TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías: ausencia de notificación inmediata de la admisión de querella que no menoscabó las posibilidades de defensa del acusado; condena fundada en amplia actividad probatoria desarrollada en la vista oral; rechazo de los motivos casacionales referidos a la errónea valoración de la prueba basado en la ausencia de literosuficiencia de los documentos aportados.

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, a la prueba, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: condena penal fundada en declaraciones de quien había sido condenado por los mismos hechos en un proceso distinto, corroboradas por factores externos; sustanciación de la responsabilidad civil por la jurisdicción penal. Voto particular.

Alegada vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos representativos: falta de agotamiento de la vía administrativa previa al proceso contencioso-electoral al no haberse formulado la pertinente reclamación o protesta ante la junta electoral; forma de celebración del sorteo para resolver el empate entre candidaturas que no resulta contraria al principio de proporcionalidad en la adjudicación de concejales.

Vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos representativos: señal introducida en la papeleta electoral que constituye únicamente una irregularidad no invalidante al no generar dudas de que era voluntad del elector dar su voto a la candidatura a la que se refiere la papeleta.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (inmodificabilidad): resolución judicial que, fuera de los cauces legales, rectifica los criterios de valoración de las papeletas electorales cuya validez había sido declarada por Sentencia.

Vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

Alcance de la reserva de ley orgánica en materia de delimitación de las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales: validez del precepto de la ley ordinaria que atribuye al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones contra resoluciones y actos administrativos de alta de trabajadores en la Seguridad Social.

Competencias en materia de fundaciones: nulidad de los preceptos que incluyen en el ámbito de aplicación de la ley autonómica a las fundaciones constituidas por personas jurídicas del sector público estatal y a todas las fundaciones creadas por las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: admisión como enmiendas de unos textos que no guardaban relación material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar.

Competencias sobre cajas de ahorro y ordenación general de la economía: nulidad parcial de los preceptos de la ley estatal que regulan las condiciones de reelección y limitan temporalmente la duración del mandato de los miembros de los órganos rectores de las cajas de ahorro; alcance de la competencia autonómica en materia de organización interna de las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia Católica.