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  • Sala Segunda. Sentencia 23/2018, de 05 de marzo de 2018 (BOE núm. 90, de 12 de abril de 2018).
    Recurso de amparo 5231-2016. Promovido por don Jorge Cano Tamborero en relación con la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de su impugnación de resolución sancionadora.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que omite un pronunciamiento fundándose en el carácter exclusivamente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 160/2001).
  • Sala Primera. Sentencia 22/2018, de 05 de marzo de 2018 (BOE núm. 90, de 12 de abril de 2018).
    Recurso de amparo 5194-2016. Promovido por don Juan Ignacio Manzano Terrades respecto de la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de su pretensión de percibir cantidades reclamadas por reducción de jornada.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial carente de razonamiento suficiente sobre interpretación y aplicabilidad de directiva de la Unión Europea y jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 135/2017). Voto particular.
  • Sala Primera. Sentencia 21/2018, de 05 de marzo de 2018 (BOE núm. 90, de 12 de abril de 2018).
    Recurso de amparo 3766-2016. Promovido por don Wander Suero en relación con el auto de un Juzgado de Instrucción de Madrid denegando la incoación de habeas corpus.
    Vulneración del derecho a la libertad personal: ausencia de información suficiente sobre las razones de la detención y denegación del acceso a los elementos de las actuaciones policiales esenciales para valorar su legalidad.
  • Sala Primera. Sentencia 20/2018, de 05 de marzo de 2018 (BOE núm. 90, de 12 de abril de 2018).
    Recurso de amparo 1821-2016. Promovido por la federación regional de servicios de la Unión General de Trabajadores de Madrid en relación con los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid sobre designación de las organizaciones profesionales y sociales elegidas para que propusieran cinco candidatos al consejo de administración de Radio Televisión Madrid.
    Vulneración de los derechos a la igualdad y de acceso a los medios públicos de comunicación social, en conexión con la libertad de sindicación: exclusión de candidatura carente de cobertura normativa y que no ofrece una justificación objetiva y razonable.
  • Pleno. Sentencia 19/2018, de 22 de febrero de 2018 (BOE núm. 72, de 22 de marzo de 2018).
    Recurso de inconstitucionalidad 681-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, y con un crédito presupuestario incluido en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2015.
    Derechos de asociación y propiedad, principio de igualdad: pérdida de objeto del recurso y desestimación del recurso en relación con el régimen de ventanilla única de facturación y pago y participación en ella de las entidades de gestión.
  • Pleno. Sentencia 18/2018, de 22 de febrero de 2018 (BOE núm. 72, de 22 de marzo de 2018).
    Conflicto positivo de competencia 136-2013. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra.
    Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: pérdida parcial de objeto del conflicto y nulidad de los preceptos reglamentarios que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.
  • Pleno. Sentencia 17/2018, de 22 de febrero de 2018 (BOE núm. 72, de 22 de marzo de 2018).
    Recurso de inconstitucionalidad 7089-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.
    Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: nulidad de la ley foral que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.
  • Pleno. Sentencia 16/2018, de 22 de febrero de 2018 (BOE núm. 72, de 22 de marzo de 2018).
    Recurso de inconstitucionalidad 6036-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
    Competencias sobre vivienda, crédito y ordenación general de la economía: nulidad de los preceptos legales que regulan una expropiación de uso de vivienda que menoscaba las competencias estatales.
  • Pleno. Sentencia 15/2018, de 22 de febrero de 2018 (BOE núm. 72, de 22 de marzo de 2018).
    Conflicto positivo de competencia 1245-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el fondo de carbono para una economía sostenible.
    Competencias sobre ordenación general de la economía, energía y medio ambiente: nulidad de los preceptos reglamentarios que encomiendan determinadas funciones ejecutivas a la Comisión Ejecutiva del fondo de carbono para una economía sostenible (STC 33/2005).
  • Pleno. Sentencia 14/2018, de 20 de febrero de 2018 (BOE núm. 72, de 22 de marzo de 2018).
    Recurso de inconstitucionalidad 1377-2014. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
    Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de los preceptos legales que regulan el derecho a recibir las enseñanzas en las lenguas oficiales y la repercusión a las comunidades autónomas de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castellano y habilitan al Gobierno para el establecimiento de las bases de la educación plurilingüe.

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