MEMORIA 2018

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2018

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Depósito legal: M-12444-2019

Sumario

Presentación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, don Juan José González Rivas, 11

Memoria 2018

I. Composición del Tribunal, 21

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención, 27

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general, 35

IV. Actividad jurisdiccional, 37

1. Datos generales, 39

A) La demanda de justicia constitucional, 39

B) Las sentencias, 41

C) La restante actividad jurisdiccional, 42

D) El trámite de admisión de recursos, 47

E) Balance estadístico del año, 48

F) La pendencia de asuntos, 50

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, 50

A) Preliminar, 50

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado, 54

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, 62

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D) Conflictos constitucionales, 73

E) Procesos sobre normas forales fiscales, 78

3. Procesos de amparo, 78

A) Preliminar, 78

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), 80

C) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE), 81

D) Honor, intimidad, protección de las comunicaciones y de datos de carácter personal (art. 18 CE), 81

E) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE), 82

F) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 84

a) Acceso a la justicia y al recurso legal, 84

b) Interdicción de la indefensión, 85

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales, 86

G) Garantías procesales (art. 24.2 CE), 86

a) Derecho a un proceso con todas las garantías, 86

b) Derechos a la defensa y a la prueba, 87

H) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE), 88

I) Derecho a la educación (art. 27 CE), 89

J) Libertad sindical (art. 28 CE), 89

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal, 91

1. Servicio de Biblioteca y Documentación, 91

1) Proceso técnico, 91

2) Servicios a los lectores, 93

2. Servicio de Doctrina Constitucional, 94

3. Servicio de Informática, 95

4. Servicio de Gerencia, 109

1) Personal y asuntos generales, 109

2) Asuntos económicos y contabilidad, 111

3) Mantenimiento, 111

4) Archivo General, 111

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VI. Presupuesto, 115

VII. Relaciones institucionales, 117

VIII. Otras actividades, 129

IX. Transparencia y acceso a la información pública, 133

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal, 139

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado», 145

III. Estadísticas jurisdiccionales, 201

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España, 245

V. Discurso en el XL aniversario de la Constitución española, 255

VI. Magistrados eméritos, 263

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Presentación

Juan José González Rivas

Por segunda vez desde que asumí mi mandato como Presidente del Tribunal Constitucional, en marzo de 2017, me corresponde el honor de presentar a la opinión pública su Memoria anual, que da a conocer al conjunto de la ciudadanía sus distintas actividades durante el pasado año, ofreciendo en particular los resultados de su trabajo jurisdiccional.

Ante todo, me gustaría destacar que en 2018 hemos conmemorado el cuadragésimo aniversario de la Constitución española. El Tribunal Constitucional, cuya historia corre paralela a la de la norma fundamental, ha contribuido al ciclo de celebraciones organizado al efecto para festejar nuestra Carta Magna, su valor y su legado, con varios actos solemnes a los que después haré referencia.

En efecto, este órgano constitucional cree firmemente que el pacto constitucional de 1978 fue un gran éxito colectivo de nuestra historia, el cual, construido desde la concordia, la esperanza, el diálogo y el consenso, ha logrado crear un auténtico Estado social y democrático de Derecho y con ello impulsar en España un modelo de sociedad moderno, democrático, garantista y europeísta.

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Gracias a nuestra Carta Magna hay imperio de la ley, soberanía popular y un aseguramiento completo, real y profundo de nuestros derechos y libertades. También ha podido desarrollarse una descentralización efectiva del poder. Desde 1978 hasta hoy, España ha vuelto a Europa con plenitud de derechos, asumiendo sus responsabilidades y su peso como nación, y se ha convertido en un miembro respetado de la Comunidad Internacional. En particular, España ha conseguido llegar a ser una de las más consolidadas democracias del mundo, y uno de los países que mejor aplican la normativa internacional en materia de derechos humanos.

Dentro de este orden de cosas, el Tribunal Constitucional tiene un claro concepto de la alta misión que le es encomendada, en tanto que intérprete supremo y garante jurídico de nuestra Carta Magna.

Por así decirlo, el Tribunal es un órgano naturalmente integrador, que debe actualizar, día tras día, el significado de nuestra norma básica, desentrañando sus mandatos normativos, e interpretando y aplicando las orientaciones marcadas por el poder constituyente.

Durante estas cuatro décadas de vigencia de nuestro texto constitucional, la jurisdicción que presido se ha esmerado por garantizar la supremacía de nuestra norma fundamental sobre cualesquiera leyes y sobre el resto de poderes públicos, y ha contribuido poderosamente a crear las condiciones de goce efectivo de nuestros derechos y nuestras libertades, eje definitorio de todo el ordenamiento español. Además, el Tribunal Constitucional se ha posicionado históricamente como uno de los valedores del proceso de descentralización política y administrativa de nuestro Estado de las Autonomías, dentro del respeto a la indisoluble unidad de la Nación española recogida en el artículo 2 de la Constitución.

Al mismo tiempo, al Tribunal Constitucional le corresponde defender la Constitución frente a aquellos que buscan desafiarla.

Defender la Constitución implica incluso defender el derecho 12

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político a disentir de ella, siempre que se respeten los principios y cauces constitucionales que amparan nuestra convivencia.

* * *

Por todo ello, haciendo honor a esta importante efeméride con la continuación de su labor jurisdiccional, el Tribunal ha seguido desarrollando en 2018 una intensa actividad, con el propósito de seguir disminuyendo la pendencia y los tiempos de resolución.

Durante el año 2018 se dictaron un total de 6.839 resoluciones definitivas, de l as cuales 1 42 fueron sentencias. En e ste año se produjo un incremento de la demanda de justicia constitucional, hasta el punto de que los asuntos ingresados superaron en número a los resueltos definitivamente (ingresaron 6.977 asuntos nuevos, resolviéndose 6.838).

El incremento de demanda de justicia constitucional en el año 2018 se ha apreciado fundamentalmente en el amparo, pues se promovieron 6.918 recursos nuevos (frente a los 6.286

interpuestos en 2017). Se suscitaron muchos menos recursos de inconstitucionalidad que el año anterior (doce, en comparación con 47 en 2017) y hubo más cuestiones de inconstitucionalidad (42 frente a las 33 de 2017). Por otra parte, también se redujo el número de impugnaciones de disposiciones autonómicas (tres, número similar al de 2017, cuando se plantearon cuatro) y de cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales (2, frente a 6 en 2017).

No se presentó ningún conflicto de competencias ni ningún conflicto entre órganos constitucionales.

El Tribunal Constitucional ha resuelto por sentencia 87 procesos de inconstitucionalidad: 52 recursos de inconstitucionalidad, 19 cuestiones de inconstitucionalidad, 11 conflictos positivos de competencia, tres conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales, una impugnación 13

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de disposiciones autonómicas y una cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales. El Pleno del Tribunal dictó la práctica totalidad de estas sentencias, resolviendo cada una de sus Salas una cuestión de inconstitucionalidad.

Esta actividad del Pleno y de las Salas del Tribunal (en virtud de la reforma de la Ley Orgánica rectora del Tribunal llevada a cabo en 2007) le ha permitido seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya constitucionalidad es puesta en duda. De este modo, el Tribunal mejora en la práctica la defensa jurisdiccional de la Constitución.

El Tribunal ha declarado contrarios a la Constitución preceptos legales incluidos en 33 disposiciones con rango de ley del Estado, además de llevar a cabo la interpretación conforme de otras seis.

Asimismo, anuló íntegramente dos leyes autonómicas (la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra, y la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis) y declaró la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 75 preceptos legales autonómicos, estableciendo la interpretación conforme con la Constitución de otros 15.

Los recursos de amparo ingresados en 2018 —un total de 6.918—

han experimentado un incremento respecto al año anterior (6.286), como se señaló antes. Como en años precedentes, sigue siendo notable el escaso porcentaje de admisión a trámite de estos recursos.

Sólo fueron admitidos, para su posterior sustanciación y resolución por sentencia, 115 recursos de amparo: cifra que representa el 1,67

por 100 de las demandas de amparo que el Tribunal resolvió en fase de admisión; el restante 98,33 por 100 de los recursos fueron 14

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inadmitidos, por las razones que se exponen en el capítulo IV, epígrafe 1.D, de esta Memoria.

Sigue resultando llamativo que, a estas alturas, más de una séptima parte de las demandas de amparo (concretamente 765, el 12,38 por 100 de las inadmitidas por mera providencia en virtud del art. 50 LOTC) siguen sin ofrecer la más mínima justificación de la trascendencia constitucional del recurso, tal y como exige la Ley rectora del Tribunal desde la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Creo que este es un dato que merece una reflexión por parte de todos y, especialmente, de los procuradores y abogados a quienes la ley confía la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (art. 81 LOTC), como ha venido siendo señalado en las memorias del Tribunal Constitucional de los últimos años.

El Tribunal otorgó 42 amparos por vulneración de los derechos fundamentales proclamados por la Constitución española. En otras 13 sentencias declaró el recurso sin fundamento o inadmisible.

De nuevo, tras la reforma de 2007, el Tribunal ha dictado más sentencias de control de leyes y de conflictos que resolviendo recursos de amparo: 87 en comparación con 55.

Entre todas las resoluciones dictadas, creo pertinente referirme a cuatro en particular:

La primera es el auto 5/2018, de 27 de enero, en el que esta institución se pronunció sobre la impugnación de disposiciones autonómicas planteadas por el Gobierno de la Nación respecto de las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña en las que se proponía la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat. El Tribunal tomó las correspondientes medidas cautelares y suspendió cualquier 15

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sesión de investidura que fuese no presencial, a través de medios telemáticos o por sustitución de otro parlamentario.

La segunda es la sentencia 14/2018, de 20 de febrero, en la que se dilucidó el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. El Tribunal se pronunció sobre las competencias en educación y el régimen lingüístico y sentenció la nulidad de los preceptos legales que regulaban el derecho a recibir las enseñanzas en las lenguas oficiales y la repercusión a las comunidades autónomas de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castellano y habilitaban al Gobierno para el establecimiento de las bases de la educación plurilingüe.

La sentencia 16/2018, de 22 de febrero, resolvió, por su parte, un recurso de inconstitucionalidad en relación a diversos preceptos de la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, y estableció la nulidad de los puntos en los que se regulaba una expropiación de uso de vivienda menoscabando las competencias estatales.

En último lugar, la sentencia 140/2018, de 20 de diciembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2014 relativa a la jurisdicción universal. La sentencia avala que el derecho de acceso a la jurisdicción universal pueda ser alterado por el legislador. Por tanto, pertenece a su decisión el establecer la extensión de la jurisdicción penal y enunciar los puntos de conexión en los supuestos de delitos con elementos trasnacionales.

A resultas de ello, la Ley Orgánica 1/2014 no es, considerada en su conjunto, contraria al art. 10.2 CE en relación con el art. 24.1 CE

por definir el principio de jurisdicción universal de forma restrictiva.

* * *

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Por último, me gustaría destacar las actividades extrajurisdiccionales desarrolladas por el Tribunal.

Durante este ejercicio, hemos mantenido intacto nuestro esfuerzo por seguir avanzando hacia la máxima transparencia, dando a conocer la Institución a través de una página web que ofrece la información más detallada. Con ese mismo objetivo, hemos seguido publicando, cada vez en un número mayor, amplias notas de prensa sobre las resoluciones del Tribunal, ya sean providencias, autos o sentencias; una práctica que permite una rápida difusión de las decisiones jurisdiccionales más relevantes y contribuye a que los ciudadanos comprendan mejor la función constitucional que cumple la Institución.

En lo institucional, este año 2018, como decía antes, ha venido marcado sin duda por el cuadragésimo aniversario de la Constitución española. En conexión con el programa general de actividades coordinado por el Consejo Asesor para la conmemoración de dicha efeméride, dependiente de las Cortes Generales, este Tribunal ha celebrado en su sede diversos actos en honor a nuestra Carta Magna.

Entre otros eventos, el 8 de noviembre se presentó la obra

«Comentario mínimo a la Constitución española», coeditada por las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional, en un acto solemne en el que participé como anfitrión junto al Presidente del Senado, representando a las Cortes, y en el que asimismo estuvieron presentes altas autoridades del Estado.

El 4 de diciembre quisimos rendir homenaje, nuevamente en presencia de las principales autoridades del Estado, a los Ponentes Constitucionales, y tuvimos el honor de recibir a los Excmos. Sres.

don José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo y don Miquel Roca i Junyent en un acto solemne. En dicho evento, presentamos también el libro

«Comentarios a la Constitución Española. XL Aniversario», dirigido 17

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por los Presidentes eméritos de este Tribunal don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y doña María Emilia Casas Baamonde y publicado conjuntamente por la Fundación Wolters Kluwer y por el Boletín Oficial del Estado.

También el día 11 de diciembre de 2018 tuvo lugar en la sede del Tribunal la presentación del libro «La Costituzione spagnola nel trentennale della Costituzione italiana. Una riflessione 40 anni dopo».

Por otro lado, este Tribunal ha mantenido una activa política en materia de puertas abiertas, ya desarrollada en años anteriores. Así, en 2018, las visitas de colegios, institutos, universidades o asociaciones de diversa índole, entre otros colectivos, ascendieron a más de 170, y por otro lado, hemos recibido 45 visitas institucionales.

De igual forma, esta Institución ha desarrollado una destacada actividad de tipo representativo e institucional, tanto nacional como internacional.

En nombre del Tribunal, he mantenido encuentros institucionales con los Presidentes de varias comunidades autónomas, como las de Valencia, Galicia y Cantabria, entre otras, aprovechando la presencia en actos institucionales ocurridos en ellas.

El 24 y 25 de octubre se celebraron en Santander las XXIV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, que este año estuvieron dedicadas al estudio del artículo 155 de la Constitución y cuya sesión de clausura tuve el placer de presidir. No puedo más que trasladar mi mayor enhorabuena a los organizadores y participantes por el enorme éxito de las jornadas, sin duda de un alto nivel científico.

En el ámbito internacional, hemos seguido participando activamente en diversos foros, seminarios y conferencias, tanto a nivel bilateral 18

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como multilateral, contribuyendo así a estrechar los lazos con otros tribunales y consejos constitucionales y otras instituciones relacionadas, tanto de la Unión Europea como de todo el mundo.

A finales de enero asistimos de nuevo a la solemne apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Además, tuvimos el honor de invitar a España a su Presidente, don Guido Raimondi, quien pudo conocer este Tribunal, ser recibido en audiencia por S.M. el Rey y pronunciar una conferencia en el marco del Seminario Conjunto Tribunal Constitucional - Tribunal Supremo, realizado el 23 de febrero en esta sede.

A nivel bilateral, del 15 al 17 de febrero, visitamos en Karlsruhe (Alemania) el Tribunal Federal Constitucional de Alemania, donde mantuvimos unas jornadas de trabajo.

No podemos dejar de mencionar la celebración de la II Reunión Cuadrilateral de Tribunales Constitucionales de Portugal, Italia y España y del Consejo Constitucional francés que tuvo lugar en Albi (Francia) el 27 y 28 de septiembre, muestra de los vínculos, siempre estrechos, existentes entre dichos Tribunales.

A nivel multilateral, han sido numerosos los congresos internacionales sobre Derecho constitucional en los que ha participado este Tribunal, desde Marrakech a Buenos Aires, pasando por México o Bolivia.

Asimismo, a lo largo del año hemos seguido impulsando las relaciones de colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que contó con una delegación española en la XI Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional en marzo en Venecia, así como con la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales, en la reunión de su Mesa Ejecutiva que tuvo lugar en Praga del 12 al 14 de junio.

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En el marco de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que integra en su seno a todos los tribunales, cortes y salas que imparten la justicia constitucional en los países de habla española y portuguesa de América y Europa, se celebró en Ciudad de Panamá en mayo su XII Reunión sobre el tema «Relaciones entre jurisdicción constitucional y ordinaria: evolución desde la reunión de Sevilla de 2005».

Por otro lado, en el ámbito de la cooperación, bajo el paraguas de la mencionada Conferencia Iberoamericana, y dentro del Plan Intercoonecta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 2018 se celebraron dos seminarios sobre justicia constitucional en sendos centros de formación de la Agencia. El primero tuvo lugar en Montevideo (Uruguay) en julio y versó sobre «Los Tribunales Constitucionales como garantes de los procesos electorales». En diciembre se celebró el segundo seminario en La Antigua (Guatemala) sobre el tema «La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional: balance de dos décadas de experiencia».

* * *

Desearía finalizar estas palabras expresando mi más sincero y agradecido reconocimiento a todas aquellas personas que prestan y han prestado servicio al Tribunal Constitucional por su esfuerzo diario y su trabajo constante, sin los cuales los resultados que ofrecen estas Memorias anuales no serían posibles. Vaya para todos ellos mi aprecio y mi felicitación.

Madrid, 21 de febrero de 2019

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I. Composición del Tribunal Por Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Juan José González Rivas. Mediante Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma.

Sra. doña Encarnación Roca Trías.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente: Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente 1

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta 2

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara 3

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré 4

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García 5

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos 6

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez 7

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez 8

1 Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

2 Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

3 Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

4 Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

5 Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

6 Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

7 Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

8 Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

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Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho 9

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar 10

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón 11

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón 12

Por acuerdo de 28 de marzo de 2017 (BOE núm. 75, de 29 de marzo), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en salas y secciones: Sala Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón Sala Segunda

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Sección Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón 9 Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

10 Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

11 Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

12 Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

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Sección Segunda

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara, Presidente Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón Sección Tercera

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

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Datos personales

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas Ávila, 1951.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías Barcelona, 1944.

Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944.

Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García Santander, 1942.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946.

Magistrado del Tribunal Supremo

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Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Madrid, 1958.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez Badajoz, 1958.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Madrid, 1937.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón A’ Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional

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II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías

de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el ar tículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

Por acuerdo de 21 de julio de 2017, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

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Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Juan José González Rivas

En excedencia; Magistrado del Tribunal Constitucional.

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Ignacio Torres Muro

Catedrático de Derecho Constitucional en servicios especiales.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Fue declarada la jubilación por edad del Letrado don Juan Antonio Xiol Ríos.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, ningún funcionario público pasó a ocupar plaza de Letrado de adscrip-ción temporal al Tribunal Constitucional.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Don Jesús María González García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

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– Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Rafael Rebollo Vargas

Profesor Titular, acreditado como Catedrático, de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona.

– Doña Belén Triana Reyes

Abogada del Estado.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 90 de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Rafael Caballero Sánchez

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

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– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

– Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada titular del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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MEMORIA 2018

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don Carlos Padrós Reig

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

– Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

– Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

– Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona.

– Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

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MEMORIA 2018

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

– Don Marcial Viñoly Palop

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Antonio Luis Ramos Membrive, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

Tras el cese, a petición propia, de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas, por resolución de 28 de agosto de 2018 fue nom-32

MEMORIA 2018

brado Gerente del Tribunal Constitucional don Carlos Fernández-Pei-nado Martínez, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. El Letrado don Juan Ignacio Moreno Fernández desempeñó la Gerencia en funciones entre marzo y septiembre de 2018.

Intervención

Tras el cese, a petición propia, de doña Mónica Rino García-Camacho, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, fue nombrada Interventora del Tribunal Constitucional doña Marta Carolina Hidalgo López, del mismo cuerpo, por resolución de 20 de diciembre de 2017.

33

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter

general1

I. El acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE núm. 165, de 9 de julio de 2018, cve: BOE-A-2018-9543), por el que se modifica parcialmente el Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, derogó el apartado 4 del artículo 80 de dicho Reglamento, cuya redacción originaria disponía: «1. Las retribuciones de los Letrados son básicas y complementarias. Las retribuciones básicas son las correspondientes a los miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado. … 4. No obstante lo dispuesto en el número primero de este artículo, los trienios de los Letrados adscritos tendrán la regulación y cuantías correspondientes a los Cuerpos y Escalas de los que procedan».

La supresión de este precepto ha hecho posible la equiparación de dicho concepto retributivo entre los letrados al servicio del Tribunal que proceden de distintos cuerpos (jueces y magistrados, profesores de universidad, letrados de la Administración civil, etc.).

II. Por acuerdo de 19 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre comunicaciones procesales al Ministerio Fiscal, se dispuso que las Secretarías de Justicia del Tribunal, una vez presentada la demanda de amparo, con su documentación aneja, dictasen diligencia de ordenación por la que se comunique al fiscal y al procurador del recurrente que se tienen por recibidos los escritos de interposición del recurso de amparo con indicación del número del recurso y sección a que ha correspondido.

1 El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

35

MEMORIA 2018

Asimismo, se resolvió aplazar al 1 de enero de 2020 la medida de supresión de los traslados en papel, consistentes en las copias de las demandas de amparo y de la documentación asociada, que se venía aplicando a la Fiscalía de este Tribunal desde el 1 de enero de 2018, siguiendo las indicaciones de la Ley 12/2017, de 28 de diciembre; ello sin perjuicio de mantener las comunicaciones electrónicas y telemáticas en materia de recursos de amparo electoral (arts. 49 y 114 LOTC y acuerdo del Pleno de 20 de enero 2000).

III. El acuerdo de 17 de octubre de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, modificó en materia de incapacidad temporal el acuerdo de 11

de octubre de 2012, por el que se regulan las prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal funcionario y laboral al servicio del mismo y se determina el régimen aplicable en materia de vacaciones, permisos por asuntos particulares y jornada y horario de trabajo de dicho personal.

Teniendo en cuenta la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, así como la conveniencia de procurar un régimen análogo para los distintos tipos de personal al servicio del Tribunal Constitucional y el principio de equiparación retributiva, el Pleno dispuso que se reconozca, a los funcionarios y al personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional, un complemento retributivo del subsidio de incapacidad temporal que le corresponda según su régimen de Seguridad Social que alcance el cien por cien de sus retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a las retribuciones ordinarias del mes de inicio de la situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad desde el primer día.

En segundo lugar, el acuerdo dispuso la creación de un grupo de trabajo en materia de análisis del absentismo en el seno de la mesa de negociación del personal al servicio del Tribunal Constitucional.

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IV. Actividad jurisdiccional1

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Procesos sobre normas forales fiscales 3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE) C) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE) 1 Este capítulo ha sido elaborado por los servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

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MEMORIA 2018

D) Honor, intimidad, protección de las comunicaciones y de datos de carácter personal (art. 18 CE)

E) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE) F) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales.

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

G) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías b) Derechos a la defensa y a la prueba

H) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE) I) Derecho a la educación (art. 27 CE)

J) Libertad sindical (art. 28 CE)

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MEMORIA 2018

1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2018 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 6.977 asuntos jurisdiccionales; es decir, 596 más que en 2017.

Este aumento del 9,34 por 100 de la demanda de justicia constitucional se debió, esencialmente, al incremento de demandas de amparo (6.918

en 2018, frente a 6.286 en 2017), pues el número de cuestiones de inconstitucionalidad se mantuvo prácticamente inalterado (42 en 2018 y 43

en 2017) y el de recursos de inconstitucionalidad, si bien se redujo pro-porcionalmente de manera notable, en términos absolutos tiene escasa dimensión (en 2018 apenas se interpusieron 12 y en 2017 se habían planteado 47). Se plantearon tres impugnaciones de disposiciones autonómicas (cuatro en 2017) y dos cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales (seis en 2017). Llama la atención el hecho de que en 2018

no se planteara ningún nuevo conflicto positivo de competencia.

Las cifras proporcionadas ponen de manifiesto la persistencia abrumado-ra de la preponderancia de los recursos de amparo: 6.918, lo que representó el 99,15 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 6.833, de los cuales 6.032 fueron interpuestos por personas físicas y 801 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos promovieron 85 recursos de amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso alguno.

Con respecto a su origen, persistió el predominio habitual de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.706, el 53,57 por 100, un número algo superior al de recursos de amparo en materia penal promovidos en 2017, cuando se alcanzaron 39

MEMORIA 2018

los 3.256. Por su origen, aumentaron los amparos procedentes de las jurisdicciones civil (1.269 en 2018, 1.117 en 2017), contencioso-administrativa (1.383 en 2018, 1.200 en 2017) e incluso militar (29 en 2018, 25

el año anterior) y se redujo el número de los procedentes del orden jurisdiccional social (474 en 2081, 513 en 2017). En 2018 se plantearon cuatro recursos de amparo electorales y 29 frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, un núme-ro prácticamente idéntico al de 2017, cuando fueron 27 los recursos de amparo de procedencia parlamentaria.

Algo más de un tercio de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (2.832, un 40,93 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos en última instancia por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (2.149, un 31,06 por 100), los juzgados unipersonales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.118, el 16,16

por 100) y los tribunales superiores de justicia (332, el 4,79). Se promovieron dos recursos de amparo frente a resoluciones del Tribunal Militar Central y tres respecto de resoluciones de los tribunales militares territoriales.

En 4.872 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 70,42 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el ar-tículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.008 demandas de amparo (14,57 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 892 invocaciones del derecho a la legalidad penal (12,89 por 100) y las 490 del derecho a la libertad y seguridad (7,08 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 5.309 demandas de amparo constitucional (76,74 por 100). De las garantías procesales del artículo 24.2 CE de-bemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías haya desbancado al derecho a la presunción de inocencia como garantía procesal más invocada en amparo: el derecho a un proceso con todas las garantías fue aducido en 1.752 demandas de amparo y el derecho a la presunción de inocencia en 1.476.

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MEMORIA 2018

Apenas se interpusieron 12 recursos de inconstitucionalidad (47 en 2017), cuatro de ellos por el presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas, seis por diputados o senadores (cuatro respecto de leyes estatales y los otros dos frente a leyes autonómicas) y dos por gobiernos y parlamentos autonómicos respecto de normas estatales con valor o fuerza de ley.

A lo largo del año se presentaron 42 cuestiones de inconstitucionalidad: tres de ellas cuestiones internas planteadas por las distintas composiciones del propio Tribunal Constitucional, repartiéndose por órganos y objeto las restantes 39 (30 de las cuales tuvieron por objeto normas legales estatales y las otras nueve leyes autonómicas): cinco fueron planteadas por el Tribunal Supremo (cuatro respecto de leyes estatales y una sobre ley autonó-

mica), siete por los tribunales superiores de justicia (tres y cuatro, respectivamente), una por una audiencia provincial, que cuestionó la validez de una norma estatal y 26 por juzgados de los distintos órganos jurisdiccionales (veintidós y cuatro). Los órganos judiciales plantearon dos cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales. El Gobierno de la Nación planteó tres impugnaciones de disposiciones autonómicas.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 142 sentencias a lo largo del año. De ellas, el Pleno dictó 96, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 85 (52 en recursos de inconstitucionalidad, 17 en cuestiones de inconstitucionalidad —de las cuales, una cuestión interna—, 11 en conflictos positivos de competencia, tres en conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales, una resolutoria de cuestión prejudicial de validez de norma foral fiscal y otra recaída en impugnación de disposiciones autonómicas) y 11 en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado. Cada una de las salas dictó 23

sentencias, con idéntica distribución: 22 resolutorias de recursos de amparo y una recaída en cuestión de inconstitucionalidad cuyo conocimiento no se había reservado para sí el Pleno en el trámite de admisión.

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

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MEMORIA 2018

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 132 autos. El Pleno dictó 69 de ellos, cinco la Sala Primera y 17 la Sala Segunda; los 41 autos restantes fueron dictados por las secciones: 18 por la Sección Primera, ocho por la Sección Segunda, cinco por la Sección Tercera y diez por la Sección Cuarta.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 autos, 13 del Pleno y los tres restantes de la Sección Primera.

Nueve de estos autos inadmitieron a trámite sendas cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por órganos judiciales en relación con los siguientes preceptos legales: artículos 80.2.3 y 384 del Código penal (AATC 3/2018, de 23 de enero, y 67/2018, de 20 de junio, respectivamente); artículos 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20

de junio (ATC 71/2018, de 20 de junio) y 220.1 de ese mismo texto refundido, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30

de octubre (AATC 4/2018, de 23 de enero, y 114/2018, de 16 de octubre); artículo 30 de la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid (ATC 13/2018, de 7

de febrero); artículo 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes (ATC 27/2018, de 20 de marzo); 21.1 d) y 22.2 del texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio (ATC 45/2018, de 24 de abril); diversos artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (ATC 69/2018, de 20 de junio). Otros tres autos se dictaron en impugnaciones de disposiciones autonómicas, todos ellos relacionados con la propuesta de don Carles Puigdemont i Casamajó como 42

MEMORIA 2018

candidato a la presidencia de la Generalitat: AATC 5/2018, de 27 de enero, que tuvo por promovida una impugnación del Gobierno de la Nación al respecto; 49/2018, de 26 de abril, que admitió a trámite dicha impugnación y 60/2108, de 5 junio, que confirmó en súplica la admisión a trá-

mite. Finalmente, se publicaron en el «Boletín Oficial del Estado» cuatro autos que acordaron la inadmisión de otros tantos recursos de amparo, promovidos en una causa penal en la que se había seguido el criterio acordado en un pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ATC 40/2018, de 13 de abril); en un procedimiento parlamentario (ATC 47/2018, de 25 de abril) y en procesos contencioso-administrativos (AATC 41/2018, de 16 de abril, y 119/2018, de 13 de noviembre).

En 2018 el Pleno del Tribunal inadmitió mediante auto un total de 29

cuestiones de inconstitucionalidad, una cuestión prejudicial de validez planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Norma Foral de Álava 24/2014, de 9 de julio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (ATC 118/2018, de 30 de octubre) y un recurso de amparo en el ya citado ATC 119/2018. Asimismo, en el ATC 127/2018, de 11 de diciembre, el Pleno inadmitió un incidente de ejecución en relación con la STC 12/2018, de 8 de febrero, que había declarado la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora del demandante de amparo.

El propio Pleno planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ATC 79/2018, de 17 de julio) y acordó la extinción de tres procesos de inconstitucionalidad: en dos casos por pérdida sobrevenida de objeto

[AATC 28/2018, de 20 de marzo, respecto de la impugnación de disposiciones autonómicas planteada por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de creación de una comisión especial «sobre violación de derechos fundamentales en Catalu-

ña», y 84/2018, de 6 de septiembre, en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno frente a la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad Valenciana] y en el tercero al aceptar el desistimiento de la parte actora (ATC 109/2018, de 16 de octubre, que acoge el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad que había formulado en relación con diversos receptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de 43

MEMORIA 2018

universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud).

La impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por el Gobierno de la Nación frente a las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña en las que proponía la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat, dio lugar a un total de cinco autos del Pleno. El ATC 5/2018, de 27 de enero, ya citado, tuvo por promovida la citada impugnación y adoptó una serie de medidas cautelares; el ATC 6/2018, de 30 de enero, desestimó la solicitud de declaración de nulidad del auto anterior, formulada por el propio don Carles Puigdemont i Casamajó; la impugnación fue finalmente admitida a trámite por el ATC 49/2018, de 26 de abril (confirmado en súplica por el ATC 60/2018, de 5 de junio); por último, el ATC 68/2018, de 20 de junio, declaró la pérdida de objeto del incidente de suspensión en ese proceso constitucional.

En relación con la suspensión de normas autonómicas impugnadas por el presidente del Gobierno con invocación de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno dictó 16 autos. En dos de ellos acordó el levantamiento de la suspensión (AATC 35/2018, de 21 de marzo, y 37/2018, de 22 de marzo), en otros siete mantuvo parcialmente la suspensión (AATC 11/2018, de 7 de febrero; 26/2018, 30/2018, 31/2018 y 32/2018, de 20 de marzo, y 34/2018 y 36/2018, de 21 de marzo) y en los siete restantes se decantó por el mantenimiento íntegro de la medida suspensiva (AATC 12/2018, de 7 de febrero; 25/2018

y 29/2018, de 20 de marzo; 33/2018, de 21 de marzo; 94/2018 y 97/2018, de 18 de septiembre, y 101/2018, de 2 de octubre).

En los procesos de amparo tramitados por el Pleno del Tribunal se dictaron diez autos sobre medidas cautelares. En ninguno de ellos se acordó la adopción de la medida cautelar instada por el demandante de amparo: AATC 22/2018, de 7 de marzo (confirmado en súplica por el ATC 38/2018, de 22 de marzo); 53/2018 a 55/2018, de 22 de mayo; 82/2018, de 17 de julio; 98/2018, de 18 de septiembre; 128/2018, de 11 de diciembre, y 131/2018, de 18 de diciembre. A ellos ha de sumarse el ATC 63/2018, de 5 de junio, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto por el demandante de amparo respecto de la providencia de admisión de su recurso, en cuanto no se acordaba inaudita parte la medida cautelarísima interesada.

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MEMORIA 2018

Para cerrar esta relación de autos dictados por el Pleno del Tribunal Constitucional en 2018 hemos de mencionar las dos abstenciones que aceptara en procesos de inconstitucionalidad: una en recurso de inconstitucionalidad (ATC 66/2018, de 19 de junio) y otra en un conflicto positivo de competencia (ATC 74/2018, de 3 de julio).

De entre los autos dictados por las salas y secciones cumple mencionar en primer lugar los ATC 20/2018, de 5 de marzo, y 77/2018, de 16 de junio, ambos de la Sala Segunda. En el primero, esta composición del Tribunal elevó cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del artículo 188.1

de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y en el segundo frente al artículo 35.2 de la Ley de enjuiciamiento civil.

La Sección Primera del Tribunal inadmitió por auto tres recursos de amparo: AATC 40/2018, de 13 de abril, recurso promovido en causa penal; 41/2018, de 16 de abril, recurso promovido en proceso contencioso-administrativo (el recurso de amparo inadmitido por este auto —del que se ha hecho mención al relacionar los autos objeto de publicación en el

«Boletín Oficial del Estado»— había sido promovido por la Junta de Extremadura en relación con la llamada casación autonómica), y 65/2018, de 18 de junio, también en proceso contencioso-administrativo. La Sección Tercera acordó el archivo de un recurso de amparo en el ATC 8/2018, de 31 de enero, en tanto que la Sección Primera declaró la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de un recurso de amparo (ATC 107/2018, de 8 de octubre; en el caso se trataba de una extradición de la que habían desistido las autoridades solicitantes).

Las distintas secciones dictaron 14 autos resolutorios de recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Se estimaron nueve de ellos: en tres se estimó el recurso y se revocó la providencia de admisión, quedando el asunto para un nuevo estudio (AATC 116/2018, de 17 de octubre; 123/2018, de 27 de noviembre, y 126/2018, de 3 de diciembre); en el ATC 93/2018, de 25 de julio, la estimación del recurso dio como resultado la rectificación del error material padecido en la providencia al identificar la causa de inadmisión y en los cinco restantes la estimación del recurso de súplica vino acompañada de la decisión de inadmisión de la demanda de amparo (AATC 10/2018, de 6 de febrero; 39/2018, de 12 de abril; 50/2018, de 3 de mayo; 52/2018, de 8 de mayo, y 89/2018, de 3 de diciembre). Ni que decir tiene que los otros cinco recursos de súplica fue-45

MEMORIA 2018

ron desestimados (AATC 47/2018, de 25 de abril; 64/2018, de 6 de junio; 72/2018, de 25 de junio; 121/2018, de 14 de noviembre, y 132/2018, de 19 de diciembre).

Se dictaron doce autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En siete de ellos se acordó la suspensión total o parcial del acto del poder público frente al que se solicitaba el amparo (AATC 21/2108, de 5 de marzo; 58/2018, de 4 de junio; 93/2018, de 17 de septiembre; 117/2018, de 29 de octubre; 122/2018, de 26 de noviembre; 129/2018, de 13 de diciembre, y 130/2018, de 17 de diciembre). En otros dos se mantuvo la suspensión otorgada en la providencia de admisión del recurso de amparo (AATC 92/2018, de 17 de septiembre, y 100/2018, de 1 de octubre). Los tres restantes denegaron la medida cautelar solicitada por la actora (AATC 2/2018, de 22 de enero; 9/2018, de 5 de febrero, y 88/2018, de 17 de septiembre).

La Sala Segunda, en el ATC 91/2018, de 17 de septiembre, acordó excep-cionar para un recurso de amparo la exigencia constitucional de publici-dad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en lo relativo a los datos de identidad de la parte actora. El auto ordenó la sustitución del nombre y apellidos de la recurrente por sus iniciales.

En materia de ejecución de sentencias del propio Tribunal Constitucional, la Sala Primera dictó dos autos: AATC 1/2018, de 22 de enero —desestimatorio del incidente de ejecución de la STC 133/2106, de 18 de julio—, y 19/2108, de 5 de marzo, que inadmitió a trámite idéntica demanda incidental respecto de la STC 137/2017, de 27 de noviembre. Por su parte, en el ATC 24/2018, de 19 de marzo, la Sala Segunda acordó que no había lugar al incidente de ejecución de la STC 152/2015, de 19 de marzo. Esta misma sala denegó, en el ATC 57/2018, de 4 de junio, la aclaración de la STC 35/2018, de 23 de abril.

La Sala Primera aceptó mediante auto la abstención de un magistrado en un recurso de amparo (ATC 59/2018, de 5 de junio), en tanto que las distintas secciones dictaron 18 autos aceptando otras tantas abstenciones en procesos de amparo. Por otro lado, la Sala Segunda acordó la acumu-lación de seis recursos de amparo en el ATC 44/2018, de 23 de abril.

Finalmente, en tres autos el Tribunal Constitucional se declaró incompetente para conocer de las impugnaciones de otras tantas resoluciones de 46

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la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita (AATC 7/2018, de 31

de enero; 16/2018, de 27 de febrero, y 120/2018, de 14 de noviembre) y en los AATC 17/2018 y 18/2018, de 5 de marzo, la Sala Segunda declaró que no se había incurrido en funcionamiento anormal en la tramitación de sendos recursos de amparo.

D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2018 el Pleno admitió a trámite 37 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, así como otros 34 recursos de amparo.

Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto 29 cuestiones de inconstitucionalidad, una cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales y un recurso de amparo.

Por su parte, las salas y secciones admitieron a trámite 82 recursos de amparo y dictaron cuatro autos de inadmisión, 6.171 providencias de inadmisión y 484 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión. Como ya se ha indicado en su momento, fueron estimados nueve recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal. Ahora bien, sólo en tres supuestos la inadmisión del recurso de amparo quedó sin efecto (AATC 116/2018, de 17 de octubre; 123/2018, de 27 de noviembre, y 126/2018, de 3 de diciembre). En otros cinco casos (AATC 10/2018, de 6 de febrero; 39/2018, de 12 de abril; 50/2018, de 3 de mayo; 52/2018, de 8 de mayo, y 89/2018, de 3 de diciembre), la estimación del recurso de súplica formulado por el Ministerio Fiscal y la correlativa revocación de la providencia de inadmisión dictada inicialmente vino acompañada de la inadmisión del recurso de amparo por motivos distintos de los identifica-dos en la providencia inicial de inadmisión; esta forma de obrar se plasmó de otro modo, si bien con idénticos efectos procesales, en el ATC 93/2018, de 25 de julio, donde junto con la estimación del recurso de súplica del Ministerio Fiscal se procedió a rectificar el error material padecido en la providencia al identificar la causa de inadmisión. Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (6.774, cifra que arroja la suma de las providencias de admisión, autos y providencias de inadmisión y autos y providencias de terminación de asuntos pendientes de admisión), solo el 1,67 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 98,33 por 100 supuso el archivo del recurso.

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Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias.

El motivo predominante fue la ausencia de doctrina constitucional (53

recursos de amparo admitidos, el 45,30 por 100), seguido de la aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna (39, el 33,33 por 100) y de la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por las resoluciones judiciales o la diversidad de motivos (siete demandas de amparo fueron admitidas a trámite por estos motivos, lo que representa el 5,98 por 100 en cada uno de los dos casos).

El incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o la existencia de resoluciones judiciales contradictorias fue motivo de admisión de cuatro recursos de amparo (el 3,42 por 100) e idénticos números arrojó la admisión de demandas de amparo por el eventual origen normativo de la vulneración del derecho fundamental para cuya protección se solicitaba el amparo constitucional. Un recurso de amparo fue admitido para valorar la aclaración o cambio de doctrina resultante de un cambio normativo.

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (2.350, el 38,04 por 100), seguida a gran distancia de la relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (1.339, el 21,76 por 100), la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional (765, el 12,38 por 100 de las demandas de amparo), la falta de agotamiento de la vía judicial previa (607, el 9,83 por 100), la falta de subsanación de defectos procesales (542, el 8,77 por 100), la extemporaneidad del recurso (344, el 5,57 por 100) o la inexistencia de lesión del derecho fundamental invocado (160, el 2,59 por 100). La falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental fue causa de inadmisión en únicamente 27 casos, apenas el 0,44 por 100. En 17 providencias de inadmisión se citaron otros motivos (0,28 por 100).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2018 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de ter-48

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minación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 59 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, impugnaciones de disposiciones autonómicas y cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales, admitió a trámite 37 e inadmitió 31 mediante auto. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión un recurso de inconstitucionalidad y cinco cuestiones de inconstitucionalidad. Había avocado para su conocimiento 44 recursos de amparo (32 pendientes de admisión y 12 ya admitidos a trámite) y había deferido a las salas cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: dos a cada una de ellas. El Pleno dictó 96 sentencias y resolvió — por sentencia o por auto de terminación— 100 procesos, con 101

asuntos (pues había uno acumulado). El Pleno finalizó el año con 93

asuntos pendientes de sentencia en el mismo número de procesos, reduciendo la pendencia en 21 asuntos menos (en 20 procesos).

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.449

nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.098 y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros 48 recursos que se hallaban pendientes de admisión (46 por providencia y dos por auto). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.755 demandas de amparo y de resolver 35

recursos de amparo, acumulados en 33 procesos; a estas cifras deben sumarse las dos cuestiones de inconstitucionalidad que, ya se ha indicado, le fueran deferidas por el Pleno.

En la Sala Segunda ingresaron 3.437 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.073 y dio por terminados 441 recursos pendientes de admisión (438

mediante providencia y tres mediante auto). Al finalizar el año, quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.425 demandas de amparo y de resolver sobre el fondo 65 recursos de amparo y dos cuestiones de inconstitucionalidad.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, cada una de las salas dictó una sentencia en cuestión de inconstitucionalidad e idéntico número en procesos de amparo: veintidós. El Pleno dictó once sentencias resolviendo demandas de amparo y un auto inadmitiendo otra a trámite.

Como ya se ha reseñado, al finalizar el año tenía pendientes de resolver 41

recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente.

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Las secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2018 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 93 procesos, sin ningún asunto acumulado. Esta cifra se desglosa del siguiente modo: 36 recursos de inconstitucionalidad, 11 cuestiones de inconstitucionalidad, 41 recursos de amparo avocados, dos conflictos positivos de competencia, dos impugnaciones de disposiciones autonómicas y una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales. Por lo que hace a los procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que añadir las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento se había deferido a las salas: dos a cada una de ellas.

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad únicamente un recurso de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad.

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año suma-ban 141 (acumulados en 139 procesos). A los 41 recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben añadirse los 35 recursos de amparo pendientes ante la Sala Primera (acumulados en 33 procesos) y los 65 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes de resolver sobre su admisibilidad eran 3.180, de los cuales 1.755 correspondían a la Sala Primera y 1.425 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar

Durante 2018 el Tribunal Constitucional dictó 52 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 19 en cuestiones de inconstitucionalidad, 11 en conflictos positivos de competencia, tres en conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales, una resolutoria de cuestión prejudicial de validez de norma foral fiscal y otra resolutoria de una impugnación de disposiciones autonómicas planteada por el Gobierno de la Nación.

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La suma arroja un total de 87 sentencias resolutorias de 88 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, habida cuenta de que la STC 41/2018, de 26 de abril, desestimó dos recursos de inconstitucionalidad que habían sido previamente acumulados en relación con el texto refundido de la Ley de patrimonio de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.

El Pleno dictó la práctica totalidad de estas sentencias (85), en tanto que cada una de las salas pronunció una resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad (la Sala Primera dictó la STC 60/2018, de 4 de junio, donde apreció la pérdida sobrevenida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, y la Sala Segunda anuló, en la STC 82/2018, de 16 de julio, un precepto de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria).

Las 52 sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal resolviendo recursos de inconstitucionalidad tuvieron por objeto diferentes disposiciones legales estatales o autonómicas en las siguientes materias: aguas (STC 98/2018, de 19 de septiembre), asistencia jurídica gratuita (STC 103/2018, de 4 de octubre), asistencia social (STC 2/2018, de 11 de enero), asociaciones (STC 100/2018, de 19 de septiembre), consumo (SSTC 7/2018, de 25 de enero; 54/2018, de 24 de mayo; 102/2018, de 4 de octubre, y 119/2018, de 31 de octubre), Derecho civil (SSTC 40/2018 y 41/2018, de 26 de abril), educación (SSTC 14/2018, de 20 de febrero; 31/2018, de 10 de abril, 49/2018, de 10 de mayo; 53/2018, de 24 de mayo, y 66/2018, 67/2018 y 68/2018, de 21 de junio), festejos taurinos (STC 134/2018, de 13 de diciembre), fomento del empleo y de la actividad económica (SSTC 61/2018, de 7 de junio, y 69/2018 y 70/2018, de 21 de junio), jurisdicción universal (STC 140/2018, de 20 de diciembre), lenguas (STC 11/2018, de 8 de febrero), metrología (STC 63/2018, de 7 de junio), ordenación territorial y urbanismo (SSTC 42/2018, de 26 de abril, y 75/2018, de 5 de julio), presupuestos (SSTC 78/2018, de 5 de julio; 99/2018, de 19 de septiembre; 122/2018, de 31 de octubre, y 141/2018, de 20 de diciembre), procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones públicas (SSTC 33/2018, de 12 de abril; 55/2018, de 24 de mayo; 87/2018, de 19 de julio; 110/2018, de 17

de octubre, y 132/2018, de 13 de diciembre) propiedad intelectual (STC 19/2018, de 22 de febrero), protección ambiental (SSTC 8/2018, 51

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de 25 de enero; 65/2018, de 7 de junio), régimen local (STC 137/2018, de 13 de diciembre), reparación de daños causados por actos de violencia política (STC 85/2018, de 19 de julio), sanidad (SSTC 17/2018, de 22 de febrero, y 29/2018, de 8 de marzo), sector audiovisual (SSTC 28/2018, de 8 de marzo, y 48/2018, de 10 de mayo), telecomunicaciones (STC 142/2018, de 20 de diciembre), transportes (STC 105/2018, de 4

de octubre) y vivienda (SSTC 16/2018, de 22 de febrero; 32/2018, de 12

de abril; 43/2018, de 26 de abril; 80/2018, de 5 de julio; 97/2018, de 19

de septiembre, y 106/2018, de 4 de octubre).

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 19 sentencias, 17 de ellas dictadas por el Pleno (la STC 72/2018, de 21 de junio, resolvió una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda) y una por cada una de las salas del Tribunal. Las sentencias del Pleno versaron sobre normas estatales o autonómicas con rango de ley que atribuían a determinados empleados públicos la condición de agentes de la autoridad (SSTC 50/2018, de 10 de mayo, y 90/2018, de 6 de septiembre) y en materia de procedimiento administrativo (STC 104/2018, de 4

de octubre), jurisdicción contencioso-administrativa (STC 128/2018, de 29 de noviembre) y social (STC 72/2018, de 21 de junio), presupuestos públicos (STC 45/2018, de 26 de abril), responsabilidad por daños resultantes de la irrupción en la calzada de animales salvajes (STC 112/2018, de 17 de octubre), seguros (STC 1/2018, de 11 de enero), suspensión de jueces y magistrados (STC 135/2018, de 13 de diciembre), tributos (SSTC 52/2018, de 10 de mayo, y 120/2018, de 31 de octubre), unidad de mercado (STC 121/2018, de 31 de octubre) y vivienda (SSTC 51/2018, de 10 de mayo, y 56/2018, de 24 de mayo). Asimismo, el Pleno inadmitió en sentencia tres cuestiones de inconstitucionalidad: en la STC 57/2018, de 24 de mayo, acordó la inadmisión por falta de expresión de las dudas de constitucionalidad de una cuestión planteada en relación con la regulación de la responsabilidad por daños resultantes de la irrupción en la calzada de especies cinegéticas contenida en la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; en la STC 77/2018, de 5 de julio, lo hizo por inadecuada formulación del juicio de relevancia respecto de una cuestión que tenía por objeto un precepto de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que regulaba los regímenes de comunicaciones y estancias con los hijos; finalmente, en la STC 107/2018, de 4 de octubre, acordó la inadmisión por inadecuada realización del trá-

mite de audiencia a las partes en una cuestión cuyo objeto era un precep-52

MEMORIA 2018

to de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, que atribuye a la comunidad autónoma las potestades de investigación, deslinde y recu-peración de oficio de los montes públicos. La Sala Primera declaró la pérdida sobrevenida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad que versaba sobre el precepto legal autonómico que ya había sido declarado inconstitucional y nulo en la STC 52/2018 antes mencionada (STC 60/2018, de 4 de junio). A su vez, la Sala Segunda, en la STC 82/2018, de 16 de julio, anuló un precepto de la Ley de colegios profesionales de Cantabria relativo a los deberes de colegiación de los empleados públicos que contradecía las bases estatales en la materia.

El Pleno dictó once sentencias en conflictos positivos de competencia. Diez de ellas resolvieron conflictos sobre disposiciones generales y resoluciones estatales en materia de ayudas a la escolarización (SSTC 30/2018, de 22

de marzo), dispensación de medicamentos (SSTC 76/2018, de 5 de julio, y 86/2019, de 19 de julio), educación primaria (STC 96/2018, de 19 de septiembre), energía y medio ambiente (SSTC 15/2018, de 22 de febrero; 62/2018 y 64/2018, de 7 de junio, y 88/2018, de 19 de julio), formación profesional (STC 71/2018, de 21 de junio) y régimen local (STC 79/2018, de 5 de julio). La sentencia restante declaró la nulidad parcial del Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, que extendía la asistencia sanitaria a sujetos no incluidos en el sistema nacional de salud (STC 18/2018, de 22 de febrero).

El Pleno dictó tres sentencias en otros tantos conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales planteados entre el Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados: SSTC 34/2018, de 12 de abril, y 44/2018, de 26 de abril, en relación con el veto presupuestario, y 124/2018, de 14

de noviembre, sobre el control parlamentario del Gobierno en funciones.

Fue también el Pleno la composición del Tribunal que resolvió una cuestión prejudicial de validez de una norma foral fiscal (STC 13/2018, de 8

de febrero) y una impugnación de disposiciones autonómicas (STC 136/2018, de 13 de diciembre).

En 29 de las 87 sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, todas ellas del Pleno, se formularon votos particulares.

Durante 2018 el Pleno del Tribunal acordó, por auto, la extinción de dos recursos de inconstitucionalidad (ATC 109/2018, de 16 de octubre, que 53

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aceptó el desistimiento del presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el servicio catalán de salud en otro; y ATC 84/2018, de 6 de septiembre, por desaparición sobrevenida de objeto del recurso promovido por el presidente del Gobierno respecto de la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética en la Comunidad Valenciana) y la extinción de una impugnación de disposiciones autonómicas (ATC 28/2018, de 20 de marzo, en la impugnación planteada por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo de creación de una comisión especial sobre violación de derechos fundamentales en Cataluña). Inadmitió 29 cuestiones de inconstitucionalidad y una cuestión prejudicial de validez planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Norma Foral de Álava 24/2014, de 9 de julio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (ATC 118/2018, de 30 de octubre). El propio Pleno planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad (ATC 79/2018, de 17 de julio, en relación con el art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y otras dos la Sala Segunda (AATC 20/2018, de 5 de marzo, respecto del art. 188.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, y 77/2018, de 16 de julio, sobre el art. 35.2 de la Ley de enjuiciamiento civil).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado Durante 2018 el Tribunal dictó 29 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto 19 leyes o disposiciones con rango de ley del Estado.

Todas estas sentencias fueron dictadas por el Pleno: 19 en recursos de inconstitucionalidad y las diez restantes en cuestiones de inconstitucionalidad (una de ellas, la STC 72/2018, de 21 de junio, resolutoria de la cuestión interna elevada por la Sala Segunda en relación con el art. 188.1

de la Ley reguladora de la jurisdicción social).

En algunas de estas sentencias el Pleno apreció la pérdida sobrevenida parcial del objeto del correspondiente proceso constitucional (v. gr., STC 19/2018, de 22 de febrero) y únicamente inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad respecto de una norma con rango legal estatal en la ya mencionada STC 57/2018, de 24 de mayo.

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El Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de 33 preceptos legales estatales y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros seis. Si bien por lo común las declaraciones de inconstitucionalidad tuvieron como corolario la anulación de los preceptos legales concernidos, en las SSTC 55/2018, de 24 de mayo; 61/2018, de 7 de junio, y 132/2018, de 13 de diciembre, se modularon los efectos de la declaración de inconstitucionalidad.

El Pleno dictó 25 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre distintas normas estatales con rango de ley. Los preceptos cuestionados formaban parte de los siguientes textos legales: Código penal (AATC 3/2018, de 23 de enero; 67/2018, de 20 de junio; 80/2018 y 81/2018, de 17 de julio; 102/2018 a 105/2018, de 2 de octubre; 112/2018, 113/2018 y 115/2018, de 16 de octubre; 124/2018 y 125/2018, de 28 de noviembre); Ley de enjuiciamiento criminal (ATC 110/2018, de 16 de octubre); Ley general de la Seguridad Social (AATC 4/2018, de 23 de enero; 61/2018 y 62/2018, de 5 de junio; 71/2018, de 20 de junio; 106/2018, de 2 de octubre, y 114/2018, de 16 de octubre); Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (ATC 14/2018, de 8 de febrero); texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (ATC 45/2018, de 24 de abril); Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (ATC 69/2018, de 20 de junio) y Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes (AATC 27/2018, de 20 de marzo, y 46/2018, de 24 de abril).

En nueve de los procesos resueltos por sentencia su objeto estuvo constituido por preceptos de dos leyes orgánicas: la Ley Orgánica 8/2013, de 9

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por lo que se refiere a la primera de estas leyes orgánicas, la STC 14/2018, de 20 de febrero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y declaró inconstitucionales y nulos los preceptos que regulaban el derecho a recibir las enseñanzas en las lenguas oficiales, introducían un sistema de repercusión a las comunidades autónomas de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castellano y habilitaban al Gobierno para el establecimiento de las bases de la educación 55

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plurilingüe. La sentencia salvaba expresamente los efectos de los actos firmes dictados al amparo de las normas anuladas. A su vez, la STC 31/2018, de 10 de abril, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgá-

nica para la mejora de la calidad educativa referidos a la educación diferenciada por sexos, a la formación en valores y enseñanza de la religión y a la participación de padres y alumnos en decisiones relativas a los itinerarios educativos. A esta sentencia se formularon tres votos particulares discrepantes —uno de ellos suscrito por dos magistrados— y uno concurrente. La doctrina sentada en las SSTC 14/2018 y 31/2018 fue reiterada, en aquello estrictamente procedente, en las SSTC 49/2018, de 10 de mayo; 53/2018, de 24 de mayo, que declaró constitucional la atribución al Estado de la competencia para determinar los estándares de aprendizaje de las asignaturas troncales y específicas y los sistemas de evaluación de las distintas etapas formativas; 66/2018, 67/2018 y 68/2018, de 21 de junio. A todas estas sentencias se formularon votos particulares.

En las SSTC 135/2018, de 13 de diciembre, y 140/2108, de 20 de diciembre, se enjuició la constitucionalidad de sendos preceptos de la Ley Orgá-

nica del Poder Judicial. La primera de estas sentencias anuló el artícu-lo 367.1 de esta ley orgánica, que supeditaba el reingreso al servicio activo de jueces y magistrados suspensos a la declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial. La sentencia apreció la concurrencia de dos causas de inconstitucionalidad en el precepto legal cuestionado: por una parte, llegó a la conclusión de que no satisfacía las exigencias de cer-teza y previsibilidad normativa ínsitas en el principio de seguridad jurídi-ca al no definir con una precisión mínima los parámetros que habían de tenerse en cuenta para expedir la declaración controvertida; por otra, constató que no preveía las consecuencias resultantes de la falta de aptitud para el reingreso. La STC 135/2018, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 39.1 LOTC, extendió por conexión la declaración de nulidad a dos incisos del apartado segundo del artículo 367 de la ley orgánica controvertida. Por su parte, la STC 140/2018 desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso frente a la Ley Orgáni-ca 1/2014, de 13 de marzo, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de jurisdicción penal universal. La sentencia, a la que se formuló un voto particular concurrente, no apreció vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ni 56

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seguridad jurídica por la nueva regulación. Partiendo de la premisa insoslayable de que la justicia universal no es un principio dotado de significado constitucional propio y no existen instrumentos de derecho internacional para su aplicación, la STC 140/2018 concluye que los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 1/2014 para activar la acción del orden penal frente a ilícitos cometidos en el exterior no pueden ser tildados de ex-travagantes, imprevisibles o discriminatorios.

En 2018 únicamente se dictó una sentencia resolutoria de un proceso de inconstitucionalidad en el que el actor denunciaba la infracción de la doctrina constitucional sobre los límites de los decretos-leyes dictados por el Gobierno de la Nación: STC 61/2018, de 7 de junio. Esta sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante suscrito por tres magistrados, declaró la nulidad del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, en cuanto modi-ficaba la regulación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años sin que se hubieran dado razones suficientemente acreditativas de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que justificara el recurso al decreto-ley como instrumento normativo para formalizar la reforma.

Los límites materiales al contenido de las leyes de presupuestos —en este caso, estatales— fueron objeto de análisis en otras dos sentencias: SSTC 45/2018, de 26 de abril, y 122/2018, de 31 de octubre.

La primera de ellas resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y anuló una disposición adicional de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2011, en la que se materializa-ba una expropiación singular no fundada en una causa constitucionalmente legitima, explícita o implícita, de utilidad pública o interés social.

En la STC 122/2018, el Tribunal, en composición plenaria, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de dos preceptos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017, relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público y a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entida-57

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des dependientes por la utilización de la contratación laboral. La sentencia afirmó que estas regulaciones no se corresponden con el contenido necesario, ni aun con el eventual de las leyes de presupuestos, habida cuenta de que no pueden ser calificadas como complemento necesario para la mayor inteligencia y mejor ejecución del presupuesto y la política económica del Gobierno.

Tres de las sentencias dictadas en 2018 enjuiciaron distintos preceptos legales integrantes de leyes reguladoras de los órdenes jurisdiccionales social (STC 72/2018, de 21 de junio) y contencioso-administrativo (STC 128/2018, de 29 de noviembre) y del derecho a la asistencia jurídica gratuita (STC 103/2018, de 4 de noviembre).

La STC 72/2018, de 21 de junio, dictada por el Pleno, estimó una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda en relación con un precepto de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y anuló la disposición legal que impedía impugnar los decretos de los letrados de la administración de justicia resolutorios de recursos de reposición promovidos por las partes frente a las diligencias de ordenación. La sentencia declaró que el precepto vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva pues hacía imposible la revisión, por los titulares de la potestad jurisdiccional, de las decisiones procesales que puedan adoptar los letrados de la administración de justicia.

En la STC 128/2018, de 29 de noviembre, el Pleno desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del precepto de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que atribuye la competencia para conocer de la denominada «casación autonómica», esto es, la fundada en infracción de normas dictadas por las comunidades autónomas, a una sección de la sala de lo contencioso-administrativo del correspondiente tribunal superior de justicia. La composición de las referidas secciones se contiene en la norma legal cuestionada y su análisis llevó al Tribunal a concluir que se trataba de secciones funcionales y no orgánicas, por lo que su previsión en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa no vulneraba la reserva de ley orgánica contenida en el art. 121 de la Constitución. A la STC 128/2018 se formularon dos votos particulares discrepantes.

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En la STC 103/2018, de 4 de octubre, el Tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que estableció la obligatoriedad, para los abogados colegiados en ejercicio, de prestar asistencia jurídica gratuita.

La sentencia concluyó que la obligatoriedad obedecía al interés público de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 CE y la protección del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de medios económicos para litigar.

Asimismo, afirmó que dicha obligatoriedad no vulneraba el derecho al trabajo o a la libertad de empresa de los abogados en tanto los derechos no son absolutos y el legislador puede legítimamente establecer requisitos o condiciones para su ejercicio entre los que pueden estar la necesidad de contar con título habilitante, colegiación obligatoria o la necesidad de prestar asistencia jurídica gratuita.

En materia de arbitraje, la STC 1/2018, de 11 de enero, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, anuló un precepto de la Ley 50/1980, de 8

de octubre, de contrato de seguro, que imponía al asegurador un arbitraje obligatorio, negándole con ello la posibilidad de un control judicial pleno de la legalidad de lo actuado. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

En materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones públicas, el Pleno del Tribunal dictó cuatro sentencias en procesos de inconstitucionalidad.

La STC 33/2018, de 12 de abril, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. En particular, la sentencia anuló, por infracción del orden constitucional y estatutario de distribución de competencias, las previsiones legales que imponían la intervención estatal —a través de la base de datos nacional de subvenciones— en la remisión al diario oficial correspondiente de las convocatorias de subvenciones autonómicas.

Por su parte, la STC 55/2018, de 24 de mayo, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cata-59

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luña en relación con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La sentencia, a la que se formuló un voto particular parcialmente discrepante, anuló diversos preceptos de la ley controvertida relativos a los registros electrónicos de apoderamientos y de enunciación tanto de los principios de buena regulación como de los títulos competenciales que el legislador estatal había invocado. La STC 55/2018 declaró la inconstitucionalidad, sin nulidad, de algunas disposiciones atinentes a la iniciativa legislativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria y estableció la interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. También en relación con la Ley 39/2015 se dictó la STC 110/2018, de 17 de octubre, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias; a esta sentencia se formuló igualmente un voto particular parcialmente discrepante.

Por último, la STC 132/2018, de 13 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1

de octubre, de régimen jurídico del sector público. La sentencia, que cuenta con un voto particular, declaró la inconstitucionalidad de uno de los preceptos de esta ley, que fijaba unos plazos en exceso perentorios para la regularización de las consecuencias de la resolución de convenios suscritos por las administraciones públicas.

Se dictaron dos sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por órganos judiciales respecto del régimen legal de responsabilidad patrimonial derivada de accidentes de tráfico por atropello de especies animales. Como ya se ha indicado, la STC 57/2018, de 24 de junio, inadmitió la cuestión promovida por un juzgado de primera instancia e instrucción de Ponferrada, que no precisó las dudas de constitucionalidad que le movieron a plantear la cuestión. Posteriormente, la STC 112/2018, de 17 de octubre, estableció la interpretación conforme del precepto legal discutido, en el sentido de que establecía un título de imputación idóneo sin llegar a imponer de manera automática la responsabilidad al conductor del vehículo.

Aplicando, en lo pertinente, la doctrina sentada en la STC 143/2017, de 14 de diciembre, la sentencia 75/2018, de 5 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comuni-60

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dad de Madrid frente a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Por otra parte, la STC 75/2018 estableció la interpretación conforme del régimen de silencio negativo para determinados actos de uso del suelo rural.

En materia de propiedad intelectual, la STC 19/2018, de 22 de febrero, desestimó un recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, en el que se controvertía el régimen de ventanilla única de facturación y pago de derechos de autor y la participación de las entidades de gestión: la sentencia concluyó que las previsiones normativas impugnadas respetaban la vertiente negativa del derecho de asociación dado que no imponían a los titulares de los derechos de propiedad el recurso a las entidades de gestión como única forma de administración de dichos derechos.

En la STC 51/2018, de 10 de mayo, el Pleno desestimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el precepto de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que enunciaba los requisitos necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal otorgada por el Ministerio de Fomento al amparo de un plan de vivienda ya finalizado. La doctrina de esta sentencia fue reiterada en la STC 56/2018, de 24 de mayo.

En la STC 63/2018, de 7 de junio, el Pleno desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. La sentencia concluyó que, en atención a las circunstancias concurrentes en el sector, no resultaba de aplicación el criterio estricto de la territorialidad en la distribución de competencias ejecutivas sino que debía acompañarse con el de la procedencia del operador económico. Consecuentemente, no apreció vulneración de las competencias autonómicas de gestión respecto de la inspección y supervisión del cumplimiento de las condiciones de acceso a la actividad de los organismos de control. Por otro lado, la STC 69/2018, de 21 junio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. La sentencia anuló par-61

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cialmente los preceptos legales que atribuían funciones ejecutivas a la administración del Estado en materia de energía y empleo y regulaban la autorización administrativa previa a la constitución de empresas de trabajo temporal.

Como cierre de este epígrafe hemos de mencionar la STC 121/2018, de 31

de octubre, que, reiterando la doctrina de la STC 79/2017, de 22 de junio, desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con un precepto de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado, que enumeraba las actuaciones contrarias a las libertades de establecimiento y circulación.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas A lo largo de 2018 se dictaron un total de 42 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas: 40 de ellas fueron dictadas por el Pleno (33 en recursos de inconstitucionalidad y siete en cuestiones de inconstitucionalidad) y una cada una de las Salas (la Sala Primera dictó la STC 60/2018, 4 de junio, y la Sala Segunda la STC 82/2018, de 16 de julio).

En la práctica totalidad de estas sentencias se enjuició el fondo de la controversia constitucional planteada. Sin embargo, en las SSTC 77/2018, de 5 de julio, y 107/2018, de octubre, el Pleno inadmitió sendas cuestiones de inconstitucionalidad (la primera de ellas, planteada en relación la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores; la segunda, respecto de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía). Por su parte, la Sala Primera del Tribunal declaró, en la STC 60/2018, de 4 de junio, la pérdida sobrevenida de objeto de una cuestión de inconstitucionalidad en la que se controvertía un precepto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, que ya había sido anulado por la STC 52/2018, de 10

de mayo.

El Tribunal anuló íntegramente dos leyes autonómicas: la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita 62

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del sistema público sanitario de Navarra (STC 17/2018, de 22 de febrero) y la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis (STC 100/2018, de 19 de septiembre).

Asimismo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 75

preceptos legales autonómicos (cuatro de ellos por conexión o consecuencia, en la STC 28/2018, de 8 de marzo) y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros 15. En 14 de las sentencias dictadas en procesos frente a normas con rango de ley autonómicas se formularon votos particulares.

El Pleno inadmitió por auto cuatro cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 13/2018, de 7 de febrero; 95/2018 y 96/2018, de 18 de septiembre, y 111/2018, de 16 de octubre), acordó la extinción de un recurso de inconstitucionalidad por pérdida de objeto (ATC 84/2108, de 6 de septiembre) y aceptó el desistimiento del presidente del Gobierno en otro (ATC 109/2018, de 16 de octubre).

En relación con la suspensión de normas autonómicas impugnadas por el presidente del Gobierno, con invocación del art. 161.2 CE y del art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno dictó 16 autos. En dos de ellos acordó el levantamiento de la suspensión (AATC 35/2018, de 21 de marzo, y 37/2018, de 22 de marzo), en otros siete mantuvo parcialmente la suspensión (AATC 11/2018, de 7 de febrero; 26/2018, 30/2018, 31/2018 y 32/2018, de 20 de marzo, y 34/2018 y 36/2018, de 21 de marzo) y en los siete restantes se decantó por el mantenimiento íntegro de la medida suspensiva (AATC 12/2018, de 7 de febrero; 25/2018

y 29/2018, de 20 de marzo; 33/2018, de 21 de marzo; 94/2018 y 97/2018, de 18 de septiembre, y 101/2018, de 2 de octubre).

De las 42 sentencias recaídas en procesos constitucionales sobre leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas, diez tuvieron por objeto normas con rango de ley emanadas de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Dos sentencias enjuiciaron sendas disposiciones generales autonómicas desde la perspectiva de los límites a los decretos-leyes y al contenido de las leyes de presupuestos. La STC 105/2018, de 4 de octubre, estimó el recur-63

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so de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno respecto de un precepto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, en el que se establecía la prohibición de trasmitir las autorizaciones domiciliadas en Cataluña por un período de dos años, para los denominados vehículos de transporte con conductor (VTC), prohibición que solo puede ser introducida desde la competencia exclusiva del Estado sobre transportes terrestres supracomunitarios. Por su parte, la STC 141/2018, de 20 de diciembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Defensora del Pueblo respecto de la regulación del llamado «Plan Serra Húnter» —un programa dirigido a fomentar la contratación de personal docente e investigador en las universidades públicas catalanas— contenida en la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2017. La STC 141/2018 concluyó que esta previsión legal se incardinaba en el contenido eventual de las leyes de presupuestos y no limitaba la autonomía universitaria.

En materia lingüística deben mencionarse las SSTC 7/2018, de 25 de enero, y 11/2018, de 8 de febrero. En la primera de ellas el Pleno conoció del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. La sentencia, reiterando la doctrina sentada en las SSTC 31/2010, de 28 de junio, y 88/2017, de 4 de julio, estableció la interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos reguladores del derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a recibir determinadas informaciones en catalán. La STC 11/2018 estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos que imponían el uso preferente del aranés, al tiempo que estableció la interpretación conforme de la consideración de este idioma como lengua de uso normal por las administraciones públicas radicadas en el valle.

En dos sentencias el Tribunal hubo de resolver las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con sendas leyes autonómicas catalanas que 64

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atribuían la condición de agentes de la autoridad a empleados públicos del sector del transporte. La STC 50/2018, de 10 de mayo, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, que no solo atribuían la mencionada condición a los interventores del sistema ferroviario de Cataluña, sino que además, invadiendo la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal, hacían de dichos interventores sujetos pasivos de diversos delitos. Por el contrario, en la STC 90/2018, de 6 de septiembre, se desestimó otra cuestión de inconstitucionalidad respecto de un precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor en el que se atribuye la condición de agentes de la autoridad a los empleados de las empresas de transportes de viajeros por carretera y la obligación de dar cuenta a los órganos competentes de las infracciones que detecten. En este caso, el legislador autonó-

mico había actuado en el marco de sus competencias pues la caracteriza-ción que aquí se reseña no venía acompañada de previsión alguna en el orden penal. También por invasión de la competencia exclusiva del Estado sobre legislación penal, la STC 100/2018, de 19 de septiembre, anuló la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis que, al regular el consumo, abasteci-miento y dispensación de cannabis, proporcionaba cobertura legal a comportamientos penalmente tipificados como ilícitos.

La STC 48/2018, de 10 de mayo, a la que se formuló un voto particular discrepante, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. En aplicación de la doctrina contenida en las SSTC 20/2016, de 4 de febrero, y 78/2017, de 22 de junio, la sentencia declaró la nulidad de la regulación autonómica de potestades de ordenación del dominio público radioeléctrico, al ser la protección, inspección y control del uso público radioeléctrico potestades integrantes de competencias exclusivas del Estado.

En la STC 54/2018, de 24 de mayo, el Tribunal estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 20/2014, de 29 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, 65

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vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. La sentencia declaró la nulidad de aquellos preceptos que introducían medidas de aseguramiento del suministro eléctrico o de gas contrarias a la normativa básica estatal en la materia, así como de aquellos otros dedicados a la determinación del carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales o el plazo de vigencia de la oferta vinculante. A la STC 54/2018 se formularon dos votos particulares, suscritos cada uno de ellos por dos magistrados.

Finalmente, la STC 142/2018, de 20 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las previsiones normativas que, al definir el ámbito de acción de la agencia, desconocían las competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad pública y telecomunicaciones. En esta misma sentencia se estableció la interpretación conforme de la atribución a la agencia de la potestad de ejecución de las políticas públicas en materia de ciberseguridad.

Cuatro sentencias se dictaron en procesos que tenían por objeto normas de la Comunidad Foral de Navarra y otras tantas en procesos en los que se controvertía la constitucionalidad de normas aprobadas por las Comunidades Autónomas del País Vasco y Aragón.

La STC 16/2018, de 22 de febrero, estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente de Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, y anuló el precepto que contemplaba la posibilidad de acudir a la expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto de un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria instado por entidades financieras, o entidades de gestión de activos, en los que el adjudicatario del remate sea una entidad de esta naturaleza. Como ya se ha indicado con anterioridad, la STC 17/2018, de 22 de febrero, anuló íntegramente la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconocía a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. La sentencia, a la que se formularon dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por cuatro magistrados, reiteró la doctrina de la STC 134/2017, de 16 de noviembre. Por su parte, la STC 40/2018, de 26 de abril, a la que se formuló un voto particular suscrito por cinco magistrados, desestimó el recurso de inconstitu-66

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cionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, de patrimonio de Navarra, habida cuenta de que la regulación de los bienes mostrencos en ella recogida no supone la creación de una nueva institución jurídica sino el desarrollo del derecho civil propio. Finalmente, la STC 85/2018, de 19 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia, a la que se formularon cuatro votos particulares —uno de ellos suscrito por dos magistrados— anuló los preceptos legales forales que atribuían potestades de investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de delitos, a una comisión de reconocimiento y reparación creada ex novo por la propia ley foral.

En cuanto a las leyes del Parlamento Vasco enjuiciadas por el Tribunal durante 2018, hemos de comenzar esta reseña recordando que la STC 77/2018, de 5 de julio, inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30

de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, pues el órgano judicial promotor de la cuestión no expu-so con claridad sus dudas de constitucionalidad. Por su parte, la STC 8/2018, de 25 de enero, parcialmente estimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno frente a diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica. Esta sentencia, que cuenta con un voto particular suscrito por tres magistrados, anuló la prohibición de uso de la fractura hidráulica como técnica de exploración de hidrocarburos y del tratamiento de los hidratos de metano enterrados en el mar, al contravenir el principio de territorialidad de las leyes autonómicas. La STC 29/2018, de 8 de marzo, desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno respecto del precepto de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y drogodepen-dencias, en el que se regula la creación de «entidades de personas consumidoras de cannabis» y se prevé su colaboración con la administración sanitaria: ni la existencia de este tipo de asociaciones ni la atribución de funciones de colaboración merecen reproche alguno desde la perspectiva de las competencias en materia de sanidad. Para finalizar, la STC 97/2018, 67

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de 19 de septiembre, aplicando la doctrina de la STC 16/2018, de 22 de febrero, declaró la nulidad del precepto de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco, que habilitaba la expropiación forzosa del uso de la vivienda en un proceso judicial de desahucio. Esta misma sentencia estableció la interpretación conforme del precepto legal autonómico que crea un registro administrativo de agencias inmobiliarias, para aseverar que no se trata de la introducción de un requisito de ejercicio de la actividad sino solo de ordenación de la información administrativa.

Reiterando la doctrina de la antes citada STC 40/2018, la STC 41/2018, dictada el mismo día 26 de abril, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno frente a la regulación legal aragonesa del proceso de incorporación al patrimonio público de las fincas resultantes de procesos de concentración parcelaria carentes de dueño. Al igual que en el caso de la STC 40/2018, a esta sentencia se formuló un voto particular discrepante suscrito por cinco magistrados. La STC 98/2018, de 19 de septiembre, desestimó asimismo el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Mixto frente a diversos preceptos de la Ley aragonesa 2/2016, de 28 de enero, que modifican la configuración del impuesto sobre contaminación de las aguas dada por la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. La sentencia concluyó que el sistema de bonificaciones introducido en la ley no limita indebidamente las potestades tributarias municipales ni puede calificarse de arbitrario. La STC 104/2018, de 4 de octubre, a la que se formuló un voto particular discrepante, anuló el precepto de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón, que establecía el régimen de silencio administrativo para las peticiones de acceso a la información pública en contra de lo dispuesto por el legislador estatal. Por último, la STC 137/2018, de 12 de diciembre, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno frente al precepto de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, que atribuía a la junta de gobierno local las funciones propias de la junta general en las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio, vulnerando así las competencias reservadas al pleno por la normativa básica estatal en materia de régimen local.

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Se dictaron tres sentencias en procesos promovidos en relación con normas legales andaluzas y otros tantos en procesos sobre normas extremeñas y castellano-manchegas, respectivamente.

La STC 32/2018, de 22 de mayo, aplicando la doctrina sentada en las SSTC 93/2015, de 14 de mayo, y 16/2018, de 22 de febrero, anuló el precepto de la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento social de la vivienda, relativo a la expropiación forzosa del uso habitacional de viviendas. En la STC 78/2018, de 5 de julio, a la que se formuló un voto particular discrepante, se estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2017 y declaró inconstitucional la regulación que contenía sobre los límites a la contratación de personal en el sector público andaluz, al ser el resultado de una vulneración de las normativa básica estatal sobre jornada de trabajo de los empleados públicos. Como ya se ha indicado con anterioridad, la STC 107/2018, de 4 de octubre, inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la Ley forestal de Andalucía por inadecuada realización del trámite de audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en el proceso contencioso-administrativo.

En cuanto a las leyes extremeñas, la STC 2/2018, de 11 de enero, a la que se formularon dos votos particulares —uno de ellos suscrito por cuatro magistrados—, declaró la nulidad de varios preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social: la atribución del carácter inembargable a ayudas extraordinarias de apoyo social y la regulación del sistema de acceso a las prestaciones sanitarias contravenían las bases estatales. La STC 106/2018, de 4 de octubre, hizo lo propio respecto de los preceptos de la Ley 2/2007, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura, que contemplaban la expropiación del uso de la vivienda y estableció la interpretación conforme del precepto legal autonómico que incluye, como parte del contenido del derecho de propiedad de la vivienda, el deber de destinarla de forma efectiva al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico. Finalmente, la STC 120/2018, de 31 de octubre, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la regulación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente contenida en el texto refundido de las dispo-69

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siciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre. A esta sentencia se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

La STC 52/2018, de 10 de mayo, reiterando la doctrina sentada en la STC 60/2015, de 18 de marzo, declaró la nulidad del precepto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos que hacía de los residentes en el territorio autonómico beneficiarios únicos de una bonificación en el impuesto sobre donaciones para transmisiones lucrativas inter vivos. Como consecuencia de esta anulación, la STC 60/2018, de 4 de junio, declaró la inadmisión de otra cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el mismo precepto legal. Para concluir, la STC 65/2018, de 7 de junio, estableció la interpretación conforme del precepto de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, relativo al uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación o explotación de hidrocarburos en suelo clasificado como rústico de reserva.

Dos sentencias —SSTC 42/2018 y 43/2018, de 26 de abril— enjuiciaron sendas leyes del Parlamento de Canarias. La STC 42/2018 estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Partiendo de la doctrina sobre las leyes singulares contenida en la STC 129/2013, de 4 de junio, llegó a la conclusión de que la norma que identificaba como de interés insular determinadas actuaciones al objeto de aplicarles un régimen derogatorio del general en materia de planteamiento territorial, carecía toda justificación objetiva y razonable. A su vez, la STC 43/2018 aplicó la doctrina de las SSTC 16/2018 y 32/2018, reiteradamente citadas, declarando la nulidad de la disposición de la Ley de vivienda de Canarias que contemplaba la expropiación del uso en viviendas afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria. Esta última sentencia llevó a cabo una interpretación conforme del precepto legal que identificaba como parte del contenido del derecho de propiedad el destino a uso habitacional de la vivienda.

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La STC 28/2018, de 8 de marzo, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, y declaró la nulidad, por motivos competenciales, de los preceptos relativos a las obligaciones y requisitos de los gestores de canales múltiples digitales y canales de televisión digital terrestre, al invadir el ejercicio de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones. La sentencia estableció la interpretación conforme de los preceptos que regulaban la titularidad de canales múltiples digitales de cobertura autonómica y el estudio del espectro radioeléctrico en el territorio autonómico. Por su parte, la STC 80/2018, de 5 de julio, declaró la nulidad de los preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, relativa a la función social de la vivienda en la Comunidad Valenciana, que contemplaban la expropiación del uso. Esta sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

La Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, incluía un precepto sobre condiciones de trabajo de personal sanitario, en punto a las guardias que habían de realizar, que anuló la STC 99/2018, de 19 de septiembre, estimando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora del Pueblo. Esta sentencia, que cuenta con un voto particular, concluyó que la previsión legal rebasaba los límites al contenido material de las leyes de presupuestos. Aplicando la doctrina de la STC 177/2016, de 20 de octubre, la STC 134/2018, de 13 de diciembre, anuló aquellos preceptos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, que si bien no prohibían frontalmente la celebración de festejos taurinos, tenían un efecto sustancialmente equivalente. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente y tres votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

Respecto de las leyes aprobadas por la Asamblea Regional de Murcia, la STC 70/2018, de 21 de junio, anuló diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas, que regulaban la actuación administrativa en relación con actividades que podían afectar al medio ambiente. Concretamente, esta sentencia declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del precepto que establecía el régimen del silencio positivo para las licencias 71

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de actividad y estableció la interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad. La STC 102/2018, de 4 de octubre, anuló los preceptos de las leyes de la vivienda y del estatuto de los consumidores de la Región de Murcia que establecían un procedimiento de mediación extrajudicial para la resolución de los conflictos derivados del pago de créditos y préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual.

La STC 87/2018, de 19 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8

de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, que procedían a la supresión del cuerpo de personal letrado del Consejo Consultivo de Galicia y preveían la futura provisión de los puestos de trabajo mediante libre designación entre funcionarios de la escala de letrados de la Xunta de Galicia, en la que quedaban integrados los miembros del cuerpo funcionarial disuelto. En particular, la sentencia no advirtió que la supresión del cuerpo funcionarial de referencia afectara sustancialmente a las garantías que deben reunir los consejos consultivos autonómicos para desempeñar la suprema función consultiva atribuida al Consejo de Estado en el ámbito de la administración estatal.

La Sala Segunda del Tribunal, en la STC 82/2018, de 16 de julio, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santander respecto de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria y, aplicando la doctrina de la STC 3/2013, de 17 de enero, anuló la regulación contenida en dicha ley acerca de los deberes de colegiación de los empleados públicos autonómicos.

Por último, la STC 119/2018, de 31 de octubre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con la Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la protección de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid. La sentencia anuló las disposiciones relativas a la información previa a la oferta vinculante pues aminoraba la protección dispensada a los consumidores en la normativa básica estatal.

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D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica «Conflictos constitucionales», la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos en defensa de la autonomía local.

Durante 2018 no se dictó ninguna sentencia ni auto en este último tipo de conflictos constitucionales.

En 2018 se pronunciaron 11 sentencias en conflictos positivos de competencia, tres en conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y una que resolvió una impugnación de disposiciones autonómicas. Todas estas sentencias, que fueron dictadas por el Pleno del Tribunal, se pronunciaron sobre el fondo de las pretensiones deducidas por la parte actora.

Por lo que se refiere a las sentencias dictadas en conflictos positivos de competencia, diez de ellas resolvieron conflictos sobre disposiciones generales y resoluciones estatales en materia de ayudas a la escolarización (SSTC 30/2018, de 22 de marzo), dispensación de medicamentos (SSTC 76/2018, de 5 de julio, y 86/2019, de 19 de julio), educación primaria (STC 96/2018, de 19 de septiembre), energía y medio ambiente (SSTC 15/2018, de 22 de febrero; 62/2018 y 64/2018, de 7 de junio, y 88/2018, de 19 de julio), formación profesional (STC 71/2018, de 21 de junio) y régimen local (STC 79/2018, de 5 de julio). Debe hacerse notar que la STC 86/2018 declaró la pérdida sobrevenida de objeto del proceso, en el que se controvertían los mismos preceptos reglamentarios que ya habían sido previamente anulados en la STC 76/2018. A su vez, la STC 18/2018, de 22 de febrero, declaró la nulidad parcial del Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, que extendía la asistencia sanitaria a sujetos no incluidos en el sistema nacional de salud. Tan solo esta última sentencia cuenta con votos particulares.

Las tres sentencias dictadas en conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales resolvieron controversias trabadas entre el Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados: SSTC 34/2018, de 12 de abril, y 44/2018, de 26 de abril, en relación con el veto presupuestario, y 124/2018, de 14 de noviembre, sobre el control parlamentario del Gobierno en funciones. Finalmente, la STC 136/2018, de 13 de diciembre, estimó una impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno de la Nación frente a una resolución del Parlamento de Cataluña.

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Como ya se ha indicado en páginas precedentes, el Pleno acordó, por auto, la extinción de una impugnación de disposiciones autonómicas (ATC 28/2018, de 20 de marzo, dictado en la impugnación planteada por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de creación de una comisión especial «sobre violación de derechos fundamentales en Cataluña»). Además, la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por el Gobierno de la Na-ción frente a las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña por las que proponía a don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat, dio lugar a un total de cinco autos del Pleno: El ATC 5/2018, de 27 de enero, tuvo por promovida la citada impugnación y adoptó una serie de medidas cautelares; el ATC 6/2018, de 30 de enero, desestimó la solicitud de declaración de nulidad del auto anterior, formulada por el propio don Carles Puigdemont i Casamajó; la impugnación fue finalmente admitida a trámite por el ATC 49/2018, de 26 de abril (confirmado en súplica por el ATC 60/2018, de 5 de junio); por último, el ATC 68/2018, de 20 de junio, declaró la pérdida de objeto del incidente de suspensión en este mismo proceso constitucional.

En relación con las sentencias dictadas en conflictos positivos de competencia, como ya se ha indicado anteriormente, la práctica totalidad —nueve de diez— tuvo por objeto normas y resoluciones del Gobierno de la Nación.

En la STC 15/2018, de 22 de febrero, el Pleno estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con varios preceptos del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el fondo de carbono para una economía sostenible. La sentencia anuló varias previsiones organizativas, referidas tanto a la comisión ejecutiva como al consejo rector del fondo en cuestión, pues no respetaban suficientemente las competencias autonómicas de gestión en materia ambiental. En esta misma línea cabe mencionar las SSTC 62/2018 y 64/2018, de 7 de junio, resolutorias de los conflictos planteados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente a diversos preceptos del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del Plan de impulso al medio ambiente en el sector hotelero «PIMA Sol» para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el fondo de carbono para una economía sostenible, y del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el fondo de carbo-74

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no para una economía sostenible, de créditos de carbono del Plan de impulso al medio ambiente en el sector de la empresa «PIMA Empresa» para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

La STC 30/2018, de 22 de marzo, estimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulaban los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. La sentencia se remitió de forma íntegra a la STC 14/2018, de 20 de febrero, que había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos de la Ley Orgánica de educación específicamente desarrollados por el reglamento impugnado, por no respetar los límites específicamente marcados por el Tribunal sobre la alta inspección, ni reunir las mínimas garantías de certidumbre jurídica necesarias para asegurar que las comunidades autónomas puedan conocer el marco básico al que deben someter su competencia de desarrollo legislativo.

En la STC 71/2018, de 21 de junio, el Pleno del Tribunal estimó parcialmente un conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuían al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de subvenciones para financiar acciones formativas de ámbito territorial supracomunitario. La sentencia reiteró la conocida doctrina constitucional conforme a la cual la suprate-rritorialidad no es título atributivo de competencias ni puede desplazar, por sí sola, su ejercicio.

A su vez, la STC 76/2018, de 5 de julio, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. La STC 76/2018 declaró inconstitucional y nula la atribución al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la tramitación del procedimiento de acreditación de estos profesionales, al entender que 75

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el otorgamiento de la acreditación, en cuanto actuación de naturaleza ejecutiva, se limita a certificar el cumplimiento de los mencionados requisitos y, en consecuencia, forma parte de las competencias autonómicas en materia sanitaria. Como ya se ha indicado con anterioridad, la anulación de estos preceptos reglamentarios dio lugar a la declaración de la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, del conflicto positivo que había promovido frente a la misma norma el Gobierno de Aragón (STC 86/2018, de 19 de julio).

La STC 79/2018, de 5 de julio, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Canarias respecto de un precepto del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regulaba el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local, que enumera las normas a las que debe someterse la función de control interno de los entes locales. La sentencia constató que la enumeración cuestionada no imponía un sedicente sistema de fuentes sino que se limitaba a identificar algunas de las normas que habían de tenerse en cuenta en la función de control y, por consiguiente, no impedía ni obstaculizaba en modo alguno el ejercicio por el gobierno autonómico de la tutela financiera de los entes locales.

Por su parte, la STC 88/2018, de 19 de julio, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Cataluña y anuló varios preceptos del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecían las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución. La sentencia constató que no existían razones suficientes que avalaran la centralización de la gestión de las subvenciones reguladas en la norma reglamentaria impugnada.

Finalmente, la STC 96/2018, de 19 de septiembre, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establecía el currículo básico de la educación primaria. La sentencia aplicó la doctrina establecida en las SSTC 14/2018, de 20 de febrero, y 53/2018, de 24 de mayo, y concluyó que las disposiciones reglamentarias controvertidas se encuadraban en la competencia estatal para el establecimiento de los aspectos básicos del currículo escolar.

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La única sentencia en la que se resolvió un conflicto de competencia promovido por el Gobierno de la Nación frente a una norma reglamentaria autonómica (en este caso el Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra) fue la STC 18/2018, de 22 de febrero.

Como ya se ha indicado con anterioridad, esta sentencia, a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscrito por cuatro magistrados, declaró la pérdida parcial de objeto del conflicto y, en aplicación de la doctrina sentada en la STC 134/2017, de 16 de noviembre, declaró la nulidad de los preceptos reglamentarios que extendían la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el sistema nacional de salud.

Se dictaron tres sentencias resolutorias de otros tantos conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales: Las SSTC 34/2018, de 12 de abril, y 44/2018, de 26 de abril, desestimaron los conflictos promovidos por el Gobierno de la Nación frente al Congreso de los Diputados a resultas de sendas resoluciones de la Mesa de la cámara levantando el veto presupuestario opuesto por el Gobierno a dos iniciativas parlamentarias (una proposición de ley orgánica sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y otro proposición de ley de modificación del estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, respectivamente). La STC 124/2018, de 14 de noviembre, estimó el conflicto planteado por el Congreso de los Diputados con respecto al control parlamentario del Gobierno en funciones.

La STC 136/2018, de 13 de diciembre, dictada por el Pleno del Tribunal, estimó la impugnación de disposiciones autonómicas formulada por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos de la moción 5/

XII del Parlamento de Cataluña, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018. La sentencia anuló aquellos apartados de la resolución parlamentaria que ignoraban flagrantemente lo decidido con valor de cosa juzgada en la STC 259/2015, de 2 de diciembre.

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E) Procesos sobre normas forales fiscales La STC 13/2018, de 8 de febrero, estimó la cuestión prejudicial de validez planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 4.2 de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprobaban determinadas modificaciones tributarias. Aplicando la doctrina sentada en la STC 207/2013, de 5 de diciembre, la sentencia concluyó que la eliminación del beneficio fiscal reconocido en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, en favor de determinadas iglesias, con-fesiones y comunidades, representaba una extralimitación competencial, al incardinarse en el título estatal sobre condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales.

Por su parte, el ATC 118/2018, de 30 de octubre, inadmitió a trámite una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Norma Foral de Álava 24/2014, de 9 de julio, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 55 sentencias en procesos de amparo.

El Pleno dictó 11 de ellas y cada una de las Salas, 22. A diez de estas sentencias se formuló algún voto particular: cuatro del Pleno, cinco de la Sala Primera y una sola de la Sala Segunda.

En lo que atañe a la parte dispositiva de estas sentencias, en 42 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en seis se denegó y en siete se acordó la inadmisión del recurso de amparo (SSTC 38/2018, de 23 de abril; 73/2018, de 5 de julio; 95/2018, de 17 de septiembre; 101/2018, de 1 de octubre, y 129/2018, 130/2018 y 131/2018, de 12 de diciembre).

El Pleno del Tribunal inadmitió por auto un recurso de amparo (ATC 119/2018, de 13 de noviembre) y la Sección Primera del Tribunal hizo lo propio en otros tres recursos de amparo: AATC 40/2018, de 13 de abril, recurso promovido en causa penal; 41/2018, de 16 de abril, promo-78

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vido en proceso contencioso-administrativo, y 65/2018, de 18 de junio, también en proceso contencioso-administrativo. La Sección Tercera acordó el archivo de un recurso de amparo en el ATC 8/2018, de 31 de enero, en tanto que la Sección Primera declaró la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto de un recurso de amparo (ATC 107/2018, de 8 de octubre; en el caso se trataba de una extradición de la que habían desistido las autoridades solicitantes). Finalmente, las Secciones Tercera, Cuarta y Segunda se declararon incompetentes, en sendos recursos de amparo, para enjuiciar impugnaciones de resoluciones denegatorias dictadas por la Comisión central de asistencia jurídica gratuita (AATC 7/2018, de 31 de enero; 16/2018, de 27 de febrero, y 120/2018, de 14 de noviembre, respectivamente).

Las distintas secciones dictaron 14 autos resolutorios de recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Se estimaron nueve de ellos: en tres se estimó el recurso y se revocó la providencia de admisión, quedando el asunto para un nuevo estudio (AATC 116/2018, de 17 de octubre; 123/2018, de 27 de noviembre, y 126/2018, de 3 de diciembre); en el ATC 93/2018, de 25 de julio, la estimación del recurso dio como resultado la rectificación del error material padecido en la providencia al identificar la causa de inadmisión y en los cinco restantes la estimación del recurso de súplica vino acompañada de la decisión de inadmisión de la demanda de amparo (AATC 10/2018, de 6 de febrero; 39/2018, de 12 de abril; 50/2018, de 3 de mayo; 52/2018, de 8 de mayo, y 89/2018, de 3 de diciembre). Ni que decir tiene que los otros cinco recursos de súplica fueron desestimados (AATC 47/2018, de 25 de abril; 64/2018, de 6 de junio; 72/2018, de 25 de junio; 121/2018, de 14 de noviembre, y 132/2018, de 19 de diciembre).

En cuanto a las medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es preciso distinguir los autos dictados por el Pleno y las Salas. Por lo que hace a los primeros, alcanzaron un total de diez, sin que en ninguno de ellos se acordase la adopción de la suspensión instada por el actor: AATC 22/2018, de 7 de marzo (confirmado en súplica por el ATC 38/2018, de 22 de marzo); 53/2018 a 55/2018, de 22 de mayo; 82/2018, de 17 de julio; 98/2018, de 18 de septiembre; 128/2018, de 11 de diciembre, y 131/2018, de 18 de diciembre. A ellos ha de sumarse el ATC 63/2018, de 5 de junio, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto por el demandante de amparo respecto de la providencia de admisión de su recurso, en cuanto no se acordaba inaudita parte la medida cautelarísima interesada.

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Las salas dictaron otros doce autos sobre medidas cautelares. En siete se acordó la suspensión total o parcial del acto del poder público frente al que se solicitaba el amparo (AATC 21/2108, de 5 de marzo; 58/2018, de 4 de junio; 93/2018, de 17 de septiembre; 117/2018, de 29 de octubre; 122/2018, de 26 de noviembre; 129/2018, de 13 de diciembre, y 130/2018, de 17 de diciembre) y en otros dos se mantuvo la suspensión otorgada en la providencia de admisión del recurso de amparo (AATC 92/2018, de 17 de septiembre, y 100/2018, de 1 de octubre). Los tres restantes denegaron la medida cautelar solicitada por la actora (AATC 2/2018, de 22 de enero; 9/2018, de 5 de febrero, y 88/2018, de 17 de septiembre).

En materia de ejecución de sentencias del propio Tribunal Constitucional, la Sala Primera dictó dos autos: AATC 1/2018, de 22 de enero —desestimatorio del incidente de ejecución de la STC 133/2106, de 18 de julio—, y 19/2108, de 5 de marzo, que inadmitió a trámite una demanda incidental respecto de la STC 137/2017, de 27 de noviembre. Por su parte, en el ATC 24/2018, de 19 de marzo, la Sala Segunda acordó que no había lugar al incidente de ejecución de la STC 152/2015, de 19 de marzo. Esta misma sala denegó, en el ATC 57/2018, de 4 de junio, la aclaración de la STC 35/2018, de 23 de abril.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE) En relación con los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, la STC 3/2018, de 22 de enero, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo por vulneración del derecho a no padecer discriminación por ra-zón de edad y discapacidad del recurrente. En esta ocasión se había denegado la inclusión en un programa de atención individualizada a una persona que padecía una discapacidad psíquica severa, al ser mayor de sesenta años. La negativa a proporcionar el tratamiento necesario se fun-daba formalmente en la aplicación de una disposición general pero ignoraba la existencia de normas de rango superior que hubieran evitado la discriminación múltiple —por edad y discapacidad— en la que se incurrió. Por su parte, el Pleno dictó la STC 111/2018, de 17 de octubre, que denegó el amparo a un varón que aducía discriminación por razón de sexo resultante de la distinta extensión temporal de los permisos de paternidad y maternidad. La doctrina de esta sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, fue reiterada en las SSTC 117/2018, de 29 de octubre, y 138/2018, de 17 de diciembre, ambas de la Sala Primera.

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Finalmente, la STC 20/2018, de 5 de marzo, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a la Unión General de Trabajadores frente al tratamiento desigual que había padecido en la proposición de candidatos al consejo de administración de Radio Televisión Madrid.

C) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE) La Sala Primera, en la STC 21/2018, de 5 de marzo, otorgó el amparo a quien había visto cómo un juzgado de instrucción de Madrid rechazaba su solicitud de habeas corpus sin proporcionarle información suficiente sobre el motivo de su detención policial. La sentencia hizo hincapié en que la Ley de enjuiciamiento criminal, reflejando en este punto la normativa europea de referencia, reconoce el derecho de las personas detenidas a ser informadas de las razones motivadoras de su detención y a acceder a los elementos del atestado policial que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. En la STC 84/2018, de 16

de julio, la Sala Segunda estimó el recurso de amparo promovido frente a una resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba que había dispuesto el internamiento no voluntario en centro psiquiátrico subsiguiente al levantamiento de la provisión provisional sin que existiera ninguna previsión legal en este sentido. Por otro lado, en la STC 91/2018, de 17 de septiembre, la Sala Primera otorgó el amparo y declaró la nulidad de los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron el ingreso en prisión provisional de los demandantes de amparo. La sentencia reconoció la vulneración del derecho a la libertad personal dado que las resoluciones judiciales, tras el pronunciamiento de una sentencia condenatoria no definitiva y sin celebración de audiencia, adoptaron la medida de prisión provisional. En tanto que la celebración de audiencia era parte del contenido del derecho fundamental a la libertad personal, tal derecho resultó vulnerado en los recurrentes. Esta misma doctrina fue aplicada en la STC 92/2018, de 17 de septiembre, asimismo de la Sala Primera.

D) Honor, intimidad, protección de las comunicaciones y de datos de carácter personal (art. 18 CE)

En la STC 26/2018, de 5 de marzo, la Sala Primera desestimó el recurso de amparo interpuesto por un afiliado al partido político Unión, Progreso y 81

MEMORIA 2018

Democracia, quien denunciaba que el archivo de la investigación de unos presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos de los que ha-bría sido víctima y de cuyo comisión acusaba al secretario de organización de la formación política, habría vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones en conexión los derechos a la tutela judicial y de asociación.

La sentencia concluyó que la investigación de los hechos había satisfecho las exigencias del ius ut procedatur en materia penal, sin que desde la limi-tada perspectiva de la protección de los derechos fundamentales invocados pudiera imponerse otra forma de actuar.

La STC 58/2018, de 4 de junio, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo en relación con el «derecho al olvido» en una hemeroteca digital. La sentencia concluyó que los datos personales de los afectados —en este caso por una sentencia penal condenatoria, de la que había dado cuenta el diario titular de la hemeroteca— no debieran ser indexados a fin de evitar la loca-lización de la sentencia a partir exclusivamente de los nombres y apellidos de los afectados.

El Pleno, en la STC 133/2018, de 13 de diciembre, otorgó el amparo por vulneración del derecho al honor y declaró la nulidad de la conclusión del dictamen aprobado por la comisión especial de las Cortes Valencianas de investigación del accidente de la línea 1 de Metrovalencia, ocurrido el 3 de julio de 2006. En este dictamen se identificaba nominalmente al recurrente como responsable del accidente por el incumplimiento de la Ley de preven-ción de riesgos laborales, menoscabando así su derecho a recibir la consideración y trato de no autor o no partícipe en conductas ilícitas, pues esta atribución, a través de un mero juicio de oportunidad política, puede provo-car la disminución en su respeto y consideración social y la sumisión de facto a cierto riesgo de estigmatización. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente y otro discrepante.

E) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE) En la STC 4/2018, de 22 de enero, la Sala Segunda otorgó el amparo a varios diputados del Grupo Parlamentario Podemos del Parlamento de Canarias a quienes las Mesas de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y del Parlamento habían vulnerado su derecho al ejercicio de las funciones representativas, al inadmitir sus enmiendas por 82

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un error de calificación como enmiendas a la totalidad presentadas extemporáneamente.

Asimismo la Sala Segunda, en la STC 10/2018, de 5 de febrero, estimó el recurso de amparo contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que inadmitieron la solicitud de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley denominada «del referéndum de autodeterminación» y declaró la vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. La sentencia, en aplicación de la doctrina contenida en la STC 114/2017, de 17

de octubre, afirmó que la posibilidad de solicitar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no podía ser suprimida sin merma de la integridad del propio procedimiento legislativo, pues forma parte del núcleo de la función representativa parlamentaria. Esta misma doctrina fue aplicada en la STC 27/2018, de 5 de marzo, en esta ocasión respecto de la solicitud de dictamen acerca de la proposición de ley denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

En las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, el Pleno estimó los recursos de amparo promovidos frente a la indebida admisión a trámite, por la Mesa del Parlamento de Cataluña, de las solicitudes de comparecencia del presidente de la Generalitat «para valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos, de acuerdo con la Ley de referéndum de autodeterminación» y las propuestas de resolución denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente», respectivamente. En estas sentencias se subraya que los órganos parlamentarios no deben dar curso a iniciativas fundadas en resoluciones suspendidas por el Tribunal Constitucional ni en leyes declaradas inconstitucionales y nulas.

La Sala Segunda, en la STC 94/2018, de 17 de septiembre, otorgó el amparo a los parlamentarios del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que habían visto rechazada su iniciativa de paralización de la actividad de centrales nucleares a partir de una interpretación expansiva del veto presupuestario. La sentencia hizo hincapié en que el ámbito temporal del veto presupuestario viene referido al ejercicio presupuestario en curso, no pudiendo ejercerse a partir de juicios hipotéticos sobre el impacto en presupuestos futuros. En parecidos términos, la STC 139/2018, de 17 de diciembre, otorgó el amparo a 83

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ochenta y un diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y declaró la inconstitucionalidad de los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que, acogiendo el veto presupuestario del Gobierno, im-pidieron la toma en consideración de una proposición de ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

En la STC 125/2018, de 26 de noviembre, la Sala Segunda estimó el recurso de amparo de una concejal del Ayuntamiento de Cádiz que había sido despedida de la empresa pública —de titularidad autonómica— por absentismo. Inopinadamente, se habían computado entre los períodos de ausencia de su puesto de trabajo los lapsos temporales dedicados a la función representativa en el seno de la corporación local.

F) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) a) Acceso a la justicia y al recurso legal Al margen de la STC 95/2018, de 17 de septiembre que, como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió a trámite un recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa, en 2018 se dictaron dos sentencias sobre el acceso a la justicia como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala Segunda, en la STC 6/2018, de 22 de enero, otorgó un amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción. La inadmisión en vía contencioso-administrativa de la impugnación formulada por el recurrente, al establecer la resolución judicial que éste no había aportado documento alguno que acre-ditara el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones a las personas jurídicas, supuso un error patente imputable al órgano judicial que impidió obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo interpuesto pues sí se había aportado una certificación del acta de la junta general de la sociedad recurrente, extendida por uno de sus administradores solidarios, por la que se ratificaba la decisión de éstos de interponer el recurso. En la STC 23/2018, de 5 de marzo, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su vertiente de acceso a la justicia. En reiteración de la doctrina contenida en la STC 160/2001, de 5

de julio, la sentencia afirmó que la no resolución, sobre la base del carácter 84

MEMORIA 2018

exclusivamente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, de aquellas cuestiones que siendo parte esencial de un recurso contencioso-administrativo no hubieran sido planteadas previamente en vía administrativa, comporta una restricción desproporcionada y contraria al principio pro actione incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.

b) Interdicción de la indefensión

La STC 5/2018, de 22 de enero, dictada por la Sala Segunda, aplicando la doctrina sentada por la STC 122/2013, de 20 de mayo, amparó a quien fuera notificado mediante edictos en un procedimiento de ejecución hipotecaria tras fracasar el único intento de emplazamiento personal en la sede del inmueble hipotecado. En supuestos sustancialmente idénticos y siempre por falta de diligencia en la averiguación del domicilio idóneo a efectos de notificación, la Sala Primera otorgó el amparo en las SSTC 39/2018, de 25 de abril, y 83/2018, de 16 de julio.

En la STC 24/2018, de 5 de marzo, la Sala Primera otorgó el amparo frente a un auto de la Audiencia Nacional que había rechazado la personación del recurrente en un proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales. La sentencia concluyó que rechazar la personación por el único motivo de que se había optado por una comparecencia mediante procurador era una decisión desproporcionada y que no había tenido en cuenta las circunstancias personales del afectado, aquejado de una enfermedad que le impedía trasladarse a España.

A su vez, en la STC 25/2018, de 5 de marzo, la Sala Segunda otorgó el amparo a un recurrente condenado por un delito imprudente de blanqueo de capitales que vio rechazada su pretensión de prescripción al computar-se los plazos de esta institución en relación con la participación dolosa de otras personas en la ejecución de las conductas enjuiciadas. Esta sentencia, a la que se formuló un voto particular, constató que la intervención del recurrente estuvo desconectada del complejo de conductas desarrolladas por el resto de acusados, de modo que no cabe inferir una actuación delictiva extendida en el tiempo; conclusión que llevó a la sala a afirmar que en el proceso penal se produjo una aplicación irrazonable de la doctrina sobre criterios para el cómputo del plazo de prescripción en los delitos conexos que se tradujo en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del recurrente.

85

MEMORIA 2018

La Sala Segunda, en la STC 35/2018, de 23 de abril, estimó el recurso de amparo interpuesto por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en el que se impugnaban las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de modificación de medidas establecidas en divorcio. La sentencia estimó que las resoluciones impugnadas habían impedido que la sentencia que establecía la obligación de alimentos a cargo de un padre en favor de su hijo se ejecutara en los términos en que fue dictada y que, con ello, alcanzara la intangibilidad y eficacia que el ordenamiento le confiere.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales Reiterando la doctrina de las SSTC 232/2015, de 5 de noviembre, y 135/2017, de 27 de noviembre, la Sala Primera, en su sentencia 22/2018, de 5 de marzo, otorgó el amparo a quien había visto cómo un juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón había rechazado, sin argumen-tación racional suficiente y sin plantear la pertinente cuestión prejudicial, sus alegaciones sobre la aplicabilidad al caso de una directiva europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Igualmente, la Sala Primera, en la STC 38/2018, de 23 de abril, concluyó con la inadmisión a trámite de un recurso de amparo en el que se impugnaba la interpretación que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo había dado a la reforma laboral en materia de ultraactividad de las disposiciones convencionales. La sentencia declaró que no se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la obtención de una resolución motivada y fundada en Derecho.

Por otro lado, la STC 81/2018, de 16 de julio, dictada por la Sala Segunda, desestimó el recurso de un inspector jefe de policía local que había denunciado acoso laboral. La STC 81/2018 constató que la resolución judicial combatida había dado una respuesta razonada y fundada en Derecho a esa denuncia.

G) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías En la STC 9/2018, de 5 de febrero, la Sala Segunda desestimó el recurso de amparo promovido contra una sentencia del Tribunal Superior de Jus-86

MEMORIA 2018

ticia de Madrid que había confirmado una sanción disciplinaria a una fiscal por falta muy grave. La STC 9/2018 consignó que las alegaciones de la demandante sobre eventuales defectos padecidos en la instrucción del expediente sancionador no habían quedado acreditadas en el proceso contencioso-administrativo y que el derecho a la tutela judicial efectiva no resultaba vulnerado ni por la falta de separación entre las fases de instrucción y resolución, ni por el nombramiento del instructor, ni por la ausencia del Ministerio Fiscal en el procedimiento sancionador, pues la presencia del mismo no se contempla en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. También la Sala Segunda, en la STC 59/2018, de 4 de junio, otorgó un amparo respecto de una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que había condenado a los recurrentes por un delito de prevaricación administrativa.

La condena se había alcanzado vulnerando los derechos de los acusados a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, pues fue dictada sin atender a sus testimonios en la instancia ni celebrarse vista en la apelación para brindarles la oportunidad de ser oídos.

Por su parte, el Pleno del Tribunal, en las SSTC 129/2018, 130/2018

y 131/2018, de 12 de diciembre, inadmitió sendos recursos de amparo promovidos por quienes habían sido objeto de investigación judicial en el marco de la causa penal originada por la querella del Fiscal General del Estado contra autoridades de la Generalitat de Cataluña por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

b) Derechos a la defensa y a la prueba En las SSTC 36/2018 y 37/2018, de 23 de abril, la Sala Segunda estimó los correspondientes recursos de amparo apreciando vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías respecto de una condena por delito contra la salud pública dictada en casación y fundada en la incorporación de un nuevo elemento fáctico que completaba los hechos probados en la instancia: que los recurrentes contaban con la posible ilegalidad de su conducta. El tribunal de casación no se había li-mitado a la consideración estrictamente jurídica de la cuestión sino que, como se ha indicado, había introducido un hecho nuevo sin dar a los acusados la posibilidad de contradecirlo.

La Sala Segunda, en la STC 93/2018, de 17 de septiembre, estimó el recurso de amparo promovido respecto de una sentencia de un juzgado de 87

MEMORIA 2018

Sevilla que había confirmado una resolución administrativa sancionadora. La STC 93/2018 declaró vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente y a ser informada de la acusación, ya que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla había remitido por correo certificado tanto la iniciación del expediente como la resolución definitiva al domicilio que constaba en su documento nacional de identidad, pero no había sido posible verificar la entrega. La sentencia que aquí se reseña concluyó que al no haber des-plegado una mayor actividad en la búsqueda de un domicilio idóneo a efectos de notificaciones, la administración actuante no había obrado con la diligencia constitucionalmente exigible en garantía de los derechos de defensa.

En la STC 101/2018, de 1 de octubre, la Sala Segunda inadmitió un recurso de amparo promovido frente a sendas resoluciones judiciales que habían acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. El recurso de amparo fue inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial previa e insuficiente justificación de su especial trascendencia constitucional.

La STC 113/2018, de 29 de octubre, estimó el recurso de amparo promovido por un ciudadano de Gambia que había sido condenado por delito de tráfico de sustancias estupefacientes a pena de prisión, habiéndose acordado la ejecución parcial de la misma y la sustitución del resto por su expulsión del territorio español. La STC 113/2018 declaró la nulidad de las resoluciones y ordenó retrotraer las actuaciones al momento previo al dictado de la primera sentencia, al entender que el órgano judicial debía haber dado audiencia a las partes para que se pronunciaran sobre la sustitución parcial de la pena de prisión.

H) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE) El Pleno, en la STC 12/2018, de 8 de febrero, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora a un profesor de educación primaria que había sido sancionado por remitir una carta a los padres de sus alumnos informando de una convocatoria de huelga y de su intención de secundarla, así como por dedicar unos diez minutos del horario lectivo a informar a sus alumnos de sus motivos para participar en ella. La administración educativa había calificado estos hechos como constitutivos de una falta leve por utilización de recursos y bienes públicos para usos par-88

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ticulares y por quebrantar el deber de neutralidad. La STC 12/2018 apreció que la actuación del profesor no había tenido la entidad suficiente, partiendo de la información trasmitida y el tiempo de clase empleado, para colmar los tipos sancionadores mencionados, en especial si se repara en la necesidad de evitar el denominado efecto desaliento del ejercicio de los derechos fundamentales, aquí la libertad de expresión.

I) Derecho a la educación (art. 27 CE)

En la STC 74/2018, de 5 de julio, el Pleno del Tribunal otorgó el amparo a los miembros de la asociación de padres de alumnos Torrevelo del colegio homónimo, a la que se le había denegado la renovación del concierto a un colegio de educación diferenciada. La sentencia declaró que la denegación del concierto exclusivamente basada en la opción pedagógica del centro vulneraba los derechos de los padres de los alumnos a la libertad educativa, en conexión con la garantía constitucional de la libertad ideológica, toda vez que, según lo establecido en la STC 31/2018, de 10 de abril, la educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria. A su vez, la STC 73/2018, de 5 de julio, declaró la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, de un recurso de amparo en el que se alegaba infracción del derecho reconocido en el artículo 27 CE.

J) Libertad sindical (art. 28 CE)

En la STC 89/2018, de 6 de septiembre, el Pleno otorgó el amparo solici-tado por un trabajador miembro del comité de empresa de una empresa de seguridad que prestaba servicios al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que había sido despedido por asistir a un pleno municipal portando una camiseta con lemas críticos hacia la empresa y la corporación local. La sentencia concluyó que el despedido debía ser considerado nulo de pleno derecho por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores, condición que concurría en el solicitante de amparo.

Esta doctrina fue posteriormente reiterada por la Sala Primera en las SSTC 108/2018, de 15 de octubre; 109/2018, de 20 de octubre; 114/2018, de 29 de octubre; 115/2018, de 29 de octubre; 116/2018, de 29 de octu-89

MEMORIA 2018

bre, y 126/2018, de 26 de noviembre; y por la Sala Segunda en las SSTC 118/2018, de 29 de octubre, y 127/2018, de 26 de noviembre.

Por último, la STC 123/2018, de 12 de noviembre, dictada por la Sala Primera, otorgó el amparo a un trabajador de Radio Televisión Madrid que había sido despedido de esta empresa desconociendo la garantía convencional de permanencia de que gozaban los representantes de los trabajadores. La sentencia concluyó que al obviarse la regulación convencional —que había ampliado temporalmente el alcance de la garantía legal—se había menoscabado el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

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V. Secretaría General.

Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación Durante el año 2018 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han cataloga-do publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho. El Servicio ha desarrollado su colaboración con la Fundación Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/bibliote-

cas_especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017.

En 2018 se llevó a cabo la octava convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 1 de junio de 2018 («Boletín Oficial del Estado» núm. 138, de 7 de junio de 2018). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 11 de octubre de 2018 («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 22 de octubre de 2018).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen: 1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico: Libros ingresados: 3.043 títulos, de los cuales a) Por compra: 2.861.

b) Por donación: 182.

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MEMORIA 2018

Revistas: Se han incorporado 16 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales 7 son revistas impresas y 9 en línea.

El 31 de diciembre de 2018, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 81.621 libros y un total de 1.475 publicaciones seriadas. De estas últimas, 202 son publicaciones oficiales (Repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 678 están publicadas en papel y 595 en formato digital. Se siguen publicando y recibiendo 452 revistas en papel; 227 títulos han quedado cerrados, bien porque han dejado de publi-carse o porque se ha dado de baja la suscripción. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 200 se conservan en discos (CD-Rom o DVD) y 395 en línea.

B) Catalogación:

El catálogo cuenta con 548.325 registros bibliográficos. Durante el año 2018 se han incorporado al catálogo 27.307 registros nuevos. Desglo-sados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

– 3.302 libros, de los cuales 275 son libros digitales;

– 13.160 artículos de revistas;

– 9.113 capítulos de obras colectivas;

– 16 publicaciones periódicas;

– 1.716 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identifi-cadores. El número total de registros asciende a 180.813. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 7.649 registros nuevos.

C) Biblioteca digital:

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 3.714 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, sen-92

MEMORIA 2018

tencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

D) Publicaciones:

Boletín de información bibliográfica: 5 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico. Además el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal (https://www.tribu-

nalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/BD.aspx).

E) Encuadernación:

Se han encuadernados 28 libros.

2) Servicios a los lectores

La Biblioteca ha realizado un total de 2.438 préstamos de libros y 2.426

devoluciones. Ha atendido 51 consultas en la Sala de lectura y 14.510 a través de la aplicación informática, así como 3.222 solicitudes de biblio-grafía y documentación que corresponden a un total de 4.921 recursos bibliográficos: 1.773 libros, 2.191 artículos de revistas y 957 capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —

básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter econó-

mico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo excep-cionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

– Biblioteca Nacional.

– Bibliotecas universitarias.

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MEMORIA 2018

– Biblioteca del Congreso de los Diputados.

– Biblioteca del Senado.

– Biblioteca del Consejo de Estado.

– Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

– Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

– Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

– Bibliotecas de Ministerios.

– Bibliotecas de Academias.

– Bibliotecas de Colegios de Abogados.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

– Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 191), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el año 2018 se realizaron un total de 13 estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal.

En el año 2018 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han publicado los tomos números 98 y 99 de la colección «Jurisprudencia constitucional» correspondientes al primer y segundo semestres del año 2016. Puede accederse a la versión digital de los volúmenes integrantes de esta colección a través del portal web del Tribunal Constitucional.

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MEMORIA 2018

Por otro lado, en la mencionada web el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene actualizados los contenidos, tanto del «Buscador de jurisprudencia constitucional» como de las «Gacetas de Jurisprudencia Constitucional», editadas digitalmente con periodicidad trimestral, que sintetizan todas las resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional e incluyen diversos índices de la normativa enjuiciada y de la jurisprudencia citada.

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2018, este Servicio dio respuesta a través del denominado «Foro Venecia» a doce solicitudes de información cursadas por la propia Comisión y por los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Alemania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Países Bajos, República Checa, Antigua República Yugoslava de Macedonia y República Kirguisa. Asimismo, en 2018 el Tribunal Constitucional ha continuado su colaboración con la «Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», que facilita el intercambio de información legal y jurisprudencial del Tribunal Europeo con los altos tribunales de los países integrantes de la red. El Tribunal de Estrasburgo remitió seis consultas, todas ellas respondidas por el Servicio de Doctrina Constitucional.

El «Boletín Oficial del Estado» núm. 138, de 7 de junio de 2018, publicó la resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se llevó a cabo la decimoquinta convocatoria de seis becas para la realización de actividades de formación jurídica teórico-práctica, relacionadas con la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina del Tribunal Constitucional. Tras el pertinente proceso selectivo, estas becas fueron concedidas por nueva resolución de la Secretaría General de 24 de octubre de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»

núm. 265, de fecha 2 de noviembre.

3. Servicio de Informática

El Tribunal ha desarrollado la nueva versión de su página web (www.tri-

bunalconstitucional.es), dada a la luz en 2017 y que incrementa su eficacia y su facilidad de navegación:

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MEMORIA 2018

La página web del Tribunal recibió durante el año 2018 un total de 859.723 visitas, realizadas por 587.756 visitantes diferentes: Año

2014

2015

2016

2017

2018

Total de visitas

984.234

907.830 1.053.651

761.049

859.723

Total de visitantes

627.713

567.738

680.233

529.238

587.756

Promedio de visitantes al día

1.719

1.555

1.864

1.450

1.610

La mayoría de los accesos a la página web se realizaron desde España (el 73,27 por 100). Del resto de accesos, el 10,36 por 100 se efectuó desde países europeos, el 8,77 por 100 desde países iberoamericanos, el 5,47

por 100 desde los Estados Unidos y Canadá, el 0,36 por 100 desde China, resto de Asia y Australia, y, en fin, el 0,17 por 100 desde países africanos.

96

MEMORIA 2018

Visitas

80

73,27

70

60

50

40

30

20

10,36

8,77

5,47

10

0,64

0,17

0

España

Europa

Iberoamérica Estados Unidos Asia y Oceanía África

y Canadá

Las visitas desde los países europeos se produjeron sobre todo desde Francia (29,34 por 100), Rusia (28,53 por 100), Gran Bretaña (11,40

por 100), Rumanía (6,10 por 100), Países Bajos (5,96 por 100), Alemania (4,64 por 100) e Italia (4,11 por 100). Por su parte, en Iberoamérica se llevaron a cabo fundamentalmente desde México (20,65 por 100), Perú (19,47 por 100), Argentina (12,01 por 100), Colombia (8,49 por 100), Chile (5,06 por 100), República Dominicana (4,62 por 100) y Venezuela (4,33 por 100). Desde el continente asiático, Turquía fue el país desde el que se realizó el mayor número de visitas (el 22,90 por 100), seguido de Filipinas (20,50 por 100), China (15,25 por 100), India (12,07 por 100), Corea del Sur (10,06 por 100) y Pakistán (7,41 por 100). En fin, desde el continente africano las visitas correspondieron principalmente a Marruecos (25,14 por 100), Sudáfrica (16,39 por 100), Túnez (12,06 por 100) y Argelia (9,15 por 100).

La herramienta informática «Buscador de Jurisprudencia constitucional», ubicada dentro de la página web, recibió a lo largo del año 2018 un total de 2.682.110 visitas, con un promedio de 7.156 visitas diarias de un total de 245.608 visitantes diferentes:

Año

2014

2015

2016

2017

2018

Visitas

2.196.039

2.713.992

2.683.691

2.863.590

2.682.110

97

MEMORIA 2018

Del total de visitas, 2.190.222 correspondieron a usuarios de España (el 81,66 por 100), mientras que las 491.888 restantes lo fueron por usuarios del resto del mundo (el 18,34 por 100). Por continentes, Europa (excluida España) fue el lugar desde donde se realizaron la mayoría de las visitas (8,34 por 100), seguido de América (6,39 por 100), Asia (0,78

por 100), África (0,09 por 100) y Oceanía (0,01 por 100). Los usuarios de origen desconocido supusieron un 2,73 por 100 del total.

Los usuarios que accedieron al « Buscador de Jurisprudencia constitucional» lo hicieron, sobre todo, a través de los navegadores Chrome (52,03

por 100), Firefox (18,25 por 100), Safari (8,55 por 100), Internet Explorer (6,93 por 100) y Mozilla (3,59 por 100).

Las resoluciones más consultadas a través del «Buscador de Jurisprudencia constitucional» a lo largo del año 2018 fueron las siguientes: 1. El ATC 526/1986, de 18 de junio (8.148 veces), que inadmitió el recurso de amparo interpuesto contra la condena de unos parlamentarios vascos por un delito de apología del terrorismo por las afirma-ciones vertidas en el programa «Los desayunos del Ritz».

98

MEMORIA 2018

2. La STC 53/1985, de 11 de abril (6.988 veces), que apreció la disconformidad con la Constitución del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal (despenalización del aborto).

3. La STC 105/1992, de 1 de julio (6.730 veces), por la que se reconoció que el derecho a la negociación colectiva del art. 37.1 CE formaba parte inherente del derecho a la libertad sindical del art. 28.1 CE.

4. La STC 11/1981, de 8 de abril (6.515 veces), relativa al Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo de dicho año, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo.

5. La STC 31/2010, de 28 de junio (6.487 veces), referente a la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

6. La STC 120/1990, de 27 de junio (5.645 veces), que rechazó el recurso de amparo interpuesto por unos reclusos miembros de los

«Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre» (GRAPO) contra la decisión judicial que ordenaba a la Administración peniten-ciaria darles asistencia médica y alimentación obligatoria durante la huelga de hambre.

7. La STC 154/2002, de 18 de julio (5.075 veces), que apreció la lesión del derecho fundamental a la libertad religiosa por la condena penal a los padres de un menor (testigos de Jehová) que falleció tras haberse negado a recibir transfusiones de sangre autorizadas por el Juzgado de guardia.

8. La STC 155/2009, de 25 de junio (3.892 veces), que interpretó el requisito de la «especial trascendencia constitucional» del recurso de amparo [art. 50.1 b) LOTC].

9. La STC 39/2016, de 3 de marzo (3.665 veces), que rechazó la lesión de los derechos a la intimidad y a la protección de datos en el ámbito laboral de una trabajadora despedida por apropiarse indebidamente de dinero de la caja (grabación de imágenes de video-vigilancia sin consentimiento expreso de los trabajadores pero con cumplimiento del deber de información).

10. La STC 214/1991, de 11 de noviembre (3.412 veces), que apreció la lesión del derecho al honor de una judía (Violeta Friedman) por la revista «Tiempo» como consecuencia de la publicación de un re-portaje («Cazadores de nazis vendrán a España para capturar a Degrelle»).

99

MEMORIA 2018

Por otra parte, de los documentos existentes en la página web los diez más descargados fueron los relativos a:

1) las «26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (68.729 descargas);

2) la nota de prensa núm. 32/2017 a la STC 59/2017, de 11 de mayo, por la que se anulaba parcialmente la regulación del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (22.094 descargas);

3) el ATC 5/2018, de 27 de enero, por el que se tenía por promovida por el Gobierno de la Nación la impugnación de disposiciones autonómicas respecto de las resoluciones del Presidente del Parlamento de Cataluña en las que se proponía la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalitat de Cataluña (21.813 descargas); 4) el documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal»

(18.019 descargas);

5) el folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (9.748

descargas);

6) la STC 55/2018, de 24 de mayo, relativa a la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (7.873 descargas); 7) la STC 52/2014, de 10 de abril, referente al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo) (6.408 descargas); 8) la STC 58/2018, de 4 de junio, con relación a una demanda de vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal por una noticia publicada en el diario «El País» (6.301 descargas);

9) la providencia de admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto del Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se auto-rizaba al Gobierno del Estado la aplicación a la Generalidad de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el artículo 155

de la Constitución (5.435 descargas); y

10) STC 21/2018, de 5 de marzo, por la que se deniega a un detenido el acceso a las actuaciones policiales para valorar la legalidad 100

MEMORIA 2018

de una detención en un procedimiento de habeas corpus (5.297

descargas).

Junto con las anteriores descargas, se pueden destacar también las siguientes:

1) la STC 114/2017, de 17 de octubre, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 19/2017, de 6 de septiembre, «del referéndum de autodeterminación» (4.982 descargas);

2) la STC 73/2017, de 8 de junio, que consideró inconstitucional la

«declaración tributaria especial» o «amnistía fiscal» (4.919 descargas);

3) la nota de prensa núm. 5/2018 sobre la suspensión cautelar de la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó (3.881 descargas);

4) el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (3.867

descargas);

5) la STC 103/2018, de 4 de octubre, relativa a la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (3.716 descargas); 6) la ponencia de España en la reunión en Roma de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España, en octubre de 2013 (3.465 descargas);

7) la nota de prensa núm. 88/2016 respecto de la constitucionalidad de las nuevas medidas previstas en la LOTC para velar por el cumplimiento de sus resoluciones (3.335 descargas); 8) la STC 41/2016, de 3 de marzo, referente a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (3.263 descargas);

9) la STC 14/2018, de 20 de febrero, sobre la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (3.221

descargas);

10) el currículum del Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas (3.126

descargas);

11) los estatutos de autonomía (2.948 descargas); 12) el ATC 49/2018, de 26 de abril, por el que se admitió a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno de la Nación frente a la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña por la que se proponía la investidura de 101

MEMORIA 2018

don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña (2.885 descargas); 13) la STC 232/2015, de 5 de noviembre, sobre reconocimiento de sexenios de investigación (2.833 descargas); 14) la STC 26/2017, de 16 de febrero, por la que se declaró la inconstitucionalidad parcial del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Gipuzkoa (2.756 descargas);

15) la Memoria del Tribunal Constitucional del año 2016 (2.696

descargas);

16) la STC 111/2018, de 20 de noviembre, sobre la duración del permiso de paternidad (2.666 descargas);

17) la nota de prensa núm. 26/2018 relativa al acceso de un detenido a las actuaciones policiales para valorar la legalidad de privación de libertad en un procedimiento de habeas corpus (2.535

descargas);

18) el ATC 150/2016, de 6 de septiembre, por el que se inadmitió el recurso de amparo electoral interpuesto por don Arnaldo Otegui Mondragón (2.374 descargas);

19) la STC 31/2018, de 10 de abril, referente a la Ley Orgáni-ca 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (2.355 descargas);

20) el trabajo del Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara sobre «La protección de los derechos humanos en España y Europa»

(2.345 descargas);

21) la publicación «La Constitución y el Tribunal Constitucional»

(2.323 descargas);

22) la STC 34/2018, de 12 de abril, sobre el rechazo por la Mesa del Congreso de los Diputados del «veto presupuestario» del Gobierno en relación con la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (2.282 descargas);

23) la nota de prensa núm. 60/2018 relativa al «derecho al olvido»

en internet (2.257 descargas);

24) la STC 42/2014, de 25 de marzo, por la que se declararon inconstitucionales y nulas las expresiones «Soberanía» y «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013 (2.151

descargas);

102

MEMORIA 2018

25) el audio de la Constitución (2.103 descargas); y, en fin, 26) el artículo del Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara con el título

«Casos iguales, sentencias diferentes: principio de igualdad e in-dependencia judicial» (2.019 descargas).

Dado que la página web tiene diferentes versiones idiomáticas (en francés e inglés), los documentos más descargados en francés fueron: 1) la STC 114/2017, de 17 de octubre, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 19/2017, de 6 de septiembre, «del referéndum de autodeterminación» (435 descargas);

2) la STC 124/2017, de 8 de noviembre, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 20/2017, de 8 de septiembre, «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República» (301 descargas); 3) la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (290 descargas); y 4) el folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (228 descargas).

Por su parte, los documentos más descargados en inglés a lo largo del año 2018 han sido:

1) el folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (959 descargas);

2) la STC 124/2017, de 8 de noviembre, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 20/2017, de 8 de septiembre, «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República» (799 descargas); 3) la STC 114/2017, de 17 de octubre, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 19/2017, de 6 de septiembre, «del referéndum de autodeterminación» (716 descargas);

4) la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (637 descargas); 5) la STC 26/2014, de 13 de febrero, relativa a la entrega del detenido en el marco de una orden europea de detención (354 descargas); 6) la nota de prensa 74/2017 sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del «referéndum de autodeterminación» (272 descargas); 103

MEMORIA 2018

7) la STC 185/2016, de 3 de noviembre, referente a la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional (239 descargas); 8) la Sentencia 215/2016, de 15 de diciembre, relativa a la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional (STC 226

descargas);

9) la nota de prensa 85-2017 sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de «transitoriedad jurídica y fundacional de la Re-pública» (178 descargas); y

10) la nota de prensa 60-2018 con relación a la inadmisión de la recusación formulada por la Presidenta del Parlamento de Cataluña contra los doce magistrados del Tribunal Constitucional (146 descargas).

Desde el apartado «Ayúdanos a mejorar» de la página web se recibie-ron 15 comunicaciones que aportaron, de forma anónima, opiniones y sugerencias acerca de la web del Tribunal. Además, desde la pestaña de

«Acceso a la información pública» se realizaron 83 peticiones de información y desde la de «Visitas» se efectuaron 168 solicitudes de visita a la sede del Tribunal Constitucional, correspondientes a 109 organizaciones diferentes. Por lo demás, las suscripciones existentes durante el año 2018

al «Sistema de alertas» de la página web fueron las siguientes: MATERIAS

N.º

Notas de prensa

267

Resoluciones

296

Anuncios de contratación

52

Convocatorias de personal

76

Resoluciones en materia de transparencia

109

La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional reúne en su seno a todos los tribunales, cortes y salas que imparten la justicia constitucional en los países de habla española y portuguesa de América y Europa. Durante su XII reunión, celebrada en Ciudad de Panamá durante los días 16 al 19 de mayo de 2018 («Relaciones entre jurisdicción constitucional y ordinaria: Evolución desde la reunión de Sevilla de 2005»), se 104

MEMORIA 2018

presentó la nueva página web institucional, más dinámica y con mayores

contenidos (www.cijc.org): Esa página web registró a lo largo del año 2018 un total de 62.125 visitas, que dieron lugar a 755.114 consultas a los diferentes apartados (documentos, fotografías, videos, etc.).

Visitas a la página

80.000

68.826

70.000

62.125

60.000

50.000

36.071

40.000

25.679

30.000

21.731

20.000

10.000

0

2014

2015

2016

2017

2018

105

MEMORIA 2018

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron España, Estados Unidos, México, China, Rusia, Filipinas, India, Brasil, Chile y Guatemala.

Consultas por países

Guatemala

10.576

Chile

11.393

Brasil

11.544

India

11.576

Filipinas

12.945

Rusia

15.202

China

20.106

México

27.455

Estados Unidos

88.188

España

108.788

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Los documentos más descargados fueron:

– Con relación al Seminario de Cartagena de Indias del año 2013

sobre los «Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales», las ponencias de Perú (2.017 descargas), Guatemala (1.843 descargas), la República Dominicana (1.211

descargas) y España (1.084 descargas).

– Con referencia al cuestionario de la X Conferencia celebrada en Santo Domingo en el año 2014 sobre «La Normatividad de la Constitución», las respuestas de Honduras (2.143 descargas), Ecuador (1.843 descargas), Bolivia (1.082 descargas) y Guatemala (946 descargas).

– Respecto del cuestionario de la IX Conferencia celebrada en Cádiz en el año 2012 sobre el «Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional», las respuestas de México (1.042

descargas).

Al amparo del convenio de colaboración de 12 de junio de 2013 entre el Tribunal Constitucional y la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (ALTC) «para la prestación del servicio de alojamiento web», el Tribunal presta el servicio de alojamiento ( hosting) tanto de la página web de la ALTC (cuyo contenido es de la exclusiva responsabilidad de ésta) 106

MEMORIA 2018

como de su «Fichero de asociados». Se encarga de su funcionamiento constante, así como de su tratamiento y de la adopción de las medidas de seguridad necesarias en materia de protección de datos de carácter personal, aplicando a tal fin las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad. Fruto de esta colaboración, se ha procedido a adaptar la página web de la ALTC a los nuevos requerimientos técnicos y legales.

Por otra parte, la aplicación o app desarrollada por el Tribunal Constitucional para dispositivos móviles en el año 2017 (con los sistemas operativos IOS

y Android) tuvo durante el año 2018 un total de 1.047 descargas (704 descargas para dispositivos Apple y 307 descargas para dispositivos Google).

La mayor parte de las descargas se produjeron en España (el 79,27 por 100).

El resto lo fueron, fundamentalmente, desde México (4,58 por 100), Perú (3,44 por 100), República Dominicana (3,34 por 100), Estados Unidos (3,06

por 100), Francia (1,38 por 100), Brasil (1,14 por 100), Chile (0,96 por 100), China (0,96, por 100) y Colombia (0,29 por 100).

Durante el año 2017 la página web del Tribunal incorporó un registro electrónico para la presentación electrónica de demandas de amparo (Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal). La presentación fue, en un principio, de manera voluntaria (Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fijaba el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional); desde el día 1

de enero de 2018, resultó obligatoria para la presentación «por medio de Procurador» de demandas, escritos y documentos que debiesen surtir efectos en los procesos de amparo (Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional).

Pues bien, si durante el año 2017 se presentaron el 45,08 por 100 de los escritos de iniciación de los procesos de amparo de forma electrónica (de un total de 6.309 escritos presentados, 3.465 lo fueron de forma presen-107

MEMORIA 2018

cial en el Registro del Tribunal y otros 2.844 de manera telemática a través de su sede electrónica), durante el año 2018 ese porcentaje ascendió hasta el 77,88 por 100: de un total de 6.918 escritos de iniciación de procesos de amparo presentados, 5.388 lo fueron de manera telemática mientras que los restantes 1.530 lo fueron de forma presencial.

Es importante señalar que los 1.530 escritos presentados de forma no telemática no se corresponden con demandas de amparo, en sentido estricto, sino con escritos presentados casi en su totalidad por personas físicas sin la representación de un Procurador, bien de forma presencial en el Registro General del Tribunal (395 escritos), bien a través de correo postal (1.135 escritos). Tanto en uno como en otro supuesto se trata de escritos enviados fundamentalmente por personas que solicitaban justicia gratuita (cerca de 800 escritos) o por personas internadas en establecimientos penitenciarios (cerca de 400 escritos).

Escritos de iniciación (amparo)

6.000

5.388

5.000

4.000

3.465

2.844

3.000

2.000

1.530

1.000

0

2017

2018

Registro electrónico

Registro presencial

Desde la puesta en marcha del Registro Electrónico un número importante de escritos de trámite (distintos a la presentación de demandas) en los procesos de amparo se han venido presentando a través de él: concretamente, de un total de 13.704 escritos presentados, 6.791 lo fueron electró-

nicamente (el 49,55 por 100) mientras que otros 6.913 lo hicieron de manera presencial (el 50,45 por 100).

Por otra parte, en el marco del expediente de gasto núm. 2018/00163, la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de Espa-108

MEMORIA 2018

ña, S.A.U., ha llevado a cabo, de un lado, la auditoría a la que hacía referencia el art. 96.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobaba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, para verificar el grado de adecuación de los procedimientos del Tribunal a las medidas de seguridad exigidas por la normativa de protección de datos de carácter personal, y, concretamente, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la Ley Orgáni-ca 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. De otro lado, ha realizado una consultoría para la valoración del grado de adecuación de los sistemas de información del Tribunal al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en sus dimensiones de confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad.

Por lo demás, a lo largo del ejercicio 2018 el Servicio de Informática no solo ha tenido que acometer la adaptación de la aplicación informática de gestión económica del Tribunal (tramitación de expedientes de contratación y gasto) a las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), sino que ha tenido que iniciar la integración con la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que hace referencia el art. 347 LCSP (punto de encuentro entre compra-dores del Sector Público y licitadores para el intercambio de información de contratación a través del portal de administración electrónica: PAe).

En fin, el día 27 de diciembre de 2018 se suscribió un nuevo convenio por el que se encomendaba a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), en sustitución del anterior convenio de fecha 18 de diciembre de 2012, para continuar con el impulso de los servicios públicos electrónicos del Tribunal Constitucional, a través de la Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la Fábrica.

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y asuntos generales

En el área de gestión de recursos humanos debe destacarse la cobertura, por concurso, de una plaza de Gestor que fue convocado por resolución de 109

MEMORIA 2018

la Presidencia de 19 de diciembre de 2017 (BOE núm. 313, de 26 de diciembre de 2017) y resuelto por resolución de la Presidencia de 3 de abril de 2018 (BOE núm. 88, de 11 de abril de 2018).

Por otra parte, también debe destacarse la cobertura de un puesto de Gerente por el sistema de libre designación, convocado por resolución de la Presidencia de 8 de febrero de 2018 (BOE núm. 41, de 15 de febrero de 2018) y resuelto por resolución de la Presidencia de 28 de agosto de 2018.

Durante el año 2018 se ha desarrollado la negociación del convenio colectivo del personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional, procediéndose a su firma con fecha 18 de octubre de 2018.

El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2018) se distribuye como sigue: Hombres

Mujeres

Total

ALTOS CARGOS

12

2

14

LETRADOS

34

18

52

Secretarios Justicia

3

2

FUNCIONARIOS Gestión procesal

8

7

ADMINISTRACIÓN Tramitación procesal

12

16

DE JUSTICIA

Auxilio judicial

6

1

Suma

29

26

55

Subgrupo A1

2

4

FUNCIONARIOS

Subgrupo A2

6

4

ADMINISTRACIÓN

Subgrupo C1

10

9

CIVIL

Subgrupo C2

3

10

Suma

21

27

48

Nivel 1

0

1

PERSONAL

Nivel 2

0

1

LABORAL

Nivel 3

11

9

Suma

11

11

22

PERSONAL EVENTUAL

4

17

21

TOTAL

111

101

212

110

MEMORIA 2018

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.285 documentos contables, con el siguiente detalle: Documentos contables

Capítulo

109

I

1.540

II

224

III

407

IV

5

VIII

Además se han tramitado 15 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 300.780,07 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria.

La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

3) Mantenimiento

En lo que respecta a la gestión de las infraestructuras del Tribunal, destaca la adecuación de la sala de representación situada en la sexta planta del Tribunal Constitucional, así como la renovación y mejora de la sala poli-valente ubicada también en la sexta planta. En este mismo plano resulta destacable también la sustitución de vidrios dañados en la fachada del edificio sede, y la reparación del pavimento del garaje y actuaciones en el jardín del Tribunal Constitucional.

4) Archivo General

En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes: 111

MEMORIA 2018

A) Ingreso de fondos y gestión documental En 2018 han ingresado por transferencia un total de 751 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Actualmente el Archivo General tiene un total de 28.613 cajas ocupadas.

La documentación que se ha generado a lo largo de 2018 tanto en soporte físico como electrónico suma las siguientes cantidades1:2

Total de expedientes creados en 2018 (en trámite y en custodia) 14.541

Total de expedientes en fase de custodia

8.637

– Expedientes físicos

4.073

– Expedientes electrónicos

3.643

– Expedientes digitalizados

128

– Expedientes híbridos

4

– Expedientes en proceso de migración2

793

Los anteriores corresponden a:

Expedientes de la función gobierno y administración 4.504

Expedientes de la función jurisdicción constitucional 4.133

Total de expedientes en el repositorio del AGTC

411.878

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante 2018 se han creado los siguientes: Total de documentos creados en 2018

80.723

– Documentos electrónicos

77.762

– Documentos digitalizados

3.264

1 Dichas cifras incluyen tanto procedimientos terminados (en fase de custodia) como iniciados y aún en tramitación, dado que el repositorio del Tribunal Constitucional incorpora todos los documentos desde el momento de su generación en los sistemas de tramitación o de su ingreso mediante el registro electrónico.

2 Se refiere a expedientes, fundamentalmente económicos, que debido a tareas pendientes de integración entre la aplicación de tramitación y el Archivo Electrónico están pendientes de migración al mismo. Una vez finalizado el proceso, podrán contarse entre los expedientes electrónicos.

112

MEMORIA 2018

Los anteriores corresponden a:

Documentos de la función gobierno y administración 14.190

Documentos de la función jurisdicción constitucional 66.525

Total de documentos electrónicos en el repositorio del AGTC

414.388

Mediante convenio suscrito el 22 de octubre de 2018, se depositó en el Tribunal Constitucional parte del archivo personal del que fuese ilustre jurista don Francisco Rubio Llorente, fallecido el 23 de enero de 2016.

Magistrado del Tribunal Constitucional desde el 14 de febrero de 1980

hasta el 2 de julio de 1992, y su Vicepresidente desde el 6 de marzo de 1989 hasta su cese.

Su tratamiento archivístico por parte del Archivo General del Tribunal Constitucional, con las máximas garantías de profesionalidad y confidencialidad, permitirá que dichos documentos puedan conservarse a lo largo del tiempo y servir a la comunidad científica.

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado más de 15.000 páginas de documentación a efectos de conservación y referencia.

C) Servicios a usuarios

Durante 2018 se han realizado 1.002 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 31 solicitudes de di-gitalización de documentos y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

Asimismo, entre los meses de abril y octubre de 2018 tuvieron lugar varias sesiones de presentación del interfaz web de consulta de los documentos existentes en el Archivo General, denominado SIA-Tribunal Constitucional (Sistema de información Archivística del Tribunal Constitucional).

113

MEMORIA 2018

Las diversas sesiones se dirigieron de forma específica a los diversos colectivos y Servicios del Tribunal.

D) Becas de formación. Recursos humanos Por resolución de 1 de junio de 2018 de la Secretaría General del Tribunal (BOE núm. 138, de 7 de junio de 2018), se convocó una beca de formación relacionada con la gestión documental y archivística en el Tribunal Constitucional, que fue resuelta por resolución de 4 de diciembre, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 302, de 15 de diciembre de 2018).

114

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2018 ascendieron a 23.866,87 miles de euros, lo que representa un incremento del 1,17 por 100, esto es, 275,95 miles de euros, respecto del ejercicio 2017, en el que el importe de los créditos presupuestarios había sido de 23.590,92 miles de euros.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1. (Gastos de personal): 17.886,34 miles de euros.

– Capítulo 2. (Gastos corrientes en bienes y servicios): 4.842,72 miles de euros.

– Capítulo 4. (Transferencias corrientes): 523,81 miles de euros.

– Capítulo 6. (Inversiones reales): 566,00 miles de euros.

– Capítulo 8. (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el 115

MEMORIA 2018

Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2018 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo

Créditos

Gastos

Grado

presupuestario

definitivos

realizados

de ejecución

Capítulo 1

17.886.340,00

16.261.381,13

90,92 por 100

Capítulo 2

4.842.720,00

3.372.261,77

69,64 por 100

Capítulo 4

523.810,00

317.690,68

60,65 por 100

Capítulo 6

566.000,00

412.987,90

72,97 por 100

Capítulo 8

48.000,00

20.800,00

43,33 por 100

Total

23.866.870,00

20.385.121,48

85,41 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 se muestra en el apartado de “Información económica, presupuestaria y estadística” del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

116

VII. Relaciones institucionales VIAJES OFICIALES

25 - 27 de enero

Participación en el solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

15 de febrero

Jornadas de trabajo en la sede del Tribunal Constitucional de Alemania.

Karlsruhe (Alemania).

10 - 13 de marzo

XI Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Venecia (Italia).

16 - 18 de mayo

XII Reunión de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.

Ciudad de Panamá (Panamá).

24 de mayo

Conferencia internacional sobre el papel de las Cortes Constitucionales en el mundo globalizado. Riga (Letonia).

13 de junio

Reunión del Círculo de Presidentes del XVIII Congreso de la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales (CECC). Praga (República Checa).

15 - 18 de junio

Celebración del Primer Foro de agentes de enlace de la red de tribunales superiores en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

117

MEMORIA 2018

10 - 13 de julio

Celebración del seminario de jurisprudencia constitucional iberoamerica-na sobre los Tribunales Constitucionales como garantes de los procesos electorales, organizado conjuntamente por el Tribunal Constitucional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Montevideo (Uruguay).

3 - 5 de septiembre

Conferencia internacional en conmemoración del 30.º aniversario de la Corte Constitucional de la República de Corea y jornada especial de estudio sobre el Tribunal Constitucional español en la Corte coreana. Seúl (Corea).

19 - 21 de septiembre

IV Congreso de Justicia Constitucional. Santo Domingo (República Dominicana).

27 - 28 de septiembre

Coloquio internacional sobre «El acceso a la justicia constitucional: los nuevos desafíos de control de la constitucionalidad a posteriori». Marrakech (Marruecos).

28 de septiembre

II Reunión cuadrilateral de Tribunales Constitucionales de Portugal, Italia y España y del Consejo Constitucional de Francia. Albi (Francia).

3 - 5 de octubre

Congreso internacional de Derecho procesal constitucional. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

8 - 10 de octubre

Celebración de la J-20, Conferencia Judicial de Altas Cortes del G-20, acerca de «El rol de la Judicatura en el desarrollo equitativo y sostenible».

Buenos Aires (Argentina).

22 - 24 de octubre

Congreso de la Unión de Universidades y Cortes Supremas Constitucionales de Iberoamérica. Ciudad de México.

118

MEMORIA 2018

3 - 5 de diciembre

Celebración del seminario iberoamericano sobre «La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional: balance de dos décadas de experiencia», organizado conjuntamente por el Tribunal Constitucional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La Antigua (Guatemala).

10 - 11 de diciembre

Celebración de la Conferencia Nacional sobre la cuestión prejudicial de inconstitucionalidad, organizado por el Ministerio de Justicia de Argelia.

Argel (Argelia).

14 de diciembre

Conferencia sobre el cuadragésimo aniversario de la Constitución española, auspiciada por la Embajada de España en Marruecos. Rabat (Marruecos).

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

8 de enero

Visita y sesión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Justicia de la República de Corea, don Seong Dong Kweon.

12 de enero

Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, don Iván Aróstica Maldonado.

12 de febrero

Decano y Vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, don José María Alonso y doña Begoña Castro.

22 de febrero

Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, don Guido Raimondi.

9 de marzo

Embajador de Chile en España, don Jorge Tagle.

15 de marzo

Presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, don Mil-ton Leonidas Ray Guevara.

119

MEMORIA 2018

22 de marzo

Magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra, don José Guardia Canela.

23 de marzo

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, doña Mónica Aralí Soto Fregoso.

11 de abril

Visita y reunión de trabajo del Consejo de la Judicatura de los Países Bajos, encabezado por su Presidente, don Frits Bakker.

12 de abril

Juez de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, don Pazmiño Freire.

17 de abril

Becarios de la Fundación Carolina dentro del Programa «Vivir en España».

3 de mayo

Delegación del Tribunal Constitucional de la República de Corea, presidi-da por su Secretario General, don Heon Jeong Kim.

19 de junio

Visita y sesión de trabajo de los Miembros del Alto Consejo Judicial de Serbia.

5 de octubre

Visita y sesión de trabajo de una delegación de la Corte de Justicia de México.

23 de octubre

Visita y sesión de trabajo de una delegación del Parlamento de Uruguay.

23 de octubre

Ministro del Tribunal Constitucional de Chile, don Domingo Hernández Emparanza.

13 de noviembre

Sesión de trabajo de una delegación del Tribunal Supremo Popular de Cuba, encabezada por su Presidente don Rubén Remigio Ferro.

120

MEMORIA 2018

19 de noviembre

Decana y Secretario del Colegio de Registradores de España, doña María Emilia Adán y don José María Ramírez-Cárdenas Gil.

20 de noviembre

Sesión de trabajo de una delegación del Tribunal Federal Administrativo de Alemania, acompañados por el Embajador de Alemania en España, don Wolfgang Dold.

22 de noviembre

Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, don Pe-tronilo Flores Condori y del magistrado Sr. Ceballos Acuña. Firma del convenio de cooperación entre el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y el Tribunal Constitucional del Reino de España.

17 de diciembre

Don Álvaro Namén Vargas, Magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

23 de febrero

Conferencia-Seminario conjunto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. La conferencia inaugural fue ofrecida por el Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, don Guido Raimondi.

8 de marzo

Día Internacional de la Mujer. Homenaje a doña Gloria Begué Cantón.

4 de abril

Sesión de trabajo de la LXIX promoción de Diplomáticos en prácticas de la Escuela Diplomática.

22 de mayo

Visita y sesión de trabajo de Magistrados del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de Iberoamérica.

1 - 3 de octubre

Jornadas de trabajo de miembros de la carrera judicial.

121

MEMORIA 2018

5 de octubre

Estancia de trabajo de la 57.ª promoción de Fiscales.

24 de octubre

Sesión de trabajo de miembros de la Academia de intercambio y estudios jurídicos de Argentina.

8 de noviembre

En conmemoración del 40.º aniversario de la Carta Magna, presentación de la obra «Comentario mínimo a la Constitución Española».

4 de diciembre

En conmemoración del 40.º aniversario de la Constitución española, homenaje a los ponentes constitucionales y presentación del libro «Comentarios a la Constitución española. XL Aniversario».

11 de diciembre

En conmemoración del 40.º aniversario de la Constitución española, presentación del libro «La Costituzione spagnola nel trentennale della Costituzione italiana. Una riflesione 40 anni dopo».

13 de diciembre

Sesión de trabajo de los alumnos del Máster interuniversitario en Diplo-macia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

15 de enero

Entrega de los premios anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

9 de febrero

Apertura del año judicial eclesiástico en la sede de la Archidiócesis de Valencia. Valencia.

22 de febrero

Audiencia con S.M. el Rey, con motivo de la visita de don Guido Raimondi, Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

6 de marzo

Asistencia al XVI concierto homenaje a las víctimas del terrorismo, presidido por SS.MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

122

MEMORIA 2018

13 de marzo

Conferencia-coloquio en Tribuna Independiente de la Fundación Independiente.

21 de marzo

Presentación del libro Lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea, dirigido por don Diego López Garrido, en el Congreso de los Diputados.

12 de abril

Actos institucionales en el Palacio Real con motivo de la visita del Prínci-pe Heredero de Arabia Saudí, don Mohammad bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud.

16 de abril

Actos en honor de la visita de Estado del Presidente de la República Portuguesa, don Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa.

17 de abril

Presentación del libro Un Tribunal para la Constitución, editado por el Colegio de Registradores, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

28 de mayo

IV Congreso de la Agencia de protección de la legalidad urbanística en Santiago de Compostela.

2 de junio

Toma de posesión del Presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

4 de junio

Acto de entrega de los Premios Tomás y Valiente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

15 de junio

XII Jornadas jurídicas Román García Varela en Sarria.

18 de junio

Entrega del Premio Gumersindo de Azcárate del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a las Cortes Generales.

123

MEMORIA 2018

19 de junio

Celebración del 75.º Aniversario del Consejo General de la Abogacía Es-pañola.

21 de junio

Entrega del premio Balanza de Oro al Tribunal Constitucional, concedido por el Consejo General de Procuradores de España.

26 de junio

Con motivo del 40.º aniversario de la Constitución española, presentación de la «Revista de Derecho Político» en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

27 de junio

Acto homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados.

3 de julio

Asistencia a la Embajada de Estados Unidos de América con motivo de la celebración del Día de la Independencia.

4 de julio

Toma de posesión de la Fiscal General del Estado, doña María José Sega-rra Crespo.

4 de julio

Asistencia a la Embajada de Francia al acto de entrega de la Insigne d’Officier a don Carlos Lesmes Serrano.

5 de julio

Toma de posesión de la Presidenta del Consejo de Estado, doña María Teresa Fernández de la Vega.

10 de julio

Toma de posesión del Director General de la Guardia Civil, don Félix Vicente Azón Vilas.

10 de julio

Toma de posesión del Director General de la Policía Nacional, don Francisco Pardo Piqueras.

124

MEMORIA 2018

12 de julio

Clausura del acto de presentación de la colección de Anuarios para Abogados 2018 «40 años de la Constitución», editado por Wolters Kluwer España.

19 de julio

Toma de posesión de los Consejeros natos de Estado, doña María José Se-garra Crespo, doña Consuelo Castro Rey y don Pablo Hernández de Cos.

23 de julio

Entrega a S.M. el Rey de la Memoria anual de actividades del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2017.

24 - 25 de julio

Entrega de las Medallas de Oro de Galicia 2018 al Presidente del Tribunal Constitucional y participación en los actos institucionales por la festividad del día de Santiago Apóstol.

26 de julio

Actos en honor a la visita del Presidente de la República Francesa, don Emmanuel Macron, en el Palacio Real.

30 de julio

Asistencia a la Embajada de Marruecos, con motivo de la celebración del XIX aniversario de la entronización de Su Majestad el Rey Mohamed VI.

17 de agosto

Acto en memoria de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona.

10 de septiembre

Solemne acto de apertura del año judicial 2018 en el Tribunal Supremo.

12 de septiembre

Acto de entrega del premio «Excelencia y calidad en la Justicia», entrega-do a los Padres de la Constitución, en el Tribunal Supremo.

17 de septiembre

Toma de posesión del Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, don Fernando Rodríguez Rey y de los Magistrados del Tribunal Supremo, doña Susana Polo García, doña Carmen Lamela Díaz, don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y don Dimitry Berberoff Ayuda, en el Tribunal Supremo.

125

MEMORIA 2018

24 de septiembre

Acto homenaje a don Fernando Álvarez de Miranda, con motivo del 40

aniversario de la Constitución española. Congreso de los Diputados.

1 de octubre

Acto de cooperación hispano-francesa a la lucha antiterrorista, coinci-diendo con la visita del Primer Ministro de la República de Francia, don Edouard Philippe.

3 de octubre

Recepción oficial con motivo del Día de la Unidad Alemana en la Embajada de Alemania en Madrid.

4 de octubre

Inauguración del Congreso Internacional Constitucional, organizado por las Cortes Generales, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el marco del 40 aniversario de la Constitución española.

5 de octubre

Encuentro de Magistrados especialistas de lo Contencioso-Administrativo en la sede del Tribunal Supremo.

7 de octubre

Acto castrense con ocasión de la celebración institucional de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en Salamanca.

12 de octubre

Participación en los actos del desfile con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional de España. Recepción en el Palacio Real.

18 de octubre

Inauguración del XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

24 de octubre

Actos en honor de don Frank-Walter Steinmeier, Presidente de la República Federal de Alemania, y doña Elke Büdenbender, en el Palacio Real de Madrid 25 de octubre

Acto de apertura del 1.º Congreso de Arbitraje y Jurisdicción en A Coruña.

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MEMORIA 2018

27 de octubre

Acto de clausura de las XXIV jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional en Santander.

29 de octubre

Asistencia a la sesión solemne de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda.

31 de octubre

Lectura de la Constitución española (art. 5), en la celebración de su 40.º

aniversario en el Instituto Cervantes de Madrid.

6 de noviembre

Conferencia en el marco del 40 aniversario de la Constitución española sobre «La Constitución de 1978 en su cuarenta aniversario y el Tribunal Constitucional como garante de la misma en estos años» en el Casino de Madrid.

12 de noviembre

Acto de toma de posesión como Académico de número de don Fernando Sainz Moreno, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

15 de noviembre

Acto de entrega de los XXIV Premio Pelayo, concedido a doña Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta del Tribunal Constitucional.

20 de noviembre

Acto de entrega de los Premios Confilegal, con reconocimiento al Tribunal Constitucional por sus 40 años al servicio de la democracia.

22 de noviembre

Inauguración del X Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

27 de noviembre

Audiencia con SM el Rey para la entrega del libro Comentarios a la Constitución española. XL Aniversario.

28 de noviembre

Actos en honor del Presidente de la República Popular China, don Xi Jin-ping, y doña Peng Liyuan.

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MEMORIA 2018

30 de noviembre

Conferencia «La Constitución de 1978 en su cuarenta aniversario» en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra.

5 de diciembre

Acto de presentación de la publicación Comentarios a la Constitución española, organizado por el Ministerio de Justicia.

5 de diciembre

Concierto en conmemoración del 40.º aniversario de la Constitución espa-

ñola.

6 de diciembre

Acto conmemorativo del 40.º aniversario de la Constitución de 1978 en el Congreso de los Diputados.

10 de diciembre

XXXVIII jornadas de estudio de la Abogacía General del Estado.

12 de diciembre

Acto de clausura del Foro 40.º Aniversario de la Constitución Española

«Protección e igualdad de la persona en la Constitución española», organizado por el Consejo General del Notariado.

13 de diciembre

Acto de presentación del libro Estudios sobre la reforma de la Constitución española de 1978 en su cuarenta aniversario del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

128

VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales», que plasma los resultados de las XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebradas en Vito-ria-Gasteiz (Álava) en noviembre de 2016. Asimismo, ha coeditado con el Centro la obra «La ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional», que recoge el compendio de las XXIII Jornadas de dicha Asociación, llevadas a cabo en Úbeda (Jaén) en noviembre de 2017.

El Tribunal fue sede de varios actos de homenaje a la Constitución de 1978, con motivo de su XL aniversario. El 8 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación del libro «Comentario mínimo a la Constitución Española», con la presencia de los Presidentes del Tribunal Constitucional y del Senado, la Vicepresidenta del Gobierno, el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente del grupo editorial Planeta y el catedrático don Santiago Muñoz Machado, director de la obra.

El 4 de diciembre de 2018 se conmemoró el cuadragésimo aniversario de la Constitución española en un acto solemne, celebrado en el salón de actos del Tribunal Constitucional. Se rindió homenaje a los padres de la Carta Magna en presencia de dos de ellos, don Miquel Roca Junyet y don José Pedro Pérez Llorca, y fue presentado el libro «Comentarios a la Constitución Española. XL aniversario», publicado por el Boletín Oficial del Estado y dirigido por los antiguos Presidentes del Tribunal Constitucional doña María Emilia Casas Baamonde y don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. En el acto, presidido por el Presidente del Tribunal, estuvieron presentes los Presidentes de las Cortes Generales, la Vicepresi-129

MEMORIA 2018

denta del Gobierno y el Presidente del Tribunal Supremo, entre otras autoridades del mundo político, jurídico y académico.

Finalmente, el 11 de diciembre de 2018 el Tribunal Constitucional homenajeó el diálogo constitucional entre España e Italia. Lo hizo con ocasión de la presentación de la obra «La Constitución Española en el trigésimo aniversario de la Constitución Italiana. Una reflexión 40 años después».

En el acto, bajo la presidencia del Presidente del Tribunal, intervinieron los profesores italianos don Fabio Roversi-Monaco, don Giuseppe de Ver-gottini y don Luciano Vandelli, responsables de la edición; así como el Presidente emérito don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y los Magistrados eméritos don Rafael Gómez-Ferrer Morant y don Jorge Rodríguez Zapata.

Actividades formativas

El Tribunal Constitucional mantiene distintos programas de formación desde el año 2002. Durante 2018 fueron convocados cuatro. Además, por resolución de 26 de febrero de 2018 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 57, de 6 de marzo de 2018), se concedieron dos becas de formación en materia de traducción jurídica, que habían sido convocadas por resolución de 17 de octubre de 2017 de la Secretaría General (BOE núm. 256, de 24 de octubre de 2017).

Mediante resoluciones de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 138, de 7 de junio de 2018), fueron convocadas una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional; una beca de formación en gestión documental y archivística relacionada con los fondos documentales del Tribunal Constitucional; una beca de formación en materia de comunicación institucional; y seis becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional.

La beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional fue resuelta por resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 255, de 22 de octubre de 2018). La beca de formación en materia de comunicación institucional fue resuelta por reso-130

MEMORIA 2018

lución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 255, de 22 de octubre de 2018). Las becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurí-

dico de la doctrina constitucional fueron resueltas por resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 265, de 2 de noviembre de 2018). Y la beca de formación relacionada con la gestión documental y archivística en el Tribunal Constitucional fue resuelta por resolución de 4 de diciembre, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 302, de 15 de diciembre de 2018).

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han acordado prorrogar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su cuarto año de funcionamiento.

Al igual que en años anteriores, el Tribunal Constitucional ha firmado nuevos convenios de colaboración para mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la impartición de justicia constitucional y su memoria histórica o la interacción telemática, entre otros asuntos.

En el ámbito internacional, el 3 de mayo de 2018 se firmó un memorando de entendimiento entre la Corte Constitucional de la República de Corea y el Tribunal Constitucional del Reino de España, a fin de fortalecer la cooperación bilateral entre ambas altas jurisdicciones, promover el intercambio de conocimiento y de experiencias, así corno aumentar las capacidades institucionales respectivas. Igualmente, el Tribunal Constitucional firmó el 22 de noviembre de 2018 un memorando de entendimiento de cooperación internacional con el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para, en ejercicio de sus competencias respectivas, promover la cooperación institucional de acuerdo con sus leyes y reglamentos propios, con el propósito de establecer bases sólidas para el desarrollo institucional y de mejorar las relaciones entre las partes, así como contribuir al cumplimiento de los compromisos impuestos por las respectivas Constituciones, mediante el fortalecimiento institucional de ambas jurisdicciones.

131

MEMORIA 2018

En el ámbito doméstico, el 22 de octubre de 2018 el Tribunal Constitucional firmó con los herederos de don Francisco Rubio Llorente un convenio para depositar en el Archivo General del Tribunal Constitucional la documentación que formaba parte del archivo privado del fallecido Magistrado emérito y antiguo Vicepresidente de la institución jurisdiccional. En él se manifiesta que el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución española, es una institución en cuya creación tuvo un papel destacado don Francisco Rubio Llorente; y que, dado su papel fundamental en la configuración y consolidación del Estado social y democráti-co de derecho, el Tribunal se erige en institución fundamental para el conocimiento de la sociedad española contemporánea y de la del futuro.

Ambas partes consideran imprescindible la conservación de los documentos y otros testimonios informativos en los que se plasma la historia del Tribunal Constitucional desde su creación, así como la de sus antece-dentes y, en concreto, la de aquellos fondos documentales reunidos o generados por aquellas personas que, habiendo tenido relación directa o indirecta con la institución, son hoy parte de su historia y, por extensión, de la historia de nuestro país.

Por último, como continuación de su agenda de modernización, el 27 de diciembre de 2018 el Tribunal Constitucional firmó con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda un convenio de colaboración para encomendarle la extensión de sus servicios públicos electró-

nicos que sustituye al convenio rubricado el 18 de diciembre de 2012. El nuevo convenio extiende al ámbito de competencias del Tribunal Constitucional la Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM para su uso por las diferentes Administraciones. Incluye, entre otros servicios, el reconocimiento y validación de certificados de firma electrónica, la emisión de sellos de tiempo en las comunicaciones que tengan lugar al amparo del convenio, así como la asistencia técnica y la actualización tecnológica de los sistemas.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la

institución (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/in-

formacion-economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

132

IX. Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucio-

nal.es), en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12

a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de

«Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se 133

MEMORIA 2018

facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2018 se han dirigido al Tribunal Constitucional 54 solicitudes de información pública, lo que supone un incremento con respecto de las recibidas en los años 2017 (37), 2016 (33) y 2015 (42), ejercicio en el que entraron en vigor las disposiciones de la Ley 19/2013 en materia de derecho de acceso a la información pública. En número de 52 (96,20

por 100) fueron promovidas por personas físicas y dos (3,80 por 100) por personas jurídicas (una fundación y una editorial). Todas se formalizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesando como modalidad de acceso a la información solicitada la vía electrónica en 51 casos (94,50 por 100) y en otros tres (5,50 por 100) los solicitantes no indicaron de manera expresa la modalidad de respuesta requerida, por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica en una ocasión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, en otra por vía electróni-ca y por correo postal y en otra exclusivamente por correo postal.

En 11 resoluciones de la Secretaría General (20,40 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada; en 14 (25,90 por 100) se remitió la información solicitada a las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en 17 (31,50

por 100) se remitió a los solicitantes a las páginas webs del Tribunal Constitucional y de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado por figurar publicada en esas páginas la información interesada o poder acceder a las mismas a través de ellas, sin que le resultase exigible al Tribunal una ac-ción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en siete (12,90

por 100) no se accedió a la información pedida; en una (1,90 por 100) se inadmitió la solicitud de información, por manifiestamente repetitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013; y en 4

(7,40 por 100) se tuvo por desistidos a los solicitantes, por no haber atendido al requerimiento de identificar suficientemente la información interesada (3) y a petición propia por haberse dirigido erróneamente a este Tribunal (1).

134

MEMORIA 2018

Seis de las solicitudes en las que no se concedió el acceso a la información solicitada versaron sobre la prestación de asesoramiento jurídico por parte del Tribunal. La séptima tenía por objeto la petición de informes, estudios o trabajos sobre una determinada materia constitucional, petición ajena al ámbito de acceso a la información pública.

Las solicitudes de acceso a la información han versado sobre una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas: a) Información relativa a la relación de puestos de trabajo del Tribunal y a datos profesionales, administrativos y económicos de sus miembros y del personal a su servicio (5); b) Información sobre el proceso de selección de un puesto de trabajo y sobre la convocatoria de becas en el Tribunal (2); c) Información sobre doctrina constitucional en una determinada materia (1); d) Acceso a resoluciones del Tribunal dictadas en determinadas materias (5); e) Información sobre la interposición, estado de tramitación y documentación de concretos procesos constitucionales (18); f) Información sobre los requisitos para la presentación de demandas de amparo (6); g) Información sobre la solicitud de designación de abogado y procurador del turno de oficio (1); h) Información sobre datos estadísticos de procesos constitucionales (1); (i) Información sobre la duración de tramitación de determinados procesos constitucionales (1); j) Informes, artí-

culos y estudios doctrinales sobre la elección de los Magistrados del Tribunal (1); k) Acceso a ejemplares de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de su Reglamento de organización y personal (2); (l) Información y asesoramiento para promover denuncias, acciones en vía judicial y obtener prestaciones asistenciales (8); y, en fin, (ll) Información sobre la celebración del aniversario del Tribunal Constitucional de Andorra (2).

135

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de Sentencias y de Autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo

de Derechos Humanos en relación

con España

V. Discurso en el XL aniversario de la

Constitución española

VI. Magistrados eméritos

137

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas

al Tribunal

1) Acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (BOE núm. 165, de 9 de julio de 2018, cve: BOE-A-2018-9543).

2) Acuerdo de 19 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre comunicaciones procesales al Ministerio Fiscal.

3) Acuerdo de 17 de octubre de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica el Acuerdo de 11 de octubre de 2012, por el que se regulan las prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal funcionario y laboral al servicio del mismo y se determina el régimen aplicable en materia de vacaciones, permisos por asuntos particulares y jornada y horario de trabajo de dicho personal.

139

MEMORIA 2018

ACUERDO DE 2 DE JULIO DE 2018, DEL PLENO DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE NÚM. 165, DE 9 DE JULIO

DE 2018, CVE: BOE-A-2018-9543).

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia defi-nida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Or-gánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo: Artículo único.

El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto), queda modificado en los siguientes términos: Se deroga el apartado cuarto del artículo 80.

Disposición final.

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el 1 de julio de 2018.

Madrid, 2 de julio de 2018.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

140

MEMORIA 2018

ACUERDO DE 19 DE JULIO DE 2018, DEL PLENO DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, SOBRE COMUNICACIONES PROCESALES AL

MINISTERIO FISCAL

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia defi-nida en el artículo 2.2, en relación con los artículos 10.1 m) y 85.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo: PREÁMBULO

A la vista de las siguientes circunstancias: 1.ª El convenio de colaboración entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia para la integración del Tribunal como usuario del servicio LexNET suscrito el 23 de diciembre de 2016, presenta continuas actualizaciones hasta la implantación definitiva de la justicia digital.

2.ª Las distintas actuaciones de las Secretarías de justicia de este Tribunal, pues la Secretaría de la Sala Primera, una vez presentada la demanda de amparo con su documentación, dicta diligencia de ordenación por la que se notifica al Fiscal y a los respectivos Procuradores que se tienen por recibidos los escritos interponiendo recurso de amparo, con indicación del número de recurso y Sección a que corresponde, mientras que la Secretaría de la Sala Segunda sólo da conocimiento cuando se notifica la providencia de admisión o inadmisión (art. 50.1

y 3 LOTC).

3.ª Las previsiones contenidas en la nueva redacción de los arts. 151 y 162

de la Ley de enjuiciamiento civil dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, y la disposición transitoria cuarta 1, modificada por el artículo único de la Ley 12/2017, de 28 de diciembre, tienen en cuenta:

– «Las singularidades del Ministerio Fiscal en la tramitación, estudio, adopción y toma de decisiones en los procedimientos en los que interviene».

– «La necesidad, puesta de manifiesto por la Fiscalía General del Estado, de adaptarse al complejo mecanismo de implementación de lo que se ha dado en llamar la justicia digital».

141

MEMORIA 2018

Así, de una parte, las singularidades del Ministerio Fiscal establecen que hasta el 1 de enero de 2020 los actos de comunicación al Ministerio Fiscal se tendrán por realizados en los diez días naturales siguientes a la fecha de recepción que conste en el resguardo acreditativo cuando el acto de comunicación se haya efectuado por medios electrónicos y, de otra, la aplicación de los arts. 80 y 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la supletoriedad de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).

El Pleno

ACUERDA

1.º Unificar los criterios de actuación de las Secretarías de Justicia de este Tribunal, en el sentido de que una vez presentada la demanda de amparo, con su documentación aneja, se dicte diligencia de ordenación por la que se comunique al Fiscal y al Procurador del recurrente que se tienen por recibidos los escritos de interposición del recurso de amparo con indicación del número del recurso y Sección a que ha correspondido.

2.º Aplazar al 1 de enero de 2020, siguiendo las indicaciones de la Ley 12/2017, de 28 de diciembre, la medida de supresión de los traslados en papel consistentes en las copias de las demandas de amparo y de la documentación asociada que se venía aplicando a la Fiscalía de este Tribunal desde el 1 de enero de 2018.

3.º Se mantienen para el Fiscal ante el Tribunal las comunicaciones electrónicas y telemáticas en materia de recursos de amparo electoral (arts. 49 y 114 LOTC y Acuerdo del Pleno de 20 de enero 2000).

4.º Los servicios jurídicos y técnicos, dependientes de la Secretaría General, elaborarán un protocolo de actuación, del que se dará conocimiento al Pleno de este Tribunal, con objeto de hacer un seguimiento sobre el modo en que se realicen las notificaciones, traslados y restantes actos de comunicación con la Fiscalía.

Comuníquese este acuerdo a la Fiscalía de este Tribunal y a las Secretarías de Justicia.

142

MEMORIA 2018

ACUERDO DE 17 DE OCTUBRE DE 2018, DEL PLENO DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE MODIFICA EL

ACUERDO DE 11 DE OCTUBRE DE 2012, POR EL QUE SE

REGULAN LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN LA SITUACIÓN

DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y

LABORAL AL SERVICIO DEL MISMO Y SE DETERMINA EL

RÉGIMEN APLICABLE EN MATERIA DE VACACIONES, PERMISOS

POR ASUNTOS PARTICULARES Y JORNADA Y HORARIO DE

TRABAJO DE DICHO PERSONAL

La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018 establece un nuevo marco normativo para el régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones públicas, que elimina las restric-ciones introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y permite que cada Administración pública determine, previa negociación colectiva, las retribuciones que han de percibir durante la situación de incapacidad temporal el personal a su servicio y al de sus organismos y entidades públicas dependientes, que pueden llegar hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones, básicas y complementarias.

La citada disposición adicional resulta de aplicación al personal de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos constitucionales (apartado cinco).

Ante la conveniencia de desarrollar las previsiones sobre prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal para los distintos tipos de personal al servicio del Tribunal Constitucional, atendiendo al criterio de procurar un régimen análogo al previsto para el personal al servicio de la Administración General del Estado y organismos y entidades públicas dependientes y al principio de equiparación retributiva en el ámbito de este Tribunal, el Pleno, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y el artículo 94 de su Reglamento de organización y personal de 5 de julio de 1990,

143

MEMORIA 2018

ACUERDA

Primero. Complemento de incapacidad temporal A los funcionarios y al personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional se les reconocerá, desde el primer día de la situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, un complemento retributivo del subsidio de incapacidad temporal que le corresponda según su régimen de Seguridad Social que alcance el cien por cien de sus retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a las retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal o licencia por enfermedad.

Segundo. Absentismo

En el seno de la Mesa de Negociación del personal al servicio del Tribunal Constitucional se creará un grupo de trabajo en materia de análisis del absentismo.

Disposición derogatoria

Quedan derogados en lo que se opongan al presente Acuerdo los siguientes apartados del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 11 de octubre de 2012, modificado por los Acuerdos de 31 de enero y 21 de noviembre de 2013: primero; segundo; y tercero, excepto las letras b), c), d), e) y f) del subapartado 2.

Disposición final

Los efectos del presente Acuerdo se retrotraen al día 31 de julio de 2018.

144

II. Relación de sentencias y de autos publicados

en el «Boletín Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las sentencias y determinados autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO

SENTENCIAS

34, de 7 de febrero de 2018

1/2018 — 2/2018

46, de 21 de febrero de 2018

3/2018 — 8/2018

59, de 8 de marzo de 2018

9/2018 — 13/2018

72, de 23 de marzo de 2018

14/2018 — 19/2018

90, de 13 de abril de 2018

20/2018 — 30/2018

124, de 22 de mayo de 2018

31/2018 — 34/2018

130, de 29 de mayo de 2018

35/2018 — 47/2018

141, de 11 de junio de 2018

48/2018 — 52/2018

151, de 22 de junio de 2018

53/2018 — 57/2018

164, de 7 de julio de 2018

58/2018 — 65/2018

179, de 25 de julio de 2018

66/2018 — 72/2018

189, de 6 de agosto de 2018

73/2018 — 80/2018

199, de 17 de agosto de 2018

81/2018 — 88/2018

247, de 12 de octubre de 2018

89/2018 — 100/2018

264, de 1 de noviembre de 2018

101/2018 — 107/2018

280, de 20 de noviembre de 2018

108/2018 — 112/2018

294, de 6 de diciembre de 2018

113/2018 — 122/2018

301, de 14 de diciembre de 2018

123/2018 — 124/2018

309, de 24 de diciembre de 2018

125/2018 — 128/2018

13, de 15 de enero de 2019

129/2018 — 137/2018

22, de 25 de enero de 2019

138/2018 — 142/2018

145

MEMORIA 2018

NÚMERO DE SUPLEMENTO

AUTOS

46, de 21 de febrero de 2018

3/2018 — 5/2018

59, de 8 de marzo de 2018

13/2018

90, de 13 de abril de 2018

27/2018

124, de 22 de mayo de 2018

40/2018 y 41/2018

130, de 29 de mayo de 2018

45/2018, 47/2018 y 49/2018

164, de 7 de julio de 2018

60/2018

179, de 25 de julio de 2018

67/2018, 69/2018 y 71/2018

280, de 20 de noviembre de 2018

114/2018

301, de 14 de diciembre de 2018

119/2018

SENTENCIAS

Pleno. Sentencia 1/2018, de 11 de enero de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 2578-2015. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.

Principio de exclusividad jurisdiccional y derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto que prescinde de la voluntad de una de las partes en el sometimiento a arbitraje cualquier controversia que pueda suscitarse en relación con el contrato de seguro. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 2/2018, de 11 de enero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 2002-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con distintos preceptos de la Ley 7/2016, de 21

de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Competencias sobre extranjería, legislación procesal, asistencia social y sanidad: nulidad de los preceptos legales autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de 146

MEMORIA 2018

Salud (STC 134/2017) y establecen la inembargabilidad de unas ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 3/2018, de 22 de enero de 2018

Recurso de amparo 2699-2016. Promovido por don A.R.S. en relación con las resoluciones de la Comunidad de Madrid y de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que rechazaron su solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del programa individual de atención que le correspondiera.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de edad y discapacidad: resoluciones administrativas y judiciales que, al examinar una solicitud de ayuda para situación de dependencia, aplican indebidamente una regla de exclusión por edad.

Sala Segunda. Sentencia 4/2018, de 22 de enero de 2018

Recurso de amparo 4931-2016. Promovido por el Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias en relación con los acuerdos de las mesas de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y del Parlamento que inadmitieron sus enmiendas a la iniciativa legislativa de otro grupo parlamentario.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos pú-

blicos a través de sus representantes: inadmisión de enmiendas resultante de un error de calificación como enmiendas a la totalidad presentadas extemporáneamente.

Sala Segunda. Sentencia 5/2018, de 22 de enero de 2018

Recurso de amparo 5832-2016. Promovido por doña María Rocío Alcaide Ruiz en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor en procedimiento de ejecución hipotecaria.

147

MEMORIA 2018

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 122/2013).

Sala Segunda. Sentencia 6/2018, de 22 de enero de 2018

Recurso de amparo 880-2017. Promovido por la mercantil Locales y Ofi-cinas en Renta, S.L., respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, que inadmitió su impugnación sobre comprobación de valores y subsiguiente liquidación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): resolución judicial que inadmite un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la sagtisfacción de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, incurriendo en error patente (STC 167/2014).

Pleno. Sentencia 7/2018, de 25 de enero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 7611-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Catalu-

ña 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

Régimen lingüístico y derechos de los consumidores, disponibilidad lingüística: interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos relativos al derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a recibir determinadas informaciones en catalán (STC 31/2010).

Pleno. Sentencia 8/2018, de 25 de enero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1941-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección 148

MEMORIA 2018

medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica.

Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales que extienden la competencia autonómica al mar territorial, y prohíben, de manera absoluta e incondi-cionada, una técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 106/2014). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 9/2018, de 5 de febrero de 2018

Recurso de amparo 3680-2016. Promovido doña María Jesús Moya Martínez en relación con las resoluciones sancionadoras de la Fiscal General del Estado y de la Secretaría de Estado de Justicia y con la posterior sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria de la impugnación de aquellas.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora: alegaciones de defectos que se dicen padecidos en la instrucción del expediente sancionador —intervención del Ministerio Fiscal, caducidad, confusión de las fases de instrucción y resolución—

cuya realidad no queda acreditada.

Sala Segunda. Sentencia 10/2018, de 5 de febrero de 2018

Recurso de amparo 4304-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la cámara parlamentaria que inadmitieron su solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley denominada del referéndum de autodeterminación.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadmisión de solicitud de dictamen del órgano consultivo que constituye una denegación de una facultad integrante del núcleo de la función representativa parlamentaria (STC 114/2017).

149

MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 11/2018, de 8 de febrero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 4460-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán.

Régimen de cooficialidad lingüística: nulidad de la atribución de carácter preferente a una lengua cooficial (STC 31/2010); interpretación conforme con la Constitución del precepto legal autonómico que atribuye al aranés la condición de lengua de uso normal por las administraciones públicas catalanas en sus relaciones con Arán.

Pleno. Sentencia 12/2018, de 8 de febrero de 2018

Recurso de amparo 4464-2014. Promovido por don Ángel Renieblas Renieblas respecto de las resoluciones sancionadoras de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Guadalajara, que desestimó la impugnación de aquellas.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: efecto desaliento y vulneración de la legalidad en la sanción disciplinaria impuesta a un profesor de educación primaria que dirigió una nota comunicativa a los padres de sus alumnos explicándoles las razones por las que se adhería a una huelga en la enseñanza, e hizo partícipes de estas razones a los propios alumnos.

Pleno. Sentencia 13/2018, de 8 de febrero de 2018

Cuestión prejudicial de validez 2633-2017. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 4.2 de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias.

Libertad religiosa: nulidad de la norma foral que suprime, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la exención aplicable a los bienes y derechos destinados a actividades religiosas o asistenciales (STC 207/2013).

150

MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 14/2018, de 20 de febrero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1377-2014. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de los preceptos legales que regulan el derecho a recibir las enseñanzas en las lenguas oficiales y la repercusión a las comunidades autónomas de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castellano y habilitan al Gobierno para el establecimiento de las bases de la educación plurilingüe.

Pleno. Sentencia 15/2018, de 22 de febrero de 2018

Conflicto positivo de competencia 1245-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el fondo de carbono para una economía sostenible.

Competencias sobre ordenación general de la economía, energía y medio ambiente: nulidad de los preceptos reglamentarios que encomiendan determinadas funciones ejecutivas a la Comisión Ejecutiva del fondo de carbono para una economía sostenible (STC 33/2005).

Pleno. Sentencia 16/2018, de 22 de febrero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 6036-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.

Competencias sobre vivienda, crédito y ordenación general de la economía: nulidad de los preceptos legales que regulan una expropiación de uso de vivienda que menoscaba las competencias estatales (STC 93/2015).

Pleno. Sentencia 17/2018, de 22 de febrero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 7089-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la 151

MEMORIA 2018

que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.

Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: nulidad de la ley foral que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 18/2018, de 22 de febrero de 2018

Conflicto positivo de competencia 136-2013. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra

Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: pérdida parcial de objeto del conflicto y nulidad de los preceptos reglamentarios que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 19/2018, de 22 de febrero de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 681-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, y con un crédito presupuestario incluido en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2015.

Derechos de asociación y propiedad, principio de igualdad: pérdida de objeto del recurso y desestimación del recurso en relación con el régimen de ventanilla única de facturación y pago y participación en ella de las entidades de gestión.

Sala Primera. Sentencia 20/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 1821-2016: Promovido por la federación regional de servicios de la Unión General de Trabajadores de Madrid en relación 152

MEMORIA 2018

con los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid sobre designación de las organizaciones profesionales y sociales elegidas para que propu-sieran cinco candidatos al consejo de administración de Radio Televisión Madrid.

Vulneración de los derechos a la igualdad y de acceso a los medios públicos de comunicación social, en conexión con la libertad de sindicación: exclusión de candidatura carente de cobertura normativa y que no ofrece una justificación objetiva y razonable.

Sala Primera. Sentencia 21/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 3766-2016. Promovido por don Wander Suero en relación con el auto de un Juzgado de Instrucción de Madrid denegando la incoación de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: ausencia de información suficiente sobre las razones de la detención y denegación del acceso a los elementos de las actuaciones policiales esenciales para valorar su legalidad.

Sala Primera. Sentencia 22/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 5194-2016. Promovido por don Juan Ignacio Manzano Terrades respecto de la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de su pretensión de percibir cantidades reclamadas por reducción de jornada.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial carente de razonamiento suficiente sobre interpretación y aplicabilidad de directiva de la Unión Europea y jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 135/2017). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 23/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 5231-2016. Promovido por don Jorge Cano Tambore-ro en relación con la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de su impugnación de resolución sancionadora.

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MEMORIA 2018

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que omite un pronunciamiento fundándose en el carácter exclusivamente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 160/2001).

Sala Primera. Sentencia 24/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 5586-2016. Promovido por don Ilias I. Traber respecto de los autos de un Juzgado Central de Instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que denegaron su personación mediante abogado y procurador en las diligencias previas que se seguían por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la defensa y a la asistencia letrada: denegación de personación tras orden de busca, captura y puesta a disposición del órgano judicial que no satisfacen el juicio de necesidad de las medidas adoptadas para garantizar que el investigado quedara a disposición del órgano judicial.

Sala Segunda. Sentencia 25/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 5685-2016. Promovido por don César Rodríguez Váz-quez frente al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión de declaración de prescripción del delito de blanqueo imprudente por el que había sido previamente condenado.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad y a la legalidad penal: aplicación irrazonable de la doctrina sobre criterios para el cómputo del plazo de prescripción en los delitos conexos. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 26/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 6491-2016. Promovido por don Rodrigo Tena Arregui en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Madrid que acordaron el sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas en relación con un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.

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MEMORIA 2018

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos al secreto de las comunicaciones y de asociación: archivo de diligencias abiertas a consecuencia de una denuncia de acceso indebido y posterior revelación del contenido de los mensajes de correo electró-

nico intercambiados en una cuenta facilitada por el partido político en el que militaba el denunciante. Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 27/2018, de 5 de marzo de 2018

Recurso de amparo 4340-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la cámara parlamentaria que inadmitieron su solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadmisión de solicitud de dictamen del órgano consultivo que constituye una denegación de una facultad integrante del núcleo de la función representativa parlamentaria (STC 10/2018).

Pleno. Sentencia 28/2018, de 8 de marzo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 584-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2006, de 19

de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.

Competencias sobre telecomunicaciones y medios de comunicación visual: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a las funciones de los gestores de canales múltiples digitales y canales de televisión digital terrestre; interpretación conforme de los preceptos relativos a la titularidad de canales múltiples digitales de cobertura autonómica y al estudio del espectro radioeléctrico en el territorio autonómico; pérdida parcial de objeto del recurso (STC 78/2017).

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 29/2018, de 8 de marzo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 231-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y drogode-pendencias.

Competencias sobre sanidad, legislación penal y seguridad pública: interpretación conforme del precepto legal autonómico que establece las funciones de colaboración con la administración sanitaria que cumplen las entidades de personas consumidoras de cannabis (STC 144/2017).

Pleno. Sentencia 30/2018, de 22 de marzo de 2018

Conflicto positivo de competencia 6305-2014. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 591/2014, de 11

de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de la norma reglamentaria estatal que regula el procedimiento de reconocimiento de compensación de los costes de escolarización en lengua castellana (STC 14/2018).

Pleno. Sentencia 31/2018, de 10 de abril de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Derechos a la igualdad y a la educación, formación en valores morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales referidos a la educación diferenciada por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación de padres y alumnos en decisiones relativas a los itinerarios educativos. Votos particulares.

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 32/2018, de 12 de abril de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 7357-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 1 y la disposición adicional primera de la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Competencias sobre ordenación general de la economía, condiciones bá-

sicas de igualdad, derecho civil y vivienda: nulidad de la disposición legal autonómica relativa a la expropiación del uso de la vivienda; interpretación conforme del precepto que establece el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a habitación (SSTC 93/2015 y 16/2018).

Pleno. Sentencia 33/2018, de 12 de abril de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3447-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Competencias sobre deporte, fomento y procedimiento administrativo: nulidad de diversas disposiciones sobre la base de datos nacional de subvenciones; interpretación conforme de los preceptos relativos a la licencia deportiva única y a la regulación de las multas coercitivas como medio de ejecución forzosa del deber de suministrar información a la base de datos nacional de subvenciones.

Pleno. Sentencia 34/2018, de 12 de abril de 2018

Conflicto entre órganos constitucionales 355-2017. Promovido por el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados relativos a la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Veto presupuestario: rechazo por la mesa de la cámara del veto opuesto por el Gobierno a una iniciativa legislativa por su insuficiente conexión con los ingresos y gastos públicos.

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MEMORIA 2018

Sala Segunda. Sentencia 35/2018, de 23 de abril de 2018

Recurso de amparo 1246-2016. Promovido por doña María Isabel Acuña López respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de modificación de medidas establecidas en divorcio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resoluciones judiciales que desconocen un pronunciamiento anterior relativo a la extinción de la obligación de alimentos.

Sala Segunda. Sentencia 36/2018, de 23 de abril de 2018

Recurso de amparo 1846-2016. Promovido por don Lorenzo Colombo y otras dos personas más respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenaron por un delito contra la salud pública.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en casación impuesta a partir de una nueva valoración de pruebas personales practicadas sin garantía de inmediación, en relación con el conocimiento que los acusados tenían o debían tener sobre el carácter prohibido de su conducta (STC 146/2017).

Sala Segunda. Sentencia 37/2018, de 23 de abril de 2018

Recurso de amparo 1889-2016. Promovido por don Martín Francisco Ba-rriuso Alonso y tres personas más respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenaron por un delito contra la salud pública.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en casación impuesta a partir de una nueva valoración de pruebas personales practicadas sin garantía de inmediación, en relación con el conocimiento que los acusados tenían o debían tener sobre el carácter prohibido de su conducta (STC 146/2017).

Sala Primera. Sentencia 38/2018, de 23 de abril de 2018

Recurso de amparo 2387-2016. Promovido por Atese, Atención y Servicios, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Social 158

MEMORIA 2018

del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en proceso de conflicto colectivo instado por la Unión Sindical Obrera.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en derecho): inadmisión de la demanda de amparo.

Sala Primera. Sentencia 39/2018, de 23 de abril de 2018

Recurso de amparo 4013-2017. Promovido por doña Gracia Patricia Ruíz de Garibay Zarzoso respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Santander en procedimiento de desahucio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos a un demandado cuyo domicilio constaba en el escrito de demanda (STC 122/2013).

Pleno. Sentencia 40/2018, de 26 de abril de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 572-2008. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de los artículos 15 y 16 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del patrimonio de Navarra.

Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de los preceptos legales forales que regulan el destino de bienes mostrencos (inmuebles va-cantes y saldos y depósitos abandonados). Voto particular.

Pleno. Sentencia 41/2018, de 26 de abril de 2018

Recursos de inconstitucionalidad acumulados 6868-2011 y 2037-2014.

Interpuestos por el Presidente del Gobierno en relación con la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del patrimonio de Aragón, y la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.

Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de las disposiciones legales autonómicas que regulan el destino de fincas procedentes de procesos de concentración parcelaria que carezcan de dueño conocido. Voto particular.

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 42/2018, de 26 de abril de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 6711-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Competencias sobre protección ambiental y principios de jerarquía normativa y autonomía local: nulidad de la disposición legal autonómi-ca que declara determinadas actuaciones de interés insular a efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística (STC 129/2013).

Pleno. Sentencia 43/2018, de 26 de abril de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1824-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

Principios de igualdad y de culpabilidad en el ejercicio de la potestad sancionadora; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, derecho civil, crédito y ordenación económica general: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a las funciones del Instituto Canario de la Vivienda en los expedientes de expropiación del uso de las viviendas, medios patrimoniales con que sufragar las expropiacio-nes y a la declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social; interpretación conforme del precepto que establece el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a habitación (SSTC 16/2018

y 32/2018).

Pleno. Sentencia 44/2018, de 26 de abril de 2018

Conflicto entre órganos constitucionales 356-2017. Promovido por el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de 160

MEMORIA 2018

los Diputados respecto de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación del artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

Veto presupuestario: rechazo por la mesa de la cámara del veto opuesto por el Gobierno a una iniciativa legislativa por su insuficiente conexión con los ingresos y gastos públicos (STC 34/2018).

Pleno. Sentencia 45/2018, de 26 de abril de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 818-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2011.

Principio de seguridad jurídica y garantías de la propiedad y expropiato-rias: expropiación por ley singular y sin identificación de causa de utilidad pública o interés social del derecho a pensión excepcional previamente reconocido por norma con rango de ley.

Pleno. Sentencia 46/2018, de 26 de abril de 2018

Recurso de amparo 4856-2017. Promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros quince diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la cámara admitiendo a trámite la solicitud de comparecencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña «para valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de referéndum de autodeterminación».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de una iniciativa parlamentaria que supone la aplicación de una norma legal suspendida en su vigencia por el Tribunal Constitucional y que conlleva la pretensión de alterar la condición y posición institucional de la asamblea legislativa autonómica.

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 47/2018, de 26 de abril de 2018

Recurso de amparo 5239-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de la admisión a trámite de las propuestas de resolución denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso consti tuyente».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que suponen la aplicación de normas legales anuladas o suspendidas en su vigencia por el Tribunal Constitucional.

Pleno. Sentencia 48/2018, de 10 de mayo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 6687-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan potestades de ordenación del dominio público radioeléctrico (SSTC 20/2016 y 78/2017). Voto particular.

Pleno. Sentencia 49/2018, de 10 de mayo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1385-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley Orgá-

nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Competencias en educación, autonomía financiera, principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, reserva de ley orgánica y normas reglamentarias básicas: pérdida sobrevenida de objeto del recurso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales que mantienen su vigencia (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares.

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 50/2018, de 10 de mayo de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 1815-2017. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con los artículos 38.3 y 38.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.

Competencias sobre legislación penal y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los interventores ferroviarios y anuda la exigencia de responsabilidad penal a quienes ofrezcan resistencia o cometan delito de atentado o desacato.

Pleno. Sentencia 51/2018, de 10 de mayo de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 4952-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, de confianza legítima y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal que establece los requisitos necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal otorgada al amparo de un plan de vivienda ya finalizado.

Pleno. Sentencia 52/2018, de 10 de mayo de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5448-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 9 a) de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos.

Principio de igualdad tributaria: nulidad del precepto legal autonómico que supedita el disfrute de una bonificación en el impuesto sobre donaciones al requisito de que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en Castilla-La Mancha (STC 60/2015).

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 53/2018, de 24 de mayo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1433-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Competencias en educación, formación en valores morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen al Estado la competencia para determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas y regulan las evaluaciones en las distintas etapas del sistema educativo, así como las asignaturas de religión y de valores sociales y cívicos y valores éticos (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 54/2018, de 24 de mayo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5459-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo.

Competencias sobre crédito, ordenación de la economía y energía, derecho civil y legislación procesal: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen mecanismos de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas que contraviene la regulación básica estatal; introducen la mediación como presupuesto procesal necesario para el ejercicio de la jurisdicción; definen el concepto de cláusulas abusivas en un determinado tipo de contrato; establecen el plazo de oferta vinculante e introducen prohibiciones de perfeccionar contratos de crédito o préstamos hipotecarios para vivienda (STC 62/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 164

MEMORIA 2018

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad de diversos extremos de los preceptos relativos a los registros electrónicos de apoderamientos, los principios de buena regulación y que identifican los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de la ley; inconstitucionalidad de distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 56/2018, de 24 de mayo de 2018

Cuestión de constitucionalidad 5051-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, de confianza legítima y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: STC 51/2018 (constitucionalidad del precepto legal que establece los requisitos necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal otorgada al amparo de un plan de vivienda ya finalizado).

Pleno. Sentencia 57/2018, de 24 de mayo de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5534-2017. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Ponferrada, en relación con el apartado trigésimo, del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e igualdad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en cuyo auto de planteamiento no se identifican las dudas de constitucionalidad del precepto legal que alberga el órgano judicial promotor.

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MEMORIA 2018

Sala Primera. Sentencia 58/2018, de 4 de junio de 2018

Recurso de amparo 2096-2016. Promovido por D.F.C. y M.F.C., respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en proceso por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen entablado frente a Ediciones El País, S.L.

Vulneración de los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos: ejercicio del denominado derecho al olvido respecto de datos veraces que figuran en una hemeroteca digital; prohibición de indexación de nombres y apellidos como medida limitativa de la libertad de información idónea.

Sala Segunda. Sentencia 59/2018, de 4 de junio de 2018

Recurso de amparo 4731-2017. Promovido por don Antonio Peñuela González y don Enrique Montalvo García en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que los condenó por un delito de prevaricación administrativa.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada sin brindar a los acusados la posibilidad de dirigirse al órgano judicial de apelación (STC 167/2002).

Sala Primera. Sentencia 60/2018, de 4 de junio de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5907-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 9 a) de la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos.

Principio de igualdad tributaria: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión al versar sobre un precepto legal anulado por la sentencia 52/2018.

Pleno. Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3688-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real 166

MEMORIA 2018

Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversas disposiciones para cuya aprobación no se ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular.

Pleno. Sentencia 62/2018, de 7 de junio de 2018

Conflicto positivo de competencia 7237-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del «Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol» para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el fondo de carbono para una economía sostenible.

Competencias sobre ordenación general de la economía, energía y medio ambiente: nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 15/2018).

Pleno. Sentencia 63/2018, de 7 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1644-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.

Competencias sobre industria y energía: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan los organismos de control de seguridad industrial y la planificación indicativa de infraestructuras de transporte de electricidad. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 64/2018, de 7 de junio de 2018

Conflicto positivo de competencia 1451-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición por el 167

MEMORIA 2018

fondo de carbono para una economía sostenible, de créditos de carbono del plan de impulso al medio ambiente en el sector de la empresa «PIMA Empresa» para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

Competencias sobre ordenación general de la economía y medio ambiente: nulidad de varias disposiciones reglamentarias que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 15/2018).

Pleno. Sentencia 65/2018, de 7 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 6240-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

Competencia sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y minas: interpretación conforme del precepto legal autonómico relativo al régimen exploración, investigación y explotación minera en el suelo rústico de reserva (STC 106/2014).

Pleno. Sentencia 66/2018, de 21 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1435-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Competencias sobre educación, reserva de ley de orgánica y derecho a la educación en relación con las funciones de los consejos escolares, la asignatura de religión y la evaluación del rendimiento académico: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018

y 31/2018). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 67/2018, de 21 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1455-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos 168

MEMORIA 2018

de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Competencias sobre educación y derecho a la educación en relación con la asignatura de religión y la educación diferenciada por sexos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018

y 31/2018). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 68/2018, de 21 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5376-2014. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Competencias sobre educación, reserva de ley orgánica y derecho a la educación en relación con la ordenación de las enseñanzas: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018

y 31/2018).

Pleno. Sentencia 69/2018, de 21 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 283-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo: nulidad parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la administración del Estado en materia de energía y empleo y regulan la autorización administrativa previa a la constitución de empresas de trabajo temporal.

Pleno. Sentencia 70/2018, de 21 de junio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de 169

MEMORIA 2018

la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas.

Principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio positivo de la licencia de actividad; interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad.

Pleno. Sentencia 71/2018, de 21 de junio de 2018

Conflicto positivo de competencia 5240-2017. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Competencias sobre trabajo y relaciones laborales: nulidad de la atribución a la administración del Estado del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la financiación de programas formativos que incluyan compromisos de contratación y para nuevas funciones encomendadas a los agentes sociales.

Pleno. Sentencia 72/2018, de 21 de junio de 2018

Cuestión interna de inconstitucionalidad 1393-2018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artícu-lo 188 apartado primero, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto legal en cuanto que no contempla la intervención judicial en la revisión de resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia (STC 58/2016).

Pleno. Sentencia 73/2018, de 5 de julio de 2018

Recurso de amparo 9138-2008. Promovido por Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S.A., respecto del Decreto de la Comunidad de Cas-170

MEMORIA 2018

tilla-La Mancha 22/2004, de 2 de marzo, sobre admisión de alumnos en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.

Alegada vulneración del derecho a la educación: extinción del recurso de amparo por pérdida sobrevenida de su objeto. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 74/2018, de 5 de julio de 2018

Recurso de amparo 210-2013. Promovido por la Asociación de Padres de Alumnos Torrevelo del colegio homónimo, en relación con las resoluciones de la administración autonómica de Cantabria que denegaron el acceso y renovación del régimen de concierto, así como con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el auto del Tribunal Supremo que desestimaron su recurso contencioso-administrativo.

Vulneración del derecho a la libertad educativa en conexión con la garantía de la libertad ideológica: resoluciones administrativas que denegaron el acceso y renovación del régimen de concierto basándose exclusivamente en la opción ideológica del centro docente y negando así la libertad educativa de los padres de los alumnos. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 75/2018, de 5 de julio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1976-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Competencias sobre urbanismo: extinción parcial de la impugnación (STC 143/2017), interpretación conforme de los preceptos legales que establecen el régimen de silencio negativo para determinados actos de uso del suelo.

Pleno. Sentencia 76/2018, de 5 de julio de 2018

Conflicto positivo de competencia 1866-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indi-171

MEMORIA 2018

cación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: nulidad parcial de un precepto del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios; nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades ejecutivas.

Pleno. Sentencia 77/2018, de 5 de julio de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 2764-2017. Planteada por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Eibar en relación con diversos apartados del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores.

Competencias sobre legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

Pleno. Sentencia 78/2018, de 5 de julio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3720-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 13 y 36 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda general y función pública: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la oferta de empleo público de 2017 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal (STC 142/2017). Voto particular.

Pleno. Sentencia 79/2018, de 5 de julio de 2018

Conflicto positivo de competencia 4225-2017. Planteado por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 172

MEMORIA 2018

abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local.

Competencias sobre régimen local: constitucionalidad del precepto reglamentario que identifica las normas a las que deben ajustarse las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las entidades que confor-man el sector público local.

Pleno. Sentencia 80/2018, de 5 de julio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5425-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal, crédito, ordenación general de la economía y energía: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen la acción pública frente a los órganos judiciales, regulan situaciones sobrevenidas consecuencia de desahucios e introducen medidas para prevenir y paliar la pobreza energética. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 81/2018, de 16 de julio de 2018

Recurso de amparo 2119-2013. Promovido por don Pere Nolla Aguilar en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó, en apelación, su demanda de protección de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Canet de Mar.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a la integridad física y moral y al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas: sentencia que da respuesta razonada y fundada en Derecho a una denuncia de acoso laboral.

Sala Segunda. Sentencia 82/2018, de 16 de julio de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 3649-2017. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander respecto a los pá-

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MEMORIA 2018

rrafos segundo y tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre.

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos (STC 3/2013).

Sala Primera. Sentencia 83/2018, de 16 de julio de 2018

Recurso de amparo 3849-2017. Promovido por doña María del Valle Ga-llardo Merinas y don José María Montaño Hidalgo en relación con las actuaciones de un juzgado de primera instancia de Fuengirola en procedimiento de ejecución hipotecaria.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 122/2013). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 84/2018, de 16 de julio de 2018

Recurso de amparo 4677-2017. Promovido por don J.M.C., en relación con la resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba que decreta su ingreso no voluntario para tratamiento psiquiátrico.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resolución judicial que acuerda una medida de internamiento no voluntario subsiguiente al levantamiento de la prisión provisional, en ausencia de norma legal al respecto.

Pleno. Sentencia 85/2018, de 19 de julio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 37-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios pú-

blicos.

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MEMORIA 2018

Competencias sobre administración de justicia, legislación procesal y procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales forales atinentes a los medios de declaración y reparación de quienes puedan ser consideradas víctimas de determinados actos de violencia de motivación política. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 86/2018, de 19 de julio de 2018

Conflicto positivo de competencia 2057-2016. Planteado por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: pérdida sobrevenida de objeto respecto de los preceptos reglamentarios anulados por la STC 76/2018.

Pleno. Sentencia 87/2018, de 19 de julio de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 2311-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.

Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y tutela judicial efectiva de las disposiciones normativas administrativas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que lle-van a cabo una reordenación de los letrados del Consejo Consultivo de Galicia.

Pleno. Sentencia 88/2018, de 19 de julio de 2018

Conflicto positivo de competencia 3977-2017. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de 175

MEMORIA 2018

alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Competencias sobre medio ambiente y poder de gasto: nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 13/1992).

Pleno. Sentencia 89/2018, de 6 de septiembre de 2018

Recurso de amparo 4422-2017. Promovido por don Miguel Ángel Ramos Tejera en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga.

Pleno. Sentencia 90/2018, de 6 de septiembre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5771-2017. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, añadida por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica.

Principio de proporcionalidad de las penas, competencias sobre legislación penal y seguridad pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los empleados de las empresas operadoras de servicios de transporte público regular (STC 50/2018).

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MEMORIA 2018

Sala Primera. Sentencia 91/2018, de 17 de septiembre de 2018

Recursos de amparo 4432-2015, 4433-2015, 4434-2015 y 4435-2015

(acumulados). Promovidos por doña Marina Sagastizabal Emilio-Yus, don Xabat Morán Ruiz, don Bergoi Madernaz del Pozo y doña Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa en relación con los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su ingreso en prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que, tras el pronunciamiento de una sentencia condenatoria no definitiva y sin celebración de audiencia, adoptan la medida de prisión provisional (STC 50/2009).

Sala Primera. Sentencia 92/2018, de 17 de septiembre de 2018

Recursos de amparo 4626-2015, 4627-2015, y 4888-2015 (acumulados). Promovidos por don Igarki Robles Martínez del Campo, doña Aiala Zaldibar Alvarado y don Ibon Esteban Escaloni en relación con los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su ingreso en prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que, tras el pronunciamiento de una sentencia condenatoria no definitiva y sin celebración de audiencia, adoptan la medida de prisión provisional (STC 50/2009).

Sala Segunda. Sentencia 93/2018, de 17 de septiembre de 2018

Recurso de amparo 2137-2017. Promovido por doña Soledad Granero Toledano respecto de la sanción que, como organizadora de una manifestación no comunicada, le fuera impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo que desestimó su impugnación.

Vulneración de los derechos a ser informada de la acusación y a la defensa: notificación edictal del acuerdo de incoación del expediente sancionador y de la resolución final recaída sin agotar las posibilidades de conocimiento del domicilio efectivo de la interesada, que figuraba en diversos registros administrativos.

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MEMORIA 2018

Sala Segunda. Sentencia 94/2018, de 17 de septiembre de 2018

Recurso de amparo 4292-2017. Promovido por don Josep Vendell Garde-

ñes, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que inadmitieron una iniciativa parlamentaria.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos pú-

blicos a través de sus representantes: acuerdos de la mesa de la cámara que, aceptando el criterio del Gobierno de la Nación, rechazaron la toma en consideración de una proposición de ley para el cierre de las centrales nucleares instaladas en España (SSTC 34/2018 y 44/2018).

Sala Primera. Sentencia 95/2018, de 17 de septiembre de 2018

Recurso de amparo 4618-2017. Promovido por don Jesús María Escudero Vilariño frente a las resoluciones de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la sentencia de un juzgado de este mismo orden jurisdiccional y capital, que declararon improcedente su despido por Radio Televisión Madrid, S.A.U.

Alegadas vulneraciones de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y acceso al recurso) y a la libertad sindical: inadmisión del recurso de amparo por inadecuado agotamiento de la vía judicial previa.

Pleno. Sentencia 96/2018, de 19 de septiembre de 2018

Conflicto positivo de competencias 4284-2014. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria.

Competencias sobre educación: adecuado ejercicio de las competencias estatales en la regulación de las asignaturas troncales y específicas, así como en la determinación de las características generales de las pruebas de la evaluación de final de etapa.

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 97/2018, de 19 de septiembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1643-2016. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto de diversos preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil y procesal, ordenación general de la economía, expropiación forzosa y vivienda; principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad, derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad sancionadora y a la propiedad: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda y la expropiación temporal del uso de vivienda incursa en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; interpretación conforme de la disposición relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes inmobiliarios.

Pleno. Sentencia 98/2018, de 19 de septiembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 2374-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.

Principios de autonomía local, interdicción de la arbitrariedad, en relación con la potestad tributaria de las comunidades autónomas y los entes locales y con la protección del medio ambiente e integración de los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre contaminación de las aguas de Aragón.

Pleno. Sentencia 99/2018, de 19 de septiembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1572-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2017.

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MEMORIA 2018

Límites materiales de las leyes de presupuestos autonómicas: nulidad del precepto que introduce en la ley de presupuestos el régimen de exención de guardias de personal estatutario sanitario de atención especializada.

Voto particular.

Pleno. Sentencia 100/2018, de 19 de septiembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5003-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6

de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Competencias sobre asociaciones, sanidad, legislación penal, productos farmacéuticos y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas contenida en la legislación estatal (STC 144/2017).

Sala Segunda. Sentencia 101/2018, de 1 de octubre de 2018

Recurso de amparo 396-2017. Promovido por doña Mercedes Navas Sánchez y otras seis personas más en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Instrucción de Cádiz que acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas en un posible delito de prevaricación.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la prueba: inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa e insuficiente justificación de su especial trascendencia constitucional.

Pleno. Sentencia 102/2018, de 4 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 1302-2017. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia.

Competencias sobre legislación procesal y civil, crédito, banca y seguros, y ordenación de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales 180

MEMORIA 2018

autonómicos en los que se introducen medidas para el sobreendeuda-miento relacionado con la vivienda habitual y un procedimiento de mediación extrajudicial para la resolución de estas situaciones.

Pleno. Sentencia 103/2018, de 4 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 4578-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Principio de igualdad, dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad; derechos a la tutela judicial efectiva, al trabajo, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales que imponen a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita.

Pleno. Sentencia 104/2018, de 4 de octubre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5228-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto al artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón.

Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad del precepto legal autonómico que establece el silencio positivo para las peticiones de acceso a la documentación administrativa. Voto particular.

Pleno. Sentencia 105/2018, de 4 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5333-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

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MEMORIA 2018

Competencias sobre transportes: nulidad del precepto legal autonómico que regula la transmisión de autorizaciones de alquiler de vehículos de turismo con conductor.

Pleno. Sentencia 106/2018, de 4 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5659-2017. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura.

Competencias en materia de vivienda, condiciones básicas de igualdad respecto del derecho de propiedad, legislación procesal y civil, ordenación del crédito y general de la economía, expropiación forzosa: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la expropiación forzosa del usufructo temporal de viviendas para personas en especiales circunstancias de emergencia social; interpretación conforme del precepto relativo al destino habitacional de la vivienda (SSTC 16/2018 y 32/2018).

Pleno. Sentencia 107/2018, de 4 de octubre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 532-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, respecto del artículo 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía.

Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento de deslinde: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada realización del trámite de audiencia a las partes personadas en el proceso judicial.

Sala Primera. Sentencia 108/2018, de 15 de octubre de 2018

Recurso de amparo 225-2018. Promovido por don Carmelo Báez Guillén en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de 182

MEMORIA 2018

empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Sala Primera. Sentencia 109/2018, de 15 de octubre de 2018

Recurso de amparo 636-2018. Promovido por don Blas Manuel Artiles González en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Pleno. Sentencia 110/2018, de 17 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3865-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1, en conexión con el título VI, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Competencias sobre procedimiento administrativo: constitucionalidad de la exigencia de ley para el establecimiento de trámite procedimentales adicionales o distintos de los previstos en la norma básica estatal (STC 55/2018). Voto particular.

Pleno. Sentencia 111/2018, de 17 de octubre de 2018

Recurso de amparo 4344-2017. Promovido por don Ignacio Álvarez Pe-ralta y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, en relación con las sentencias del Tribunal Supe-183

MEMORIA 2018

rior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo: resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad. Voto particular.

Pleno. Sentencia 112/2018, de 17 de octubre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 95-2018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Logroño en relación con el apartado trigésimo del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que regula el régimen de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 113/2018, de 29 de octubre de 2018

Recurso de amparo 3648-2017. Promovido por don Hamadi Sedibeh en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que acuerdan, sin dar audiencia a las partes, el cumplimiento parcial de la pena de prisión y posterior expulsión del territorio nacional.

Sala Primera. Sentencia 114/2018, de 29 de octubre de 2018

Recurso de amparo 4487-2017. Promovido por don José Francisco Cabrera Vargas en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribu-184

MEMORIA 2018

nal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Sala Primera. Sentencia 115/2018, de 29 de octubre de 2018

Recurso de amparo 4853-2017. Promovido por don César Cabrera Alejo en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Sala Primera. Sentencia 116/2018, de 29 de octubre de 2018

Recurso de amparo 6017-2017. Promovido por don Cristo Manuel Navarro Casañas en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un 185

MEMORIA 2018

lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Sala Primera. Sentencia 117/2018, de 29 de octubre de 2018

Recurso de amparo 6299-2017. Promovido por don Javier Jambrina Ló-

pez y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 118/2018, de 29 de octubre de 2018

Recurso de amparo 224-2018. Promovido por don Juan Francisco Díaz Gil en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Pleno. Sentencia 119/2018, de 31 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 27-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2012, de 26

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MEMORIA 2018

de marzo, para la protección de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre protección al consumidor y ordenación del crédito: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la información previa a la oferta vinculante.

Pleno. Sentencia 120/2018, de 31 de octubre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 6412-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en relación con diversos preceptos del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre.

Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de Extremadura. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 121/2018, de 31 de octubre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 6031-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto del último inciso del artículo 18.2 a).1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado.

Competencias sobre ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal que califica como actuaciones limitativas de las libertades de establecimiento y circulación las resoluciones administrativas que impongan requisitos discriminatorios basados directa o indirectamen-te en el lugar de residencia o establecimiento del operador (STC 79/2017).

Pleno. Sentencia 122/2018, de 31 de octubre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 187

MEMORIA 2018

Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017.

Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley de presupuestos de los preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público y a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entidades dependientes por la utilización de la contratación laboral.

Sala Primera. Sentencia 123/2018, de 12 de noviembre de 2018

Recurso de amparo 6331-2016. Promovido por don Francisco José Sánchez López en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró la improcedencia de su despido de Radio Televisión Madrid.

Vulneración del derecho a la libertad sindical: sentencia que, en suplicación, desconoce la garantía de prioridad de permanencia en la empresa otorgada por convenio colectivo a los representantes de los trabajadores.

Pleno. Sentencia 124/2018, de 14 de noviembre de 2018

Conflicto entre órganos constitucionales 3102-2016. Promovido por el Congreso de los Diputados en relación con el rechazo de comparecencia urgente del Ministro de Defensa en funciones para informar sobre los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en la reunión de ministros de defensa de la OTAN.

Funciones parlamentarias: sometimiento del Gobierno en funciones al control del Congreso de los Diputados constituido tras la celebración de elecciones legislativas.

Sala Segunda. Sentencia 125/2018, de 26 de noviembre de 2018

Recurso de amparo 5988-2017. Promovido por doña Marta Menéndez Luque en relación con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de 188

MEMORIA 2018

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y un Juzgado de lo Social de Cádiz en proceso por despido.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: despido de una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía por absentismo en el que se computan como no trabajadas las horas de asistencia a los plenos del ayuntamiento de Cádiz, a cuya corporación pertenece la trabajadora en calidad de concejala.

Sala Primera. Sentencia 126/2018, de 26 de noviembre de 2018

Recurso de amparo 223-2018. Promovido por don Armide Ortega Afonso en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Sala Segunda. Sentencia 127/2018, de 26 de noviembre de 2018

Recurso de amparo 226-2018. Promovido por don Gustavo Santos Valencia en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A.

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que pos-189

MEMORIA 2018

teriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).

Pleno. Sentencia 128/2018, de 29 de noviembre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 2860-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho a la tutela judicial efectiva y alcance de la reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales: constitucionalidad del modo de integración del órgano que, en los tribunales superiores de justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 129/2018, de 12 de diciembre de 2018

Recurso de amparo 637-2018. Promovido por doña Carme Forcadell Lluís y doña Anna Simó Castelló en relación con los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que declararon la competencia de este órgano jurisdiccional para la instrucción y en su caso el enjuiciamiento de las recurrentes, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Alegada vulneración de los derechos al recurso (doble instancia penal), al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado.

Pleno. Sentencia 130/2018, de 12 de diciembre de 2018

Recurso de amparo 1440-2018. Promovido por doña Anna Gabriel Sabaté y doña Mireia Boya Busquet en relación con la providencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que declaró la competencia de este órgano jurisdiccional para la instrucción y en su caso el enjuiciamiento de las re-190

MEMORIA 2018

currentes, por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado.

Pleno. Sentencia 131/2018, de 12 de diciembre de 2018

Recurso de amparo 3328-2018. Promovido por doña Mireia Boya Busquet y doña Anna Gabriel Sabaté en relación con el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ratificó la competencia de este órgano jurisdiccional para la instrucción y en su caso el enjuiciamiento de las recurrentes, por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Alegada vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado.

Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función pública y administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción de los efectos de la resolución de convenios. Voto particular.

Pleno. Sentencia 133/2018, de 13 de diciembre de 2018

Recurso de amparo 4877-2017. Promovido por don Dionisio García Gó-

mez frente a las conclusiones del dictamen de la comisión especial creada en las Cortes Valencianas para la investigación del accidente de la línea 1

de Metrovalencia, ocurrido el 3 de julio de 2006.

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MEMORIA 2018

Vulneración del derecho al honor: actuación de la comisión parlamentaria de investigación que no preserva el derecho del investigado a ser considerado y tratado como no autor o no partícipe en conductas ilícitas.

Votos particulares.

Pleno. Sentencia 134/2018, de 13 de diciembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5462-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears.

Competencias sobre patrimonio histórico y cultura: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la lidia del toro en términos no conformes con la normativa estatal (STC 177/2016). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 135/2018, de 13 de diciembre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 3377-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artícu-lo 367.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Principio de seguridad jurídica y reserva de ley orgánica en relación con la garantía de inamovilidad judicial: nulidad del precepto legal que no precisa las consecuencias derivadas de la carencia de aptitud en los jueces y magistrados suspensos que pretendan reingresar al servicio activo; extensión por conexión de la declaración de nulidad.

Pleno. Sentencia 136/2018, de 13 de diciembre de 2018

Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con los apartados 1 a 5 de la mo-ción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.

Soberanía y unidad de la nación, principio democrático y primacía incondicional de la Constitución, lealtad constitucional y fidelidad a la Constitu-192

MEMORIA 2018

ción; procedimiento de reforma constitucional: nulidad de los apartados de la moción parlamentaria que contravienen la STC 259/2015.

Pleno. Sentencia 137/2018, de 13 de diciembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 4449-2018. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 14.1 u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

Competencias en materia de régimen local: nulidad del precepto legal autonómico que contraviene la normativa básica estatal y priva al pleno de la corporación de su potestad para expresar la voluntad del ayuntamiento en relación con el gobierno de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza.

Sala Primera. Sentencia 138/2018, de 17 de diciembre de 2018

Recurso de amparo 275-2018. Promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad.

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 139/2018, de 17 de diciembre de 2018

Recurso de amparo 729-2018. Promovido por ochenta y un diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto de los acuerdos de la mesa de la cámara que impidiendo la toma en consideración de una proposición de ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento 193

MEMORIA 2018

en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes: incorrecta realización de la función de calificación de la iniciativa parlamentaria que se sustenta sobre apreciaciones hipotéticas, sin contrastar su impacto real y efectivo sobre los presupuestos generales del Estado vigentes (SSTC 34/2018

y 44/2018).

Pleno. Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3754-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso frente a la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal.

Principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados y acuerdos internacionales, derechos de igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): constitucionalidad de la ley orgánica que da nueva regulación a la competencia de la jurisdicción española para la represión penal extraterritorial de ciertos delitos. Voto particular.

Pleno. Sentencia 141/2018, de 20 de diciembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 3410-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de la disposición adicional vigésima primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2017.

Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de la disposición legal autonómica que atribuye al Plan Serra Húnter la condición de instrumento prioritario de reposición de efectivos en las universidades públicas catalanas y establece la no afectación de sus convocatorias al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

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MEMORIA 2018

Pleno. Sentencia 142/2018, de 20 de diciembre de 2018

Recurso de inconstitucionalidad 5284-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.

Competencias en materia de telecomunicaciones, defensa y seguridad pú-

blica: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos a las funciones de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña; interpretación conforme del precepto legal que define como objetivo de la Agencia la ejecución de las políticas públicas en materia de ciberseguridad.

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MEMORIA 2018

AUTOS

Pleno. Auto 3/2018, de 23 de enero de 2018

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4074-2017, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orihuela en relación con la condición tercera del apartado segundo del artículo 80 del Código penal.

Pleno. Auto 4/2018, de 23 de enero de 2018

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4120-2017, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid en relación con el párrafo segundo del artículo 220.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Pleno. Auto 5/2018, de 27 de enero de 2018

Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Tiene por promovida la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por el Gobierno de la Nación respecto de las resoluciones del Presidente del Parlamento de Cataluña en las que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat de Cataluña, y adopta medidas cautelares.

Pleno. Auto 13/2018, de 7 de febrero de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 4476-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4476-2017, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid en relación con el artícu-lo 30 de la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Pleno. Auto 27/2018, de 20 de marzo de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017, planteada por el Juzgado de 196

MEMORIA 2018

lo Mercantil núm. 1 de Granada en relación con el artículo 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes.

Sección Primera. Auto 40/2018, de 13 de abril de 2018

Recurso de amparo 5151-2017. Inadmite a trámite el recurso de amparo 5151-2017, promovido por doña Antonia Navarro Rodríguez en causa penal.

Sección Primera. Auto 41/2018, de 16 de abril de 2018

Recurso de amparo 4644-2017. Inadmite a trámite el recurso de amparo 4644-2017, promovido por la Junta de Extremadura en proceso contencioso-administrativo.

Pleno. Auto 45/2018, de 24 de abril de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 4700-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4700-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con dos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Voto particular.

Sección Primera. Auto 47/2018, de 25 de abril de 2018

Recurso de amparo 2098-2017. Desestima el recurso de súplica del Ministerio Fiscal sobre inadmisión del recurso de amparo 2098-2017, promovido por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid y don Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino en proceso parlamentario.

Pleno. Auto 49/2018, de 26 de abril de 2018

Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Admite a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por 197

MEMORIA 2018

el Gobierno de la Nación en relación con la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña por la que se propone a don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Pleno. Auto 60/2018, de 5 de junio de 2018

Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Desestima el recurso de súplica interpuesto por don Carles Puigdemont i Casamajó y otras personas frente al auto 49/2018, de 26 de abril, por el que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Pleno. Auto 67/2018, de 20 de junio de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 6104-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6104-2017, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal.

Pleno. Auto 69/2018, de 20 de junio de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 503-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 503-2018, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Pleno. Auto 71/2018, de 20 de junio de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 2039-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2039-2018, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona en relación con el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.

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Pleno. Auto 114/2018, de 16 de octubre de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 3307-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3307-2018, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona en relación con el artículo 60, apartados primero y cuarto, del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Votos particulares.

Pleno. Auto 119/2018, de 13 de noviembre de 2018

Recurso de amparo 3883-2017. Inadmite a trámite el recurso de amparo 3883-2017, promovido por doña María del Pilar Alonso Saura en proceso contencioso-administrativo.

199

III. Estadísticas jurisdiccionales I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2014-2018)

Índice

I. Cuadros generales

Cuadro n.º 1

Asuntos ingresados durante el año y su

pág. 206

distribución inicial entre el Pleno y las Salas Cuadro n.º 2

Asuntos ingresados durante el año,

pág. 207

clasificados según el tipo de proceso

Cuadro n.º 3

Resoluciones dictadas durante el año,

pág. 209

según el tipo de resolución

Cuadro n.º 4

Sentencias dictadas en los distintos procesos pág. 211

(y asuntos resueltos)

Cuadro n.º 5

Relación entre asuntos ingresados,

pág. 212

admitidos y resueltos

Cuadro n.º 6

Procesos y asuntos admitidos pendientes de pág. 214

Sentencia y pendientes de admisión, a 31 de diciembre

II. Procedimientos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales, impugnaciones y declaraciones

Cuadro n.º 7

Asuntos ingresados según el promotor

pág. 218

Cuadro n.º 8

Litigiosidad territorial durante el año,

pág. 219

por Comunidades Autónomas

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos, pág. 220

según el tipo de proceso

203

Cuadro n.º 10 Asuntos pendientes de resolución pág. 221

a 31 de diciembre, clasificados

por su tipo y procedencia

III. Recursos de amparo

Cuadro n.º 11 Origen de los recursos de amparo ingresados pág. 224

Cuadro n.º 12 Recurrentes y derecho fundamental pág. 225

invocado

Cuadro n.º 13 Recursos de amparo: frecuencia de la pág. 226

invocación de los derechos fundamentales

del art. 24 CE

Cuadro n.º 14 Recursos de amparo interpuestos, según pág. 227

el órgano que dictó la última resolución.

Resoluciones judiciales anuladas

Cuadro n.º 15 Motivos de admisión e inadmisión pág. 228

de los recursos de amparo

Cuadro n.º 16 Resoluciones dictadas y amparos resueltos pág. 230

IV. Datos comparados (2014-2018)

Cuadro n.º 17 Datos comparados 2014-2018

pág. 232

Asuntos ingresados

pág. 232

Resoluciones dictadas

pág. 233

Asuntos resueltos

pág. 235

Asuntos pendientes

pág. 238

204

I.

Cuadros generales

MEMORIA 2018 / CUADRO 1

Cuadro n.º 11

A S U N TO S I N G R E SA D O S DU R A N T E E L A Ñ O

Y S U D I ST R I B U C I Ó N I N I C I A L E N T R E E L P L E N O

Y L A S SA L A S

Meses

Pleno

Salas

Totales

Enero

5

592

597

Febrero

3

515

518

Marzo

9

599

608

Abril

4

625

629

Mayo

12

731

743

Junio

6

635

641

Julio

9

684

693

Agosto

1

78

79

Septiembre

2

530

532

Octubre

4

624

628

Noviembre

3

712

715

Diciembre

1

593

594

Totales

59

6.918

6.9771

1 El pleno recibió 32 avocaciones de recursos de amparo interpuestos en 2018 y otras 12 de años anteriores, que se anotan en el cuadro 5. En total 103 asuntos, 44 recursos de amparo y 59 asuntos de otro tipo de procesos.

206

MEMORIA 2018 / CUADRO 2

Cuadro n.º 212

A S U N TO S I N G R E SA D O S DU R A N T E E L A Ñ O, C L A S I F I CA D O S S E G Ú N E L T I P O D E P R O C E S O

Recursos de inconstitucionalidad

12

Cuestiones de inconstitucionalidad

421

Recursos de amparo

6.9182

Conflictos positivos de competencia

–

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones 3

de las comunidades autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales 2

Total

6.977

1 De las cuales 3 fueron cuestiones internas de inconstitucionalidad.

2 De los cuales 32 fueron avocados al Pleno, quedando 6.886 distribuidos entre las salas.

207

MEMORIA 2018 / CUADRO 2

A S U N TO S I N G R E SA D O S E N E L T R I B U NA L

59

Recursos de amparo

Suma Pleno

A S U N TO S I N G R E SA D O S E N E L P L E N O

Recursos de inconstitucionalidad

Cuestiones de inconstitucionalidad

Conflictos positivos de compentencia

Conflictos negativos de compentencia

Conflictos entre órganos constitucionales

Conflictos en defensa de la autonomía local Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales 208

MEMORIA 2018 / CUADRO 3

Cuadro n.º 3

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S DU R A N T E E L

A Ñ O 123456

Sala I

Sala II

PLENO

y sus

y sus

TOTAL

Secciones

Secciones

Sentencias

Estimación (total o parcial)

60

17 (+5)

20

97

Desestimación

24 (+1)

4

2

30

Inadmisión

12

2

1

15

Total sentencias (+ asuntos acumulados): 96 (+1)

23 (+5)

23

142 (+6)

Dictadas por la Sala

23

23

Por la Sección 1.ª

–

–

Por la Sección 2.ª

–

–

Por la Sección 3.ª

–

–

Por la Sección 4.ª

–

–

Autos

69

31

32

132

- Inadmisión

31

3

–

34

- Terminación2

3

2

1

8

- Suspensión de leyes

16

–

–

16

- Suspensión de otras disposiciones

8

2

10

20

- Aclaración o rectificación

–

–

1

1

- Acumulación

–

–

1

1

- Recusación y abstención

2

18

1

21

- Ejecución

1

2

1

4

- Súplica

3

4 (-1)

10 (-2)

17 (-3)

- Varios

53

–

5

10

Providencias4

70

3.178 (-1)

3.559 (-2)

6.807 (-3)

Admisión

70

35

46

151

Inadmisión5

–

3.096 (-1)

3.075 (-2)

6.171 (-3)

Terminación

–

46

438

484

Total de resoluciones dictadas

235

3.231

3.614

7.080

Total de resoluciones interlocutorias

105

61

75

241

Total de resoluciones definitivas6

130

3.170

3.539

6.839

Total de asuntos resueltos

131

3.174

3.537

6.842

1 Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

2 Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

3 Uno de los autos admitió a trámite una impugnación de disposiciones autonómicas.

4 Providencias que no son de mero trámite.

5 Fueron revocadas en súplica 3 providencias de inadmisión, 1 de la Sala Primera y 2 de la Sala Segunda. Se indican entre paréntesis.

6 Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

209

MEMORIA 2018 / CUADRO 3

R E S O L U C I O N E S D E F I N I T I VA S

3500

3000

Total Sentencias

2500

Autos inadmisión

2000

Autos terminación

1500

1000

Providencias

inadmisión

500

Providencias

0

terminación

Pleno

Sala

Sala

Primera

Segunda

210

MEMORIA 2018 / CUADRO 4

Cuadro n.º 4

S E N T E N C I A S D I C TA DA S E N L O S D I ST I N TO S

P R O C E S O S ( Y A S U N TO S R E S U E LTO S 1) 2

Sentencias

Sentencias

Tipo de proceso

dictadas (asun-

tos

con votos

acumulados)

particulares

Recurso de inconstitucionalidad

52 (+1)

23

Cuestión de inconstitucionalidad2

19

5

Recurso de amparo

55 (+5)

10

Conflicto positivo de competencias

11

1

Conflicto negativo de competencia

–

–

Conflicto entre órganos constitucionales

3

–

Conflicto en defensa de la autonomía local

–

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza

1

–

de Ley y resoluciones de las Comunidades

Autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad

–

–

de los tratados internacionales

Cuestión prejudicial sobre normas forales

1

–

fiscales

Total de sentencias dictadas (y asuntos 142 (+6)

39

resueltos)

1 Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados. Se expresan entre paréntesis.

Se resolvieron 148 asuntos.

2 De ellas, una fue cuestión interna de inconstitucionalidad.

211

MEMORIA 2018 / CUADRO 5

Cuadro n.º 5

R E L AC I Ó N E N T R E A S U N TO S I N G R E SA D O S , A D M I T I D O S Y R E S U E LTO S 1

FASE DE ADMISIÓN

PLENO SALA I

SALA II SALAS TOTAL

Asuntos recibidos

91

3.444

3.442 6.886

6.977

De nuevo ingreso

59

3.459

3.459 6.918

6.977

Avocados (no admitidos)

+32

-19

-13

- 32

Traslados entre Salas

+4

-4

(+60/-56)

(-60+56)

Asuntos admitidos

711

35

46

81

152

Asuntos inadmitidos

32

3.098

3.073 6.171

6.203

Por providencia

–

3.096

3.075 6.171

6.171

Por Auto

31

3

–

3

34

Revocaciones en súplica

–

1

2

3

3

Asuntos terminados

1

48

441

489

490

(antes de decidir sobre su admisión)

Por providencia

–

46

438

484

484

Por Auto

1

2

3

5

6

Diferencia entre los asuntos

recibidos y los resueltos en

-13

+263

-118

+145

+132

trámite de admisión

1 El Pleno admitió a trámite un asunto por auto y 70 por providencia.

212

MEMORIA 2018 / CUADRO 5

FASE DE SENTENCIA PLENO SALA I

SALA II SECCIONES SALAS Y

SECCIONES TOTAL

Asuntos a sentenciar

79

29

44

–

73

152

Asuntos admitidos

71

35

46

–

81

152

Traslados entre Salas

–

–

–

–

–

–

Avocados (admitidos)

12

-8

-4

–

-12

–

Deferidos a las Salas

-4

2

2

–

4

–

Deferidos a las

–

–

–

–

–

–

Secciones

Acumulaciones

–

–

1 (5)

–

1 (5)

5

Procesos a sentenciar

79

29

39

–

68

147

Asuntos resueltos

100

28

23

–

51

151

Por Sentencia

96

23

23

–

46

142

De los cuales,

96

23

23

–

46

142

por la Sala

Sección 1.ª

–

–

–

–

–

–

Sección 2.ª

–

–

–

–

–

–

Sección 3.ª

–

–

–

–

–

–

Sección 4.ª

–

–

–

–

–

–

Asuntos terminados

3

–

–

–

–

3

(después de su admisión)

Acumulados

1

5

–

–

5

6

Procesos resueltos

99

23

23

–

46

145

Diferencia entre los

asuntos a sentenciar

-21

+1

+38

–

+39

+18

y los resueltos

Diferencia entre los

procesos a sentenciar

-20

+6

+16

–

+22

+2

y los resueltos

213

MEMORIA 2018 / CUADRO 6

Cuadro n.º 6

A ) P R O C E S O S Y A S U N TO S A D M I T I D O S

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A A 3 1 D E D I C I E M B R E

Procesos

Asuntos

Pleno

93

93

Recursos de inconstitucionalidad

36

36

Cuestiones de inconstitucionalidad

11

11

Recursos de amparo avocados

41

41

Conflictos positivos de competencia

2

2

Conflictos negativos de competencia

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de 2

2

Ley y resoluciones de las Comunidades

Autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de

–

–

los tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales 1

1

fiscales

Sala Primera

Recursos de amparo

33

35

Recursos de inconstitucionalidad

–

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

2

2

Conflictos positivos de competencia

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Sala Segunda

Recursos de amparo

65

65

Recursos de inconstitucionalidad

–

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

2

2

Conflictos positivos de competencia

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Suma de las cuestiones

15

15

de inconstitucionalidad

Suma de los recursos de amparo

139

141

Suma de los conflictos positivos

2

2

de competencia

214

MEMORIA 2018 / CUADRO 6

B ) A S U N TO S P E N D I E N T E S D E D E C I D I R

S O B R E A D M I S I Ó N A 3 1 D E D I C I E M B R E

Pleno

5

Recursos de inconstitucionalidad

1

Cuestiones de inconstitucionalidad

4

Conflictos positivos de competencia

–

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones

–

de las Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Sala Primera

Recursos de amparo

1.755

Sala Segunda

Recursos de amparo

1.425

Ambas Salas

Recursos de amparo

3.180

215

II.

Procedimientos

de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales,

impugnaciones

y declaraciones

MEMORIA 2018 / CUADRO 7

Cuadro n.º 7

P L E N O : A S U N TO S I N G R E SA D O S

S E G Ú N E L P R O M OTO R

Sobre

Sobre leyes

leyes del

de las

Estado

Comunidades

Autónomas

Recursos de inconstitucionalidad

Promovidos por el Presidente del Gobierno

–

4

Promovidos por el Defensor del Pueblo

–

–

Promovidos por Diputados o Senadores

4

2

Promovidos por las Comunidades Autónomas

2

–

Otros

–

–

Total

6

6

Cuestiones de inconstitucionalidad

Planteadas por el Tribunal Supremo

4

1

Audiencia Nacional

–

–

Tribunal Militar Central

–

–

Tribunales Superiores de Justicia

3

4

Tribunales Militares Territoriales

–

–

Audiencias Provinciales

1

–

Juzgados

22

4

Otros

–

–

Total

30

9

Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por 3

el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) Conflictos constitucionales

Conflictos positivos de competencia

Estado contra Comunidades Autónomas

–

Comunidades Autónomas contra Estado

–

Comunidades Autónomas entre sí

–

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnaciones de disposiciones sin fuerza de Ley 3

y resoluciones de las Comunidades Autónomas Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales 2

Total

5

218

MEMORIA 2018 / CUADRO 8

Cuadro n.º 8

L I T I G I O S I DA D T E R R I TO R I A L DU R A N T E E L A Ñ O, P O R C O M U N I DA D E S AU TÓ N O M A S 12

Recursos de

Conflictos positivos

inconstitucionalidad2

de competencia

Planteados

Leyes del

Leyes de

por el

Planteados

Comunidad Autónoma

Estado

Comunidad Gobierno de la

por el

impugnadas

Autónoma

Gobierno

impugnadas

Comunidad

Autónoma

de la Nación

País Vasco

–

–

–

–

Cataluña

1

1

–

–

Galicia

–

–

–

–

Andalucía

–

–

–

–

Asturias

–

–

–

–

Cantabria

–

–

–

–

La Rioja

–

–

–

–

Murcia

–

–

–

–

Valencia

–

1

–

–

Aragón

1

2

–

–

Castilla-La Mancha

–

1

–

–

Canarias

–

–

–

–

Navarra

–

–

–

–

Extremadura

–

–

–

–

Baleares

–

–

–

–

Madrid

–

–

–

–

Castilla y León

–

–

–

–

2

5

–

–

Totales

7

–

1 Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

2 Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

219

MEMORIA 2018 / CUADRO 9

Cuadro n.º 9

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S Y A S U N TO S R E S U E LTO S , S E G Ú N E L T I P O D E P R O C E S O*1

PLENO

SALA I

SALA II

Tipo de proceso

Total

S.

A.I.

A.T.

S. A.I. A.T. S. A.I. A.T.

Recursos de inconstitucio- 52 (+1)

–

2

– –

–

–

–

–

54

nalidad

Cuestiones de inconstitu-

17

29

–

1 –

–

1

–

–

48

cionalidad

Conflictos positivos de

11

–

–

– –

–

–

–

–

11

competencia

Conflictos negativos de

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

competencia

Conflictos entre órganos

3

–

–

– –

–

–

–

–

3

constitucionales

Conflictos en defensa de

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

la autonomía local

Impugnación de

1

–

1

– –

–

–

–

–

2

disposiciones de las

Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre la

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

constitucionalidad de los

tratados internacionales

Cuestión prejudicial sobre

1

1

–

– – –

–

–

–

2

normas forales fiscales

Suma parcial

85 (+1) 30

3

1 –

–

1

– –

Totales

118 (+1)

1

1

120 (+1)

S. = Sentencia A. I. = Auto de inadmisión A. T. = Auto de terminación

* Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados. Los recursos de amparo avocados por el Pleno aparecen en el cuadro 16.

220

MEMORIA 2018 / CUADRO 10

Cuadro n.º 10

A S U N TO S P E N D I E N T E S D E R E S O L U C I Ó N A 3 1

D E D I C I E M B R E , C L A S I F I CA D O S P O R S U T I P O

Y P R O C E D E N C I A

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad

35

Leyes del

Leyes de la

Interpuestos por

Estado

Comunidad

impugnadas

Autónoma

impugnadas

Presidente del Gobierno

–

16

Defensor del Pueblo

–

–

Diputados o Senadores

9

4

Comunidades Autónomas

6

–

Conflictos positivos de competencia

2

Planteados por el Gobierno de la Nación

–

Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma 2

Cuestiones de inconstitucionalidad

13

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley 2

y resoluciones de las Comunidades Autónomas Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales 1

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Total

53

221

MEMORIA 2018 / CUADRO 10

B) Clasificados por Comunidad Autónoma*1

Recursos

Conflictos positivos de

de inconstitucionalidad

competencia

Planteados

Sobre leyes Planteados

por el

Comunidad

Sobre leyes

de una

por el

Gobierno

Autónoma

del Estado Comunidad Gobierno de de una Autónoma

la Nación Comunidad

Autónoma

País Vasco

–

1

–

–

Cataluña

4

10

–

2

Galicia

–

–

–

–

Andalucía

–

–

–

–

Asturias

–

–

–

–

Cantabria

–

–

–

–

La Rioja

–

–

–

–

Murcia

–

–

–

–

Valencia

–

1

–

–

Aragón

1

4

–

–

Castilla-La Mancha

–

–

–

–

Canarias

1

1

–

–

Navarra

1

–

–

–

Extremadura

–

–

–

–

Baleares

–

–

–

–

Madrid

–

–

–

–

Castilla y León

–

–

–

–

7

17

–

2

Totales

24

2

* Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

222

III.

Recursos de amparo

MEMORIA 2018 / CUADRO 11

Cuadro n.º 11

O R I G E N D E L O S R E C U R S O S D E A M PA R O

I N G R E SA D O S

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC) 29

Procedencia jurisdiccional

6.861

Civil

1.269

Penal

3.706

Penitenciario

–

Contencioso-administrativo

1.383

Social

474

Militar

29

Electoral

4

Otros

24

Total

6.918

224

MEMORIA 2018 / CUADRO 12

Cuadro n.º 12

R E C U R S O S D E A M PA R O T U R NA D O S A L A S SA L A S , C O N E X P R E S I Ó N D E L O S R E C U R R E N T E S

Y D E L D E R E C H O F U N DA M E N TA L I N VO CA D O

Recurrente

Número de recursos

Particulares

6.032

Personas jurídicas de Derecho privado

801

Entes públicos

85

Defensor del Pueblo

–

Ministerio fiscal

–

Otros

–

Total

6.918

Derecho fundamental invocado

Total

Porcentaje

de invocación

Igualdad (art. 14 CE)

1.008

14,57

Tutela judicial (art. 24 CE)

4.872

70,42

Otros derechos y libertades:

–

–

Vida e integridad (art. 15 CE)

205

2,96

Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) 27

0,39

Libertad y seguridad (art. 17 CE)

490

7,08

Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE)

297

4,29

Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) 36

0,52

Libertades de expresión (art. 20 CE)

85

1,23

Reunión (art. 21 CE)

5

0,07

Asociación (art. 22 CE)

18

0,26

Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) 118

1,71

Legalidad penal (art. 25 CE)

892

12,89

Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE) 1

0,01

Educación (art. 27 CE)

13

0,19

Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE) 53

0,77

Petición (art. 29 CE)

18

0,26

Objeción de conciencia (art. 30.2 CE)

–

–

225

MEMORIA 2018 / CUADRO 13

Cuadro n.º 13 1

R E C U R S O S D E A M PA R O : F R E C U E N C I A D E L A I N VO CAC I Ó N D E L O S D E R E C H O S

F U N DA M E N TA L E S D E L A RT. 2 4 C E

Derechos invocados

Orden jurisdiccional

Suma

Conten-

Civil

Penal

Social cioso-admi- Militar

nistrativo

Art. 24.1

Derecho a la tutela

1.083

2.595

377

1.231

23

5.309

judicial efectiva sin

indefensión

Art. 24.2

Derecho al juez ordinario

27

150

9

35

1

222

predeterminado por la ley

Derecho a la defensa y a

102

390

28

120

6

646

la asistencia letrada

Derecho a ser informado

6

67

3

13

4

93

de la acusación

Derecho a un proceso

10

45

5

15

-

75

público

Derecho a un proceso sin

30

154

6

34

-

224

dilaciones indebidas

Derecho a un proceso con

362

1.027

75

279

9

1.752

todas las garantías

Derecho a la prueba

69

266

27

91

3

456

pertinente para la defensa

Derecho a no declarar

3

44

1

10

–

58

contra uno mismo y a no

confesarse culpable

Derecho a la presunción

23

1.348

10

86

9

1.476

de inocencia

Total

1.715

6.086

541

1.914

55 10.3111

1 Además hay que añadir otros catorce recursos de amparo que invocaron estos derechos de procedencia «Parlamentaria», «Electoral» y «Otros».

226

MEMORIA 2018 / CUADRO 14

Cuadro n.º 14

R E C U R S O S D E A M PA R O I N T E R P U E STO S , S E G Ú N

E L Ó R G A N O Q U E D I C TÓ L A Ú LT I M A R E S O L U C I Ó N

Tribunal Supremo

2.832

Otros órganos jurisdiccionales:

3.700

A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) 35

B) En segunda instancia o suplicación

2.243

C) En primera o única instancia

1.422

Órganos no judiciales / no consta

386

Total

6.918

Tribunal Supremo

2.832

Audiencia Nacional

354

Tribunal Militar Central

2

Tribunales Superiores de Justicia

332

Tribunales Militares Territoriales

3

Audiencias Provinciales

2.149

Juzgados

1.118

Órganos no judiciales / no consta

128

Total

6.918

R E S O L U C I O N E S J U D I C I A L E S A N U L A DA S ( *) 1

Sentencias

Otras

resoluciones

Tribunal Supremo

4

14

Tribunales Superiores de Justicia

1

–

Audiencia Nacional

–

3

Audiencias Provinciales

2

1

Juzgados

4

4

(*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial sólo se registra la anulación de la sentencia.

227

MEMORIA 2018 / CUADRO 15

Cuadro n.º 15

A ) M OT I VO S D E A D M I S I Ó N D E L O S R E C U R S O S

D E A M PA R O

Motivos de admisión

Recursos

Porcentaje

Ausencia de doctrina constitucional

53

46,09

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia 37

32,17

de un proceso de reflexión interna

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia 1

0,87

de cambios normativos

Eventual origen normativo de la vulneración 3

2,61

Eventual vulneración por reiterada interpreta-

–

–

ción jurisprudencial de la ley

Incumplimiento general y reiterado de la

4

3,48

doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias

Eventual negativa al acatamiento de doctrina 7

6,09

constitucional por resoluciones judiciales Repercusión social o económica

3

2,61

Consecuencias políticas generales

–

–

Varios motivos

7

6,09

Sin indicación de motivos

–

–

Total

115

100

228

MEMORIA 2018 / CUADRO 15

B ) M OT I VO S D E I NA D M I S I Ó N D E L O S R E C U R S O S

D E A M PA R O

Motivos de inadmisión

Recursos

Porcentaje

Falta de justificación de la especial trascenden-765

12,38

cia constitucional

Insuficiente justificación de la especial trascen-2.350

38,04

dencia constitucional

Falta de especial trascendencia constitucional 1.339

21,67

Inexistencia de vulneración del derecho funda-160

2,59

mental invocado

Falta de denuncia de la vulneración del

27

0,44

derecho fundamental

Falta de agotamiento de la vía judicial previa 607

9,83

Extemporaneidad del recurso

344

5,57

Falta de subsanación de defectos procesales 542

8,77

Varios motivos

27

0,44

Otros motivos

17

0,28

Total

6.178

100

229

MEMORIA 2018 / CUADRO 16

Cuadro n.º 16

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S Y A M PA R O S

R E S U E LTO S 1234

SENTENCIA

AUTO

PROVIDENCIA

DEFINITIVA

SUMAS

Inadmisión Terminación2 Inadmisión3 Terminación4

Pleno

11

1

–

–

–

12

Sala Primera

22 (+5)

3

–

3.096 (–1)

46

3.169 (+4)

Sección Primera

–

–

1

–

–

–

Sección Segunda

–

–

1

–

–

–

Sala Segunda

22

–

–

3.075 (-2)

438

3.538 (-2)

Sección Tercera

–

–

2

–

–

–

Sección Cuarta

–

–

1

–

–

–

Totales

55 (+5)

4

5

6.171 (–3)

484

6.719 (+2)

1 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número total de asuntos resueltos.

2 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

3 Entre paréntesis figuran las providencias de inadmisión que han sido revocadas en recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal.

4 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

230

IV.

Datos comparados

(2014-2018)

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Cuadro n.º 17

DATO S C O M PA R A D O S 2 0 1 4 - 2 0 1 8

Asuntos ingresados

2014

2015

2016

2017

2018

Recursos de

60

42

32

47

12

inconstitucionalidad

Cuestiones de

141

113

44

33

42

inconstitucionalidad

Recursos de amparo

7.663

7.203

6.685

6.286

6.918

Conflictos positivos

5

5

10

3

–

de competencia

Conflictos negativos

3

–

–

–

–

de competencia

Conflictos entre órganos

–

–

1

2

–

constitucionales

Conflictos en defensa

2

2

1

–

–

de la autonomía local

Impugnación de

4

1

–

4

3

disposiciones sin fuerza

de Ley y resoluciones de las

Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre

–

–

–

–

–

tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales

2

1

6

2

sobre normas forales fiscales

Total

7.878

7.368

6.774

6.381

6.977

232

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Resoluciones dictadas

2014

2015

2016

2017

2018

Sentencias

Pleno

95

107

125

107

96

Sala Primera y sus Secciones

48

67

37

18

23

La Sala

48

67

37

18

23

Sección 1.ª

–

–

–

–

–

Sección 2.ª

–

–

–

–

–

Sala Segunda y sus Secciones

72

98

66

31

23

La Sala

72

98

66

31

23

Sección 3.ª

–

–

–

–

–

Sección 4.ª

–

–

–

–

–

Total

215

272

228

156

142

Autos definitivos

Pleno

52

63

83

34

34

Sala Primera y sus Secciones

57

37

19

10

5

Sala Segunda y sus Secciones

48

24

21

10

3

Total

157

124

123

54

42

Providencias de inadmisión y terminación Pleno

–

2

–

–

–

Sala Primera

3.275

4.258

3.653

3.158

3.142

Sala Segunda

3.406

4.107

3.851 2.952

3.513

Total

6.681

8.367

7.504 6.110

6.655

Autos interlocutorios

148

105

86

119

90

Providencias de admisión

208

196

127

140

151

Total de resoluciones definiti-

7.053

8.763

7.855 6.320

6.839

vas (Sentencias + Autos

definitivos + providencias

definitivas)

Total de resoluciones dictadas 7.409

9.064

8.068

6.579

7.080

233

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

A D M I S I Ó N E N L A S SA L A S

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2014

2015

2016

2017

2018

Ingresados

Admitidos

No Admitidos

A D M I S I Ó N E N E L P L E N O

250

200

150

100

50

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ingresados

No admitidos

Admitidos

234

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Asuntos resueltos

2014

2015

2016

2017

2018

Recursos de inconstitucionalidad

Por Sentencia

50

56

84

70

52

(de ellos, por Sentencia de Sala)

1

–

–

–

–

Por Auto o providencia

7

8

3

3

2

(de ellos, por resolución de Sala)

1

–

3

–

–

Acumulados con los anteriores

5

–

3

2

1

Total

62

64

90

75

55

Cuestiones de inconstitucionalidad

Por Sentencia

32

107

41

15

19

(de ellos, por Sentencia de Sala)

15

84

25

3

2

Por Auto o providencia

52

65

79

25

29

(de ellos, por resolución de Sala)

12

11

2

–

–

Acumulados con los anteriores

–

–

–

–

–

Total

84

172

120

40

48

Recursos de amparo

Por Sentencia

109

96

88

53

55

(de ellos, por Sentencia del Pleno)

15

17

10

4

11

(de ellos, por Sentencia de Sala)

94

79

78

49

44

(de ellos, por Sentencia de Sección)

–

–

–

–

–

Por Auto de inadmisión

3

–

3

8

4

(de ellos, por Auto del Pleno)

–

–

1

1

1

Por providencia de inadmisión

6.659 7.880 7.026 5.690 6.165

Por otras causas

109

535

478

433

485

Acumulado con los anteriores

2

2

1

–

5

Total

6.882 8.513 7.596 6.186 6.721

Conflictos positivos de competencia

Por Sentencia

20

7

12

12

11

(de ellos, por Sentencia de Sala)

10

2

–

–

–

Por Auto o providencia

–

–

–

–

–

(de ellos, por resolución de Sala)

–

–

–

–

–

Acumulados con los anteriores

–

–

–

–

–

Total

20

7

12

12

11

235

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Asuntos resueltos

2014

2015

2016

2017

2018

Conflictos negativos de competencia

Por Sentencia

–

–

–

–

–

Por Auto o providencia

3

–

–

–

–

Total

3

–

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales Por Sentencia

–

–

–

–

3

Por Auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

3

Conflictos en defensa de la autonomía local Por Sentencia

3

1

2

2

–

Por Auto o providencia

2

2

1

–

–

Total

5

3

3

2

–

Impugnación de disposiciones

sin fuerza de ley y resoluciones

de las Comunidades Autónomas

Por Sentencia

1

5

–

3

1

Por Auto o providencia

–

1

–

–

1

Total

1

6

–

3

2

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales

Por Declaración

–

–

–

–

–

Por Auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Cuestión prejudicial sobre

normas forales fiscales

Total

1

6

2

Total de asuntos resueltos

7.057 8.765 7.822 6.322 6.842

236

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

S E N T E N C I A S E N L A S SA L A S

250

200

150

100

50

0

2014

2015

2016

2017

2018

Admitidos

Resueltos

Terminados

S E N T E N C I A S E N E L P L E N O

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2014

2015

2016

2017

2018

Admitidos

Resueltos

Terminados

237

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Asuntos admitidos pendientes

de Sentencia

2014 2015 2016 2017 2018

Recursos de inconstitucionalidad

Procesos en el Pleno

183 157 103

77

36

Acumulados

4

6

3

1

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

187 163 106

78

36

Cuestiones de inconstitucionalidad

Procesos en el Pleno

27

19

20

13

11

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

35

9

3

–

2

Procesos en la Sala Segunda

46

19

1

2

2

Total

108

47

24

15

15

Conflictos positivos de competencia

Procesos en el Pleno

23

23

22

13

2

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

1

1

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

2

–

–

–

–

Total

26

24

22

13

2

Conflictos negativos de competencia

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Acumulados

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales Procesos en el Pleno

–

–

1

3

–

Total

–

–

1

3

–

Conflictos en defensa de la autonomía local Procesos en el Pleno

5

4

2

–

–

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

5

4

2

–

–

238

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Asuntos admitidos pendientes

de Sentencia

2014 2015 2016 2017 2018

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas

Procesos en el Pleno

4

–

–

–

2

Total

4

–

–

–

2

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Cuestiones prejudiciales sobre normas

forales fiscales

Procesos en el Pleno

–

3

1

1

1

Total

–

3

1

1

1

Recursos de amparo

Pleno

10

11

8

10

41

(acumulados con los anteriores)

–

–

–

–

–

Sala Primera y sus Secciones

36

34

26

24

33

(acumulados con los anteriores)

–

–

–

7

2

Sala Segunda y sus Secciones

70

54

40

50

65

(acumulados con los anteriores)

–

–

–

1

–

Suma de procesos de amparo

116

99

74

84 139

Total de procesos pendientes de

252 217 157 117

93

Sentencia de Pleno

Total de procesos pendientes de

190 117

70

76 102

Sentencia de Sala y Sección

Total de asuntos pendientes de

256 223 160 118

93

Sentencia de Pleno

Total de asuntos pendientes de

190 117

70

84 104

Sentencia de Sala y Sección

239

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

Asuntos pendientes de admisión

2014

2015

2016

2017

2018

Pleno

Recursos de inconstitucionalidad

5

2

1

2

1

Cuestiones de inconstitucionalidad

50

55

10

7

4

Recursos de amparo avocados

–

–

–

–

–

Conflictos positivos de competencia

–

–

–

–

–

Conflictos negativos de competencia

–

–

–

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

–

–

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía

–

–

–

–

–

local

Impugnación de disposiciones sin

–

–

–

1

–

fuerza de Ley y resoluciones de las

Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre la constituciona-

–

–

–

–

–

lidad de los tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas

–

–

–

–

–

forales fiscales

Salas: recursos de amparo

Sala Primera

2.403 1.770 1.224 1.211 1.755

Sala Segunda

2.060 1.542 1.134 1.167 1.425

Total de asuntos pendientes

55

57

11

10

5

de admisión en Pleno

Total de asuntos pendientes

4.463 3.312 2.358 2.378 3.180

de admisión en Salas

240

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A E N E L P L E N O

300

250

200

150

100

50

0

2014

2015

2016

2017

2018

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A E N L A S SA L A S

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2014

2015

2016

2017

2018

241

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

P E N D I E N T E S D E A D M I S I Ó N E N E L P L E N O

140

120

100

80

60

40

20

0

2014

2015

2016

2017

2018

P E N D I E N T E S D E A D M I S I Ó N E N L A S SA L A S

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2014

2015

2016

2017

2018

242

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

R E S U M E N D E L P L E N O

300

250

200

150

100

50

0

2014

2015

2016

2017

2018

Pendientes

Admitidos

Resueltos

Ingresados

R E S U M E N D E L A S SA L A S

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2014

2015

2016

2017

2018

Pendientes

Admitidos

Resueltos

Ingresados

243

MEMORIA 2018 / CUADRO 17

R E S U M E N D E L T R I B U NA L

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2014

2015

2016

2017

2018

Pendientes

Admitidos

Resueltos

Ingresados

244

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación

con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó en total 494 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra representó el 1,16 por 100 del total de las demandas examinadas durante el año por el Tribunal, que ascendieron a 42.761.

Por lo que se refiere a las demandas relacionadas con España, cumple señalar que 475 de ellas fueron declaradas inadmisibles, otras diez fueron resueltas por sentencia y se archivó un asunto por falta de actuación procesal de la demandante (asunto Omorefe contra España, decisión de 12 de junio de 2018). En cuanto a las sentencias, fue desestimatoria la dictada en el asunto Vilches Coronado y otros c. España, de 13 de marzo de 2018, y estimatorias las otras nueve: asuntos López Ribalda y otros c. España, de 9 de enero de 2018; Cuenca Zarzoso c. España, de 16 de enero de 2018; Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España, de 13 de febrero de 2018; Stern Taulats y Roura Capellera c. España, de 13 de marzo de 2018; Arrózpide Sarasola y otros c. España, de 23 de octubre de 2018; Otegi Mondragón y otros c. España, de 6 de noviembre de 2018; Vicent del Campo c. España, de 6 de noviembre de 2018; Toranzo Gómez c.

España, de 20 de noviembre de 2018; y Saber y Boughassal c. España, de 18 de diciembre de 2018.

Además de estas sentencias cabe mencionar algunas resoluciones adoptadas en fase de admisión. En el asunto Lázaro Laporta c. España (decisión 245

MEMORIA 2018

de 30 de agosto de 2018) , la Sección Tercera, actuando como sala en composición de siete jueces, acordó unánimemente la inadmisión de una demanda en la que el demandante alegaba la violación del principio non bis in idem por la imposición de una sanción administrativa tras haber sido absuelto por los mismos hechos en un proceso penal. La decisión de inadmisión se fundó en la incompatibilidad ratione materiae de la demanda con las disposiciones del Convenio, dado que la sanción administrativa disciplinaria impuesta al demandante no puede considerarse equivalente a una sanción penal.

La Sección Tercera, actuando igualmente como sala en composición de siete jueces, acordó también por unanimidad la inadmisión de la demanda en el asunto Padilla Navarro c. España (decisión de 29 de noviembre de 2018) por considerarse manifiestamente mal fundada. El demandante alegó una infracción de su derecho a la protección de la propiedad, reconocido en el artículo 1 del Protocolo 1, por la aplicación de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, en relación a la revalorización de las pensiones. La Sección no apreció vulneración del derecho invocado pues la medida controvertida perseguía un fin legítimo —la protección de la hacienda pública en el contexto de una grave crisis financiera—, no podía tildarse de arbitraria o discriminatoria y superaba el juicio de proporcionalidad, tanto más cuanto que no conllevaba una pérdida completa del derecho a una pensión o su drástica reducción.

En el asunto Aumatell i Arnau c. España (decisión de 4 de octubre de 2018), la Sección Tercera, actuando como sala en composición de tres jueces, acordó la inadmisión de la demanda en relación con la imposición de una multa coercitiva, por parte del Tribunal Constitucional en virtud del art. 92 LOTC (reformado en 2015), a una integrante de la sindicatura electoral de la demarcación territorial de Tarragona en el marco de la celebración del denominado «referéndum de autodeterminación». La Sección acordó la inadmisión de la demanda por adolecer de una manifiesta falta de fundamentación en derecho.

Cronológicamente, la primera de las sentencias dictadas en el año 2018 en asuntos relacionados con España fue la recaída en el asunto López Ribalda y otros c. España, de 9 de enero de 2018, a la que se formuló un voto parcialmente discrepante y otro discrepante. Las demandantes alegaban que la instalación de cámaras ocultas de video vigilancia en su puesto de 246

MEMORIA 2018

trabajo y el posterior uso probatorio de las imágenes captadas en un proceso laboral por despido habría constituido una violación de su derecho a la vida privada. El Tribunal declaró violado el artículo 8 del Convenio toda vez que el circuito de videovigilancia se había instalado sin información previa a las empleadas, su utilización se había prolongado durante semanas y se había infringido la normativa española en materia de protección de datos. El Tribunal acordó la reparación por daño moral a las demandantes en los términos del artículo 41 del Convenio.

El 16 de enero de 2018, el Tribunal europeo dictó sentencia estimatoria en el asunto Cuenca Zarzoso c. España. La sentencia, haciendo referencia al asunto Moreno Gómez, consideró excesivamente formalista requerir al demandante llevar a cabo un test de ruido individual dentro de su casa, puesto que el Ayuntamiento ya había declarado el área de residencia del demandante «zona acústicamente saturada» y el demandante había presentado informes médicos que demostraban las consecuencias que había tenido el continuo ruido en su salud. La sentencia concluyó que el Estado español ha incurrido en una violación del artículo 8 del Convenio al no llevar a cabo medidas para garantizar el derecho del demandante al respeto de su domicilio y de su vida privada e impuso la compensación por daños materiales y morales.

En su sentencia de 13 de febrero de 2018, en el asunto Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España, el Tribunal de Estrasburgo estimó la demanda interpuesta por los condenados como autores del atentado perpe-trado el 30 de diciembre de 2006 en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en relación a las torturas y malos tratos que de-cían haber sufrido durante su arresto y detención a manos de la Guardia Civil. La sentencia, a la que se formuló un voto parcialmente discrepante, declaró que el Estado español vulneró la prohibición de la tortura contenida en el artículo 3 del Convenio tanto en su aspecto material como en el procesal y acordó una reparación en concepto de perjuicio moral para ambos demandantes.

El 13 de marzo de 2018, se dictó sentencia en el asunto Vilches Coronado y otros c. España, desestimando la demanda interpuesta por cuatro demandantes en relación a la condena impuesta por un tribunal penal en grado de apelación, en una causa por delito contra la hacienda pública, pues la vista pública celebrada ante él había cumplido las exigencias del 247

MEMORIA 2018

derecho a un proceso equitativo contenido en el artículo 6 del Convenio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldó las conclusiones al-canzadas por los tribunales españoles habida cuenta de que los demandantes habían tenido la posibilidad de asistir a la vista y aducir cuanto a su derecho conviniera sobre la nueva valoración de los hechos, sin que hicieran uso de ese derecho.

En el asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, en el que se dictó sentencia de 13 de marzo de 2018, el Tribunal de Estrasburgo estimó la demanda interpuesta por dos españoles condenados a pagar una multa de 2.700 € sustitutiva de pena de prisión por quemar una fotografía de los Reyes de España al término de una manifestación. La sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho de libertad de expresión, protegido por el artículo 10 del Convenio, pues resultaba desproporcionada la imposición de una pena de prisión por la comisión de una infracción en el marco de un debate político. La sentencia acordó la reparación por daño material en los términos del artículo 41 del Convenio.

El 23 de octubre de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia estimatoria en el asunto Arrózpide Sarasola y otros c. Es-paña, relativo al cálculo de los plazos máximos de cumplimiento efectivo de penas de prisión en España por miembros de ETA y a la cuestión de si los períodos de privación de libertad cumplidos en Francia deberían tenerse en cuenta en dicho cómputo. La sentencia declaró que se había vulnerado el derecho de acceso a un tribunal, reconocido en el artículo 6.1

del Convenio, en la medida en que el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por los demandantes contra las sentencias del Tribunal Supremo por no haber agotado previamente las vías judiciales ordinarias. Sin embargo, la sentencia no apreció la vulneración de ningún otro derecho, ya que las decisiones del Tribunal Supremo no supusieron una modificación del alcance de las penas impuestas que han sido siempre las penas máximas de treinta años de prisión.

En su sentencia de 6 de noviembre de 2018, en el asunto Otegi Mondragón y otros c. España, el Tribunal de Estrasburgo estimó la demanda interpuesta por los demandantes en relación con la falta de imparcialidad de los jueces que los condenaron por pertenencia a la organización terrorista ETA. En un primer procedimiento criminal, la presidenta del tribunal había mostrado una falta de imparcialidad que había contaminado a 248

MEMORIA 2018

todo el tribunal y había dado lugar a la repetición del juicio. El mismo tribunal, incluyendo a la magistrada que había presidido el anterior juicio, condenó a los cinco demandantes en un segundo procedimiento criminal. La sentencia, a la que se formuló un voto parcialmente discrepante, declaró que se había vulnerado el derecho a un juicio justo, al considerar que la imparcialidad del tribunal podía ser susceptible de duda razonable y los temores de los demandantes objetivamente justificados.

También por sentencia de 6 de noviembre de 2018 se resolvió el asunto Vicent del Campo c. España. La sentencia, que cuenta con un voto parcialmente discrepante suscrito por dos jueces, declaró que se había vulnerado el derecho a la vida privada, protegido por el artículo 8 del Convenio, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León reveló la identidad del demandante —profesor de un centro de educación secundaria— como autor de conductas de acoso contra una compañera de trabajo. La injerencia en el derecho a la vida privada no estaba adecuada-mente justificada y era desproporcionada al objetivo legítimo perseguido.

Por ello, la sentencia de Estrasburgo otorgó una reparación en concepto de perjuicio moral al demandante.

En el asunto Toranzo Gómez c. España, en el que se dictó sentencia de 20

de noviembre de 2018, el Tribunal estimó la demanda interpuesta por un activista de un centro social ocupado que había sido desalojado por la fuerza y posteriormente condenado por un delito de calumnias al calificar en rueda de prensa la conducta de los agentes como una «tortura». La sentencia concluyó que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 10 del Convenio, en la medida en que los tribunales españoles habían interpretado de forma excesivamente estricta las declaraciones del demandante —que se había referido a «tortura» en el sentido coloquial de uso excesivo de la fuerza— imponiéndole una severa pena de multa o prisión en su defecto. El Tribunal acordó la reparación por daños materiales y morales al demandante en los términos del artículo 41 del Convenio.

Finalmente, el 18 de diciembre de 2018 se dictó sentencia, a la que se formuló un voto particular concurrente, en el asunto Saber y Boughassal c. España, estimando la demanda promovida por dos ciudadanos marroquíes expulsados a Marruecos. La sentencia concluyó que se había vulnerado el artículo 8 del Convenio, que protege el derecho a la vida privada 249

MEMORIA 2018

y familiar, dado que los tribunales ordenaron la expulsión de modo automático sobre la única base de sus condenas penales y sin tomar en consideración sus circunstancias personales y familiares.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 267 asuntos relacionados con España, cifra que no incluye los asuntos que no hayan sido previamente registrados como demandas. De ellos, 155 pendían de la decisión de un juez, 33

de comités de tres jueces, 75 de salas de siete jueces y 4 habían sido sometidos a la competencia de la Gran Sala.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 3: prohibición de la tortura

* Sentencia de 13 de febrero de 2018. Asunto Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España

Los demandantes, condenados en 2010 como autores del atentado perpe-trado el 30 de diciembre de 2006 en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, denunciaron haber padecido torturas y malos tratos durante su detención y custodia por efectivos de la Guardia Civil. Se quejaban, además, de la nueva valoración de las pruebas llevadas a cabo en casación por el Tribunal Supremo y que diera como resultado la abso-lución de los agentes de la Guardia Civil a quienes imputaban la comisión del delito de torturas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado espa-

ñol vulneró la prohibición de la tortura contenida en el artículo 3 del Convenio en su aspecto material y procesal. En cuanto a la vertiente material, el Tribunal concluyó que las lesiones descritas en los informes médicos presentados por los demandantes habían sido causadas durante su detención y custodia por la Guardia Civil. Por lo que hace a la vertiente procesal, el Tribunal consideró que no se llevó a cabo una investigación efectiva pues el Tribunal Supremo se limitó a descartar la versión de los entonces denunciantes y luego demandantes ante el Tribunal de Estrasburgo, sin determinar el origen de las lesiones sufridas durante su arresto y detención y la posible responsabilidad en los hechos de agentes de la Guardia Civil.

250

MEMORIA 2018

2. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 13 de marzo de 2018. Asunto Vilches Coronado y otros c.

España

Los demandantes, que habían sido absueltos por dos veces en la instancia de un delito contra la hacienda pública, fueron finalmente condenados en apelación por la comisión de ese delito. El alegato de vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías fue rechazado porque los autos no acreditaban la indefensión material que aducían los actores habida cuenta de que se había celebrado vista ante la audiencia provincial y ha-bían tenido ocasión de alegar y probar cuanto a su derecho conviniera.

Consecuentemente, el Tribunal europeo desestimó su demanda.

* Sentencia de 23 de octubre de 2018. Asunto Arrózpide Sarasola y otros c. España

El asunto resuelto en esta sentencia presentaba una doble vertiente: por una parte, se impugnaba la inadmisión de la demanda de amparo constitucional por falta de agotamiento de la vía judicial previa; por otra, se discutía el cómputo de plazos máximos de cumplimiento efectivo de penas de prisión de miembros de la banda terrorista ETA que hubieran cumplido condena en Francia por los mismos hechos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto por los demandantes contra las sentencias del Tribunal Supremo por no haber agotado previamente las vías judiciales ordinarias, privó a los recurrentes de su derecho de acceso a un tribunal. La vulneración de las garantías procesales del artículo 6.1 del Convenio trajo causa, igualmente, de los defectos padecidos en el Tribunal Supremo, que dilató indebidamente la notificación de sus resoluciones, impidiendo así su efectiva fiscalización.

Por lo que se refiere al cómputo de penas, la sentencia no apreció vulneración alguna de los derechos del Convenio ya que las decisiones de fondo adoptadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no supusieron una modificación del alcance de las penas impuestas, ni la transgresión del límite absoluto de treinta años de privación de libertad.

251

MEMORIA 2018

* Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Asunto Otegi Mondragón y otros c. España

Los demandantes, que habían sido condenados por la Audiencia Nacional por pertenencia a la banda terrorista ETA, trataron de combatir esta condena en casación y mediante la promoción de un recurso de amparo constitucional donde adujeron que la composición del tribunal sentenciador no ofrecía suficientes garantías de imparcialidad. El Tribunal Supremo y posteriormente el Tribunal Constitucional rechazaron estos alegatos, haciendo hincapié en que de los prejuicios mostrados por la presidenta de la sección actuante en algún otro proceso anterior contra un miembro de la banda terrorista no se infería necesariamente la pérdida de imparcialidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que se había vulnerado el derecho de los demandantes a un juicio justo protegido por el artícu-lo 6.1 del Convenio. En un procedimiento anterior, el Tribunal Supremo había considerado que la presidenta de la sección actuante se había con-ducido con falta de imparcialidad y prejuicio hacia los acusados de pertenecer a la banda terrorista. A fin de reparar la lesión producida, se había ordenado la retroacción de actuaciones y la repetición del juicio, ante un tribunal de diferente composición. Sin embargo, la misma persona había vuelto a formar sala, bien que ahora no como presidenta. A la vista de esta circunstancia y teniendo presente el juicio anteriormente emitido por el propio Tribunal Supremo, la sentencia que ahora se reseña concluyó que era razonable la duda expresada acerca de la imparcialidad del órgano judicial que finalmente juzgó y condenó a los acusados.

3. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 9 de enero de 2018. Asunto López Ribalda y otros c.

España

Las demandantes impugnaban en este asunto tanto la instalación de cá-

maras ocultas de video-vigilancia en el supermercado en el que trabaja-ban, como la posterior utilización de las imágenes obtenidas como prueba de la licitud de su despido. La sentencia apreció vulneración del artículo 8

del Convenio por inadecuada ponderación del derecho a la vida privada de los trabajadores y a la propiedad del empresario, toda vez que las cá-

252

MEMORIA 2018

maras se habían instalado sin comunicación previa a las afectadas y con-traviniendo la normativa española de protección de datos. Por el contrario, no advirtió infracción de las garantías procesales del artículo 6.1

CEDH como consecuencia de la utilización de las imágenes en el posterior proceso por despido.

* Sentencia de 16 de enero de 2018. Asunto Cuenca Zarzoso c. España El demandante había venido denunciando ante el ayuntamiento de Valencia y en vía judicial la contaminación acústica, consecuencia del ruido nocturno, que padecía en su domicilio y que le habría ocasionado daños en su salud. Aplicando la doctrina sentada en el asunto Moreno Gómez de 16 de noviembre de 2004, la sentencia que ahora se reseña declaró vulnerado el derecho a la vida privada (artículo 8 del Convenio) como consecuencia de la falta de medidas reparadoras de la calidad ambiental en un área urbana que el propio ayuntamiento había declarado «zona acústicamente saturada».

* Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Asunto Vicent del Campo c.

España

El demandante, profesor de educación secundaria, había visto trascender, en un procedimiento en el que no había sido emplazado, su condición de autor de conductas de acoso a una compañera de trabajo. El Tribunal de Estrasburgo declaró vulnerado el artículo 8 del Convenio por falta de diligencia en la adopción de medidas de preservación del anonimato del demandante, habida cuenta de que en la sentencia que finalmente se dictó en el proceso donde no pudo defenderse ni tan siquiera se sustituyeron su nombre y apellidos por las iniciales correspondientes.

* Sentencia de 18 de diciembre de 2018. Asunto Saber y Boughassal c.

España

Los demandantes, dos ciudadanos marroquíes, habían sido condenados por un delito contra la salud pública, a resultas del cual se ordenó su expulsión a Marruecos. El automatismo de la expulsión vulneró el derecho a la vida privada y familiar pues las autoridades judiciales españoles no ponderaron suficientemente las circunstancias familiares de los demandantes ni su arraigo en España antes de acordar una medida tan gravosa para sus intereses.

253

MEMORIA 2018

4. Artículo 10: libertad de expresión

* Sentencia de 13 de marzo de 2018. Asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España

Al finalizar una manifestación celebrada en Girona, los demandantes par-ticiparon en la quema de una fotografía de los reyes de España. Por este hecho fueron condenados por un delito de injurias contra la Corona, en un proceso cuya fase nacional se cerró con la STC 177/2015, de 22 de julio, que denegó el amparo. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo concluyó que la quema de la fotografía de los reyes constituyó un acto de crítica política y rechazo a la institución de la monarquía y a los valores que la caracterizan y no un ataque personal dirigido contra el rey de España como individuo. Consecuentemente, la imposición de una pena privativa de libertad a una conducta que concreta la participación en un debate político constituyó una injerencia desproporcionada en la libertad de expresión.

* Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Asunto Toranzo Gómez c.

España

El demandante formaba parte de un grupo activista que ocupó el centro social «Casas Viejas» de Sevilla, de donde fue desalojado por orden judicial. Con posterioridad al desalojo dio una rueda de prensa en la que calificó los hechos como «tortura», por lo que fue condenado como autor de un delito de calumnias. La sentencia del Tribunal europeo consideró desproporcionada la calificación de los hechos, resultante de una interpretación estricta del término «tortura», que había dado como resultado la imposición de una pena que desalentaba el ejercicio de la libertad de expresión.

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V. Discurso en el XL aniversario de la Constitución española

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, EXCMO. SR. DON JUAN JOSÉ GONZÁLEZ

RIVAS, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2018

Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, Excmo. Sr. Presidente del Senado,

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,

Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno,

Excmo. Sr. don Felipe González Márquez, ex Presidente del Gobierno, Excmos. Sres. don Miguel Roca i Junyent y don José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, Ponentes constitucionales,

Excmos. Sres. Vicepresidenta y Magistrados del Tribunal Constitucional, Excmos. Sres. Presidentes y Magistrados eméritos del mismo Tribunal, En particular, Excmos. Sres. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y doña María Emilia Casas Baamonde, Presidentes eméritos y directores de la obra que hoy presentamos,

Excma. Sra. Ministra de Justicia,

Excmo. Sr. Ministro del Interior,

Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado, Excma. Sra. Fiscal General del Estado,

Excmo. Sr. Defensor del Pueblo en funciones, Excma. Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas, Excmos. Sres. Diputados y Senadores,

255

MEMORIA 2018

Excmos. Sres. Vicepresidente y Magistrados del Tribunal Supremo y Voca-les del Consejo General del Poder Judicial, Excma. Sra. Abogada General del Estado,

Excmo. Sr. Director de la Real Academia Española de la Lengua, Excmos. Sres. Académicos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,

Queridos compañeros de esta casa,

Autoridades,

Estimados miembros de la prensa que cubren este evento, Señoras y señores,

Les doy a todos la más calurosa bienvenida al Tribunal Constitucional, que rinde tributo esta tarde a la Constitución española en su cuadragési-mo aniversario.

La realización de este acto, dos días antes de que se cumplan los cuarenta años de su aprobación en referéndum, asocia al Tribunal Constitucional a las celebraciones organizadas por las Cortes Generales, por las que felicito a la Presidenta del Congreso y al Presidente del Senado.

Asimismo, agradezco la presencia de las principales autoridades del Estado, de la política, de la sociedad civil, y del mundo del Derecho en nuestro país.

Es una muestra inequívoca de unidad, así como de cercanía con lo que este Tribunal representa.

En particular, expreso mi gratitud a los ponentes constitucionales que nos honran con su presencia, y reivindico la memoria de aquellos cuya obra permanece, pero que ya no están con nosotros: don Gabriel Cisneros La-borda, don Gregorio Peces-Barba Martínez, don Jordi Solé Tura, y don Manuel Fraga Iribarne.

También excuso al Excmo. Sr. don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, quien me ha comunicado esta misma tarde que razones personales insu-perables impiden su asistencia entre nosotros, tal como hubiera resultado su deseo.

256

MEMORIA 2018

Por otro lado, me congratulo de contar con los autores, editores, directores y promotores de la obra Comentarios a la Constitución Española. XL Aniversario, que hoy presentamos.

Además de los Directores de la obra y de la Vicepresidenta del Gobierno, me gustaría referirme a la Ministra de Justicia y a los responsables de la Fundación Wolters Kluwer, del Boletín Oficial del Estado, del Grupo Santander Justicia y de la Mutualidad de la Abogacía. Sin ellos, estos volúmenes no hubieran visto la luz.

* * *

Hemos querido unir en un solo acto nuestra admiración por la labor de los ponentes constitucionales, junto con la presentación de un importante estudio que analiza en profundidad nuestra Constitución. Con ello, busca-mos conmemorar la génesis de nuestra norma fundamental, así como los cambios que ésta ha acarreado.

Atendiendo a esta razón, me gustaría en primer lugar reclamar todo lo bueno y provechoso que tuvo ese periodo que hemos dado en llamar el periodo constituyente y de Transición.

Un periodo que nació de tres actitudes hoy más necesarias que nunca, la actitud del diálogo, la actitud de la concordia, la actitud del consenso, y que mostró que alcanzar un acuerdo para convivir en democracia es siempre una tarea compleja, pero de importancia vital para nuestra sociedad.

La Transición, cuyos comienzos se remontan a la Ley para la reforma política o a los Pactos de la Moncloa, supuso una tercera vía alejada por igual de la continuidad y de la ruptura, y propició un pacto que, en última instancia, se basaba en una esperanza convocada entre todos y dirigida hacia todos.

Por eso, ya en septiembre de 1976 uno de los artífices del tránsito a la democracia, el Presidente Adolfo Suárez, nos dijo: «tenemos la confianza de que nada de lo que espere al pueblo español en el futuro puede ser más difícil de superar que lo que ya ha sido resuelto en el pasado».

257

MEMORIA 2018

Y así se llegó a una situación en la que, como dejó escrito Julián Marías, nadie estaba excluido, y todos, sin una sola excepción, pudieron ejercer sus derechos, juntos, pero no confundidos, sin necesidad de enmascararse ni esconderse.

Aprovecho este momento para recordar a todos aquellos que, desde los más diversos ámbitos políticos y sociales, contribuyeron a que nuestra Carta Magna se convirtiese en una imprescindible realidad, sometiendo el poder al Derecho y creando un marco de convivencia entre españoles libres e iguales.

De forma específica, desearía subrayar y reconocer el papel de la Corona, que supo erigirse en pieza insoslayable para el cambio, y en pieza esencial de nuestra democracia.

Saludo también la presencia hoy aquí de otras figuras de primera importancia en este camino, como la del ex Presidente del Gobierno Felipe González.

* * *

Presidentes,

Vicepresidenta,

Ministros,

Señoras y señores,

Estas cualidades que describo se dieron cita en el seno de la Ponencia Constitucional. Sus integrantes, de variadas procedencias, unían a su compromiso político una indudable solvencia y preparación intelectual.

Sus trabajos fueron presididos al mismo tiempo por el rigor y por la ho-nestidad. Todos ellos buscaron un verdadero pacto constitucional entre sectores aparentemente irreconciliables.

Como ya subrayó uno de los ponentes, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: «por eso fuimos juristas quienes redactamos el proyecto de Constitución … no para negar la vida política, sino al contrario, para ponerla en forma, darle solidez, consistencia y moderación».

258

MEMORIA 2018

Nuestra Carta Magna recogió decisiones fundamentales sobre la forma de Estado y de gobierno, democratizó las relaciones entre la sociedad y el aparato estatal, arbitró cauces para que España expresase su diversidad constitutiva y, en definitiva, posibilitó una vida política desempeñada desde la libertad.

Con tal resultado, se cumplía el deseo que expresase Jorge Guillén cuando dijo: «lleguemos al momento por fin equilibrado». Ese momento fue nuestra Transición. Y su fruto, como digo, fue la Constitución vigente, la más estable y consensuada de la historia de nuestro país. La que mayores beneficios en todos los órdenes nos ha ofrecido a los españoles.

* * *

Queridos ponentes constitucionales,

En la tarde de hoy también presentamos la obra Comentarios a la Constitución Española. XL Aniversario, que queremos ofreceros en agradecido reconocimiento de vuestro servicio.

De este imponente trabajo, que actualiza los Comentarios publicados en 2008 con ocasión del trigésimo aniversario de la Constitución, los Directores de la obra y la Vicepresidenta del Gobierno hablarán con más detalle.

En todo caso, no quiero dejar de señalar dos aspectos que considero importantes.

En primer lugar, esta obra compila de forma brillante las principales aportaciones legales, doctrinales y jurisprudenciales producidas bajo el amparo y el impulso de nuestra Carta Magna, desde 1978 hasta hoy.

En segundo lugar, los volúmenes que presentamos están muy ligados a este Tribunal. En efecto, de sus más de 160 autores, a los que felicito, muchos han servido o sirven, como Magistrados o Letrados, en nuestra jurisdicción. Y buena parte de su contenido se nutre de las sentencias del Tribunal Constitucional.

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Es, pues, una obra que sentimos como propia, tanto más cuanto que la función del Tribunal consiste en interpretar, actualizar y defender la Constitución, que es su única razón de ser y de existir, como escribiese nuestro primer Presidente don Manuel García-Pelayo.

* * *

Vicepresidenta del Tribunal Constitucional,

Magistrados constitucionales,

Señoras y señores,

En 2017 conmemoramos los 60 años de la creación de dos de las tres Comunidades Europeas y los 25 años del establecimiento de la que se convertiría en su sucesora, la Unión Europea. En 2018, por su parte, se cierra un siglo desde el final de la I Guerra Mundial.

Contrastado con estas efemérides, el acto que hoy celebramos subraya con claridad que la Constitución de 1978 nos encaminó hacia la Europa en paz.

Por tal razón, en un momento singular como éste reconocemos la preemi-nencia y el valor de nuestra Constitución, pues hoy no podemos imaginar dónde o cómo estaríamos sin ella.

El valor, por tanto, de lo que nos ha permitido hacer juntos en estos últimos 40 años, y de lo que nos permitirá en los sucesivos.

El valor de la libertad frente al miedo y de la seguridad frente a la incertidumbre.

El valor de la fortaleza que adquieren el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos cuando se aplican de manera indisociable.

El valor de la capacidad de resistencia que, como sociedad y Nación, nos ha dado, permitiéndonos salvar los escollos más difíciles y los peores desafíos.

El valor de la unidad en la diversidad; el valor de la solidaridad, del desarrollo, del progreso social.

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El valor, en definitiva, de su generosidad y amplitud de miras, que se origina en el propio pacto constitucional.

Ello no obsta para que la Constitución sea reformable, y pueda adaptarse a la España de hoy partiendo de la preservación de sus logros, y siempre y cuando consensuemos qué queremos reformar.

Reformable desde su acatamiento y con lealtad.

Reformable, en definitiva, en la medida en que seamos capaces de generar la efectiva concordia, con fe, optimismo, decisión y valentía, siempre atendiendo a sus procedimientos democráticos y, como pedía Blas de Otero, solamente a golpes de palabra.

Haciendo votos, en todo caso, por un brillante futuro para nuestra Carta Magna, y por la preservación de su esencia de tolerancia y encuentro, les reitero a todos, en nombre del colegio de Magistrados, mi cordial agrade-cimiento por su presencia en la sede de este Tribunal.

Tribunal, el nuestro, que es intérprete auténtico de la Constitución, y cuyos principios y valores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, profundiza y desarrolla día a día a través de los fundamentos del Estado de Derecho democrático, garantizando en particular los derechos y libertades fundamentales y la configuración del Estado social como Estado prestacional.

Muchísimas gracias por su atención.

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VI. Magistrados eméritos Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986) Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989) Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986) Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989) Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986) Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986) Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989) Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980) Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992) Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992) Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986) Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983) Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990) 263

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Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986) Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992) Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral †

(1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995) Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995) Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995) Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995) Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992) Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998) Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998) Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998) Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001) Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001) Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001) Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001) Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998) Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004) Presidente (2001-2004)

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Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004) Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004) Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004) Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011) Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011) Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002) Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011) Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011) Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012) Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008) Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012) Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012) Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013) Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013) Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013) Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013) Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013) Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015) 265

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Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014) Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017) Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017) Vicepresidente (2013-2017)

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Portada

Sumario

Presentación

I. Composición del Tribunal

II. Secretaría General, Letrados,Gabinete de Presidencia, Secretaríasde Justicia, Gerencia e Intervención

III. Acuerdos normativos del Plenoy otras resoluciones de carácter general

IV. Actividad jurisdiccional

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Procesos sobre normas forales fiscales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

D) Honor, intimidad, protección de las comunicaciones y de datos decarácter personal (art. 18 CE)

E) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

F) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y al recurso legal

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

G) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías

b) Derechos a la defensa y a la prueba

H) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)

I) Derecho a la educación (art. 27 CE)

J) Libertad sindical (art. 28 CE)

V. Secretaría General.Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

2. Servicio de Doctrina Constitucional

3. Servicio de Informática

4. Servicio de Gerencia

VI. Presupuesto

VII. Relaciones institucionales

VIII. Otras actividades

IX. Transparencia y accesoa la información pública

Anexos

I. Normas legales y reglamentariasy otras disposiciones relativasal Tribunal

II. Relación de sentenciasy de autos publicadosen el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeode Derechos Humanos en relacióncon España

V. Discurso en el XL aniversariode la Constitución española

VI. Magistrados eméritos