurso de amparo 5234-2018. Promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros dieciséis diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos del Pleno y la mesa de la Cámara sobre suspensión de derechos y deberes parlamentarios de diversos diputados.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: nulidad de la resolución parlamentaria que regula la delegación del derecho de voto, de cuyo ejercicio estaba desposeído su titular; desaparición sobrevenida parcial de objeto del recurso.

Pleno. Sentencia 95/2022, de 12 de julio de 2022

Recurso de amparo 5765-2018. Promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros dieciséis diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per 181

MEMORIA 2022

Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa de la Cámara sobre el modo de dirimir los empates en las votaciones en comisión.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la mesa que modifican indirectamente el Reglamento de la Cámara y que, al hacerlo, desconocie-ron el carácter imperativo de la medida de suspensión de cargos y funciones legalmente prevista y judicialmente acordada, así como la doctrina constitucional en relación con los efectos automáticos de la suspensión y la inexistencia de margen de discrecionalidad parlamentaria en su aplicación (STC 97/2020).

Pleno. Sentencia 96/2022, de 12 de julio de 2022

Recurso de amparo 5887-2018. Promovido por doña Inés Arrimadas García y otros treinta y cuatro diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con diversos acuerdos parlamentarios sobre suspensión de derechos y deberes de los parlamentarios y modo de dirimir los empates en las votaciones en comisión, y de aplicación de los anteriores en la actividad parlamentaria.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la mesa que modifican indirectamente el Reglamento de la Cámara y que, al hacerlo, desconocie-ron el carácter imperativo de la medida de suspensión de cargos y funciones legalmente prevista y judicialmente acordada, así como la doctrina constitucional en relación con los efectos automáticos de la suspensión y la inexistencia de margen de discrecionalidad parlamentaria en su aplicación (STC 97/2020).

Pleno. Sentencia 97/2022, de 12 de julio de 2022

Recurso de amparo 197-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto de la resolución de la mesa del Parlamento de Cataluña por la que se acordó no computar su voto delegado.

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Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: resolución parlamentaria que deja sin efecto la delegación del derecho de voto de cuyo ejercicio estaba desposeído su titular. Voto particular.

Pleno. Sentencia 98/2022, de 12 de julio de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 4701-2020. Planteada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Jerez de la Frontera en relación con el inciso primero del artículo 92.7 del Código civil, en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio.

Protección de la infancia y de la familia, interés superior del menor y libre desarrollo de la personalidad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por indebida formulación del juicio de relevancia.

Pleno. Sentencia 99/2022, de 13 de julio de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 2527-2022. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 38.2 a) y 8 y diversos anexos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León.

Competencias en materia de protección ambiental: nulidad de los preceptos autonómicos que permiten la caza de las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 100/2022, de 12 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 4042-2018. Promovido por la Asociación de Profesores Superiores de Música de Andalucía en relación con la Orden de la Conseje-ría de Educación de la Junta de Andalucía, de 16 de marzo de 2017, por la que se convoca un procedimiento selectivo para el acceso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, y las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que inadmitieron la impugnación de aquella.

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Vulneración del derecho de acceso a las funciones públicas: nulidad de la convocatoria de procedimiento selectivo que no contempla como mérito la evaluación positiva de la actividad docente y que no considera acreditada la formación y capacidad de tutela en las investigaciones artísticas de los aspirantes que hayan desempeñado temporalmente las funciones de catedrático de Música y Artes Escénicas.

Sala Primera. Sentencia 101/2022, de 12 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 1771-2020. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Resolución de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de 13 de julio de 2016, por la que se convocan ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana; así como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimaron la impugnación de aquella.

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 102/2022, de 12 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 3362-2020. Promovido por doña M. R. S., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Jaén y un juzgado de primera instancia e instrucción de Alcalá la Real en diligencias previas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones que de-niegan el derecho de acceso a la información judicial de quien invoca su condición de víctima del delito.

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MEMORIA 2022

Sala Primera. Sentencia 103/2022, de 12 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 1009-2021. Promovido por don Mohammed El Hattab respecto de los autos dictados por un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria en procedimiento de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: falta de asistencia letrada al detenido en diligencias policiales; inadmisión de una petición de habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 73/2021).

Sala Primera. Sentencia 104/2022, de 12 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 2172-2021. Promovido por don Josep Germá Llido Alba respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid que denegaron su solicitud de reducción de la cuota mensual a abonar en concepto de responsabilidad civil derivada del delito.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia omisiva): respuesta judicial que no examina las circunstancias alegadas por el solicitante en defensa de su petición.

Pleno. Sentencia 105/2022, de 13 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 229-2021. Promovido por don M. J. L., respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que estimaron la impugnación de la resolución de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se instaba a Google, Inc., para que adoptara las medidas necesarias a fin de que el nombre del solicitante no se asociara en los resultados de su motor de búsqueda a una dirección de página de internet.

Vulneración del derecho a la protección de datos personales: STC 89/2022

(inexistencia de un interés público prevalente en la indexación de opiniones críticas sobre el desarrollo de la actividad profesional de un empresario del sector inmobiliario). Voto particular.

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Pleno. Sentencia 106/2022, de 13 de septiembre de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 5570-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de los apartados décimo y decimonoveno del artículo 2 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Principios de seguridad jurídica, protección de la infancia y de la familia y de exclusividad jurisdiccional; derecho a la tutela judicial efectiva: constitucionalidad de los preceptos legales que excluyen el establecimiento de un régimen de visita o estancia para el progenitor incurso en proceso penal o respecto del cual existan indicios fundados de violencia doméstica o de género y facultan al otro progenitor para que proporcione asistencia psicológica a los hijos menores de edad. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 107/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 824-2017. Promovido por doña Inmaculada Muñoz Lorenzo en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alicante en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 108/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 1041-2019. Promovido por doña Marta Cabrera Alández respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid desestimatoria de su solicitud de devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (error patente): resolución judicial que yerra al calificar la autoliquidación presentada por el obligado tributario, aplicándole el régimen de revisión previsto para los actos administrativos de liquidación.

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MEMORIA 2022

Sala Primera. Sentencia 109/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 5368-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC

6/2019

y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Primera. Sentencia 110/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 151-2021. Promovido por don Manuel Muñoz Ruiz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona (Málaga) en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento personal de quien no había sido notificado en el proceso monitorio previo (STC 110/2008).

Sala Primera. Sentencia 111/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 548-2021. Promovido por don Antonio Hijazo García respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente absoluta.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable, derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular.

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MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 112/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 795-2021. Promovido por don Xuan Changsheng y doña Yuewen Zhu respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrejón de Ardoz (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de los demandados sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 113/2022, de 26 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 2100-2021. Promovido por don Farid Hilali respecto de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su impugnación de la resolución del secretario de Estado de Justicia que denegó la indemnización por funcionamiento anormal de la administración de justicia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial (resolución fundada en Derecho): denegación de reparación económica por el tiempo transcurrido en centros penitenciarios del Reino Unido para la ejecución de una orden europea de detención y entrega dictada por un juzgado central de instrucción en causa que concluyó por auto de sobreseimiento libre.

Sala Segunda. Sentencia 114/2022, de 26 de septiembre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 3853-2022. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 de Oviedo, en relación con la disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de coordinación de policías locales.

Competencias sobre función pública y policías locales: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 171/2020).

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MEMORIA 2022

Pleno. Sentencia 115/2022, de 27 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 7442-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una moción parlamentaria, y las resoluciones y actuaciones del presidente del Parlamento destinados a lle-varlos a efecto.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: resoluciones que incumplen manifiestamente lo acordado por el Tribunal Constitucional (STC 259/2015 y ATC 16/2020). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 116/2022, de 27 de septiembre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece la adscripción temporal a su primer destino para los funcionarios de carrera de nuevo ingreso.

Pleno. Sentencia 117/2022, de 29 de septiembre de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 5332-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.

Competencias sobre comercio interior, ordenación de la economía y régimen lingüístico: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos a los horarios comerciales, aplicación de la regla del silencio negativo a las solicitudes de declaración de municipios turísticos y prescripción de infracciones y sanciones; interpretación conforme con la 189

MEMORIA 2022

Constitución de los preceptos que regulan las temporadas habituales de venta en rebajas y el deber de disponibilidad lingüística en la actividad comercial.

Pleno. Sentencia 118/2022, de 29 de septiembre de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 5390-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler.

Competencias sobre Derecho civil, vivienda y consumo: nulidad del precepto legal que introduce un régimen de contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda (STC 37/2022).

Pleno. Sentencia 119/2022, de 29 de septiembre de 2022

Recurso de amparo 7211-2021. Promovido por Saltoki Araba, S. A., en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en proceso por despido.

Vulneración de los derechos a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a un proceso con todas las garantías, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que, sin un verda-dero motivo jurídico, declaran improcedente la prueba videográfica aportada por la empresa y admitida en la instancia. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 120/2022, de 10 de octubre de 2022

Recurso de amparo 7578-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 190

MEMORIA 2022

comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC

6/2019

y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 121/2022, de 10 de octubre de 2022

Recurso de amparo 7582-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S. L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC

6/2019

y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

Sala Segunda. Sentencia 122/2022, de 10 de octubre de 2022

Recurso de amparo 5923-2020. Promovido por don Abdelmalik Abderra-zak Abdeselam respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona decretando prisión provisional.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes que se dicen padecidos bajo custodia policial (STC 34/2008).

Sala Segunda. Sentencia 123/2022, de 10 de octubre de 2022

Recurso de amparo 1553-2021. Promovido por doña Susana Azucena Mejías Benites respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Pro-191

MEMORIA 2022

vincial y un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

Sala Primera. Sentencia 124/2022, de 10 de octubre de 2022

Recurso de amparo 7440-2021. Promovido por doña Sira Esclasans i Cardona en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Barcelona que acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de su querella por un posible delito de lesiones cometido por funcionario público.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: investigación insuficiente de las lesiones padecidas por quien cubría, en su calidad de periodista, los enfrentamientos entre manifestaciones y fuerzas del orden (STC 53/2022).

Sala Primera. Sentencia 125/2022, de 10 de octubre de 2022

Recurso de amparo 8133-2021. Promovido por don José Luis Malvar Guzmán respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Sevilla.

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de más de tres años en la celebración del acto de conciliación previa y juicio en procedimiento ordinario de reclamación de cantidad por incumplimiento de la formalización de contrato postdoctoral (STC 129/2016).

Pleno. Sentencia 126/2022, de 11 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 2767-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con los artículos 10 a 13 del Decre-192

MEMORIA 2022

to-ley del Gobierno de Aragón 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica.

Límites a los decretos leyes y derecho a la negociación colectiva: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad.

Pleno. Sentencia 127/2022, de 11 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 6113-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Pleno. Sentencia 128/2022, de 11 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 6506-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Pleno. Sentencia 129/2022, de 11 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 1972-2022. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-193

MEMORIA 2022

rior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Sala Primera. Sentencia 130/2022, de 24 de octubre de 2022

Recurso de amparo 2744-2019. Promovido por don Mourad Maha respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Barcelona en procedimiento de oposición a medidas de protección de menores.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que impiden la efectiva impugnación del decreto de la fiscalía de menores sobre determinación de la edad.

Sala Segunda. Sentencia 131/2022, de 24 de octubre de 2022

Recurso de amparo 2973-2021. Promovido por Inmobiliaria Alquimar, S. A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 132/2022, de 24 de octubre de 2022

Recurso de amparo 2968-2022. Promovido por don Manuel Miguel Alma-zor Losada respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en ejecutoria de sentencia penal.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión, en relación con el derecho a la libertad individual: resoluciones judiciales que no sa-194

MEMORIA 2022

tisfacen la exigencia de motivación reforzada respecto del juicio de ponderación para resolver sobre la suspensión de la ejecución de una pena de prisión.

Pleno. Sentencia 133/2022, de 25 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 1913-2022. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del apartado cuarto del artículo 6 bis de la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero.

Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial del precepto legal que, al equiparar autorizaciones administrativas distintas, amplía el hecho imponible del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras. Voto particular.

Pleno. Sentencia 134/2022, de 26 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 5378-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Pleno. Sentencia 135/2022, de 26 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 5384-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

195

MEMORIA 2022

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Pleno. Sentencia 136/2022, de 26 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 5786-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Pleno. Sentencia 137/2022, de 26 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 6945-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Pleno. Sentencia 138/2022, de 26 de octubre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 6946-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

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MEMORIA 2022

Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

Sala Primera. Sentencia 139/2022, de 14 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 5097-2020. Promovido por don Pascual Rabadán Martínez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Totana (Murcia) en proceso de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 140/2022, de 14 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 3281-2021. Promovido por Prominver Management, S. R. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Illescas (Toledo) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

Sala Primera. Sentencia 141/2022, de 14 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 5094-2021. Promovido por doña María Henar Castaño Jorge respecto de sendos autos dictados por un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.

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MEMORIA 2022

Sala Segunda. Sentencia 142/2022, de 14 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 5551-2021. Promovido por la Confederación General del Trabajo en relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Ponferrada (León) en procedimiento de impugnación de laudos arbitrales en materia electoral.

Vulneración del derecho a la libertad sindical: subsanabilidad de defectos padecidos en candidaturas de elecciones sindicales (STC 13/1997).

Sala Primera. Sentencia 143/2022, de 14 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 3630-2022. Promovido por don Gregorio Sánchez Herráez respecto de los autos dictados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un juzgado central de instrucción sobre prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal: autos que no computan el período de privación de libertad en territorio colombiano en cumplimiento de una resolución judicial española.

Pleno. Sentencia 144/2022, de 15 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 5513-2020. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimatorias de la impugnación del acuerdo de la Junta Electoral Central de proclamación de candidatos electos al Parlamento Europeo.

Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y de acceso a los cargos públicos: inadmisión parcial de la demanda de amparo; pérdida sobrevenida de objeto por satisfacción extraprocesal de las pretensiones.

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MEMORIA 2022

Pleno. Sentencia 145/2022, de 15 de noviembre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 2568-2022. Planteada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2022.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto que introduce una modificación en la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Sala Segunda. Sentencia 146/2022, de 28 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 6730-2021. Promovido por don José Moreno Martín respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que declararon desierto el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia dictada por un juzgado de primera instancia de Alcalá de Henares en proceso de divorcio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): desatención del deber de recabar de oficio, con suspensión de las actuaciones, la designación de oficio de procurador que representara a quien interpuso recurso de apelación.

Sala Primera. Sentencia 147/2022, de 29 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 3209-2019. Promovido por Aurora Publicidad S. R. L., en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en liquidación provisional del impuesto sobre el valor añadido de 2012.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: liquidaciones tributarias practicadas y ejecutadas forzosamente sin que la afectada tuviera conocimiento de las notificadas efectuadas en su dirección electrónica habilitada.

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MEMORIA 2022

Pleno. Sentencia 148/2022, de 29 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 1194-2021. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres en relación con las resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimatorias de la impugnación del acuerdo de la Junta Electoral Central que rechazaron la cumplimentación no presencial del requisito de acatamiento de la Constitución a efectos de la proclamación de candidatos electos al Parlamento Europeo.

Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y de acceso a los cargos públicos: STC 144/2022 (inadmisión parcial de la demanda de amparo; pérdida sobrevenida de objeto por satisfacción extraprocesal de las pretensiones).

Pleno. Sentencia 149/2022, de 29 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 1212-2021. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres en relación con los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordando la emisión al Parlamento Europeo de suplicatorio de suspensión de la inmunidad de aquellos.

Alegada vulneración de los derechos a las libertades de expresión, ideológica y de reunión, al juez ordinario predeterminado por la ley y a la doble instancia penal; supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la libertad personal y de circulación, a la participación política, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: falta de agotamiento de la vía judicial previa al hallarse pendiente de resolución un proceso ante el Tribunal General de la Unión Europea; existencia de sustento fáctico suficiente para fundamentar la solicitud de suplicatorio.

Pleno. Sentencia 150/2022, de 29 de noviembre de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 5439-2021. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 2.1, letras a) y b) del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados.

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Competencias sobre legislación civil (bases de las obligaciones contractuales): nulidad del precepto legal autonómico que establece las consecuencias derivadas de la falta de acuerdo de las partes para restablecer el equilibrio de las prestaciones roto por las medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente al Covid-19. Voto particular.

Pleno. Sentencia 151/2022, de 30 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 6684-2019. Promovido por don Francisco José Sánchez de la Peña y doña María Isabel Santiago Irus respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo sobre declaración de cláusulas abusivas en contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal y motivación): extemporaneidad de la nulidad interesada transcurridos veinte días desde la publicación de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Gutiérrez Naranjo y otros en el «Diario Oficial de la Unión Europea». Votos particulares.

AUTOS

Pleno. Auto 17/2022, de 25 de enero de 2022

Recurso de amparo 1621-2020. Desestima las solicitudes de aclaración y los recursos de súplica planteados en relación con el ATC 107/2021, de 15

de diciembre, por el que se acordó la inadmisión de las recusaciones formuladas en distintos procesos de amparo promovidos en causas penales.

Pleno. Auto 39/2022, de 10 de febrero de 2022

Conflicto negativo de competencia 8083-2021. Inadmite a trámite el conflicto negativo de competencia 8083-2021, planteado por la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S. A., en relación con la competencia para resolver sobre la interrupción o suspensión, por causa de fuerza mayor, del plazo de concesión para la ocupación privativa de un monte catalogado.

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MEMORIA 2022

Pleno. Auto 67/2022, de 7 de abril de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 7844-2021. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7844-2021, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada en relación con el artículo 73.1.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

Pleno. Auto 75/2022, de 27 de abril de 2022

Recurso de amparo 1234-2022. Inadmite las recusaciones formuladas en el recurso de amparo 1234-2022, promovido por don Josep Costa i Roselló en causa penal.

Pleno. Auto 83/2022, de 11 de mayo de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 298-2022. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 298-2022, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el apartado c) del artículo 49.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Pleno. Auto 84/2022, de 11 de mayo de 2022

Cuestión de inconstitucionalidad 910-2022. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 910-2022, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid en relación con la disposición adicional cuarta.3 de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

Pleno. Auto 96/2022, de 15 de junio de 2022

Recurso de amparo 1234-2022. Desestima el recurso de súplica interpuesto en relación con el ATC 75/2022, de 27 de abril, que inadmitió las recusaciones formuladas en el recurso de amparo 1234-2022, promovido por don Josep Costa i Rosselló en causa penal.

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MEMORIA 2022

Sala Primera. Auto 102/2022, de 27 de junio de 2022

Recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019, 4275-2019 (acumulados).

Rectifica un error material padecido en la sentencia 30/2022, de 7 de marzo, dictada en los recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019, 4275-2019 (acumulados), promovidos por doña Blanca Pou Schmidt; Europa Press Delegaciones, S. A.; don Francisco Mestre García y Editora Balear, S. A., en causa penal.

Sección Cuarta. Auto 111/2022, de 13 de julio de 2022

Recurso de amparo 6640-2021. Inadmite el recurso de amparo 6640-2021, promovido por don José Ramón Prado Bugallo en causa penal. Voto particular.

Sala Primera. Auto 134/2022, de 24 de octubre de 2022

Recurso de amparo 151-2021. Rectifica un error padecido en la sentencia 110/2022, de 26 de septiembre, dictada en el recurso de amparo núm. 151-2021, promovido por don Manuel Muñoz Ruiz en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Sala Primera. Auto 145/2022, de 14 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 7440-2021. Rectifica error padecido en la sentencia 124/2022, de 10 de octubre, dictada en el recurso de amparo 7440-2021, promovido por doña Sira Esclasans i Cardona en causa penal.

Pleno. Auto 150/2022, de 16 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 3868-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 3868-2022, promovido por la Junta de Extremadura en proceso contencioso-administrativo. Votos particulares.

Pleno. Auto 151/2022, de 16 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 3934-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 3934-2022, promovido por las comunidades de propietarios del complejo 203

MEMORIA 2022

residencial norte, centro y sur de la isla de Valdecañas en proceso contencioso-administrativo. Votos particulares.

Pleno. Auto 152/2022, de 16 de noviembre de 2022

Recurso de amparo 3939-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 3939-2022, promovido por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres) en proceso contencioso-administrativo. Votos particulares.

Pleno. Auto 155/2022, de 16 de noviembre de 2022

Recurso de inconstitucionalidad 5724-2022. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5724-2022, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Sección Tercera. Auto 176/2022, de 12 de diciembre de 2022

Recurso de amparo 6893-2022. Inadmite a trámite el recurso de amparo 6893-2022, promovido por don Bard Bacha en causa penal. Voto particular.

Pleno. Auto 177/2022, de 19 de diciembre de 2022

Recurso de amparo 8263-2022. Admite a trámite y acuerda la suspensión en el recurso de amparo 8263-2022, promovido por doña Concepción Ga-marra Ruiz-Clavijo y otros doce diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en procedimiento parlamentario. Votos particulares.

204

III. Estadísticas jurisdiccionales

I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales, impugnaciones

y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2018-2022)

Índice

I. Cuadros generales

Cuadro n.º 1

Asuntos ingresados durante el año y su

pág. 210

distribución inicial entre el Pleno y las Salas

Cuadro n.º 2

Asuntos ingresados, clasificados según el

pág. 211

tipo de proceso

Cuadro n.º 3

Resoluciones dictadas según el tipo de

pág. 213

resolución

Cuadro n.º 4

Sentencias dictadas en los distintos procesos

pág. 215

(y asuntos resueltos)

Cuadro n.º 5

Relación entre asuntos ingresados,

pág. 216

admitidos y resueltos

Cuadro n.º 6

Procesos y asuntos admitidos pendientes de

pág. 218

sentencia y pendientes de admisión, a 31 de

diciembre

II. Procedimientos de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales, impugnaciones

y declaraciones

Cuadro n.º 7

Asuntos ingresados según el promotor

pág. 222

Cuadro n.º 8

Litigiosidad territorial por comunidades

pág. 223

autónomas

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos,

pág. 224

según el tipo de proceso

Cuadro n.º 10 Asuntos pendientes de resolución

pág. 225

clasificados por su tipo y procedencia

207

III. Recursos de amparo

Cuadro n.º 11 Origen de los recursos de amparo ingresados

pág. 228

Cuadro n.º 12 Recurrentes y derecho fundamental

pág. 229

invocado

Cuadro n.º 13 Recursos de amparo: frecuencia de la

pág. 230

invocación de los derechos fundamentales

del art. 24 CE

Cuadro n.º 14 Recursos de amparo interpuestos, según el

pág. 231

órgano que dictó la última resolución.

Resoluciones judiciales anuladas

Cuadro n.º 15 Motivos de admisión e inadmisión de los

pág. 232

recursos de amparo

Cuadro n.º 16 Resoluciones dictadas y amparos resueltos

pág. 234

IV. Datos comparados (Años 2018-2022)

Cuadro n.º 17

pág. 236

Asuntos ingresados

pág. 236

Resoluciones dictadas

pág. 237

Asuntos resueltos

pág. 239

Asuntos pendientes

pág. 244

208

I.

Cuadros generales

MEMORIA 2022 / CUADRO 1

Cuadro n.º 1

A S U N TO S I N G R E SA D O S Y S U D I ST R I B U C I Ó N I N I C I A L

E N T R E E L P L E N O Y L A S SA L A S

Meses

Pleno

Salas

Totales

Enero

6

642

648

Febrero

7

672

679

Marzo

13

963

976

Abril

3

761

764

Mayo

3

813

816

Junio

4

895

899

Julio

6

876

882

Agosto

2

65

67

Septiembre

6

717

723

Octubre

5

629

634

Noviembre

2

869

871

Diciembre

2

626

632

Totales

63

8.528

8.591

210

MEMORIA 2022 / CUADRO 2

Cuadro n.º 2 1

A S U N TO S I N G R E SA D O S C L A S I F I CA D O S S E G Ú N

E L T I P O D E P R O C E S O

Recursos de inconstitucionalidad

36

Cuestiones de inconstitucionalidad

27

Recursos de amparo

8.5281

Conflictos positivos de competencia

–

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas

–

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales

–

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Total

8.591

1 Doce de estos recursos de amparo fueron avocados por el Pleno antes de su admisión.

211

MEMORIA 2022 / CUADRO 2

A S U N TO S I N G R E SA D O S E N E L T R I B U NA L

63

A S U N TO S I N G R E SA D O S E N E L P L E N O

212

MEMORIA 2022 / CUADRO 3

Cuadro n.º 3

RESOLUCIONES DICTADAS 1 2 3 4 5 6 7

Sala I

Sala II

PLENO

y sus

y sus

TOTAL

Secciones

Secciones

Sentencias

Estimación (total o parcial)

33 (+2)

34 (+2)

38

105 (+4)

Desestimación

23

–

8

31

Inadmisión/Extinción

5/9

1/–

–/–

6 / 9

Total sentencias (+ asuntos acumulados):

70 (+2)

35 (+2)

46

151 (+4)

Dictadas por la Sala

35 (+2)

46

Por la Sección 1.ª / 3.ª

–

–

Por la Sección 2.ª / 4.ª

–

–

Autos

51

33

94

178

- Admisión

4

–

–

4

- Inadmisión

20

–

2

22

- Terminación2

3

–

1

7

- Suspensión de leyes

3

–

–

2

- Suspensión de resoluciones

5

15

37

57

- Aclaración o rectificación

1

5

1

7

- Acumulación

1

1

–

2

- Recusación y abstención

9

1

39

49

- Ejecución

–

1

5

6

- Súplica

4

9

8

21

- Varios

1

1

1

3

Providencias3

60

3.636

3.581

7.277

Admisión4

60

58

89

207

Inadmisión5

–

3.463 (-3)

3.330 (-2)

6.793 (-5)

Terminación

–

115

162

277

Total de resoluciones dictadas

181

3.704

3.721

7.606

Total de resoluciones interlocutorias

88

91

180

359

Total de resoluciones definitivas6

93

3.613

3.541

7.247

Total de asuntos resueltos7

95

3.612

3.539

7.246

1 Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

2 Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

3 Providencias que no son de mero trámite.

4 Ninguno de los autos dictados en recurso de súplica revocaron la inadmisión y admitieron a trámite el recurso de amparo.

5 Fueron revocadas en súplica cinco providencias de inadmisión, tres en la Sala Primera y dos en la Sala Segunda. Se indican entre paréntesis.

6 Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

7 Resoluciones definitivas menos revocaciones en súplica más acumulados y admisiones en súplica.

213

MEMORIA 2022 / CUADRO 3

R E S O L U C I O N E S D E F I N I T I VA S

PLENO

SALA

SALA

PRIMERA

SEGUNDA

Total

Autos

Autos

Sentencias

Inadmisión

Terminación

Providencias

Providencias

Inadmisión

Terminación

214

MEMORIA 2022 / CUADRO 4

Cuadro n.º 4

S E N T E N C I A S D I C TA DA S E N L O S D I ST I N TO S

P R O C E S O S ( Y A S U N TO S R E S U E LTO S 1) 2

Sentencias

Sentencias

Tipo de proceso

dictadas

(asuntos

con votos

acumulados)

particulares

Recurso de inconstitucionalidad

13

2

Cuestión de inconstitucionalidad2

22

5

Recurso de amparo

116 (+4)

36

Conflicto positivo de competencias

–

–

Conflicto negativo de competencias

–

–

Conflicto entre órganos constitucionales

–

–

Conflicto en defensa de la autonomía local

–

–

Impugnación de disposiciones y resoluciones

–

–

autonómicas

Requerimiento sobre la constitucionalidad

–

–

de los tratados internacionales

Cuestión prejudicial sobre normas forales

–

–

fiscales

Total de sentencias dictadas (y asuntos

resueltos)

151 (+4)

43

1 Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados. Se expresan entre paréntesis.

Se resolvieron 155 asuntos.

2 Una de las cuestiones de inconstitucionalidad había sido planteada por el propio Tribunal Constitucional como cuestión interna de inconstitucionalidad.

215

MEMORIA 2022 / CUADRO 5

Cuadro n.º 5

R E L AC I Ó N E N T R E A S U N TO S I N G R E SA D O S , A D M I T I D O S Y R E S U E LTO S

FASE DE ADMISIÓN

PLENO SALA I SALA II SALAS TOTAL

Asuntos recibidos

75

4.253

4.263

8.516

8.591

De nuevo ingreso

63

4.264

4.264

8.528

8.591

Avocados (no admitidos)

+12

-4

-8

-12

–

Traslados entre Salas

-7

+7

(-25/+18)

(-18/+25)

Asuntos admitidos

60

58

89

147

207

Asuntos inadmitidos

20

3.460

3.330

6.790

6.810

Por providencia

–

3.463

3.330

6.793

6.793

Por auto

20

–

2

2

22

Revocaciones en súplica

–

-3

-2

-5

-5

Asuntos terminados

–

115

161

276

276

(antes de decidir sobre su admisión)

Por providencia

–

115

161

276

276

Por auto

–

–

–

–

–

Diferencia entre los asuntos

recibidos y los resueltos en

-5

+620

+683

+1.303 +1.298

trámite de admisión

216

MEMORIA 2022 / CUADRO 5

FASE DE SENTENCIA PLENO SALA I

SALA II SECCIONES SALAS Y

SECCIONES TOTAL

Asuntos a sentenciar

88

52

70

–

122

210

Asuntos admitidos

60

58

89

–

147

207

Traslados entre Salas

–

–

–

–

–

–

Avocados (admitidos) 26

-7

-19

–

-26

–

Deferidos a las Salas

–

–

–

–

–

–

Deferidos a las

–

–

–

–

–

–

Secciones

Asuntos acumulados

2

1

–

–

1

3

Procesos a sentenciar 86

51

70

–

121

207

Asuntos resueltos

75

37

48

–

85

160

Por sentencia

70

35

46

–

81

151

De los cuales,

35

46

–

–

por la Sala

Sección 1.ª / 3.ª

–

–

–

–

Sección 2.ª / 4.ª

–

–

–

–

Asuntos terminados

3

–

2

–

2

5

(después de su admisión)

Acumulados

2

2

–

–

2

4

Procesos resueltos

73

35

48

–

83

156

Diferencia entre los

asuntos a sentenciar

+13

+15

+22

–

+37

+50

y los resueltos

Diferencia entre los

procesos a sentenciar +13

+16

+22

–

+38

+51

y los resueltos

217

MEMORIA 2022 / CUADRO 6

Cuadro n.º 6

A ) P R O C E S O S Y A S U N TO S A D M I T I D O S

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A 1

(Asuntos)

Pleno

115

115

Recursos de inconstitucionalidad

60

60

Cuestiones de inconstitucionalidad1

11

11

Recursos de amparo avocados

43

43

Conflictos positivos de competencia

1

1

Conflictos negativos de competencia

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Impugnación de disposiciones y resoluciones

–

–

autonómicas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los

–

–

tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales

–

–

fiscales

Sala Primera

Recursos de amparo

66

66

Recursos de inconstitucionalidad

–

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

–

–

Conflictos positivos de competencia

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Sala Segunda

Recursos de amparo

97

97

Recursos de inconstitucionalidad

–

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

–

–

Conflictos positivos de competencia

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Suma de las cuestiones de inconstitucionalidad 12

12

Suma de los recursos de amparo

206

206

Suma de los conflictos positivos de competencia 1

1

1 Una de las cuestiones de inconstitucionalidad fue planteada por el propio Tribunal Constitucional como cuestión interna de inconstitucionalidad.

218

MEMORIA 2022 / CUADRO 6

B ) A S U N TO S P E N D I E N T E S D E D E C I D I R

S O B R E A D M I S I Ó N

Pleno

16

Recursos de inconstitucionalidad

5

Cuestiones de inconstitucionalidad

11

Recursos de amparo avocados

0

Conflictos positivos de competencia

–

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas

–

Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Sala Primera

2.850

Recursos de amparo

Sala Segunda

3.462

Recursos de amparo

Ambas Salas

6.312

Recursos de amparo

219

II.

Procedimientos

de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales,

impugnaciones

y declaraciones

MEMORIA 2022 / CUADRO 7

Cuadro n.º 7

P L E N O : A S U N TO S I N G R E SA D O S

S E G Ú N E L P R O M OTO R 1

Sobre

Sobre leyes

leyes del

de las

Estado

Comunidades

Autónomas

Recursos de inconstitucionalidad

Promovidos por el Presidente del Gobierno

–

6

Promovidos por el Defensor del Pueblo

–

–

Promovidos por diputados o senadores

14

12

Promovidos por las comunidades autónomas

3

–

Otros1

1

–

Total

18

18

Cuestiones de inconstitucionalidad

Planteadas por el Tribunal Supremo

1

2

Audiencia Nacional

–

–

Tribunal Militar Central

–

–

Tribunales superiores de justicia

7

7

Tribunales militares territoriales

–

–

Audiencias provinciales

–

–

Juzgados

4

6

Otros

–

–

Total

12

15

Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por

–

el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) Conflictos constitucionales

Conflictos positivos de competencia

–

Estado contra comunidades autónomas

–

Comunidades autónomas contra Estado

–

Comunidades autónomas entre sí

–

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnaciones de disposiciones y resoluciones

–

autonómicas

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Total

–

1 Sujetos no legitimados para la interposición de recursos de inconstitucionalidad.

222

MEMORIA 2022 / CUADRO 8

Cuadro n.º 8

L I T I G I O S I DA D T E R R I TO R I A L ,

P O R C O M U N I DA D E S AU TÓ N O M A S 1 2

Recursos de

Conflictos positivos

inconstitucionalidad2

de competencia

Planteados

Leyes del

Leyes de

por el

Planteados

Comunidad Autónoma

Estado

Comunidad Gobierno de la

por el

impugnadas

Autónoma

Gobierno

impugnadas

Comunidad

Autónoma

de la Nación

País Vasco

–

1

–

–

Cataluña

–

6

–

–

Galicia

2

3

–

–

Andalucía

–

–

–

–

Asturias

–

–

–

–

Cantabria

–

–

–

–

La Rioja

–

–

–

–

Murcia

–

2

–

–

Valencia

–

3

–

–

Aragón

–

–

–

–

Castilla-La Mancha

–

–

–

–

Canarias

1

3

–

–

Navarra

–

1

–

–

Extremadura

–

–

–

–

Baleares

–

1

–

–

Madrid

1

–

–

–

Castilla y León

–

1

–

–

4

21

–

–

Totales

25

–

1 Las comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros estatutos de autonomía.

2 Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno y los consejos de gobierno y asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

223

MEMORIA 2022 / CUADRO 9

Cuadro n.º 9

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S Y A S U N TO S R E S U E LTO S , S E G Ú N E L T I P O D E P R O C E S O* 1

PLENO

SALA I

SALA II

Tipo de proceso

Total

S.

A.I.

A.T.

S. A.I. A.T. S. A.I. A.T.

Recursos de inconstitucio-

13

2

2

– –

–

–

–

–

17

nalidad

Cuestiones de inconstitu-

21

16

1

– –

–

1

–

–

39

cionalidad

Conflictos positivos de

–

–

–

– –

–

–

–

–

competencia

Conflictos negativos de

–

1

–

– –

–

–

–

–

1

competencia

Conflictos entre órganos

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

constitucionales

Conflictos en defensa de

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

la autonomía local

Impugnación de

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

disposiciones y resolucio-

nes autonómicas

Requerimientos sobre la

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

constitucionalidad de los

tratados internacionales

Cuestión prejudicial sobre

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

normas forales fiscales

Suma parcial

34

19

3

– –

–

1

– –

Totales

56

–

1

57

S. = Sentencia A. I. = Auto de inadmisión A. T. = Auto de terminación

* Los recursos de amparo, tanto los avocados por el Pleno como los de las salas, aparecen en el cuadro 16. Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados.

224

MEMORIA 2022 / CUADRO 10

Cuadro n.º 10

A S U N TO S P E N D I E N T E S D E R E S O L U C I Ó N, C L A S I F I CA D O S P O R S U T I P O Y P R O C E D E N C I A A) Clasificados por tipo de recurso 1

Recursos de inconstitucionalidad

60

Leyes del

Leyes de la

Interpuestos por

Estado

Comunidad

impugnadas

Autónoma

impugnadas

Presidente del Gobierno

–

4

Defensor del Pueblo

–

–

Diputados o senadores

29

20

Comunidades autónomas

7

–

Conflictos positivos de competencia

1

Planteados por el Gobierno de la Nación

–

Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma 1

Cuestiones de inconstitucionalidad1

11

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas

–

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Total

72

1 Una de las cuestiones de inconstitucionalidad fue cuestión planteada por el propio Tribunal Constitucional como cuestión interna de inconstitucionalidad.

225

MEMORIA 2022 / CUADRO 10

B) Clasificados por Comunidad Autónoma* 2

Recursos

Conflictos positivos de

de inconstitucionalidad

competencia

Planteados

Sobre leyes Planteados

por el

Comunidad

Sobre leyes

de una

por el

Gobierno

Autónoma

del Estado Comunidad Gobierno de de una

Autónoma

la Nación Comunidad

Autónoma

País Vasco

1

2

1

–

Cataluña

2

6

–

–

Galicia

1

3

–

–

Andalucía

–

1

–

–

Asturias

–

–

–

–

Cantabria

–

–

–

–

La Rioja

–

–

–

–

Murcia

–

2

–

–

Valencia

–

4

–

–

Aragón

–

–

–

–

Castilla-La Mancha

–

–

–

–

Canarias

1

2

–

–

Navarra

–

1

–

–

Extremadura

–

–

–

–

Baleares

1

2

–

–

Madrid

1

1

–

–

Castilla y León

–

–

–

–

7

24

1

–

Totales

31

1

* Las Comunidades autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus estatutos de autonomía.

226

III.

Recursos de amparo

MEMORIA 2022 / CUADRO 11

Cuadro n.º 11

O R I G E N D E L O S R E C U R S O S D E A M PA R O

I N G R E SA D O S

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC)

32

Procedencia jurisdiccional

8.492

Civil

1.474

Penal

4.588

Contencioso-administrativo

2.001

Social

407

Militar

22

Electoral

–

Otros

4

Total

8.528

228

MEMORIA 2022 / CUADRO 12

Cuadro n.º 12 1

R E C U R S O S D E A M PA R O : R E C U R R E N T E S Y D E R E C H O

F U N DA M E N TA L I N VO CA D O

Recurrente

Número de recursos

Particulares

7.846

Personas jurídicas de Derecho privado

662

Entes públicos

19

Defensor del Pueblo

–

Ministerio fiscal

1

Otros

–

Total

8.528

Derecho fundamental invocado

Total

Porcentaje

de invocación

Igualdad (art. 14 CE)

1.326

15,55

Tutela judicial (art. 24 CE)

6.996

82,04

Otros derechos y libertades:

Vida e integridad (art. 15 CE)

280

3,28

Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

33

0,39

Libertad y seguridad (art. 17 CE)

452

5,30

Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE)

320

3,75

Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) 76

0,89

Libertades de expresión (art. 20 CE)

69

0,81

Reunión (art. 21 CE)

11

0,13

Asociación (art. 22 CE)

6

0,07

Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) 113

1,33

Legalidad penal (art. 25 CE)

1.122

13,16

Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) 2

0,02

Educación (art. 27 CE)

15

0,18

Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE)

19

0,22

Petición (art. 29 CE)

41

0,48

Objeción de conciencia (art. 30.2 CE)

–

–

1 No está disponible la información en 1.360 recursos de amparo de nuevo ingreso.

Consecuentemente, se ofrecen los datos correspondientes a las 7.168 demandas restantes, que supusieron 10.881 invocaciones de diferentes preceptos de la Constitución.

229

MEMORIA 2022 / CUADRO 13

Cuadro n.º 13

R E C U R S O S D E A M PA R O : F R E C U E N C I A D E L A I N VO CAC I Ó N D E L O S D E R E C H O S

F U N DA M E N TA L E S D E L A RT. 2 4 C E

Derechos invocados

Orden jurisdiccional

Suma

Conten-

Civil

Penal

Social cioso-admi- Militar

nistrativo

Art. 24.1

Derecho a la tutela

judicial efectiva sin

1.265 3.213

309

1.789

17

6.593

indefensión

Art. 24.2

Derecho al juez ordinario

predeterminado por la ley

45

121

7

65

–

238

Derecho a la defensa y a

la asistencia letrada

289

776

56

293

6

1.420

Derecho a ser informado

de la acusación

5

54

–

9

1

69

Derecho a un proceso

público

25

71

2

14

–

112

Derecho a un proceso sin

dilaciones indebidas

33

148

5

26

–

212

Derecho a un proceso con

todas las garantías

601 1.717

135

881

12

3.346

Derecho a la prueba

pertinente para la defensa

90

382

25

94

4

595

Derecho a no declarar

contra uno mismo y a no

5

55

–

8

–

68

confesarse culpable

Derecho a la presunción

de inocencia

16 1.566

6

89

9

1.686

Total

2.374 8.103

545

3.268

49

14.339

230

MEMORIA 2022 / CUADRO 14

Cuadro n.º 14

R E C U R S O S D E A M PA R O I N T E R P U E STO S , S E G Ú N

E L Ó R G A N O Q U E D I C TÓ L A Ú LT I M A R E S O L U C I Ó N

Tribunal Supremo

5.177

Otros órganos jurisdiccionales:

3.247

A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) 90

B) En segunda instancia o suplicación

2.011

C) En primera o única instancia

1.146

Órganos no judiciales / no consta

104

Total

8.528

Tribunal Supremo

5.177

Audiencia Nacional

156

Tribunal Militar Central

3

Tribunales superiores de justicia

299

Tribunales militares territoriales

2

Audiencias provinciales

1.823

Juzgados

964

Órganos no judiciales / no consta

104

Total

8.528

R E S O L U C I O N E S J U D I C I A L E S A N U L A DA S ( *) 1

Sentencias

Otras

resoluciones

Tribunal Supremo

4

14

Tribunales superiores de justicia

2

4

Audiencia Nacional

1

1

Audiencias provinciales

–

16

Juzgados

3

28

(*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias) y se indican solo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial solo se registra la anulación de la sentencia.

231

MEMORIA 2022 / CUADRO 15

Cuadro n.º 15

A ) M OT I VO S D E A D M I S I Ó N D E L O S R E C U R S O S

D E A M PA R O

Motivos de admisión

Recursos

Porcentaje

Ausencia de doctrina constitucional

24

15,19

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia

de un proceso de reflexión interna

13

8,23

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia

de cambios normativos

12

7,59

Eventual origen normativo de la vulneración

-

-

Eventual vulneración por reiterada interpreta-

ción jurisprudencial de la ley

-

-

Incumplimiento general y reiterado de la

doctrina constitucional, resoluciones judiciales 2

1,27

contradictorias

Eventual negativa al acatamiento de doctrina

constitucional por resoluciones judiciales

22

13,92

Repercusión social o económica

5

3,16

Consecuencias políticas generales

8

5,06

Varios motivos

72

45,58

Total

158

100

232

MEMORIA 2022 / CUADRO 15

B ) M OT I VO S D E I NA D M I S I Ó N D E L O S R E C U R S O S

D E A M PA R O

Motivos de inadmisión

Recursos

Porcentaje

Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional

582

8,57

Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional

3.009

44,29

Falta de especial trascendencia constitucional

1.540

22,67

Inexistencia de vulneración del derecho funda-

mental invocado

53

0,78

Falta de denuncia de la vulneración del

derecho fundamental

38

0,56

Falta de agotamiento de la vía judicial previa

748

11,01

Extemporaneidad del recurso

263

3,87

Falta de subsanación de defectos procesales

532

7,83

Varios motivos

12

0,18

Otros motivos

16

0,24

Total

6.793

100

233

MEMORIA 2022 / CUADRO 16

Cuadro n.º 16

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S Y A M PA R O S

R E S U E LTO S 1 2 3 4

SENTENCIA

AUTO

PROVIDENCIA

DEFINITIVA

SUMAS

Inadmisión Terminación2 Inadmisión3 Terminación4

Pleno

36 (+2)

1

–

–

–

37 (+2)

Sala Primera

35 (+2)

–

–

3.463 (-3)

115

3.613 (-1)

Sección Primera

–

–

–

–

–

–

Sección Segunda

–

–

–

–

–

–

Sala Segunda

45

–

1

3.330 (-2)

162

3.538 (-2)

Sección Tercera

–

1

–

–

–

1

Sección Cuarta

–

1

–

–

–

1

Totales

116 (+4)

3

1

6.793 (-5)

277

7.190 (-1)

1 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

2 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

3 Entre paréntesis figuran las providencias de inadmisión que han sido revocadas en recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal, así como los autos que, en súplica, han admitido recursos de amparo.

4 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

234

IV.

Datos comparados

(2018-2022)

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Cuadro n.º 17

DATO S C O M PA R A D O S 2 0 1 8 - 2 0 2 2

Asuntos ingresados

2018

2019

2020

2021

2022

Recursos de

inconstitucionalidad

12

27

24

39

36

Cuestiones de

inconstitucionalidad

42

33

27

35

27

Recursos de amparo

6.918

7.554

6.515

8.294

8.528

Conflictos positivos

de competencia

–

5

3

1

–

Conflictos negativos

de competencia

–

1

1

1

–

Conflictos entre órganos

constitucionales

–

–

–

–

–

Conflictos en defensa

de la autonomía local

–

–

–

–

–

Impugnación de disposiciones

y resoluciones autonómicas

3

1

–

–

–

Requerimientos sobre

tratados internacionales

–

–

–

–

–

Cuestiones prejudiciales

sobre normas forales fiscales

2

–

–

–

–

Total

6.977

7.621

6.570

8.370

8.591

236

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Resoluciones dictadas

2018

2019

2020

2021

2022

Sentencias

Pleno

96

80

56

54

70

Sala Primera y sus Secciones

23

39

63

54

35

La Sala

23

39

63

54

35

Sección 1.ª

–

–

–

–

–

Sección 2.ª

–

–

–

–

–

Sala Segunda y sus Secciones

23

59

76

84

46

La Sala

23

59

76

84

46

Sección 3.ª

–

–

–

–

–

Sección 4.ª

–

–

–

–

–

Total

142

178

195

192

151

Autos definitivos

Pleno

34

21

20

11

23

Sala Primera y sus Secciones

5

3

7

3

–

Sala Segunda y sus Secciones

3

–

–

–

3

Total

42

24

27

14

26

Providencias de inadmisión y terminación

Pleno

–

–

1

3

–

Sala Primera

3.142

3.325

3.342

3.388

3.578

Sala Segunda

3.513

3.047

3.522

3.323

3.492

Total

6.655

6.372

6.864

6.714

7.070

Autos interlocutorios

90

160

147

101

152

Providencias de admisión

151

227

214

182

207

Total de resoluciones definitivas

(sentencias + autos

6.839

6.574

7.086

6.920

7.247

definitivos + providencias

definitivas)

Total de resoluciones dictadas

7.080

6.961

7.447

7.203

7.606

237

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

A D M I S I Ó N E N L A S SA L A S

2018 2019 2020 2021

2022

Ingresados

Admitidos

No Admitidos

A D M I S I Ó N E N E L P L E N O

2018 2019 2020 2021

2022

Ingresados

Admitidos

No Admitidos

238

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Asuntos resueltos

2018

2019

2020

2021

2022

Recursos de inconstitucionalidad

Por sentencia

52

32

14

23

13

(de ellos, por sentencia de Sala)

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

2

2

2

5

4

(de ellos, por resolución de Sala)

–

–

–

–

–

Acumulados con los anteriores

1

1

–

–

–

Total

55

35

16

28

17

Cuestiones de inconstitucionalidad

Por sentencia

19

22

9

9

22

(de ellos, por sentencia de Sala)

2

6

2

2

1

Por auto o providencia

29

15

19

4

17

(de ellos, por resolución de Sala)

–

–

1

–

–

Acumulados con los anteriores

–

–

–

–

–

Total

48

37

28

13

39

Recursos de amparo

Por sentencia

55

117

170

156

116

(de ellos, por sentencia del Pleno)

11

25

33

20

36

(de ellos, por sentencia de Sala)

44

92

137

136

80

(de ellos, por sentencia de Sección)

–

–

–

–

–

Por auto de inadmisión

4

4

2

2

3

(de ellos, por auto del Pleno)

1

2

–

1

1

Por providencia de inadmisión

6.168 6.218 6.714 6.428 6.788

Por otras causas

484

153

147

277

278

Acumulado con los anteriores

5

2

11

3

4

Total

6.721 6.494 7.044 6.866 7.189

Conflictos positivos de competencia

Por sentencia

11

3

2

4

–

(de ellos, por sentencia de Sala)

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

1

–

–

–

(de ellos, por resolución de Sala)

–

–

–

–

–

Acumulados con los anteriores

–

–

–

–

–

Total

11

4

2

4

–

239

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Asuntos resueltos

2018

2019

2020

2021

2022

Conflictos negativos de competencia

Por sentencia

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

1

–

–

1

Total

–

1

–

–

1

Conflictos entre órganos constitucionales

Por sentencia

3

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

3

–

–

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

Por sentencia

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Impugnación de disposiciones y

resoluciones autonómicas

Por sentencia

1

3

–

–

–

Por auto o providencia

1

–

–

–

–

Total

2

3

–

–

–

Requerimiento sobre la constitucionalidad

de los tratados internacionales

Por declaración

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Cuestión prejudicial sobre

normas forales fiscales

Total

2

1

–

–

–

Total de asuntos resueltos

6.842 6.575 7.090 6.911 7.246

240

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

S E N T E N C I A S E N L A S SA L A S

2018 2019 2020 2021 2022

Admitidos

Resueltos

Terminados

S E N T E N C I A S E N E L P L E N O

2018 2019 2020 2021 2022

Admitidos

Resueltos

Terminados

241

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Asuntos admitidos pendientes

de sentencia

2018 2019 2020 2021 2022

Recursos de inconstitucionalidad

Procesos en el Pleno

36

28

32

47

63

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

36

28

32

47

63

Cuestiones de inconstitucionalidad

Procesos en el Pleno

11

7

10

18

12

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

2

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

2

–

–

–

–

Total

15

7

10

18

12

Conflictos positivos de competencia

Procesos en el Pleno

2

3

4

1

1

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

2

3

4

1

1

Conflictos negativos de competencia

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Acumulados

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

242

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Asuntos admitidos pendientes

de sentencia

2018 2019 2020 2021 2022

Impugnación de disposiciones y resolu-

ciones autonómicas

Procesos en el Pleno

2

–

–

–

–

Total

2

–

–

–

–

Requerimiento sobre la constitucionalidad

de los tratados internacionales

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Cuestiones prejudiciales sobre normas

forales fiscales

Procesos en el Pleno

1

–

–

–

–

Total

1

–

–

–

–

Recursos de amparo

Pleno

41

36

43

48

44

(acumulados con los anteriores)

–

1

1

–

–

Sala Primera y sus Secciones

33

63

64

62

66

(acumulados con los anteriores)

2

–

1

–

–

Sala Segunda y sus Secciones

65

88

98

78

97

(acumulados con los anteriores)

–

–

–

–

–

Suma de procesos de amparo

139 187 205 188 207

Total de procesos pendientes de

93

74

89 114 120

sentencia de Pleno

Total de procesos pendientes de

102 151 162 140 163

sentencia de Sala y Sección

Total de asuntos pendientes de

93

76

90 114 120

sentencia de Pleno

Total de asuntos pendientes de

104 151 163 140 163

sentencia de Sala y Sección

243

MEMORIA 2022 / CUADRO 17

Asuntos pendientes de admisión

2018

2019

2020

2021

2022

Pleno

Recursos de inconstitucionalidad

1

–

4

–

2

Cuestiones de inconstitucionalidad

4

6

2

18

11

Recursos de amparo avocados

–

1

4

–

–

Conflictos positivos de competencia

–

–

–

–

–

Conflictos negativos de competencia

–

–

1

1

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

–

–

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía

local

–

–

–

–

–

Impugnación de disposiciones y

resoluciones autonómicas

–

–

–

–

–

Requerimientos sobre la constituciona-

lidad de los tratados internacionales

–

–

–

–

–

Cuestiones prejudiciales sobre normas

forales fiscales

–

–

–

–

–

Salas: recursos de amparo

Sala Primera

1.755 1.969 1.820 2.455 2.850

Sala Segunda

1.425 1.536 1.536 2.505 3.462

Total de asuntos pendientes

5

7

11

19

13

de admisión en Pleno

Total de asuntos pendientes

3.180 3.505 3.356 4.960 6.312

de admisión en Salas

244

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P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A E N L A S SA L A S

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P E N D I E N T E S D E A D M I S I Ó N E N E L P L E N O

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P E N D I E N T E S D E A D M I S I Ó N E N L A S SA L A S

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R E S U M E N D E L A S SA L A S

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IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación

con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó un total de 718 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra equivale a 0,15 demandas por diez mil habitantes (la media de los países miembros del Consejo de Europa fue de 0,54 en 2022) y representó el 0,67 por 100 del total de las demandas examinadas durante el año por el Tribunal, que ascendieron a 39.570.

Las demandas relacionadas con España dieron lugar a trece sentencias: doce de ellas dictadas por la Sección Tercera y la sentencia pronunciada el 15 de diciembre de 2022 en el caso Olivares Zúñiga c. España, por la Sección Quinta, actualmente competente para conocer de los asuntos con origen en España. Nueve de estas sentencias apreciaron vulneración de alguno de los derechos proclamados por el Convenio y las otras cuatro desestimaron la demanda. Por lo que a las sentencias condenatorias se refiere, cuatro de ellas constataron la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en tres se declaró vulnerado el derecho a la vida privada y, en las dos restantes, el derecho a la vida en su vertiente de derecho a una investigación eficaz de una denuncia por la muerte de una menor sometida a cuidados hospitalarios (asunto Garrido Herrera c España, de 11 de octubre de 2022, que se halla pendiente de que se resuelva la solicitud de remisión a la Gran Sala para su reconsideración), y el derecho a la libertad de expresión. Respecto de las sentencias desestimatorias, cumple señalar que, en la 249

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recaída en el asunto Galeano Peñas c. España, de 31 de mayo de 2022, no se apreció vulneración de los derechos a libertad personal y seguridad ni a la legalidad penal; en las sentencias de los casos Marina Aucanda Group S.

L. c. España, de 8 de noviembre de 2022, y Dahman c. España, de 15 de noviembre de 2022, se descartó la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, y en la sentencia del caso Muhammad c. España, de 18

de octubre de 2022, se hizo lo propio respecto del derecho a no padecer discriminación, en conexión con el derecho a la vida privada.

Además de estas trece sentencias, cabe mencionar algunas decisiones adoptadas en fase de admisión. Respecto del artículo 6.1 CEDH, por decisión de 25 de enero de 2022, la Sección Tercera acordó la inadmisión de la demanda formulada en el asunto Ruiz Cubo c. España. El demandante, que había sido condenado por un delito de amenazas leves, solicitó que se le proporcionara testimonio de los autos a fin de formular recurso de apelación, momento en el que habría advertido que estaban incompletos al faltar determinadas pruebas y la grabación del acto de juicio oral. El incidente de nulidad de actuaciones que promovió, así como el posterior recurso de amparo fueron inadmitidos por ausencia de lesión y falta de justificación de la especial trascendencia constitucional del caso. La decisión que ahora se reseña, amén de no advertir que los autos estuvieran incompletos, señaló que el defecto, de haberse producido, no habría sido determinante de la condena, que se basó en otras pruebas de cargo que sí figuraban en el expediente.

Por decisión de 22 de marzo de 2022, la Sección Tercera acordó la inadmisión de la demanda en el caso Toledo Polo c. España, en la que se denunciaba la infracción de los arts. 6 y 13, en relación con el art. 2, CEDH.

El origen de esta decisión se remonta a la desestimación de una querella por delito de terrorismo presentada a resultas del fallecimiento de un cabo del Ejército de Tierra, actuando en misión de las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano, tras recibir el impacto de un proyectil de artillería dis-parado desde una batería del ejército israelí. La Sección concluyó que la demanda era incompatible ratione personae y ratione loci con las disposiciones del Convenio, pues había existido una investigación eficaz de los hechos, sin asomo de duda de la existencia de un riesgo de impunidad. La decisión hizo hincapié en que el art. 2 CEDH no exige que las legislaciones penales nacionales incorporen una competencia de jurisdicción universal para los casos de muerte de uno de sus nacionales.

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MEMORIA 2022

Siempre la Sección Tercera, por decisión de 5 de abril de 2022, inadmitió la demanda formulada en el asunto Picón González c. España. En esta ocasión se controvertía la prescripción de un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos, extremo que la decisión que nos ocupa no consideró inserta en el ámbito del derecho a un proceso justo del art. 6

CEDH al tratarse, exclusivamente, de un problema de aplicación de la legislación penal nacional y habida cuenta de que el referido precepto del Convenio no incorpora un pretendido derecho a la condena de un tercero.

Por decisión de 5 de julio de 2022, la Sección Tercera inadmitió la demanda en el caso M. B. y R. A. c. España, al considerarla manifiestamente infundada. Los demandantes formaban parte de un grupo de personas que habían intentado saltar la valla fronteriza en Ceuta, sufriendo diversas lesiones. La decisión no apreció consistencia suficiente en la denuncia de malos tratos contrarios al art. 3 CEDH; en particular, constató que no exis-tía relación directa de causalidad entre la acción de los poderes públicos y los daños padecidos. Reiterando el criterio establecido en la sentencia N. D.

y N. T. c. España, de 13 de febrero de 2020, en esta ocasión no se apreció la existencia de un riesgo real y concreto de malos tratos por su devolución a Marruecos, país en el que habían estado viviendo durante un lapso considerable de tiempo. España no había desatendido su obligación de proteger a las personas que se hallan bajo su jurisdicción pues los demandantes no habían seguido los cauces oficiales de entrada existentes, de modo que la ausencia de un procedimiento individualizado de expulsión con efecto suspensivo fue consecuencia de la propia actuación de los demandantes.

Mediante decisión de 20 de septiembre de 2022 se acordó la inadmisión de la demanda formulada en el asunto Jorge López c. España, formulada por un cantante condenado por un delito de enaltecimiento o justificación pública del terrorismo. El demandante denunciaba la vulneración de sus derechos a la libertad de expresión (art. 10 CEDH) y a un recurso efectivo (art. 6.1 CEDH) como consecuencia de la inadmisión de su recurso de amparo. La Sección Tercera del Tribunal de Estrasburgo consideró justificada, a la vista de las circunstancias concurrentes y los bienes jurídicos protegidos, la injerencia en la libertad de expresión y que la inadmisión del recurso de amparo no podía calificarse de arbitraria o inmotivada.

La decisión de 10 de noviembre de 2022 acordó la inadmisión de la demanda formulada en el asunto Artur Mas c. España, que tenía su origen 251

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en la publicación, por el diario «El Mundo», de unas informaciones sobre las cuentas bancarias que el demandante tendría fuera de España y en las que ingresaría dinero de ilícita procedencia. Su querella por injurias y calumnias fue desestimada, sin que la Sección Tercera considerara, en la decisión que ahora se reseña, que dicha desestimación representara un incumplimiento que pesa sobre el Estado de proteger a sus ciudadanos.

En particular, porque dicha protección no ha de traducirse, insoslayable-mente, en la adopción de medidas penales, sino que se implica, en lo esencial, el establecimiento de un marco jurídico adecuado para la búsqueda de esa protección.

Finalmente, cumple recordar que en tres casos la Sección Tercera procedió al archivo de las demandas pendientes de resolución: Por decisión de 5 de mayo de 2022, se archivó la demanda, al haberse logrado la satisfacción extraprocesal de la pretensión, en el asunto Juan Monterreal Sánchez c.

España, donde se denunciaba infracción del derecho de propiedad, protegido por el art. 1 del Protocolo 1 al Convenio. En decisión de 10 de mayo de 2022 se acordó igualmente el archivo del asunto Totopa c. España, en el que se denunciaba la infracción del derecho a la vida privada (art. 8

CEDH), igualmente por satisfacción extraprocesal de la pretensión. Por último, en decisión de 6 de octubre de 2022 se acordó el archivo del asunto LEBASINOT 2MIL2 S. L. c. España, por la falta de acción de la demandante, que había acudido al Tribunal en defensa de su derecho a un proceso justo (art. 6 CEDH).

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 2: derecho a la vida

* Sentencia de 11 de octubre de 2022. Asunto Garrido Herrera c. España.

La demandante, madre de una menor que había sufrido un accidente de tráfico a resultas del cual precisó de respiración asistida, denunciaba que el fallecimiento de su hija había sido consecuencia de un fallo en el respirador. La causa se sobreseyó provisionalmente al no apreciarse la existencia de indicios de delito, y el posterior recurso de amparo fue inadmitido por el Tribunal Constitucional al no satisfacer el requisito de la especial trascendencia constitucional. La sentencia declaró vulnerado el art. 2

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CEDH (derecho a la vida) por incumplimiento del deber de investigación suficiente de la muerte de la menor y desestimó la demanda en lo concer-niente a la supuesta vulneración del art. 6 CEDH (derecho a un proceso justo) pues el Convenio no incluye el derecho a obtener el procesamiento y condena de un tercero. Al momento de redactar estas líneas, se encuentra pendiente de resolución la solicitud de reconsideración de esta sentencia por la Gran Sala.

2. Artículo 5: derecho a la libertad y a la seguridad

* Sentencia de 31 de mayo de 2022. Asunto Galeano Peñas c. España.

El demandante solicitó el indulto de su condena por la comisión de un delito de falsedad en documento público, así como la suspensión cautelar en tanto el consejo de ministros resolviera su petición. La tramitación administrativa de su solicitud de indulto se prolongó hasta tal punto que el condenado denunciaba que se le sometía a una pena ya prescrita. Esta queja fue desestimada por el tribunal sentenciador y el posterior recurso de amparo inadmitido por ausencia de especial trascendencia constitucional. El Tribunal declaró que la detención del demandante con posterioridad a la fecha en la que entendía prescrita la pena no podía reputarse arbitraria a los efectos del art. 5 CEDH, lo que condujo a la desestimación de este motivo del recurso.

3. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 18 de enero de 2022. Asunto Atristain Gorosabel c. España.

El recurrente, condenado por los delitos de pertenencia a banda armada y posesión de explosivos, denunciaba la vulneración de sus derechos a un juicio justo y a ser defendido por un abogado de su elección. El origen de su denuncia se remonta a la situación de detenido en régimen de incomunicación que había atravesado y durante la cual había prestado declaración asistido por abogado que no era de su elección, sin haber podido re-unirse a solas con él. Su demanda de amparo constitucional fue inadmitida al no haber levantado la carga de justificar suficientemente la trascendencia constitucional del recurso. La sentencia declaró vulnerado 253

MEMORIA 2022

el derecho a acceder a un abogado de su elección durante la fase de instrucción, sin que existieran motivos pertinentes y suficientes para ello y sin que mediara una valoración individualizada de las circunstancias particulares del caso. La lesión fue de tal incidencia que socavó la equidad del posterior proceso penal en su conjunto.

* Sentencia de 7 de junio de 2022. Asunto Centelles y otros c. España.

Los demandantes, responsables de la prevención de riesgos laborales, habían sido condenados en apelación por el fallecimiento de un trabajador de su misma empresa. El recurso de amparo se inadmitió por falta de especial trascendencia constitucional. La sentencia que ahora se reseña apreció vulneración del derecho a un proceso justo, en su vertiente de inmediación judicial, toda vez que el tribunal de apelación había llevado a cabo una nueva valoración de los elementos subjetivos del delito fundándose en las declaraciones de los peritos, a quienes no oyó, y sin brindar la oportunidad a los acusados de proceder a un examen contradictorio.

* Sentencia de 14 de junio de 2022. Asunto Cruz García c. España.

La demandante, adquirente de una vivienda sujeta a una orden de demo-lición, a quien no le fueron notificados en ningún momento los procedimientos administrativos y judiciales que afectaban al inmueble, fue objeto de sendas multas coercitivas para ejecutar la mencionada orden. Inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones, su demanda de amparo fue igualmente rechazada por falta de especial transcendencia constitucional.

La sentencia constató la vulneración del art. 6 CEDH de la demandante, quien no fue oportunamente emplazado al proceso y, por esto mismo, se vio privada de la posibilidad de acceso efectivo a un tribunal en el que alegar y probar cuanto considerara pertinente en defensa de su derecho de propiedad.

* Sentencia de 11 de octubre de 2022. Asunto Garrido Herrera c. España.

Como ya se ha indicado con anterioridad, en esta sentencia la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no apreció vulneración del art. 6 CEDH, que no incluye un pretendido derecho al procesamiento y condena de terceros.

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* Sentencia de 8 de noviembre de 2022. Asunto Marina Aucanada Group S. L. c. España.

La empresa demandante fue adjudicataria de un contrato de gestión del puerto de Alcudia que había convocado la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares y que fue impugnado por el ayuntamiento de la mencionada lo-calidad, al entender que contravenía un convenio previamente suscrito con la autoridad portuaria. La licitación fue finalmente anulada por una sentencia que la demandante recurrió —tras personarse en el proceso—

sin éxito en casación; su posterior recurso de amparo fue inadmitido por falta de especial trascendencia constitucional. La sentencia de 8 de noviembre de 2022 no apreció la existencia de indefensión material pues la demandante había podido tener suficiente conocimiento extraprocesal de la pendencia del recurso contencioso-administrativo, del que se había dado sobrada noticia en los medios de comunicación, de modo que su personación posterior a la sentencia de instancia fue fruto exclusivamente de su voluntad de mantenerse ajena al proceso.

* Sentencia de 15 de noviembre de 2022. Asunto Dahman c. España.

El demandante, beneficiario de un contrato de arrendamiento subvencio-nado de vivienda de promoción pública, fue desahuciado como consecuencia de la estimación de la demanda presentada por la empresa privada que se había subrogado en la posición del Instituto de la Vivienda de Madrid y que consideraba que la subrogación no conllevaba el mantenimiento de determinadas condiciones de la relación con el inquilino. Su recurso de apelación fue inadmitido por no haber satisfecho la obligación de consignar el pago de las rentas adeudadas y el posterior recurso de amparo inadmitido por falta de especial trascendencia constitucional. La sentencia, cuya solicitud de reconsideración por la Gran Sala se halla pendiente, no apreció vulneración del derecho a un proceso justo, en su vertiente de derecho al recurso, por la inadmisión de la apelación como consecuencia del incumplimiento de un requisito establecido por la legislación estatal actuando en su margen de apreciación.

* Sentencia de 15 de diciembre de 2022. Asunto Olivares Zúñiga c. España.

La demandante fue despedida de su puesto de trabajo como abogada en una empresa por motivos disciplinarios; impugnó sin éxito —mediante la inter-255

MEMORIA 2022

posición de un recurso de casación para la unificación de doctrina— la inicial declaración del despido como improcedente y planteó un recurso de amparo que fue inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial al no haber instado un incidente de nulidad de actuaciones. La Sección Quinta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó la demanda por vulneración del art. 6 CEDH en cuanto a la exigencia de planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones en un supuesto en el que su utilización podía suscitar no pocas dudas interpretativas, como quedó acreditado por la matización que el propio Tribunal Constitucional hizo de su doctrina al respecto.

4. Artículo 7: Legalidad penal

* Sentencia de 31 de mayo de 2022. Asunto Galeano Peñas c. España Como ya se ha indicado anteriormente, el demandante había sido condenado por un delito de falsedad en documento público y debió cumplir la pena en un momento en el que consideraba extinguida su responsabilidad penal por prescripción. Pues bien, en lo que estrictamente se refiere al motivo de vulneración del art. 7 CEDH, la sentencia de 31 de mayo de 2022

desestimó la demanda pues la prescripción de la pena no está comprendida en el ámbito del derecho proclamado en el citado precepto del Convenio.

5. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 8 de marzo de 2022. Asunto Reyes Jiménez c. España El demandante sufrió un deterioro en su salud a resultas de una serie de intervenciones quirúrgicas que le fueron practicadas cuando era menor de edad y sin contar con el consentimiento informado de sus padres. Estos presentaron una demanda de indemnización por responsabilidad de la administración, que les fue denegada; su posterior recurso de amparo fue inadmitido por falta de especial transcendencia constitucional. La sentencia que ahora se reseña concluyó que se había vulnerado el derecho a la vida privada del art. 8 CEDH por insuficiencia de la información suminis-trada al paciente y sus representantes legales para que pudieran valorar los riesgos reales y efectivos que entrañaban cada una de las intervenciones quirúrgicas.

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* Sentencia de 28 de junio de 2022. Asunto M. D. y otros c. España.

Los demandantes integraban un grupo de jueces y magistrados con destino en Cataluña que habían firmado un manifiesto favorable al ejercicio del denominado «derecho a decidir» del pueblo catalán. El periódico «La Razón» publicó un artículo en el que aparecían fotografías y datos personales de los demandantes que, según estos, habrían sido obtenidos de bases de datos policiales. Presentada la oportuna denuncia, se abrió un proceso penal que fue finalmente archivado ante la ausencia de datos que permi-tieran la imputación individualizada de los hechos delictivos. El posterior recurso de amparo se inadmitió por falta de especial transcendencia constitucional. La Sección Tercera consideró que se había producido una vulneración del art. 8 CEDH, tanto por la elaboración de un informe policial con los datos de los demandantes sin que existiese ninguna disposición legal interna que lo justificase, como por la falta de investigación efectiva en lo relativo a la filtración del contenido de ese informe a la prensa.

* Sentencia de 18 de octubre de 2022. Asunto Muhammad c. España.

El demandante, ciudadano paquistaní con permiso de residencia en España, desatendió un requerimiento de identificación efectuado por la policía en la vía pública y fue trasladado a dependencias policiales. Tanto su denuncia en vía penal, donde aducía motivos racistas para su detención y un trato policial vejatorio, como su solicitud de responsabilidad patrimonial de la administración, fueron desestimadas. Su posterior recurso de amparo se inadmitió por falta de especial trascendencia constitucional. La sentencia no apreció vulneración del art. 8 CEDH pues no había quedado acreditado en ningún momento que el demandante hubiera sido requerido para identificación por sus características físicas o étnicas. A mayor abundamiento, subrayó que el requerimiento de identificación no podía ser considerado un acto de violencia, que se investigaron los hechos y que el testimonio del demandante —quien no hizo uso de todas las vías de impugnación— fue valorado en todo momento.

* Sentencia de 8 de noviembre de 2022. Asunto Veres c. España.

El demandante había obtenido la custodia de su hija, que residía por entonces con su madre en Hungría. Con fundamento en el art. 8 CEDH, denunció que el procedimiento de reconocimiento y ejecución en España 257

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de las resoluciones judiciales húngaras había incumplido el requisito del plazo razonable, interfiriendo así en el derecho al respeto de su vida familiar. Ese procedimiento se prolongó más de dos años, plazo durante el cual el demandante no pudo tener ninguna relación con su hija y que dio lugar a que los tribunales húngaros revertieran su primera decisión, adjudican-do la custodia a la madre. La Sección Tercera estimó el recurso y concluyó que España no había adoptado las medidas adecuadas para reconocer y ejecutar la decisión sin demora y que esto tuvo graves consecuencias para el demandante.

6. Artículo 10: libertad de expresión

* Sentencia de 8 de noviembre de 2022. Asunto Ayuso Torres c. España.

El demandante, miembro del Cuerpo Jurídico Militar y profesor de Derecho Constitucional en la universidad, participó en un debate televisivo en el que se expresó en términos muy críticos con el proceso de elaboración de la Constitución española. Abierto un proceso disciplinario, concluyó sin la imposición de sanción al haber prescrito los hechos. No obstante, el afectado solicitó que se modificase el contenido de la resolución definitiva, con eliminación de la afirmación de que había excedido de los límites del derecho de expresión reconocido a los militares; solicitud que le fuera rechazada en vía administrativa y judicial. El posterior recurso de amparo fue inadmitido por falta de acreditación suficiente de su especial trascendencia constitucional. La sentencia, cuya solicitud de reconsideración por la Gran Sala se encuentra pendiente, concluyó que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del demandante, cuya doble condición de militar y profesor universitario había sido ignorada por las autoridades españolas. El inciso controvertido reviste entidad suficiente para desalen-tar el futuro ejercicio del derecho a la libertad de expresión del demandante en el ámbito de la enseñanza.

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V. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986) Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989) Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986) Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989) Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986) Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986) Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989) Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980) Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992) Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992) Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986) Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983) Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990) 259

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Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986) Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992) Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral † (1986-1998) Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995) Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995) Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995) Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995) Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992) Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra † (1989-1998) Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998) Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998) Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001) Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001) Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende † (1992-2001) Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001) Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998) Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004) Presidente (2001-2004)

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Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón † (1995-2004) Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004) Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004) Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011) Presidenta (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011) Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002) Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011) Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011) Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012) Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008) Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012) Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012) Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013) Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps † (2004-2013) Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013) Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013) Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013) 261

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Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015) Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014) Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017) Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017) Vicepresidenta (2013-2017)

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré † (2012-2020) Excmo. Sr. don Juan José González Rivas (2012-2021) Presidente (2017-2021)

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías (2012-2021) Vicepresidenta (2017-2021)

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara (2012-2021) 262

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Portada

Datos de publicación

Sumario

Presentación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, don Cándido Conde-Pumpido Tourón

I. Composición del Tribunal

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general

IV. Actividad jurisdiccional

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad ideológica (art. 16 CE)

E) Libertad personal (art. 17 CE)

F) Intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales (art. 18 CE)

G) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

H) Ejercicio de funciones representativas y participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la jurisdicción y a los recursos legales

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

d) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

b) Derechos a la asistencia letrada, de defensa y a ser informado de la acusación

c) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

K) Legalidad penal (art. 25 CE)

L) Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE)

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

2. Servicio de Doctrina Constitucional

3. Servicio de Informática

4. Servicio de Gerencia

5. Gabinete de Prensa

VI. Presupuesto

VII. Relaciones institucionales

VIII. Otras actividades

IX. Transparencia y acceso a la información pública

Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Magistrados eméritos