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  • Sala Primera. Sentencia 239/1999, de 20 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Recurso de amparo 352/95. Promovido por Eugenio Bordás Polidura frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander, que le condenaron como autor de un delito de tenencia ílicita de armas halladas al registrar un domicilio buscando efectos de procedencia ilícita.
    Supuesta vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la presunción de inocencia: Auto insuficientemente motivado para registrar el domicilio de un tercero, pero pruebas independientes que justifican la condena.
  • Sala Primera. Sentencia 238/1999, de 20 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 1999).
    Recurso de amparo 45/95. Promovido por don Juan José Ramírez Ruiz frente a las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Almería, que le condenaron como autor de un delito contra la salud pública tras ser detenido en un taxi portando cocaína.
    Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: efectos de la ilicitud de la intervención telefónica a un tercero, y pruebas independientes que justifican la condena.
  • Sala Segunda. Sentencia 237/1999, de 20 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Recurso de amparo 3898/94. Promovido por don Juan Sineiro Fernández y don José Garrido González frente a las Sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que les condenaron como autores de un delito contra la salud pública.
    Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la prueba, a la presunción de inocencia y a no sufrir indefensión: intervenciones telefónicas autorizadas mediante Autos motivados e incorporadas al proceso con todas las garantías, aunque las grabaciones no fueran reproducidas en el juicio oral.
  • Sala Segunda. Sentencia 236/1999, de 20 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 1999).
    Recurso de amparo 3819/94. Promovido por don José Ramón Prado Bugallo frente a las Sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que le condenaron como autor de delitos contra la salud pública y otros.
    Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la prueba y al proceso: intervenciones telefónicas autorizadas mediante Autos motivados e incorporadas al proceso con todas las garantías, aunque las grabaciones no fueran reproducidas en el juicio oral.
  • Pleno. Sentencia 235/1999, de 16 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Recurso de inconstitucionalidad 2514/94. Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
    Competencias sobre la ordenación del crédito, planificación económica y Cajas de ahorro.
  • Pleno. Sentencia 234/1999, de 16 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Cuestión de inconstitucionalidad 1413/94. Planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respecto de la Disposición adicional vigésima de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, que fijó la edad de pase a la situación de segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
    Contenido de las Leyes de presupuestos del Estado.
  • Pleno. Sentencia 233/1999, de 16 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Cuestiones de inconstitucionalidad 2679/96, 4626/96, 2820/96, 4646/96 y 745/97 y recursos de inconstitucionalidad 572/89, 587/89, 591/89 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, don Federico Trillo- Figueroa y Martínez-Conde, en representación de sesenta Diputados y los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Canarias, respecto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
    Principios de reserva de ley tributaria y sobre prestaciones de carácter público, seguridad jurídica, igualdad e intimidad informática. Competencias sobre Hacienda general, régimen local y Administraciones públicas. Votos particulares.
  • Sala Segunda. Sentencia 232/1999, de 13 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Recurso de amparo 953/99. Promovido por don Javier Ortega Martín respecto al Auto del Juzgado Togado Militar Territorial núm. 32 de Zaragoza, que denegó su solicitud de habeas corpus frente al arresto ordenado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
    Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una solicitud de habeas corpus, a pesar de haber sido presentada por una persona efectivamente privada de su libertad por una autoridad no judicial.
  • Sala Segunda. Sentencia 231/1999, de 13 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 1999).
    Recurso de amparo 148/99. Promovido por Punta La Plata S.A. respecto de la tramitación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en un contencioso sobre una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Estepona.
    Supuesta vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: denuncia de la dilación, al sustanciar un recurso de casación contencioso-administrativo durante más de cinco años, dos meses antes de interponer el recurso de amparo.
  • Sala Primera. Sentencia 230/1999, de 13 de diciembre de 1999 (BOE núm. 17, de 19 de enero de 2000).
    Recurso de amparo 2178/98. Promovido por doña Ascensión Goya Avila respecto de la tramitación por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de La Laguna de un juicio de faltas por accidente de tráfico.
    Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de más de dos años para proseguir el procedimiento dirigido a dictar el Auto ejecutivo de indemnización.

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