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  • Sala Segunda. Sentencia 10/2013, de 28 de enero de 2013 (BOE núm. 49, de 25 de febrero de 2013).
    Recurso de amparo 2741-2010. Promovido por doña Maider Ziganda Población y otras seis personas más respecto de las resoluciones de la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acordaron la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekintza.
    Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos públicos y a la tutela judicial efectiva: disolución de grupos municipales coherente con las resoluciones judiciales declaratorias de la ilegalidad de un partido político y que no lesiona la función representativa de los concejales que los integraban.
  • Sala Primera. Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013 (BOE núm. 49, de 25 de febrero de 2013).
    Recurso de inconstitucionalidad 2159/2008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con la disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008.
    Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas (STC 32/2000).
  • Pleno. Sentencia 8/2013, de 17 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de inconstitucionalidad 2586-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias frente al artículo único apartado uno de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.
    Competencias sobre ordenación general de la economía y régimen energético: constitucionalidad del precepto legal que atribuye a la Administración del Estado la competencia para otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación que afecten al subsuelo marino.
  • Pleno. Sentencia 7/2013, de 17 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Conflicto positivo de competencia 3030-2006. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas de 17 de octubre de 2005, por la que se ordena la publicación del IV Acuerdo de formación continua en las Administraciones públicas.
    Competencias sobre legislación laboral, régimen jurídico de las Administraciones públicas y régimen estatutario de los funcionarios públicos: competencias de ejecución cuyo ejercicio corresponde a la Generalitat de Cataluña (STC 225/2012).
  • Pleno. Sentencia 6/2013, de 17 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de inconstitucionalidad 1661-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.
    Competencias sobre educación: constitucionalidad de las disposiciones legales estatales (STC 184/2012).
  • Pleno. Sentencia 5/2013, de 17 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de inconstitucionalidad 5762-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno con respecto a varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica de Cataluña.
    Competencias sobre medio ambiente, infraestructuras de transporte y sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas: inaplicabilidad a las infraestructuras de titularidad estatal del precepto legal autonómico relativo al plan de medidas para minimizar el impacto acústico. Voto particular.
  • Pleno. Sentencia 4/2013, de 17 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de inconstitucionalidad 4573-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
    Competencias sobre ordenación general de la economía, régimen energético y defensa de los consumidores: nulidad del precepto legal que impone la vigencia de un mismo nivel de calidad de suministro de energía eléctrica en todo el territorio autonómico; interpretación del precepto relativo a la reducción de la factura por consumo de energía eléctrica resultante de la pérdida de la calidad del suministro.
  • Pleno. Sentencia 3/2013, de 17 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de inconstitucionalidad 1893-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 30.2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.
    Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos.
  • Sala Primera. Sentencia 2/2013, de 14 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de amparo 563-2012. Promovido por las entidades Newell 2000, S.L., y Cartney Trans, S.L., con respecto a las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Asturias y un Juzgado de lo Penal de Avilés en procedimiento abreviado por delitos contra la hacienda pública.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia de apelación que se aparta conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 59/2010).
  • Sala Primera. Sentencia 1/2013, de 14 de enero de 2013 (BOE núm. 37, de 11 de febrero de 2013).
    Recurso de amparo 2271-2011. Promovido por don Francisco Fuster González de la Riva y don Joaquín María Fuster González de la Riva en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca que les condenaron por un delito de injurias con publicidad.
    Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): apartamiento consciente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional que conlleva una apreciación sobre la prescripción del delito que no ofrece una tutela reforzada de la libertad personal del acusado (STC 59/2010).