TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Competencias sobre aeropuertos, ordenación del territorio y dominio público marítimo-terrestre: prohibición legal de nuevas infraestructuras aeronáuticas; informe vinculante a planes estatales con incidencia territorial; determinación de la ribera del mar. Nulidad de preceptos autonómicos.

Principios de interdicción de la arbitrariedad del legislador e igualdad: coeficiente de población para liquidar la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado correspondiente a los años 1997 y 1998 (STC 104/2000).

Reglamentación de una denominación de origen que es ajena al cauce procesal del conflicto constitucional de competencias. Voto particular.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso penal), proceso con garantías y presunción de inocencia: alcance de la adhesión a la apelación penal; condena pronunciada en apelación sin necesidad de celebrar vista pública (SSTC 167/2002 y 170/2005); prueba de indicios sobre la influencia de la ingesta de alcohol en la conducción del vehículo.

Vulneración del derecho a la prueba: sentencia contencioso-administrativa que desestima un recurso por falta de prueba, tras haberse inadmitido todas las pruebas propuestas para acreditar una mala praxis médica.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: sentencia de suplicación social, y auto de nulidad de actuaciones, que dejan sin resolver quién debe abonar la prestación de invalidez (STC 227/2002).

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): acto administrativo declarado firme y consentido por no haber impugnado judicialmente en su día la desestimación presunta del recurso administrativo (SSTC 6/1986 y 188/2003).

Aplicando la doctrina de la STC 2/2007, de 15 de enero, que resolvió un asunto sustancialmente idéntico, se otorga el amparo por vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la igualdad en el empleo público, a no ser discriminado por razón de religión y a la libertad religiosa, y de los principios de objetividad de la Administración pública y de interdicción de la arbitrariedad del legislador: plenitud de jurisdicción de los Tribunales civiles; contratación laboral y declaración eclesiástica de idoneidad de los profesores de religión católica en centros escolares públicos; aconfesionalidad del Estado y deber de cooperación con las confesiones religiosas.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: entrega para cumplir pena de prisión que no se ajusta a la Sentencia 177/2006 en tanto reabre la cuestión de la nacionalidad del reclamado.