CONSTITUTIONAL COURT OF SPAIN

Acuerda el desistimiento en el recurso de amparo 5214-2002 promovido por Codorniu, S.A. en proceso contencioso-administrativo.

Levanta la suspensión de varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de previsión social, en el recurso de inconstitucionalidad 5851-2003 promovido por el Presidente del Gobierno.

Inadmite a trámite el recurso de amparo 6172-2001 promovido por Promociones Jupromi S.A., en juicio universal de quiebra involuntaria.

Acuerda la suspensión en el recurso de amparo 6657-2003 promovido por don Kastriot Jaupi, en procedimiento de extradición a la República de Albania.

Mantiene la suspensión parcial del Decreto de la Generalidad de Cataluña 156/2003 en el conflicto positivo de competencia 5781-2003 promovido por el Gobierno de la Nación. Voto particular.

Acuerda la suspensión parcial en el recurso de amparo 5827-2003 promovido por don Sebastián López González, en causa por delito de robo con intimidación.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 626-2003 planteada por el Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona, en relación con el artículo 174.1 de la Ley general de Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7368-2002 planteada por el Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona, en relación con el art. 42.5 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6567-2002 por desaparición de su objeto, en relación con el art. 2.3 del Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4927-2002 planteada por el Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona, en relación con el art. 42.5 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.