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  • Sala Primera. Sentencia 80/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 4874/1997. Promovido por don Xavier Latorre Tapis respecto a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, revocando la dictada en instancia, declaró procedente la extinción de su contrato de trabajo por la organización Médicos Sin Fronteras de España.
    Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (incongruencia) y a la libertad de expresión: no renovación de contrato justificada por razones ajenas a las críticas del trabajador.
  • Sala Segunda. Sentencia 79/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 4202/1997. Promovido por Iberia, Compañía Anónima de Seguros Generales, frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estimaron la demanda dirigida contra ella en reclamación de cantidad.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al proceso): STC 285/2000 (denegación de comparecencia en juicio a un Abogado que actúa por poder conferido ante un Tribunal de otra localidad, sin posibilidad de subsanación).
  • Sala Segunda. Sentencia 78/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 3678/1997. Promovido por don José Francisco Soler Sánchez frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó su demanda contra la Administración tributaria por liquidación de intereses de demora.
    Supuesta vulneración del derecho a la prueba, y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): Sentencia que no resuelve la alegación de fuerza mayor en la presentación de las declaraciones del IVA.
  • Sala Segunda. Sentencia 77/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 2948/1997. Promovido por doña María Fabiola Maqueda Abreu y otros respecto al Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo que declaró caducado su recurso de casación civil en un proceso de menor cuantía.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: citación edictal a los herederos de la parte, tras haber fallecido ésta, su esposa y su Procurador, sin haber agotado las posibilidades disponibles para lograr una comunicación efectiva.
  • Sala Segunda. Sentencia 76/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 1714/1997. Promovido por la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia que, revocando la dictada en instancia, desestimó su demanda de tutela de protección de derechos fundamentales por la negativa de la empresa AIMPLAS a permitir una asamblea.
    Supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical: negativa de una empresa a ceder un local que no impide la promoción de elecciones sindicales; legitimación para convocar una reunión de todos los trabajadores de una empresa.
  • Sala Segunda. Sentencia 75/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 1195/1997. Promovido por doña María del Mar Hernández Martín frente a los Autos y providencia de un Juzgado de lo Social de Madrid que acordaron archivar su demanda de despido y denegar su desistimiento respecto de una de las codemandadas.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda laboral por razones que sólo atañen a una de las tres entidades demandadas; validez de la admisión parcial de demanda (STC 112/1997).
  • Sala Segunda. Sentencia 74/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 691/1997. Promovido por el Banco Hipotecario de España, S.A., frente a la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que resolvió la cuestión de competencia territorial por inhibitoria suscitada entre dos Juzgados de Primera Instancia de Madrid y de Játiva, en un proceso de ejecución hipotecaria.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento a la parte de un proceso civil, para comparecer y ser oída en una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.
  • Sala Primera. Sentencia 73/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 348/1997. Promovido por don Francisco Peñalver Vázquez respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que, en grado de apelación, confirmó la desestimación de su demanda en reclamación de cantidad por un accidente de tráfico.
    Vulneración del derecho a la prueba: Sentencia civil que desestima un recurso de apelación sin practicar la prueba admitida en el juicio verbal de instancia, consistente en el testimonio de las diligencias penales previas, y que no fue practicada.
  • Sala Segunda. Sentencia 72/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 4489/1996. Promovido por don Jaime Ortega Gómez frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo y el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dieron lugar a su condena por un delito contra la salud pública.
    Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena fundada en declaraciones de coimputados, prestadas durante la instrucción y retractadas en el juicio oral, pero no corroboradas (STC 153/1997).
  • Sala Primera. Sentencia 71/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104, de 30 de abril de 2001).
    Recurso de amparo 2908/1996. Promovido por don Miguel Ángel Aguilar Palazuelos y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que inadmitió su demanda por haber sido cesados en Renfe como voluntarios en prácticas, con ocasión de su licenciamiento en el Ejército de Tierra.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo, por agotar la vía administrativa ante un Ministerio incompetente, que es manifiestamente irrazonable.

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