Tribunal Constitucional de España

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
EN LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Sevilla, Octubre de 2005

Excma. Sra. Presidenta del Tribunal Constitucional, Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Andalucía, Presidentes y Jefes de Delegación de los Tribunales y Salas Constitucionales de Iberoamérica, Señoras y Señores

Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que hayan decidido celebrar este importante evento en nuestra Comunidad. Sean todos ustedes bienvenidos y espero, sinceramente, que se sientan como en su casa. Así, desde luego, los acogemos nosotros.

Estoy convencido de que los trabajos de esta Conferencia serán especialmente fructíferos y redundarán en reforzar los lazos que han unido históricamente a los constitucionalistas iberoamericanos con los de España, puesto que puede afirmarse que la historia constitucional de Iberoamérica nace con la española, es decir, con el Estatuto de Bayona y, muy especialmente, con la Constitución de Cádiz, de 1812, en cuya elaboración participaron de forma tan destacada los diputados de Ultramar.

Para la casi totalidad de lo territorios americanos el documento gaditano, del que próximamente conmemoraremos su Doscientos Aniversario, fue su primera Constitución. En este sentido, la primera influencia que ejerció la Constitución de Cádiz fue, precisamente, la de abrir a los territorios ultramarinos el camino de las experiencias constitucionales, influencia que, más tarde, se desarrolló en la implantación en la mayor parte de las Constituciones iberoamericanas de los dos grandes principios medulares que sustentaron la Carta gaditana, esto es, la soberanía nacional y la división de poderes.

Hoy, transcurridos dos siglos desde ese momento, contamos, por fortuna, con una común experiencia iberoamericana que ha forjado un Derecho Constitucional similar en muchos aspectos.

Por encima de las diferencias específicas en cuanto a las formas de gobierno, compartimos sistemas democráticos basados en categorías generales que son trasladables a todas nuestras Constituciones: la primacía de la Norma Fundamental, el concepto de derechos fundamentales y sus garantías jurisdiccionales, el significado de la Justicia Constitucional, de la que algunos países iberoamericanos ya nos facilitaban ejemplo antes incluso que naciera en Europa, el contenido del Estado Social de Derecho, las dimensiones del principio de legalidad, el sistema de división y equilibrio de poderes y, en fin, la mayoría de las categorías jurídico-constitucionales que hoy son un patrimonio común de todos nosotros.

En España, pronto cumpliremos los 27 años de la Constitución de 1978, una Constitución que garantiza los derechos de los ciudadanos españoles y que ha presidido este período de paz, de convivencia y de progreso.

Afortunadamente, en estos años el avance de la democracia ha sido también la norma en Iberoamérica. Nunca antes en nuestra historia común ha sido tan extensa la presencia de la democracia en nuestros países. Disponemos, por tanto, de una experiencia en alguna medida homogénea sobre la que reflexionar y aprender.

Y la primera enseñanza que la realidad y la teoría nos proporcionan es que no hay más Constitución auténtica que la Constitución democrática, que es la única que en su texto articulado organiza debidamente los Poderes del Estado, condiciona y limita efectivamente su ejercicio y asegura los derechos y libertades de los ciudadanos. Es así la única Constitución capaz de ser, verdaderamente, norma fundamental.

Sin embargo, también la realidad y la teoría nos proporcionan otra enseñanza: que la existencia de una cultura constitucional democrática constituye uno de los más firmes apoyos de la Constitución y una de las mayores garantías de su cumplimiento.

La ejemplaridad y constancia de las fuerzas políticas y de todos los servidores del Estado, los valores cívicos que deben ser consolidados mediante el sistema educativo, la realización de políticas sociales orientadas a promover la igualdad y reducir las desigualdades, el ejercicio responsable y equilibrado de los Poderes y la búsqueda del entendimiento por los agentes económicos y sociales, son, entre otras, condiciones indispensables para que las normas fundamentales arraiguen y tengan una efectiva vigencia.

Pero, junto a todo ello, hay que resaltar el insustituible papel que cumple la Justicia Constitucional, de la que Vdes. son destacados servidores.

Como ha señalado el eminente profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá “la supremacía de la Constitución no tendría ninguna aplicación real si no existieran garantías que la efectivicen frente a los conflictos constitucionales que se producen al interior de cada sociedad política. La jurisdicción constitucional contribuye a la resolución pacífica de los conflictos dentro del marco constitucional. La instauración de un sistema de jurisdicción constitucional y su eficacia frente a órganos estatales y a particulares determinan la fuerza normativa de la Constitución, lo que es una de las columnas básicas del estado constitucional contemporáneo” .

Puedo decirles, y me satisface hacerlo en presencia de su Presidenta, que en España todos coincidimos en que el Tribunal Constitucional es una de las piezas fundamentales en el equilibrio de poderes del Estado del que nos hemos dotado los españoles.

Un Tribunal que, además, ha desempeñado una función como tal desde el inicio de su andadura, cumpliendo con el mandato constitucional de proteger la supremacía de la Constitución, de depurar del ordenamiento jurídico las normas contrarias a la Constitución y, de forma muy particular, llevando a cabo su labor de garantía y de defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los ciudadanos.

Nuestro recordado Tomás y Valiente señalaba que la “mayor garantía de que la Constitución no es una mera declaración programática, sino una norma que obliga a todos los poderes públicos, incluso al poder legislativo, es la existencia de un órgano jurisdiccional que sólo habla cuando se le pregunta y cuando le pregunta quién puede hacerlo y cuya respuesta consiste en interpretar la Constitución …. Y en decir si la norma impugnada es o no conforme a ella”

El control de la constitucionalidad mediante la justicia constitucional es una pieza fundamental de la democracia moderna. Sin una justicia constitucional, regulada por la Constitución y las leyes, la Constitución sería papel mojado, sin importancia, porque no existiría un instrumento de su defensa y cumplimiento.

En España, desde el primer momento, en el proceso constituyente, se aceptó, sin discusión de relieve, que nuestro país se dotaría de un Tribunal Constitucional, lo que resultaba explicable dados nuestros antecedentes de la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales en la Segunda República, que fue uno de los primeros europeos.

En todos estos años de democracia ha podido constatarse el vigor actual de la justicia constitucional. Más aún, el desarrollo de nuestro Estado constitucional en los últimos veinticinco años no hubiera sido posible sin la justicia constitucional y, a su cabeza, sin el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia ha sido impecable en materia de derechos fundamentales y equilibrada en materia de autonomía territorial, materias ambas que son el núcleo de la Constitución por estar íntimamente enlazadas con las dos manifestaciones de la forma del Estado (Estado democrático y Estado autonómico).

Y así ha sido también en Iberoamérica, donde se han desarrollado un conjunto de modelos de control de constitucionalidad que desbordan el estrecho marco conceptual de los modelos tradicionales, de control difuso o concentrado, generándose sistemas mixtos con distintas dosis de ambos modelos originarios o desarrollando fórmulas originales.

En todo caso, con unos u otros modelos, lo cierto es que puede afirmarse con todo rigor que la Justicia Constitucional ha sido y es un importante factor de impulso y consolidación de la Democracia en Iberoamérica.

Ha sido un Profesor de la Universidad de Sevilla, el Sr. Pardo Falcón, quien, analizando la historia Constitucional iberoamericana del pasado Siglo XX, ha señalado que la Justicia Constitucional Iberoamericana ha ejercido con tenacidad lo que podrían denominarse sus funciones “normales”, esto es hacer valer la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Pero, en determinadas ocasiones, y fruto de la singularidad del contexto político la Justicia Constitucional de algunos países hermanos de Iberoamérica ha debido convertirse en el último baluarte de la defensa e incluso de la supervivencia del Estado Democrático, ya sea ejerciendo al límite sus competencias en el plano jurídico ya sea yendo incluso más allá en una actuación que sólo puede explicarse por el coraje cívico y las convicciones profundamente democráticas de sus miembros.

Permítanme que, muy brevemente, haga mención a una cuestión que me parece de particular interés. Me refiero al hecho de que Conferencias y encuentros como éste, aunque tengan un contenido muy específico y profesional, contribuyen de forma destacada al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana.

El mundo iberoamericano tiene -por extensión, por población y recursos, por cultura y capital humano- un potencial extraordinario y un papel insustituible en lo que denominamos proceso de globalización cuando éste se encuentra en su fase más avanzada... Como espacio socio-económico, como comunidad cultural y como sujeto político.

En un nuevo escenario mundial en el que se configuran grandes bloques y emergen nuevos y potentes actores, Iberoamérica debe fortalecerse como Comunidad de naciones, hacer oír su voz en el concierto internacional y poner sobre la mesa sus intereses y aspiraciones.

Iberoamérica debe proyectarse al mundo con un afán integrador, de consenso, de afirmación del diálogo multilateral y de la legalidad internacional; un afán de búsqueda de la seguridad y de la estabilidad en la justicia y en los derechos de todos los seres humanos.

Acaba de celebrarse la décimo quinta Cumbre en la que la Comunidad Iberoamericana ha iniciado una nueva andadura, y ha fijado una agenda interna precisa y unas metas a alcanzar en el mundo.

A su término, y en la llamada “Declaración de Salamanca”, todos los Jefes de Estado y de Gobierno han coincidido en que “la democracia constituye un factor de cohesión del espacio iberoamericano. Consideramos, dice la Declaración, que es necesario desarrollar una agenda iberoamericana que refuerce la calidad de nuestras democracias y su capacidad de responder a las expectativas de los ciudadanos en términos de protección de sus derechos y satisfacción de sus necesidades socioeconómicas”

La verdad es que, si pensamos en los grandes problemas del Desarrollo y de la Modernización social, en el impacto de fenómenos globales -comerciales, tecnológicos, culturales-, nos encontramos con que pueden ser entendidos como atascos en los conductos de la Libertad, como bloqueos en las arterias de la Democracia.

Dicho más sencillamente: los problemas de desarrollo son en gran parte problemas de libertad y de Democracia.

De Democracia, en el sentido más amplio e integral de la palabra. Que es a la postre indivisible.  Porque el ser humano es uno, y porque las sociedades no son troceables en compartimentos estancos. En otras palabras, no se intercambia Libertad y Democracia por Progreso Económico. Nunca ha sido verdad y ahora menos que en ningún otro momento de la historia.

Estoy convencido de que, en esa agenda para mejorar la calidad de la democracia, los Tribunales y Cortes Constitucionales aquí representados tienen un papel especialmente relevante.

Lo que yo, como Presidente de la Junta de Andalucía, puedo añadir es que pueden tener la seguridad de que nuestra Comunidad Autónoma, que siempre ha tratado de ser un canal de comunicación entre los dos continentes, va a seguir trabajando para potenciar el diálogo, el encuentro y la cooperación entre una y otra orilla del mismo mar. Tengan la seguridad de que nunca dejaremos de ejercer ese papel.

Para terminar, quisiera felicitarles de antemano por el valioso trabajo que van a realizar, que, sin duda, será de gran utilidad y del máximo interés.

Quisiera, asimismo, expresar mi confianza en que su estancia en Andalucía sea una grata experiencia y que ésta les sugiera e invite una nueva visita con más tiempo y rogarles que trasladen a sus respectivos países un mensaje de fraternal afecto y amistad desde esta tierra andaluza.

Muchas gracias

Conclusiones organizativas

CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
CONCLUSIONES ORGANIZATIVAS

Las Delegaciones de los Tribunales, Cortes y Salas participantes en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, reunidos en la ciudad de Sevilla (España):

1. Expresan su satisfacción por la organización y resultados de la Conferencia, reunida a iniciativa del Tribunal Constitucional de España con ocasión de su XXV Aniversario, que ha supuesto un punto de enlace con las reuniones ya celebradas en Lisboa (1995), Madrid (1998) y Antigua Guatemala (1999).

2. Constatan que, desde la diversidad de sistemas y modelos de control de constitucionalidad y de protección de los derechos y libertades fundamentales, forman parte de una Comunidad de Justicia Constitucional, con la función de garantizar la primacía normativa de nuestras respectivas Constituciones.

3. Comparten la necesidad de dar continuidad y fortalecer la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, instituyéndola a partir de esta reunión como permanente foro de colaboración entre los órganos jurisdiccionales de Latinoamérica, Andorra, Portugal y España, y dotándola, para ello, de una Secretaría que garantice su estabilidad.

4. Instan al Tribunal Constitucional de España la preparación de un proyecto de Estatutos de la Conferencia, con la formulación de las correspondientes propuestas organizativas. Las propuestas se harán llegar a los distintos Tribunales, Cortes y Salas a fin de que puedan ser objeto de deliberación y aprobación en la próxima reunión de la Conferencia.

5. Coinciden, asimismo, en la conveniencia de que el Magistrado del Tribunal Constitucional español D. Pablo Pérez Tremps, a quien se agradece su disponibilidad, asuma, con carácter provisional, los cometidos que correspondan a una futura Secretaría permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.

6. Agradecen y aceptan la propuesta del Tribunal Constitucional de Chile para que la próxima reunión se celebre en Santiago de Chile, en octubre de 2006. El Tribunal Constitucional de Chile, en coordinación con la propuesta Secretaría de la Conferencia, hará llegar, con la antelación suficiente, a los Tribunales, Cortes y Salas una propuesta sobre el tema a tratar por la Conferencia con el correspondiente cuestionario.

7. Acuerdan que en las próximas reuniones de la Conferencia se contemple en el programa un apartado para la exposición y análisis de la problemática que, en su caso, pudiera darse respecto  de la jurisdicción constitucional en los países miembros.

8. Por último, los Tribunales, Cortes y Salas, que se han honrado con la presencia de una representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confieren a la Corte la condición de invitado permanente a la Conferencia.

Esta declaración ha sido objeto de pública lectura y aprobación en la reunión plenaria y constitutiva de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.

Tribunal Constitucional de Andorra
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Tribunal Constitucional de Bolivia
Supremo Tribunal Federal de Brasil
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
Tribunal Constitucional de Chile
Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Tribunal Constitucional de España
Corte de Constitucionalidad de Guatemala
Corte Suprema de Justicia de Honduras
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
Corte Suprema de Justicia de Panamá
Corte Suprema de Justicia de Paraguay
Tribunal Constitucional de Perú
Tribunal Constitucional de Portugal
Tribunal Supremo de Puerto Rico
Suprema Corte de Justicia de República Dominicana
Suprema Corte de Justicia de Uruguay
Tribunal Supremo de Venezuela

En Sevilla, a 21 de octubre de 2005.