Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
En el año al que se refiere esta Memoria el Tribunal ha sufrido la pérdida, por renuncia al cargo, del Magistrado don Fernando Garrido Falla, uno de los grandes Maestros españoles del Derecho. Su puesto lo ocupa ahora don Jorge Rodríguez-Zapata Rodríguez, otro ilustre jurista, nombrado por S.M. el Rey, a propuesta del Senado, a los pocos días de aquella renuncia. En esta ocasión, afortunadamente, el Tribunal no ha padecido las demoras que han acompañado a otros procesos de renovación, por lo que es de agradecer y subrayar la responsabilidad institucional demostrada por quienes han hecho posible que el Tribunal no haya arrastrado en el tiempo la penuria de una formación incompleta.
Las grandes cifras que arrojan las estadísticas que aquí ofrecemos hablan del trabajo diario del Tribunal y también de lo que de él se espera. A este último respecto se constata que la demanda de justicia constitucional ha vuelto a incrementarse, hasta superar ya la barrera de los siete mil asuntos de nuevo ingreso (7456). De ellos, como es habitual, la inmensa mayoría son recursos de amparo (7285), seguidos a enorme distancia por las cuestiones y los recursos de inconstitucionalidad (99 y 61, respectivamente). Los asuntos de Pleno suman un total de 171, de manera que se han superado los 148 del año precedente, si bien ha de tenerse en cuenta que 41 recursos de inconstitucionalidad son repetitivos, por lo que, en términos materiales, puede hablarse de una reducción de asuntos. Por su parte, las cuestiones de inconstitucionalidad suman prácticamente las ingresadas en 2001 (104). La tendencia a la baja de los conflictos vuelve a confirmarse con un total de 10, frente a los 17 de 2001. Un único conflicto en defensa de la autonomía local se suma a los 2 del año anterior y a los 3 del año 2000.
Frente a la demanda, la respuesta que el Tribunal ha podido ofrecer. El conjunto de resoluciones definitivas dictadas durante el año 2002 asciende a 6078, por encima, pues, del límite de las 6000 ya alcanzado en los dos últimos años. Aunque ambas Salas han dictado más Sentencias que el pasado año, la disminución de Sentencias del Pleno arroja un total de 239, una Sentencia menos, por tanto, que en 2002. Y en cuanto a la respuesta comprometida, el Tribunal ha admitido a trámite 316 nuevos asuntos, de los cuales 179 son recursos de amparo (equivalentes al 2,46 por 100 de los amparos ingresados).
Las cifras anteriores son motivo de preocupación. El incremento de asuntos ingresados no deja de progresar de año en año y la capacidad del Tribunal se ve literalmente desbordada. Difícilmente será factible, en las actuales circunstancias, superar el número de 7000 resoluciones definitivas anuales, y el número de asuntos de nuevo ingreso se ha situado ya por encima de esa cifra. Súmese el total acumulado y se dibujará un horizonte de grave riesgo para la efectividad de las garantías constitucionales que este Tribunal está obligado a dispensar.
Nos hallamos, además, en un momento histórico en el que debe completarse la configuración del Estado de las autonomías, definido en la Constitución Española de 1978. Es una tarea difícil, delicada, de gran trascendencia que, día a día, nos corresponde llevar a cabo.
La institución, como no podía ser de otra manera, afronta su responsabilidad con el mejor empeño y rinde cuenta a la sociedad del trabajo hecho, ofreciendo en esta Memoria los datos que cifran el resultado de sus afanes durante el pasado año.
Madrid, febrero de 2003