TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Derecho a la igualdad: validez del precepto legal que limita la cesión del derecho al permiso por razón exclusivamente al supuesto de que ambos progenitores trabajen (STC 75/2011).

Competencias sobre cajas de ahorro y ordenación general de la economía: nulidad del precepto de la ley estatal que atribuye al Ministerio de Economía la competencia para aprobar los estatutos, los reglamentos que regulen la designación de miembros de los órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia Católica (STC 118/2011).

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los ruidos sufridos por el demandante en su salud y en su domicilio (STC 119/2001). Votos particulares.

Principios de protección ambiental y de participación de los interesados en los procedimientos administrativos; garantía constitucional del domino público: validez de los preceptos legislativos estatales que regulan el contrato de cesión de derechos de uso de agua.

Competencias sobre ordenación general de la economía, régimen energético y defensa de los consumidores: nulidad de los preceptos de la ley autonómica que hacen recaer sobre el distribuidor los costes de instalación de los dispositivos de medida de calidad en el suministro de energía eléctrica, tipifican como infracciones conductas relacionadas con el régimen tarifario del sector eléctrico e introducen un plazo de prescripción de las infracciones graves más breve que el establecido en la legislación básica estatal.

Alcance de la reserva de ley orgánica en materia de delimitación de las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales: validez del precepto de la ley ordinaria que atribuye al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones contra resoluciones y actos administrativos de inscripción de empresas en la Seguridad Social (STC 121/2011).

Alcance de la reserva de ley orgánica en materia de delimitación de las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales: validez del precepto de la ley ordinaria que atribuye al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones contra resoluciones y actos administrativos de inscripción de empresas en la Seguridad Social (STC 121/2011).

Vulneración del derecho de defensa: resolución administrativa que impone una sanción de expulsión del territorio nacional, en lugar de la sanción de multa prevista por la ley con carácter general, fundándose en datos nuevos incorporados a la propuesta de resolución, de la que no se dio traslado al interesado.

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción impuesta en aplicación del reglamento de la denominación de origen "Rioja", posteriormente anulado por resolución judicial, y que carece de cobertura legal (STC 35/2010).

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión de recurso de amparo por insuficiente justificación de su especial trascendencia constitucional.