Presentación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.
Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
El Tribunal Constitucional comparece de nuevo ante la opinión pública para dar cuenta de su trabajo durante el pasado año. Un trabajo que no sólo se pone de amnifiesto en las estadísticas que aquí ofrecemos, expresivas de la circunstancia en la que se desenvuelve el ser propio de la institución, sino que debe valorarse por la complejidad e importancia de algunos de los asuntos resueltos en 2003.
Los datos fríos son los siguientes: El incremento de la demanda de justicia constitucional sigue siendo la pauta característica. Próximo ya a los ocho mil asuntos de nuevo ingreso (7878), el Tribunal ha recibido 7721 demandas de amparo y 157 recursos de la competencia del Pleno. El notable aumento respecto del año 2002 (con un total de 7456 nuevos asuntos) es, sin embargo, sólo aparente, pues 377 del total de las demandas de amparo corresponden al procedimiento de amparo electoral sustanciado como consecuencia de la ilegalización del partido político Batasuna (STC 85/2003). Ese único dato ya reduce la diferencia con el año precedente en un incremento de 46 nuevos recursos. Por lo que hace al Pleno, se ha producido una drástica disminución de los recursos de inconstitucionalidad (36, frente a 61 en el año 2002) y un espectacular aumento de los conflictos positivos de competencia (22 frente a 10). Las cuestiones de inconstitucionalidad continúan la línea descendente iniciada en 2002 (96 frente a 99) tras el acusado incremento del año 2001 (105, frente a 85 del año 2000 y 33 de 1999). Una impugnación del Título V de la Ley Orgánica y dos conflictos en defensa de la autonomía local completan la nómina de procedimientos incoados.
La respuesta jurisdiccional del Tribunal Constitucional se cifra en un total de 7259 resoluciones dictadas, de las que 6361 han sido definirivas y 230 son Sentencias. Se observa un sensible incremento del número de Autos (267, frente a 184 en 2002) y de las providencias de inadmisión y terminación (5861 frente a 5248), si bien no se ha superado el registro del año 2000 (6057). También se han incrementado las admisiones (739 frente a 315), de las que 239 corresponden a recursos de amparo (a los que deben sumarse los 377 electorales que dieron lugar a la STC 85/2003), que equivalen, haciendo abstracción de la singularidad de los electorales citados, al 4,14 por 100 del total de amparos ingresados.
Las grandes cifras se mueven, por tanto, en los márgenes que han definido la tendencia de los últimos años. Las urgencias siguen siendo, en consecuencia, las mismas, pues la efectividad de las garantías constitucionales no deja de padecer el riesgo grave que supone la progresión advertida en el ritmo de nuevas demandas. El Tribunal Constitucional procura conjurarlo con los medios que le facilita su legislador orgánico, apurando en lo posible los instrumentos de que dispone para la administración eficiente de ese bien escaso que es la jurisdicción constitucional. En ese empeño seguirán aplicándose quienes le sirven, a quienes me ha cabido el honor de presidir durante el mandato que ahora concluye.
Madrid, marzo de 2004