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  • Sala Segunda. Sentencia 6/2011, de 14 de febrero de 2011 (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2011).
    Recurso de amparo 634-2007. Promovido por doña Ana María Aguerri Urtasun y 23 personas más frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de un Juzgado de lo Social de Pamplona que desestimaron su demanda de tutela de derechos fundamentales contra Correos y Telégrafos, S.A.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad): exclusión de las bolsas de contratación temporal de la sociedad estatal de aquellos trabajadores que habían impugnado judicialmente la extinción por la empresa de una previa relación laboral de carácter temporal.
  • Sala Segunda. Sentencia 5/2011, de 14 de febrero de 2011 (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2011).
    Recurso de amparo 11684-2006. Promovido por don Emilio Laguna Serrano frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó su no inclusión en el censo para las elecciones de representantes en el Consejo Nacional de Policía.
    Vulneración del derecho a la igualdad en la ley: exclusión de un funcionario técnico no integrado en ninguna de las escalas del Cuerpo Nacional de Policía del proceso de elección de representantes en el Consejo Nacional de Policía (STC 120/2010).
  • Sala Primera. Sentencia 4/2011, de 14 de febrero de 2011 (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2011).
    Cuestión de inconstitucionalidad 7559-2006. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto del artículo 34.1 del texto refundido sobre comercio interior aprobado por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo.
    Competencias sobre comercio interior y legislación mercantil: nulidad parcial del precepto autonómico que altera la regulación de la venta en rebajas contenida en la legislación estatal (STC 157/2004).
  • Sala Segunda. Sentencia 3/2011, de 14 de febrero de 2011 (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2011).
    Recurso de amparo 3936-2006. Promovido por don Juan Navarro Lifante frente a las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en proceso por daños y perjuicios derivados de un contrato de recaudación de exacciones locales.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia que no resuelve el fondo del recurso contencioso-administrativo al aplicar, sin motivación, la excepción de prescripción de la acción.
  • Sala Primera. Sentencia 2/2011, de 14 de febrero de 2011 (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2011).
    Recurso de amparo 2624-2006. Promovido por don Crisanto Gil Moreira frente al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que le condenó por un delito de incendio.
    Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la prueba: denegación de informe del cuerpo de bomberos que no produce indefensión al existir ya un informe emitido por ese mismo servicio, obrante en autos y coincidente con el elaborado por la policía científica; error fáctico carente de relevancia constitucional al no haber sido determinante de la inadmisión del recurso de casación.
  • Sala Primera. Sentencia 1/2011, de 14 de febrero de 2011 (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2011).
    Conflicto positivo de competencia 4824-2002, 4825-2002, 4826-2002, 4827-2002, 4828-2002, 1065-2004. Interpuestos por la Diputación General de Aragón en relación con diversos convenios de colaboración en materia de formación continuada de las profesiones sanitarias, y respecto de los artículos 35.1 y 4 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
    Competencias sobre sanidad, educación y régimen estatutario de los funcionarios públicos (SSTC 95/2002 y 190/2002). Nulidad parcial de los convenios de colaboración y de los preceptos legales.
  • Sala Segunda. Sentencia 143/2010, de 21 de diciembre de 2010 (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2011).
    Recurso de amparo 440-2010. Promovido por don Jon Anda Vélez de Mendizábal frente a los Autos de la Audiencia Nacional y de un Juzgado Central de Instrucción que decretaron su prisión provisional.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal: prisión provisional sin motivar para preservar el secreto del sumario (STC 18/1999).
  • Sala Segunda. Sentencia 142/2010, de 21 de diciembre de 2010 (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2011).
    Recurso de amparo 9208-2009. Promovido por don Samba Bande respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en proceso sobre inadmisión administrativa de petición de asilo.
    Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de año y medio para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 93/2008).
  • Sala Segunda. Sentencia 141/2010, de 21 de diciembre de 2010 (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2011).
    Recurso de amparo 9674-2008. Promovido por doña Jimena Alejandra Peñazola Zúñiga frente a Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.
    Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de año y medio para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 93/2008).
  • Sala Segunda. Sentencia 140/2010, de 21 de diciembre de 2010 (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2011).
    Recurso de amparo 5453-2007. Promovido por don Manuel Martínez Rodríguez y De Manuel Joyeros, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en proceso sobre responsabilidad subsidiaria por deudas tributarias.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): negativa del órgano judicial a controlar las liquidaciones de las que traía causa la responsabilidad derivada basada en una argumentación que condiciona el ejercicio del derecho fundamental de la demandante de amparo a la diligencia procesal del deudor principal (STC 39/2010).