TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Dispone estar a lo acordado en el ATC 112/2015, de 23 de junio, por el que se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad 374-2015, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona en relación con el epígrafe e) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3449-2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 195.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Acuerda la extinción, por pérdida de objeto, del recurso de amparo 1343-2015, promovido por don José Chacartegui Pérez Castrillón en pleito civil.

Desestima el recurso de súplica de la representación procesal del demandante sobre inadmisión del recurso de amparo 5310-2014, promovido por don B. M. M. en causa penal.

Desestima el recurso de súplica del Ministerio Fiscal sobre inadmisión del recurso de amparo 200-2014, promovido por Proconsfire Garraf, S.L., en pleito civil.

Acuerda la extinción, por pérdida de objeto, del recurso de amparo 7590-2014, promovido por don Javier Martín-Artajo Rueda en proceso contencioso-administrativo.

Estima el recurso de súplica del Ministerio Fiscal sobre inadmisión del recurso de amparo 350-2011, promovido por don José Luis Salazar Salazar en proceso contencioso-administrativo.

Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 3575-2015, planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2640-2015, planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona en relación con la disposición final octava de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal.

Inadmite la cuestión de inconstitucionalidad 2639-2015, planteada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona en relación con la disposición final octava de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del código penal.